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COIP: ¿Sistema “Acusatorio” o “Adversarial”?

martes 16 de mayo del 2017 | 14:55

Última actualización: lunes 29 de mayo del 2017 | 14:12

 

 

 

COIP: ¿Sistema “Acusatorio” o “Adversarial”?

 

Autor: Dr. M.Sc. Giovani Criollo Mayorga

 

     El Código de Procedimiento Penal del 1983, de carácter netamente inquisitivo, vigente hasta la publicación de la Ley No. 000 contenida en el Suplemento del Registro Oficial No. 360 de 13 de Enero del 2000, la cual trae el nuevo Código de Procedimiento Penal, de tipo “acusatorio”[1], pretendió ajustarse a los requerimientos de la Constitución Política de 1998[2], la cual traía, entre varias de sus novedades sobre todo en Derecho Procesal penal, el sistema acusatorio y el procedimiento oral organizado de conformidad con los principios de inmediación, contradicción, dispositivo.[3] Con estos principios y garantías se pretendía armar un sistema ritual tendiente a la resolución de los “conflictos”[4] de forma más humana y “avanzado” lo cual nos convertía, a su vez, en más civilizados puesto que el sistema oral es propio del derecho anglosajón.

 

     Con esta base constitucional y después de varios siglos de emplear sistemas jurídicos copiados o derivados del Código Napoleónico, con su administración de la justicia denominada "detrás de puertas cerradas", Ecuador empezó a experimentar con sistemas legales llamados "abiertos", de confrontación, con juicios verbales. En este sistema, conocido en algunos de nuestros países como sistema acusatorio, el acusado tiene el derecho a escuchar los cargos legales impuestos contra él, así mismo tiene derecho a confrontar la "evidencia" presentada por la Fiscalía y tiene derecho a defenderse de esos cargos personalmente o a través de su abogado, confrontando a los testigos de la acusación y presentando sus propios testigos de la defensa.  No obstante estas posiciones doctrinarias que nos permiten tener una visión prima facie del enfrentamiento y consideración jurídico pragmática en nuestra nación, lo cierto es que de la revisión de varios autores importantes, podemos concluir que en efecto el sistema acusatorio “es una forma primitiva de justicia, desarrollada a partir de la fase mitológica de la mente humana, que sin embargo continua existiendo en Inglaterra y en Estados Unidos.”[5]

La eficiencia del sistema “acusatorio” ecuatoriano ha sido diametralmente opuesta a los fines que motivaron su implementación. En efecto, el COIP, en la Exposición de Motivos establece a este respecto que “En materia de procedimiento penal Ecuador ha tenido más de cinco leyes. El Código de Procedimiento Penal vigente desde el año 2000, introdujo un cambio fundamental en relación con el procedimiento de 1983: el sistema acusatorio. Sin embargo, no fue de fácil aplicación y sufrió múltiples modificaciones. En total, el Código se ha reformado catorce veces. Estas reformas no tomaron en cuenta las normas penales sustantivas y pretendieron cambiar el sistema penal, modificando solamente una parte aislada…… Es evidente que las normas sustantivas, procesales y ejecutivas penales vigentes no responden a una sola línea de pensamiento. Sus contextos históricos son muy diversos. Las finalidades y estructuras son distintas, sin coordinación alguna, inclusive contienen normas contradictorias. Esto se traduce en un sistema penal incoherente, poco práctico y disperso.” La verificación de los derechos y garantías del procesado, la existencia de un sistema penal más eficiente y sin sobre carga procesal, la implementación de una “novedosa” herramienta para resolver los conflictos penales, según indica el COIP, no se la pudo cumplir.

Como consecuencia de aquello el COIP, en el considerando décimo tercero, ya no refiere a la existencia de un sistema “acusatorio”, sino a la de un sistema “adversarial”: “Que el derecho penal adjetivo debe garantizar la existencia de un sistema adversarial, que cuente con fiscales que promuevan el ejercicio de la acción penal dentro de los principios y fundamentos del sistema acusatorio, con defensoras y defensores públicos que patrocinen técnicamente a las personas acusadas de cometer una infracción y a las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos ,y con juezas y jueces que dirijan el proceso y sean garantes de los derechos de los participantes procesales;…”, razón por la cual se hace necesario analizar varias características de dichos sistemas.

Historia de los procesamientos

 

          El autor Esmein[6], hace un estudio dialéctico de los procesos penales en relación con la evolución de la humanidad, y en este sentido nos manifiesta que “Se pueden distinguir, en efecto, tres tipos de procedimiento: el tipo acusatorio, el tipo inquisitivo y el tipo mixto. El derecho penal de casi todas las naciones comenzó con un procedimiento acusatorio, y cambió a un procedimiento inquisitivo”. Lo propio manifiesta el autor Osakwe cuando afirma que “El sistema adversarial (acusatorio) moderno es solamente un paso histórico más allá del sistema de venganza privada y todavía retiene algunas de sus características. En contraste a ello el sistema inquisitivo comienza históricamente allí donde el sistema adversarial detuvo su desarrollo. Está alejado, en el tiempo, dos pasos respecto del sistema de venganza privada. Por lo tanto desde el punto de vista de la antropología jurídica, es históricamente superior al sistema adversarial”[7]

 

      Para Stephen Thaman[8] el sistema acusatorio tiene sus raíces en los sistemas de derecho consuetudinario donde las propias víctimas cumplían las veces de “acusadores” o “fiscales” en las causas criminales y donde el acusado debía defenderse por sí solo, a través de ordalías divinas, o con la ayuda de sus aliados o parientes, por medio de duelos, cojuradores (oath compurgators) y otros procedimientos irracionales. Este sistema duró más en Inglaterra que en otros países del continente europeo en donde fue suplantado por procedimientos verdaderamente inquisitivos  dirigidos por jueces ex oficio reales o eclesiásticos. El sistema era simultáneamente adversarial cuando el resultado del conflicto criminal era resuelto por medio de un duelo, los cuales posteriormente fueron reemplazados por los jurados. Hasta comienzos del siglo XIX no existían fiscales en Inglaterra aunque en Estados Unidos ya aparecieron antes, por lo que la víctima seguía confrontando al acusado quien en realidad no tenía representación en un plano de igualdad. No era responsabilidad de ningún órgano estatal recopilar la prueba, investigar de forma secreta, o siquiera litigar el caso ante el tribunal. Para fines del siglo XVII los cuerpos inquisitivos, la Star Chamber y la High Comisión, habían sido abolidos y condenados tanto en Inglaterra como en Estados Unidos por haber obligado a los sospechosos a auto incriminarse, bajo juramento, antes de que existiese cualquier sospecha concreta.

 

     Coincide con la misma línea de pensamiento dialéctico evolutivo el profesor Luigi Ferrajoli[9] quien nos dice que “De acuerdo con los historiadores, durante los últimos tres mil años de la humanidad, se han experimentado tres sistemas judiciales en materia procesal penal. El primero fue el sistema acusatorio, que nació en Atenas, Grecia, hace dos mil o dos mil quinientos años, de donde pasó a Roma y luego a Europa Central y Occidental de aquél entonces; aun cuando algunos encuentran en el Código de Manu, de la India, las primeras raíces del sistema acusatorio….El sistema acusatorio oral de los griegos se perdió en las obscuridades de la edad media, en la cual, a cambio, se desarrolló el sistema inquisitivo…Hace doscientos años, la Revolución Francesa derogó el sistema inquisitivo y puso en vigencia el sistema mixto, que se caracterizó, básicamente, por el predominio del sistema inquisitivo en la etapa de la instrucción que nosotros llamamos sumario, y por el predominio del sistema acusatorio en la etapa del juicio que nosotros llamamos plenario. Este es el sistema procesal penal mixto, que algunos le han agregado el calificativo de moderno.”[10]

 

Elementos del sistema acusatorio.-

 

     Aunque para el tratadista colombiano Carlos Eduardo Mejía[11] las características que delimitan un sistema penal como acusatorio tienen relación con que se “distinga claramente el órgano de indagación, investigación y acusación del encargado de juzgar, y estime a éste último como simple, aunque también fundamentalmente, cortapisa del poder de investigación”,  la doctrina, en general, tiende a caracterizar como más o menos acusatorios los sistemas penales, dependiendo de la mayor o menor potestad investigativa que en cada uno se le otorgue a los Jueces, calificándose como inquisitivos, es decir, como menos acusatorios, a todos aquellos que otorguen mayores poderes investigativos al Juez. Así por ejemplo, el sistema inglés es puramente acusatorio “hasta el momento en que el jurado se pronuncia sobre la culpabilidad, pero después, la imposición de la pena –el sentencing— corresponde solamente al Juez, basándose en los informes que le han sido remitidos. Por otra parte, mientras el sistema francés es más bien inquisitivo, como el sistema belga, durante toda la fase preparatoria, en la fase de la vista oral reencuentra una dimensión de oralidad que lo aproxima a los sistemas acusatorios”[12].

 

     Pero nadie como el jurista francés Adhémar Esmein[13] hasta la presente fecha ha logrado definir tan claramente los elementos del sistema acusatorio, quien los delineó ya en el año de 1883. Dichos elementos son los que se detallan a continuación:

 

1.    El libre ejercicio del derecho a iniciar los procedimientos por parte de los ciudadanos;

2.    El juez es un “árbitro” en un combate personal;

3.    El juicio es llevado a cabo por pares del acusado que carecen de instrucción jurídica especial;

4.    La presencia personal de las partes es esencial;

5.    El juez no puede proceder por iniciativa propia; y,

6.    Los medios de prueba están en armonía con los prejuicios o creencias de la época.

 

      Para ser más claros en estos elementos caracterizadores, nos permitiremos así mismo transcribir al mencionado jurista, cuando nos detalla los elementos caracterizadores del sistema inquisitivo, los cuales son a saber:

 

1.    Inicio ex officio por parte del Estado;

2.    El juicio es delegado a un juez que tiene acceso al “cuerpo de las ciencias penales”;

3.    La investigación del juez no está limitada a la evidencia que es traída ante él;

4.    La apelación es un derecho; y,

5.    La toma de decisiones está basada en un sistema de pruebas legales.

 

     Pero no son estas las únicas características del sistema acusatorio. En efecto, a los referidos principios deben sumarse otros los cuales están establecidos en nuestra Norma Suprema, los cuales son a saber:

 

  1. La vigencia, respeto y efectivización de las garantías del debido proceso;
  2. El principio de celeridad; y,
  3. La eficiencia  en  la administración de justicia.[14]

 

     Nos parece interesante así mismo mencionar que las instituciones y principios que se recogen del sistema acusatorio son normas consagradas universalmente no solamente en los códigos de procedimiento sino en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, están en concordancia con los estándares internacionales y buscan hacer más eficiente y eficaz el procedimiento diferente allí establecido, sin que ello afecte norma constitucional alguna.[15]

 

 

 

Sistema acusatorio o adversarial.

 

     De forma muy constante y recurrente los distintos tratadistas del Derecho Penal confunden los términos “acusatorio” y “adversarial” como antítesis del sistema inquisitivo, sin embargo debemos manifestar que entre estos dos términos existen no solamente diferencias semánticas sino también históricas, jurídicas y dogmáticas, lo que implica que estos dos términos no son, como se supone con mucha frecuencia, intercambiables.

 

     El autor Richard Vogler[16] manifiesta que la adversarialidad como forma de juicio, no tiene nada que ver con la antigua tradición acusatoria y fue, en cambio, un procedimiento radicalmente nuevo desarrollado en Inglaterra en el siglo XVII. La adversarialidad introdujo en la temprana Inglaterra industrial un juicio basado en un conjunto de derechos legales del debido proceso con los que el imputado estaba investido, como la presunción de inocencia, el derecho a guardar silencio, el derecho a examinar a los testigos, etc. Profundamente inspirado en el pensamiento de la Ilustración y en las obras de John Locke, esta nueva forma de juicio fue inventada por abogados litigantes en Inglaterra entre 1730 y 1770[17]. Es anterior a la obra de los “philosophes” franceses y conformó las bases prácticas sobre las que se erigieron las grandes declaraciones de derechos humanos, por ejemplo, la Carta de Derechos estadounidense y la Declaración de los Derechos del Hombre francesa. Por primera vez se trataba de una forma de juicio penal articulada en el lenguaje de los derechos, en la cual el ciudadano acusado era puesto en un nivel de equidad con el poder soberano del estado (y no, como en el sistema “acusatorio”, a nivel de la víctima acusadora).

 

     Es decir que la adversarialidad debe ser considerada como un producto de la Ilustración Europea, con elementos poco comunes con el procedimiento acusatorio, y esencialmente es una aproximación del libre mercado al sistema penal, basado en la negociación individual, la libertad de contratar y el concepto de un individuo portador de derechos[18]

 

     Adicionalmente encontramos varias características en la adversarialidad, así tenemos:

 

1.    Es el producto de la tensión entre el ideal de equidad de la Ilustración y un sistema político fragmentado que no es lo suficientemente fuerte para producir un cambio social de tanta radicalidad.

2.    Está marcado por la retórica antiautoritaria del protestantismo angloamericano.

3.    Trajo consigo, por primera vez en la historia de la humanidad, un lenguaje de derechos humanos y de protección.

4.    La metodología que emplea es el empírico tanto a nivel del derecho como de la ideología.

5.    En sus propósitos prácticos presupone un espacio público en el cual el estado debe justificarse a sí mismo y ante los ciudadanos y es además el eje central de la organización del sistema penal.

6.    La técnica que emplea es la declaración voluntaria de culpabilidad (guilty plea)  y la negociación de la pena (plea bargain)  que representa la cualidad transaccional de su dinámica esencial[19].

7.    El descubrimiento de la verdad procesal depende del método relativista y comparativista.[20]

 

 

     Es decir que existen diferencias entre el sistema penal denominado como “acusatorio”, con el sistema penal llamado “adversarial” las cuales las podemos resumir a la afirmación dada por el profesor Heike Jung[21] cuando manifiesta: “Mientras que adversarial apunta al proceso contradictorio de la búsqueda de la verdad, accusatoire apunta, en primer lugar, a la necesaria existencia de un acusado.”

 

 

DEFINICIÓN DE SISTEMA ACUSATORIO.-

 

     Compartimos el criterio de Ricardo Rabinovich – Berkman[22] cuando manifiesta que el problema de las definiciones en el ámbito del derecho es que justamente mediante aquellas pueden dejarse de considerar aspectos propios de una institución jurídica, por un lado, y por otro, realzar de forma desmesurada otros elementos que merecen una consideración axiológicamente superior. En todo caso, consideramos necesario identificar una definición conglobante, que contenga, si no todos, la mayor cantidad de elementos que permitan identificar un sistema penal en uno u otro lado de la dicotomía reinante: acusatorio – inquisitivo.

 

     En efecto, consideramos como la definición más apropiada la dada por el profesor Luigi Ferrajoli[23], quien al referirse al sistema acusatorio manifiesta que: “precisamente, se puede llamar acusatorio a todo sistema procesal que concibe al juez como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes y al juicio como una contiende entre iguales iniciada por la acusación, a la que compete la carga de la prueba, enfrentada a la defensa en un juicio contradictorio, oral y público y resuelta por el juez según su libre convicción”.

 

     De esta definición podemos sacar elementos importantes, a saber:

 

1.    Es un sistema procesal, lo que determina que sean una política estatal por la cual la fuerza desmesurada del estado ha de normar su función sancionadora, es decir la legitimación del poder de sancionar;

2.    El juez, en un sistema acusatorio es considerado como un sujeto pasivo rígidamente separado de las partes, las cuales tienen a su disposición el proceso penal, desde esta perspectiva, estarían proscritas las pruebas ex officio, toda vez que no es el juez un interesado en la contienda, sino que su misión se limita a vigilar el cumplimiento del ordenamiento ritual penal y a las garantías del debido proceso como fuente primigenia del método de búsqueda de la verdad procesal;

3.    Se refiere específicamente al juicio como una contiende entre iguales iniciada por la acusación, lo que significa que no se distingue entre el sistema adversarial y el sistema acusatorio sino que se utilizan los mencionados términos de forma intercambiable; la acción obviamente el compete al acusador.

4.    Al acusador le compete la carga de la prueba, es decir el ONUS PROBANDI recae exclusivamente sobre el acusador y no sobre el acusado, quien goza de antemano del beneficio de la presunción de inocencia la misma que constituye una presunción juris tantum.

5.    El juicio es contradictorio, oral y público, es decir se garantiza de esta manera la contradicción de la prueba que debe ser conocida por la parte contra quien se pretende utilizar la prueba; la oralidad que determina, según la doctrina, un control de calidad de los operadores de justicia; y, la publicidad, criticada por muchos sectores como una punta de lanza en donde la independencia judicial pierde claridad y las decisiones judiciales pasan a ser influidas por los medios de comunicación.

6.    Finalmente se determina que en el sistema acusatorio el juez pone fin al conflicto penal según su libre convicción, lo que significa que la valoración jurídica de la prueba está sometida a esta libre convicción.

 

PRINCIPIOS RECTORES Y GARANTÍAS PROCESALES DEL SISTEMA ACUSATORIO.-

 

     El sistema acusatorio establece varios principios y garantías que la doctrina[24] ha denominado “rectores” del proceso. Estos son:

 

  1. Dignidad humana
  2. Libertad
  3. Bloque de Constitucionalidad
  4. Igualdad
  5. Imparcialidad.
  6. Legalidad.
  7. Presunción de inocencia e in dubio pro reo
  8. Derecho de defensa.
  9. Oralidad
  10. Actuación procesal
  11. Derechos de las víctimas
  12. Lealtad
  13. Gratuidad
  14. Intimidad
  15. Contradicción
  16. Inmediación
  17. Concentración
  18. Publicidad.
  19. Juez Natural
  20. Doble Instancia
  21. Cosa Juzgada
  22. Restablecimiento del derecho
  23. Cláusula de exclusión.
  24. Ámbito de la jurisdicción penal
  25. Integración
  26. Prevalencia
  27. Moduladores de la actividad procesal.

 

 

 

Dr. M.Sc. Giovani Criollo Mayorga.

montecrhisto@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] En verdad el sistema procesal penal ecuatoriano no es acusatorio sino un sistema inquisitivo reformado por la existencia de instituciones de carácter inquisitorio vigentes aún en el procedimiento penal. Para mayor referencia sobre este sistema inquisitivo mixto puede consultarse: Gómez Colomer, Juan Luis y Gonzáles Cussac, José Luis. Coordinadores. “LA REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL: ESTUDIOS EN HOMENAJE AL PROF. KLAUS TIEDEMANN”. Universitat Jaume-I. Col-lecció Estudi juridics. Num. 2; Bovino Alberto, “EL PRINCIPIO ACUSATORIO COMO GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD EN EL PROCESO DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PENAL” en  http://www.congresoson.gob.mx/docs_biblio/docBiblio_27.pdf; Rico M., José. “JUSTICIA PENAL Y TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA EN AMÉRICA LATINA”. Editores Siglo XXI, 1997.

[2] Publicada en el Registro Oficial No. 1 de 11 de Agosto de 1998 y vigente hasta la promulgación de la nueva Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 449, del día lunes 20 de Octubre de 2008.

 

[3] Los  Artículos 192 y 194 de la Constitución de 1998 disponían lo siguiente, en su orden: “El sistema procesal será un medio para la realización de  la  justicia.  Hará efectivas  las garantías del debido proceso y velará por el cumplimiento de los principios de inmediación, celeridad y  eficiencia  en  la administración de justicia. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.” y “La  sustanciación  de  los  procesos, que incluye la presentación  y  contradicción  de  las  pruebas,  se  llevará  a cabo mediante  el sistema oral, de acuerdo con los principios: dispositivo, de concentración e inmediación.”

 

[4] Para el Profesor argentino Edgardo Alberto Donna, quien dictó varios módulos de Teoría del delito en el Máster de Derecho penal y procesal penal efectuado en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador en los años 2007-2009, “el Derecho penal no resuelve ningún conflicto”. En este sentido puede consultarse también el artículo “Principios de Derecho Penal Mínimo” escrito por Baratta, Alessandro en “Criminología y Sistema Penal (Compilación in memoriam)”, Editorial B de F, Buenos Aires, Argentina, 2004, Pág. 302, en donde manifiesta: “El sistema punitivo produce más problemas de cuantos pretende resolver. En lugar de componer conflictos, los reprime y, a menudo, éstos mismos adquieren un carácter más grave en su propio contexto originario; o también por efecto de la intervención penal, pueden surgir conflictos nuevos en el mismo o en otros contextos.”

 

[5] Adhémar Esmein. “UNA HISTORIA DEL PROCEDIMIENTO CRIMINAL CONTINENTAL, CON REFERENCIA ESPECIAL EN FRANCIA”. Londres. John Murria. 1914.

 

[6] Adhémar Esmein. Ob. Cit, pág. 447.

 

[7] C. Osakwe. “MODERNO PROCEDIMIENTO CRIMINAL SOVIÉTICO: UN ANÁLISIS CRÍTICO”. Tulane Law Review, vol. 57, No. 3, 1983, Pág. 439, 447 y 601.

 

[8] Thaman, Stephen. “LA DICOTOMÍA ACUSATORIO – INQUISITIVO EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS”.

 

[9] Ferrajoli, Luigi. “DERECHO Y RAZÓN. TEORÍA DEL GARANTISMO PENAL”. Editorial Trotta. Sexta Edición. 2004. Pág. 564 y 565.

 

[10] Guerrero Vivanco, Walter. “ESQUEMA DEL PROYECTO DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DEL ECUADOR”. Universidad Católica de Guayaquil.

 

[11] Mejía Escobar, Carlos Eduardo. “EL JUEZ DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO COLOMBIANO”. Conferencia dictada en el X Congreso colombiano sobre oralidad y sistema penal. 2004.

 

[12] Asociación de Investigadores Penales Europeos e Instituto de Derecho Comparado de París, dirección de Mireille Delmas-Marty “PROCESOS PENALES DE EUROPA”. Editorial Edijus.

 

 

[13] Adhémar Esmein. Ob. Cit. Pág. 4 a 8.

 

[14] El Art. 169 de la nueva Carta Magna dispone que “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades.”

 

[15] Sentencia C-370-06 de la Corte Constitucional de Colombia.

 

[16] Vogler Richard. “LOS CAMINOS DE LA JUSTICIA. UNA VISIÓN MUNDIAL DEL PROCEDIMIENTO CRIMINAL”. Aldershot, Ashgate, en prensa.

 

[17] J.H. Langbein. “EL JUICIO CRIMINAL ANTES DE LOS ABOGADOS”. Revista legal de la Universidad de Chicago, 1978, Vol. 45, Pág. 263 a 316.

 

[18] R.A. Kagan. “LEGALISMO ADVERSARIAL: LA FORMA AMERICANA DE LA LEY”. Cambridge, Massachussets. Universite Harvard Press, 2001.

 

[19] Al respecto de esta posibilidad vale la pena consultar las múltiples objeciones establecidas por Luigi Ferrajoli, Joan Queralt, Jesus María Silva Sánchez, Alberto Bovino, etc. Por efectos de la relajación de las ganatías penales del procesado.

 

[20] Al respecto el COFJ establece: Art. 27.- PRINCIPIO DE LA VERDAD PROCESAL.- Las juezas y jueces, resolverán únicamente atendiendo a los elementos aportados por las partes. No se exigirá prueba de los  hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso cuando los tome en cuenta para fundamentar su resolución.

 

[21] Jung, Heike. “EL PROCESO PENAL, CONCEPTOS, MODELOS Y SUPUESTOS BÁSICOS.  En CONSTITUCIÓN Y SISTEMA ACUSATORIO. UN ESTUDIO DE DERECHO COMPARADO”. Universidad Externado de Colombia. Bogotá, Primera Edición, Septiembre 2005. Pág. 100.

 

[22] Rabinovich – Berkman, Ricardo. Recorriendo la Historio del Derecho. Editora Jurídica Cevallos. Segunda Edición. Quito, 2006.

 

[23] Ferrajoli, Luigi. Ob. Cit. Pág. 564.

[24] Jaime Bernal Cuellar y Eduardo Montealegre Lynett. EL PROCESO PENAL. Universidad Externado de Colombia.