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Ley Orgánica de Movilidad Humana Más Inconsistencias

lunes 03 de abril del 2017 | 11:34

Última actualización: lunes 15 de mayo del 2017 | 14:27

 

Ley Orgánica de Movilidad Humana

Más Inconsistencias

 

 

Autor Dr. Oscar Valenzuela Morales

Presenta artículos discriminatorios

Al menos un artículo discriminatorio presenta la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que es referido a los turistas provenientes de los Estados partes de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), que los discrimina respecto de los ciudadanos provenientes de otras latitudes.

El artículo discriminatorio es el que define y establece los plazos de permanencia de los turistas en el país:

 “Artículo 56.- Turista. Los turistas son todas las personas que llegan al Ecuador con el ánimo de realizar actividades turísticas y están prohibidas de realizar actividades laborales.

El plazo de permanencia para los turistas será de hasta noventa días en el período de un año contado a partir de su primer ingreso, prorrogable por una sola vez hasta por noventa días adicionales, previa solicitud y pago de la tarifa respectiva.

En caso de tener interés en ampliar su permanencia por un plazo máximo de hasta un año en calidad de turista, deberá solicitar a la autoridad de movilidad humana una visa especial de turismo con la que no podrá realizar actividades laborales. Para obtener esta visa deberá acreditar los medios lícitos de subsistencia que permitan su permanencia en el país, así como realizar el pago de la tarifa correspondiente fijada en el reglamento de esta Ley. Este tipo de visa podrá ser solicitada una sola vez cada cinco años.

Para los turistas provenientes de Estados miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el plazo de permanencia será de hasta ciento ochenta días en el período de un año contados a partir de su primer ingreso. En el caso de acuerdos internacionales específicos, se observará lo determinado por dichos instrumentos.

Toda persona que ingrese al país en calidad de turista deberá contar con un seguro de salud público o privado por el tiempo de su estadía en el Ecuador, excepto las personas que se movilicen en las zonas de integración fronteriza, según lo previsto en los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador”.  

Es difícil entender las razones que tuvieron los asambleístas para poner un límite de 180 días como máximo para la estadía como turistas a los ciudadanos provenientes de los Estados Partes de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), cuando al resto se les permite una estadía hasta por un año en la misma calidad.

Ese trato discriminatorio va en contra vía con los avances alcanzados en materia migratoria durante las últimas dos décadas en Sudamérica, como el Acuerdo sobre Residencia para los Nacionales de los Estados Partes y Asociados del Mercado Común del Sur MERCOSUR y el Acuerdo sobre documentos de Viaje suscrito en el marco de la misma organización, por nombrar algunos.

Se han dado tantos avances en materia migratoria dentro de nuestra región, que hoy se plantea el libre tránsito para los nacionales sudamericanos dentro de Sudamérica, hecho que va en contra vía de la limitación discriminatoria, y por tanto inconstitucional, de la norma legal comentada.

Una norma jurídica atenta en contra de la familia, la niñez y adolescencia integrada por personas de nacionalidades diferentes a la ecuatoriana.

El Art. 63 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana atenta en contra de la familia integrada por personas de otras nacionalidades, una de las cuales tiene una visa de residencia permanente en el país, y por lo tanto, su grupo familiar necesita acceder a una visa de amparo:

“Artículo 63.- Residencia permanente. Es la condición migratoria que autoriza la estadía en el territorio nacional de manera indefinida al que acceden las personas que cumplen al menos una de las siguientes condiciones:

1.- Cumplir al menos veintiún meses en calidad de residente temporal y presentar la solicitud correspondiente previo el vencimiento de la condición migratoria que ostenta;

2.- Haber contraído matrimonio o mantener unión de hecho legalmente reconocida con una persona ecuatoriana;

3.- Ser extranjero menor de edad o persona con discapacidad que dependa de una persona ecuatoriana o de un extranjero que cuente con residencia permanente; o,

4.- Ser pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad de un ciudadano ecuatoriano o de un extranjero con residencia permanente en el Ecuador”

De acuerdo con el numeral 2 del artículo mencionado, sola y exclusivamente la pareja casada o en unión de hecho con una persona ecuatoriana puede obtener la residencia permanente, por medio de la visa de amparo.

Sin embargo, y de acuerdo con el numeral 4 del mismo artículo, podrían acceder a la visa de residencia permanente en la misma categoría los suegros y cuñados de la persona ecuatoriana, quienes se encuentran dentro del segundo grado de afinidad señalado por el legislador.

Tal como está redactado el artículo, esa disposición legal lesiona gravemente a la familia, a la niñez y adolescencia, pues se impide la obtención de la visa de amparo a la persona casada o en unión de hecho con un ciudadano no ecuatoriano que tiene visa de residencia permanente en el país.

De igual manera es inconstitucional el Art. 64, que señala en la parte pertinente:

“Art. 64.- Requisitos para la obtención de la residencia permanente. Son requisitos para obtener la residencia permanente…:

“4.- Acreditar los medios de vida lícitos que permitan la subsistencia de la persona solicitante y de su grupo familiar dependiente. En el caso de las personas solicitantes en las calidades 2, 3 y 4 del artículo referente a residencia permanente, la persona en quien se amparan para su solicitud de residencia podrá acreditar los medios de vida ne3cesarios para su subsistencia…”

Hay un dicho que parece obvio, pero para los legisladores que aprobaron la Ley Orgánica de Movilidad Humana no lo es: “la familia es la familia”.

Si la Constitución de la República del Ecuador reconoce a la familia como el puntal de la sociedad, sin importar la condición en la cual se constituyen, pedir que se acrediten medios de vida para conceder una visa de inmigrante a un padre, a una madre, a un hijo, a un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad es un atentado a la esencia misma sobre la que se basa el Estado ecuatoriano.

Desgraciadamente los funcionarios de la Dirección de Extranjería en Quito están privilegiando el cumplimiento de la norma legal que es inconstitucional por sobre la norma de la Constitución, como lo he comprobado por mis propios en el caso de una ciudadana haitiana que tiene un hijo menor de edad de nacionalidad ecuatoriana.

Por todas esas consideraciones, desde mi punto de vista las normas mencionadas señaladas en este punto son inconstitucionales, porque se encuentra en contravía con las siguientes disposiciones de la Carta Fundamental del país:

“Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales”.

“Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción.

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar.

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas”.

“Art. 67.- Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes.

El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal”.

Afecta el acceso al debido proceso.

De acuerdo con la Ley Orgánica de Movilidad Humana, el proceso de deportación por las causales señaladas en el mismo cuerpo legal es de carácter administrativo en todas sus fases, tal como se indica en el artículo pertinente:

“Artículo 144.- Procedimiento administrativo para la deportación.- Cuando a autoridad de control migratorio tenga conocimiento, por cualquier medio lícito, que una persona ha incurrido en una causal de deportación, iniciará el siguiente procedimiento administrativo:

1.- La autoridad de control migratorio notificará de forma inmediata el inicio del procedimiento administrativo a la autoridad de movilidad humana y a la persona extranjera que ha incurrido en una causal de deportación.

2.- En la misma notificación se convocará a la audiencia que deberá realizarse en un término no mayor a diez días y en la que se practicará toda la prueba.

4.- Una vez concluida la audiencia, la autoridad de control migratorio emitirá de forma inmediata resolución motivada, la que será notificada al administrado por escrito en un término no mayor a cuarenta y ocho horas. La resolución administrativa podrá ser objeto de recurso de reposición y apelación, de conformidad con la norma que regula los procedimientos administrativos.

Dentro del proceso se brindará asistencia jurídica en caso de no contar con los recursos económicos suficientes, traductor o intérprete de ser necesario, y facilidades para comunicarse con sus familiares.

Una vez que se cuente con la resolución en firme se procederá conforme al reglamento de esta Ley.

Para los casos de las personas extranjeras que han iniciado con anterioridad el procedimiento para el cambio de su condición migratoria no procederá la deportación hasta que se resuelva su solicitud”.

Según lo transcrito, la misma autoridad que conoce de la situación de irregularidad migratoria del ciudadano en proceso de deportación es la que notifica del hecho a las partes involucradas, convoca y realiza la audiencia, dicta la resolución y procede a ejecutar la medida.

En esta disposición se aplica con más claridad que en ninguna otra el aforismo de “juez y parte”, porque se evidencia que todas las instancias del proceso son llevadas a cabo por la misma autoridad migratoria, aun cuando se trate de derechos del ciudadano afectado por el proceso.

Es evidente que esa norma afecta las garantías del debido proceso y la independencia e imparcialidad judicial, en este caso administrativa, que en definitiva afectan al ciudadano que ha caído en una causal de deportación, a veces por imprevistos o circunstancias ajenas a su voluntad.

Las normas constitucionales vulneradas son las siguientes, según mi criterio:

“Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas...”:

“4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación”.

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas”:

“3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio de cada procedimiento”

“7.- El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías”:

“k) Ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto”.

Conclusiones:

1.- La Ley Orgánica de Movilidad Humana tiene disposiciones inconstitucionales que afectan tanto a ciudadanos ecuatorianos como de otras nacionalidades.

2.- Debe reformarse de manera urgente la Ley Orgánica de Movilidad Humana, para evitar que se vulneren derechos de las personas.

 

 

Dr. Oscar Valenzuela Morales
Abogado y Magister en Ciencias Internacionales