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Ley Orgánica de Movilidad Humana

jueves 30 de marzo del 2017 | 09:21

Última actualización: martes 25 de abril del 2017 | 17:30

Análisis Jurídico

Ley Orgánica de Movilidad Humana

 

Autor: Oscar Valenzuela Morales

La Ley Orgánica de Movilidad Humana fue publicada en el Registro Oficial Suplemento N° 938 del 6 de febrero de 2017, la cual está integrada por un Título Preliminar, tres Títulos, 171 artículos, cuatro Disposiciones Generales, una Disposición Reformatoria, siete Disposiciones Transitorias y una Disposición derogatoria.,

Estimo que el cuerpo legal de la referencia adolece de varias inconstitucionalidades que atentan en contra de las siguientes normas de la Carta Fundamental: 1- Algunas disposiciones afectan derechos de los ciudadanos ecuatorianos por nacimiento y por naturalización; 2.- Tiene normas abstractas y obscuras; 3.- Presenta artículos discriminatorios; 4.- Una norma jurídica atenta en contra de la familia, la niñez y adolescencia integrada por personas de nacionalidades diferentes a la ecuatoriana; 5.- Afecta el acceso al debido proceso.

Esta apreciación jurídica la efectúo por mi experiencia de siete años en temas de migración y extranjería, que se sustenta en mi trabajo profesional diario y en el estudio académico de las normas constitucionales y legales del derecho ecuatoriano y comparado de Sudamérica. Por tal razón, presento el siguiente análisis de la mencionada ley:

1- Afectación de derechos de los ciudadanos ecuatorianos por nacimiento y por naturalización:

El Art. 80 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana señala en el inciso segundo que “la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento no es susceptible de renuncia, conforme lo establece la Constitución de la República.”

La disposición legal invocada es una falacia jurídica, es decir, un engaño o una mentira, porque en ninguna parte de la Constitución de la República del Ecuador se dispone que la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento sea irrenunciable, disposición legal que va en contra de los principios del derecho internacional privado y de la dogmática y práctica que están siguiendo los Estados del mundo en la actualidad.

La Carta Fundamental del país manda en el Art. 6,  lo siguiente:

“Art. 6.-Todas las ecuatorianas y los ecuatorianos son ciudadanos y gozarán de los derechos establecidos en la Constitución.

La nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional.

La nacionalidad ecuatoriana se obtendrá por nacimiento o por naturalización y no se perderá por el matrimonio o su disolución, ni por la adquisición de otra nacionalidad”.

Efectivamente la nacionalidad ecuatoriana por nacimiento no se pierde por las circunstancias precisadas en la Carta Fundamental, lo cual de ninguna manera quiere decir que una persona no pueda renunciar a ella de forma expresa, luego de haber adquirido otra nacionalidad. En el caso de renuncia expresa de la nacionalidad ecuatoriana es deber del Estado asegurarse que la persona que renuncia  tenga otra nacionalidad, con el único propósito de evitar la apatridia.

Sobre esta materia, la nacionalidad está regida por tres principios (LARREA HOLGUIN, JUAN, Compendio de Derecho Civil, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 1968, p. 180):

·         La nacionalidad no se impone. Mediante este principio universal se garantiza el derecho que tienen las personas a renunciar a su nacionalidad de origen. Si se revisan las Constituciones de los Estados sudamericanos se leerá que en todas ellas se contempla, de una u otra forma, la posibilidad de renunciar a la nacionalidad de origen.

·         Todos deben tener una nacionalidad. Este principio busca eliminar la apatridia, aunque todavía quedan cientos de miles de personas esparcidas a lo largo y ancho del mundo que carecen de una nacionalidad. En Sudamérica, específicamente en Chile durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), se privó arbitrariamente de la nacionalidad chilena a algunos opositores, quienes quedaron como apátridas durante algún tiempo. Para evitar la apatridia y comprometer a los Estados Partes de la Organización Naciones Unidas a terminar con aquella, el 30 de agosto de 1961 se firmó la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.

·         Cada persona debe tener solamente una nacionalidad. Pareciera que este principio estuviera viviendo una crisis conceptual, porque hoy existe la posibilidad casi universal que los ciudadanos puedan acceder a otra nacionalidad; sin embargo, no hay tal crisis, pues de los  siete u ocho mil millones de personas que existen en el mundo, solo unos cuantos cientos de miles de ciudadanos tienen doble nacionalidad, adquirida por la nacionalidad de sus padres o abuelos o por el tiempo que han vivido en un Estado receptor.

Por otro lado, a pesar que el concepto tradicional de nacionalidad señala que aquella es un vínculo jurídico y político que relaciona a las personas con un Estado, en la práctica la nacionalidad es mucho más que la precisión conceptual, pues vincula a seres humanas con un territorio y con la gente que lo habita, con su familia, con sus amigos, con su música o con sus sabores gastronómicos, por nombrar solo algunas circunstancias que rodean a los hombres, por lo cual la renuncia a la nacionalidad de origen es una decisión generalmente difícil de tomar.

A pesar de todo lo relatado, la posibilidad que una persona ecuatoriana, si por una u otra circunstancia se ve en la necesidad de renunciar a su nacionalidad de origen, debe tener el derecho a transitar por ese camino, sin una cortapisa legal que hemos demostrado es inconstitucional.

Respecto a los ciudadanos ecuatorianos por naturalización, la Carta Fundamental del Ecuador señala en el Art. 8, último inciso, lo siguiente:

“Art. 8.- Son ecuatorianas y ecuatorianos por naturalización las siguientes personas:

1. Las que obtengan la carta de naturalización.

2. Las extranjeras menores de edad adoptadas por una ecuatoriana o ecuatoriano, que conservarán la nacionalidad ecuatoriana mientras no expresen voluntad contraria.

3. Las nacidas en el exterior de madre o padre ecuatorianos por naturalización, mientras aquéllas sean menores de edad; conservarán la nacionalidad ecuatoriana si no expresan voluntad contraria.

4. Las que contraigan matrimonio o mantengan unión de hecho con una ecuatoriana o un ecuatoriano, de acuerdo con la ley.

5. Las que obtengan la nacionalidad ecuatoriana por haber prestado servicios relevantes al país con su talento o esfuerzo individual.

Quienes adquieran la nacionalidad ecuatoriana no estarán obligados a renunciar a su nacionalidad de origen.

La nacionalidad ecuatoriana adquirida por naturalización se perderá por renuncia expresa”.

De acuerdo con el último inciso de la norma constitucional señalada, existe una sola forma para perder la nacionalidad ecuatoriana por naturalización, que es por la renuncia expresa. No hay otra, a pesar que la norma legal haya agregado otra que es constitucionalmente inexistente, que es la declaratoria de nulidad de la Carta de Naturalización:

Artículo 81.- Nulidad de la carta de naturalización. Sin perjuicio de la sanción penal correspondiente, previa acción de lesividad, la autoridad de movilidad humana declarará nula la naturalización de una persona cuando esta haya sido otorgada sobre la base de ocultación de hechos relevantes, documentos falsos o el cometimiento de fraude a la ley en el procedimiento de concesión.

La decisión deberá ser motivada, para su declaratoria se deberá seguir el debido proceso y será notificada a las autoridades correspondientes”.

Con la nacionalidad no se juega, por lo cual el Estado ecuatoriano al conceder la nacionalidad a un ciudadano por alguno de los caminos señalados en la Constitución, debe realizar el examen exhaustivo y prolijo de todos y cada uno de los instrumentos que sirvieron de base para otorgarla, porque después no se podría revocar la que se ha concedido.

La persona a quien se priva de la nacionalidad por naturalización se quedaría sin un estatus migratorio regular en el país, por lo cual debería abandonarlo, si es que no le es permitido acceder a una visa de residente,  o podría constituirse en un apátrida, o podría tener problemas familiares y laborales serios. Por esas consideraciones, el Estado ecuatoriano no debería privar de la nacionalidad a ninguna persona, para lo cual debe revisar exhaustivamente la documentación presentada.

2.- Normativa Abstracta y Obscura.-

La Carta Fundamental del Ecuador manda lo siguiente:

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”.

A pesar de esa disposición constitucional, la Ley Orgánica de Movilidad Humana establece en los artículos 58, 61, 64, 68, 79, 85, 86 y 137 normas jurídicas  abstractas y obscuras, por lo tanto sujetas su aplicación al arbitrio de algún funcionario de alguna dependencia estatal inidentificada, como veremos:

En el artículo 58 se indica que se concederá una visa humanitaria a las personas siempre y cuando “no sean consideradas una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano”

En el artículo 61 se establece como requisito para acceder a una visa de residente temporal “no ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano”.

En el artículo 64 se señala como requisito para acceder a una visa de residente permanente “no ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano”.

En el artículo 68 se dispone que podrá revocarse una visa si la persona “ha cometido actos que atenten contra la seguridad del Estado, debidamente determinado por la autoridad competente”.

En el artículo 79 se señala que no se puede conceder carta de naturalización a una persona que sea considerada “una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano”. 

En el artículo 85 se precisa que un ciudadano suramericano puede acceder a una visa de residente temporal siempre y cuando no sea “considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano”. 

En el artículo 86 se establece que una persona suramericana puede solicitar una visa de residencia permanente, siempre y cuando no sea “considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano”. 

En el artículo 137  se indica como causal de inadmisión al país para una persona extranjera ser “considerado una amenaza o riesgo para la seguridad interna según la información que dispone el Estado ecuatoriano”. 

Además de la repetición de la frase principal ocho veces, sin que el legislador haya evidenciado algún trabajo intelectual para decir lo mismo en toras palabras, se omite señalar qué actos o hechos son considerados amenazas o peligro para la seguridad interna del Estado, así como tampoco se identifica a la autoridad que determina esas amenazas ni la manera como lo hizo.

Tampoco se establece de qué manera el solicitante de una visa podrá cumplir el requisito para demostrar que no constituye una amenaza para la seguridad interna del Estado.

Por lo dicho, se evidencia que la Ley Orgánica de Movilidad Humana fue legislada con un criterio securitista propio de las dictaduras sudamericanas de los países del Cono Sur de Sudamérica, para las cuales los ciudadanos de otras nacionalidades constituían potenciales amenazas para la seguridad de los Estados.

Como prueba de lo anterior, transcribo el Art. 15, numeral 1 del Decreto Ley Nº1094 de 1975, Ley de Extranjería, que rige en Chile hasta la actualidad:

“Artículo 15.- Se prohíbe el ingreso al país de los siguientes extranjeros:

1.- Los que propaguen o fomenten de palabra o por  escrito o por cualquier otro medio, doctrinas que tiendan a destruir o alterar por la violencia, el orden social del país o su sistema de gobierno, los que estén sindicados o tengan reputación de ser agitadores o activistas de tales doctrinas y, en general, los que  ejecuten hechos que las leyes chilenas califiquen de delito contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país y los que realicen actos contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado...”

En Ecuador nunca he conocido el caso de un ciudadano de otra nacionalidad que constituya una “amenaza o peligro para la seguridad del Estado”. Pero he observado la revocatoria de la visa de no inmigrante a una ciudadana franco brasileña, por salir a protestar en contra del gobierno actual, y el caso de un ciudadano estadounidense a quien la autoridad migratoria no le renovó su visa de voluntario, por ayudar a comunidades amazónicas en sus problemas ambientales.