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Código Orgánico Integral Penal: La Justicia al servicio de la dignidad humana

lunes 24 de febrero del 2014 | 14:40

Última actualización: jueves 13 de marzo del 2014 | 11:04

 

Código Orgánico Integral Penal:

 

  La Justicia al servicio de la dignidad humana

 

La ley es como el cuchillo, pues nunca lastima al que la maneja (…)”

Martín Fierro (poeta)

 

Autor: Dr. José García Falconí

 

Introducción

 

El Código Orgánico Integral Penal se publicó en el Suplemento del Registro Oficial No. 180 del día lunes 10 de febrero de 2014; y, la primera parte de la Exposición de Motivos señala de manera expresa: “En las últimas décadas, el Ecuador ha sufrido profundas transformaciones económicas, sociales y políticas. La Constitución de 2008 aprobada en las urnas, impone obligaciones inaplazables y urgentes como la revisión  del sistema jurídico para cumplir con el imperativo de justicia y certidumbre.

 

La heterogeneidad de los componentes del sistema penal ecuatoriano, incluida la coexistencia de varios cuerpos legales difíciles de acoplar en la práctica, ha generado una percepción de impunidad y desconfianza para configurar un verdadero cuerpo integral, se han considerado los siguientes aspectos (…)”.

 

Entre los aspectos que considera la Asamblea Nacional para dictar el Código Orgánico Integral Penal, el No. 6, señala lo siguiente: Balance entre garantías y eficiencia de la justicia penal.- Todo sistema penal se encuentra en el dilema entre combatir la impunidad y garantizar los derechos de las personas sospechosas de haber cometido una infracción penal. Si las garantías se extreman, se crearía un sistema que nunca sanciona; si las garantías se flexibilizan, se acabaría condenando a la persona inocente.

 

El sistema penal tiene que llegar al término medio para evitar que en la sociedad se toleren injusticias y procurar que exista algo parecido a la paz social en el combate a la delincuencia.

 

Se limita la actuación del aparato punitivo del Estado. La o el juez es garante de los derechos de las partes en conflicto. El proceso se adecúa a los grados de complejidad de los casos. Las personas sometidas al poder penal  -como víctimas o procesados- tienen, en todas sus etapas derechos y garantías”.

 

El Art. 21 del Código Orgánico de la Función Judicial, señala como uno de los principios rectoresde la nueva justicia, el buscar la paz social, cuyo tema lo he tratado en varios artículos publicados en esta misma Revista Judicial y en mi libro Los Nuevos Principios Rectores en el Código Orgánico de la Función Judicial.

 

Base constitucional de la dignidad humana

 

La dignidad humana está señalada en nuestra Constitución de la República en los Arts. 11.7; 33; 45; 57 No. 21; 58; 84; 339 y 408; cuyo comentario lo realizo en el libro Nuevos Paradigmas Constitucionales en el Ordenamiento Jurídico Ecuatoriano, en dos tomos.

 

 

Dignidad Humana y Titularidad de derechos: garantías de las personas privadas de libertad

 

El Art. 4 del Código Orgánico Integral Penal, señala expresamente: Dignidad humana y titularidad de derechos.- Las y los intervinientes en el proceso penal son titulares de los derechos humanos reconocidos por la Constitución de la República y los instrumentos internacionales.

 

Las personas privadas de libertad conservan la titularidad de sus derechos humanos con las limitaciones propias de la privación de libertad y serán tratadas con respeto a su dignidad como seres humanos. Se prohíbe el hacinamiento”.

 

 

Recordemos que el Art. 51 de la Constitución de la República, señala lo siguiente: “Art. 51.- Se reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:

 

1. No ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.

2. La comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.

3. Declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de la libertad.

4. Contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los centros de privación de libertad.

5. La atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas.

6. Recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad.

7. Contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia”.

 

 

¿Qué es la dignidad humana?

 

La dignidad humana no es una situación deducida o inferida o que se funda en una regla de experiencia, es en sí mismo considerada una condición  de la naturaleza del hombre que escapa al objeto del conocimiento, porque existe sin que sea necesario argumento o razonamiento que permita su deducción o inferencia, así lo dice Edgardo Nieves Osorio: “Es un algo que pertenece al hombre por el hecho mismo de ser hombre, y no porque sea necesario estudiar, argumentar o experimentar para llegar a una conclusión procedente del estudio, la argumentación, motivación o experimentación”.

 

Recalco que la Constitución de la República, al señalar que el país es un Estado constitucional de derechos y justicia social, establece de manera expresa que el primer principio es el respeto a la dignidad del ser humano; de tal manera que el nuevo Código Orgánico Integral Penal en el Art. 4 reconoce de manera expresa la garantía de respeto a la  dignidad humana, recogiendo los principios constitucionales antes mencionados.

 

 

No olvidemos que la dignidad incluye una serie de atributos morales, psicológicos, materiales y espirituales, todos ellos enlazados en una simbiosis única y univoca que pierde su cohesión cuando son manipulados, abusados o vapuleados.

 

Sin duda alguna el servicio de la administración de justicia debe estar al servicio del ser humano como lo señala la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y hoy el Código Orgánico Integral Penal; de tal modo que el respeto a la dignidad humana tiene que ser también el elemento central de atención a las víctimas al momento de dictar sentencia aceptando la misma; por esta razón el Art. 11 del Código Orgánico Integral Penal señala los derechos de las víctimas; mientras que el Art. 12, trata sobre los derechos y garantías de las personas privadas de la libertad, pues el sistema penal tiene dos lados, en el uno los derechos del acusado y en el otro los derechos de la víctima.

 

El juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Antônio Augusto Cançado Trindade, recalca en varias de sus sentencias, la prevalencia del principio de respeto a la dignidad de la persona humana que se identifica con el propio fin del derecho, del ordenamiento jurídico tanto nacional como internacional.

 

En el caso Muci et allí, sentencia del 20 de febrero de 2001, el Tribunal Penal Internacional Ad Hoc para la Ex Yugoslavia, la Sala de Apelaciones, ponderó que tanto el derecho internacional humanitario, como el derecho internacional de los derechos humanos, toman como su punto de partida su preocupación común de salvaguardar la dignidad humana, que forma la base de sus estándares mínimos de la humanidad; así los derechos se desprenden de la dignidad inherente de la persona humana, tales como los de vida, libertad, integridad física y moral, entre otros.

 

Recordemos que el Art. 66 de la Constitución de la República señala los derechos de libertad que se encuentran garantizados a todas las personas.

 

La canciller alemana Ángela Merkel, en un almuerzo con el presidente de los Estados Unidos de América  Barack Obama, el 2 de noviembre de 2009, en Washington DC, señalaba con razón que la dignidad humana es invaluable, ya que el ser humano es considerado en su concepto uno y universal, gana en un tratamiento dentro de los parámetros de dignidad, solidaridad y respeto; de tal modo, hay que recordar que el ser humano, especialmente en materia penal está en permanente interacción con el Estado, del cual debe recibir un trato respetuoso.

 

El  Dr. Galo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado, en la edición No. 3 de enero de 2013, de la Revista Perfil Criminológico, en la Sección Editorial trata sobre La dignidad humana, y al respecto dice: “El paradigma del presente es más ambicioso, tras una formulación tan extrema como ésta (…) El Estado existe para el cumplimiento de los derechos humanos. Ya no solo se desarrolla el discurso tangencial que sustentó la denuncia reincidente de quienes asumían su defensa, o únicamente normas internas e internacionales, sino además un principio fundamental de la democracia, de la participación y de la existencia misma de una sociedad anclada, ante todo al respeto de la dignidad humana, y luego, inevitablemente a una estructura jurídica exigible en lo nacional e internacional y al logro de la justicia social. No se puede invocar el cumplimiento de los derechos humanos en una sociedad donde se auspicia la desigualdad y el irrespeto a la dignidad esencial del ser humano”.

 

Termina señalando: (…) en tal virtud, conviene al Estado analizar las desigualdades y corregir las prácticas discriminatorias, así como el injusto reparto del poder, que obstaculizan el desarrollo. Con ese telón de fondo institucional de los derechos humanos  -de tanto relieve en la sociedad moderna y en el nuevo constitucionalismo-  se impregnan de dignidad humana los indicadores sociales que miden el grado de desarrollo”.

 

 

 

Garantías y principios rectores del proceso penal

 

El Código Orgánico Integral Penal, dentro del Capítulo Segundo, del Título II, que trata sobre las garantías y principios generales, en el Libro Preliminar sobre normas rectoras, en el Art. 5 de dicho Código, se señalan los siguientes principios procesales: legalidad; favorabilidad; duda a favor del reo; inocencia; igualdad; impugnación procesal; prohibición  de empeorar la situación del procesado; prohibición de autoincriminación; prohibición de doble juzgamiento; intimidad; oralidad; concentración; contradicción; dirección judicial del proceso; impulso procesal; publicidad; inmediación; motivación; imparcialidad; privacidad y confidencialidad; y objetividad; recogiendo de este modo lo señalado en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que están vigentes en el país, principios que serán analizados en un trabajo que estoy preparando.

 

Conforme he señalado, el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal, señala veintiún principios procesales, por lo que es menester hacer un breve análisis sobre lo que se entiende como principios y luego como principios procesales.

 

¿Qué son principio?

 

Son las directivas fundamentales que deben ser imprescindiblemente respetadas para lograr el mínimo de coherencia que supone todo sistema; y sin duda alguna, son: la igualdad de las partes litigantes; la imparcialidad del juzgador; la transitoriedad del proceso; la eficacia de la serie procesal y la moralidad en el debate, dice con razón el tratadista Alvarado Velloso. Además de los veintiún principios procesales que señala el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal.

 

 

Principios procesales

 

La mayor parte de la doctrina entiende por principios procesales las grandes directrices que expresa o implícitamente brinda el legislador para que el método de enjuiciamiento penal, en este caso, puede operar eficazmente de acuerdo con la orientación filosófica -política de quien ejerce el poder en un tiempo y lugar determinados; y esto está señalado en los Arts. 168 de la Constitución de la República; 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; 4 al 31 del Código Orgánico de la Función  Judicial; y, 5 del Código Orgánico Integral Penal.

 

Esto tiene su razón de ser, porque como las demás funciones del Estado, la de administrar justicia está sujeta al imperio de lo jurídico, solo puede ser ejercida dentro de los términos establecidos con antelación por normas legales y abstractas, que vinculan positiva y negativamente a los servidores públicos, en este caso a las juezas y jueces, fiscales y defensores públicos, pues estos tienen prohibida cualquier acción que no esté previamente prevista y únicamente pueden actuar apoyándose en una previa atribución  de competencia; es así que la Constitución de la República en el Art. 226, señala las competencias y facultades de los servidores públicos al manifestar: “Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.

 

De lo anotado se desprende que el derecho al debido proceso, es el que tiene toda persona a la recta administración de justicia, de tal manera que el debido proceso es aquel que satisface todos los requerimientos, condiciones y exigencias necesarias para garantizar la efectividad del derecho material y protegerlo de la eventual conducta abusiva de la autoridad que conoce y resuelve la situación jurídica; recordando que el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal, señala de manera expresa: “El derecho al debido proceso penal (…)”.

 

Todo esto tiene su razón de ser, porque sin duda alguna el servicio de la administración de justicia debe estar al servicio del hombre, así lo señalan varios artículos de la Constitución de la República que he mencionado en líneas anteriores, al reconocer la doctrina, que: “La dignidad humana es un principio fundante de lo social de derecho; de tal manera que la persona humana es el centro, razón y fin de la Constitución”, o sea que todas las funciones y muy en especial la Función Judicial, está al servicio del ser humano para que garantice en la práctica sus derechos, pues recalco una vez más la dignidad humana es un principio fundamental en el Estado constitucional de derechos y justicia social.

 

Así el derecho al debido proceso penal, que señala el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal, lleva implícito que el debido proceso llega al justo medio, pues no concibe al litigio como un conjunto armado entre las partes procesales, que luchan con las armas que cada uno inviste y se llaman: derechos, donde triunfará probablemente, el que tenga más fuerza aun cuando tenga menos razón, esto no puede suceder hoy día en atención a lo que señala el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal y su Exposición de Motivos, 140 del Código Orgánico de la Función Judicial, y 4 No. 13 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, pues hoy las juezas y jueces son los fiscales de la administración y órganos del control de constitucionalidad dentro de la justicia ordinaria, por eso la limitación del principio dispositivo y la implementación del principio iura novit curia; además la obligación constitucional y legal de motivar sus resoluciones conforme lo disponen los Arts. 76 No. 7 letra l) de la Constitución de la República, y 130 No. 4 del Código Orgánico de la Función Judicial.

 

De tal modo que si hoy en nuestro país, tenemos a juezas y jueces con más poderes, también tenemos a juezas y jueces que tienen mayores responsabilidades, conforme lo señalan los Arts. 11 No. 9 inciso 4 y 5; 172 de la Constitución de la República; y 15, 32, 33, 34, 130, 131 y 132 del Código Orgánico de la Función Judicial.

 

Recordemos lo que dice Diez Picazo Giménez: “Los derechos constitucionales son aquellos garantizados con rango constitucional que se consideran como esenciales en el sistema político que la Constitución funda y que están vinculados a la dignidad humana”, es decir son aquellos derechos que dentro del ordenamiento jurídico disfrutan de garantías, recordando que en nuestro ordenamiento jurídico existen seis garantías jurisdiccionales, cuatro ordinarias y dos extraordinarias; las ordinarias son la acción de protección, el hábeas corpus, la acción de acceso a la información pública y el hábeas data, se llaman ordinarias porque se presentan ante la justicia ordinaria; mientras que las extraordinarias son la acción de incumplimiento y la acción extraordinaria de protección, que se las presenta directamente ante la Corte Constitucional.

 

 

Conclusiones

 

Dentro del proceso de cambio que vive el país, es el propósito público que el ser humano desenvuelva su vida de la manera más digna, pues el fin de la administración  pública es dignificar al ser humano a través de servicios eficientes; esto se logra si existe una sincera voluntad de servir al bien común, de promover el bien general, y por tal para conseguir estos fines se parte de un respeto irrestricto a la dignidad de la persona humana, para lo cual existe el Estado; recordando que el Art. 83 de la Constitución de la República que señala la obligaciones y responsabilidades que tenemos las ecuatorianas y los ecuatorianos, en el No. 7, dispone: “Promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular conforme al buen vivir”.

 

En el campo penal, toda persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho punible, tiene derecho a ser tratada con el derecho debido a la dignidad inherente al ser humano, conforme lo dispone la Constitución de la República, Tratados Internacionales de Derechos Humanos, y hoy el Código Orgánico Integral Penal.

 

Debo señalar que la figura de la jueza o juez de garantías, ha sido tomada de la legislación chilena, que a su vez la tomó de Europa, y particularmente de Alemania, país que tuvo una fuerte incidencia en su reforma procesal penal, o sea esto se remonta a la reforma procesal penal de 1974.

 

Estoy preparando un trabajo sobre los principios procesales constantes en el Art. 5 del Código Orgánico Integral Penal; toda vez que el procedimiento penal se lo considera como un indicador del nivel de evolución del Estado de derecho de un país, y en este caso el nuevo Código Orgánico Integral Penal refleja como en ninguna otra área del derecho, lo que consideramos como Estado constitucional de derechos y justicia social, circunstancias que deben penetrar en la conciencia de las ciudadanas y ciudadanos, especialmente de quienes administran justicia en todas las materias, y fundamentalmente en la penal.

 

Debo señalar que el Código Orgánico Integral  Penal en una de sus disposiciones transitiuorias señala la obligación del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía y de la Defensoría Pública, que en el plazo de treinta días luego de publicado el Código Orgánico Integral  Penal, esto es a partir del 10 de marzo del presente año, deben capacitar al personal de dichas entidades sobre este nuevo sistema de administración de justicia penal; debiendo destacar que la Casa de la Cultura de Portoviejo que preside el Dr. Dumar Iglesias Mata, a fines del presente mes organiza una serie de conferencias de capacitación en esta materia, al cual he sido invitado. Igualmente el Foro Académico presidido por la Dra. María Elena Zamora, en Riobamba en el mes de abril va organizar un seminario sobre el nuevo Código Orgánico Integral  Penal.

 

Para terminar el presente artículo, es menester insistir, que el principio de dignidad humana es un propósito público para que el ser humano desenvuelva su vida de la manera más digna, pues la misión de la administración pública en general y en particular la de la Función Judicial, es la de dignificar al ser humano a través de servicios eficientes.

 

José García Falconí

Docente, Facultad de Jurisprudencia

Ciencias Políticas y Sociales, Universidad

Central del Ecuador

Correo: josegarciafalconi@gmail.com