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REPARACIÓN INTEGRAL: MONTOS

miércoles 04 de octubre del 2017 | 16:08

Última actualización: viernes 13 de octubre del 2017 | 17:08

REPARACIÓN INTEGRAL: MONTOS

 

 Autor: Dr. José García Falconí

 


Acabo de publicar y está en circulación el primer tomo del libro Manual Teórico – Práctico en Materia Constitucional, Penal y Civil, que contiene un análisis jurídico sobre: el recurso extraordinario de revisión. – la responsabilidad extracontractual del estado por mal servicio público en general y en lo judicial (contemplado en la CRE, LOGJCC, COFJ, COA, Y CC.); además sobre: las acciones: extraordinaria de protección; de inconstitucionalidad; y, de repetición; en el que realizo un análisis jurídico sobre la reparación integral y como se debe calcular los montos de indemnización, teniendo en cuenta las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, a favor de las víctimas de detención ilegal o arbitraria, tortura y violencia sexual, otras lesiones no derivadas de la tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.

 

Definición de Reparación Integral

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado, que el concepto de reparación integral (restitutio in integrum) implica el restablecimiento de la situación anterior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, así como una indemnización como compensación por los daños causados; de tal forma, que las reparaciones tengan un efecto no solo sustitutivo sino también correctivo.

 

La misma Corte recuerda, que la naturaleza y el monto de la reparación ordenada, depende del daño ocasionado en los planos tanto inmaterial como material; pero también señala, que las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento, ni empobrecimiento para la víctima y sus familiares; por tal, debe guardar relación directa con las violaciones declaradas.

 

Termina señalando, que una o más medidas pueden reparar un daño específico, sin que esta se considere una doble reparación.

 

Respecto al daño moral, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señala que busca reparar el daño inmaterial, pero no tiene naturaleza pecuniaria, por cuya razón son conocidas como medidas de satisfacción; y así tenemos, por ejemplo, que la sentencia se publique en un medio masivo de comunicación; que se realice un reconocimiento público de su responsabilidad a nivel internacional, que se establezcan en consulta con los familiares de la víctima, un lugar o movimiento en memoria de las mismas, etc.

 

De lo anotado se desprende, que si el juez contencioso administrativo, al momento de resolver una causa, dicta sentencia aceptando la acción por responsabilidad objetiva, en caso de constatarse la vulneración de derechos y la existencia de daño antijurídico, deberá ordenar la reparación integral; esto es, material e inmaterial; y en el caso de acciones constitucionales, debe especificar e individualizar las obligaciones positivas o negativas a cargo del servidor judicial (en su caso del funcionario público) y las circunstancias en que debe cumplirse.

 

El ultimo inciso del artículo 49 de la LOGJCC, señala de manera expresa: “(…)el concepto de reparación integral incluirá todas las obligaciones materiales e inmateriales que el juez determine para hacer efectiva dicha reparación; además el artículo 63 inciso primero ibídem, señala que la Corte constitucional determinará si en la sentencia se han violado derechos constitucionales del accionante, y si se declara la violación, ordenará la reparación integral al afectado.

 

Reparación Económica

 

Igualmente el artículo 19 de la ley antes mencionada, dice: “Reparación económica.- Cuando parte de la reparación por cualquier motivo, implique pago en dinero al afectado o titular del derecho violado, la determinación del monto se tramitará en el juicio verbal sumario (según el COGEP procedimiento sumario) ante la misma jueza o juez, si fuere contra un particular; y en juicio contencioso administrativo si fuere contra el Estado. De estos juicios se podrán interponer los recursos de apelación, casación, y demás recursos contemplados en los códigos de procedimientos pertinentes”.

 

En el primer tomo del trabajo antes mencionado señalo que el artículo 78 de la Constitución de la república, establece como derecho de la víctima la reparación integral; al igual que lo hace el artículo 11 del COIP; pero lamentablemente no se ha establecido reglas de cálculo para fijar el monto de las indemnizaciones por daño material e inmaterial; razón por la cual, me permito en esta oportunidad, publicar en la Revista Judicial del diario La Hora, una serie de recomendaciones que sobre la indemnización realizó la Comisión de la Verdad, que se encuentra publicado en cinco tomos, que lo realizó la fiscalía general del Estado, cuando desempeñaba su función de Fiscal General del Estado, el señor doctor Galo Alfredo Chiriboga Zambrano

 

Montos de Indemnización

Los montos de indemnización que deberían ser asignados conforme al tipo de violación, la Comisión de la Verdad realiza un estudio, en el que se tuvo en cuenta lo siguiente:

A.   Las indemnizaciones ordenadas en las sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde su origen hasta el 2004.

B.   Los arreglos sobre indemnización en el marco de soluciones amistosas de casos del Ecuador ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

C.   Los montos de reparación asignados en programas de reparación administrativa adoptados en Latinoamérica, en particular por los países de: Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Guatemala, Perú y Colombia.

En atención a ello, se recomienda por parte de la Comisión de la Verdad, adoptar montos de indemnización comparables con los programas de reparación administrativa de países que sufrieron dictaduras en la región. En particular recomienda otorgar las siguientes indemnizaciones por vía administrativa, que son las siguientes:

1.- Para quien hubiere padecido privación ilegal o arbitraria de la libertad, se recomienda que reciba una suma equivalente a doce salarios básicos unificados; aclarando, en los casos en que dicha privación de libertad se hubiere prolongado por seis meses o menos.

2.- Cuando la privación de la libertad hubiere excedido los seis meses de detención, se recomienda otorgar la treintava parte de la canasta básica familiar por cada día adicional de detención de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador.

3.- Para quien hubiere padecido tortura, se recomienda que reciba una suma equivalente a 80 salarios básicos unificados, que deberá ser adicional a la indemnización recibida por privación ilegal o arbitraria de la libertad, en caso de que la tortura hubiere ocurrido durante dicha privación de libertad.

4.- Para quien hubiere padecido violencia sexual, se recomienda que reciba entre 80 y 103 salarios básicos unificados, dependiendo del tipo de violación sexual; aclarando que esta indemnización no debe ser acumulable con la indemnización por haber padecido tortura; esto es, la indemnización debe ser mayor a la de tortura, dado el hecho de que toda violencia sexual supone la ocurrencia de tortura, agravada por el padecimiento de agresiones contra la libertad sexual.

5.- Por otras lesiones físicas y psicológicas graves, que no hubieren resultado de tortura y violencia sexual, se recomienda otorgar una suma entre 55 y 69 salarios básicos unificados, dependiendo del impacto físico o psicológico padecido.

6.- Se recomienda, que los familiares de la víctima de ejecución extrajudicial y de desaparición forzosa, cuando la víctima directa no hubiera aparecido con vida, recibirá una suma de 229 salarios básicos unificados.

7.- Las víctimas reconocidas por la Comisión de la Verdad, que en el contexto de privación ilegal de la libertad, tortura, violencia sexual, ejecución extrajudicial o desaparición forzada, hubieren sufrido perdida o destrucción de bienes o vivienda, tendrán derecho a una indemnización por el monto que se determinare a través de un peritaje técnico; pero en todo caso, la indemnización, nunca será superior a 46 salarios básicos unificados.

8.- Se aclara, que, cuando la indemnización deba ser entregada a familiares de la víctima directa en caso de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, se recomienda que ésta se distribuya de la siguiente manera:

a. Un 50% para hijos e hijas, distribuido entre ellos en montos iguales.

b. Un 25 % para el padre y la madre.

c. Un 25 % para el cónyuge sobreviviente o para quien fuere conviviente con o sin unión matrimonial previa o pareja del mismo sexo durante al menos tres años al momento de la muerte o desaparición de víctima directa, siempre que lo declare ante un notario.

d. Cuando la víctima no hubiere tenido cónyuge, conviviente, con o sin unión matrimonial previa o pareja del mismo sexo al momento de muerte o desaparición, ni tampoco hijos o hijas, se recomienda que la indemnización se distribuya de la siguiente manera:

i. 50% al padre y la madre.

ii. 50% a sus hermanos y hermanas.

Se aclara, que se debe considerar como beneficiarios, también a los padres y madres y a los hijos e hijas de crianza que lo prueben debidamente ante el programa de reparación por vía administrativa.

Igualmente, se recomienda, que estos criterios de distribución puedan ser aplicados en los casos en que, tratándose de las otras violaciones, la víctima directa haya fallecido al momento de tramitar la decisión ante el programa de reparación por vía administrativa; de tal manera, que sus allegados puedan reclamar la indemnización; debo señalar, que en año 2017, el salario básico unificado, equivale a la cantidad de 375 dólares mensuales.

La Comisión de la Verdad, al presentar el proyecto de ley de Victimas, en el artículo 13, señaló las medidas de indemnización, tomando en cuenta los parámetros mencionados en líneas anteriores, y señalo expresamente: “Las víctimas amparadas por la presente ley, tendrán derecho a recibir una suma única de dinero, en una sola entrega exenta de todo gravamen, de acuerdo a los montos que a continuación se presentan: (…)”; y dichos montos son justamente los antes mencionados.

Igualmente, en el artículo 14 de dicho proyecto, se señala la forma de distribución de la indemnización entre familiares de la víctima directa del hecho, conforme a las reglas que trascribí en líneas anteriores.

En mi obra La cuantificación del daño moral, realizo un estudio detallado sobre cómo se cuantifica esta acción en varias sentencias dictadas por la Ex Corte Suprema de Justicia y en la jurisprudencia extranjera.

La prensa nacional, trae a colación dos noticias, que sirven para comprender lo que significa la responsabilidad extracontractual del Estado, que trato en la obra antes mencionada; esto es:

A.   En Irlanda, Ryanair, una empresa aérea, admitió que cometió graves errores cuando alteró los planes de unos 400.000 viajeros al cancelar vuelos debido a una escasez de pilotos, a lo que se sumó el intento de la aerolínea por mejorar sus niveles de puntualidad. La aerolínea irlandesa dijo que estaba preparado para pagar hasta $23.9 millones en compensaciones. En el trabajo en mención, señalo la responsabilidad extracontractual por mal servicio público; pongo modelos de demandas y contestaciones; y esto es preocupante porque tengo entendido que la empresa Tame, ha ocasionado varios retrasos, que implican un mal servicio público, y que por tal está sujeto a reparación integral.

B.   En el Segundo Tomo del trabajo mencionado y que saldrá en circulación en las próximas semanas, hago un análisis de la Ley de Reparación de Víctimas, que se encuentra publicad en el Suplemento del Registro Oficial No.  143, del día 13 de diciembre de 2013, en el que también trato sobre la reparación integral.

A propósito de esta reparación, la prensa nacional, señala que un ex diputado de Bélgica, Laurent Louis, sentenciado en julio de 2015 por minimizar el holocausto en su blog personal, logró en apelación la suspensión durante 5 años de su condena a 6 meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal de Bruselas, impuso condiciones. Louis de 37 años deberá acudir a 5 antiguos campos de concentración y de exterminio, uno cada año, entre ellos Dachau en Alemania, así como Auschwitz, Treblinka y Majdanek en Polonia. Y, tras cada visita, deberá: “presentar un texto de al menos 50 líneas sobre lo que vio en estos campos y sobre las emociones que sintió.”; los 5 relatos deberá publicarlos además en su página personal en Facebook.  

C.   En la obra antes mencionada, en dos tomos, analizo el fundamento jurídico de la responsabilidad extracontractual del Estado por mal servicio público en general y por una inadecuada administración de justicia además de la reparación integral, que tiene su base en los artículos 3.1 y 11.9 de la Constitución de la República, así como los derechos protegidos por al Convención Americana de Derechos Humanos; señalando los casos más importantes en el país y en el mundo sobre los errores judiciales; y, cómo procede la reparación integral cuando ha sido aceptado un recurso extraordinario de revisión en materia penal.

Además, las sentencias dictadas por la Corte IDH contra el Ecuador por violación de derechos humanos y formulario de modelos para interponer el recurso de revisión, la acción extraordinaria de protección, la acción de inconstitucionalidad, la acción de repetición, y como se presentan reclamaciones y demandas internacionales; especialmente demandas en contra del Estado por mal servicio público, con las correspondientes contestaciones.

Para terminar este artículo me permito transcribir la regla de oro: “No juzgues y no serás juzgado (…). Trata siempre a los demás como te gustaría que te traten a ti; esa, es la ley y la palabra de los profetas (…).

El umbral que da a la vida es pequeño y el camino es estrecho. Busca el conocimiento desde que naces hasta que mueres”; dice el cristianismo.

El judaísmo al respecto señala: “Lo que a ti te hace daño, no lo hagas al prójimo. Esa es la base de TORA y lo demás no son más que observaciones. No juzgues a tu prójimo hasta que te encuentres en su lugar”; por tal, una de las lecciones más importantes de la vida, es aprender.

 

José García Falconí

josegarciafalconi@gmail.com