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Principio “Indubio pro reo”

lunes 15 de mayo del 2017 | 15:28

Última actualización: lunes 15 de mayo del 2017 | 15:29

 

Principio “Indubio pro reo”:

Análisis de la prueba en el COIP

 

 

Autor: Dr. José García Falconí

 

 

Sobre la prueba, trata el Título IV, Libro Segundo del COIP desde el Art. 453 al 458; de esta manera el Asambleísta Nacional ubicó la prueba en la etapa procesal esencial, disponiendo que debe ser producida en la audiencia de juicio, ante los tribunales de garantías penales o la sala de la Corte  correspondiente, dejando como excepción al testimonio urgente que eventualmente podría ser practicado por las juezas y jueces penales, y a las investigaciones y pericias practicadas durante la instrucción fiscal, las mismas que pueden alcanzar el valor de pruebas una vez que sean presentadas y valoradas en la etapa de juicio, que recalco es la más importante dentro del proceso penal.

 

¿Qué es la prueba?

 

La prueba, es aquella actividad de carácter procesal, cuya finalidad consiste en lograr la convicción de la jueza o juez o tribunal o sala de la corte correspondiente, acerca de la exactitud de las afirmaciones de hecho operadas por las partes en el proceso. De tal modo, que la prueba es una actividad de naturaleza procesal, para convencer a la jueza o el juez, tribunal o sala de la corte correspondiente acerca de los hechos; o sea que su objeto, son las afirmaciones que las partes efectúan sobre tales hechos, información que de ellos llega al proceso.

 

El respetado maestro, José Robayo Campaña, catedrático de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador señala: “(…) que prueba es todo lo que sirve para dar certeza (hoy convencimiento) acerca de la verdad de una proposición o dicho de otra manera, es la suma de motivos productores de certeza (hoy convencimiento); adecuando al sistema moderno expreso que prueba es el enlace técnico de los elementos recolectados y autorizados constitucional y legalmente para reproducir con la mayor  exactitud un hecho histórico situado en un tiempo y espacio diferentes al del proceso (….)”.

 

Finalidades de la prueba en el proceso de juzgamiento

 

Como es de conocimiento general, el resultado del proceso depende fundamentalmente de la prueba.

 

Al respecto, el tratadista Falcón, señala que la prueba debe definir sus objetivos, de acuerdo con distintas consideraciones, esto es:

 

a.       Hay un objetivo general, que persigue afianzar la justicia y tener a ésta como un valor absoluto, aquí la verdad es una meta; y,

b.       Hay objetivos más abstractos, que se pueden fraccionar en realizables; por ejemplo, sostener que el fin de la prueba es establecer un grado de convicción suficiente para juzgar operativos, o solución específica que esperamos que la sentencia exprese sobre las bases de las pruebas producidas.

El Art. 453 del COIP, señala: Finalidad.- La prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada”; mientras que el Art. 454 ibídem, señala los siete principios sobre la prueba.

 

Hay que dejar constancia, que para que opere el principio sobre la duda a favor del reo (in dubio pro reo) se hace indispensable un estudio completo de todo el acervo probatorio, después del cual debe surgir la responsabilidad del procesado en materia penal, es decir si no se concluye más allá de toda duda razonable la responsabilidad de la persona procesada, debe aplicarse el principio de la duda a favor del reo (in dubio pro reo) y por tal  se debe confirmar el estado de inocencia del procesado.

 

El Dr. José Robayo Campaña, señala, que: “La finalidad primaria de la prueba es la demostración de la verdad procesal, no una verdad real que sucedió antes del proceso penal, sino la verdad formal que permite reflejar en el ánimo del titular del órgano jurisdiccional la certeza (hoy convencimiento) respecto de la existencia o inexistencia pretérita del hecho controvertido. La prueba es el factor básico sobre el que gravita todo el procedimiento, de ella depende cumplir con el fin último de la justicia que es encontrar la verdad y sancionar de haber mérito para ello”

 

Sobre la prueba lícita e ilícita y su valor, tengo un trabajo publicado, esto es sobre el Fruto del Árbol Envenenado, teoría del tratadista argentino José Caffareta Nores, que se encuentra regulado en el Art. 76 No. 4, de la Constitución de la República, y en el Art. 453.6,  del COIP, que lo trataré en un próximo trabajo; también he realizado un análisis jurídico sobre la verdad procesal señalada en el Art. 27 del COFJ, en mi obra Los Nuevos Principios Rectores en la Administración de Justicia en el Código Orgánico de la Función Judicial.

¿Cuándo procede dictar sentencia condenatoria?

 

La sentencia condenatoria, sólo procede dictarla cuando la jueza o el juez,  el tribunal de garantías penales o la sala de la Corte correspondiente, se convence de la efectividad de los cargos contenidos en la acusación fiscal, aceptando como ciertos el relato de los hechos que ello supone a través de la prueba lícita y legalmente producida en la audiencia en la etapa de juicio, que es la principal dentro del proceso, como bien lo señala el artículo 609 del COIP, que dice: Necesidad de la acusación.- El juicio es la etapa principal del proceso. Se sustancia sobre la base de la acusación fiscal”, de lo contrario hay que dictar sentencia confirmando la inocencia de la persona procesada, como bien lo señala nuestro ordenamiento jurídico.

 

El Art. 34 del COIP, señala: Culpabilidad.- Para que una persona sea considerada responsable penalmente deberá ser imputable y actuar con conocimiento de la antijuridicidad de su conducta”.

 

La doctrina en materia penal señala con razón, que sólo se es responsable si se es culpable; de tal manera, que el derecho penal de culpabilidad, pretende que la responsabilidad penal esté directamente relacionada con la conducta del sujeto activo. Se es responsable por lo que se hizo (por la acción u omisión) y no por lo que es, de tal modo que sancionar al ser humano por lo que es y no por lo que hizo quiebra la garantía constitucional de la presunción de inocencia, al juzgar a la persona y no al acto, lo cual se encuentra expresamente prohibido en varias resoluciones dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos;  en el Art. 11, número 2, de la Constitución de la República, que dispone que no se puede discriminar por pasado judicial; y en varios artículos del COIP.

 

De lo anotado se desprende, para que la jueza, juez, tribunal de garantías penales o sala de la Corte correspondiente, dicte sentencia condenatoria, debe existir:

 

a)       Declaración de convencimiento, en cuanto a que el hecho ilícito existió; y,

b)       Declaración de convencimiento, de la culpabilidad penal de la persona procesada más allá de toda duda razonable, de ser autor o cómplice de dicho ilícito, toda vez que el COIP, no contempla el encubrimiento, y más bien el Art. 272, de dicho cuerpo de leyes, señala como delito autónomo, de fraude procesal.

 

Hay que recordar, que la sentencia condenatoria, es la forma normal como termina un proceso penal, se presume que es una síntesis de la verdad jurídica, es una conclusión procesal que establece una culpabilidad penalmente establecida, por tanto sólo pueden ser impugnadas con argumentos incontrastables que destruyan su fuerza y, presenten y demuestren el error del Tribunal de Garantías Penales, o jueza o juez correspondiente, al dictar dicha sentencia, a través de los recursos extraordinarios y técnicos de casación y revisión, que están contemplados en los Arts. 656 y 657 el de casación, y 658 al 660 el de revisión.

 

¿Cuándo la sentencia es justa?

 

Lo que busca el nuevo ordenamiento jurídico del país, es que se dicte una sentencia justa, o sea que la regla general es que la sentencia sea justa, y no sentencia injusta o arbitraria que debe ser la excepción, y esta es la razón por la cual, la jueza o el juez, debe emplear todos las facultades jurisdiccionales para investigar la verdad, de tal modo que el Art. 130 No. 10 del COFJ, le otorga estos poderes a la jueza o el juez de humanización del derecho procesal, esto es transforma a la jueza o juez en humano cuando emplea, poderes de humanización que se reflejan en el proceso judicial y al dictar la sentencia justa que declara la verdad conforme a la realidad material sucedida, reflejándose en efectividad sustancial, el derecho sustancial o material al que se refiere el objeto y lograr el fin del derecho procesal.

 

Insisto una vez más, que hoy en día la nueva justicia, es la transmutación del derecho sustancial o material en la sentencia justa, y esa verificación se hace mediante los medios probatorios sin los cuales no sería posible en el ejercicio de la función jurisdiccional.

 

En el próximo artículo en esta misma Revista Judicial, haré un trabajo más detallado sobre este tema importante; hoy concluyo señalando, que el orden jurídico vigente protege y asegura el derecho objetivo o material o el ordenamiento jurídico, pues solo así se consigue una sentencia justa, porque esa decisión permite la aplicación pacífica del derecho sustancial o material, y lo hace vigente realmente, porque protege los valores de la sociedad: como la paz, tranquilidad, armonía, seguridad, convivencia, lo cual permite que se protejan los derechos de las partes en el proceso judicial.

 

 

¿Cuándo la sentencia es injusta?

 

De lo anotado se desprende, que el nuevo ordenamiento jurídico del país, tiene como fin que se dicte una sentencia justa, esto es que se dé la razón a quien lo tiene, por tal sentencia injusta, es aquella que pugna con la evidencia de los hechos procesales, es la afirmación o reconocimiento de situaciones que desconocen la verdad de los hechos investigados en el curso de la actuación; es en otros términos, el desconocimiento de una situación precisamente demostrada para pronunciar una sentencia contraria a la verdad y a los hechos, sobre los cuales se edifica dicho concepto de realidad, o se trate de una duda razonable.

 

En tiempos pretéritos, se manifestaba que Alfonso el Sabio, decía que si existe duda entre varios sospechosos se le debe condenar al más feo, porque la bondad es belleza, así lo señalan los señores doctores Vicente Robalino, Paúl Carvajal y José Segovia, en el artículo publicado en el Módulo 1 de la Escuela Judicial, que menciono en el presente trabajo.

 

Hay que recalcar, que en la parte motiva de la sentencia, la jueza, juez, tribunal de garantías penales o la sala de la Corte correspondiente, debe expresar los hechos con la declaración de lo que se estimen probados en relación con los temas de la imputación, circunstancias de mayor o menor peligrosidad, elementos eximentes, agravantes, o atenuantes de la sanción, dando así cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 76.7 letra l) de la Constitución de la República, y 130.4 del Código Orgánico de la Función Judicial.

 

Arbitrariedad en la sentencia

 

La sentencia es arbitraria señala la doctrina y los estudiosos en esta materia, cuando:

a) No decide acerca de cuestiones oportunamente planteadas;

b) Decida acerca de cuestiones no planteadas;

c) Contradice constancias del proceso;

d) Incurre en autocontradicción;

e) Pretender dejar sin efecto decisiones anteriores firmes;

f) La jueza o juez se arroga el papel de legislador;

g) Prescinde del texto legal sin dar razón plausible alguna;

h) Aplica normas derogadas o aun no vigentes;

i) Da como fundamentos algunas pautas de excesiva libertad;

j) Prescinde de prueba decisiva;

k) Invoca jurisprudencia inexistente;

l) Incurre en excesos rituales manifiestos;

m) Sustenta el fallo en afirmaciones dogmáticas;

n) Sustenta el fallo con la sola apariencia de tal; etc.

 

Confirmación del estado de inocencia en materia penal

 

Si la prueba es poco concluyente o insuficiente, la jueza, juez, tribunal de garantías penales o sala de la Corte correspondiente, debe valorarla a favor del reo, pues como dicen los tratadistas en esta materia, la falta o insuficiencia de prueba de la culpabilidad equivale  a prueba de confirmación de inocencia, con razón se dice en el argot popular, es preferible absolver a diez  culpables que condenar a un inocente; de tal manera, que si una afirmación no es probada debe ser excluida del proceso, pues la jueza, juez, tribunal de garantías penales o sala de la Corte correspondiente, no puede condenar por su propia convicción e impresión, toda vez que el conocimiento privado del juez carece de eficacia probatoria, conforme lo dispone el Art. 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo análisis jurídico lo hago con detalle en mi obra El Rol de las Juezas y Jueces en el nuevo ordenamiento jurídico y el error inexcusable, especialmente al tratar sobre los hechos públicos y notorios, que señala dicha disposición legal, los mismos que no requieren de prueba.

 

El Digesto, nos trae una frase máxima: “Es preferible dejar impune al culpable de un hecho que perjudicar a un inocente”, por tal el procesado solo puede ser condenado mediante la precisa manifestación de la existencia del ilícito acusado, así como su responsabilidad penal en el mismo, de lo contrario el operador judicial debe fallar a favor del reo en caso de duda”.

 

Efectos de la declaración de inocencia del procesado

 

Los señores doctores Vicente Robalino Villafuerte, actual juez de la Corte Nacional de Justicia, y los juristas: riobambeño Paúl Carvajal Flor, y latacungueño José Luis Segovia, en el Módulo 1 Penal elaborado por la Escuela Judicial del Consejo Nacional de la Judicatura, “Estado social de derecho”, señalan lo siguiente: “Existe la teoría que el principio pro reo se aplica cuando se encuentra sentenciado, ya que caso contrario se aplica el pro infractor. Cuando se interpreta la ley, no se debe entender a criminalizar sino en sentido in dubio pro reo.

 

Cuando se dicta sobreseimiento provisional o se dicta sentencia absolutoria (hoy confirmatoria de inocencia) por la duda, no procede el pago de daños y perjuicios en contra del Estado, porque se le absuelve no por no ser culpable, sino porque hay duda, es decir que no se descarta la intervención en la comisión del delito.

 

Cuando se le absuelve (hoy confirmando la inocencia) en caso de duda, el absuelto no tiene derecho a demandar el pago de daños y perjuicios por el tiempo que se encontró privado de la libertad, porque hay duda, que no es lo mismo que se le absuelva por no habérsele justificado la existencia del delito.

 

El principio in dubio pro reo es un método, para absolver. La duda opera solo para dictar sentencia.

Este principio se relaciona siempre con la prueba”.

 

El Consejo de la Judicatura, junto con otras entidades del Sector Justicia, recientemente adoptó medidas para la excarcelación inmediata de las personas que sean declaradas inocentes, en una audiencia o que su prisión preventiva se haya cancelado, y esta iniciativa se la puso en marcha tras la aprobación del COIP.

 

Dicho Consejo, manifiesta: “Mediante un sistema informático que contiene una base de datos nacional de penas y órdenes de captura desarrollada por el Consejo de la Judicatura, instituciones del Sector Justicia, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Defensoría Pública, podrán acceder y verificar la información legal de los procesados.

 

El Presidente del Consejo de la Judicatura, explicó que si una jueza o juez declara la inocencia a una persona en una audiencia, ésta no volverá al lugar donde estaba detenida, y menos esperar tres, cuatro o incluso quince días hasta que se facilite la boleta de excarcelación”, termina señalando dicho Consejo, con razón: “Aquí hay que evitar dos calamidades: la una, que una persona ya declarada inocente se quede varios días retenido por un tema burocrático administrativo; y, por otro lado, que una banda peligrosa salga en libertad inmediatamente teniendo otros casos pendientes, aunque en una haya sido declarado inocente”.

 

 

También debo señalar, que se suspende la jurisdicción  de la jueza y juez, conforme dispone el Art. 153.1 del COFJ: “Por haberse dictado auto de llamamiento a juicio penal en su contra, por delito sancionado con pena de privación de libertad, hasta que se dicte sentencia absolutoria, en cuyo caso recuperará la jurisdicción, o sentencia condenatoria, en cuyo caso definitivamente la habrá perdido”, este entre otros artículos que constan en el COIP.

Jurisprudencia nacional sobre la certeza y el convencimiento

Sobre la certeza y convencimiento, existe una sentencia muy interesante publicada en la Gaceta Judicial Serie XVI, No. 1 (septiembre a diciembre de 1994); en la que de alguna manera se recalca que más que con los Códigos, doctrinas y jurisprudencia, la justicia se puede impartir aplicando el sentido común, y teniendo una firme inclinación hacia la equidad en el juzgamiento de los hombres, como bien lo dice el tratadista Hernando Londoño Jiménez.

Conclusiones sobre la duda a favor del reo

Debo manifestar, que el principio procesal de la duda a favor del reo (in dubio pro reo), beneficia a la persona procesada penalmente, cuando al momento de dictar sentencia que potencialmente descritica el derecho constitucional de la presunción de inocencia ante elementos afirmativos e informativos que no permiten estructurar con certeza la responsabilidad penal, esto es el convencimiento que se requiere sobre la culpabilidad de la persona procesada para dictar sentencia condenatoria.

Por esta razón, la doctrina señala, que la situación natural del hombre es la de ser inocente y libre, o sea que toda duda insalvable, actualmente más allá de toda duda razonable, conforme señala el Art. 5.3 del COIP, que aparezca dentro del proceso, debe beneficiarlo, pues con razón se dice que para la estabilidad de la sociedad, es menos dañino absolver a un culpable producto del insuficiente grado de convicción derivada de los medios de prueba que demuestren la existencia del hecho punible o la autoría o participación del procesado en la comisión del mismo, que condenar a un inocente que ha sido procesado penalmente.

Hay que aclarar, que la duda debe hacer relación a la culpabilidad, pues como es de conocimiento general la punibilidad es la consecuencia del delito, y aquí no opera la duda; de tal modo que hay que tener muy en cuenta que en la etapa intermedia del actual sistema penal no cabe la duda, pues esto promocionaría la impunidad, o sea que la duda, se produce en la etapa del juicio y al momento de dictar sentencia, esto en materia procesal penal; insistiendo que para dictar auto de llamamiento a juicio, se requiere conforme disponen los Arts. 601, 602 y 608 del COIP, demostrar la existencia del delito y elementos de convicción suficientes para establecer la responsabilidad de la persona  procesada como autora o cómplice, toda vez que es en la audiencia de juicio, que es la etapa más importante del proceso, donde se establece la culpabilidad y responsabilidad de la persona procesada penalmente.

De lo anotado se desprende que la duda, es un punto importante entre el convencimiento positivo y convencimiento negativo, porque el intelecto de los jueces, que conforman el Tribunal de Garantías Penales o la Sala de la Corte correspondiente o de la Jueza o Juez, es llevado hacia el sí y luego hacia el no, sin poder quedarse en ninguno de estos dos extremos, de tal modo que en estas circunstancias, la jueza, juez, tribunal de garantías penales o sala de la Corte correspondiente, por mandato de la ley, debe confirmar la inocencia de la persona procesada penalmente, debiendo tener en cuenta el principio de la duda a favor del reo (in dubio pro reo), regulado en el Art. 5.3 del COIP.

Para terminar este tema jurídico, debo recalcar, que el principio procesal de la duda a favor del reo (in dubio pro reo), se dirige al juzgador como norma interpretativa para establecer que en aquellos casos en que se haya realizado una actividad probatoria normal, si las pruebas dejaren dudas razonables en el ánimo del juzgador, de la existencia de la culpabilidad de la persona procesada, debería por justicia confirmar la inocencia de aquel, pues en el supuesto de incertidumbre se corre el riesgo de cometer una injusticia, y en este caso, no hay otro camino que el de elegir el mal menor que es establecer la inocencia, esto es el de absolver a un culpable antes que condenar a un inocente, o sea la duda se resuelve a  favor de aquel a quien la existencia del hecho incierto irrogaría perjuicio.

Dr. José García Falconí

Correo: josegarciafalconi@gmail.com