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PRUEBA ÚNICA: DERECHO PENAL

martes 10 de octubre del 2017 | 17:16

Última actualización: miércoles 11 de octubre del 2017 | 17:18

PRUEBA ÚNICA: DERECHO PENAL

 

Autores: Ab. José Sebastián Cornejo A. y Dr. Paúl Ocaña Merino.

                                                

Definición de Prueba

Previo al desarrollo integral de este tema es necesario que partamos del entendimiento de lo que es la prueba, la cual en palabras de Caravantes, la etimología de la prueba, procede del adverbio “PROBE” que significa honradamente, por considerarse que obra con honradez quien prueba lo que pretende; y, dice también que según otros procede de “PROBANDUM”, que se relaciona con los verbos recomendar, aprobar, experimentar, patentizar, hacer fe según varias leyes del Derecho Romano.

 

Es decir el vocablo prueba, dentro del Derecho Procesal, se utiliza para indicar los diversos elementos de juicio, lo que en palabras de Eduardo Jauchen es entendido como que: “no es posible la imposición de la sanción sin previo juicio” [1]

 

Es decir nosotros previo al estudio de cada una de las pruebas existentes dentro del Código Orgánico Integral Penal, debemos indicar, que esta es necesaria a fin de poder lograr una estructuración que permitirá iluminar el camino hacia el descubrimiento de la verdad, ya que “probar significa convencer al juez sobre la certeza de la existencia de un hecho […].” [2]

 

Debido a que la prueba constituye, una herramienta necesaria para la comprobación de las circunstancias, que nos permitirán determinar ya sea la culpabilidad respecto a un hecho, o su vez lograr la ratificación del estado de inocencia de una persona.

 

En donde debemos aprender a distinguir que la valoración de la prueba dentro del proceso, nunca debe ser apreciada bajo los intereses, pasiones o impulsos, sino más bien de una manera objetiva, ya que la acción de probar debe ser entendida “como aquella actividad que deben desplegar las partes y a menudo el mismo órgano jurisdiccional, tendiente a acreditar la existencia de los hechos,”[3]siendo necesario que profundicemos el análisis de la aplicabilidad o no de la prueba única como un elemento decisor a la hora de la emisión de una sentencia condenatoria abordando los siguientes subtemas:


Importancia del Ius Puniendi


Este subtema es interesante abordarlo desde el siguiente cuestionamiento: ¿Puede concebirse una sociedad que no castigue homicidios o robos?, en la psiquis de cualquier persona, es simple inferir que NO, debido a que el Derecho Penal, específicamente el ejercicio del IUS PUNIENDI, garantiza la supervivencia social frente a los actos del ser humano que nuestra legislación penal tipifica como delitos; a contrario sensu, y en el imaginario en donde la sociedad carezca de un mandato soberano que condene aquellos accionares que atenten contra la integridad de un “bien jurídico protegido” tutelado por el Estado, en donde la concepción básica del Contrato Social sería una aberración frente al virtual Estado anárquico que se forjaría. En esta línea, el Derecho Penal puede ser visto como una reacción necesaria frente a conductas que hacen peligrar la vida en sociedad[4].

Ahora bien, la capacidad de control social y el punir del Leviatán, deben necesariamente verse limitados, a fin de lograr la búsqueda del bienestar común y de la justicia, mediante accionares estatales que sin lugar a dudas busquen garantizar los derechos que gozan todos los intervinientes en el Proceso Penal.

Denotando que el administrar justicia punitiva es un actuar que no solo debe buscar sancionar, sino que debe enmarcarse en el respeto absoluto por los derechos ciudadanos reconocidos y garantizados en la normativa constitucional, internacional y legal[5].

 

Prueba y necesidad de la prueba


El jurista Devis Echandía establece que en sentido amplio “prueba es lo que confirma o desvirtúa una hipótesis o una afirmación precedente”[6], lo cual nos lleva a inferir que la prueba no es sino aquella actividad, llevada por cualquiera de las partes que intervienen en un proceso, y que es encaminada a acreditar y/o demostrar  hechos que lleven a la convicción plena de la psiquis del juzgador sobre los mismos.

Por lo que la actividad probatoria ha de desarrollarse mediante un procedimiento reglado que se somete a principios y derechos del imputado cobijados por el principio de presunción de inocencia, que si nos enfocamos en nuestro sistema, a diferencia de lo que ocurre en el sistema penal inquisitivo -en el que la actividad probatoria recae sobre el Juez-, o en el sistema adversarial, el cual establece que tanto la investigación como el juzgamiento, serán inspirados en el principio de la contradicción entre dos participantes: uno que acusa y otro que defiende, nos conlleva a plantearnos;¿si todos los hechos necesitan ser probados.?, La cual la respuesta gira en torno a que solo mediante las pruebas introducidas legalmente, el órgano jurisdiccional podrá tomar en consideración para efectuar su valoración, tomando en cuenta sin lugar a dudas los siguientes elementos que le ayudarán a realizar una correcta valoración de la prueba y permitirle dictar una sentencia de acuerdo a la conducta cometida como son:

a) Hechos directamente importantes que son aquellos que cuentan con todas las circunstancias que fundamentan por si mismas la punibilidad; b) Indicios que permiten extraer una conclusión de un hecho importante, por ejemplo, el sospechoso del homicidio, que retira manchas de sangre de la ropa de la víctima; o c)    Hechos que ayudan a la prueba, permitiendo extraer una conclusión, ejemplo la veracidad de la memoria de un testigo.

 

Sistemas de evaluación de las pruebas.

 

Nadie debe ser injustamente condenado por crímenes que no se cometieron[7], es una premisa básica para el Derecho Penal que debe ser llevada con sumo cuidado, en razón de que la pena, por su naturaleza significa una sanción que limita de manera muy significativa los derechos y libertades de quien es sancionado. Por tanto, la certeza de la existencia del delito y quien lo cometió es un elemento sine qua non para punir, basada en los elementos de convicción, de cargo y de descargo, que se hubieran podido reunir a lo largo de la Investigación Previa e Instrucción Fiscal.

Tomando en cuenta que en un inmediato futuro, estos indicios, posterior evidencias se convertirán en prueba dentro de una Audiencia de Juzgamiento.[8] Por tanto y desde ese momento, la prueba es el mayor y mejor elemento de acusación, defensa y convicción que tienen los intervinientes del proceso Penal.

Dándonos a entender de manera general que la prueba tiene la finalidad de alcanzar una reconstrucción de lo que se conoce como verdad material[9], misma que se conseguirá únicamente con la práctica de la prueba en legal y debida forma, ya que es clara la dificultad que conlleva la reconstrucción de sucesos fácticos, pues siendo elementos pasados e irrepetibles la única fuente de certeza es indirecta y se alcanza a través de elementos materiales y subjetivos aportados procesalmente bajo el ya explicado sistema adversarial.

Por lo que surge necesario tomar en consideración algunos aspectos los cuales ya refiere de manera acertada Ricardo Vaca Andrade, cuando manifiesta que “una vez que se haya producido la prueba dentro de las correspondientes etapas del proceso penal, sea en la etapa de instrucción con fines netamente investigativos, o en el juicio, con miras de juzgar a las personas […]”, a través de una revisión histórica, la valoración de la prueba podía enmarcarse según los siguientes sistemas:

a. Arbitrario: Cuando el juez, sobre la base de signos, señales externas de la naturaleza, divinidad, considera probada la existencia del hecho y la culpabilidad.

b. Legal: La ley procesal, fija la eficacia conviccional de cada prueba, estableciendo bajo qué condiciones el juez debe darse por convencido de la existencia de un hecho o circunstancia.

c. Íntima convicción: En donde la ley establece reglas para la apreciación de las pruebas, en donde el juez es libre de convencerse, según su íntimo parecer de la existencia o inexistencia del hecho.

d. Sana crítica racional: Como sistema, que exige que las conclusiones a que se llega sean el fruto racional de las pruebas en que se las apoye.

Siendo necesario mencionar, que dentro del Código Orgánico Integral Penal, en su Art. 457 se establece que “La valoración de la prueba se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad, sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica y técnica de los principios en que se fundamenten los informes periciales.

La demostración de la autenticidad de los elementos probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia, estará a cargo de la parte que los presente.”

Lo cual denota que frente a una exposición y contradicción continua de los elementos probatorios ante el juzgador, este irá formando su convicción frente al acontecimiento dubitado a la par de que será impactado en su conciencia por lo expuesto por las partes; y, al existir este impacto el juzgador irá generando estados de conocimiento respecto de lo que en realidad ha sucedido[10].

 



[1] Eduardo M. Jauchen, Tratado de la prueba en materia penal (Buenos Aires: Rubinzal-Culzoni, 2002).

[2] Claus Roxin, Derecho procesal penal (Buenos Aires: Editores del Puerto, 2000).

[3] Jauchen, Tratado de la prueba en materia penal.

[4] Puig, Santiago. Derecho Penal. Barcelona: Reppertor, 2015.

[5] Jauchen, Eduardo. Tratado de Derecho Procesal Penal. Santa Fe: Rubinzal-Culzoni, 2012.

[6] Echandía, Davis. Teoría general de la prueba judicial. Madrid: Aguilar S.A., 1966.

[7] Jauchen, Eduardo. Estrategias de litigación oral penal. Buenos Aires: Rubinzal - Culzoni, 2014.

[8] Este doble momento de la actividad probatorio se encuentra previsto legalmente en el Artículo 454 Numeral 1 Inciso 2 del COIP, correspondiente al principio de oportunidad de la prueba: “Los elementos de convicción deben ser presentados en la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Las investigaciones y pericias practicadas durante la investigación alcanzarán el valor de prueba, una vez que sean presentadas, incorporadas y valoradas en la audiencia oral de juicio”.

[9] El concepto de verdad material, en la actualidad es un tópico, pues no se discute que este concepto se refiere a los acontecimientos o situaciones fácticas que se colige con la realidad de los hechos.

[10] Martínez, Mario. «Diferencia sustancial entre verdad histórica y verdad procesal.» 28 de Septiembre de 2017.<http://www.juiciooraloxaca.gob.mx/Publicaciones/55revistajussemperloquitur/diferencia%20sustancial%20entre%20verdad%20historica%20Y%20verdad%20procesal.pdf>.