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MEDIDAS CAUTELARES CONSTITUCIONALES

martes 04 de julio del 2017 | 16:31

Última actualización: miércoles 19 de julio del 2017 | 15:27

MEDIDAS CAUTELARES CONSTITUCIONALES


                                       


Autor: Dr. Roberto Octavio Vaca

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:


Las medidas cautelares se remontan a la época del Derecho Romano (753 a.C.), en la antigua Roma se hacía mención a la figura de la interdicción, la misma que se asemeja a lo que hoy en día son las medidas cautelares. La interdicción tenía por objeto poner un alejamiento a una persona con el fin de que no se produzca daño a un bien patrimonial.1 

En la historia ecuatoriana podemos citar la Constitución Política del año 1998, en donde por primera ocasión se hace alusión a las medidas cautelares, como medidas urgentes, esta definición se encuentra en el artículo 95 de la Carta Magna de ese entonces, referente a la acción de amparo, así podemos citar el mencionado artículo:

“Art. 95. - Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se   tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública, que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, y que, de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública. (…)”2

En el año 2008, se elabora una nueva Constitución de la República del Ecuador y es en el artículo 87 de esta norma suprema que se evidencia por primera vez el término “medidas cautelares” de manera taxativa:

“Art. 87.- Se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho.”3

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional también se enmarca en un contexto pormenorizado lo que se refiere al procedimiento y aplicación de las medidas cautelares, esto en el capítulo segundo, desde su artículo 26 hasta el artículo 38. Este articulado se encuentra en plena vigencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el artículo 27 de su reglamento, establece medidas provisionales, denominadas también urgentes; en este caso la Corte Interamericana  utiliza estas medidas con la intención de proteger la vida de una persona que se encuentre en un peligro real e inminente, así como también precautela los casos en los que se violen los derechos y garantías fundamentales de cualquier individuo

Con estos antecedentes, se puede afirmar que las medidas cautelares son un instrumento jurídico novedoso, y cuyo procedimiento en Derecho se desconoce o se confunde en la actualidad. Por ello es trascendental dejar en claro cómo y de qué forma se deben aplicar de una manera eficaz.   


Características.


Desde el análisis histórico realizado con anterioridad en la presente obra, se puede colegir que uno de los elementos indiscutibles para que se funde el accionar de una medida cautelar es la existencia de un peligro inminente que se pueda ocasionar; este riesgo de peligrosidad se considera tanto en materias ordinarias como en materia constitucional. La diferencia radica en que una medida cautelar constitucional es aquella que se utiliza cuando se ha atentado contra un derecho reconocido en la Constitución o en los Instrumentos y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, con el único objetivo de impedir que se produzca el cometimiento de una acción u omisión maliciosa.

Otra característica de las medidas cautelares es que jamás podrán ser indefinidas, es decir serán temporales hasta que la intención del daño o amenaza fenezca y no exista la necesidad de emitir una medida cautelar que fortifique la protección de la persona afectada. Con relación a lo mencionado, en la vida práctica han surgido casos en los que se solicita medidas cautelares cuando ya no hay necesidad o razón de hacerlo, debido a que la amenaza ha cesado y queda inexistente, es obvio que en el caso señalado no tendría ningún sentido solicitar alguna medida cautelar, tanto y cuanto la solicitud de la misma se la deberá hacer antes o durante la violación del derecho constitucional.

El juzgador está en el deber de tramitar una medida cautelar de manera inmediata y otorgarlas a la brevedad posible al solicitante. Las medidas cautelares constitucionales no tendrán validez cuando existan medidas cautelares administrativas u ordinarias, cuando se trate de ejecución de órdenes judiciales o cuando se pretendan interponer en un recurso extraordinario de protección.

 

Formas de Interposición.


Las medidas cautelares pueden ser autónomas o conjuntas, las primeras son aquellas que pueden solicitarse sin notificar a la otra parte y no van adjuntas a otra garantía jurisdiccional; conjuntas son aquellas que están ligadas a otra garantía jurisdiccional, en donde se establecerá el tiempo, el modo y el lugar de la medida, aquí se exceptúa a la acción extraordinaria de protección; las medidas cautelares conjuntas dependen de la declaración de la garantía, es decir si la garantía es favorable al actor, la medida cautelar debe cumplirse, pero si ésta no procede, la medida cautelar se extingue.

Las medidas cautelares autónomas, por el hecho de no encontrarse liadas a otra garantía jurisdiccional, no solucionan el daño, simplemente brindan un soporte efímero, es por  esta razón que se recomienda hacer uso de las medidas cautelares conjuntas las cuales son considerablemente efectivas.


Procedimiento de Aplicación.


El procedimiento para activar las medidas cautelares se encuentra descrito en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, dentro de este cuerpo legal se menciona que cualquier persona o grupo de personas podrán solicitar medidas cautelares de forma escrita u oral ante cualquier juzgador, en el caso expreso ante los jueces de instancia. Una vez que sea de conocimiento del juzgador procederá a verificar según los hechos descritos si se cumplen con los requisitos para proceder a otorgar las medidas cautelares correspondientes, no será menester adjuntar ningún tipo de prueba.

En esta última parte cabe realizar un acertado análisis, ya que se comprende que el juez deberá confiar en la información que se le proporcione sin ningún tipo de fundamento, de esta forma es imposible calificar de verosímil o inverosímil los hechos expuestos para que procedan las medidas cautelares, a este problema la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional trata de acomodarlo miméticamente con la revocatoria de las medidas cautelares, en donde la persona contra quien se presentó la medida deberá presentar de manera motivada las razones por las que solicita la revocatoria de las medidas. Por esto, se considera que se debe demostrar conjuntamente  a la solicitud de medidas cautelares una prueba fehaciente que asegure la existencia de un daño o la amenaza del mismo, pues al no ser así, el daño puede ser ocasionado a una persona que no tiene responsabilidad alguna.


Audiencia.


De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se establecerá excepcionalmente una audiencia en la que se tratará la modificación, la supervisión o la revocación de las medidas cautelares, con la presencia de las partes y la del juzgador competente. Es imprescindible insistir en corregir las falencias de este modelo procedimental constitucional que al parecer da la impresión que se lo elaboró al revés, una audiencia es más eficaz, para conocer si verdaderamente proceden la aplicación y conducencia de medidas cautelares, en otras palabras la audiencia de medidas cautelares se debe dar ante el juzgador en el momento en que se presume la existencia de una amenaza que atente contra un derecho constitucional, solo así se podrá asegurar que los procedimientos subsecuentes sean válidos.

No está permitido accionar una medida cautelar sobre otra medida cautelar existente por una misma amenaza a los derechos constitucionales, ésta redundancia ocasionaría confusión y no permitiría una correcta y viable aplicación de esta garantía jurisdiccional. 

Es obligación del juzgador remitir a la Corte Constitucional, las medidas adoptadas o negadas con la finalidad de que el órgano máximo de control constitucional realice las debidas revisiones.


Conclusión.


En definitiva, a lo largo del desarrollo de este trabajo se ha hecho hincapié en las falencias que no mantienen una lógica correcta y la inseguridad en cuanto a su aplicación.

La conveniencia del accionar las medidas cautelares autónomas es ligero, ya que como se ha manifestado no tienen el poder de encontrar una solución contundente que perdure en el tiempo y retrotraigan la situación al estado anterior a la amenaza o daño a un derecho constitucional, uno de los frutos que brinda el presente trabajo es la idea férrea de accionar una medida cautelar en conjunto con una garantía jurisdiccional, pues ésta es el mecanismo, la estrategia que permitirá encontrar la senda precisa para reclamar lo justo, y la medida cautelar únicamente servirá como coadyuvante para garantizar la búsqueda de la subsanación global.

Otro aspecto que es clave precisar, es el momento oportuno para la audiencia de medidas cautelares, que sería al iniciar o previo a activar esta garantía, toda vez que en los casos en los que haya existido una errónea aplicación de la misma, no serviría de nada esperar a que la persona o la situación contra quien se incoó la medida cautelar reaccione con motivos fundamentados para revocarla, esto desde un íntimo criterio es obsoleto. De todos estos puntos, positivos y negativos se espera que lleguen a manos del legislador, y que en un futuro no tan lejano se encuentren las probabilidades de seguir mejorando en el Derecho Constitucional para dar luces a letrados, juzgadores, y todo aquel que enriquezca su conocimiento y su ser con las ciencias jurídicas.