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ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

lunes 04 de septiembre del 2017 | 15:59

Última actualización: martes 19 de septiembre del 2017 | 14:18

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

 

Autor: Ab. Hernán Marcelo Soto Calderón, Mg.

                                                

Antecedentes Jurídicos

La institución jurídica del acceso a la información pública en el Ecuador, nace desde su reconocimiento como un derecho humano fundamental dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos en el año 1948, puesto que nuestro país es miembro de la Organización de Estados Americanos- OEA.

Este derecho fundamental se encuentra consagrado como tal en el texto constitucional del Ecuador, en su Art. 18 numeral 2 que señala que:Toda persona de forma individual o colectiva tiene derecho a: (….) Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.”

Por la gran relevancia que tiene este derecho fundamental para el ser humano pero sobre todo  para la consolidación de la democracia de los Estados, la OEA en Asamblea General realizada en el año 2003, insta a sus estados miembros a que: respeten y hagan respetar el acceso de todas las personas a la información pública y promuevan la adopción de las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para asegurar su reconocimiento y aplicación efectiva”

Bajo esta concepción, el Ecuador aprueba mediante Registro Oficial 337 de fecha 18 de mayo del año 2004,  la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la misma que norma de manera específica los procedimientos tanto administrativo como judicial para acceder a la información generada por instituciones del Estado, instituciones privadas que manejen recursos del Estado y aquellas que presten servicios públicos, sin embargo es importante aclarar que la legislación internacional y nacional establecen ciertas  restricciones  para el acceso a la información pública, las mismas que se fundamentan bajo parámetros de clasificación de información como reservada por parte de la Institución poseedora de la misma.      

Adicionalmente a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, nuestro país cuenta con una norma supletoria en esta materia, es decir la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la que de manera general contiene normas comunes para las cinco garantías constitucionales que consagra la Constitución de nuestro país.

Principios rectores  del Acceso a la información pública

La Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su publicación de fecha 30 de diciembre de 2011 establece dos principios rectores del derecho  de acceso a la información: máxima divulgación y buena fe. Por su parte la Constitución de la República del Ecuador, en su Art. 11 establece como principios rectores de los derechos fundamentales los siguientes: igualdad, directa e inmediata aplicación, inclusión, gratuidad y transparencia. A estos principios se suma el de publicidad, amparado y consagrado en la Ley Orgánica de Transparencia y  Acceso a la Información Pública.

¿Cómo solicitar el acceso a la información pública?

La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública considera dos procedimientos: solicitud por vía administrativa y solicitud por vía judicial, siendo esta última la acción constitucional de acceso a la información pública, consagrada como una garantía jurisdiccional dentro del Art. 91 de la Constitución de la República del Ecuador.

La solicitud por vía administrativa

 Consiste en la petición mediante escrito que realiza la persona natural o jurídica ante el titular de la Institución poseedora de la información, la misma que  deberá contener los datos del solicitante y el detalle de lo requerido. Dicha solicitud deberá ser atendida en el plazo de 10 días, pudiendo prorrogarse por 5 días adicionales únicamente a causas debidamente justificadas y comunicadas previamente al solicitante. En caso de denegarse el acceso a la información o no darse respuesta al requerimiento, dará lugar a iniciar un procedimiento judicial, es decir la acción constitucional de acceso a la información pública.


La solicitud por vía judicial


Deberá interponerse ante un Juez de lo Civil o Tribunal de Instancia del domicilio del poseedor de la información. Debe contener la identificación del solicitante, fundamentos de hecho y derecho, señalamiento de la autoridad que denegó la información y pretensión jurídica concreta. El Juez o Tribunal tendrá 48 horas para conocer el recurso y deberá el mismo día que se presenta el recurso convocar por escrito a audiencia única que se celebrará en las 24 horas siguientes.  La resolución deberá emitirse dentro de los 2 días siguientes a celebrada la audiencia y la misma podrá apelarse ante la Corte Constitucional dentro de los 3 días hábiles siguientes.


Análisis


 Por lo anteriormente expuesto y ante las exigencias de la sociedad actual, es evidente que el acceso a la información pública no solamente debe ser concebido por las ciudadanas y ciudadanos ecuatorianos como un derecho fundamental, sino como un deber social para garantizar a través del ejercicio del mismo la democracia y transparencia de la función pública, debiendo su ejercicio ir de la mano con la promoción y control de los organismos competentes, para lo cual debemos exigir una participación más activa del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como de la Defensoría del Pueblo, como entes vigilantes y promotores del acceso a la información pública como un mecanismo social que garantice la transparencia de los actos del Estado ecuatoriano.