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LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER EN EL COIP

viernes 10 de marzo del 2017 | 11:25

Última actualización: lunes 03 de abril del 2017 | 11:31

 

 LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER EN EL COIP


 Autor: Dra. Mariana Yepez Andrade


El antecedente de las disposiciones legales y de las políticas del Estado relativas a la violencia en contra de la mujer es la Declaración Universal de Derechos Humanos pues constituye una violación a éstos y para la región es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra de la Mujer, preparada por la CIM y aprobada por la Asamblea General de la OEA, el 9 de julio de 1994, en Belén do Pará, Brasil, la que señala que por violencia en contra de la mujer se entiende cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado.

 

El primer logro obtenido por las mujeres ecuatorianas es la ley contra la violencia a la mujer y la familia que definía las formas de violencia intrafamiliar y contenía normas sobre la  jurisdicción y competencia, y las sanciones para las contravenciones  de violencia.

 

El Código Orgánico Integral Penal  al unificar las leyes sustantivas y procesales, incorporó algunas que se relacionaban con la materia, entre ellas la ley de violencia. Los delitos de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar están contenidos en cuatro artículos:  el  155 solo es de  definiciones, y los 156, 157 y 158 describen las conductas y determinan sanciones. 

 

La violencia física es la que ocasiona lesiones. La violencia psicológica implica “perjuicio en la salud mental”, y la sanción está de acuerdo a  los daños producidos: leves, moderados o severos. La violencia sexual, en cambio es sancionada con las penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, sin contemplar ningún elemento adicional que le de identidad. 

 

También considera la existencia de contravenciones únicamente cuando se trata de violencia física que ocasione lesiones o incapacidad que no pase de tres días, lo que es sancionado con pena privativa de libertad de siete a treinta días. 

 

Merece relievar que se contemplan reglas propias para el juzgamiento de este tipo de delitos, como la intervención de fiscales y defensores públicos especializados y el derecho de las víctimas para acogerse al Sistema Nacional de Protección y Asistencia de víctimas, testigos y otros participantes en el proceso. 

 

En lo que se refiere a las contravenciones, el procedimiento es el expedido con normas especiales, entre las que se destacan las de competencia; la obligatoriedad de denunciar por parte  de quienes tienen el deber de hacerlo; la colaboración de los profesionales de la salud que tengan conocimiento de los actos de violencia, de los agentes de la Policía Nacional que están obligados a comparecer a la audiencia y a ejecutar  las medidas de protección, dar auxilio y transportar a la mujer y demás víctimas.

 

Los Jueces pueden dar medidas de protección tanto en los delitos como en las contravenciones; y en éstas fijará la pensión de alimentos que debe satisfacer el

presunto infractor mientras dure la medida de protección. En los delitos de violencia no es posible aplicar la conciliación (Art. 663), ni el  principio de oportunidad (Art. 412).

 

En conclusión, la  Ley de Violencia cumplió un importante ciclo porque permitió la sanción de las contravenciones de violencia física, pero  el COIP aclaró especialmente el concepto de violencia sicológica, y dio tratamiento preferente al procedimiento para conocer y juzgar los delitos y contravenciones de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. Además, es trascendente que la víctima tenga derecho a la reparación integral en los términos del Art. 77, pero no estoy de acuerdo en la apreciación amplia del núcleo familiar, tanto más que no es clara y principalmente que la violencia en contra de la mujer no tenga un tratamiento exclusivo en los términos de la Convención Interamericana de Belem do Pará, pues al incluir a los miembros del grupo familiar  se confunde y se aparta de la razón de la violencia contra la mujer que es la concepción de género.

Marzo del 2017

 

Mariana Yépez Andrade,

marianayepezandrade@gmail.com