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PACTO NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL

martes 29 de agosto del 2017 | 11:05

Última actualización: viernes 15 de septiembre del 2017 | 13:32

PACTO NACIONAL POR LA SEGURIDAD VIAL

 

 

Autor: Ab. Daniel Andrés Pérez Y.

 

                                                 

El 16 de agosto del 2017, el Presidente de la República, Lenin Moreno, firmó conjuntamente con los gremios de transportistas así como con  representantes de la sociedad civil, el denominado: “Pacto Nacional por la Seguridad Vial”, con el objetivo de trabajar en un plan de acción para reducir la siniestralidad en el Ecuador, toda vez que, según información oficial, hasta el mes de agosto del año en curso existen 1.011 personas fallecidas en accidentes de tránsito. De igual forma, el Presidente Moreno ha calificado como “error y novelería” a las últimas reformas en materia de tránsito. Ante esta realidad es necesario tener claros los criterios jurídicos que conlleva este pacto.

 

La Licencia de Conducir

 

Dentro de las declaraciones emitidas por el Primer Mandatario se destaca la siguiente: “Me parece un error terrible, una persona que toma un vehículo tiene responsabilidad y debe ser capacitada, tener incluso ciertas condiciones psicológicas; alguien excesivamente violento no puede estar en un volante”. Esto al referirse a la reforma que eliminó la obligatoriedad de un curso previo antes de la entrega de la licencia tipo “B” o “sportman”.

 

El artículo 89 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial dispone: “La circulación por las vías habilitadas al tránsito vehicular queda sometida al otorgamiento de una autorización administrativa previa, con el objeto de garantizar la aptitud de los conductores en el manejo de vehículos a motor, incluida la maquinaria agrícola, y la idoneidad de los mismos para circular con el mínimo de riesgo posible.”

 

Esta autorización administrativa previa tiene su forma material en la licencia de conducir, la misma que es un documento oficial que certifica que su titular está en plenas condiciones físicas y psicológicas para conducir un vehículo a motor; en el caso de las licencias tipo “B” la reforma del 2016 dispone: “Para obtener la licencia de categoría no profesional tipo B, la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial exigirá como requisito único la rendición y aprobación de las pruebas psicosensométricas, teóricas y prácticas, que serán tomadas por los servidores públicos de la misma entidad.”

 

En este sentido se ha eliminado como requisito previo la aprobación del curso de conducción, y se regresó a la época en la cual la licencia de conducir se otorgaba únicamente al aprobar el examen de manejo ante la autoridad competente.

 

Jurídicamente, es necesario que los aspirantes a conductores profesionales y no profesionales aprueben este curso de conducción, a fin de garantizar que quienes asuman el riesgo permitido que constituye conducir vehículos a motor, están plenamente capacitados para hacerlo, evitando de esta forma siniestros causados por imprudencia o impericia; para el caso de la negligencia y la falta de observancia a las leyes y reglamentos de tránsito vigentes, existen otros medios de prevención.

 

Sin embargo, en relación al pronunciamiento sobre el requisito del curso de conducción para obtener la licencia tipo “B”, es necesario recordar que el artículo 185 de la LOTTTV señala que los objetivos de la Educación Vial son, entre otros:

a) Reducir de forma sistemática los accidentes de tránsito;

b) Proteger la integridad de las personas y sus bienes;

c) Conferir seguridad en el tránsito peatonal y vehicular;

d) Formar y capacitar a las personas en general para el uso correcto de todos los medios de transporte terrestre;

e) Prevenir y controlar la contaminación ambiental;

f) Procurar la disminución de la comisión de las infracciones de tránsito; (…)

 

Con este antecedente, el pronunciamiento del Presidente Moreno encuentra una base jurídica sobre la cual es la obligación del Estado cerciorarse de que las personas que obtienen la licencia de conducir sean idóneas para el efecto; asimismo se ratifica la obligación de los aspirantes a conductores profesionales y no profesionales de capacitarse en materia de tránsito, esto a fin de dar cumplimiento al artículo 257 del Reglamento General a la Ley de Tránsito que dispone: “La capacitación vial estará dirigida a los y las aspirantes a conductores de vehículos motorizados profesionales o no profesionales; a la recuperación de puntos; a capacitadores e instructores en conducción, tránsito y seguridad vial; a profesores y auditores viales; y, a los agentes de tránsito que requieren de una preparación teórica, técnica y práctica con respecto al uso de los automotores, su mecánica, las leyes y reglamentos de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, normas generales de convivencia, así como temas específicos a cada uno de estos actores.”

 

Es necesario además recalcar las declaraciones del Presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Gustavo Jalkh, en relación a que se debe cuidar que la capacitación para los conductores no sea monopolizada por una sola escuela. En este sentido, la reforma legal que se plantea dentro de este pacto, podría incluir un sistema de cooperación entre el Estado, a través de la Agencia Nacional de Tránsito y el sector privado, a fin de evitar la monopolización de la capacitación en materia de tránsito.

 

Juzgamiento en rebeldía

 

El Dr. Gustavo Jalkh, manifestó que “este pacto por la seguridad vial debe contemplar además una reforma al Código Orgánico Integral Penal, a fin de permitir el juzgamiento de los infractores en ausencia de los mismos, toda vez que esta forma de juzgamiento únicamente se acepta en casos de peculado y corrupción”.

 

Este planteamiento exigiría modificar las leyes actuales, en particular el artículo 610 del COIP que dispone: “Principios.- En el juicio regirán, especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria. Asimismo, en su desarrollo se observarán los principios de continuidad del juzgamiento, concentración de los actos del juicio, identidad física de la o el juzgador y presencia obligatoria de la persona procesada y de la o el defensor público o privado, con las salvedades del juzgamiento en ausencia previstas en la Constitución.”

 

En este sentido, no es una novedad conocer casos de tránsito en los cuales el presunto responsable se da a la fuga para evitar sanciones, lo cual obstruye la realización de la audiencia de juicio toda vez que se debe contar con la presencia del procesado a fin de garantizar el derecho a la defensa.

 

No obstante ¿Qué alcance tendría modificar la normativa legal en materia de tránsito? Es necesario recordar que desde la publicación del COIP, conjuntamente con la derogación parcial de la LOTTTSV, la materia de tránsito ha pasado de ser una rama del derecho que tiene como función la organización, planificación, fomento, regulación, modernización y control del Transporte Terrestre,Tránsito y Seguridad Vial, a ser una subdivisión del Derecho Penal, en este sentido una reforma en materia de tránsito para permitir el juzgamiento en rebeldía por delitos de tránsito eventualmente podría ser considerada como una base para permitir este tipo de procedimientos en delitos penales.

 

He ahí la importancia, de contar con una Ley de Tránsito que como una ley especial,  abarque directamente la tipificación, procedimientos, juzgamiento y sanciones para las infracciones de tránsito, en lugar de subyugar estos temas a una ley general como lo es el COIP.

 

Si bien es cierto, que la seguridad vial es responsabilidad de todos los ciudadanos, también es responsabilidad del Estado garantizar la existencia de un marco legal que permita alcanzar los objetivos propuestos tanto en la Constitución como en el recién suscrito Pacto Nacional por la Seguridad Vial.

 

Los ejes de este pacto, como se ha manifestado por parte de las autoridades gubernamentales y los gremios de transportistas, son: institucionalidad, vías seguras, vehículos seguros, usuarios seguros y respuesta a siniestros de tránsito. Para afianzar estos ejes es necesaria una normativa que permita regular de forma adecuada todo el sistema sobre el cual funciona el transporte terrestre en el Ecuador, comenzando por la forma y requisitos para obtención de licencias de conducir. Se ha manifestado también el refuerzo a la revisión vehicular que deben pasar por ley todos los automotores. En tal virtud, son necesarias las reformas legales que plantea el presidente de la República, no como una forma de eliminar o deslegitimar lo que se ha hecho en los últimos años, sino como una herramienta que permita alcanzar las metas que se han propuesto al suscribir este pacto.

 

El Ecuador cuenta actualmente con una Ley y un Reglamento de Tránsito; a más de la Sección de Infracciones de Tránsito constante en el COIP, y sobre la base de estas normativas, a más de las reformas planteadas, puede establecerse un marco legal que englobe todos los aspectos, jurídicos, administrativos y punitivos que conforman la materia de tránsito.