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REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

jueves 10 de agosto del 2017 | 16:17

Última actualización: martes 29 de agosto del 2017 | 11:04

 REFORMAS AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL

 

 Autor: Dr. Wilson Torres Espinosa.


 


Introducción

El Código Orgánico de la Función Judicial tiene la finalidad de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, la independencia judicial y demás principios establecidos en la Constitución como lo es  el principio de Supremacía Constitucional, el principio de aplicabilidad directa, el principio de legalidad,  jurisdicción y competencia, el principio de independencia, el principio de imparcialidad, el principio de unidad jurisdiccional  y gradualidad, entre otros.

Cuando se cumplen ocho años de vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, algunos colegios de abogados del país; que, pese a la arremetida del anterior régimen para eliminar las agrupaciones profesionales, aún persisten en su cohesión y en su lucha clasista, han presentado a la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos del mencionado cuerpo legal, aunque otros exigen la derogatoria total.


La preocupación de los abogados en libre ejercicio y colegiados, se basa en que algunas disposiciones del Código Orgánico de la Función Judicial, especialmente los Arts. 118, 148, 324, 326, 327, entre otros, vulneran los derechos, tanto de los jurisconsultos como de los ciudadanos.

Entre varios cuestionamientos la presentan como una ley sancionadora, “especialmente aquellos artículos que se refieren a las sanciones que reciben por las denuncias presentadas en contra de un juez, cuando se le reclama por mora procesal, para que sea declarada esa actitud como maliciosa y temeraria, siendo amedrentados con multas de uno a tres salarios básicos.”

Son múltiples las quejas de los abogados, de una parte de los sesenta mil profesionales registrados a nivel nacional, principalmente en lo que respecta a la conformación del Consejo Nacional de la Judicatura; unos se pronuncian por las reformas y otros por la derogatoria de todo el Código, que se ha convertido en la piedra angular de la continuidad del Correismo más virulento; estando, como lo está, con el ex secretario privado y ahijado del expresidente a la cabeza de ese importante organismo.

 

¿Qué es el Consejo Nacional de la Judicatura?

 

 Según la Ley Orgánica de la Función Judicial, en el Art. 254.- dice: “… es el órgano único de gobierno, administración, vigilancia, y disciplina de la Función Judicial. . . es el órgano instrumental para asegurar el correcto, eficiente y coordinado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, autónomos y auxiliares. En ningún caso, el Consejo de la Judicatura se considerará jerárquicamente superior ni podrá atentar contra la independencia para ejercer funciones específicas de las juezas y jueces, de las y los fiscales y de las defensoras y defensores públicos.”

El Art. 258.- dice: … “se integrará por 5 delegados y sus respectivos suplentes, quienes elegidos. . .  mediante ternas enviadas por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, cuyo representante lo presidirá, por el Fiscal General del Estado, por el Defensor Público, por la Función Pública y por la Asamblea Nacional.”  

Este Código debe ser reformado o reformulado a más de lo denunciado por los dirigentes gremiales, porque ha convertido, a juicio de varios destacados juristas, al Consejo de la Judicatura en instancia suprema de la justicia, porque resta autoridad y merma atribuciones, especialmente al Presidente de la Corte Nacional de Justicia, que ha venido a establecerse en la mano –criterio político- que el expresidente prometió introducirla en esa función y que se ha quedado allí.

No se puede respirar libertad a plenitud, como quisiera y lo proclama el Presidente Moreno, si no existe plena y total independencia e imparcialidad de la Función Judicial en el Ecuador.

Por ello con la derogatoria o por lo menos en las reformas de ese Código, que persiste  como una de las Leyes que prolonga, entre otras áreas,  la “negra noche” de la última década, de la  llamada “revolución ciudadana”;  debería constar que el Presidente de la que tendría que nuevamente denominarse “Corte Suprema de Justicia”, sería también el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, porque es la máxima  autoridad de esa función y su presencia respaldaría el ejercicio  profesional de los jueces, su  independencia e imparcialidad de la justicia, requisitos indispensables para alcanzar la paz ciudadana y para su consiguiente desarrollo.

 

Mecanismos Constitucionales.

 

Para lograr  estos objetivos de toda la comunidad, si es preciso se debe propiciar mecanismos constitucionales como una consulta o definitivamente la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para afrontar o arreglar este y muchos otros aspectos de la norma suprema que están gravitando negativamente para el normal convivir nacional, entre ellos y sobre todo derogar, de una vez por todas la reelección, para todas las dignidades de elección popular, es decir que no exista ninguna clase de reelección y peor aún indefinida; y en el ámbito legislativo derogar o reformular la leyes: de Comunicación, de  participación ciudadana,  de plusvalía, de impuestos a los predios agropecuarios, para citar unas pocas.    

Con la ocasión de estas reformas o reformulación de esta ley que nos ocupa, debería introducirse un capítulo relacionado con la creación de la Auditoria Judicial que vengo reclamando; auditoría que no es otra cosa que el control aleatorio, secuencial y programado, del cumplimiento de las normas y de los procesos judiciales, para garantizar la tan anhelada: eficiencia, oportunidad, independencia e imparcialidad de la justicia. Esta innovación institucional, lógicamente, debe estar a cargo del Consejo Nacional de la Judicatura como órgano especializado; su implementación, a no dudarlo, aportaría para alcanzar la seguridad jurídica; y, en definitiva, la excelencia en la administración de justicia en el Ecuador.