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FORMAS EXTRAORDINARIAS DE CONCLUIR EL PROCESO COGEP

miércoles 17 de mayo del 2017 | 14:09

Última actualización: martes 30 de mayo del 2017 | 14:56

 

FORMAS EXTRAORDINARIAS DE CONCLUIR EL PROCESO

COGEP

Autor: Dr. José García Falconí

 

Las formas extraordinarias de conclusión del proceso, están reguladas en el COGEP, en los artículos  233 al 249, cuyo texto con concordancias consta el líneas anteriores.

El tratadista Valentín Cortez dice al respecto, que el proceso puede terminar de forma precipitada; esto es, excepcionalmente, dependiendo de la voluntad directa e indirecta de las partes el devenir normal del procedimiento, y así la doctrina trata de los supuestos de terminación anticipada del proceso por una acto de parte y estudia instituciones como: el allanamiento, el desistimiento, el retiro de la demanda, la transacción, la conciliación, el desistimiento y el abandono,  como formas extraordinarias de conclusión del proceso.

 

La misma doctrina señala, que en otras ocasiones la terminación precipitada del proceso viene motivada por acontecimientos que tienen un carácter distinto “Unas veces, porque el proceso puede quedar sin objeto como ocurría de producirse la muerte de las partes en un proceso matrimonial,  otras porque se puede producir la confusión de ambas partes en una sola persona como ocurría por la muerte de una parte siendo la contraria su único heredero y ésta aceptase la herencia, otras porque el transcurrir del tiempo sin desarrollar actividad procesal puede producirse como caducidad de la instancia”; lo que el COGEP en este último caso llama abandono.

Estas formas extraordinarias de conclusión del proceso, es que el mismo se trunca, o sea que ya no es necesario o imposible jurídicamente su terminación tras la tramitación completa y normal del mismo.

 

LA TRANSACCIÓN

Está regulada en el artículo 235, como forma extraordinaria de conclusión del proceso, pero también el COGEP lo contempla como excepción previa no subsanable en el artículo 153.9; de tal modo  como bien lo señala Valentín Cortez, al contrario de la renuncia y del allanamiento que ponen fin al proceso mediante sentencia absolutoria o condenatoria, la transacción pone fin al proceso sin necesidad de sentencia. Dicho en otros términos, la renuncia y el allanamiento son actos procesales de parte que determinan el contenido de la sentencia, pero no la evitan, mientras que  la transacción evita la sentencia y pone fin al proceso, porque deja a éste sin objeto.

Podríamos decir, que la transacción, es el negocio jurídico procesal cuyo objeto es la regulación de la relación jurídica litigiosa en orden a la composición del litigio y que por ello tiene por efecto jurídico la extinción del proceso”, añade: “Para que la transacción produzca el efecto característico de poner fin al proceso debe ser hecha ante el juez, siendo así parte misma del proceso, cuando la transacción se hace fuera del proceso, se hace valer en el mismo para obtener la condena o la absolución, por consiguiente no pone fin al proceso, ni evita la sentencia simplemente condiciona el sentido de ésta y, en consecuencia no es transacción judicial”.

 

El Código Civil en el Libro IV trata sobre la transacción en los Arts. 2348 a 2366, señalando el Art. 2348: “Transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual.

No es transacción el acto que solo consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa; y el Art. 2352, dispone: “No se puede transigir sobre el estado civil de las personas”; aclaro que sobre este punto lo trato con detalle en el tomo segundo de la obra antes mencionada.

 

EFECTO DE LA TRANSACCIÓN

Sobre el efecto, el maestro citado, señala: “La transacción judicial no produce los efectos de cosa juzgada, en primer lugar porque dicha eficacia está reservada tal como sabemos, a los actos judiciales decisorios en el fondo y en último extremo al estar sometida la transacción a la acción de nulidad, aun cuando diéramos a la cosa juzgada un sentido no técnico jurídico habría que concluir afirmando que no tiene un carácter inmutable ni permanente la transacción, pues como todo negocio jurídico que produce eficacia material, determina solo y exclusivamente las relaciones jurídicas inter partes, eficacia que nada tiene que ver con la de la cosa juzgada”

El maestro citado, concluye señalando, que no cabe transacción cuando las partes no tienen el poder de disposición sobre los derechos que surgen de dicha relación.

 

EL RETIRO DE LA DEMANDA

El COGEP, trata en el artículo 236, el retiro de la demanda, como una forma extraordinaria de conclusión del proceso, manifestando que la parte actora lo puede hacer antes de que se cite y en este caso el juzgador ordena su archivo; y, la parte actora puede volver a intentar la misma acción; pues el retiro de la demanda vuelven las cosas al estado anterior, o sea antes de haber la propuesta. Aclarando que solamente este retiro lleva implícita no la renuncia a la tutela judicial efectiva,  señalada en el Art. 75 de la Constitución, pues la parte actora puede volver a intentar la misma acción en otra demanda.

 

EL DESISTIMIENTO

Está regulado en los artículos 237 al 240, y como dice el maestro citado: “El desistimiento, es la declaración unilateral de voluntad del actor por la que tiene por abandonado el proceso, sin renunciar a la acción. Es un acto de causación cuyo efecto es la terminación del proceso por medio de una resolución en la instancia que deja imprejuzgable el fondo o firme la sentencia de instancia cuando se desiste del recurso interpuesto”.

Añade: “En principio, el desistimiento es perfectamente válido sin necesidad del consentimiento del demandado, pero puesto que la acción queda imprejuzgada, y por consiguiente puede ser reproducida con posterioridad, parece prudente que se requiera el consentimiento del demandado cuando éste habiendo contestado la demanda se hubiese opuesto a la misma, ya que en este caso puede tener interés que el proceso llegue a su fin y este sea resuelto por sentencia con autoridad de cosa juzgada. Cuando ese interés no existe, bien porque no se ha contestado la demanda, bien porque se desiste del recurso interpuesto, el desistimiento produce todos sus efectos, sin necesidad del consentimiento del demandado”.

Termina señalando, que el desistimiento, requiere de poder especial o en su defecto la ratificación de la parte interesada, recalcando que el desistimiento normalmente es una consecuencia de una transacción judicial.

 

EL ALLANAMIENTO

Está regulado en el COGEP, en los artículos 241 al 244, y es una manifestación de conformidad con la petición contenida en la demanda hecha por el demandado en cualquier momento del proceso; por tal el allanamiento, es la declaración del demandado de que la demanda está jurídicamente formada, así es una declaración positiva sobre los hechos alegados por el actor en su demanda y exclusivamente una aceptación pura y simple de lo que se pide por el demandante.

 

EFECTOS DEL ALLANAMIENTO

El maestro Valentín Cortez, señala los siguientes:

a)    Que una vez producido el allanamiento, el juez no tiene la posibilidad de entrar en el examen de la valoración de los hechos, pues estos quedan admitidos sin más por el hecho del allanamiento.

b)    La vinculación del juez a los hechos, no significa que aquel tenga que dictar sentencia, según el tenor del allanamiento, pues bien lo señala el tratadista Chiovenda: “El simple hecho del allanamiento no da derecho al actor a obtener una sentencia favorable”; de tal modo, que el juez queda libre para examinar si existe una norma abstracta aplicable al caso si la causa del contrato es lícita o si resulta probado el interés para actuar.

Parte de la doctrina consultada, señala al allanamiento más como un reconocimiento de los hechos de la parte actora que como una declaración de voluntad vinculante para el juzgador y referida a la pretensión del actor, afirmándose que la aplicación de la norma jurídica es simple misión  privativa del juzgador que no puede verse de ningún modo vinculado con la calificación jurídica que pueda hacer el demandado en razón del allanamiento, pues si fuera así la figura del juzgador quedaría desfigurada, pues éste por el simple hecho del allanamiento tendría que aceptar lo que fue pedido por el actor en su demanda; este punto debe ser aclarado por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia más aún si la doctrina reconoce el allanamiento expreso y tácito y además existe la duda cuando existen derechos indisponibles, conforme señalo en líneas posteriores.  

En conclusión, el allanamiento, es siempre un mecanismo o una forma extraordinaria de conclusión del proceso, en cuanto impone al juzgador la necesidad de dictar una sentencia siempre y cuando no se trata de violación a los derechos constitucionales, de perjudicar a terceras personas o de defraudar preceptos de carácter público; por esta razón el artículo 241 inciso primero, en su parte final, señala: “La o el juzgador no aceptará el allanamiento cuando se trata de derechos indisponibles”; y aquí nace la pregunta ¿Qué son derechos indisponibles.

La doctrina señala que lo es cuando se trate de violación de normas de orden  público o suponga perjuicios para terceros a través del fraude procesal o material, recalcando que el artículo 66 de la Constitución de la República establece los derechos de libertad, y el artículo 11 ibídem, señala en el número 6, que: “Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía”; igualmente el artículo 16 del Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia,  dice: “Naturaleza de sus derechos y garantías.- Por su naturaleza los derechos y garantías de la niñez y la adolescencia son de orden público interdependientes, indivisibles, irrenunciables, e intransigibles, salvo las excepciones expresamente señaladas en la ley”; debo señalar, que hay una sentencia dictada por la Ex Corte Suprema de Justicia sobre este tema jurídico, la No. 1175-2006-RA, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 53 del 29 de marzo de 2007.

Hay que recalcar, conforme señalo en la Cátedra de Derecho Constitucional, que dicto en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, que la Constitución de la República, ya no clasifica a los derechos en: primera, segunda, tercera generación, como lo hacía la Constitución Política de 1998; hoy, se clasifica de la siguiente manera:

a)    Derechos del buen vivir, que equivale a los derechos económicos, sociales y culturales, y que están regulados en los Arts. 12 al 34.

b)    Derechos de participación, que equivalen a los derechos políticos, que están regulados en los Arts. 95 al 117.

c)    Derechos de libertad, que equivalen a los derechos civiles, regulados en los Arts. 66 al 74.

d)    Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que equivalen a los derechos colectivos, regulados en los Arts. 56 al 65.

e)    Derechos de protección, que equivale a los derechos del debido proceso, regulados en los Arts. 75 al 82.

f)     Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, que equivale a derechos de grupos vulnerables, regulados en los Arts. 35 al 55.

Como dicen los juristas en esta materia, esta es una nueva forma de clasificación de derechos: innovadora, audaz y que permite identificar claramente el sentido esencial de cada derecho.

Aquí la interrogante ¿Cuáles de estos son derechos indisponibles?

Así, el allanamiento supone la disposición de la facultad de oponerse a la pretensión del actor, por consiguiente se trata de un acto exclusivamente procesal que no tiene trascendencia fuera del proceso; agrega el autor citado: “En realidad se trata de un acto de causación cuyo efecto directo es la terminación inmediata del proceso mediante una sentencia condenatoria al ser el allanamiento causa inmediata de la sentencia de condena no cabe allanarse en aquellos procesos en los que se ventilan relaciones jurídicas del ius cogens.

El allanamiento, no implica necesariamente la imposición de las costas al demandado; si el allanamiento se produce antes de contestar a la demanda, no procede imponer a aquel la condena en costas, dice la doctrina; lo cual implica desde luego no lo evita que se le imponga al actor. En cualquier caso, no se impondrá al demandado sino cuando se haya apreciado mala fe o dicho en otros términos cuando la demanda haya sido inevitable, por culpa del demandado.

El COGEP trata sobre las costas, en los Arts. 284 al 288, cuyo análisis jurídico estoy realizando en el segundo tomo.

El allanamiento que se produzca dentro del plazo para contestar a la demanda por fuerza hay que entender que es pura y simplemente contestación a la demanda, así dice la doctrina consultada. 

 

EL ABANDONO

Está regulado en los artículos 245 al 249;  y como dice el maestro antes citado, “la seguridad y certeza jurídica que se persigue con el proceso son imposibles, cuando tramitándose el proceso transcurre un plazo de tiempo de inactividad de las partes lo suficientemente amplio como para pensar que el litigio se ha arreglado por otros medios o que la sentencia ni es necesitada, ni querida por ninguna de las partes”, en nuestro caso, el tiempo para que se produzca el abandono es el término de 80 días; aclarando que existe una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia de cómo debe entenderse el abandono, cuyo texto consta en el anexo del tomo primero de esta obra.

La doctrina equipara el abandono a la caducidad, y su efecto es la terminación del proceso produciéndose el archivo del mismo; y si el abandono ocurre en primera instancia, la sentencia dictada en el proceso adquiere firmeza, pues recalco el efecto del abandono está clarificado en la resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, dictada el 10 de junio del 2015; tengo entendido que el Pleno de la Corte Nacional de Justicia está realizando un análisis jurídico sobre una aclaratoria a la resolución antes mencionada, pues la misma es necesaria a fin de que se dé cumplimiento al principio de seguridad jurídica señalada en el Art. 82 de la Constitución de la República.

 

Dr. José García Falconí

DOCENTE, Facultad de Jurisprudencia

Ciencias Políticas y Sociales

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

Correo: josegarciafalconi@gmail.com