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PROCEDIMIENTO MONITORIO

martes 12 de septiembre del 2017 | 12:03

Última actualización: miércoles 20 de septiembre del 2017 | 10:42

PROCEDIMIENTO MONITORIO


Autor: Dra. Rosa Suárez


                                                  

Introducción


Al principio, la justicia de propia mano, propendía a la aplicación de la fuerza por poder, frente a la actitud controversial, connatural al ser humano. La también natural resistencia, (ley física de causa y consecuencia, acción y reacción) provoca el rechazo a esas prácticas y presionan su exclusión, por formas mejor evolucionadas dirigidas a engrandecer la vida en común y crea las instituciones de control, o reguladora de conflictos. Ahora la “fuerza” radica en el Estado que a través de sus leyes manda, prohíbe o permite.


Y empieza el cambio, bajo el influjo de las corrientes de civilización, de la comunicación y hoy en día, al ritmo del vértigo de la tecnología, que obliga a levantar las anclas a las que estábamos atados en materia de reforma judicial profunda. Había que ser coherente con los principios del buen vivir1, los derechos de libertad2, de protección, acceso a la justicia, tutela efectiva, garantías de  defensa, tiempo, igualdad, publicidad, asistencia legal, argumentación y réplica, imparcialidad, motivación, recurrir, proporcionalidad, o, de la debida diligencia, de impugnar, y principalmente de la ORALIDAD, bajos los principios de concentración, contradicción y dispositivo, en función de lo cual se expide el Código Orgánico General de Procesos, publicado en el Suplemento de Registro Oficial No. 506 de 22 de mayo de 2015, y cuya total vigencia rige a partir del 23 de mayo de 2016.


A tiempo estuvo el legislador para introducir importantes cambios en la Ley Procesal, de los cuales, deviene en fundamental la implantación del “procedimiento monitorio”, practica activa en otros países, acoplándolo a nuestro comportamiento jurídico, y acercándonos a la realidad de un segmento social de gran influjo en el movimiento económico del país y por tanto determinante de su desarrollo.


El Código Orgánico General de Procesos, al estructurar los procedimientos orales los clasifica en: a) De conocimiento: ordinario, contencioso tributario y contencioso administrativo, sumario y voluntarios. Procedimiento Ejecutivos: ejecutivo y monitorio.


Procedimiento Monitorio


Ubicado el objeto de nuestro estudio, es decir, que este procedimiento (nuevo para nosotros), doctrinariamente, “es especial para la resolución rápida de conflictos jurídicos en los que no existe contradicción”; proviene de la palabra latina monitorius, que significa lo que sirve para avisar o amonestar, que encuentra su más común expresión en la monición que el Papa, los obispos y los prelados dirigen a los fieles para la averiguación de ciertos hechos o para señalarles normas de conducta principalmente en relación con circunstancias de actualidad.


Se articula a partir del capítulo II del libro IV del COGEP, e imprime características especiales que marcan la diferencia, con el español por ejemplo, que funciona con base en un “título ejecutivo” (…). El sentido de “monitorio”, se encuentra en que el proceso empieza con lo que podría estimarse una verdadera “sentencia”, constituida por el auto en que admitía a trámite la demanda por la jueza o juez, “concede el término de quince días para el pago (…)”, sin contradicción, siempre que la existencia de la deuda conste en un documento; por esta razón también se considera que el Ecuador ha incorporado a su legislación, el sistema monitorio “documental”, modalidad que queda consignada de manera expresa en el Art.356 inciso primero COGEP, donde el accionante entra ganando el caso, aunque sin fallo firme, porque aquello, no le garantiza una ejecución directa, a menos que la reacción del sujeto pasivo sea de silencio absoluto, o no manifieste oposición, conforme disposición del Art. 358 del COGEP. Este es el elemento que sustenta el criterio que califica al procedimiento monitorio como ágil y sencillo, al que naturalmente contribuye la oralidad, cuando el accionado se opone a la orden de pago y despliega el controvertido con tosas sus implicaciones procesales dando lugar a una audiencia.


Trámite del Procedimiento Monitorio


Pero, no necesita de juicio previo declarativo de derecho, sino que empieza por el “mandamiento de pago”, primer acto jurisdiccional, cuya contradicción, da el carácter de interlocutorio al auto, por ser el eslabón hacia la eventual apertura del debate en los términos del Art.359 del COGEP, en que el documento base de la demanda o de la afirmación de demandante, puede ser inutilizada por el demandado con prueba de descargo; es decir, el sujeto pasivo puede demostrar que no debe, imprimiendo la  característica de reversión de la carga de la prueba.


Otro, dato distintivo, es que si bien requiere de los elementos de deuda líquida, exigible y de plazo vencido, sin embargo no es formalmente un juicio ejecutivo, que precisa de similares exacciones, concentradas en un documento valor. En el actual sistema, el juicio monitorio escapa del derecho cartular al prescindir de la exigencia de un título ejecutivo, pero no de la relación fundamental subyacente, generadora de la obligación que vincule a los contrincantes, tal como se establece en el Art.356 del Código Orgánico General de Procesos, al facultar a los ciudadanos a: “cobrar una deuda determinada de dinero, líquida, exigible y de plazo vencido, cuyo monto no exceda de cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en general que no conste en título ejecutivo; siempre y cuando se pruebe la deuda (..)”. (Las cursivas y subrayado no son del texto).


Abarca un amplísimo campo de acción en la economía popular, pues las deudas cobrables pueden constar en cualquier documento, firmado por el deudo, con cualquier señal física o electrónica; facturas comprobantes de entrega, certificaciones, telefax, documentos electrónicos; cuotas de condominio, asociaciones, establecimientos educativos, matriculas, colegiatura; pensiones de arrendamiento vencidas, remuneraciones mensuales o adicionales de los trabajadores, entre otros; y hasta documentos generados unilateralmente en cuyo caso deberá existir prueba que concurra a demostrar su existencia.


Deudas Cobrables


Deudas cobrables por esta vía, también pueden provenir de un “hecho”, como la afirmación de que un arrendatario se encuentra en mora; esto que debe constar en una declaración juramentada, es la base del enjuiciamiento monitorio, sin ser un acto necesariamente practicado en jurisdicción de inquilinato, pues la declaración juramentada se gestiona generalmente como acto notarial, el único requerimiento, es que de aquella conste la relación previa entre acreedor y deudor, susceptible de comprobación en la sustanciación de la causa.


El avance más notable, es que funciona independientemente de la materia o especialización. Sirve lo mismo para apremiar el pago de deudas en el orden mercantil o comercial como en lo laboral, inquilinato, inclusive honorarios profesionales, dependiendo únicamente del monto a ser cobrado, que tampoco es desestimable, porque a 2017, los cincuenta salarios básicos unificados exigibles por esta vía, suman 18.750,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y la competencia para su conocimiento, trámite, resolución y ejecución, se concentra en las Unidades Judiciales de lo Civil o Multicompetentes. Por tanto la modalidad, ha de tener gran demanda entre los usuarios de Justicia, que antes, al amparo del abrogado Código de Procedimiento Civil, debieron  enfrentar enjuiciamientos ordinarios, verbal sumarios o ejecutivos escritos, largos y tediosos, tanto para las partes como para los operadores de justicia, por cuantías menores e ínfimas, pero con alto costo para el Estado, toda vez que se utilizaba el mismo trámite que para juicios de cuantías elevadas y de gran complejidad.


Característica adicional, es que puede ser demandado en formulario, y dependiendo de la cuantía inferior a tres salarios básicos unificados del trabajador en general, no requiere de patrocinio profesional.


El trámite monitorio, sin embargo, no implica dejar de obedecer las previsiones del pleito judicial estructurado, en su multiplicidad de reglas. Es que el Art. 357 del Código Orgánico General de Procesos, al establecer el “procedimiento”, manda a cumplir con los requisitos generales; es decir al demandante le corresponde cubrir las estipulaciones del Art.142 del mismo cuerpo de ley; y al demandado, -que quiere contradecir- responder sobre la veracidad de los hechos alegados en la demanda, la autenticidad de la prueba documental incorporada, la indicación categórica de lo que admite y lo que niega; y las excepciones seleccionadas de entre las alternativas que presenta el Art. 53 ibidem, con expresión de los fundamentos facticos relacionados; como el anuncio de la prueba en que se fundamenta la contradicción, conforme al Art.152 y 159 ibídem, incluyendo la eventualidad de la prueba testimonial. Necesitará igualmente de señalamiento preciso de la contradicción a efectos de fijar los puntos en debate, bajo las prevenciones del 156 ibidem, y cumplir todos los términos, incluyendo la posibilidad de la prueba nueva.


Procedimiento


Con la oposición en los términos del Art.151, en concordancia con el Art.359 ibidem, el proceso pasa a ser contencioso, propicio para evacuar la audiencia única en sus dos fases: 1. De saneamiento, con la fijación de los puntos de debate y conciliación; y, 2, Prueba donde se representa los medios a elección de la parte; y alegatos.


En la resolución adoptada en la misma audiencia, es fundamental la evidencia de la “relación previa entre el acreedor y deudor”, en la que radica la procedencia de la acción, justificada con prueba útil y conducente, como manda el Art.160 COGEP; resolución que apelada que fuere, necesita de previa fundamentación adecuada, conforme lo establece el Art.259 del COGEP. Para este caso, procede su concesión en efecto suspensivo, conforme a los lineamientos del Art.261 ibidem. La sentencia por escrito formalmente notificada, sube en grado a Tribunal de segundo nivel que debe resolver conforme al Art.260 ibidem, allanando el camino a la ejecución, cuando se ha aceptado la  demanda.


En consecuencia con los criterios de agilidad, el procedimiento monitorio, llega hasta los límites establecidos por el Art.359 ibidem, que prevén para el ejercicio de impugnación en la justicia ordinaria, tan solo los recursos horizontales de ampliación y aclaración, y el recurso de apelación, quedando excluidos de la posibilidad de acceder a casación, tanto por imperio de esta norma, cuanto porque de acuerdo en el Art.266 ibidem, este recurso cabe exclusivamente contra sentencias que pongan fin a procesos de conocimiento, que no son los procesos de ejecución, como el monitorio.

 

Bibliografía


1.    Título II, Capítulo III CRE

2.    Título VI, Capítulo II. Art.66 y siguientes CRE

3.    Título II, Capítulo VIII

4.    Art. 75 CRE.-5. Art. 76.7 CRE-7. Art.172 CRE-8. Art.173 CRE-9. Art.168.6 CRE.

5.    Tratado del Proceso Penal y del Juicio Oral. Cristóbal Núñez Vásquez. Editorial Jurídica de Chile. Pg.421.2003

6.    Art.358 del COGEP.

7.    Publicado por el Boletín Institucional de la Corte Nacional de Justicia