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INTERPRETACIÓN INTERCULTURAL

jueves 03 de agosto del 2017 | 16:47

Última actualización: lunes 14 de agosto del 2017 | 10:49

INTERPRETACIÓN INTERCULTURAL

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.


                                             

El estudio del desarrollo del Estado plurinacional e intercultural, no es simplemente analizar una determinada colectividad; sino que más bien implica la determinación de una serie de problemas jurídicos que deben ser analizados desde el contexto de las tradiciones culturales de los pueblos ancestrales.

Y configurándose lo que para Manuel Atienza es la interpretación intercultural, misma que cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que el Tribunal Constitucional tiene la última palabra en materia de interpretación de los derechos fundamentales ya que la razón de ser de la interpretación es la de hacer justicia, logrando el cumplimiento de los principios o valores protegidos por el derecho.[1]


Para Rocío Villanueva, no es sino el reconocimiento constitucional de los derechos a la identidad cultural y a la justicia indígena que ha dado lugar a que se requiera que los tribunales realicen una interpretación intercultural en los casos que involucran a indígenas o a comunidades indígenas.[2]


Teniéndose en claro de esta manera que la interculturalidad engloba concepciones de cultura determinando el análisis del enraizamiento de los valores sociales a través de la promoción del respeto de la diversidad, donde cada persona tiene derecho a ser como desea, tanto así que es obligación del Estado: “Promover la unidad y la igualdad en la diversidad y en las relaciones interculturales”.[3]


Siendo necesario destacar que si bien es cierto la Constitución del Ecuador de 1998 determinaba al Ecuador como un Estado pluricultural y multiétnico, mientras que ahora con la Constitución de 2008, se determina que el “Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. […]”[4]


Lo cual implica el reconocimiento en sí de culturas como independientes y propias, que pueden formar naciones en sí mismas, en donde el objetivo es lograr ejercer plenamente los derechos a auto determinarse, en razón de su autonomía, cultura y lenguas.


Articulándose además una serie de principios constitucionales que traen consigo  la protección creencias propias de cada cultura, que para Boaventura de Sousa Santos , esto sería entendido como si: “Habría que reconstruir los derechos humanos en términos interculturales para que puedan dar cuenta de esta enorme diversidad de la dignidad humana, de las diferentes concepciones […]”[5]


Buscando así de esta manera equiparar el sistema de justicia ordinario y el sistema de justicia indígena posibilitando incluso una cooperación mutua, que permita obtener una justicia ágil, eficiente que busque generar realmente la reparación a las víctimas y a su vez rehabilite a los agresores.


Principio de Interpretación Intercultural.


Para Boaventura de Sousa Santos: “La justicia indígena también es cuestionada por poner en entredicho el principio de la unidad del derecho. Este principio establece que, puesto que el derecho tiene una única fuente, la cual es internamente homogénea, el derecho constituye una totalidad bien definida que puede ser conocida en toda su dimensión en cualquier momento de creación o interpretación del derecho gracias a los métodos de la ciencia jurídica moderna. […]”[6]


En ese sentido podemos decir que es necesario que la producción jurídica vaya evolucionando y generando pautas a manera de direccionamientos que permitan identificar, distinguir y catalogar una serie de fines en relación a la cultura, tal como manifiesta Ramiro Ávila cuando indica que:


“[…] resulta coherente que el modelo constitucional se autodefina como Estado de derechos en dos sentidos trascendentes: por una parte, identificando a los derechos humanos como máxima fuente normativa y por otra reconociendo en el pluralismo jurídico una manera de incorporar formalmente lo que materialmente han sido sistemas jurídicos internos e internacionales que han cohabitado con el sistema estatal, incluso antes de nuestra existencia como república. Así y desde la óptica del Estado de Derecho, los sistemas de justicia indígena son expresión de esta pluralidad y por ello deben ser respetados y promovidos; no obstante, al igual que todas las demás fuentes de derecho, sucumbe ante el poder primario y legitimador de los derechos humanos, en los que toda norma coercitiva encuentra su fundamento y límite.”[7]


Es decir la Constitución de la República del Ecuador al ser el instrumento jurídico que consagra los derechos de las nacionalidades y pueblos indígenas,  debe ser analizado en correlación con el artículo 24 del Código Orgánico de la Función Judicial, que se refiere específicamente al principio de interculturalidad manifestando que:


Art. 24.- Principio De Interculturalidad.


 En toda actividad de la Función Judicial, las servidoras y servidores de justicia deberán considerar elementos de la diversidad cultural relacionados con las costumbres, prácticas, normas y procedimientos de las personas, grupos o colectividades que estén bajo su conocimiento. En estos casos la servidora y el servidor de justicia buscará el verdadero sentido de las normas aplicadas de conformidad a la cultura propia del participante.”[8]


De la lectura de este artículo se determina que la base de este principio gira en torno a una visión que pretende generar respeto a los valores y costumbres a fin de establecer una vinculación cultural, en donde el pluralismo jurídico surge como solución a todo tipo de práctica ancestral. Permitiendo  construir una verdadera definición de derecho indígena que según Yrigoyen, comprende: “los sistemas de normas, procedimientos y autoridades, que regulan la vida social de las comunidades y pueblos indígenas, y les permiten resolver sus conflictos de acuerdo a sus valores, cosmovisión, necesidades e intereses.”[9]


Siendo necesario destacar lo mencionado por Raúl Ilaquiche Licta y Lourdes Tibán, cuando determinan que: “para los pueblos indígenas y para el caso de la justicia indígena, conflicto interno constituye toda acción o acto que desestabiliza la paz, la armonía y la tranquilidad de un colectivo o de una comunidad”[10]


De este modo nos están indicando que las nacionalidades y pueblos indígenas, buscan el reconocimiento de sus derechos colectivos, mediante el uso de procedimientos ancestrales que solucionan los conflictos que afectan la armonía de su comunidad.


Entendido de manera clara en que consiste la interpretación intercultural es necesario hacer alusión a manera de ejemplo a la sentencia T-349/96 de la Corte Constitucional de Colombia, respecto a una demanda de tutela presentada por un indígena en contra de su comunidad, alegando, que su derecho al debido proceso había sido violado al haber sido juzgado en la comunidad por los familiares de la víctima, en donde la Corte Constitucional de Colombia afirmó que la noción de debido proceso debía ser interpretada con amplitud, sin exigir normas e instituciones que afecten el pluralismo.[11]


Evidenciándose de esta manera que la interpretación intercultural es necesaria como pilar fundamental a fin de generar el respeto al principio del debido proceso, ya que este debe ser efectuado respetando los parámetros constitucionales entre ellos el de la cultura y cosmovisión de cada uno de los pueblos.


Con respecto a la interpretación intercultural, es necesario mencionar otro caso en el que a una mujer indígena, menor de edad, cuya elección como concejal de Bogotá había sido declarada nula por un tribunal, en aplicación del artículo 27 del Decreto 1421 de 1993, que exigía una edad mínima de 25 años para el cargo, siendo que para el pueblo Arhuaco la edad no era criterio para que una mujer ejerza sus derechos políticos, sino la realización de ciertos ritos vinculados al bautizo y a la menstruación; en donde la Corte Constitucional de Colombia en sentencia T-778-05, determino que: el derecho a la identidad cultural en el ejercicio del derecho de representación no se encontraba circunscrito a un territorio determinado; no se vulneraba un derecho constitucional de mayor peso en el caso concreto, y que el requisito de edad contemplado en el artículo 27 vulneraba el goce efectivo del derecho a la identidad cultural.[12]


Como se ha podido evidenciar en estos dos ejemplos la trascendencia de la interpretación intercultural es sumamente importante ya que se evidencia presupuestos de interrelación dentro del sistema indígena como son:

a)    El conjunto de responsabilidades comunitarias que le corresponden a cada miembro de la comunidad;

b)    La influencia de la cultura, reflejada en los cabildos o autoridades estatales que actúan con funciones indígenas;

c)    No ejercen una actividad remunerada, ya que la comunidad suele colocar recursos para la celebración de los procesos de justicia indígena;[13]


En donde se debe puntualizar que la justicia indígena en el ámbito penal, constituye una conducta contraria a la disposición normativa de realizar una interpretación intercultural del Derecho.

Siendo un pleno ejemplo el caso de la Cocha, mismo que hace referencia a la compleja relación entre la justicia indígena y la justicia estatal, en un caso cuyo objeto de juzgamiento fue un homicidio, en donde hubo juicio y resolución en la comunidad la cocha, y en la justicia ordinaria.

Evidenciándose que la alternativa a la cárcel como solución de conflictos sociales graves se la puede encontrar fuera del sistema estatal de administración de justicia, ya que la justicia indígena es parte de lo que se conoce como justicia restauradora, que es una forma de resolver los conflictos sociales, utilizando la vergüenza como herramienta de prevención del delito.

Enfocándose en la vida de las personas y la comunidad, y considerando al victimario como miembro de la comunidad que necesita ayuda, a la víctima como un actor importante y a la comunidad como un espacio que debe recuperar la armonía, el conflicto es un problema que tiene que resolverse y una oportunidad para mejorar la vida personal y comunitaria.

Mientras que en el sistema de justicia ordinario lo único que se busca es aislarle reduciéndole a un hecho a ser investigado, que se centra en el pasado, en donde la víctima es objeto de prueba y cuya finalidad es sancionar y encerrar al responsable.[14]


 Principios Interculturales.

Para Will Kymlicka, la formulación de derechos focalizados es el esfuerzo de las NNUU para codificar los derechos específicamente diseñados para los pueblos indígenas, en donde la subyugación de los pueblos indígenas por los colonizadores fue un proceso de naturaleza más brutal y perturbador que la incorporación de las minorías nacionales en sociedades vecinas, dejando a los pueblos indígenas más débiles y vulnerables. [15]


En donde por ejemplo el derecho administrar justicia establecido en el artículo 171 de la Constitución de la República del Ecuador es muy claro cuando indica que los pueblos indígenas ejerzan funciones jurisdiccionales, ya que de manera taxativa indica que:


“Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales.


El Estado garantizará que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por las instituciones y autoridades públicas. Dichas decisiones estarán sujetas al control de constitucionalidad. La ley establecerá los mecanismos de coordinación y cooperación entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria.”[16]


Es por ello que la interculturalidad para Rocío Villanueva “en el ámbito jurídico demandaría, además, que la justicia propicie “el análisis de los delitos desde los contextos culturales en los que se cometen, alentando una consideración de las diferencias culturales y una conciliación en torno a ellas y reconociendo las maneras variadas contemporáneas de constituir y vivir en comunidad y colectividad” [17]


Ya que en materia jurídica sería que los sistemas jurídicos reconocieran un pluralismo jurídico, en donde el principio de plurinacionalidad sería concebido “como la sustancia fundamental en el ejercicio de la democracia incluyente, pero sobre todo como propuesta de vida diversa y en mayor armonía y cercanía con la Naturaleza; la plurinacionalidad, entonces, no puede dejar de ser leída junto con otras definiciones que tienen que ver con el territorio y con el manejo de las riquezas naturales […]”[18]


Debiendo delimitar que según Carlos Poveda, es menester dejar señalando estándares de diferenciación que surge como aporte de varias sentencias de la Corte Constitucional de Colombia donde se delimitan:

1.    “A mayor conservación de sus usos y costumbres mayor autonomía;

2.    Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares. Pero siempre se interpretará en sentido de no menoscabar la autonomía de los pueblos y nacionalidades indígenas a pretexto de precautelar la seguridad jurídica;

3.    Las normas legales imperativas ( de orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas, siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural;

4.    Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales y dispositivas. Debe prevalecer el criterio colectivo por encima del privatístico o particular; y,

5.    Es necesario identificar mínimos jurídicos como lo relata la Constitución Boliviana en un artículo independiente. Estos Límites serían: derecho a la vida, prohibición de la esclavitud, tortura y resto a un enjuiciamiento justo. De aquí inclusive partiría las posibilidades jurídicas para desarrollar la acción extraordinaria de protección de las decisiones de las comunidades indígenas.”[19]


Por ello, la importancia de la legitimidad de la justicia podría resultar sumamente interesante ya que se propende un pleno reconocimiento cultural por parte del Estado lo que no supone la apelación al derecho penal para conseguirlo.[20]


En donde para Carlos Poveda las características de la jurisdicción indígena debe ser contextualizadas de la siguiente manera:

a)    La jurisdicción indígena es un medio alternativo para la solución de conflictos;

b)    Los indígenas resuelven litigios internos, que no pueden restringirse exclusivamente al territorio, sino que su alcance debe determinarse con criterios antropológicos;

c)    Las autoridades de pueblos indígenas lo determinan las propias comunidades según sus reglas;

d)    La competencia por materia no es determinada.[21]


Dándonos a entender que el reconocimiento jurídico de la justicia indígena debe ser analizado a profundidad debido a su trasfondo histórico, enfatizando en que el pluralismo jurídico implica el respeto de los principios en el ejercicio de la jurisdicción, buscando generar una coordinación como mecanismo para fomentar la interculturalidad.


Pero que además según Cruz Rueda: “La relevancia de los asuntos, ya sea que tengan que ver con la familia, con la tierra, con la organización social de la comunidad, o con el cumplimiento de obligaciones entre particulares o ante la colectividad, muestra aspectos sociales fundamentales y claves vinculados con la historia y la comunidad en relación con el grupo al que pertenecen […]”[22]


Siendo necesario puntualizar cuales son los elementos de la justicia indígena, que se deben tomar en cuenta el momento de efectuar una interpretación intercultural:

a)    Milenario: La justicia indígena es un sistema milenario, pues ha persistido por generaciones;

b)    Colectiva: Debido a que su aplicación es impartida con la participación de las familias y los miembros de las nacionalidades y pueblos indígenas;

c)    Sistema en permanente evolución: Se encuentra en constante proceso de avance y desarrollo, pues su ejercicio y aplicación debe ser adecuado con la realidad de las nacionalidades y pueblos indígenas;

d)    Ágil, oportuno y dinámico: Porque busca solucionar el problema para la armonía de las nacionalidades y pueblos;

e)    Justo: Ya que la colectividad de manera participativa e imparcial busca emitir la resolución adecuada. [23]


 Conclusión.

La interpretación intercultural engloba concepciones de cultura determinando el análisis del enraizamiento de los valores sociales a través de la promoción del respeto de la diversidad, en donde se la debe efectuar necesariamente a fin de poder lograr que la víctima dentro de la cosmovisión indígena se sienta protegida por las autoridades comunitarias.


El reconocimiento jurídico de la justicia indígena debe ser analizado a profundidad debido a su trasfondo histórico, enfatizando en que el pluralismo jurídico implica el respeto de los principios en el ejercicio de la jurisdicción, buscando generar una coordinación como mecanismo para fomentar la interculturalidad necesaria para aplicar una justicia adecuada de acuerdo a la cosmovisión de cada uno de los pueblos y nacionalidades.

 



[1] Manuel Atienza, «Dos Versiones del Constitucionalismo», DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante., 7 de febrero de 2011, https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/32763/1/Doxa_34_04.pdf.; p. 82-83.

[2] Rocío Villanueva Flores, «La interpretación intercultural en el Estado constitucional», Revista Derecho del Estado, Universidad Externado de Colombia, n.o núm. 34 (junio de 2015): 289-310.

[3] Constitución de la República del Ecuador, ; Art. 83, numeral 10.

[4] Ibíd., Art.1

[5] Boaventura de Sousa Santos, Las paradojas de nuestro tiempo y la plurinacionalidad, en Plurinacionalidad: Democracia en la diversidad (Quito- Ecuador: Abya Yala, 2009)., p. 24.

[6] Boaventura de Sousa Santos, Justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad en Ecuador: Cuando los excluidos tienen Derecho: justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad., P.19.

[7] Ramiro Ávila Santamaría, Constitución del 2008 en el Contexto Andino, Análisis de la Doctrina y el Derecho Comparado, Serie Justicia y Derechos Humanos, vol. 3 (Quito- Ecuador: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, s. f.)., p. 35-36

[8] Código Orgánico de la Función Judicial, 2009., Art. 24.

[9] Raquel Fajardo Yrigoyen, El debate sobre el reconocimiento constitucional del derecho indígena en Guatemala, 1998.a ed., vol. LVIII, No. 1-2 (América Indígena, Instituto Indigenista Interamericano, s. f.)., p.1

[10] Raúl Ilaquiche Licta y Lourdes Tibán, Jurisdicción indígena en la Constitución política del Ecuador (Quito- Ecuador: Fundación Hanns Seidel, 2008)., p. 44

[11] Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-349/96, fundamento 2.4.2.3.

[12] Corte Constitucional de Colombia, sentencia T-778-05, fundamento 7

[13] Stavenhagen Rodolfo, Derecho Consuetudinario en América Latina, en Stavenhagen Rodolfo e Iturralde Diego, Entre la Ley y la Costumbre. El derecho consuetudinario indigena en America Latina (MEXICO: Instituto Indigenista Interamericano e Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1990).p. 40-43.

[14] Ramiro Avila Santamaría, «La prisión como problema global y la justicia indigena como alternativa local. El caso La Cocha», s. f.

[15] Will Kymlicka, Derecho de las minorías en filosofía política y el derecho internacional, editado por Carlos Espinosa Gallegos-Anda y Danilo Caicedo Tapia, Derechos ancestrales: Justicia en contextos plurinacionales (Quito: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009).p. 18-19.

[16] Constitución de la República del Ecuador., Art. 171

[17] Rocío Villanueva Flores, «La interpretación intercultural en el Estado constitucional»., p.295.

[18] Acosta Alberto, El Estado plurinacional puerta para una sociedad democrática", en Plurinacionalidad: Democracia en la diversidad, Acosta Alberto y Martínez Esperanza (Quito- Ecuador: Abya Yala, 2009).,p. 17

[19] Carlos Poveda Moreno, Reflexiones básicas e ideas iniciales sobre el Proyecto de Ley Coordinación y Cooperación entre los Sistemas Jurídico Ordinario e Indígena, Justicia y Derechos Humanos (Quito, Ecuador: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009).,p. 491

[20] Cristina Sánchez Muñoz. “Negociaciones culturales y género: hacia un feminismo transnacional”. En: A. Ruiz Miguel. (editor), Entre estado y cosmopolis. Derecho y justicia en un mundo global, p. 300-301.

[21] Poveda Carlos, Jurisdicción Indígena, en Reconocimiento de Derechos, exigibilidad de Obligaciones (Quito, Ecuador: Revista Foro No. 8 UASB, Corporación Editora Nacional, 2007)., p. 181.

[22] Cruz Rueda Elisa, Principios Generales del Derecho Indígena, en Hacia sistemas jurídicos plurales; Konrad Adenauer Stiftung (Bogota, 2008)., p. 37.

[23] Rosa Cecilia Baltazar Yucailla, La Justicia Indigena en el Ecuador, Carlos Espinosa Gallegos Anda y Danilo Caicedo Tapia en Derechos Ancestrales Justicia en Contextos Plurinacionales (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2009).p. 454-455.