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Nuevos Fallos de Triple Reiteracion Primera Sala de lo Laboral Y Social (2)

martes 12 de junio del 2012 | 22:03

Última actualización: miércoles 28 de agosto del 2013 | 10:24

Resolución de 5 de enero de 2011 Registro O?cial No. 393 de 25 de febrero de 2011

RESOLUCIÓN No. 0262-2010-1SL JUICIO No. 0263-2008 SENTENCIA MATERIA: LABORAL

RESOLUCIÓN No. 0596-2010-1SL JUICIO No. 0508-2007 SENTENCIA MATERIA: LABORAL

RESOLUCIÓN No. 0597-2010-1SL JUICIO No. 0842-2007 SENTENCIA MATERIA: LABORAL

 

Resolución de 5 de enero de 2011 Registro O?cial No. 393 de 25 de febrero de 2011

LA CORTE NACIONAL DE JUSTICIA

CONSIDERANDO

Que los artículos 184.2 y 185 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro O?cial número 449, de 20 de octubre del 2008, establecen como una función de la Corte Nacional de Justicia desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamenta­do en los fallos de triple reiteración, integrados por las sentencias emitidas por las salas especia­lizadas de la Corte Nacional de Justicia que rei­teren por tres ocasiones la misma opinión sobre un mismo punto, para lo cual debe remitirse el fallo al pleno de la Corte para que esta deli­bere y decida en el plazo de hasta sesenta días sobre su conformidad, bajo prevención que de no pronunciarse en dicho plazo, o en caso de rati?car el criterio, esta opinión constituirá ju­risprudencia obligatoria.

Que los artículos 180.2 y 182 del Código Orgáni­co de la Función Judicial, publicado en el Regis­tro O?cial número 544, de 9 de marzo del 2009, establece que al pleno de la Corte Nacional de Justicia le corresponde desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamen­tado en los fallos de triple reiteración, debien­do la resolución mediante la cual se declare la existencia de un precedente jurisprudencial obligatorio, contener únicamente el punto de derecho respecto del cual se produjo la triple reiteración, el señalamiento de la fecha de los fallos y los datos de identi?cación del proceso, lo que se publicará en el Registro O?cial para que tenga efecto generalmente obligatorio.

Que la Primera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Nacional de Justicia, en cumplimien­to de sus facultades jurisdiccionales, ha emi­tido las siguientes sentencias dentro de los siguientes juicios: resolución No. 596-10, dic­tada el 28 de septiembre de 2010, dentro del juicio No. 508-07 que por reclamaciones de índole laboral sigue Leonor Chávez Rezabala en contra de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Eca­pag); resolución No. 597-10, dictada el 28 de septiembre de 2010, dentro del juicio de tra­bajo No. 842-07 que sigue María Lozano Casti­llo en contra de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Eca­pag); resolución No. 332-10, dictada el 31 de mayo de 2010, dentro del juicio No. 504-06 que por reclamaciones de índole laboral sigue Laura Benítez Arteta en contra de la Empre­sa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag); resolución No. 262­10, dictada el  26 de abril de 2010, dentro del juicio de trabajo No. 263-08 que sigue Jorge Novillo Bones en contra de la Empresa Canto­nal de Agua Potable y Alcantarillado de Gua­yaquil (Ecapag); en las cuales con el ?n de proteger los derechos de los trabajadores con­siderando el sentido más favorable, teniendo en cuenta que son la parte más débil de la relación contractual, se reiteró el criterio res­pecto a que el bono o subsidio de comisaria­to y por transporte deben ser considerados como parte de la remuneración para el pago de las indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores, resoluciones respecto de las cuales el Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia ha emitido informe motivado.

RESUELVE

Artículo 1.- Con?rmar el criterio expuesto por la Primera Sala de lo Laboral y Social de la Cor­te Nacional de Justicia y aprobar el informe re­mitido por el Departamento de Procesamiento de Jurisprudencia y en consecuencia declarar la existencia del siguiente precedente jurispru­dencial obligatorio, por la triple reiteración de fallos sobre un mismo punto de derecho, que permite llenar el vacío existente sobre el alcan­ce del artículo 95 del Código de Trabajo en el sentido de que:

PRIMERO: Se considerará como parte de la re­muneración, para el pago de las indemnizacio­nes a que tiene derecho el trabajador de confor­midad con el artículo 95 del Código del Trabajo, el o los bonos o subsidios de comisariato y/o por transporte que se paguen mensualmente.

Artículo 2.-Disponer que la secretaria general de la Corte Nacional de Justicia remita copias certi?cadas de la presente resolución al Depar­tamento de Procesamiento de Jurisprudencia para su sistematización; y al Registro O?cial y Gaceta Judicial para su inmediata publicación. Está resolución tendrá efectos generales y obli­gatorios, inclusive para la misma Corte Nacional de Justicia, sin perjuicio del cambio de criterio jurisprudencial en la forma y modo determina­dos por el segundo inciso del artículo 185 de la Constitución de la República del Ecuador.

Dado y ? rmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el salón de sesiones del Ple­no de la Corte Nacional de Justicia, a los cinco días del mes de enero del año dos mil once. Ff) Dr. José Vicente Troya Jaramillo, presidente; Dr. Carlos Ramírez Romero, Dr. Hernán Ulloa Parada, Dr. Carlos Espinosa Segovia, Dr. Manuel Sánchez Zuraty, Dr. Juan Morales Ordóñez, Dr. Gastón Ríos Vera, Dr. Manuel Yépez Andrade, Dr. Luis Moyano Alarcón, Dr. Milton Peñarreta Álvarez, Dr. Ramiro Serrano Valarezo, Dr. Jor­ge Pallares Rivera, Dr. Galo Martínez Pinto, Dr. Freddy Ordóñez Bermeo, jueces nacionales; Dr. José Suing Nagua, Dr. Luis Quiroz Erazo, Dr. Fe­lipe Granda Aguilar, Dr. Luis Pacheco Jaramillo, Dr. Gustavo Durango Vela, Dr. Ernesto Rovalino Bravo, Dr. Francisco Proaño Gaibor, conjueces permanentes.

RESOLUCIÓN No. 0262-2010-1SL JUICIO No. 0263-2008 SENTENCIA MATERIA: LABORAL

ACTOR: Jorge Novillo Bones

DEMANDADO: Empresa Cantonal de Agua Po­table y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag)

PONENCIA DEL DR. RUBÉN BRAVO MORENO

CORTE NACIONAL DE JUS­TICIA. PRIMERA SALA DE LO LABORAL. Quito, 26 de abril de 2010, las 08:00. VISTOS: La Segunda Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Guaya­quil dicta sentencia con?rmando con reformas la sentencia subida en grado, declara con lugar la demanda presentada por Jorge Novillo Bones en contra de la Empresa Cantonal de Agua Po­table y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag), sentencia que noti?cada a las partes mereció el desacuerdo del actor y de la demandada Eca­pag, por lo que interpusieron recurso de casa­ción, y para resolverse se considera:

PRIMERO.-La competencia de esta sala está determinada por los artículos: 184 No. 1 de la

Constitución de la República del Ecuador; 613 del Código de Trabajo; 1 de la Ley de Casación, y por el sorteo de causas cuya razón obra de autos.

SEGUNDO.-El recurso de casación del actor fue rechazado en auto del 21 de enero del 2009; por consiguiente, esta sala solamente tiene que resolver sobre el recurso de la demandada Em­presa Cantonal de Agua Potable y Alcantarilla­do de Guayaquil, la cual alega que en fallo de segundo nivel se infringieron las siguientes nor-mas; arts. 117,164, 165 y 170 del Código de Pro­cedimiento Civil; arts. 94, 169 numeral 2 y 595 del Código del Trabajo, arts. 1561, 1583 ordinal 1°., y 1716 del Código Civil y arts. 17 y 49 del Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo. Las causales en las que se basa son las 1a. y la 3a., por falta de aplicación, aplicación indebida y por errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Fundamentado el recurso, en resumen, aduce que no se consideró en la sentencia que según las citadas normas de la Constitución la transac­ción es válida, que según las normas del Código del Trabajo, también citadas el documento de ?niquito suscrito por el trabajador Novillo Bo­nes, es válido y que no fue impugnado; que se dispuso el pago de rubros que de acuerdo con la ley no le corresponden, como el subsidio de comisariato: que los documentos probatorios presentados por el actor son simples papeles que no constituyen prueba, con base en los cua­les se condenó a la demandada al pago de su­puestas diferencias. Que no procede el pago de intereses, porque la empresa le canceló oportu­namente lo que le correspondía.

TERCERO.-La sala para determinar si en la sentencia se infringieron los preceptos jurídicos mencionados por la parte demandada, procede a confrontar el fallo con los cuestionamientos formulados y en relación con las normas legales y con los recaudos procesales, hecho lo cual llega a las siguientes conclusiones: 3.1. Los cargos en los que se sustenta el casacionista, en resumen son: que la sentencia no ha considerado que la transacción es válida según las normas de la Constitución y que el documento suscrito por el trabajador (?niquito) es válido según las normas del Código del Trabajo, ya que no fue impugna­do por el trabajador; que los rubros cuyo pago se dispuso no le corresponden de acuerdo con la ley, como el subsidio de comisariato; que los documentos presentados por el actor no consti­tuyen prueba, pese a lo cual se condenó al pago de supuestas diferencias; que no procede el pago de intereses ya que la empresa canceló oportu­namente lo que le correspondía al trabajador. Con todo lo cual se infringieron las normas de derecho, ya mencionadas. Sobre estos puntos se advierte que la impugnación al documento de ? niquito sí la hace el trabajador en su demanda, lo cual está permitido por el art. 592 del Código del Trabajo, y que la sentencia, luego de revisar el acervo probatorio, encuentra que en la liqui­dación practicada en virtud del ?niquito no se tomaron en cuenta ciertos rubros de carácter le­gal y contractual, pues los mismos no se hallan debidamente pormenorizados o incorrectamen­te calculados, como lo que corresponde al bono por renuncia voluntaria que conforme al art. 17, inciso último del contrato colectivo de trabajo, que dice: “la liquidación para el pago de esta bo­ni?cación se la efectuará tomando como base la última remuneración percibida por el trabajador, y será pagada inmediatamente a la aceptación de la renuncia. De requerirse acción judicial será pagado con recargo del ciento por ciento. “….La remuneración del trabajador conforme a lo es­tablecido en el art. 35 No. 14 de la Constitución Política y en el art. 95 del Código del trabajo, está constituida por diferentes componentes, a saber: “todo lo que el trabajador reciba en dinero en servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por trabajo extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisio­nes, participación en bene?cio, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asuma el empleador o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio”. En aplicación de esta disposición, los juzgadores de instancia acaban concluyendo que en la bo­ni?cación por renuncia voluntaria que consta li­quidada en el acta de ?niquito (fs. 27-29 y 25-26) no se consideró el valor real del último sueldo percibido por el trabajador. También en lo con­cerniente a los 28 días de trabajo del último mes, estima el fallo que es procedente lo reclamado, por no constar en la liquidación. 3.2. El bono o subsidio de comisariato, al ser un bene?cio que se paga mensualmente en una cantidad de dine­ro determinada, no es una compensación de or-den social, por más que así se diga en el contrato referido por el recurrente, sino que conforme a la Constitución Política y al art. 95 del Código del Trabajo, forma parte de la remuneración.

3.3. Por último se anota que, en el fallo atacado, no se observa infracción alguna de las normas de derecho citadas por el casacionista, por lo que resultan infundadas las acusaciones que hace en contra del mismo. En esta virtud, esta sala, admi­nistrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las le-yes de la república, rechaza el recurso de casación presentado por el representante legal de la Em­presa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag) y con?rma el fallo recu­rrido. Notifíquese y devuélvase. Fdo. Drs. Ramiro Serrano Valarezo, Jorge Pallares Rivera, Rubén Bravo Moreno. CERTIFICO. Fdo. Dra. Consue­lo Heredia Yerovia, secretaria relatora.

RESOLUCIÓN No. 0596-2010-1SL JUICIO No. 0508-2007 SENTENCIA MATERIA: LABORAL

ACTOR: Leonor Chávez Rezabala

DEMANDADO: Empresa Cantonal de Agua Po­table y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag)

PONENCIA DEL DR. RUBÉN BRAVO MORE­

NO. CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. PRI­MERA SALA DE LO LABORAL.- Quito, 28 de septiembre de 2010, las 08:30. VISTOS: La Pri­mera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil dicta sentencia en el juicio que por reclama­ciones de índole laboral sigue Leonor Chávez Rezabala en contra de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag), la que una vez noti?cada a las partes ha merecido la impugnación de la actora, quien interpone recurso de casación. Para resolver se considera:

PRIMERO.- La competencia de esta sala se fun­damenta en los artículos: 184 n.1., de la Cons­titución de la República del Ecuador, 613 del Código del Trabajo, 1 de la Ley de Casación, y en virtud del sorteo de causas cuya razón consta de autos.

SEGUNDO.- La recurrente a?rma que el fallo del Tribunal de alzada infringe el art. 35 de la Constitución Política de la República del Ecua­dor; arts. 57 y 78 del Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre Ecapag y sus trabajadores; arts. 5 y 584 del Código del Traba­jo; arts. 1453 y 1561 del Código Civil; arts. 113, 117, 283, 284 y 285 del Código de Procedimien­to Civil; art. 19 de la  Ley de Casación. Funda su recurso en las causales 1ª y 3ª, del art. 3 de la Ley de Casación. Contrae su objeción a los siguientes puntos: 2.1.- El fallo impugnado no aplicó el contenido del art. 584 del Código del Trabajo y art. 31 del Reglamento sobre arreglo de procesos y actuaciones judiciales; normas que imponen la obligación de dictar sentencia en el término de 20 días, habiéndose dictado el fallo a más de los nueve meses; 2.2.- La sen­tencia impugnada declara, en el considerando cuarto, que los derechos a reclamar por los ru­bros sobre el bono de jubilación y remuneracio­nes insolutas, así como todas las prestaciones e indemnizaciones establecidas en el Código del Trabajo, se hallan prescritos, con lo que no se aplicaron los principios de imprescriptibilidad e intangibilidad de la jubilación, conforme a lo establecido en el art. 57 del convenio colectivo sobre el bono jubilar, el que es un derecho ac­cesorio del principal y por tanto corre su misma suerte; por lo que existe una falta de aplicación del numeral 12 del art. 35 de la Constitución Política. 2.3. Que existe una falta de aplicación del art. 78 del contrato colectivo, que estable­ce la norma para la interpretación del mismo, lo que ha ocasionado la aplicación del art. 635 del Código del Trabajo que perjudica a la tra­bajadora. 2.4. Finalmente, aduce que hay una errónea interpretación del art. 285 del Código de Procedimiento Civil, al no haber condena­do a la demandada al pago de costas procesales, pues es una persona jurídica de derecho públi­co, pero no es el Estado, con lo cual no se apli­caron los arts. 283 y 284 del Código Civil.

 

TERCERO.-Al confrontar las impugnaciones con el fallo del Tribunal de Alzada y las normas jurídicas aplicables, en relación con los recau­dos procesales, para determinar la legalidad de la sentencia, surgen las siguientes conclusiones: 3.1.- El art. 57 del décimo cuarto contrato Co­lectivo de Trabajo, suscrito entre la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag) y sus trabajadores organi­zados en Comité de Empresa, adjuntado al pro­ceso (fs. 17 a 32), en el cuaderno del primer nivel, establece la obligación de la empleadora Ecapag de pagar a sus trabajadores un bono de jubilación, siempre que demuestren ser bene?­ciarios del derecho a la prestación de jubilación por vejez o invalidez establecida por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a favor de sus a?liados; no obstante no se comprobó en autos su solución. 3.2. Consta del proceso el acta de ?niquito (fs. 39-40), celebrada el 4 de agosto de 1999, fecha en la que ya estaba jubilada por el IESS la actora, acta mediante la cual se le reli­quidan haberes, pero en ella no consta el bono por jubilación establecido en el citado artículo 57, lo cual ha motivado la impugnación de la actora. Además del examen de esa acta se ad­vierte que si bien fue elaborada en forma por­menorizada y con participación del inspector Provincial del Trabajo del Guayas, no se tomó en consideración la última remuneración del trabajador conforme lo dispone el art. 35 n. 14 de la Constitución Política y el art. 95 del Códi­go del Trabajo y en relación con el art. 57 del contrato colectivo. Según lo a?rma la empresa en el documento que corre a fs.58 ib., los rubros de comisariato y de transporte no forman parte del sueldo, remuneración o indemnización, de conformidad con el art. 49 del décimo cuarto contrato colectivo de Trabajo y de conformi­dad con el art. 5 del reglamento para la apli­cación de la Ley Sustitutiva a la compensación del transporte. 3.3. De lo anterior se despren­de que la reclamación de la trabajadora tiene fundamento, pues no se tomó en cuenta en la liquidación la remuneración que percibió, ya que a ella no se sumó lo correspondiente a sub­sidio por comisariato y subsidio por transporte, lo que arroja la suma de $ 88.55 dólares. La Constitución Política en el art. 35, numerales 3, 4 y 5, consagraba la intangibilidad e irrenun­ciabilidad de los derechos del trabajador y en el n. 14 establecía que para el pago de indem­nizaciones se entenderá como remuneración todo lo que el trabajador perciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que reciba por los trabajos extraordinarios y suplementa­rios, a destajo, comisiones, participación en be­ne?cios o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio; esta norma constitucional es replicada en el art.95 del Código del Trabajo. El bono, asignación o como quiera llamarse, de comisariato, al ser pa­gado mensualmente en dinero, forma parte de la remuneración y no puede en ningún regla­mento, convenio o contrato, establecerse que no forma parte de la remuneración, como ha ocurrido en el caso; en igual forma, el subsidio por transporte, que debe ser pagado en forma mensual, forma parte de la remuneración por ser una retribución que tiene el carácter nor­mal en la empresa y ningún reglamento ni ley puede excluirlo, porque se estarían infringien­do las normas constitucionales y legales citadas. Consecuentemente la censura formulada por la casacionista en este punto tiene fundamento.

CUARTO. Sobre el reproche al fallo del Tribu­nal ad-quem, respecto a la prescripción de la acción para reclamar bene?cios adicionales a la jubilación, esta sala considera necesario rea?r­mar el siguiente criterio: a) Debe partirse de la consideración de que el derecho laboral, sien­do de índole esencialmente social, tiene por ?nalidad primordial conseguir que las relacio­nes entre empleadores y trabajadores se enmar­quen en un campo de armonía, sin perder de vista que entre estos factores de la producción existen diferencias innegables que le ubican al trabajador en inferioridad de condiciones, por lo que la normativa laboral con espíritu de tui­ción trata de protegerle en diversos aspectos, siendo uno de ellos el de la jubilación, que debe darse cuando el trabajador habiendo llegado a la senectud ve disminuidas sus fuerzas y facul­tades, es decir su capacidad de producir, y por ello necesita descansar después de haber dado todo de sí en bene?cio de su empleador, en 25 o más años de trabajo. La normativa jurídica laboral ecuatoriana establece dos jubilaciones: la que otorga el Instituto Ecuatoriano de Segu­ridad Social y la que corre a cargo de los em­pleadores conforme al art. 216 del Código del Trabajo.  b) Si consideramos que las pensiones jubilares mencionadas son verdaderamente irri­sorias, insu?cientes y que apenas representan una mínima parte de la canasta básica familiar, es injusto que se trate de evitar que cualquier bene?cio adicional relacionado con la jubila­ción sea desconocido bajo la alegación de que no forma parte de la remuneración o de que se prescribiera, ignorando en primer término el espíritu de tuición del Código del Trabajo y en segundo lugar el principio lógico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal que, en el caso, implicaría desconocer que la jubilación es un derecho permanente, de tracto sucesivo, con vigencia mientras viva el trabajador e inclu­sive un año después, por lo que no es suscepti­ble de prescripción, al igual que los bene?cios ligados a ella, como es el bono establecido en el art. 57 del contrato colectivo. c) Consecuente­mente el fallo impugnado infringe la resolución de la Corte Suprema de Justicia publicada en el RO-S. # 233 de 14 de julio del 89 y no conside­ra la jurisprudencia sentada sobre el tema en los fallos Nos. 708-06. 993-07 y 724-07, emitidos por el máximo Tribunal de Justicia, que en cla­ra aplicación del principio social y humanitario del derecho laboral, reconoció la imprescrip­tibilidad de este derecho. Por tanto el cuestio­namiento a la sentencia, por haber aceptado la excepción de prescripción alegada por la parte demandada, es procedente. QUINTO.- En lo que respecta a la censura en contra de la senten­cia en el punto referente a las costas, se consi­dera que no tiene sustento jurídico, puesto que la empresa Ecapag, es persona jurídica de dere­cho público, creada mediante la Ley # 08 –RO 508, del 19 de agosto de 1994 y por consiguien­te, conforme al art.118 No. 5 de la Constitución Política, es institución del Estado y como tal, según el art. 285 del Código de Procedimiento Civil, no puede condenarse a pagar costas. Las razones expuestas son su?cientes para que esta Primera Sala de lo Laboral, administrando justi­cia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, y por autoridad de la Constitución y las leyes de la república, case la sentencia de segunda y última instancia y revocándola disponga que el juez a quo proceda a reliquidar los rubros aceptados en la sentencia de primera instancia, toman­do en cuenta como parte de la remuneración lo correspondiente a comisariato y transporte, a los que se hace mención en el considerando Tercero de este fallo. Sin costas ni honorarios que regular. Notifíquese y devuélvase. Fdo) Drs. Ramiro Serrano Valarezo. Jorge Pallares Rivera. Rubén Bravo Moreno. CERTIFICO.-Fdo) Dra. Consuelo Heredia Yerovia, secretaria relatora.

 

RESOLUCIÓN No. 0597-2010-1SL JUICIO No. 0842-2007 SENTENCIA MATERIA: LABORAL

ACTOR: María Lozano Castillo

DEMANDADO: Empresa Cantonal de Agua Po­table y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag)

PONENCIA DEL DR. RUBÉN BRAVO MORE­NO. CORTE  NACIONAL DE JUSTICIA. PRI­MERA SALA DE LO LABORAL. Quito, 28 de septiembre de 2010; a las 09:00 VISTOS.-En el juicio de trabajo seguido por María Lozano Castillo al Ing. José Luis Santos García, gerente general y como tal representante de la Empre­sa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag), presenta recurso de casa­ción, al igual que lo hace la actora, de la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Superior de Guaya­quil que revocando la del primer nivel jurisdic­cional que declara sin lugar la demanda, ordena el pago de diferentes  prestaciones. Para resolver esta sala hace las siguientes consideraciones.

PRIMERA.-La competencia de esta sala está de­terminada por los artículos 184 n.1 de la Constitución de la República del Ecuador; 613 del Có­digo del Trabajo; 1 de la Ley de Casación; y por el sorteo de causas, cuya razón obra de autos. El recurso de casación de la actora fue rechazado, por lo que este fallo resolverá solamente sobre el recurso de la parte demandada.

SEGUNDA.- El recurrente mani?esta que se in­fringieron las siguientes normas: art. 23, nume­ral 18, y art. 35, numeral 5, de la Constitución Política; arts. 117, 164, 165 y 170 del Código de Procedimiento Civil; arts. 94, 169, numeral 2, y 595 del Código del Trabajo; arts. 1561, 1583 ordinal primero y 1716 del Código Civil; art. 5 del reglamento para la aplicación de la Ley Sustitutiva de la Compensación del Transporte,

R.O. 417 de 24 de enero de 1983; arts. 17 y 49 del décimo cuarto contrato colectivo de traba­jo celebrado entre Ecapag y los trabajadores. Fundamenta el recurso en las siguientes cau­sales del art. 3, de la Ley de Casación: 1ª, por falta de aplicación de los arts. 23, numeral 18, y 35, numeral 5 de la Constitución; de los arts. 169, numeral 2, y 595, numeral 2, del Código del Trabajo; de los arts. 117, 164, 165 y 170 del Código de Procedimiento Civil, aplicables para la valoración de la prueba, en concordancia con el art. 1716 del Código Civil. Los fundamentos en los que apoya su recurso, en resumen son: Que en la sentencia se desconoció el valor jurí­dico del documento de ?niquito, instrumento legal cuya validez el actor no la pudo desvirtuar, en virtud del cual la actora ya  ha recibido lo que le correspondía, sin embargo se dispone en la sentencia se le pague nuevamente, con lo cual se alteró y violentó el principio cons­titucional de la libertad de contratación. Que en lo atinente al subsidio por comisariato no forma parte de la remuneración, sin embargo en la sentencia se consideró que sí es parte de ella. Que habiendo renunciado la actora para acogerse a los bene?cios de la jubilación, que otorga el IESS, no es procedente el pago del be­ne?cio establecido por el art. 17 del contrato colectivo, sin embargo en la sentencia se dispu­so su pago. Igualmente en lo que  respecta a la compensación del transporte no procedía que en la sentencia se la considere como parte de la remuneración. En suma, que las pruebas pre­sentadas no fueron apreciadas conforme a las normas procesales señaladas, lo cual condujo a la aplicación indebida de los arts. 94 y 95 del Código del Trabajo y en de?nitiva in?uyó en la decisión de la causa.

TERCERA.-Realizada la confrontación de la sentencia con los cuestionamientos formulados, y relacionándola con las normas de derecho y los recaudos procesales, la sala arriba a los si­guientes resultados: 3.1. La sentencia impugna­da, en el considerando Segundo, anota que la actora centra su acción en la impugnación del acta de ?niquito suscrita con su empleadora el 2 de agosto de 2001, por  adolecer de  errores de fondo y forma al considerarse una remune­ración inferior a la que ganaba, por lo que de­manda la reliquidación del bono establecido en el art. 17 literal c) del décimo cuarto contrato colectivo de Trabajo, con el 100% de recargo, así como los días adicionales de vacaciones y la re­muneración de los 28 días de junio de 2001 más el recargo. Y en el considerando Cuarto efectúa el análisis en torno al punto, advirtiendo que a fs. 47 de los autos consta una certi?cación con­ferida por Ecapag mediante la que se determina que se pagaba a la trabajadora mensualmente por concepto de subsidios por comisariato y transporte, y que estos rubros no fueron consi­derados para el cálculo de la boni?cación esta­blecida en el art. 17 del contrato colectivo; agre­gando además que en la certi?cación de fs. 46 se indica que la remuneración mensual estaba conformada por varios rubros, entre ellos trans-porte y comisariato. Como consecuencia de ello determina el fallo que la remuneración de la ac­tora era de $ 189,89, con la que debe efectuar­se el cálculo de la reliquidación. Además en el considerando Quinto resuelve lo reclamado por vacaciones y remuneraciones de junio de 2001.

3.2. Visto lo anterior, se concluye que en el fa­llo no existe infracción a ninguna de las normas citadas por el casacionista en su impugnación; pues debe considerarse que, en efecto, la Cons­titución Política aludida por el impugnante ga­rantiza la libertad de contratación y en materia laboral la validez de la transacción, siempre que no implique renuncia de derechos. Sin embar­go en el presente caso, lo establecido en el con­trato colectivo sobre el subsidio de comisariato implica un desconocimiento y una infracción de las normas constitucionales y legales, arts. 35 n. 14 y 95 (Constitución P. y  C. Trabajo), pues al ser pagado mensualmente se constituye en parte de la remuneración. Y en lo que res­pecta a la alegación de aplicación indebida del art. 5 del Reglamento para la aplicación de la Ley Sustitutiva a la Compensación del Transpor­te, en primer lugar debe recordarse el princi­pio lógico y jurídico de que un reglamento no puede reformar lo que se establece en una ley y menos aún en una norma constitucional; y más aún sí consta la certi?cación conferida por la propia entidad demandada, de que se le venía pagando mensualmente a la actora el subsidio o compensación del transporte. Se anota ade­más que los documentos presentados por la ac­tora se hallan debidamente certi?cados, por lo que constituyen prueba su?ciente en el proce­so, por hallarse además relacionados con otros elementos procesales, entre ellos el acta de ?­niquito. 3.3. En de?nitiva esta sala observa que el fallo del Tribunal de segundo nivel en nin­gún caso signi?ca el desconocimiento del Acta de Finiquito, sino la determinación de que en este instrumento se produjo un error que debe enmendarse; de no procederse en esa forma se estaría aceptando la renuncia de derechos que le asisten a la extrabajadora, infringiendo con ello disposiciones constitucionales y legales. Finalmente, en conclusión, debe anotarse que el fallo cuestionado no ha infringido ninguna de las normas citadas por el recurrente. Por lo expuesto, y al no encontrar fundamento legal alguno en el recurso de casación, esta Primera Sala de lo Laboral administrando justicia en nom­bre del pueblo soberano del Ecuador, y por autori­dad de la Constitución y las leyes de la república, rechaza el recurso de casación presentado por el representante legal de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Ecapag) y con?rma en todas sus partes el fa­llo recurrido. Notifíquese y devuélvase. Fdo. Dr. Ramiro Serrano Valarezo. Jorge Pallares Rivera. Rubén Bravo Moreno. CERTIFICO.-Fdo) Dra. Consuelo Heredia Yerovia, secretaria relatora.