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RECURSO DE CASACION

jueves 24 de noviembre del 2005 | 16:25

Última actualización: miércoles 28 de agosto del 2013 | 11:44

 

 

 

RECURSO DE CASACION

En el juicio verbal sumario de inquilinato propuesto por Miguel Romero Tipán en contra de Alejandrina Amagua, se resuelve:

SINTESIS:

En el fallo motivo de la impugnación se establece que la demandada es arrendataria, puesto que no ha justificado la tenencia del inmueble a ningún otro título. De igual manera, se declara que el inmueble arrendado está dentro del perímetro urbano, por lo tanto, está sujeto a la Ley de Inquilinato en lo que tiene relación a la competencia y procedimiento, así como al trámite verbal sumario. En tal virtud, la Sala rechaza el recurso de casación por cuanto no existe violación de la Ley en la sentencia.

TEXTO DEL FALLO

CORTE SUPREMA. SALA DE LO CIVIL Y COMERCIAL.- Quito, julio 27 de 1994; las 10h00.-
VISTOS: Miguel Angel Romero Tipán manifiesta en su demanda que como propietario del inmueble ubicado en la calle Bellavista s/n, sector Parques del Recuerdo, La Ofelia, de la Ciudad de Quito, entregó en arrendamiento una mediagua, con dos cuartos, a partir del 1 de enero de 1989, a razón de cinco mil sucres mensuales a Alejandrina Amagua, para que lo destine a vivienda; que la inquilina no le ha pagado las pensiones de arrendamiento hasta la presente fecha, esto es, por más de dos meses. Por lo expuesto, de conformidad con el literal a) del artículo 28 de la Ley de Inquilinato, demanda a Alejandrina Amagua en juicio verbal sumario a fin de que en sentencia se disponga la terminación del contrato, la desocupación y entrega de las piezas por ella ocupadas, el pago de las pensiones adeudadas y que llegare a adeudar, el pago de los consumos de agua y luz eléctrica, las costas judiciales y honorarios del defensor. En la audiencia de contestación y conciliación la demandada niega la existencia del arrendamiento, que desde 1973 se halla en posesión pacífica, pública e ininterrumpida del lote de terreno que está en aptitud de adquirirlo por prescripción extraordinaria, que no existe servicio de agua potable, alega incompetencia del juzgado y pide que se deseche la demanda con costas. El juzgado dicta sentencia en la cual acepta la demanda, declara la terminación del contrato, ordena la desocupación y entrega del local así como el pago de las pensiones arrendaticias atrasadas y las que posteriormente se vencieren hasta la fecha de la restitución. Por apelación de la demandada, la Corte Superior de Quito confirma con costas la sentencia del juez a quo. La demandada interpone. recurso de casación en los términos que constan de fs. 4 a 6 del cuaderno de segunda instancia que ha sido calificado por la misma Corte y en esta virtud ha venido el recurso a conocimiento y resolución de esta Sala, que dio el trámite previsto en el artículo 11 de la Ley de Casación. Con estos antecedentes, se considera: PRIMERO.- Esta Sala, como Tribunal de Casación, es competente para resolver el recurso interpuesto, de conformidad con el artículo 102 de la Constitución Política. SEGUNDO.- En el escrito de interposición del recurso debe constar su fundamentación y presentado este escrito no podrá el recurrente reformarlo como lo disponen los artículos 6 y 11 inciso 2o. de la antedicha Ley. Por tanto no puede tomarse en cuenta como fundamentación lo que diga el recurrente en el nuevo e innecesario escrito de fundamentación que obra de fs. 2 a fs. 4 del cuaderno formado en esta Sala, aún cuando lo que se expone en tal escrito se puede tomar en cuenta como argumentación que el recurrente tiene la facultad de hacer en cualquier escrito, aún cuando no pueda tener la calidad específica de fundamentación del recurso, que solamente corresponde al que es objeto de calificación conforme al artículo 7o. TERCERO.- El recurso de casación, ha sido interpuesto por aplicación indebida del artículo 1 de la Ley de Inquilinato y del artículo 49 en lo referente a la competencia y procedimiento de los jueces especiales de inquilinato y en virtud de lo prescrito en los numerales 1 y 3 de la Ley de Casación. CUARTO.- La sentencia recurrida ha dado por justificada la relación contractual de arrendamiento existente entre las partes, como se lee en su considerando segundo. Según el considerando tercero del mismo fallo, la relación de arrendamiento recae sobre el inmueble descrito en la escritura pública de compraventa que consta de fs. 11 a 17 de los autos, en donde consta su ubicación dentro del perímetro urbano. Según el considerando cuarto la demandada no ha justificado con ningún medio legal mantener la tenencia del inmueble a ningún otro título que no sea el de arrendamiento ni ha justificado haber pagado las pensiones reclamadas en la demanda, como se lee en el considerando quinto. No se han invocado ni obran en autos instrumentos o actos auténticos que demuestren evidente error del juzgador y así se encuentra resuelta la cuestión de hecho de la presente controversia que no le es dable a esta Sala volver a examinar pues debe resolver con el mérito de los hechos establecidos en la sentencia. QUINTO.- Según el artículo primero de la Ley de Inquilinato, "esta Ley regla las relaciones derivadas de los contratos de arrendamiento y de subarrendamiento de los locales comprendidos en los perímetros urbanos". "Las Ordenanzas Municipales determinarán el perímetro urbano". Por consiguiente no es aceptable el cargo de aplicación indebida del artículo primero de la Ley de Inquilinato que el recurrente ha propuesto contra la sentencia. SEXTO.- Dispone el artículo 49 de la misma Ley que "el arrendamiento de los locales destinados a vivienda, ubicados fuera del perímetro urbano, están sujetos a esta Ley, solo en lo referente a competencia y procedimiento. Regirán también para estos últimos contratos, las disposiciones de los artículos 4, 5 y 13". El recurrente al mencionar los numerales 1 y 3 del artículo de la Ley de Casacion por un lado, y por otro al invocar aplicación indebida del artículo 49 "en lo referente a la competencia y al procedimiento de los jueces especiales de inquilinato", no guarda armonía entre la cita que hace del numeral 3 y la causal que aduce con las palabras transcritas, que dicen relación a normas procesales cuya aplicación indebida es materia de la causal puntualizada en el numeral 2 del artículo 3 y así lo dice en el escrito de fs. 2 - 4, presentado en esta Sala, que si bien, como se ha dicho, no puede ser tomado como de fundamentación del recurso, puede ser considerado como una aclaración o rectificación de un error posiblemente mecanográfico, a efecto de situar la causal invocada en el correcto lugar que en la ley le corresponde, procediendo con criterio de equidad y de amplitud en el ejercicio del derecho de defensa. Ahora bien, el fallo impugnado da por establecido que la demandada no ha justificado la tenencia del inmueble a ningún otro título que no sea el arrendamiento y que el inmueble arrendado es un local ubicado dentro del perímetro urbano y aún cuando estuviese fuera de él, el artículo 49 dispone que aún en tal caso el arrendamiento está sujeto a la Ley de Inquilinato en lo referente a competencia y; procedimiento. El artículo 39, inciso 1o. de esta Ley, a su vez, dispone que "las acciones sobre inquilinato se tramitarán en juicio verbal sumario, ante el juez de inquilinato del respectivo cantón o de quien haga sus veces". Por consiguiente, tampoco es aceptable este segundo cargo contra la sentencia. SEPTIMO.- Si el recurrente, en realidad hubiera querido referirse a la causal tercera, aplicación indebida de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, debe observarse que en el escrito de fundamentación no hace mención alguna de tales preceptos ni cita ningún artículo legal que contenga norma de esa naturaleza, y aún cuando en el escrito presentado en esta Sala alega indebida aplicación de dichos preceptos, e invoca el artículo 45 de la Ley de Inquilinato, sin señalar el numeral 3 causal 3ra. del artículo 11 de la Ley de Casación, el recurrente no podía reformar el escrito de fundamentación del recurso que fue presentado ante la Corte Superior del Distrito y calificado por ella, pues tal reforma se halla prohibida por el inciso 2o. del artículo 11, como ya antes se ha expresado. Por lo cual, nada procede resolver sobre aplicación indebida de preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. En virtud de las consideraciones precedentes, esta Sala ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY; resuelve, rechazar el recurso de casación interpuesto por María Alejandrina Amagua Mosquera y NO CASAR la sentencia dictada por la Corte Superior de Quito. Con costas. Se regula en cincuenta mil sucres el honorario de la defensora del actor por su trabajo profesional ante esta Corte, del cual se descontará el 5 % para el Colegio de Abogados de Quito. De conformidad con el artículo 18 de la Ley de Casación se impone a la recurrente la multa de dos salarios mínimos vitales. Ofíciese al Director General de Rentas para que emita el correspondiente título de crédito. Entréguese el valor de la caución al demandante en concepto de indemnización por los perjuicios estimados por la demora en la ejecución de la sentencia. Notifíquese y devuélvase para la ejecución de la sentencia.- Notifíquese.
René Bustamente Muñoz.- Miguel Macías Hurtado.- Jorge Fantoni Camba.- Carlos Solórzano Constantine.- Efrén de la Torre Terranova.-


 

En el juicio ordinario por reivindicación, que siguen Segundo Pérez Estrada y Lucinda Mayanquer; en contra de Segundo Chuga y Rosa Narváez, la Sala resuelve:

SINTESIS:

La finalidad del recurso extraordinario de casación, es el control de la legalidad y la realización del derecho objetivo en todos los procesos; además, precautelar y conservar la unidad e integridad de la jurisprudencia. La Sala, considera que son tres los elementos requeridos para el ejercicio de la acción de reinvindicación: 1) Dominio del actor; 2) Posesión del demandado; y, 3) Cosa singular individualizada, circunstancias estas que se han probado en el proceso, razón por la cual, se rechaza el recurso de casación interpuesto por falta de sustento causal y no haber el Tribunal Inferior infringido normas legales.

TEXTO DEL FALLO

CORTE SUPREMA. SALA DE LO CIVIL Y COMERCIAL.- Quito, agosto 31 de 1994; las 10h10.-
VISTOS: Segundo Chuga Perigueza y Rosa Isabel Narváez interponen recurso de casación de la sentencia pronunciada por la Corte Superior de Tulcán el 16 de diciembre de 1993 dentro del juicio ordinario que por reinvindicación de un terreno situado en el punto denominado La Playa, sector rural de la parroquia La Libertad, Cantón Espejo, Provincia del Carchi, con una superficie de dos hectáreas ocho mil metros, les siguen Segundo Jorge Pérez Estrada y Lucinda Mayanquer; sentencia que confirmó el fallo de primera instancia que aceptó la demanda reinvindicatoria y dispuso que los demandados, dentro del plazo del treinta días restituyan el lote de terreno de que están en posesión a sus propietarios y actuales demandantes, sin costas ni honorarios. Calificado como pertinente el recurso de casación por el Tribunal de Alzada por reunir los requisitos formales del artículo 6 de la Ley de Casación y siendo la sentencia susceptible de dicho recurso, conforme a lo establecido en el literal a) del artículo 2 de la citada Ley se elevaron los autos a la Corte Suprema de Justicia; y, en atención a lo estatuido por el artículo 1 de la Ley de Casación promulgada en el Registro Oficial Nº 192 de 18 de mayo de 1992, esta Sala especializada de lo Civil y Comercial es competente para conocer y decidir el recurso en cuestión que ha sido formulado dentro del plazo hábil que determina el artículo 5 de la Ley de la materia y los recurrentes han interpuesto el recurso de conformidad con las circunstancias que exige el artículo 7 de la Ley en mención, por lo que, para resolver se considera: PRIMERO.- La casación es un medio de impugnación, a través del cual el recurrente busca demostrar al Tribunal de Casación que el Juez que dictó la sentencia o auto, se equivocó al aplicar indebida o erróneamente normas de derecho o procesales en la sentencia o auto. En tal razón, este Supremo Tribunal examinará el enfrentamiento que el recurrente hace entre el fallo impugnado y las normas de derecho que se estiman infringidas o las solemnidades de procedimiento que se hayan omitido, pues, la finalidad del recurso extraordinario y supremo de casación es el control de la legalidad y la realización del derecho objetivo en todos y cada uno de los procesos, además tiene el importantísimo propósito de precuatelar y conservar la unidad e integridad de la jurisprudencia. SEGUNDO.- El Ministro de Sustanciación de esta Sala, en providencia dictada a las 10:55 horas del 7 de marzo de 1994, dispuso que se ponga en conocimiento de las partes la recepción del proceso para los fines del artículo 11 de la Ley de la materia. TERCERO.- En la especie, los recurrentes atacan la sentencia dictada por el Tribunal de alzada manifestando que en ella se "atenta contra principios jurisprudenciales ya en cuanto a la aplicación de la Ley en el análisis y valoración de la prueba y, por cuanto no se pronuncia sobre asuntos que no fueron materia del fallo"; las normas de derecho que consideran infringidas son los artículos 953, 959, 734 y 748 del Código Civil y el artículo 134 de la Ley de Reforma Agraria, fundamentan su impugnación en las causales 1a, 3a. y 4a. del artículo 3 de la Ley de Casación. CUARTO.- La reinvindicación o acción de dominio, al tenor de lo dispuesto en el artículo 953 del Código Civil es la que tiene el dueño de una cosa singular, de la que no está en posesión, para que el poseedor de la misma sea condenado a restituírsela: tres son entonces los elementos requeridos para el ejercicio de esta acción: 1o. Dominio del actor; 2o. Posesión del demandado; y, 3o. Cosa singular individualizada. Entonces, versando la acción reinvindicatoria sobre el bien individualizado en la demanda, el primer requisito que los demandantes Segundo Pérez y Lucinda Mayanquer debían justificar, es la comprobación del dominio: en efecto, a fs. 1 consta el instrumento de fs.1 otorgado por el Registrador de la Propiedad del Cantón Espejo con el cual se justifica que los demandantes son los propietarios del bien cuya reinvindicación reclaman, instrumento éste que no ha sido impugnado por los accionados sino que más bien lo reconocen, como también han reconocido en sus escritos de fs. 5, en el de contestación a la demanda, fs. 8 que se encuentran en posesión del inmueble en litigio, todo esto se encuentra corroborado con la inspección judicial de fs. 25 a 26, con la cual incluso se ha logrado probar la singularización exacta del inmueble respecto de su ubicación, extensión y características. Por otra parte los accionantes han obtenido que testimonien procesalmente varias personas en su favor, fs. 20 a 22 las que son acertadas en cuanto a confirmar lo dicho en este considerando CUARTO.- Respecto de la excepción de que los demandados son solamente tenedores del inmueble por existir un contrato de arrendamiento, mediante el cual, según explican, mantienen la posesión del mismo, no es procedente, pues el contrato de arrendamiento de un predio ubicado en el sector rural, de fs. 6 a 7 de los autos, que resulta ser una copia simple, no se encuentra enmarcado dentro de las disposiciones establecidas en los artículos 112, 113 y 134 de la Ley de Reforma Agraria que establecen que son nulos y de ningún valor legal todo acto o contrato que fuere realizado para evadir el cumplimiento de esta Ley, sobre este asunto son acertadas y este Tribunal comparte las reflexiones que se vierten en el considerando final del fallo recurrido. Por lo expuesto, esta Sala, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso interpuesto por falta de sustento causal y no habiéndose justificado la infracción de las normas legales, detalladas en el escrito de interposición del recurso, que se dice influyeron en la parte dispositiva de la sentencia, conforme las causales 1a., 3a. y 4a. del artículo 3 de la Ley de Casación, la sentencia recurrida, queda firme y se ordena la devolución del proceso para la ejecución de la misma, con costas y multa al recurrente con el equivalente a tres salarios mínimos vitales de los trabajadores en general de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Casación. Notifíquese.
René Bustamante Muñoz.- Miguel Macías Hurtado.- Jorge Fantoni Camba.- Carlos Solórzano Constantine.- Efrén de la Torre Terranova.-


 

En el juicio ordinario por prescripción de dominio que sigue Alberto Andrade contra el Dr. Marco Muñoz y otros:

SINTESIS:

La Sala rechaza el recurso de casación porque los recurrentes no presentan los fundamentos en que se apoya el recurso, ni explican de qué manera ha influido en la sentencia las pretendidas violaciones y, solo se han limitado a señalar disposiciones legales que dicen haberse violado.

TEXTO DEL FALLO

CORTE SUPREMA. SALA DE LO CIVIL Y COMERCIAL.- Quito, septiembre 7 de 1994; las 09h30.-
VISTOS: ANTECEDENTES.- El 16 de agosto de 1993, el doctor Marco Muñoz Proaño y Rosario Rosa Luna (fs. 96 a 97 del cuaderno de segunda instancia) y el 17 de agosto de 1993 María Pavón Hidalgo y Silvia Maribel Noboa (fs. 98 a 99 del cuaderno de segunda instancia) interponen, en el juicio ordinario Nº 242-91 (con el cual se identifica la acumulación de un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio y otro de reinvindicación), recurso de casación. La Segunda Sala de la Corte Superior de Ibarra admite tal recurso el 16 de septiembre de 1993, el Ministro de Sustanciación de esta Sala de lo Civil y Comercial ordena poner en conocimiento de las partes la recepción del proceso para los fines del artículo 11 de la Ley de Casación.
CONSIDERACIONES.- 1.- Como es doctrina de la Sala, el artículo 6 de la Ley de Casación establece las exigencias formales a que debe sujetarse el contenido del escrito de interposición del recurso que reglamenta la citada Ley, y el artículo 7 los requisitos de modo, lugar y tiempo imperativos para ser admitido. Conforme a tales preceptos en el documento de interposición deberán constar "Los fundamentos en que se apoya el recurso expuesto en forma clara y suscinta. El recurrente deberá explicar de qué manera ha influido en la parte dispositiva de la sentencia o decisión cada una de las causales en que fundamenta su recurso" y "si del examen se determinare que no ha cumplido con estos requisitos se denegará el recurso y se procederá a la ejecución del auto o sentencia dictados." Sucede que los recurrentes se han limitado a mencionar como violados los artículos 953, 2416, 2422, 2434 y 734 del Código Civil, "sin explicar de qué manera ha influido en la parte dispositiva de la sentencia..." cada una de las pretendidas violaciones; tampoco han expresado de qué manera los fundamentos en que se apoya el recurso de casación han inspirado la referida parte dispositiva; los recurrentes simplemente han realizado una corta relación de los antecedentes pero sin demostrar de que manera tales hechos afectaron el fallo. La ley uruguaya contiene una exigencia semejante a la impuesta por el número cuatro del artículo 6 de nuestra Ley de Casación, comentando tal mandamiento, el tratadista Enrique Vescovi aconseja a los jueces "que debe reclamarse que se indique el error y la correcta solución de la situación jurídica objeto de la sentencia de que se recurre. La invocación debe ser clara y no mera referencia o crítica general", Fernando de la Rua en Argentina y Humberto Muricia en Colombia, sostienen la misma opinión; y es que conforme a la doctrina más autorizada el recurso de casación debe ser tan completo que por sí solo, permita al juzgador conocer los motivos de la impugnación y su influencia en el fallo pertinente. Por lo tanto no puede admitirse el recurso propuesto. 2.- Es verdad que a fs. 96 y 98 del cuaderno correspondiente al trámite dado en el Tribunal de Casación constan las observaciones fundamentadas de los recurridos, quienes en acatamiento de lo ordenado por el artículo 11 de la Ley de Casación presentaron oportunamente su oposición al recurso, mas tal hecho no afecta el rechazo del recurso manifestado en el acápite anterior. De otro lado, el pedido que hacen de declarar la deserción del recurso por no haber los recurrentes fundamentado la casación ante esta Sala, es impertinente pues la fundamentación que se hace ante el juez a quo.
RESOLUCION.- Debido a lo expuesto se rechaza el recurso y se impone a las siguientes personas: doctor Marco Muñoz, Rosario Loza, María Pavón Hidalgo y Silvia Maribel Noboa, individualmente, una multa equivalente a seis salarios mínimos vitales. Con costas, pero sin honorarios que regular. Notifíquese.-
René Bustamante Muñoz, Presidente, Miguel Macías Hurtado, Jorge Fantoni Camba, Carlos Solórzano Constantine y Efrén de la Torre Terranova, Ministros Jueces.-