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PLURALIDAD DE LEYES EN MATERIA DE TRÁNSITO

miércoles 15 de febrero del 2017 | 10:13

Última actualización: viernes 03 de marzo del 2017 | 14:36

PLURALIDAD DE LEYES EN MATERIA DE TRÁNSITO

 

Autor: Ab. Daniel Andrés Pérez Y.

 

El artículo 1 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial (LOTTTSV), en su parte pertinente dispone: “La presente Ley tiene por objeto la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, con el fin de proteger a las personas y bienes que se trasladan de un lugar a otro por la red vial del territorio ecuatoriano, y a las personas y lugares expuestos a las contingencias de dicho desplazamiento, contribuyendo así al desarrollo socio - económico del país, en aras de lograr el bienestar general de los ciudadanos.”

Bajo esta premisa, se entiende que la legislación en materia de tránsito abarca una materia especial, un ámbito específico del derecho que va más allá de las generalidades del Derecho Penal y el Derecho Administrativo, respectivamente; esto quiere decir, que la Ley de Tránsito regula dos aspectos fundamentales del transporte terrestre en el Ecuador. Por un lado el aspecto administrativo, en cuanto se refiere a la estructura organizativa del transporte en el país, así como las entidades de regulación y control de tránsito,  y por el otro, el aspecto judicial, en cuanto se refiere a sanciones por el cometimiento de infracciones de tránsito, sin embargo, en la actualidad ¿Continúa esto siendo así?

Hasta el año 2014, la LOTTTSV abarcaba los aspectos antes mencionados;  no obstante, el 10 de agosto del mismo año, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) modificó la realidad procesal del país, reformando y derogando varios artículos de la Ley de Tránsito.  En este sentido el COIP se constituyó como la única herramienta de punición para infracciones en general; esto se logró unificando todos los tipos penales y de tránsito en un solo cuerpo legal, así como fusionar los procedimientos para el juzgamiento de delitos y a su vez crear procedimientos especiales aplicables a todas las áreas. A pesar de eso cabe recalcar, que la Ley de Tránsito sigue vigente, y sus disposiciones referentes al procedimiento judicial para el juzgamiento de delitos y contravenciones de tránsito, aún se mantienen vigentes puesto que no se derogaron en su totalidad con la publicación del COIP.

Ante esto, surge una pregunta que es necesario contestar. ¿Es posible que exista una Ley de Tránsito que no hable en ningún momento de las infracciones de Tránsito? La Asamblea Nacional, en general, y los asambleístas, en particular, nos han demostrado que cuando existe voluntad, todo es posible; es por esto que tenemos esta realidad bastante particular en el Ecuador; sin embargo es necesario determinar con claridad cuál es actualmente el marco jurídico que comprende a la materia de tránsito, tomando en cuenta que, como se ha demostrado en más de una ocasión, la materia de tránsito no puede considerarse una rama del Derecho Penal, sino una materia jurídica independiente.

Una materia, tres cuerpos legales

Hasta antes del 2014, los operadores de justicia en materia de tránsito debían regirse a tres normativas principales para juzgar las infracciones de tránsito: la Ley de Tránsito, su Reglamento General y el Código de Procedimiento Penal, en calidad de norma supletoria, toda vez que el procedimiento para juzgar infracciones en esta materia se encontraba regulado en el Título III, capítulo IX de la LOTTTSV, esto es, desde el artículo 160 en adelante.

Con la publicación del COIP la realidad cambió y los procedimientos para juzgar infracciones fueron los mismos, independientemente de si las infracciones fueran penales o de tránsito,  pero parte de la Ley de Tránsito, específicamente del capítulo IX del Título III, sigue vigente, como por ejemplo el artículo 163 en donde se establecen las características y condiciones que debe reunir el parte policial por delitos y contravenciones de tránsito, el artículo 164 donde se considera al parte policial  un elemento meramente informativo o referencial, y el artículo 165 que nos habla del procedimiento que deben tomar los agentes de tránsito cuando se trate de delitos flagrantes; es decir, normativa que también se encuentra contenida en el COIP.

En el caso de contravenciones de tránsito, el artículo 179 que se refiere a la notificación de boletas de citación se mantiene vigente, el mismo artículo establece que: “Los registros electrónicos de los sistemas de seguridad, cámaras de vigilancia de seguridad en las ciudades, cámaras instaladas en los peajes y otros implementados por las instituciones públicas, o los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a cargo de la administración de vías, avenidas y autopistas que posean sistema de pago de peajes y peaje automático serán consideradas pruebas suficientes para la aplicación de los delitos y contravenciones.”, esto en relación a la problemática que existe en referencia a los foto radares de velocidad, y finalmente el mismo artículo, entre otras cosas, se refiere al procedimiento de cobro de multas, y de multas adicionales por mora; es decir, para ejecutar las sanciones en materia de tránsito es necesario enmarcarse en dos cuerpos legales recordando, por supuesto, que la intención con la que se expidió el COIP, fue agrupar todos los procedimientos penales en una sola ley.

A todo esto se debe sumar que Reglamento a la Ley de Tránsito, donde también se encuentran disposiciones relativas al procedimiento judicial de tránsito, así como a la normativa vial, las regulaciones del transporte, los derechos y obligaciones de los usuarios viales, se mantiene vigente hasta la presente fecha.

Frente a esto, es necesario reflexionar acerca de la labor que el COIP ha venido realizando desde su aprobación y posterior publicación en el Registro Oficial. Recordemos que el COIP ya ha sido reformado y que parte de las reformas implementadas afectan directamente a la materia de tránsito, como por ejemplo, la re categorización de las lesiones de menos de 30 días como delito de acción pública, siempre y cuando sean producto de un accidente de tránsito, disposición constante en el artículo 415 del COIP.

Adicionalmente, existen tres normativas adicionales, emitidas mediante resoluciones del pleno del Consejo Nacional de la Judicatura:

1)      La resolución No. 309-2014 que contiene el instructivo para las Audiencias de Impugnación en Contravenciones de Tránsito, en sus dos artículos menciona que la no asistencia del impugnante se considerará como abandono de la impugnación y que a su vez será condenado en costas.

2)      La resolución No. 023-2015 que fija el valor de costas por la no comparecencia a las Audiencias de Impugnación en Contravenciones de Tránsito, y su ámbito de ejecución.

3)      La resolución No. 327-2014 que contiene el Reglamento para la Conciliación en Asuntos Relacionados con Infracciones de Tránsito, es tal vez la más polémica de las tres, puesto que modificó drásticamente los acuerdos conciliatorios en accidentes de tránsito, provocando que los presuntos infractores se decidan por otro tipo de procedimientos como el abreviado.

Como queda demostrado con los antecedentes expuestos, la realidad jurídica de los operadores de justicia en materia de tránsito está matizada por leyes, códigos reglamentos y resoluciones que deben aplicar al momento de administrar justicia. Empero, todas estas disposiciones podrían volver a unirse, siempre que los legisladores consideren que la materia de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, debe ser abordada con el mismo espíritu plasmado en el artículo 1 de la Ley, citado al inicio de este texto, lo cual permitiría volver a tratar el Derecho de Tránsito como una materia especial, fomentando los principios generales consagrados en el artículo 2 de la LOTTTSV, “el derecho a la vida, al libre tránsito y la movilidad, la formalización del sector, lucha contra la corrupción, mejorar la calidad de vida del ciudadano, preservación del ambiente, desconcentración y descentralización”.

 

DANIEL ANDRÉS PÉREZ Y.

ABOGADO