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Jurisdicción Contencioso Tributaria: Juicio de Impugnación

lunes 18 de noviembre del 2013 | 15:01

Última actualización: jueves 28 de noviembre del 2013 | 08:33

Jurisdicción Contencioso Tributaria

 

 Juicio de Impugnación

 

 

Autor: Dra. Verónica Jaramillo Huilcapi

 

 

Introducción

 

La jurisdicción contencioso tributaria es improrrogable e indelegable y consiste en la potestad pública de conocer y resolver las controversias que se generen entre las administraciones tributarias y los contribuyentes.

 

El Artículo 1 del Código Adjetivo Civil, estatuye: “La jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los magistrados y jueces establecidos en las leyes.- Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de las cosas de las personas y los grados”.

 

De la disposición legal transcrita tenemos que, la jurisdicción se compone de tres elementos esenciales como lo manifiesta el Dr. Rodrigo Borja Cevallos, en su obra “Sociedad Cultura y Derecho”, pág. 108: “ …… la mera notio, o sea el conocimiento de la cuestión controvertida; la iuris dictio, que es la decisión o resolución acerca de ella; y, el imperium que es el poder que tiene el juez para imponer el cumplimiento de sus resoluciones”. En lo atinente a la competencia, me permito afirmar que la misma establece los límites dentro de los cuales se ejerce la jurisdicción.

 

La jurisdicción contencioso tributaria es improrrogable e indelegable y consiste en la potestad pública de conocer y resolver las controversias que se generen entre las administraciones tributarias y los contribuyentes, responsables o terceros por actos que determinen obligaciones tributarias o establezcan responsabilidades en las mismas o por las consecuencias que se deriven de relaciones jurídicas provenientes de la aplicación de leyes, reglamentos o resoluciones de carácter tributario.

 

La indicada jurisdicción, la ejercía el Tribunal Fiscal, que fue reemplazado, mediante reforma constitucional, publicada en el Registro Oficial de 5 de mayo de 1993  por el Tribunal Distrital de lo Fiscal, con sede en: Quito, Guayaquil, Cuenca y Portoviejo.

 

Debido a la amplitud del presente tópico, me referiré exclusivamente al juicio de impugnación, partiendo del siguiente presupuesto, acción es la facultad que tenemos las personas de concurrir a los órganos de justicia competentes para reclamar el reconocimiento de un derecho (pretensión). En este mismo sentido el profesor Devis Echandía, define a la acción como: “el derecho público, cívico, subjetivo, abstracto y autónomo, que tiene toda persona natural o jurídica, para obtener la aplicación de la jurisdicción del Estado a un caso concreto mediante sus sentencias, a través de un proceso, o para pedir que se inicie la investigación penal previa al proceso”.  En tanto que el concepto de impugnación, se encamina a contradecir u objetar las resoluciones judiciales que no son firmes y contra las que cabe recurso, de modo que según el tratadista Devis Echandía, la impugnación es el género, en tanto que el recurso es la especie.

 

Objeto de la impugnación en materia contencioso tributaria

 

En consecuencia el juicio de impugnación en materia tributaria, tiene por objeto revisar la legalidad de los actos que han sido dictados por la Administración Tributaria, que pueden ser los siguientes:

 

a)    Reglamentos, ordenanzas, resoluciones o circulares de carácter general, cuando se alegue que tales disposiciones han lesionado derechos subjetivos del reclamante.

b)    Contra los mismos actos indicados por quien tenga interés directo, sea por la entidad representativa de actividades económicas, los colegios y asociaciones de profesionales o por organismos de la Administración Pública o Semipública, cuando se persiga anulación total o parcial con efecto general de dichos actos.

c)    Los casos de denegación tácita o por silencio administrativo respecto a los reclamos y peticiones planteados en los casos previstos en el Código Tributario.

d)    Decisiones administrativas, dictadas en los recursos de revisión.

e)    Resoluciones administrativas que impongan sanciones por incumplimiento de deberes formales.

f)     Resoluciones definitivas de la Administración Tributaria que nieguen en todo o en parte reclamos de pago indebido o pago en exceso.

 

Para iniciar una acción de impugnación ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal es necesario que exista un acto dictado por la Administración Tributaria, este acto puede ser normativo (erga omnes), administrativo (inter partes) e incluso pudo haber operado el silencio administrativo (denegación tácita).

 

En aras de lograr una mejor comprensión y previo a exponer los requisitos de procedencia de la Acción de Impugnación, creo oportuno referirme a la norma contenida en el Artículo 11 del Código Tributario, que establece: “Los plazos o términos a que se refieran las normas tributarias se computarán en la siguiente forma: 1. Los plazos o términos en años y meses serán continuos y fenecerán el día equivalente del año o mes respectivo; y, 2. Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles.- En todos los casos en que los plazos o términos vencieren en día inhábil, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil siguiente”.

 

 

Requisitos para la Procedencia de una Acción de Impugnación

 

-          Existencia de una resolución administrativa de última instancia que niegue en todo o en parte el reclamo del sujeto pasivo de la relación tributaria. (Contribuyente o Responsable), o falta de resolución de la autoridad tributaria que es lo que produce la denegación tácita, dentro de los plazos que establecen los artículos 125, 136 y 137 del Código Tributario. Empero cuando en ciertas situaciones jurídicas se exija Resolución de la Administración, el silencio de la autoridad no puede suplirla.

 

-          Que el prenombrado acto de la Administración Tributaria, emane de autoridad competente y vulneren un derecho del administrado.

 

-          Agotamiento de la vía administrativa.

 

-          La interposición de la acción en el tiempo que la ley señala.

 

Trámite de la Acción de Impugnación

 

1.-  Presentación de la demanda por el contribuyente, responsable o tercero, ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal, que ejerce jurisdicción en el domicilio del actor en el plazo de veinte días contados, desde el siguiente día al de su notificación, en caso de residir en el Ecuador, o de cuarenta días, si residen en el exterior. Si lo que se impugna es una resolución administrativa que niegue la devolución del pago indebido, el plazo es de seis meses. Es preciso indicar que la presentación de la demanda contencioso tributaria suspende la ejecutividad del título de crédito que se hubiere emitido, en consecuencia no podrá iniciarse coactiva para su cobro o suspende el procedimiento de ejecución que se hubiese iniciado.

 

2.   La contestación a la demanda, por norma general, la efectúa la Administración Tributaria, en el término de 20 días, de conformidad con el Art. 9 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, la falta de contestación a la demanda se tendrá como negativa pura y simple de los fundamentos que motivaron la resolución, el trámite de la causa podrá continuarse de oficio o a petición de parte, sin que se requiera la acusación previa de rebeldía.

 

3.  Cuando existan hechos que deban justificarse, el Magistrado de Sustanciación, de oficio o a petición de parte, abrirá la causa a prueba por el plazo de diez días. El actor debe probar los hechos que ha afirmado en la demanda y que ha negado la autoridad demandada. Es trascendental tomar en cuenta que los hechos negativos tienen que ser probados, cuando afirmen versen sobre exención, extinción o modificación de la obligación

 

      En lo atinente a los medios de prueba todos son válidos, estatuye la legislación tributaria, excepto la confesión de funcionarios o empleados públicos; y, la prueba testimonial sólo se admitirá en forma supletoria, cuando en razón de la naturaleza del asunto, no pueda justificarse de otra manera los hechos que influyan en la determinación de la obligación tributaria.

 

4. El Tribunal Distrital de lo Fiscal competente, dictará sentencia dentro de treinta días contados desde que las partes fueron notificadas con la providencia “autos para sentencia”, tiempo dentro del cual las partes pueden presentar informes en derecho o solicitar audiencia pública o de estrados, con el fin de alegar.

 

5.   De la sentencia, las partes pueden solicitar la ampliación o aclaración dentro de los tres días (término) desde que se notificó con el contenido de la misma, o, interponer recurso de casación, para ante la Corte Suprema de Justicia. (Los contribuyentes, responsables o terceros tienen el término de 5 días para hacerlo, al tenor de lo que establece la Ley de Casación, en tanto que la autoridad de la Administración Tributaria tiene el término de 15 días, según el Art. 10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado).

 

 

 

Dra. Verónica Jaramillo Huilcapi

Jueza de lo Civil y Mercantil

Ex funcionaria del Servicio de Rentas Internas