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GARANTÍA DE LA MOTIVACIÓN

martes 26 de septiembre del 2017 | 14:59

Última actualización: jueves 12 de octubre del 2017 | 18:04

GARANTÍA DE LA MOTIVACIÓN

 

“No hay autoridad más respetable que aquella basada en la razón y ejercida con el ejemplo cabal”

 

Juan Lopresti 

Autor: Abg. Roberto Vaca Galarza


                                                                        

 Antecedentes


La motivación de las sentencias emana de lo que se conoce como el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocida en el artículo 75 de la Constitución del Ecuador y en los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos. Esta labor la realizan los  juzgadores para brindar a las partes tres elementos sustanciales. 


En primer lugar el acceso a los Tribunales de Justicia, entendido como la garantía de activar el sistema de justicia por medio del derecho de acción; en segundo lugar la obtención de una sentencia congruente, fundada en Derecho; independientemente de la decisión que se tome, esta disposición debe ser elaborada respetando los preceptos legales y constitucionales indicando las razones por las cuales se ha llegado a una determinada decisión; por último y no menos importante, la efectividad de las resoluciones judiciales, las mismas que deben tener una órbita de aplicación desarrollada dentro de la realidad social.


El derecho a la tutela judicial efectiva


El derecho a la tutela judicial efectiva es de suma importancia para la motivación judicial; la Corte Constitucional del Ecuador se ha manifestado en varias sentencias, refiriéndose a este derecho como aquel que beneficia a toda persona de no solamente acudir a los órganos jurisdiccionales, sino además a recibir sentencias debidamente motivadas, coherentes y congruentes; además este derecho debe asegurar el desarrollo del proceso a


través de los cauces procesales establecidos en la ley, respetando el debido proceso con la intención de obtener una decisión conforme a los preceptos legales y constitucionales.


¿Qué es la motivación?


Ahora bien, acogiendo el criterio del tratadista Fernando De La Rúa en su obra Teoría general del proceso, en cuyo libro da una definición de motivación, y establece los alcances cognitivos que debe instituir el juzgador en su decisión, así se puede referir a la motivación como: “Un elemento intelectual de contenido crítico, valorativo y lógico que consiste en el conjunto de razonamientos de hecho y de derecho en los que el juzgador cimienta su decisión”1

Esta deducción cristaliza la idea de que la motivación en una sentencia no solo se encarga del ámbito formal o estético que se deben cumplir en una decisión judicial, sino también con el orden cronológico de fondo, con el que el juzgador ha construido una película mental de los hechos a través de todo lo aportado, y con ello basarse en una buena decisión; es decir, la motivación va más allá de la mera explicación, la motivación  busca el sustento base para manifestar las razones utilizadas y así fundar una decisión cuerda.

Un simple silogismo jurídico no abastece para demostrar el cumplimiento del proceso lógico que debe realizar el juzgador al momento de efectuar una sentencia. Generalmente, este silogismo se compone de premisa mayor (ley), premisa menor es la (comprobación de hechos), y conclusión que es la (consecuencia jurídica).

La finalidad de la motivación es garantizar las decisiones de los órganos jurisdiccionales y evitar cualquier tipo de arbitrariedad o amenaza por parte de los funcionarios de justicia al omitir su deber inexcusable de establecer razonamientos sólidos en los fallos dictaminados.

 

Requisitos de la motivación de la sentencia


La doctrina ha señalado que la motivación de las sentencias debe ajustarse a cinco elementos clave, así tenemos lo que se menciona en la obra Teoría general del proceso del tratadista Fernando De La Rúa: “Para que la fundamentación de una sentencia sea válida, ésta debe ser: expresa, clara, completa, legítima y lógica”2


Expresa


Este requisito hace referencia a la normativa utilizada por el juzgador, se concatena con el derecho a la seguridad jurídica, establecido en el artículo 82 de nuestra Constitución. Para elaborar una sentencia, no solo se debe tener como herramienta la ley, sino saber explicarla sistemáticamente con relación a los hechos tratados, la falta de justificación del uso normativo constituye una grave omisión en el cimiento principal para erigir una decisión judicial; y este suceso, de manera evidente provocaría una grave conculcación a los derechos del justiciable.


Clara


Las expresiones que se cristalizan en una sentencia deben ser inteligibles, simples, elaboradas en un lenguaje apreciable y no deben conservar ningún rasgo de ambigüedad o vaguedad; la terminología utilizada debe ser sucinta, con la finalidad de exteriorizar su veredicto de la manera más coherente posible. En cuanto a la claridad, los juristas recomiendan que en las sentencias no se debe utilizar terminología de difícil comprensión, por ejemplo locuciones latinas, expresiones en un idioma distinto al que debe plantearse,  o frases de tipo técnico-jurídico que causen dificultad al momento de interpretar un fallo judicial. 


Completa


Este aspecto se refiere a que la decisión judicial no puede dejar ningún cabo suelto, este procedimiento se construye básicamente por medio de las pruebas valoradas, dejando en claro su admisibilidad o exclusión, como también se debe expresar las razones del rechazo de ciertos medios de prueba que no son considerados lícitos o legales. Otro aspecto importante en este punto es el curso legal del debido proceso, se debe respetar todos los parámetros legales, plazos, términos y toda actividad que sea necesaria para que el proceso continúe. Todos estos pasos deben constar sin ningún vacío legal o contradicción dentro de la conclusión que lleguen a tomar los juzgadores.


Legítima


La legitimidad hace alusión principalmente a los medios de prueba aportados por las partes dentro del proceso, estos medios de prueba deben ser válidos y obtenidos por medio de la ley y la Constitución; y a los principios rectores que se establecen en la ley. La legitimidad por medio de las pruebas, permitirá al juzgador tomar una decisión acorde a la credibilidad y peso de cada prueba.


Lógica


La decisión del juzgador debe entenderse como un dictamen coherente, que guarde armonía con todos los pasos antes señalados. La coherencia, debe coexistir junto con la simplicidad del lenguaje, es decir un lenguaje apropiado, esto se podría resumir con la   intención que tiene la justicia para comunicar a la sociedad sobre la verosimilitud de sus decisiones. El aspecto lógico contiene a los cuatro elementos anteriores, por este motivo  se podría afirmar que sin la lógica no pueden existir los demás.   


La garantía de motivación dentro de la Corte Constitucional del Ecuador


Estos cinco elementos antes mencionados son aquellos con los que el juzgador debe fundar su decisión y si ocurriere una ínfima omisión de uno de éstos puede crear serías repercusiones que derivarían en impugnaciones acerca del fondo de la resolución.

Por otro lado, dejando momentáneamente el estudio doctrinario, se debe indicar que existen otros “tips” de motivación expresamente señalados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, como máximo organismo de interpretación constitucional del país. Estos elementos se han recapitulado en sentencias constitucionales tales como: 009-14-SEP-CC, 069-10-SEP-CC y 227-12-SEP-CC. Estos requisitos de motivación constitucional son: la razonabilidad, la lógica y la comprensibilidad en donde se ha expresado que se basan en el artículo 76, numeral 7 literal l) de la Constitución del Ecuador y artículo 4, numeral 9 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; acerca de estos requisitos se debe determinar lo siguiente:


Razonabilidad


Este requisito es el pilar fundamental para determinar que una sentencia ha sido debidamente realizada conforme a derecho, pues su importancia radica en las reglas citadas (normas y principios), y que dichos enunciados jurídicos se ajusten entre sí, sin evidenciarse ningún tipo de contradicciones o antinomias.


Lógica


El elemento lógico de una sentencia radica en que las ideas expuestas en el dictamen, tengan un orden congruente y real, así como también el planteamiento de silogismos coherentes y no de carácter absoluto, y de cuyo análisis se desprenda una conclusión consonante con lo tratado.


Comprensibilidad


Este elemento ha sido muy discutido en la práctica, en primer lugar por las falencias que pueden ocasionarse al omitir este requisito de motivación judicial y en segundo lugar por la sencilla razón de que la comprensibilidad debe estar compuesta por enunciados claros, lógicos y sencillos, además de concatenarse con los otros dos requisitos (razonabilidad y lógica) y su omisión puede automáticamente anular los tres requisitos planteados por la jurisprudencia constitucional.


Cabe destacar que una sentencia no se dirige eminentemente a las partes procesales, sino más aún a la sociedad en  general, en este punto cabe recalcar lo expuesto por el Dr. Jorge Zabala Baquerizo en su obra El proceso penal, en donde se menciona que: “La motivación constituye un juicio lógico, que se desarrolla alrededor de la pretensión. El juez al momento de sentenciar debe exponer a las partes y a la sociedad las razones que ha tenido para resolver”3

Entonces, se podría decir que una resolución debe ser lo más apreciable posible ya que las personas interesadas no precisamente tienen conocimientos jurídicos bastos para comprender la terminología jurídica, las sentencias deben ser claras y congruentes por el deber que tiene la justicia de hacer conocer a la sociedad la efectividad de su administración.


Relación entre los requisitos de la motivación doctrinarios y los establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador


Es irrefutable que tanto los cinco elementos que señala la doctrina sobre la motivación y los tres elementos que señala la jurisprudencia de la Corte Constitucional ecuatoriana guardan una íntima correspondencia e incluso pueden subsumirse perfectamente. Así tenemos que el elemento expreso y la legitimidad, correspondientes a los requisitos de la motivación doctrinarios encajan con la esfera de razonabilidad creada por la jurisprudencia constitucional, el aspecto lógico se subsume en el elemento que lleva su mismo nombre, y el ámbito completo y de claridad finalmente se conecta con la comprensibilidad.


En definitiva, se puede afirmar que en ambas corrientes estos elementos de la motivación son prácticamente los mismos; sin embargo, para efectos del presente trabajo se ha realizado algunas diferencias para interpretar las fuentes que se han tomado en consideración (constitucional y doctrinaria) para esculpir la garantía de la motivación en distintas materias del derecho.


Conclusión


El nacimiento de la garantía de la motivación de la Corte Constitucional surge desde una órbita jurisprudencial, y es por ello que uno de los vacíos sobre la motivación dentro de la rama constitucional se evidencia en la Ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional en donde se hace una breve referencia a la comprensibilidad, dejando de lado a la razonabilidad y al ámbito lógico.

A pesar de que el aporte jurisprudencial dentro de la garantía de la motivación constitucional es exquisito, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional es exigua, desordenada e insuficiente en este tema, y lamentablemente por esta causa los requisitos de la razonabilidad, lógica y comprensibilidad como tales, carecen de peso normativo.

En otros cuerpos legales, los cuales no se expresan taxativamente en el presente trabajo, la descripción de la motivación se evidencia de manera muy sutil y generalizada, sin embargo esto no quiere decir que no se encuentre inmiscuida en todo tipo de derecho. Se ha tomado en consideración a estos cuerpos normativos para enfatizar la importancia que tiene el test de motivación desarrollado en la jurisprudencia constitucional del Ecuador, pues el mismo se puede tomar como referencia para aplicar el derecho al sentido que más favorezca el goce y la vigencia de los derechos en la sociedad.

Definitivamente pienso que el revisar y replantear todos los aspectos antes mencionados puede ser de gran utilidad para las juezas y jueces al momento de tomar la última palabra para una correcta decisión. Pues con ello, a más de solidificar por medio de la norma a la motivación judicial como una obligación para el juzgador y como un derecho para el justiciable, se pueden reducir notablemente las falencias que muchas veces han provocado que los operadores de justicia ocasionen la indefensión, la inseguridad jurídica y la violación al debido proceso.

 

Bibliografía

Chiovenda, José. 1990, Derecho procesal civil. México: Cárdenas.

Carbonell, Miguel, García Jaramillo, Leonardo. 2010, El Canon Constitucional. Madrid: Trotta.

Carrió, Genaro. 1964, Introducción al razonamiento jurídico. Buenos Aires: Eudeba.

De La Rúa, Fernando. 1999, Teoría General del Proceso. Buenos Aires: Desalma. 

Devis Echandía, Hernando. 1985, Compendio de derecho procesal. Bogotá: ABC.

Ferrajoli, Luigi. 2004, Derecho y razón. Madrid: Trotta.

García Amado, Juan. 1988, Teorías de la tópica jurídica. Madrid: Civitas.

Rocco, Hugo. 2002, Derecho procesal civil. México:Universitaria.

Zabala Baquerizo, Jorge. 1990, El Proceso Penal. Guayaquil: Edina.

Constitución de la República del Ecuador [2008]. [Quito]: Asamblea Nacional, Comisión Legislativa y de Fiscalización, s.f.

Ecuador, Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Registro Oficial, Suplemento, Nro. 52,  Quito, 22 de octubre de 2009.

Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia Nro. 227-12-SEP-CC, Acción Extraordinaria de Protección, 09 de agosto de 2012.

Ecuador. Código Orgánico General de Procesos, COGEP.  Registro Oficial, Suplemento, No. 506, 22 de mayo de 2015.