Mi Maletín de Compras

# de items: 0
Total: $0.00
Califica este artículo:

(6 Votos)

Visitas:

153

Derecho a la Defensa en el Procedimiento Directo

lunes 06 de febrero del 2017 | 08:54

Última actualización: miércoles 22 de febrero del 2017 | 09:53

Derecho a la Defensa en el Procedimiento Directo

 

Autor: Dr. Esteban Israel Corone Ojeda

 

El derecho a defenderse forma parte de la garantía al debido proceso. Al respecto Alberto Suarez Sánchez manifiesta que “El derecho al debido proceso, en sentido abstracto, se entiende como la posibilidad que tienen las partes  de hacer uso  del conjunto de facultades  y garantías que el ordenamiento jurídico le otorga, con el fin de proteger sus derechos sustanciales, dentro de un procedimiento judicial o administrativo”[1]. Este derecho es una facultad inherente al ser humano,  la defensa se encuentra recogida en nuestra constitución de la República del Ecuador  en su art.: “En todo derecho donde se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurara el derecho al debido proceso…numeral 7. El derecho de las personas a la defensa  incluirá las siguientes garantías básicas:”[2]

            En el presente trabajo se realizará un análisis de la garantías del derecho a la defensa, en contraste con el procedimiento establecido en el Código Orgánico Integral Penal, para ello se utilizaran conceptos doctrinarios, instrumentos internacionales y Jurisprudencia de altas Cortes Internacionales en Derechos humanos.

La defensa es reconocida para todas las personas  en el ámbito de cualquier proceso, ya sea de carácter administrativo o judicial, siendo el núcleo principal el  debido proceso, en el que se integran varias garantías que se ejercen con este derecho, entre ellas: a) contar con el tiempo y medios adecuados para la preparación de su defensa, b) el ser oído en igualdad de condiciones,  c) la publicidad salvo excepciones, d) contar con la asistencia de abogado, e) objetar pruebas, f) ejercitar los recursos en las instancias correspondientes, g) imparcialidad de juzgadores.  La finalidad de estas garantías es impedir la arbitrariedad del estado en cualquier proceso que se lleva en contra de ciudadanos, obteniendo como repuesta una resolución judicial injusta, la búsqueda de la verdad de los hechos, la constante participación del involucrado o posible afectado, harán efectivas las garantías de un debido proceso.

El reconocimiento y protección del derecho a la defensa se encuentra normada en la Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 8 que nos dice: “1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”[3]

Naturaleza Jurídica.

El 10 de agosto del 2014 entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal en el que se instauro un procedimiento especial denominado Procedimiento Directo, indicando que en España es denominado como Juicio Rápido, regulado en  artículo 795  de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recogiendo similares características a nuestro juicio Directo.

Es necesario citar  El art. 640 numeral 1 del COIP: “Este proceso concentra todas las etapas del proceso  en una sola audiencia, el cual se regirá  con las reglas generales establecidas en este Código”[4].  Las etapas del proceso penal son la de Instrucción, Evaluación y Preparatoria de Juicio, y Juicio. Cada una de estas etapas conlleva una finalidad  y un plazo para su cumplimiento, tiendo como característica principal la agrupación de todas estas etapas procesales en una sola diligencia en el procedimiento objeto de estudio.

El procedimiento directo nace con la calificación jurídica de flagrante, en los delitos que tengan como una pena máxima privativa de libertad de hasta cinco años  y delitos contra la propiedad cuyo monto no exceda de treinta salarios básicos unificados del trabajador en general, es decir de cuyo monto no sobrepasen los $10.200. Inclinando la pretensión punitiva del estado a determinado grupo, antes de analizar a fondo, veamos lo que nuestra legislación entiende como flagrancia.

 El art. 527 del COIP, nos indica: “Se entiende que se encuentra en situación de flagrancia, la persona que comete delito  en presencia de una o más personas  o cuando se la descubre inmediatamente  después de su supuesta comisión, siempre que exista  una persecución ininterrumpida desde el momentos de la supuesta comisión hasta la aprehensión, así mismo cuando se encuentre con armas, instrumentos, el producto del ilícito, huellas o documentos relativos  a la infracción cometida. No se podrá alegar persecución ininterrumpida si han transcurrido más de veinte y cuatro horas entre la comisión  de la infracción y la aprehensión.”[5]

El juzgador califica la flagrancia y en lo posterior  convocará a una audiencia de juicio directo en un plazo máximo de diez días y hasta tres días antes las partes deben anunciar las pruebas por escrito. Se puede razonar que la intención de la Asamblea Nacional es otorgar mayor rapidez en la sustanciación del proceso penal, y orientar este tipo delitos hacia una grupo de terminado de la sociedad, lo que se conoce como política criminal.

Este procedimiento es orientado hacia un grupo seleccionado de la sociedad. Un  % 90.0 de los delitos puestos en conocimiento a los jueces a nivel nacional calificaron la flagrancia, el %  75,4 obtuvieron medida cautelar de prisión preventiva, por un presunto delito de robo. [6]Se evidencia una selección por parte del poder punitivo, como manifiesta Zaffaroni, que: “El grueso de los seleccionados  responde a este fenómeno, por lo que todas las cárceles del mundo están pobladas por estereotipos, según la respectiva sociedad y cultura”[7],

Con este procedimiento un ciudadano puede obtener una sentencia de hasta 9  años de privación de la libertad. Para ejemplificar de una mejor manera este procedimiento se considerará el delito de robo, que en su aplicación práctica conlleva una problemática interesante.  Este delito es sancionado con una pena privativa de libertad de 5 a 7 años. A primera vista no sería susceptible de este procedimiento, si es la sustracción de un teléfono celular cuyo costo es de veinte dólares estamos dentro de dicho presupuesto, si el sujeto activo  opera bajo una circunstancia agravante de la infracción establecida en el art 47 del COIP se aumenta el máximo de la pena en un tercio.

Con el caso expuesto, ¿Existe proporcionalidad entre el hecho cometido y la pena impuesta? La sustracción de veinte dólares tiene como respuesta por parte del estado la “rehabilitación” durante nueve años, seguramente al estado le costará más dinero en rehabilitar al justiciable que lo sustraído.

 

Tiempo para preparar la defensa.

Cada proceso penal tiene su particularidad, existirán casos en que diez días son suficientes para la preparación de la defensa y otros que resulte insuficiente dicho plazo, situación que la vamos a observar con el breve desarrollo de cada garantía.

La intervención de un profesional del derecho que asuma la defensa es un derecho establecido en la Constitución en el literal f) del art 76 num7 “En los procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada  o abogado  de su elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación libre y privada con su defensora o defensor”[8].

El corto plazo en que se desarrolla este procedimiento limita la elección de un defensor de confianza. Las Naciones Unidas se ha pronunciado de la siguiente manera: “toda persona arrestada, detenida, o presa, se le facilitarán oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas de un abogado, entrevistarse con él y consultarle, sin demora, interferencia ni censura y en forma plenamente confidencial” [9].

Con la designación de un defensor de confianza o de oficio – designado por el estado, en el Ecuador denominado Defensor público-, no cumple  a cabalidad con esta garantía, es necesario ejercer plenamente  otras garantías, como; la oportunidad de ejercer la defensa, el contacto del defensor con el procesado, la posibilidad de aportar con pruebas de descargo y contradecir las de cargo. El plazo de diez días interpuesto limita el ejercicio del derecho a la defensa a plenitud en el procedimiento directo.

La efectividad del derecho a la defensa depende de contar efectivamente con el tiempo necesario para preparar una estrategia de defensa, solicitar, obtener y practicar las evidencias que servirán como prueba en el juicio, incluso ese tiempo que necesita el abogado para entrevistarse con su defendido para estudiar de una forma adecuada el proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó la violación al Pacto de San José de Costa Rica, por no permitir la el acceso del defensor al defendido antes de rendir la declaración y antes de la sentencia de primera instancia.[10]

            En el caso “ Castillo Petruzzi vs Perú”, la Corte antes citada, encontró violatorio de la garantía de contar con los medios y tiempo para la preparación de la defensa,  que solo se otorgara un término de doce horas para estudiar el expediente, para luego pasar a dictar sentencia.[11]

Imparcialidad e independencia del juzgador.

Por otra parte es un derecho de todos los ciudadanos ser juzgados por un juez que no tenga interés en el proceso. Es otra de las garantías establecidas en el derecho a la defensa consagrado en  el art.  76 numera 7 literal k “Ser juzgado por una o un juez  independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado  por tribunales  de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto”[12] En el procedimiento directo se puede evidenciar que es el mismo juez de garantías penales el competente para sustanciar y resolver este procedimiento, de conformidad con el numeral 3 del artículo 640 del COIP.

Es el Juez de Garantías Penales el  encargado de resolver desde la calificación de la flagrancia hasta la sentencia en un plazo de diez días. Existe vulneración a la garantía de ser juzgados por un juez imparcial, siendo el mismo juez que califica de flagrante el hecho, quien emite un criterio sobre la detención y las circunstancias.

En todo proceso penal se dictan medidas cautelares, siendo la prisión preventiva la herramienta más utilizada por el sistema penal. Para la imposición de esta medida personal  son valorados por el mismo juez que sentencia; Art. 534 “1. Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito  de ejercicio público de la acción. 2 Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es autor o cómplice de la infracción.”[13]

El juez que califica la flagrancia, dicta la prisión preventiva; y es el mismo el encargado de emitir la sentencia correspondiente. Al respecto la Convención Americana de Derechos Humanos es clara al respecto articulo 8  Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías  y dentro de un plazo razonable, por un tribunal competente e independiente e imparcial…”[14]. ¿Este juez es imparcial con el pronunciamiento antes referido?

La garantía de juez natural es otro presupuesto del debido proceso. La  Corte Interamericana de Derechos  Humanos, ha establecido lo siguiente: “(el) artículo 8.1 de la Convención garantiza el derecho a ser juzgado por ‘un tribunal competente (...) establecido con anterioridad a la ley’, disposición que se relaciona con el concepto de juez natural, una de las garantías del debido proceso, a las que inclusive se ha reconocido, por cierto sector de la doctrina, como un presupuesto de aquél”[15]

El órgano jurisdiccional debe ser independiente, imparcial y competente. La Jurisprudencia Internacional ha definido  en una de sus sentencias lo que debemos entender por imparcialidad, “exige que el juez que interviene en una contienda particular se aproxime a los hechos de la causa careciendo, de manera subjetiva, de todo prejuicio y, asimismo, ofreciendo garantías suficientes de índole objetiva que permitan desterrar toda duda que el justiciable o la comunidad puedan albergar respecto de la ausencia de imparcialidad”[16]

El juez en el procedimiento directo carece de imparcialidad, en virtud de que el mismo emite criterios a diferentes momentos procesales, inclinando su posición ante los sujetos procesales, especialmente hacia el fiscal que presenta indicios al momento de formular cargos, siendo valorados para la imposición de una medida de carácter personal, siendo común la prisión preventiva. Antes de la resolución el juez que conoce el procedimiento directo realiza una valoración que afecta a la presunción de inocencia establecida en el art. 76 núm. 2 constitucional que establece “Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal, mientras no se declara su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia condenatoria.”[17].

En razón a ello y frente al ejemplo propuesto en párrafos anteriores, la imposición de medidas cautelares de carácter personal (prisión preventiva), generalmente por delitos en contra de la propiedad, afectan gravemente el derecho ser tratado como un inocente. Al respecto la Jurisprudencia Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado lo siguiente: “se vulnera si antes de que el acusado sea encontrado culpable una decisión judicial relacionada con él refleja la opinión de que es culpable”[18]

El tiempo para preparar la defensa influye para que el justiciable sea tratado como culpable. ”Para desvirtuar dicha presunción  es necesario demostrar la responsabilidad  con apoyo en pruebas debidamente controvertidas, dentro de un trámite que asegure la plenitud de las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la integra observancia de las reglas premeditadas en la ley para la indagación y el esclarecimiento  de los hechos, la práctica, discusión,  y valoración de las pruebas y la definición de responsabilidades  y sanciones.”[19]

En el procedimiento directo establecido en el COIP se obtiene una sentencia desde la calificación de la flagrancia en el plazo de diez. La defensa en todo proceso debe ser unitaria y continua, en los procedimientos directos de manera general, quien acude a la audiencia de calificación de flagrancia es el Defensor Público, de conformidad con las estadísticas del  Consejo de la Judicatura, los justiciables responden en su mayoría por delitos en contra de la propiedad. Después de la audiencia de calificación de flagrancia, suelen existir cambios en la defensa técnica, encontrándose quien asume la defensa con pocos días para el ejercicio de su derecho.

            Es un derecho de todos los ciudadanos ser escuchados bajo las mismas condiciones, la igualdad que debe existir entre Fiscalía General del Estado y la Defensa del justiciable. La Constitución de la República del Ecuador establece en su art 76 num 7 literal c “ Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones.”

La Fiscalía General del Estado tiene el monopolio en la obtención de las pruebas al momento de la detención de investigado. En un delito de robo con fuerza en las cosas, se dispone el reconocimiento del lugar de los hechos así como de las evidencias, versiones de testigos  y ofendidos, obtención de videos, entre otras diligencias, para ello cuenta con el cuerpo especializado de la Policía Nacional y otras instituciones que coadyuvan en la obtención de elementos incriminatorios. Se califica la flagrancia del caso presentado por parte del juzgador  y se convoca a audiencia bajo el procedimiento directo.

El justiciable no se encuentra en igualdad de condiciones para la obtención de pruebas de descargo y es juzgado ante esta situación de desigualdad. El principio resumido en la frase: nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio. Al respecto la autora Teresa Armenta Deu manifiesta: “Desde la perspectiva del acusador y defensor debe informar la oportunidad de las actuaciones  en las diferentes fases procesales. Circunstancia que ocurre en la citada de enjuiciamiento, pero que cede en ocasiones en la investigación  y de acusación, en razón a la oficialidad. La igualdad no admite limitaciones en la fase de juicio oral.” [20]

El derecho a ser oído guarda relación con el trato igualitario. La misma autora nos manifiesta: “ El principio de audiencia, a su vez, cubre el importante campo de aquellas cuestiones que, sin afectar el objeto del proeso, para poder ser modificadas exigen del juez que sean sometidas al conocimiento de la otra parte para su contradicción.[21]

La defensa tiene varios derechos que guardan íntima relación, el ejercicio de uno supone obligatoriamente el ejercicio de otro. Un claro ejemplo es lo que prescribe el artículo 76 numeral 7 literal h) “Prestar de forma oral o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra.[22]

Para el justiciable la obtención y presentación de la prueba es restringida teniendo materialmente siete días para obtenerlas después de la calificación de la flagrancia dictada por el juzgador, hasta tres días antes de la audiencia de juicio las partes deben anunciar las pruebas que serán actuadas en la audiencia de Juicio Directo. Para la obtención de las pruebas,  ya sea documental, pericial,  o testimonial, en su mayoría la práctica de esta diligencia debe ser solicitada al fiscal, como por ejemplo la práctica de cualquier experticia.  

  El fiscal debe observar el numeral 21 del art 5 del Código Orgánico Integral Penal: “En el ejercicio de su función, la o el fiscal adecuará sus actos a un criterio objetivo, a la correcta aplicación de la ley y al respeto de los derechos de las personas. Investigará  no solo los hechos y circunstancias  que fundan o agraven  la responsabilidad  de la persona procesada, sino también los que la eximan, atenúen o extingan”[23]  

El procesado canaliza su defensa a través del fiscal. Se puede vulnerar el derecho constitucional al debido proceso, teniendo como ejemplo que el fiscal sin justificar, es decir de una forma arbitraria omite proveer la práctica de alguna diligencia. De conformidad con la jurisprudencia constitucional se debe dar contestación aceptando o negando la solicitado, observando el derecho constitucional a motivar dicha resolución.

            La estrategia de la defensa se ve íntimamente relacionada con el cumplimiento de mencionada garantía, de forma objetiva se indica que debe guardar relación con el objeto del proceso.  Teresa Armenta  Deu manifiesta que el defensa debe tener las siguientes garantías “… Derecho a utilizar  todos los medios pertinentes para la defensa. Con un contenido básico configurado en tres aspectos a) derecho a proponer la práctica de medios de prueba; b) derecho a obtener un pronunciamiento motivado sobre la inadmisión de alguno o todos los medios de prueba  propuestos, y c) derecho a la práctica de la prueba propuesta, salvo su valoración como prueba ilícita”[24]

            El derecho al debido proceso guarda íntima relación una garantía con otra,  por ejemplo tenemos el derecho a ser escuchado en igualdad de condiciones, con la prohibición de restringir el derecho a la defensa. Si se violenta el primer derecho obligatoriamente va a existir violación del segundo. 

            Existen características importantes para llegar a la conclusión de que existe indefensión, teniendo los siguientes elementos que nos ilustra la autora española antes citada, siendo los siguientes:

que se haya infringido una norma procesal ( requisito necesario pero no suficiente (…), que exista privación o limitación de oportunidades  de defensa, entendiendo  por éstos los consistentes  en realizar alegaciones o en proponer y practicar pruebas; que la indefensión no sea imputable al que la sufre, de modo que la prueba  de la indefensión corre de quien la sufre, así como debe determinarse en cada caso el grado de diligencia exigible al justiciable o a su abogado o procurador; que la privación o limitación a la defensa haya quedado posteriormente sanada; que se ponga de manifestó  no sólo la limitación o privación, sino además el contenido que hubiera tenido lo pretendido, esto es demostrar la indefensión material , y  que la privación o limitación haya tenido incidencia efectiva en el fallo[25]

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Jaime Bernal Cuéllar y Eduardo Montealegre Lynett, El Proceso Penal II Estructuras y Garantías Procesales ( Bogotá:  Universidad Externando de Colombia, 2013), 913.

[2] Constitución de la República del Ecuador (2008), art 76 numeral 7 Quito: Asamblea Nacional, Comisión Legislativa y de Fiscalización, s f): 57.

[3] Convención Americana de Derechos Humanos (1969)

[4] Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, en Registro Oficial, Suplemento No, 180 (10 de febrero del 2014, numeral 1 articulo 640, en adelante se cita este Código como COIP.

[5] COIP, articulo 522.

[6] Los delitos en el Ecuador, p 70-74

[7] Eugenio Raúl Zaffaroni, Estructura Básica del Derecho Penal, Material de Cátedra de Teoría del Delito del Prof. Matías  Bailone en la Maestría en Derecho Penal de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador (Quito, Ecuador), 5

[8] Constitución de la República del Ecuador , art 76 numeral 7, literal g)

[9] Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del

Delincuente, La Habana (Cuba) del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990.

[10]  Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Castillo Petruzzi y Otros Vs Colombia, Sentencia del 30 de mayo de 1999.

[11] Ibíd.

[12] Constitución de la República del Ecuador , art 76 numeral 7, literal k)

 

[13] COIP, art 522 numerales 1 y 2

[14]  Convención Americana de Derechos Humanos art 8

[15] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Barreto Leiva vs Venezuela, Sentencia de 17 de noviembre del 2009.

[16] Ibíd.

[17]  Constitución de la República del Ecuador, art 76 numeral 2.

[18] Caso Cabrera García y Montiel Flores. Sentencia de 26 de noviembre de 2010.

[19] Jaime Bernal Cuéllar y Eduardo Montealegre Lynett, El Proceso Penal II Estructuras y Garantías Procesales, 927.

[20] Teresa Armenta Deu, Estudios de Justicia Penal (Madrid: Marcial Pons, 2014), 34.

[21] Ibíd., 35

[22] Constitución de la República del Ecuador, art 77 numeral 7 literal h.

[23] COIP, art 5 numeral 21

[24]  Armenta, Estudios de Justicia Penal, 36.

[25] Ibíd. 61.