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SISTEMA PENAL: Principio de Proporcionalidad y Rol de la Pena

lunes 06 de marzo del 2017 | 09:46

Última actualización: jueves 23 de marzo del 2017 | 10:38

SISTEMA PENAL

 

Principio de Proporcionalidad y  Rol de la Pena

 

 

Autores: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar.[1]

 

Ab. María Del Mar Gallegos.[2]

 

Es imperante delimitar que la Constitución de un Estado Constitucional de Justicia y Derechos, debe tener un imperativo y sin duda, lo tiene ya que asume entre otras cosas, un carácter plurinacional e intercultural del Estado respetando y garantizando la igualdad de derechos como podemos ver en el artículo 11 núm. 2 de la Constitución, el mismo, que se refiere a que: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades […]”[3]

 

Es decir sin lugar a dudas, se proclama un pleno reconocimiento de los derechos, lo cual nos conlleva a una disyuntiva, pues con la aplicación del derecho penal, esos derechos se ven coartados, pero es lógico debido, a que la persona, que se ve inmersa en la aplicabilidad del poder punitivo del estado, por haber transgredido bienes jurídicos protegidos.

No obstante esta aplicabilidad del poder punitivo, debe ir de la mano con el principio de proporcionalidad, mismo que caracteriza la idea de justicia en el marco de un Estado de Derecho, tanto así, que en nuestro ordenamiento jurídico, dentro del Art. 76 núm. 6 de nuestra Constitución, manifiesta la existencia de la “[…] proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales […].”[4]

 

 En donde esta proporcionalidad deberá medirse con base en la importancia social del hecho desprendiéndose de la exigencia de una prevención general, capaz de producir sus efectos en la colectividad.[5]

 

Teniendo en cuenta que el cumplimiento del principio de proporcionalidad, establecido por nuestros legisladores, debe ser aplicado por los jueces, en el ámbito de la Administración de Justicia, distinguiendo que la pena debe ser proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada; y a la vez  que dicha proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho.

 

Es decir la necesidad de la proporcionalidad se desprende de la exigencia de una prevención general, capaz de producir sus efectos en la colectividad, lo que genera que el Derecho Penal debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según el grado de afectación al bien jurídico.

 

Si partimos con esa idea de que el principio de proporcionalidad se vuelve relevante, que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado, estaríamos generando un concepto, a la par del establecido en el Art. 12 núm. 16 del Código Orgánico Integral Penal que menciona, “las sanciones disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, deberán ser proporcionales a las faltas cometidas […].”[6]

 

Es decir lo que se busca con la proporcionalidad, es que el poder punitivo, debe ser aplicado solo cuando sea estrictamente necesario por haberse trasgredido bienes jurídicos protegidos, claro está haciéndolo de carácter proporcional a la actuación realizada.

 

Lo cual nos conlleva a pensar si el establecimiento de penas, es necesario para garantizar una readaptación, resocialización, rehabilitación[7] siempre y cuando se lo aplique de manera proporcional al ilícito cometido, ya que la mayoría de los delincuentes necesitan diferentes tratamientos y políticas carcelarias, para lograr su reinserción en la sociedad[8], en donde surge un carácter instrumental del derecho penal y de la justicia criminal, en la que se debe analizar al delincuente previo a la comisión del acto, así como también determinar el criterio de la sociedad  que da pautas para la imposición de la sanción, poniendo límites al mundo en algunas ocasiones sin valorar preceptos o tipologías tanto criminológicas como victimológicas.

 

4.- Clasificación de las Penas y su funcionamiento:

 

Es imperante dejar en claro que el sistema penal, opera ejerciendo un poder punitivo represivo en forma de criminalización, de lo que se puede deducir entonces, que es obvio la exigencia de la aplicabilidad de roles según estereotipos, ya que como menciona Eugenio Raúl Zaffaroni cuando se refiere a que:

 

 Vamos por la vida exigiéndole a cada quien que se comporte como lo que parece según su estereotipo y todos vamos asumiendo un poco esas exigencias del rol, porque no podemos pelearnos con todo el mundo, que expresa o tácitamente nos rechace por disfrazados.”[9]

 

Nos está dando a entender que todos nos vamos haciendo un poco como nos ven y nos demandan los demás, es decir, no sólo tenemos una apariencia externa sino que la internalizamos o asumimos y acabamos comportándonos conforme a ella.

 

De igual manera eso también sucede con el estereotipo criminal, especialmente cuando el portador tiene caracteres de una personalidad lábil (débil) y resulta más fácilmente maleable, en donde es evidente que no es difícil lograrlo, porque todo contacto con el sistema penal es por así decirlo estigmatizante, a tal punto que esa marca es contaminante y provoca la prohibición de coalición, aislamiento social y estigma.[10]

 

En tal sentido la razón de la aplicabilidad de la pena, debe ser analizada a tal punto de poder determinar si dentro de nuestro sistema penal ecuatoriano, está operando adecuadamente, tomando en consideración que el Art. 63 del Código Orgánico Integral Penal, manifiesta la posibilidad de efectuar un “trabajo personal no remunerado que se realiza en cumplimiento de una sentencia […]”[11]

 

            Trabajo, que determina la posibilidad de la no aplicación de una medida de restricción de la libertad como lo es la cárcel, sin embargo, no puede ser aplicado en todos los tipos penales, ya que existen tipos penales, que de acuerdo a sus propios elementos constitutivos, no podrían ser merecedores de este tipo de sanciones, sino más bien es necesario la privación de la libertad, a fin de que en esta la persona pueda rehabilitarse, y lograr su reinserción social y económica.[12]

 

            Reinserción y rehabilitación, que según lo planteado en el Código Orgánico Integral Penal, se conseguirá dentro de los centros de privación de libertad, mismos que contarán con la infraestructura y los espacios necesarios para el cumplimiento de las finalidades del Sistema de Rehabilitación Social.[13]

 

Sin embargo, la realidad es que debemos buscar medidas alternativas, que permitan la consecución de dichos fines, y no solo mantenernos, en la idea de la prisión, como  la única solución, es decir se debe buscar algunas alternativas, para mejorar, el sistema penitenciario, y lograr la rehabilitación, y reinserción tan ansiada, a través de la implementación de programas de formación continua, que permitan a la población carcelaria, adoptar nuevos conocimientos, y aprender labores que les sirvan para fomentar su desarrollo.

 

Otro aspecto, sería fomentar la educación de los mismos, dándoles la posibilidad, de que obtengan un título universitario, que les permita desarrollarse en el campo profesional.

 

Es por ello, de suma importancia, que dentro de la aplicación de las políticas de Estado, se creen programas específicos, de ubicación directa de los reos, que ya estén por salir en trabajos, específicos, ya que el Estado, debe partir dándoles la confianza necesaria a las personas rehabilitadas para que logren su desarrollo en sociedad.

 

 

A fin de evitar que la pena sea vista únicamente como la pena privativa de libertad que desde la postura de Thomas Mathiesen, quien determino a la prisión como un fiasco, debido a las siguientes funciones:

 

1.      Función purgatoria.- Como lugar para alojar y controlar a la población improductiva.

2.      Función consuntiva del poder.- Ya que los purgados, son ubicados en una situación estructural en la cual permanecen como personas improductivas.

3.      Función distractora.- Ya que las clases con poder en la sociedad cometen actos socialmente peligrosos, sin embargo los que son capturados son los delincuentes de las clases más bajas.

4.      Función simbólica.- Determinación de representación de la sanción.

5.      Función ejecutiva.- La cárcel es el tipo de sanción más visible.[14]

Es decir desde, esta concepción, nos muestra claramente la ineficacia de la cárcel, tanto así, que según este autor, esta debería abolirse; concepto, que teóricamente, suena genial, sin embargo, en la realidad, no es posible, ya que desde nuestra propia concepción social el encierro ha estado presente dentro de toda la historia de la humanidad.[15]

 

            Es por ello que este análisis busca dejar la interrogante a cada uno de los lectores respecto a la aplicabilidad de las penas, su incidencia, necesidad y si está o no funcionando adecuadamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Abogado por la Universidad Internacional Sek (Quito, Ecuador). Especialista en Derecho Penal en la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador), Autor de los libros Mundo, Alma y Vida; Senderos de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial; Breves Nociones de la Criminología, la Penología y la Victimología en el Contexto Criminal; y Teoría General de los Recursos y Remedios Procesales en el COGEP. scor1719@hotmail.com.

[2] Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República por la Universidad de las Américas, Master en Criminología por The University of Melbourne, profesora de la Universidad de los Hemisferios, y de la Universidad de las Américas, ha sido asesora en el Ministerios de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Jefe Departamental Escuela de la Función Judicial Consejo de la Judicatura, ha sido expositora en diversas conferencias internacionales y nacionales sobre temas de criminología y derecho penal. 

[3] Registro Oficial No. 449, Constitución De La República Del Ecuador (2008).

[4]Ibíd., Art. 76 núm. 6. (La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.)

[5] Bernardo Feijoo Sánchez, Retribución y prevención general un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del derecho penal.

[6] Registro Oficial Suplemento No. 180, Código Orgánico Integral Penal (2014). Art 12, núm. 16.

[7] Bernardo Feijoo Sánchez, Retribución Y Prevención General Un Estudio Sobre La Teoría De La Pena Y Las Funciones Del Derecho Penal.

[8] Ibíd.

[9] Zaffaroni, Eugenio, Tratado De Derecho Penal Parte General. (Buenos Aires: Ediar, 1987).

[10] Ibíd.

[11] Registro Oficial Suplemento No. 180, Código Orgánico Integral Penal (2014)., Art 63.

[12] Ibíd., Art. 673 núm. 3 y 4.

[13] Ibíd., Art. 678.

[14] Thomas Mathiesen, Juicio A La Prisión Una Evaluación Critica (Ediar, s. f.).

[15] Ramiro Ávila Santamaría, «La prisión como problema global y la justicia indígena como alternativa local. El caso La Cocha».