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LIMITACIONES DEL DERECHO DE LEGÍTIMA DEFENSA

viernes 10 de febrero del 2017 | 09:56

Última actualización: miércoles 22 de febrero del 2017 | 09:54

LIMITACIONES DEL DERECHO DE LEGÍTIMA DEFENSA

 

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Me parece oportuno de alguna manera esta ocasión referirme a las  “Limitaciones del Derecho de Legítima Defensa”, tema que se encuentra desarrollado en uno de mis más recientes libros, denominado “LA ANTIJURIDICIDAD Y LAS CAUSAS EXCLUYENTES DEL INJUSTO PENAL EN EL COIP”, que está próximo a publicarse, en el cual se parte delimitando que la legítima defensa y sus límites reflejan un cambio en la praxis de los tribunales penales que comenzó alrededor de 1960, en donde la transformación son las observaciones introductorias al “Concepto y esencia de la legítima defensa” en el Manual sobre la Parte General del Derecho Penal de Maurach en la segunda edición de 1958.[2]

Evidenciándose que sin lugar a dudas además Hassemer ve una relación con la crisis de legitimación de la pena, en donde el derecho de legítima defensa derivado del derecho penal del Estado y de la sociedad tendría como consecuencia una ampliación de la punibilidad, a saber, del defensor.[3]

Ya que se podría pensar que el derecho de legítima defensa, tuvo lugar en la praxis judicial, sin que una extensión de la punibilidad, y su objeción a causa del principio nulla poena, fuera considerada problemática, en razón de que las limitaciones a la legítima defensa y las reglas jurídicas sobre la provocación de la legítima defensa determinen una agresión que también se podrá construir en todo caso a raíz de la “imprudencia” respecto a la propia defensa, en donde la situación de defensa se empeore sin que esto se haya de reconducir únicamente a la agresión.

Dando como resultado que la limitación del derecho de legítima defensa en caso de provocación se apoye en la consideración del principio de conservación del derecho[4], junto con el principio de protección individual llegando así de esta manera a constituir la base de la regulación de la legítima defensa, cuando el defensor comparte la responsabilidad del conflicto desencadenado con la agresión.

En razón de que podría pensarse que el agresor tampoco se encuentra en una situación de necesidad luego del comienzo de su agresión; antes bien, él podría proteger la integridad de sus bienes jurídicos abandonando la agresión.

En donde una objeción en contra de la limitación del derecho a la legítima defensa a causa de una provocación precedente del agredido podría resultar del principio de coincidencia o de simultaneidad, ya que este principio, derivado del principio de la culpabilidad por el hecho, exige que en principio, todos los presupuestos de la punibilidad del delito deban estar presentes en el momento en que finaliza la acción. [5]

Mismo que podría infringirse si la antijuridicidad de la acción de defensa es fundada en una provocación que la precede temporalmente. Sin embargo, hasta el momento es poco claro el sentido del principio de coincidencia; ya que este principio es referido esencialmente a los elementos subjetivos del delito. [6]

Debido a que, en una relación de antijuridicidad entre la provocación y la acción de defensa, podría pensarse a lo más en penalizar la acción de provocación en cuanto este ha sido el enfoque de evaluar la provocación de la legítima defensa según los principios de la “actio illicita in causa.” [7]

Ya que la limitación de la legítima defensa en caso de provocación por ejemplo con dolo eventual o con imprudencia resulta que la determinación de la pena estructuralmente no ha de ser garantizada en una gran parte de los casos ya que no es necesario en absoluto pensar en una determinación legal.

Siendo oportuno en tal sentido inferir que las causales de justificación, dentro de las cuales se trata dogmáticamente la figura de la legítima defensa, son por así decirlo, los motivos jurídicos que una sociedad determinada tiene para tolerar una conducta que atenta contra intereses ajenos.[8]

Evidenciándose que dos circunstancias cobran relevancia, y son, por un lado, la necesidad de examinar los supuestos de hecho pertinentes, el comportamiento típico, lo que se puede titular como la situación fáctica de justificación, y por el otro, la necesidad de considerar la configuración social concreta, y para el caso de la legítima defensa, la relación político jurídica entre el Estado y el ciudadano, ya que el derecho de legítima defensa es consecuencia necesaria de su concepción del Derecho en general[9], cuya tarea consiste en establecer las condiciones necesarias para armonizar las actuaciones de los sujetos exponiéndose la idea del Derecho como “el conjunto de condiciones bajo las cuales el arbitrio de uno puede conciliarse con el arbitrio de otro según una ley universal de la libertad”[10]

En donde por ejemplo la desproporción entre los bienes jurídicos en conflicto respecto al ámbito de las relaciones familiares puede deducirse frente a todos los casos de los denominados límites del derecho de legítima defensa.

Siendo otro aspecto fundamental en las denominadas limitaciones a la legitima defensa el tema de la provocación por cuanto se entendería que quien provoca suficientemente no se constituye en agresor injusto, con lo que resulta que la provocación suficiente no equivale a una agresión ilegítima, y por lo tanto no es posible defenderse legítimamente de una provocación[11].

Este razonamiento es claro, ya que si quien provocara suficientemente se convirtiera en agresor, contra su conducta cabría ya una legítima defensa, en razón de que la provocación es un acto necesariamente anterior a la agresión ilegítima que incita.

No obstante que pasaría si el agente provocador, pasa a convertirse en el sujeto agredido, podría decirse que efectivamente la provocación inicial efectuada por el sujeto o agente provocador es la línea determinante de la configuración de la actuación que se derivó en lo posterior en razón de que pese a que posteriormente este se convirtió en el sujeto agredido la intención de causar una agresión producto de la provocación fue causada por el mismo en tal sentido no se configuraría un caso de legítima defensa en donde se causaron lesiones a favor del agresor  (provocador).

Denotando que la única excepción a esto la configura el caso de aquel que provoca conjuntamente con otras personas, y que no resulta ser luego el blanco de la agresión efectiva del sujeto provocado. En este caso, el provocador no agredido tampoco puede intervenir legítimamente en la defensa de los provocadores efectivamente agredidos.[12]

 



[1] Abogado por la Universidad Internacional Sek (Quito, Ecuador). Especialista (c) en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador), Autor de los libros Mundo, Alma y Vida; Senderos de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial; Breves Nociones de la Criminología, la Penología y la Victimología en el Contexto Criminal; y Teoría General de los Recursos y Remedios Procesales en el COGEP. scor1719@hotmail.com.

[2] Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, t. 2, 3ª ed. 1997, p. 547-550.

[3] Hassemer, en: Kaufmann et al. (eds.) Festschrift für Paul Bockelmann zum 70. Geburtstag, 1979, p. 230 s. Sobre otras hipótesis sociológicas, cfr. también Arzt, en: Grünwald et al. (eds.) Festschrift für Friedrich Schaffstein zum 70. Geburtstag, 1975, p. 77.

[4] Según el cual los tribunales constitucionales deben siempre buscar conservar al máximo las disposiciones emanadas del Legislador, en virtud del respeto al principio democrático. (Tomado de la Sentencia C-065 de 1997 Corte Constitucional de Colombia.)

[5] Neumann, Zurechnung und Vorverschulden, 1985, p. 14; Hrusschka, GA 1981, 236 (248), n. 16.

[6] Lenckner, GA 1961, 299; otras referencias en Lenckner, in: Schönke/Schröder, Strafgesetzbuch, Kommentar, 25ª ed. 2007.

[7] En este aspecto hay que ser sumamente cauteloso en razón de que por ejemplo la actio ilícita in causa para referirse a aquellos casos en que el sujeto desencadena una causa de justificación para actuar ilícitamente amparado en ella, resulta complicado imaginar casos en el que el sujeto crea un estado de exclusión de tipicidad o antijuridicidad para beneficiarse de una eventual condena, como por ejemplo invocar legítima defensa o error de tipo cuando la causa desencadenante de tales circunstancias ha sido provocada por el propio sujeto que se defiende o cae en error; y decimos complicado, puesto que en un principio se puede decir que los presupuestos negativos citados en realidad nunca se darían. Así, por ejemplo, si un sujeto provoca a otro para que a su vez éste lo agreda y en tal situación poder lesionarlo e invocar posteriormente legítima defensa, el problema no radica en establecer que el provocador ha creado un estado de legítima defensa para actuar amparado bajo una causa de justificación, sino que en realidad dicha causa nunca se configuró, precisamente porque hubo una provocación suficiente de quien hizo la defensa. (Tomado de Luzón Peña Diego Manuel, “Curso de Derecho Penal Parte General I”, Madrid, 1996, págs. 612 – 613.)

[8] Jakobs, Derecho penal. Parte general. Fundamentos y teoría de la imputación, 7.ª ed., (trad. Cuello Contreras / Serrano González de Murillo), Madrid 1997, p. 419

[9] Perdomo Torres, “El concepto de deber jurídico”, en Montealegre Lynett (ed.), Libro homenaje a G. Jakobs, Bogotá 2003, p. 233

[10] Kant, La Metafísica de las Costumbres, 1797 (trad. Cortina Orts/Conill Sancho), Madrid 2002, p. 39.

[11]Debiéndose considerar que la legítima defensa resulta justificada si trata de evitar una agresión ilegítima en el sentido de no autorizada por una norma jurídica, en tal sentido se requiere que la agresión constituya una infracción.

[12] Maurach Zipf. “Derecho Penal parte General, Tomo I”, Astrea. Buenos Aires; 2006.