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Justicia Indígena

viernes 10 de febrero del 2017 | 10:00

Última actualización: miércoles 22 de febrero del 2017 | 09:55

Justicia Indígena

 

“La justicia es el vínculo de las sociedades  humanas;

las leyes emanadas de la justicia son el alma del pueblo”

Juan Luis Vives.

 

Autor: Dr. Augusto Durán Ponce.

I.              CULTURA INDÍGENA.

 

Lo “indígena” se aplica a lo relacionado a una población originaria  del territorio que habita; a los nativos americanos o amerindios; a los grupos humanos que preservan sus culturas tradicionales, resistiendo heroicamente a una opresión brutal, cruel e inhumana.

Los indígenas, orgullosos de sus raíces milenarias y formados en el alfabeto de la rebeldía, nacieron para conquistar la Justicia, derechos y libertades, luchando cada instante porque saben que no pueden dejar de ser libres.

La conquista española  no pudo quebrar el espíritu indómito de los indígenas y a los treinta años de la conquista española se produjo en República Dominicana la primera de una serie de rebeliones indígenas contra los opresores, que se vieron obligados a suscribir el primer tratado de paz en tierras americanas.

Salvador Camacho cuenta que bajo el imperio español “todo está grabado: el capital y la renta, la industria y el suelo, la vida y la muerte, el pan y el hambre, la alegría y el duelo”.

 

Características

 

Las características más relevantes de lo indígena son: tradiciones organizativas conforme a pautas culturales, religiosas, económicas, raciales anteriores al surgimiento del Estado actual; idioma propio; costumbres ancestrales; cosmovisión especial; resistencia a la expansión mundial de la civilización occidental, a la discriminación y racismo; caudaloso y rico potencial cultural; conocimientos tradicionales; uso racional de los ecosistemas; y, profundo conocimiento del entorno natural, que les  permite cumplir una misión clave en el manejo de los recursos naturales.

Se estima que existen trescientos setenta millones de indígenas distribuidos en setenta países, ocupando el veinte por ciento del territorio del mundo.

 

II.            JUSTICIA INDIGENA 

 

La Justicia Indígena surge como un mecanismo para afianzar y garantizar los valores y principios de los aborígenes; velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los nativos; y, mantener el respeto y la armonía entre los seres humanos.

 

Fundamentos.  La Justicia Indígena tiene los siguientes fundamentos: a) La Constitución vigente. En el CAPÍTULO Cuarto del TITULO IV trata de la “PARTICIPACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PODER”  y en la Sección Segunda dice “Justicia Indígena”.

 

El artículo 171 de la Constitución es del tenor siguiente: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantías de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a  la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.

 

El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria”.

 

Control de constitucionalidad.

 

El Derecho es un sistema de normas para regular la vida humana; es la fuerza ordenada; y, la expresión de un valor jurídico.

 

Una norma es válida si es creada en la forma dispuesta también por una norma, por lo que la una es el fundamento de validez de la otra. De aquí surge la norma “superior” y otra “inferior”, subordinada a la primera, dando lugar a un orden jurídico.

 

El orden jurídico tiene una estructura jerárquica con  normas distribuidas en estratos superpuestos. Este orden jurídico tiene unidad en cuanto la creación y validez de una norma está determinada por otra norma, creada y determinada por otra norma jurídica.

 

La validez del orden jurídico depende de la norma fundamental, la Constitución, norma de grado superior del orden jurídico nacional, que tiene como función definir los órganos que deben crear las normas generales y fijar el procedimiento para dicha creación.

Juan Manuel Charry considera que “control constitucional es el conjunto de me can ismos destinados a mantener el funcionamiento del Estado dentro de los lineamientos señalados por la voluntad del constituyente, y para impedir que ese poder exorbitante sea colocado al servicio de intereses diferentes a los de la comunidad”.

 

El control constitucional se fundamenta en la supremacía constitucional y en su fuerza normativa, como  pilares jurídicos del Estado. Este control busca que los principios de supremacía constitucional y su fuerza normativa se cumplan fielmente. Por lo tanto, el control constitucional es el mecanismos mediante el cual se verifica si las leyes se hallan en armonía con la Constitución,  para lograr que la jerarquía asegure el cumplimiento de las normas constitucionales, garantizando y  afirmando el principio de supremacía constitucional,  a fin de que el orden jurídico tenga certeza y coherencia.

 

Garantía a la dignidad del ser humano

 

El artículo 84 de la invocada Constitución preceptúa lo siguiente: “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las  leyes y las demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humanos o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución”.

 

Para garantizar la dignidad del ser humano, pueblos y nacionalidades es necesario adecuar las leyes y normas jurídicas a los derechos consagrados en la Constitución.

Uno de esos derechos – según lo preceptuado en el artículo 171 de la Constitución vigente – es que las “autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su Derecho propio.

 

Respeto a las resoluciones de la Justicia Indígena 

 

El artículo 76, numeral 7, letra i) de la referida Constitución consagra lo siguiente: “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la justicia indígena deberán ser considerados para este efecto”. Este artículo consagra el principio “non bis in ídem”, señalando que las resoluciones de la justicia indígena causan ejecutoria y son de última y definitiva instancia.

 

a) Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas. El 13 de Septiembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con ciento cuarenta y tres votos a favor, cuatro en contra y once  abstenciones, la “Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas”.

 

Australia, Canadá, Estados Unidos de Norte América y Nueva Zelanda votaron en contra.

Esta declaración consagra el reconocimiento de  “las leyes, tradiciones, costumbres y sistemas de tenencia de la tierra  de los pueblos indígenas “; “el derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos”; el “derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos y prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos” .

 

b) Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT -, que contiene las normas sobre administración de Justicia Indígena.

 

c) Valores, principios, costumbres, usos y tradiciones indígenas; y   

 

d) Instrumentos Internacionales sobre Justicia Indígena.

 

III.           UNIDAD JURISDICCIONAL.

 

La Unidad Jurisdiccional es un principio en virtud del cual soló los órganos jurisdiccionales y tribunales conocerán y resolverán, en un proceso y en el campo determinado en la Constitución, lo que es Derecho en caso concreto y en forma irrevocable.

 

La jurisdicción es única y la ejercen los juzgados y  tribunales previstos en la ley.

En consecuencia la unidad jurisdiccional no admite jurisdicciones especiales y significa que todos los juzgados y tribunales integran la Junción Judicial y tienen la titularidad exclusiva de la potestad jurisdiccional.

El artículo 168, numeral 3 de la Constitución vigente establece que “En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por las Constitución”.

 

Requisitos

 

La unidad jurisdiccional se sustenta en los siguientes requisitos: a) existencia de una sola Función Judicial que corresponda al Estado; b) las personas y el derecho material son los juzgados y tribunales de la Función Judicial; c) quienes ejercen la potestad jurisdiccional tienen un mismo status; d) no puede atribuirse la potestad jurisdiccional a ningún órgano que no integre la Función Judicial, para respetar  la garantía constitucional del debido proceso contemplado en el artículo 76 de la Constitución vigente.

 

IV.          ¿QUÉ ES LA JUSTICIA INDÍGENA?

 

La Justicia Indígena es un sistema de elementos, disposiciones, órganos jurisdiccionales y procedimientos de los pueblos indígenas para acceder a la jurisdicción del Estado en materia de justicia, teniendo como base los usos, costumbres y tradiciones de su comunidad; y, restablecer el orden y la paz social.

Los elementos, normas y procedimientos están relacionados con la vigencia y aplicación de normas de origen consuetudinario, en orden a mantener la armonía y paz social.

La autoridad indígena es responsable de cumplir y hacer cumplir las normas, valores y principios de la comunidad.

No hay que olvidar que son principios de las comunidades indígenas: “ama killa, ama llula y ama shua”.

 

V.            ELEMENTOS DE APLICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA INDÍGENA.

 

Son los principios y valores; normas; mecanismos y procedimientos según la cosmovisión indígena; y, las autoridades.

 

       VI. PROCEDIMIENTO O ETEPAS. La administración de justicia indígena se realiza mediante las siguientes etapas:

 

 1. Willachina o aviso o demanda, para llevar a conocimiento de la autoridad el hecho producido y los posibles responsables.

 

2. Tapuykuna o investigación, que se cumple en varias diligencias, como inspección ocular; testimonios; versiones y documentos.

 

3. Chimbapurana, es la confrontación entre acusado y acusador, que comienza con la instalación de la asamblea e información de los hechos, aclaración entre las partes y presentación de todas las pruebas.

 

4. Killpichirina o sanción, adoptada por la asamblea.

 

5. Pakachina o ejecución de la sanción de ser el caso, ya que puede decidirse el perdón.

Don Miguel de Unamuno, en la página 1 de su obra “Viva de Don Quijote y Sancho”, dice: “La última y definitiva justicia es el perdón”.

 

6. Tantanakushpa cushirina, es el gozo por la solución del conflicto y la etapa de la amistad, perdón y prerrogativas.

 

Características. La Justicia Indígena es: pública; sus autoridades son personas de la comunidad, pueblo o nacionalidad que no perciben remuneración alguna; celeridad en el procedimiento; la asamblea decide el conflicto; es gratuita, directa, cultural, y eficiente; la sanción es de carácter público, curativo y orientada a reincorporar a la comunidad a las personas; las normas comunitarias se basan en las costumbres y usos de cada comunidad; las autoridades indígenas tienen competencia en todas las materias; aplica principios propios y se fundamenta en el respeto a la palabra, la vida, la armonía, el bien común, orden, perdón, respeto a los mayores y tolerancia.

Jurisdicción y competencia. La jurisdicción es especial y la competencia es de carácter colectivo, material y territorial.

 

VII. CONCLUSIONES.

 

1. Los indígenas administran justicia en sus comunidades, pueblos y nacionalidades desde siempre, lo que presupone la existencia del Derecho Indígena, que se imparte en varios establecimientos de educación superior.

2. Como el Derecho es un producto cultural, el artículo 171 de la Constitución vigente dispone que” Las autoridades de la comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres”.

Es importante resaltar la frase “dentro de su ámbito territorial” ya que delimita el espacio en el cual las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercen funciones jurisdiccionales.

3. Se debe respetar, preservar, recuperar, promover y difundir los conocimientos ancestrales indígenas y su derecho propio.

4. La humanidad debe reconocer el valor de la defensa indígena de sus cultura, territorio, ecosistema, biodiversidad alimentaria y medicinal.

5. La Justicia Indígena es un derecho consagrado en la Constitución vigente; una realidad indiscutible y hecho que vive.

6. La Justicia Indígena se inspira en sus principios, cultura tradiciones y realidades.

7.  La Justicia Indígena no busca llenar las cárceles con seres humanos, porque su finalidad es reinsertar a las personas en la comunidad.

8. La Justicia Indígena combate la corrupción y, como es participativa y comunitaria, no permite la impunidad.

9. La Asamblea Nacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 171 de la Constitución actual, debe expedir la ley correspondiente estableciendo los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.

10. La referida ley garantizara el respeto a las decisiones de la jurisdicción indígena, con base en sus tradiciones ancestrales y su propio derecho.