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CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL

martes 11 de julio del 2017 | 16:01

Última actualización: jueves 27 de julio del 2017 | 16:36

CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL DERECHO PENAL

 

Autor: Abg. Saulo Jaramillo


 Introducción


Las tendencias y desarrollos contemporáneos de las ciencias del Derecho como el neoconstitucionalismo y el garantismo penal, nos enseñan, describiéndolos superficialmente o a breves rasgos, que los valores, principios y reglas reconocidos en las Constituciones, todos de carácter normativo, gozan de mayor jerarquía, en cuanto al resto del ordenamiento jurídico de un país, en la práctica.[1] Los derechos y garantías, son de directa e inmediata aplicación, frente a lo cual, consecuentemente se generan mayores límites al Estado y a su poder punitivo y arbitrario que en todo momento busca materializarse.[2] La ley, a más de haber sido promulgada con los procedimientos legislativos correspondientes, también deber ser justa, gozar de legitimidad. El Derecho penal debe ser mínimo, siendo la última ratio, castigar con sanción penal; en los sistemas penales debe primar el principio de inocencia antes que el de culpabilidad.

De cara a estos postulados, para dar coherencia al ordenamiento jurídico de un determinado país con la Constitución, se han desarrollado instituciones como: a) el efecto irradiación de los derechos fundamentales y b) la constitucionalización del ordenamiento jurídico, principalmente. Buscan que todos los cuerpos normativos que se encuentran abajo de la cúspide de la pirámide, tengan relación y armonía con la Constitución, orientando todas las leyes hacia un mismo norte, la libertad y dignidad para todos los seres humanos y sus derechos fundamentales.

En este sentido, es un deber de los órganos legislativos constitucionalizar las leyes de menor jerarquía. En nuestro país, de acuerdo a lo que señala el mandato traducido en garantía normativa, reconocido en el artículo 84 de la Constitución, es obligación de la Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa, adecuar formal y materialmente, las leyes y demás normas a los postulados constitucionales.[3]

El Derecho penal, siendo una de las materias jurídicas de Derecho público más polémicas de todos los Estados por las consecuencias que produce en las personas su aplicación; y, consecuentemente, su íntima relación con los derechos humanos, no debe ser visto con egoísmo, al contrario, debe ser el que más se adecue a los derechos y garantías constitucionales.


¿Por qué seguir exigiendo constitucionalizar el Derecho penal?


Los entendidos en la materia dirán que ya se hablado lo suficiente sobre el proceso de constitucionalizar el Derecho penal. A otros sectores les llamará la atención, ya que desde la promulgación y entrada en vigencia de la Constitución de la República el veinte de octubre de 2008, han transcurrido ya casi nueve años. El Código Orgánico Integral Penal establece paradójicamente en el numeral tres de la exposición de motivos este proceso, sin embargo conforme se irá explicando más adelante, este cuerpo normativo fija parámetros totalmente contrarios a este lineamiento, pues se insertaron y reformaron instituciones penales mucho más punitivas como: la acumulación de penas, penas privativas de libertad más extensas, nuevos tipos penales, entre otras.

Por ello es que se debe seguir reclamando la constitucionalización del Derecho penal, porque el COIP en la parte especial y procesal tiende a encerrar como el trinomio cuadrado perfecto del sistema punitivo ecuatoriano. Una herramienta para ello es el concurso real delitos, conforme lo analizo en mi artículo: “El concurso real de delitos, una herramienta del Derecho penal máximo.”[4]

A más de ello, el proceso se debe realizar mediante una reforma integral al COIP por medio de la Asamblea Nacional, por ser este el órgano competente y legítimo para debatir y dirimir sobre nuestros derechos de ciudadanía, ya que cuando se interpone una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, una sentencia de este órgano no alcanza a garantizar y transformar todo un cuerpo normativo. Es más, de acuerdo a lo que anota Luis A. Vélez-Rodríguez, se encuentran en debate la legitimidad de las decisiones de los máximos organismos de justicia constitucional, ya que se puede cuestionar por qué un ínfimo número de jueces puede reformar o derogar la decisión de legisladores elegidos mayoritaria y democráticamente.[5] Y que se puede decir de la polémica resolución No. 02-2016 de la Corte Nacional de Justicia, de 22 de abril de 2016 que establece que en el procedimiento especial abreviado, la sentencia condenatoria a pena privativa de libertad, no es aceptable la suspensión condicional de la pena.


 El Neoconstitucionalismo


La mayoría de posturas sobre el neoconstitucionalismo o constitucionalismo contemporáneo como prefieren llamarlo algunos autores, indican que como teoría del Derecho se desarrolló desde la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, existen también quienes sostienen que antes de las constituciones de esa época, ya se dieron importantes avances en los derechos humanos con la Constitución de México de 1917, la Soviética de 1918 y la de Weimar de 1919. La profesora cubana Josefina A. Méndez López, señala que estas constituciones: “cada una desde sus perspectivas histórico-políticas, establecieron la clara irrupción de un nuevo tipo de constitucionalismo social (…)”[6] donde se empiezan a desarrollar nuevas e importantes instituciones del Derecho, principalmente a favor de los derechos sociales.

Ramiro Ávila, citando a autores como Luigi Ferrajoli, Zygmunt Bauman y Nancy Fraser, enseña que el neoconstitucionalismo busca dar respuesta a la crisis del Estado y del Derecho[7], que a mi entender se profundizó con los desastres del cataclismo de la segunda guerra mundial y la expansión del libre mercado impulsado por el sistema económico. Por ello, es que el neoconstitucionalismo, ha traído consigo avances muy relevantes para los derechos fundamentales de las personas ampliado su gama de reconocimiento, dando un giro de 360 grados a las prácticas arcaicas de las instituciones estatales y el poder punitivo a su cargo.

El profesor Miguel Carbonell enseña que el neoconstitucionalismo puede ser visto desde tres perspectivas diferentes.[8] En primer lugar, pretende dar explicación a constituciones de avanzada con extensos reconocimientos de los derechos fundamentales y límites al actuar del Estado, mismas que se han promulgado desde 1948, como la Ley Fundamental de Bonn (constitución alemana) hasta 2008[9] con la transformadora Constitución de la República del Ecuador. En segundo lugar, con el producto de estos innovadores textos constitucionales, el desarrollo jurisprudencial cambió radicalmente, con sentencias que reconocen y dan mucha importancia a los derechos fundamentales, las más citadas son las sentencias emitidas por la Corte Constitucional colombiana; para ello los administradores de justicia han tenido que practicar nuevas dinámicas de interpretación, argumentación y razonamiento, estas son: la ponderación, la proporcionalidad, el efecto irradiación, el principio pro persona, etc. Y, en tercer lugar, los desarrollos teóricos, que a mi entender comprenden los avances más importantes de esta teoría, pues los pensamientos e ideales a favor de las personas y sus derechos de Ferrajoli, Dworkin, Alexy, entre otros; han permitido de alguna manera desplegar los postulados de esta importante teoría aún en desarrollo, pero que sigue a la vanguardia de la dignidad y el pleno goce de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Superando al legalismo exagerado, que fue utilizado para dar vía de acceso a la violación de los derechos fundamentales por medio de instrumentos jurídicos aprobados por la vía legal, como por ejemplo en la Alemania nazi, el neoconstitucionalismo no observa solo el legalismo sino también la justicia; es decir, que una ley a más de ser promulgada en base a las formalidades y procedimientos que se exige, debe ser justa. De esta manera se genera una yuxtaposición entre el Derecho y la moral, entre la filosofía y el Derecho mismo, incorporando por medio de la axiología jurídica valores políticos y morales al ordenamiento jurídico, dejando como resultado una transformación importante en el Derecho. Con la transformación producida por esta nueva teoría, el Derecho Constitucional es el centro de estudio, de tal manera que los cambios que claramente podemos observar es la categorización de la Constitución como norma obligatoria y no como un simple conjunto de contenidos programáticos, a la cual todos debemos someternos y respetar. Valores políticos y/o morales como libertad, dignidad, igualdad, justicia, paz, etc., incorporados en las normas constitucionales dan una calidad y una jerarquía suprema a la Constitución que no puede ser rebasada por ningún otro cuerpo jurídico. Con lo cual se consolida la supremacía constitucional.

Existen varias e importantes instituciones del neoconstitucionalismo, sin embargo, por razones de espacio aquí solo las he analizado brevemente. Entre las más importantes características[10] que podemos anotar de esta teoría tenemos las siguientes, de las cuales para este trabajo solo desarrollo dos:

·         La prevalencia o supremacía de la Constitución.

·         Estado garantista de los derechos fundamentales.

·         La dualidad de los derechos constitucionales.

·         El efecto irradiación de los derechos fundamentales.

·         La aplicación directa e inmediata de los derechos y garantías constitucionales.

·         El nuevo papel de los jueces en la administración de justicia.

·         La constitucionalización del ordenamiento jurídico.[11]

 

 El efecto irradiación de los derechos fundamentales


Como he señalado, el neoconstitucionalismo trae consigo transformaciones muy importantes e innovadoras, principalmente a favor de los derechos fundamentales de las personas y límites al poder del Estado.

Cuando una sociedad decide que un grupo de personas elegidas por la vía popular, reunidas en una Asamblea Constituyente, debe elaborar una nueva Constitución, en ese proceso, estas recogen los ideales de quienes los eligieron, también valores como libertad, justicia, igualdad, etc., y los plasman en los derechos que reconocerá aquella Constitución. En ese momento, los derechos fundamentales adquieren una dualidad, y una parte de ellos es la subjetiva, entendida como aquella facultad de las personas frente al Estado, pero en esa parte subjetiva, se encuentran también los valores, que deben irradiar sobre todo el ordenamiento jurídico para que los ideales constitucionales tengan coherencia con el mismo y se materialicen también en todos los cuerpos normativos por debajo de la Constitución.

Sobre este tema, el profesor Jorge Zavala Egas señala: “He aquí el sistema dual de los derechos constitucionales, por un lado, derechos subjetivos y, por el otro, normas objetivas, esto es, normas con contenido axiológico que irradian sus efectos a toda la normativa del Ordenamiento jurídico (…)”[12]

Significa también la constitucionalización del ordenamiento jurídico, todo el contenido axiológico-valorativo que llevan en si los derechos fundamentales irradia[13] sobre todo el ordenamiento jurídico, lo que implica que todas sus normas, incluso las de derecho privado, deben constitucionalizarse; y las que están contradiciéndolo, ser expulsadas del mismo.


 La constitucionalización del ordenamiento jurídico


Considerando que la Constitución es la ley suprema del Estado y, que goza de mayor jerarquía dentro del ordenamiento jurídico, esto es, el desarrollo del principio de supremacía constitucional, reconocido por la mayoría de países del mundo, en Ecuador en el artículo 424, que manda que esta debe prevalecer y que toda norma y acto público tiene que mantener conformidad con sus lineamientos, todos los cuerpos normativos reconocidos en el artículo 425 que están por debajo de ella deben guardan coherencia con la misma, ser acoplados a sus principios y valores, bajo los mismos lineamientos, postulados e ideales.

Para llegar a ello, se debe aplicar el mandato del artículo 84 constitucional, es decir, realizar el proceso de adecuación formal y material de las normas a la Constitución. Todo este proceso es como se ha dado en llamar la constitucionalización del ordenamiento jurídico, el profesor Riccardo Guastini señala que el mismo comprende: “(…) Un proceso de transformación de un ordenamiento, al término del cual, el ordenamiento en cuestión resulta totalmente ‘impregnado’ por las normas constitucionales.”[14]

Si se quiere hablar de constitucionalización del ordenamiento jurídico, entonces debemos entender claramente que los ideales y valores que se fraguaron en las asambleas constituyentes, consultas populares y otros procesos para la elaboración de una Constitución, deben estar plasmados también en el resto de leyes, normas, reglamentos, ordenanzas y decretos que conforman el sistema jurídico de un país, esto, con el fin de que los postulados constitucionales surtan efectos prácticos y no solo se queden en teoría.


 La constitucionalización del Derecho penal


Analizado el neoconstitucionalismo y sus características, con énfasis en el efecto irradiación y la constitucionalización del ordenamiento jurídico, enseguida debo anotar los más relevantes principios y derechos que la Constitución de la República reconoce con relación al Derecho penal y todas las materias en general, que obviamente deben también ser recogidos por esta especial materia.

El artículo once, numeral cuatro de la Constitución señala que ninguna norma puede restringir el contenido de los derechos y garantías constitucionales,[15] esto quiere decir, que en el proceso de elaboración de una ley, o un código, en el caso que nos ocupa, el legislador no puede crear o fijar disposiciones que restrinjan y limiten el ejercicio pleno de los derechos y garantías. Lamentablemente la práctica de esta disposición se encuentra muy alejada de lo que sucede en lo objetivo, con la promulgación del Código Orgánico Integral Penal se aumentaron las penas, los tipos penales, las agravantes y, la prescripción para que pueda ser alegada debe transcurrir más tiempo, restringiéndose y limitándose así la libertad, el principio de inocencia y favorabilidad plasmados en el artículo 76 de la Constitución de la República en los numerales dos y cinco respectivamente. Profundizándose la política del eficientísimo,[16] más presos y más sentencias condenatorias.

El artículo 195 ibíd., reconoce el principio de mínima intervención penal o de última ratio. El profesor Luigi Ferrajoli señala que: “Es claro que el derecho penal mínimo, es decir, condicionado y limitado al máximo, corresponde no sólo al máximo grado de tutela de las libertades de los ciudadanos respecto del arbitrio punitivo, sino también a un ideal de racionalidad y de certeza.”[17] Es decir que, el Estado en el cumplimiento de perseguir y castigar las infracciones penales, debe limitar la actividad penal, buscando otros mecanismos para contrarrestar los problemas de trasgresión a las conductas prohibidas, sin embargo, en el COIP, aumentaron los tipos penales y la pena máxima establecida en el Código Penal pasó de 25 años a 40 en el COIP, con lo cual, la mínima intervención penal, quedó solo escrita.

Así mismo, el artículo 76, numeral tres de la Constitución de la República se reconoce el principio de legalidad o tipicidad de la pena, señalándose en lo principal que nadie puede ser sancionado por un acto u omisión que no esté tipificado en la ley penal. De esta manera, entendemos que para que una persona sea sancionada penalmente, es decir, se le aplique una sanción penal, la pena debe estar taxativamente determinada en el Código Orgánico Integral Penal, esto con el fin de evitar arbitrariedades por parte de juzgadores y poderes que en algunos casos buscan criminalizar y sancionar ilegal e injustamente a una persona. Esto sucedía más en los regímenes dictatoriales y autoritarios, en la actualidad el sistema se ha maquillado y “flexibilizado”, pero siguen en pie las ambigüedades, pues con la promulgación del COIP, proliferaron los tipos penales en blanco, abiertos y paratipos, que en el caso del primero al ser un tipo penal donde se remite a otra ley para configurar sus elementos, el juez viola el principio de legalidad y crea elementos arbitrariamente. De esta manera la legalidad penal queda al albedrio del juez y se inobserva.

Existen muchas otras disposiciones constitucionales que deben ser analizadas, en el presente, por razones de espacio no es posible, pero no puedo dejar de por lo menos señalarlas, como: la aplicación directa e inmediata de los principios y garantías constitucionales,[18] la supremacía constitucional,[19] un Estado garantista de los derechos fundamentales.[20] Solo con aplicación estricta y sustancial de este conjunto de ideales constitucionales, se podrá: configurar el proceso de constitucionalización del Derecho penal, institucionalizar el ansiado Derecho penal mínimo y lograr en la práctica un mayor respeto de la Constitución y de los derechos en ella reconocidos, para todos los ciudadanos.

Existen las instituciones jurídicas, mecanismos y garantías para que se pueda efectuar el proceso de constitucionalización del Derecho penal. Pues al estar éste estrictamente vinculado a los derechos humanos y a su respeto, es inminentemente necesario que el mismo, sea objeto de una transformación sustancial, al término de la cual todo su contenido (sustantivo, adjetivo y ejecutivo) se encuentre implícito de los valores, principios e ideales constitucionales que permitan y materialicen, un mayor respeto y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.



[1] Este proceso se inició al menos en teoría, en el Ecuador, con la promulgación y entrada en vigencia de la Constitución de la República el 20 de octubre de 2008.

[2] Esto lo enseña el profesor Raúl Zaffaroni, de acuerdo a su entender el Estado de Derecho solo existe en determinados momentos de la historia, pues el Estado policía que se encuentra dentro de este, en todo momento busca salirse, y cuando lo hace el poder punitivo se desborda. En audio video, la estructura del Derecho penal.

[3] Constitución de la República del Ecuador [2008], art. 84 ([Quito]: Asamblea Nacional, s.f.) Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

[4] Puede revisarse mi artículo publicado en Juristas Ecuador el 28 de junio de 2017: “El concurso real de delitos, una herramienta del Derecho penal máximo.” En el cual realizo un análisis de la maximización del Derecho penal actual y concluyo demostrando que la aplicación del concurso real de delitos y la acumulación de penas dejan como resultado la aplicación de la cadena perpetua aplicada en el sistema norteamericano de justicia penal.

[5] Luis A. Vélez-Rodríguez, Política criminal y justicia constitucional (Valencia: Tirant lo Blanch, 2016) 20.

[6] Josefina A. Méndez López, Constitución, Derecho penal y control social (Loja: Universidad Nacional de Loja, 2010) 52.

[7] Ramiro Ávila, Neoconstitucionalismo transformador (Quito: Abya-Yala y Universidad Andina Simón Bolívar, 2011) 31.

[8] Miguel Carbonell, “el neoconstitucionalismo: significado y niveles de análisis”, en Miguel Carbonell y Leonardo García Jaramillo, edits. El canon neoconstitucional. (Madrid: Trotta, 2010) 153-164.

[9] Seguramente cuando el autor escribió el ensayo, aún no se promulgaba la Constitución boliviana, que también posea importantes avances constitucionales.

[10] Se encuentran desarrolladas de mejor manera, a excepción de la última, en mi tesis de pre-grado: El Estado constitucional de derechos y justicia en el Ecuador, en la praxis, realidad o utopía. Universidad Nacional de Loja, 2014.

[11] Su desarrollo y mayor exponente es el profesor italiano Riccardo Guastini.

[12] Jorge Zavala Egas, Derecho constitucional, neoconstitucionalismo y argumentación jurídica (Guayaquil: Edilex S. A. Primera reimpresión, 2010) 55

[13] El efecto irradiación de los derechos fundamentales fue aplicado por primera vez en Alemania en el Fallo Lüth, emitido por el Tribunal Constitucional Federal alemán en 1958.

[14] Riccardo Guastini, Estudios de teoría constitucional (México: Distribuciones Fontamara, S. A., 2001) 154.

[15] Constitución de la República del Ecuador [2008], art. 11.4 ([Quito]: Asamblea Nacional, s.f.) Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

[16] Ramiro Ávila, “El código orgánico integral penal y su potencial aplicación garantista”, en Ramiro Ávila, edit. Código Orgánico Integral Penal, hacia su mejor comprensión y aplicación (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar y Corporación Editora Nacional, 2015) 21-36.

[17] Luigi Ferrajoli, Derecho y razón, teoría del garantismo penal, décima edición (Madrid: Trotta, 2011), 104.

[18] Constitución de la República del Ecuador [2008], art. 76.2 ([Quito]: Asamblea Nacional, s.f.) Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre de 2008.

[19] Ibíd., art. 424

[20] Ibíd., art. 1 y 3.