Mi Maletín de Compras

# de items: 0
Total: $0.00

Registro Oficial. 18 de AGOSTO del 2000 Suplemento

viernes 18 de agosto del 2000 | 12:00
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


  MES DE AGOSTO DEL 2000

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República

Viernes 18 de Agosto del 2000

REGISTRO OFICIAL No. 144

SUPLEMENTO

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

FUNCION LEGISLATIVA

LEY:

2000-23
Ley de reducción de penas a favor de los encarcelados, por motivo del año jubilar 2000

2000-24 Ley de Extradición

FUNCION EJECUTIVA

DECRETO LEY:

690
Promúlguese la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Partición Ciudadana

RESOLUCIONES:

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

140-2000-TP Declárase que la Comandancia General de la Policía Civil Nacional ha dejado de cumplir hasta la presente fecha las resoluciones del Tribunal Constitucional antes mencionadas y solicítase a las actuales autoridades de la Institución Policial para que procedan a dar cumplimiento a lo ordenado por el Organismo de Control Constitucional, en forma inmediata

145-2000-TP Confirmase la resolución del Juez de instancia; y, en consecuencia, niégase el amparo solicitado por el señor Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia

No. 2000 - 23

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que su Santidad Papa Juan Pablo II, ha convocado al mundo entero a la celebración del GRAN JUBILEO DEL AÑO 2000, que invita, entre otros nobles propósitos a promover una cultura de la solidaridad, con oportunas iniciativas de ayuda a favor de los pobres y marginados, entre los cuales se cuentan, de modo particular los reclusos y las reclusas de las cárceles;

Que el nueve de julio los encarcelados de todo el mundo celebraron su propio Día Jubilar, el cual revistió características de júbilo y solidaridad reales y tangibles;

Que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, recogiendo los llamamientos de su Santidad Juan Pablo II, y los clamores de los prisioneros de nuestras cárceles, ha presentado al H. Congreso Nacional una solicitud para la rebaja de penas a favor de algunos sectores especiales de reclusos;

Que es deber de las instituciones públicas, muy especialmente del H. Congreso Nacional, ser sensible a situaciones que invitan a la solidaridad, a la paz y a la comprensión entre los seres humanos; y,

En ejercicio de sus facultades constituciones y legales, expide la siguiente:

LEY DE REDUCCION DE PENAS A FAVOR DE LOS ENCARCELADOS, POR MOTIVO DEL AÑO JUBILAR 2000

CAPITULO I

Normas Generales

Art. 1. - A las personas que están cumpliendo sentencia ejecutoriada, o que se encuentren en el caso previsto en el artículo 328 del Código de Procedimiento Penal, se les perdona un año en el cumplimiento de la pena, independientemente de las rebajas de ley.

Art. 2. - El beneficio señalado en el artículo anterior será de dos años, a favor de las personas mayores de 65 años, embarazadas, discapacitados, enfermos en etapa terminal, y madres con hijos a su cargo.

Art. 3. - Las mujeres embarazadas, cumplirán las penas bajo el régimen de arresto domiciliario, hasta noventa (90) días luego de concluido el embarazo.

CAPITULO II

Procedimiento

Art. 4. - Esta Ley será aplicada en forma automática e inmediata por los jueces que dictaron los respectivos fallos, quienes una vez cumplidos los requisitos establecidos en la misma, comunicarán su resolución a los respectivos directores de los Centros de Rehabilitación Social, para su inmediato cumplimiento.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los veintisiete días del mes de julio del año dos mil.

f.) lng. Juan José Pons Arízaga, Presidente.

f) Lcdo. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General. Palacio Nacional, en Quito, a once de agosto del dos mil.

Promúlguese.

f) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original. - Lo certifico:

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración Pública.
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Oficio No. SGAP. 0001921

Quito, agosto 17 del 2000.

Señor
Edmundo Arízala
Director del Registro Oficial, (E)
En su Despacho

De mi consideración:

De conformidad con lo que dispone la Constitución Política de la República, le remito para su publicación en el Registro Oficial, la LEY DE EXTRADICION, que ha sido sancionada por el Ministerio de la Ley.

Así mismo, le remito el auténtico de la ley, en mención, para que sea devuelto al Congreso Nacional, una vez que se publique en el Registro Oficial.

Atentamente,
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración Pública.

No. 2000 - 24

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que en el ordenamiento jurídico del Ecuador, el régimen legal de la extradición, activa y pasiva, consta en el Reglamento a la Ley de Extranjería de 30 de junio de 1986 publicado en el Registro Oficial No. 473 de 7 de julio de 1986;

Que dicho reglamento, en lo relativo al régimen de la extradición activa, pretendió reformar ilegalmente el contenido del artículo 164 del Código de Procedimiento Penal, expedido el 26 de mayo de 1983, publicado en el Registro Oficial No. 54 de 10 de junio de 1983;

Que la extradición a pesar de la evolución de fondo y forma que ha experimentado en el ámbito internacional, se encuentra regulada en nuestro País, en un contexto legal inapropiado como el de la extranjería y en un nivel reglamentario, en contra de la corriente legislativa imperante en el mundo;

Que la referida situación jurídica no está en armonía con el ordenamiento constitucional vigente, lo que hace imperiosamente necesario una Ley de Extradición que sirva eficientemente a sus propósitos; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:
LEY DE EXTRADICION

TITULO PRIMERO

DE LA EXTRADICION PASIVA

CAPITULO PRIMERO

DE LAS CONDICIONES DE LA EXTRADICION

Art. 1. - La extradición se concederá preferentemente atendiendo al principio de reciprocidad. El Gobierno podrá exigir una garantía de reciprocidad al Estado requirente.

Art. 2. - Se podrá conceder la extradición, con los límites señalados en la Constitución Política de la República, por aquellos delitos para los que las leyes ecuatorianas y las del Estado requirente señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad en su grado máximo o a una pena más grave; c cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a un año de privación de libertad por delitos también tipificados en la legislación ecuatoriana; sin embargo, la concesión de extradición podrá incluir otros delitos referidos en la solicitud aun cuando tengan una penalidad inferior.

Art. 3: - Si la solicitud de extradición se basa en sentencia dictada en rebeldía del reclamado, en la que éste haya sido condenado a pena que, con arreglo a la legislación ecuatoriana, no puede ser impuesta a quien no haya estado presente en la etapa del juicio o su equivalente, se concederá la extradición condicionándola a que la representación diplomática en el Ecuador del país requirente, en el plazo que se le señale, ofrezca garantías suficientes de que el reclamado será sometido a nuevo juicio en el que deberá estar presente con el cumplimiento de las demás garantías del debido proceso.

Art. 4. - En ningún caso se concederá la extradición de un ecuatoriano, su juzgamiento se sujetará a las leyes del Ecuador. La calidad de ecuatoriano será apreciada por el Juez o Tribunal competente para conocer de la extradición en el momento de la decisión sobre la misma, con arreglo a los preceptos correspondientes del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y siempre que no hubiera sido adquirida con el propósito de hacer imposible la extradición, en cuyo caso, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia o la Sala de lo Penal competente, según corresponda, solicitará al Presidente de la República la cancelación de la Carta de Naturalización en la misma sentencia del juicio de extradición.

Art. 5. - No se concederá la extradición en los casos siguientes:

1) La de extranjeros por delitos cuyo juzgamiento corresponda conocer a los jueces y tribunales ecuatorianos, según la ley interna.

Cuando proceda denegar la extradición por el motivo del inciso anterior, si el Estado en el que se hayan ejecutado los hechos así lo pidiere, el Gobierno ecuatoriano, dará cuenta del hecho que motivó la demanda al Ministerio Fiscal General a fin de que proceda judicialmente contra el reclamado. Si así se procediere, se solicitará al Estado requirente para que remita las actuaciones practicadas con el objeto de continuar el juzgamiento en el Ecuador.

En el caso de que el delito se hubiere cometido fuera del territorio del país requirente, la extradición podrá ser denegada si la legislación ecuatoriana no autoriza la persecución de un delito del mismo género, cometido fuera del Ecuador.

2) Cuando se trate de delitos de carácter político. No serán considerados como delitos políticos los actos de terrorismo; los crímenes contra la humanidad previstos por el Convenio para la prevención y penalización del crimen de genocidio adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de algún miembro de su familia. Tampoco serán considerados como delitos políticos los delitos comunes aun cuando hayan sido cometidos con móviles políticos.

3) Cuando se trate de delitos militares tipificados por la ley penal militar ecuatoriana y sin perjuicio de lo establecido al respecto en los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Ecuador; de los cometidos a través de los medios de comunicación social en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión; y de los delitos de acción privada.

4) Cuando la persona reclamada deba ser juzgada por un Tribunal de excepción.

5) Cuando se hubiere verificado la prescripción de la acción o de la pena, según la Ley ecuatoriana o la del Estado requirente.

6) Cuando la persona reclamada estuviere bajo proceso o haya sido juzgada, condenada o absuelta en el Ecuador por los mismos hechos en que se fundamente la solicitud de extradición. Podrá, no obstante, acceder a la extradición cuando se hubiere dictado auto inhibitorio que ponga fin al proceso penal por los referidos hechos y no haya tenido lugar por sobreseimiento firme o cualquier otra resolución que deba producir el efecto de cosa juzgada.

7) Cuando el estado requirente no diera la garantía de que fa persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.

8) Cuando el Estado requirente no hubiera dado las garantías exigidas en el artículo 3 de esta ley.

9) Cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condición de asilado, siempre y cuando no sea perseguida por otro delito que amerite la extradición. El no reconocimiento de la condición de asilado, cualquiera que sea su causa, no impedirá la denegación de la extradición por cualquiera de las causas previstas en esta ley.

Art. 6. - Podrá denegarse la extradición:

1) Si se tuvieran razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad, opinión política u orientación sexual, o que la situación de dicha persona corra el riesgo de verse agravada por tales consideraciones.

2) Cuando la persona reclamada sea menor de dieciocho años en el momento de la demanda de extradición y teniendo residencia habitual en el Ecuador, se considere que la extradición puede impedir su reinserción social, sin perjuicio de adoptar, de acuerdo con las autoridades del Estado requirente, las medias más apropiadas.

CAPITULO SEGUNDO

DEL PROCEDIMIENTO

Art. 7. - La solicitud de extradición se formulará por vía diplomática, o en caso de falta de representante diplomático del Estado requirente en el Ecuador, de Gobierno a Gobierno, debiendo acompañarse:

a) Copia certificada de la sentencia condenatoria o del auto de prisión preventiva o resolución análoga según la legislación del país requirente, con expresión sumaría de los hechos, lugar, fecha, naturaleza y circunstancias en que fueron realizados.

b) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia del sujeto reclamado y, de ser posible, su fotografía y huellas dactilares.

c) Copia de los textos legales con expresión del delito, la pena y la prescripción aplicables al caso.

d) Si el delito estuviere castigado con alguna de las penas a que se refiere el numeral 7 del artículo 5 de esta ley, el Estado requirente dará seguridades suficientes, a juicio del Gobierno ecuatoriano, de que tales penas no serán ejecutadas.

Los referidos documentos, originales o en copia certificada, se acompañarán de una traducción oficial al español cuando sus textos estuvieren en otro idioma. Cuando el trámite se realice por vía diplomática no será necesaria la autenticación de los documentos presentados.

Art. 8. - En caso de urgencia, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá ordenar la detención del sujeto reclamado en extradición, como medida preventiva, de oficio o a solicitud expresa del Juez o Tribunal competente, funcionario diplomático o consular del Estado requirente, en la que deberá hacerse constar expresamente que ésta responde a una sentencia condenatoria o mandamiento de detención con expresión de la fecha y hechos que lo motiven, tiempo y lugar de la comisión, datos y filiación de la persona cuya detención le interesa, con ofrecimiento de presentar seguidamente demanda de extradición.
La solicitud de detención preventiva se remitirá por vía postal, telegráfica o cualquier otro medio que deje constancia escrita, bien por vía diplomática, bien directamente al Ministerio de Gobierno, bien por conducto de la correspondiente organización internacional de policía criminal, y si en ella constaren todas las circunstancias necesarias, la Policía procederá a la localización y arresto del reclamado, poniéndolo a disposición del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en el plazo no superior a veinticuatro horas para que, silo estima procedente, decrete la prisión preventiva, que quedará sin efecto si transcurridos cuarenta días desde aquel en que se produjo la detención, el Estado requirente no hubiere presentado en forma la solicitud de extradición.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá, en cualquier momento y en atención a las circunstancias del caso, ordenar la libertad del detenido, adoptando alguna o algunas de las medidas siguientes para evitar su fuga; vigilancia a domicilio, orden de no ausentarse de un lugar determinado sin la autorización del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, orden de presentarse periódicamente ante la autoridad designada por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, retiro de pasaporte y prestación de una fianza. El incumplimiento de estas medidas dará lugar a la prisión preventiva dentro del plazo establecido en el inciso anterior.

La libertad del detenido, con o sin medias alternativas de la prisión preventiva, no será obstáculo para una nueva detención ni para la extradición, si la solicitud de ésta llegará después de la expiración del plazo mencionado en el inciso segundo de este artículo.

En todo caso, se informará al Estado reclamante de las resoluciones adoptadas, especialmente y con la urgencia posible, de la detención y del plazo dentro del cual deberá presentarse la demanda de extradición.

Art. 9. - Cuando la solicitud se hubiera formulado por vía diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores examinará sí se han acompañado a la misma, los documentos que establezcan el respectivo tratado o, en su falta, los del artículo 7 de esta ley. Sí el Ministro estimare que falta alguno de los requisitos de forma, devolverá la solicitud para que sean presentados, sin perjuicio de que el Ministerio de Relaciones Exteriores pueda considerar dicha solicitud incompleta como simple pedido de detención preventiva a cuyo efecto comunicará y enviará los antecedentes al Ministerio de Gobierno. El Ministro de Gobierno, atendidas las circunstancias de la solicitud y cuando el reclamado no estuviera ya detenido, previamente, podrá disponer que la Policía proceda a la detención de la persona reclamada y, en el plazo dispuesto en el artículo anterior, la ponga a disposición del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, remitiendo a esta autoridad los antecedentes y la demanda de extradición. Puesto a disposición judicial el reclamado y a la vista de la información recibida, el antes indicando Juez podrá ordenar la prisión preventiva del detenido.

Art. 10. - La autoridad gubernamental, remitirá el expediente al Presidente de la Corte Suprema de Justicia y si el reclamado no estuviere en prisión, el Ministro de Gobierno ordenará a la Policía para que se practique el arresto, y en el plazo de las veinticuatro horas siguientes pondrá al detenido, con los documentos, efectos o dinero que le hubieren sido aprehendidos, a disposición de la misma autoridad judicial.

Art. 11. - El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, siempre que el reclamado estuviere a su disposición, ordenará la inmediata comparecencia de éste, quien deberá hacerlo asistido de abogado y, sí fuere del caso, de intérprete. Al efecto y si el reclamado no los hubiere designado, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia designará a un defensor de oficio, y a un intérprete si fuere necesario. Se citará siempre al Ministro Fiscal General.

Identificado el detenido el Presidente de la Corte Suprema de Justicia le invitará a que manifieste, con expresión de sus razones, si consiente en la extradición o intenta oponerse a ella; si consintiera y no se suscitarán obstáculos legales que a ello se opongan, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia podrá acceder a la demanda de extradición. En caso contrario, dicho Juez adoptará la resolución que proceda, bien sea ordenando la libertad del detenido o bien dictando el auto de prisión preventiva, si antes no la hubiera dictado, con o sin fianza u otras medidas previstas en el artículo 8 de esta ley para continuar con el procedimiento. La resolución antes indicada se adoptará en la forma de auto, que se dictará dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comparecencia y del que se dará trasladado inmediato al Ministro de Gobierno. Contra este auto sólo procederá el recurso de apelación para ante la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la que corresponda por sorteo, la que resolverá en el término improrrogable de siete días.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de oficio o a instancia del Ministro Fiscal General o del reclamado, podrá disponer que se complete la información aportada con los datos necesarios referentes a la identidad del reclamado y a los presupuestos de hecho y de derecho justificativos de la solicitud de extradición, pudiendo señalar un plazo que en ningún caso excederá de treinta días. Las resoluciones del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en esta materia, serán recurribles conforme a lo establecido en el inciso anterior.

Art. 12. - Dentro de los quince días siguientes al de la ejecutoría del auto de procesamiento, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia señalará día y hora para la audiencia oral que tendrá lugar con intervención del Ministro Fiscal General, del reclamado de extradición asistido del abogado defensor y, si fuera necesario, del intérprete. En la audiencia podrá intervenir, y a tal efecto será notificado, el representante del Estado requirente cuando así lo hubiere solicitado. Silo quisiere, el reclamado presentará declaración sin juramento durante la audiencia, pero solamente se admitirá y practicará la prueba pertinente con las condiciones exigidas por el Tratado aplicable o por esta ley.

Art. 13. - En el plazo improrrogable de tres días siguientes al de la audiencia, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia pronunciará sentencia, concediendo o negando la extradición y, al propio tiempo, sobre si ha lugar a la entrega al Estado requirente, de los valores, objetos o dinero que hubiesen sido ocupados al reclamado. En caso de sentencia que acepte la pretensión de extradición, se hará constar el tiempo que la persona reclamada ha permanecido privada de libertad por razones de la extradición, y que la entrega quedará condicionada al compromiso de que tal tiempo sea computado al de la condena.

Contra esta sentencia sólo cabe el recurso de apelación, que deberá ser resuelto por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la que corresponda por sorteo el conocimiento de la causa, si antes no se hubiere radicado ya la competencia, en el plazo improrrogable de treinta días desde que se le remitió el proceso.

Art. 14. - La resolución firme del Presidente de la Corte Suprema de Justicia o de la Sala competente de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia declarando improcedente la extradición, será definitiva y vinculante para el Gobierno quien no podrá concederla.

La resolución del Juez o Tribunal declarando procedente la extradición no será vinculante para el Jefe de Estado ecuatoriano, quien directamente o a través del Ministre de Gobierno, por delegación de aquel, podrá denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público u otros intereses esenciales para el Ecuador.

Negada la extradición de una persona no se admitirá nueva solicitud por el mismo delito que fue materia de la primera solicitud.

Contra la decisión del Jefe de Estado no hay recurso alguno.

Art. 15. - Cuando más de un Estado solicite la extradición de una misma persona, bien por el mismo hecho o por hechos diferentes, el Presidente de la República o el Ministro de Gobierno por delegación de aquel, decidirá la entrega del reclamado, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes y, especialmente, la existencia o no de Tratado, la gravedad relativa y lugar de la comisión del delito, fechas de las respectivas solicitudes, nacionalidad de la persona reclamada y posibilidad de una ulterior extradición a otro Estado. Si hubiera duda, la preferencia queda a discreción del Gobierno del Ecuador.

Art. 16. - Ejecutoriada la sentencia que deniegue la extradición, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin dilación, ordenará que se notifique con la misma al Ministro de Gobierno y al Ministro de Relaciones Exteriores para su notificación a la representación diplomática del país que formuló la demanda de extradición. Asimismo, El Presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenará la inmediata libertad de la persona requerida de extradición.

Art. 17. - Si la sentencia declare procedente la extradición, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, sin dilación, ordenará que se notifique con la misma al Ministro de Gobierno.

El Ministro de Gobierno por delegación del Presidente de la República, decidirá la entrega de la persona reclamada o denegará la extradición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de esta ley. Resuelta la entrega de la persona requerida de extradición, el Ministro de Gobierno. comunicará de tal particular al de Relaciones Exteriores para su notificación a la representación diplomática del país que formuló la demanda de extradición. Dicha resolución será comunicada asimismo a la persona requerida de extradición.

Si el Ministro de Gobierno por delegación del Presidente de la República denegare la extradición de conformidad con el articulo 14 de esta ley. Dicho funcionario lo comunicará al Presidente de la Corte Suprema de Justicia para que disponga la libertad de la persona reclamada, sin perjuicio de su deportación del Ecuador, de conformidad con la legislación de extranjería. Igualmente lo comunicará al Ministro de Relaciones Exteriores para su notificación a la representación diplomática que formuló la solicitud de extradición.

Art. 18. - La entrega de la persona cuya extradición haya sido resuelta se realizará por agentes de la Policía ecuatoriana, previa notificación del lugar y fecha fijados. Con aquella, se entregarán a las autoridades o agentes del Estado requirente acreditados a tal fin, los documentos efectos y dinero que deban ser igualmente puestos a su disposición. Si la entrega del individuo reclamado no puede efectuarse se procederá a la de dichos documentos efectos y dinero, quedando a salvo en todo caso los derechos que pudieren corresponder sobre los mismos a otros interesados. El lugar y fecha fijados para la entrega serán comunicados asimismo al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Si la persona reclamada se encontrara sometida a procedimiento o a cumplimiento de una condena por los jueces o tribunales ecuatorianos o sancionada por cualquier otra clase de organismos o autoridades nacionales, la entrega podrá aplazarse hasta que dejo extinguidas sus responsabilidades en el Ecuador o efectuarse temporal o definitivamente en las condiciones que se fijen de acuerdo con el Estado requirente.

Sí la persona reclamada no hubiera sido recibida en la fecha y lugar fijados podrá ser puesta en libertad transcurridos quince días a contar de dicha fecha y necesariamente a los treinta, y se podrá denegar su extradición por el mismo hecho si de nuevo se solicitara.

Art. 19. - El Gobierno del Ecuador, previa solicitud del Estado requirente, podrá autorizar el tránsito por su territorio de personas cuya extradición se trámite entre otros estados. Tránsito que se realizará a cargo del Estado interesado y bajo la custodia de sus agentes oficiales.

Art. 20. - Para que la persona que haya sido entregada pueda ser juzgada, sentenciada o sometida a cualquier medida que afecte a su libertad personal, por hechos anteriores y distintos a los que hubieran motivado su extradición, será necesario autorización ampliatoria de la extradición concedida, a cuyo fin se presentará otra solicitud acompañada de los documentos previstos en el artículo 7 de esta ley y la declaración judicial de la persona entregada, que se tramitará como nueva demanda de extradición. Iguales requisitos serán necesarios cumplir para conceder la reextradición de la persona entregada a un tercer Estado.

No será necesaria esta autorización cuando la persona entregada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado al que se entregó, permanezca en él más de cuarenta y cinco días o regrese al mismo después de abandonarlo.

Art. 21 - Los gastos ocasionados por la extradición en territorio nacional serán, en régimen de reciprocidad, por cuenta del Gobierno ecuatoriano. Los causados por extradición en tránsito serán por cuenta del Estado requirente.

TITULO SEGUNDO

CAPITULO UNICO

DE LA EXTRADICION ACTIVA

Art. 22. - El procedimiento de la extradición activa en el Ecuador se regirá por la presente Ley, excepto en lo que fuere aplicable y estuviere expresamente previsto en los tratados que el Ecuador sea Parte.

Art. 23. - Para que el Juez de la causa eleve los antecedentes al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, o para que éste, en los casos de fuero de Corte Suprema de Justicia, inicie el procedimiento de extradición, será necesario que se haya dictado previamente auto de prisión preventiva o recaído sentencia ejecutoriada contra el procesado cuya extradición se pretende.

Sólo para efectos indicativos deberá mencionarse el país y el lugar en que el prófugo se encuentre, pero no se afectará el pedido de extradición si el prófugo cambia su estadía a otro país o ciudad, lo cual deberá ser establecido dentro del procedimiento que debe cumplirse, de conformidad con los artículos siguientes.

Art. 24. - El Presidente de la Corte Suprema de Justicia dictaminará, si es o no procedente la extradición, de conformidad a los Tratados celebrados entre el Ecuador y el Estado en el que el prófugo se encuentre o, en defecto de Tratado, con arreglo a los principios del Derecho Internacional.

Art. 25. - En caso afirmativo, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia se dirigirá al Ministro de Relaciones Exteriores acompañando una copia del auto de prisión preventiva o sentencia ejecutoriada y pidiendo que se practiquen las gestiones diplomáticas que sean necesarias para obtener la extradición del prófugo.

Acompañará, además, una copia autorizada de los antecedentes que hayan dado mérito para dictar el auto de prisión preventiva en contra del indicado o, de la sentencia firme que haya recaído en el proceso, si se trata de un reo condenado, los demás documentos señalados en el artículo 7 de esta ley o los que señalen los Tratados aplicables o las leyes del Estado requerido.

Art. 26. - El Ministro de Relaciones Exteriores, después de legalizar los documentos acompañados, hará practicar las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la resolución del Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Si se obtiene la extradición del prófugo, solicitará al Ministerio de Gobierno que lo haga conducir del país en que se encuentre hasta ponerlo a disposición del Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 27. - En el caso a que se refiere el artículo precedente, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia ordenará que el extraditado sea puesto a disposición del Juez de la causa a quien devolverá el proceso respectivo, o procederá directamente, según sea el caso, a fin de que el juicio siga su tramitación o de que el reo cumpla su condena si hubiere sentencia ejecutoriada.

Art. 28. - Si el Presidente de la Corte Suprema de Justicia declara no ser procedente la extradición o si ésta no es concedida por las autoridades del Estado en que el prófugo se encuentre, se devolverá el proceso al Juez de la causa para que proceda como lo determina la ley respecto de los ausentes.

Art. 29. - Si el proceso comprende a un individuo que se encuentre en el extranjero y a otros individuos presentes, se observarán las disposiciones anteriores en cuanto al primero y sin perjuicio de su cumplimiento seguirá la causa sin interrupción en contra de los presentes. El proceso, en tal caso, será elevado en copia al Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 30. - Los jueces y tribunales se hallan obligados a solicitar la extradición del prófugo que se encuentre en territorio de Otro Estado, contra quien hayan dictado o dicten auto de prisión preventiva en cualquier etapa del juicio penal, o sentencia penal condenatoria que imponga pena privativa de libertad. Por la supremacía de la ley sobre el reglamento, se declara que, en el primer caso, para proceder a la extradición, basta el auto de prisión preventiva, sin que se requiera auto de apertura del plenario o de llamamiento a juicio.

Art. 31. - Para los casos de extradición sustentada en un auto de prisión preventiva dictado con anterioridad al 13 de enero del 2000, fecha de la vigencia del artículo 7, entre otros, el nuevo Código de Procedimiento Penal, se entenderá en el sentido de que el único requisito es el auto de prisión preventiva dictado por el Juez o Tribunal competente en cualquier etapa del juicio penal.

DISPOSICION GENERAL

Las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradición se regirán por la presente Ley, excepto en lo que fuere aplicable y estuviere expresamente previsto en los tratados o convenios internacionales en los que el Ecuador sea Parte.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA. - Sustituyese el artículo 7 del Código Penal, por el siguiente: "El ecuatoriano que, fuera de los casos contemplados en el artículo anterior, cometiere en país extranjero un delito para el que la ley ecuatoriana tenga establecida pena privativa de libertad mayor de un año, será reprimido según la ley penal del Ecuador, siempre que se encuentre en territorio ecuatoriano.".

SEGUNDA. - La presente Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En caso de conflicto, sus disposiciones prevalecerán sobre las demás de carácter ordinario o especial.

Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador, a los veintiséis días del mes de julio del año dos mil.

f) lng. Juan José Pons Arízaga, Presidente.

f.) Lcdo. Guillermo H. Astudillo Ibarra, Secretario General.

Certifico que la presente Ley fue sancionada por el Ministerio de la Ley.

Palacio Nacional, en Quito, a diecisiete de agosto del dos mil.

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración Pública.

Es fiel copia del original.

Lo certifico.

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración Pública.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Oficio N° 00 - 1084 - DAJ.T.441

Quito a, 17 de agosto de 2000

Señor:
Edmundo Arízala Andrade
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL (E)
Ciudad.

Señor Director:

Con el fin de que se sirva publicar en el Registro Oficial, adjunto al presente le remito copia certificada de la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, fundamentado en lo que dispone el artículo 156 de la Constitución Política de la República.

Como consta en la copia certificada del oficio N0 00 - 781 - DAJ. T. 441 del 13 de julio del 2000, el proyecto de ley calificado de urgencia económica fue presentado en el Congreso Nacional el 13 de julio del presente año y el Congreso no lo ha aprobado, negado o modificado en el plazo previsto en el artículo 155 de la Constitución Política de la República.

Por lo expuesto y como lo ordena el artículo citado dispongo su promulgación como decreto - ley en el Registro Oficial.

Atentamente,

f) Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República.

Anexos: copia del oficio N0 00 - 781 - DAJ.T.441 del 13 de julio del 2000.

Texto de la ley y el Decreto 690.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Oficio N0 00 - 781 - DAJ.T.441

Quito, 13 de julio del 2000

Señor Ingeniero
Juan José Pons
PRESIDENTE DEL H. CONGRESO NACIONAL.
En su despacho

Señor Presidente:

En ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 155 de la Constitución Política de la República me permito poner a consideración del U. Congreso Nacional el Proyecto de "Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana", que he calificado como urgente.

Delego a los señores Presidente del Consejo Nacional de Modernización del Estado CONAM, Dr. Ricardo Noboa Bejarano, Ministro de Trabajo y Recursos Humanos Ab. Martín Insua Chang, Ministro de Energía y Minas lng. Pablo Terán Rivadeneira y Ministro de Agricultura y Ganadería Eco. Mauricio Dávalos Guevara, para la intervención en los debates.

Con sentimientos de mi distinguida consideración.

Atentamente,

f) Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República.

Es copia del original que reposa en el archivo de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.

Lo certifico:

f) Marcelo Santos, Secretario General de la Administración Pública.

N0 690

Gustavo Noboa Bejarano
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Con fundamento en el artículo 155 de la Constitución Política de la República, se remitió el 13 de julio del 2000 al Congreso Nacional el proyecto de Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, calificado 'de urgente en materia económica;

Que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 156 ibídem sin que el Congreso Nacional lo haya aprobado, negado o modificado;

Que de conformidad con la norma constitucional indicada el Presidente de la República está facultado para promulgarlo como decreto - ley; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 156 y 171 numeral 22 de la Constitución Política de la República,

Decreta:

Art. 1. - Promúlgase la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana y publíquese en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a los 17 días del mes de agosto del 2000.
f) Dr. Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.

Lo certifico:

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración Pública.

DECRETO LEY 2000 - 1

LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
OBJETIVO:

Las reformas que se plantean en este proyecto de ley tienen como propósito, promover aceleradamente los cambios indispensables y básicos en el ordenamiento jurídico de la República para, a través de la inversión en la producción y los servicios, lograr la reactivación de la economía nacional, la satisfacción de apremiantes necesidades de los ecuatorianos, y una más activa y directa participación ciudadana en los proyectos y planes delineados por el Gobierno Nacional, cuya prioridad es elevar el nivel de bienestar en la vida de los habitantes del país.

AMBITO:

El presente proyecto de ley reconoce que para alcanzar el único objetivo de la reactivación y desarrollo económico se requiere modificar simultánea y armónicamente el ordenamiento jurídico, en reconocimiento de la complejidad de la realidad económica y social. En consecuencia, el proyecto de ley versa sobre una sola materia, que tiene efectos sobre varios cuerpos legales, y su ámbito recae por su naturaleza en el área económica.

De otra parte, no es extraño que este proyecto pretenda precisar y complementar adecuadamente el marco legal en el que se inscribe la ley No. 2000-4 para la Transformación Económica del Ecuador, aprobada por el H. Congreso Nacional, y que consta promulgada en el suplemento del Registro Oficial N° 34 de 13 de marzo del 2000, cuyos fundamentos fueron decisivos para establecer el régimen monetario que rige a la República, y sobre los cuales se impulsa el nuevo esquema de la economía nacional para beneficio de todos los ecuatorianos.

REFORMAS SE SUSTENTAN EN CUATRO EJES:

La materia de la inversión y participación ciudadana dirigidas hacia el desarrollo económico y social, se construye sobre la base de cuatro ejes transversales:

El primer eje es la modernización del Estado, y el rediseño de su papel dentro del convivir social y su actualización con las nuevas realidades constitucionales, a cuyo fortalecimiento contribuyen tanto las reformas relativas al uso de los recursos naturales de la nación, así como las reformas al sector productivo, y las reformas a varias normas de contenido social. Estos cambios simultáneos, interrelacionados y absolutamente complementarios tienen la finalidad de generar transformaciones profundas e inmediatas en favor de la sociedad ecuatoriana en su conjunto.

PRINCIPALES EFECTOS DE LAS REFORMAS:

a) Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada:

La modernización constituye una verdadera política permanente y compromiso nacional, definida y ordenada mediante la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada que data de 1993. Esta decisión nacional fue consolidada y extendida en el texto de la nueva carta constitucional dictada en 1998.

En consecuencia, las reformas buscan en primer lugar actualizar el texto de la ley a las nuevas exigencias constitucionales. Este mandato ineludible para dar cabal cumplimiento a la voluntad de la nación expresada en la Constitución implica la participación del sector privado para beneficio de la sociedad. Se preservan y profundizan al mismo tiempo principios básicos que deben animar estos procesos, como la transparencia en la delegación para la prestación de servicios públicos, a fin de que respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad.

b) Ley de Creación del Fondo de Solidaridad

El objetivo central de la propuesta es permitir la participación ciudadana en los beneficios que genere la participación del sector privado en las empresas estatales. De esta manera, se entregarán beneficios efectivos y directos, como contribución a la salud y educación de grupos vulnerables y, entre ellos, los niños y ancianos.

c) Ley de Régimen del Sector Eléctrico:

Estas reformas apuntan a complementar el marco legal actualmente vigente que dispone de manera imperativa el proceso de participación privada en la modernización del sector eléctrico. A fin de dar cumplimiento a tal mandamiento legal, así como a los dictados constitucionales en los que se apoya, se formulan las reformas que darán seguridad jurídica y viabilidad técnica y económica al proceso.

Se agregan normas relacionadas con una adecuada estructura de los organismos estatales encargados de definir la política del sector y su regulación, así como correcciones al régimen de electrificación rural vigente, para que pueda alcanzar sus objetivos.

d) Ley de Hidrocarburos

Las principales reformas propuestas se dirigen a diseñar de mejor manera el contrato de gestión compartida (conocido como "joint ventures") para permitir la inversión privada en los campos actualmente bajo explotación de Petroecuador, con el propósito de incrementar la producción, que actualmente se encuentra en deterioro por falta de inversión, y maximizar la recuperación de las reservas, todo lo cual tendrá un impacto enorme en la economía del país. Para dar mayor transparencia al proceso, que se deberá llevar a cabo mediante licitación pública internacional, se considera la mayor participación del Estado como parámetro único de evaluación de las propuestas.

Otras reformas buscan promover la libre competencia en el sector, así como fortalecer el funcionamiento de la Dirección Nacional de Hidrocarburos y el Ministerio de Energía y Minas y sus actividades de control y regulación, acorde con las nuevas exigencias de la realidad económica.

e) Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) y sus Empresas Filiales

El proyecto de ley permitirá la transformación de las empresas filiales de Petroecuador en sociedades anónimas, con el propósito de transparentar sus operaciones en un esquema de eficiencia y libre competencia, a fin de maximizar sus rendimientos a favor del Estado.

Petroecuador no sería transformada y mantendría la propiedad de las acciones de sus filiales, las que no podrán ser transferidas.

f) Ley de Minería

Las reformas propuestas han sido producto de la iniciativa del sector sobre la base de consulta con los actores tanto del sector público como representantes empresariales de la industria.

En consecuencia, con la experiencia de la aplicación de la ley actual, buscan reflejar la realidad técnica y económica. Uno de los aspectos principales consiste en la unificación del título minero, para suprimir la inseguridad jurídica que rodeaba a las inversiones en prospección y exploración. Mediante otra norma se desestimulará de manera efectiva la especulación con áreas mineras, en beneficio de la verdadera inversión. El impulso de estas inversiones generará importantes recursos para beneficio de la población y de las instituciones del Estado y, de manera particular, para los gobiernos seccionales.

g) Código del Trabajo

Uno de los problemas mas cruciales por los que atraviesa el país es la carencia de fuentes de trabajo que permitan ingresos dignos a la población, constituyendo esta circunstancia una de las mayores preocupaciones del Gobierno Nacional. Sin duda alguna, la reactivación económica y promoción de inversiones es la acción más importante y directa que se puede realizar en este sentido. Para conseguir nuevas fuentes de empleo es necesario flexibilizar y actualizar ciertas normas que pudieran impedir la apertura de nuevas oportunidades a los ecuatorianos. Este es el principio que alienta las reformas que se proponen en el marco del Código de Trabajo.

h) Código de Salud

Las reformas buscan agilitar el otorgamiento de registros sanitarios para alimentos, para beneficio del consumidor, precautelando en todo caso el bien jurídico de la defensa de la salud.

Se busca permitir que los registros sanitarios se otorguen sobre la base de informes técnicos, o fundamentado en la homologación de registros otorgados por ciertas autoridades competentes extranjeras, de manera similar a la homologación prevista en la recientemente aprobada ley de medicamentos genéricos. De manera similar a lo previsto en esa ley, se permite también que análisis e informes puedan ser realizados por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez así como por universidades, politécnicas y laboratorios privados acreditados.

El otorgamiento de los registros sanitarios estará a cargo de manera descentralizada del Ministerio de Salud, garantizando las rentas que actualmente recibe el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez a través del pago de la tasa correspondiente.

i) Ley de Aviación Civil

La participación del sector privado se extenderá al manejo de áreas vitales para el desarrollo de las actividades económicas y en especial del comercio, del turismo y de los servicios, en los campos aeroportuario y de la aviación.

j) Ley de creación de CEDEGE

Con el propósito de que se mantenga en beneficio de los sectores agrícolas de la Costa y aún se profundicen las labores del CEDEGE a favor de este sector productivo, las reformas establecen una contribución especial destinada a estos propósitos.

k) Ley de Radiodifusión y Televisión

Se suprime la limitación que existe a la inversión extranjera en el sector. Si bien este límite del 25 % del capital se podría considerar modificado ya en virtud de las normas generales sobre inversión extranjera, es conveniente de manera expresa actualizar la ley con las normas constitucionales respecto a la igualdad de tratamiento a la inversión nacional y extranjera, y promover mayores inversiones y fuentes de trabajo.

l) Ley de Seguridad Nacional

Se elimina la prohibición a extranjeros de ser propietarios de inmuebles, arrendarlos, establecer industrias, etc. a 50 km. de la playa (lo que incluye las ciudades de Machala, Salinas, Manta, Esmeraldas) o frontera sin autorización del Presidente y previo dictamen del Comando Conjunto. De esta manera se actualiza la ley con las normas constitucionales que establecen la igualdad de derechos de nacionales y extranjeros, lo que no disminuye la facultad del Estado de establecer zonas de seguridad nacional.

m) Ley de Extranjería

Se actualiza la Ley de Extranjería que fue expedida hace treinta años. Se recogen principios universales de unificación familiar como fundamento para la obtención de una visa. Se crean nuevas categorías migratorias más flexibles o se reforman las existentes, incluyendo una visa de negocios fundamental para la promoción de inversiones, recogiendo la experiencia generada en la aplicación de la ley actual y sus limitaciones a través de los años.

LEY PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION Y LA PARTICIPACION CIUDADANA

El Congreso Nacional,

CONSIDERANDO

Que la Carta Política del Estado entre los objetivos permanentes que asigna a la economía nacional destaca: el desarrollo socialmente equitativo, regionalmente equilibrado, ambientalmente sustentable y democráticamente participativo;

Que tal cometido sólo puede alcanzarse promoviendo la inversión e incentivando la participación ciudadana en las grandes decisiones y proyectos que en el campo económico alienta el Estado;

Que es indispensable la actualización y modernización del sistema legal vigente y de los sectores involucrados, que hagan posible el cumplimiento eficaz y oportuno del mandato constitucional, particularmente en las áreas más dinámicas de la economía, como la agropecuaria, de hidrocarburos, sectores eléctrico, telecomunicaciones y laboral, de minería, de comercio exterior, de salud, de infraestructura física, de riego y de otras de alta significación para la economía nacional; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales, expide la siguiente:

LEY PARA LA PROMOCION DE LA INVERSION
Y LA PARTICIPACION CIUDADANA

TITULO 1

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE MODERNIZACION DEL ESTADO

Art. 1.- Sustitúyense los literales c) y d) del artículo 1, por los siguientes:

"c) La prestación de servicios públicos, las actividades económicas y la exploración y explotación de los recursos naturales no renovables de propiedad del Estado, por parte de empresas mixtas o privadas mediante cualesquiera de las formas establecidas en la Constitución; y,

d) La enajenación de la participación de las instituciones del Estado en las empresas estatales de conformidad con la ley."

Art. 2.- Suprímese en el artículo 4 la frase ", reservadas al Estado".

Art. 3.- El artículo 6 dirá:

"El Estado podrá delegar a empresas mixtas o privadas la prestación de servicios públicos y la exploración y explotación de recursos naturales no renovables de su propiedad. Esta delegación se hará por cualesquiera de los medios establecidos en la Constitución garantizando que, si se tratare de servicios públicos, éstos respondan a principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad, con especial énfasis en la determinación equitativa de precios y tarifas; y si se tratare de la exploración y explotación de recursos, se realice en función de los intereses nacionales.

Art. 4.- En el artículo 7, elimínese la frase: "En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 121 de la Constitución Política de la República y"

Art. 5.- En el artículo 10 sustitúyese "y, b) Dirección Ejecutiva." por "b) Presidencia; y, c) Dirección Ejecutiva".

Art. 6.- Sustitúyense los literales b), c), ch) y f) del artículo 11 por los siguientes:

"b) El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado;"

"c) El Gerente General del Fondo de Solidaridad o su delegado;"

"ch) El Presidente de la Corporación Financiera Nacional o su delegado;"

"f) El Secretario General de la Administración Pública o su delegado."

Art. 7.- En el artículo 12 elimínense los literales a), c), d) y g), y reemplácese el literal h) por el siguiente:

"h) Informar anualmente al Congreso Nacional sobre las actividades del CONAM;"

Art. 8.- A continuación del artículo 12 agréguese el siguiente:

"Funciones del Presidente.- Son funciones del Presidente, las siguientes:

a) Presidir el Consejo;

b) Dirigir y orientar las políticas del CONAM;

c) Coordinar las actividades del CONAM con las demás instituciones del Estado; y,

d) Las que le asignare el Consejo, de conformidad con la ley."

Art. 9.- En el artículo 16 suprímese la frase:

"En coordinación con la Secretaría Nacional de Desarrollo Administrativo, SENDA; y las respectivas entidades del sector público"

Art. 10.- Sustitúyese el inciso final del artículo 17, por el siguiente:

"Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo las entidades cuya autonomía está garantizada por la Constitución Política de la República".

Art. 11.- A continuación del artículo 17 agréguese un innumerado que diga:

"Las instituciones del Estado podrán establecer el pago de tasas por los servicios de , control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin de recuperar los costos en los que incurrieren para este propósito."

Art. 12.- Al final del primer inciso del artículo 28 agréguese el siguiente:

"Para este efecto, el funcionario competente de la institución del Estado tendrá la obligación de entregar, a pedido del interesado, bajo pena de destitución, una certificación que indique el vencimiento del término antes mencionado, que servirá como instrumento público para demostrar que el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos que correspondan".

En el segundo inciso del mismo artículo 28, en lugar de "artículo 213 del Código Penal", debe decir: "artículo 212 del Código Penal".

Art. 13.- A continuación del artículo 28 agréguese otro innumerado que diga:

"La formación, extinción y reforma de los actos administrativos de las instituciones de la Función Ejecutiva, se regirán por las normas del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva."

Art. 14.- El artículo 35 dirá: "delegación de atribuciones":

"Cuando la importancia económica o geográfica de la zona o la conveniencia institucional lo requiera, los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones u oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones. En estos documentos se establecerá el ámbito geográfico o institucional en el cual los funcionarios delegados ejercerán sus atribuciones. Podrán, asimismo, delegar sus atribuciones a servidores públicos de otras instituciones estatales, cumpliendo el deber constitucional de coordinar actividades por la consecución del bien común".

Art. 15.- En el artículo 37 suprímese la frase "dentro de los seis meses posteriores a la promulgación de esta ley".

Art. 16.- Sustitúyese el artículo 38 por el siguiente:

"Los tribunales distritales de lo Contencioso - Administrativo conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos, hechos administrativos y reglamentos, expedidos, suscritos o producidos por las instituciones del Estado, salvo los derivados de controversias sometidas a mediación y arbitraje de conformidad con la ley.

No se exigirá como requisito previo para iniciar cualquier acción judicial contra las instituciones del Estado el agotamiento o reclamo en la vía administrativa. Este derecho será facultativo del administrado, siempre y cuando lo ejerciera dentro del termino de noventa días".

Art. 17.- El artículo 41 dirá:

"Delegación. El Estado podrá delegar a empresas mixtas o privadas la prestación de los servicios públicos de agua potable, riego, saneamiento, fuerza eléctrica, telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias, aeroportuarias y ferroviarias, servicio postal u otras de naturaleza similar. La participación de las empresas mixtas o privadas se hará mediante concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquier otra forma contractual o administrativa de acuerdo con la ley. El Estado cumplirá con su obligación de atender la educación y la salud pública de los ecuatorianos conforme los mandatos de la Constitución y sin perjuicio de la actividad que, en dichas áreas, cumpla el sector privado.

La exploración y explotación de los recursos naturales no renovables cuya propiedad inalienable e imprescriptible pertenece al Estado, podrá hacerse a través de empresas públicas, mixtas o privadas".

Art. 18.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 42 por el siguiente:

"Los procesos de desmonopolización, privatización, y delegación previstos en esta ley se realizarán mediante los siguientes procedimientos: ".

Art. 19.- En el artículo 43 suprímese la frase:

"respetando lo que estipula el artículo 46 de la Constitución Política de la República"; y, en la letra b) agréguense al final las palabras "o negocios fiduciarios".

Art. 20.- El articulo 46 dirá:

"Articulo 46.- Contratos: Los contratos de delegación contendrán las cláusulas necesarias para asegurar que los servicios públicos a prestarse atiendan los intereses de los usuarios y la preservación del ambiente. En ningún caso, el Estado garantizará la rentabilidad del negocio ni establecerá tratamientos tributarios especiales o diferentes a los que rijan al momento de la celebración del contrato. Las condiciones contractuales acordadas entre las partes no podrán modificarse unilateralmente durante la vigencia del contrato por leyes ni otras disposiciones de carácter general que se expidieren con posterioridad a su celebración.

Todo contrato de delegación incluirá, necesariamente, una cláusula de arbitraje para la solución de controversias".

Art. 21.- Al final del artículo 47 agréguese el siguiente inciso:

"Cuando la concesión de un servicio publico implique una posición dominante en el mercado, su titular no podrá ser propietario, por sí mismo ni por terceras personas, de medios de comunicación colectiva o instituciones financieras. Cada una de estas actividades deberán ser desarrolladas, en forma exclusiva por sus administradores o propietarios".

Art. 22.- El artículo 48 dirá:

"Régimen. Para todos los efectos, incluyendo el tributario y el laboral, las corporaciones, fundaciones, sociedades y compañías constituidas con el aporte total o parcial de capital o bienes de propiedad de instituciones del Estado, se someterán al régimen legal aplicable a las personas jurídicas de derecho privado.

Estarán exentos de todo tributo fiscal, municipal o especial, y no causarán gravámenes, impuestos, ni contribuciones generales o especiales de ninguna naturaleza, todos los actos y contratos para el perfeccionamiento de la conformación, aumentos de capital, fusiones o escisiones o cualquier otra reforma de estatutos de corporaciones, fundaciones, sociedades y compañías, en la parte que corresponda al aporte de capital o activos de propiedad de instituciones del Estado o la capitalización de cuentas a las que tuvieren derecho. En la parte correspondiente a la inversión de las instituciones del Estado, estos actos y contratos se considerarán como de cuantía indeterminada para efectos del pago de derechos notariales, derechos de inscripción o de registro, y costos de afiliación o inscripción en las entidades a las que deban pertenecer por mandato legal".

Art. 23.- En el artículo 56 agréguese el siguiente inciso final:

"Los mecanismos que se utilicen para la delegación, en cualesquiera de sus modalidades, serán siempre públicos y contarán con una adecuada promoción en los medios nacionales de comunicación y el conocimiento por parte de los posibles interesados de las especificaciones, modalidades, condiciones y características de la delegación, a fin de permitir la participación y competencia de todos los interesados".

Art. 24.- En el artículo 57 sustitúyese la frase:

"La sección III del título IV de la segunda parte de la Constitución Política de la República", por la siguiente: "el título X de la Constitución".

Art. 25.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 61 por el siguiente:

"Forma y plazo de pago: El precio, forma de pago y demás condiciones para la transferencia de propiedad de los bienes de las instituciones del Estado deberán ser establecidos por la correspondiente institución del Estado en coordinación con el CONAM".

Art. 26.- En el artículo 64, sustitúyese la frase: "Para caso de venta" hasta la palabra "República" por una frase que diga "Para cualquier caso de delegación previsto en esta ley...".

Art. 27.- A continuación del artículo 64, agréguese el siguiente:

"Los bienes inmuebles que estén en posesión material de buena fe, no interrumpida, de las instituciones del Estado por más de cinco años, y que carecieren de títulos de propiedad legalmente inscritos a nombre de dichas instituciones, pasarán, por mandato de esta Ley, a ser de propiedad de las posesionarias. Los registradores de la propiedad de los cantones en los que dichos inmuebles se hallaren ubicados inscribirán las transferencias de dominio, previo auto que, al efecto, expedirán los jueces competentes, a petición de parte".

Art. 28.- Derógase el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 43 mediante ley publicada en el Registro Oficial N° 693 de 11 de mayo de 1995.

Art. 29.- Agréguense las siguientes disposiciones transitorias a la Ley de Modernización del Estado:

"... A efectos de cumplir con lo dispuesto en la Constitución respecto del transporte terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y de las actividades aeroportuarias y portuarias y hasta cuando se reformen las leyes respectivas, se faculta al Presidente de la República para reorganizar los directorios de las entidades y empresas respectivas a fin de convertirlas en entidades autónomas. En la integración de los directorios se observará lo dispuesto en el art. 123 de la Constitución Política para evitar conflictos de intereses. En los directorios podrán participar delegados de las entidades de la fuerza pública".

"... Los procesos para la solución de controversias iniciados con anterioridad a la vigencia de esta ley, que actualmente se encuentren en trámite ante los jueces de lo civil y cortes superiores, continuarán sustanciándose hasta su terminación y ejecución en esos mismos órganos judiciales. Los recursos de casación interpuestos serán resueltos por las mismas salas que los conocen a la vigencia de esta ley."

"... Los directivos, funcionarios, empleados y trabajadores que fueren sido sancionados legalmente con destitución en cualesquiera de las instituciones y empresas del Estado y sector publico, no podrán ser reincorporados a estas, sin excepción alguna. Quienes se encontraren incursos en esta prohibición y estuviesen cumpliendo funciones públicas, cesarán automáticamente en el cargo, sin derecho a indemnización ni recurso legal alguno."

TITULO 2

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE CREACION DEL FONDO DE SOLIDARIDAD

Art. 30.- A continuación del artículo 4 agréguense los siguientes artículos:

"Art. 4A.- Para la generación de los recursos descritos en el numeral a) del artículo anterior, el Fondo de Solidaridad podrá vender acciones de su propiedad dentro de las limitaciones y procedimientos que dispusieren las leyes especiales al respecto, sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana.

Art. 4B.- Para dar cumplimiento a sus fines y objetivos, el Fondo de Solidaridad, en coordinación con el Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, podrá establecer programas de participación ciudadana, con el propósito de beneficiar directamente a la ciudadanía y, especialmente, a grupos vulnerables de la población, mediante los procesos de modernización y privatización de las empresas y servicios públicos.

Para este efecto, el Fondo de Solidaridad podrá constituir fideicomisos mercantiles o encargos fiduciarios con acciones de su propiedad que no hubiesen sido transferidas al sector privado. Serán beneficiarios directos de los rendimientos económicos de los fideicomisos o encargos fiduciarios aquellos grupos vulnerables que requieran particular atención del Estado, especialmente niños y ancianos, como contribución a su salud y educación. Esta contribución podrá consistir en recursos en efectivo o su equivalente y ser entregada de manera directa".

TITULO 3

DE LAS REFORMAS A LA LEY HIDROCARBUROS

Art. 31.- En el Capítulo I, Disposiciones Fundamentales, agréguese el siguiente artículo:

"Artículo 1-A.- En todas las actividades de hidrocarburos, prohíbense prácticas o regulaciones que impidan o distorsionen la libre competencia, por parte del sector privado o público. Prohíbense también prácticas o acciones que pretendan el desabastecimiento deliberado del mercado interno de hidrocarburos".

Art. 32.- En el artículo 7, elimínese el penúltimo inciso.

Art. 33.- A continuación del inciso segundo del artículo 9 añádese el siguiente:

"Para los propósitos de este artículo el ministro del ramo fijará los derechos por los servicios de regulación y control que prestan sus dependencias. Los recursos que se generen por estos derechos y por las multas impuestas conforme a los artículos 77 y 78 de esta ley serán recibidos y administrados directamente por el ministerio del ramo sobre la base del registro que se haga de ellos en el Ministerio de Economía y Finanzas, como parte del presupuesto institucional aprobado".

Art. 34.- Sustitúyese el artículo 10 por el siguiente:

"Artículo 10.- Los actos jurídicos de las instituciones del sector podrán ser impugnados en sede administrativa o judicial. La impugnación en sede administrativa se hará de conformidad con el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva. En sede judicial, se tramitará ante los tribunales distritales de lo Contencioso - Administrativo.

Las controversias que se deriven de los contratos regidos por esta ley podrán ser resueltas mediante la aplicación de sistemas de mediación y arbitraje de conformidad con lo establecido en la ley y en el convenio arbitral correspondiente."

Art. 35.- Sustitúyense los incisos primero y segundo del artículo 11 por los siguientes:

"La Dirección Nacional de Hidrocarburos es el organismo técnico - administrativo dependiente del Ministerio del ramo que controlará y fiscalizara las operaciones de hidrocarburos en forma directa o mediante la contratación de profesionales, firmas o empresas nacionales o extranjeras especializadas.

La Dirección Nacional de Hidrocarburos velará por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y seguridad, sobre la base de los reglamentos que expida el Ministro del ramo".

Art. 36.- Sustitúyense los artículos agregados a continuación del artículo 18 de la Ley de Hidrocarburos mediante Ley 98-09, publicada en el Registro Oficial 12 de 26 de agosto de 1998, por los siguientes artículos:

"Art. 18-A.- Son contratos de gestión compartida aquellos que suscriba el Estado ecuatoriano a través de Petroecuador, con empresas públicas o privadas nacionales o extranjeras o consorcios de empresas, con el propósito de incrementar y optimizar la producción de hidrocarburos, maximizar la recuperación de sus reservas y realizar actividades de exploración y explotación en el área del contrato.

Art. 18-B.- El contrato será adjudicado por el Comité Especial de Licitaciones, CEL, previa licitación pública internacional, sobre la base del Sistema Especial de Licitación al que se refiere el artículo 19 de esta Ley, a favor de la empresa o consorcio de empresas que ofreciere la mayor participación para el Estado. El porcentaje de participación del Estado se incrementará en función del aumento de la producción.

Las bases de licitación determinarán los requisitos y condiciones mínimas para la calificación de las empresas o consorcio de empresas participantes, entre los cuales se establecerá el pago de un bono al Estado.

Art. 18-C.- La empresa o consorcio seleccionado deberá realizar, por su cuenta y riesgo, todas las inversiones, costos y gastos requeridos para el cumplimiento del objeto del contrato, hasta el punto de fiscalización. A partir de este punto se dividirán, entre las partes, la producción y todos los costos relacionados con su participación en la producción.

De la participación del Estado se pagarán las regalías correspondientes a la producción total fiscalizada, así como el impuesto aplicable a la producción para el Fondo para el Ecodesarrollo Regional Amazónico. La empresa seleccionada o cada empresa que forme el consorcio seleccionado, deberá pagar el impuesto a la renta que le corresponda de conformidad con la ley.

La devolución o abandono del área del contrato dará lugar a su terminación, sin que el Estado deba indemnizar suma alguna a la empresa o consorcio seleccionado".

Art.37.- Después del literal t) del artículo 31, agréguese otro que dirá:

"u) Elaborar estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental para prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades. Estos estudios deberán ser evaluados y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas en coordinación con los organismos de control ambiental y se encargará de su seguimiento ambiental, directamente o por delegación a firmas auditoras calificadas para el efecto".

Art. 38.- En el artículo 77, sustitúyese la frase "de veinte a quinientos salarios mínimos vitales generales" por la "de doscientos a tres mil dólares estadounidenses"; y elimínese lo siguiente: "Estas multas ingresarán a la Cuenta Unica del Tesoro Nacional."

Art. 39.- En el artículo 78 sustitúyese la frase "de cinco a cuarenta salarios mínimos vitales generales" por la frase "de cien a cuatrocientos dólares estadounidenses"; igualmente la frase "de cuarenta a sesenta salarios mínimos vitales generales" por "de cuatrocientos a un mil dólares estadounidenses"; y añádase, luego de la frase "multa y suspensión", las palabras "o revocatoria".

Art. 40.- Después de las Disposiciones Generales, agréguense los siguientes artículos innumerados:

"Art..: Consulta. Antes de la ejecución de planes y programas sobre exploración o explotación de hidrocarburos, que se hallen en tierras asignadas por el Estado ecuatoriano a comunidades indígenas o pueblos negros o afroecuatorianos y, que pudieren afectar el ambiente, Petroecuador sus filiales o los contratistas o asociados, deberán consultar con las etnias o comunidades. Para ese objeto promoverán asambleas o audiencias públicas para explicar y exponer los planes y fines de sus actividades, las condiciones en que vayan a desarrollarse, el lapso de duración y los posibles impactos ambientales directos o indirectos que puedan ocasionar sobre la comunidad o sus habitantes. De los actos, acuerdos o convenios que se generen como consecuencia de las consultas respecto de los planes y programas de exploración y explotación se dejará constancia escrita, mediante acta o instrumento público.

Luego de efectuada la consulta, el ministerio del ramo, adoptará las decisiones que más convinieran a los intereses del Estado.

Art......: Participación de etnias y comunidades: Las comunidades indígenas y los pueblos negros o afroecuatorianos, que se encuentren asentados dentro de las áreas de influencia directa en los que se realicen los trabajos de exploración o explotación de hidrocarburos, podrán beneficiarse de la infraestructura construida por Petroecuador, sus filiales o los contratistas o asociados, una vez que haya concluido la etapa de exploración hidrocarburífera o explotación, si no existiere otra etapa a continuación de ésta, conforme el procedimiento que se determine en el reglamento que se dictará para el efecto".

TITULO 4

DE LAS REFORMAS A LA LEY ESPECIAL DE LA EMPRESA ESTATAL PETROLEOS DEL ECUADOR (PETROECUADOR) Y SUS EMPRESAS FILIALES

Art. 41.- Elimínese del primer inciso del artículo 2 la frase: ", como depositaria de los derechos privativos que la ley confiere al Estado Ecuatoriano".

Art. 42 .- En el artículo 4, numeral 8, elimínese la frase "y sus empresas filiales,"; en el artículo 5 suprímase la frase "y sus empresas filiales, actuará como Directorio de cada empresa filial"; elimínese el artículo 7; en el artículo 8, en el primer inciso, suprímanse las palabras "y de sus empresas filiales" y reemplácese la frase "puedan funcionar como empresas estatales" por la frase "pueda funcionar como empresa estatal", en el segundo inciso, suprímense las palabras "y de sus empresas filiales"; en el tercer inciso, elimínese la frase "y los gerentes de las empresas filiales" y agréguese la palabra "y" luego de las palabras "Presidente Ejecutivo"; en el artículo 9, primer inciso, elimínese la frase ", al cual se sujetarán tanto Petroecuador como sus empresas filiales, en todo cuanto a cada empresa corresponda"; en el literal b) suprímanse las palabras "y sus empresas filiales", y, en el último inciso, suprímase la frase "y a sus empresas filiales"; en el artículo 10, elimínese "y sus empresas filiales ejercerán" por la palabra "ejercerá".

Art. 43.- Agréguese la siguiente Disposición Transitoria:

"... Transfórmense las empresas estatales filiales permanentes de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador, descritas en el artículo 1 de la Ley Especial de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador (Petroecuador) y sus empresas filiales, en sociedades anónimas que se regirán por la Ley de Compañías. Asimismo, constitúyase una sociedad anónima con los activos e instalaciones de almacenamiento, despacho y transporte de propiedad de Petroecuador y sus empresas filiales, que determinare el directorio de Petroecuador, incluyendo el Sistema del Oleoducto Transecuatoriano SOTE.

El capital suscrito inicial de las nuevas sociedades producto de la transformación estará constituido por los activos y pasivos de los que fuere titular cada una de las empresas a la fecha de vigencia de este Ley, con excepción de los que se aporten para la constitución de la compañía para almacenamiento, despacho y transporte. Las nuevas sociedades deberán pagar al Estado el valor de las instalaciones que se aportan, mediante cuotas anuales hasta por un monto que no supere sus ingresos netos, de conformidad con lo que establezca el reglamento correspondiente al respecto. Los yacimientos de hidrocarburos y los derechos sobre tales yacimientos, que pertenecen al patrimonio inalienable e imprescriptible del Estado, no serán objeto de aporte a favor de las nuevas sociedades, bajo ningún concepto..

La propietaria de las acciones de las nuevas sociedades será la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador, que no podrá transferirlas a ningún título. En consecuencia, las nuevas sociedades seguirán siendo filiales de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador, Petroecuador.

El directorio de Petroecuador determinará tanto el objeto social de cada una de las nuevas sociedades descritas en esta Disposición Transitoria, como su organización societaria, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

Para que las empresas transformadas, así como la nueva sociedad anónima cuya constitución se ordena en esta Disposición Transitoria para el almacenamiento, despacho y transporte de hidrocarburos, puedan ejercer las actividades que se indiquen en sus estatutos y operar en el mercado en igualdad de condiciones con otras operadoras del sector, deberán recibir las autorizaciones o suscribir los contratos que correspondan.

En el proceso de transformación se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de las empresas, de acuerdo con la ley y contratos vigentes.

La conformación de las nuevas sociedades mediante transformación o constitución gozará de la exoneración de los tributos correspondientes.

El proceso de transformación y constitución se realizará dentro del plazo de 180 días a partir de la vigencia de la presente ley, plazo que podrá ser prorrogado por el Presidente de la República, quien, además, regulará la liquidación y cierre de estas empresas.

Petroecuador, en coordinación con el CONAM, podrá llevar adelante los mecanismos establecidos en el artículo 4B agregado después del artículo 4 de la Ley de Creación del Fondo de Solidaridad".

TITULO 5

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE MINERIA

Art. 44.- Sustitúyese el último inciso del artículo 7, por el siguiente:

"La concesión minera es susceptible de división material o acumulación, dentro del límite de una hectárea minera mínima y 5.000 hectáreas mineras máximas, por concesión".

Art. 45.- A continuación del artículo 25, agréguense los siguientes innumerados:

"Art...- Acreditación automática. Sin perjuicio de las asignaciones presupuestarias que corresponden al Ministerio de Energía y Minas para el funcionamiento de las dependencias del sector público minero, los recursos que se generen como resultado de la aplicación de la presente ley ingresarán a la Cuenta Única del Presupuesto General del Estado y deberán acreditarse en forma automática, en lo que le corresponda, a la cuenta del Ministerio de Energía y Minas, para el funcionamiento y operaciones de la Dirección Nacional de Minería y de la Dirección Nacional de Geología, para financiar el funcionamiento operativo de la administración del sector minero y el desarrollo de la infraestructura geológico - minera, y la implantación tanto de medidas ambientales como de seguridad minera.

Estos recursos serán administrados por el Ministerio de Energía y Minas, de acuerdo con las disposiciones que consten al respecto en el reglamento general de esta ley y, bajo ningún concepto, podrán destinarse a otros fines que no sean los determinados en el inciso primero de este artículo".

"Art...- Origen de los recursos. Los recursos a los que se refiere el artículo anterior provendrán de:

a) El pago de derechos de trámite administrativo y los que se obtengan como resultado de la recuperación de costos originada en la prestación de servicios institucionales por parte de las dependencias del sector público minero.

b) El pago de patentes de conservación y de producción.

c) Los que se obtengan a título de cooperación técnica, donaciones y contribuciones de cualquier naturaleza efectuados a favor del Ministerio de Energía y Minas con destino exclusivo a las dependencias del sector público minero.

d) El producto de las multas previstas en esta ley; y,

e) Los que correspondan a los fondos patrimoniales".

"Art...- Distribución de recursos de patentes de conservación. Los recursos provenientes del pago de patentes de conservación servirán para financiar la administración de recursos mineros, que incluye la Dirección Nacional de Minería y la Dirección Nacional de Geología, y para el mantenimiento y desarrollo de los Sistemas de Administración y de Información Mineras (SADMIN y SIM). El excedente se distribuirá de la siguiente manera: 50% para las municipalidades en cuyas circunscripciones se ubiquen las concesiones mineras, que será destinado de forma exclusiva para obras de infraestructura comunitaria; 20% para los consejos provinciales en cuya circunscripción se ubiquen las concesiones mineras, que será igualmente destinado de forma exclusiva para obras de infraestructura comunitaria; 15% para la fuerza pública; y 15% para los institutos estatales de educación superior que cuenten con facultades de Geología, Minas o Medio Ambiente.

La entrega de estos recursos, se efectuará en forma directa, oportuna y automática. Estará bajo la responsabilidad del Ministro del ramo y se hará efectiva mediante la transferencia de las cuentas del tesoro nacional a las cuentas de las dependencias y entidades beneficiarias".

Art.46.- Sustitúyense los Capítulos II y III del Título III, por el siguiente:

"CAPITULO I.- DE LA CONCESIÓN MINERA"

"Art...- Concesiones mineras. El Estado otorgará concesiones mineras a favor de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, conforme a las prescripciones de esta ley y su reglamento general.

La concesión minera confiere a su titular el derecho real y exclusivo a prospectar, explorar, explotar, beneficiar, fundir, refinar y comercializar todas las sustancias minerales que puedan existir y obtenerse en el área, sin otras limitaciones que las señaladas en la presente ley.

Art....- Unidad de medida. Para fines de aplicación de la presente Ley, la unidad de medida para las concesiones se denominará "hectárea minera". Esta unidad de medida, constituye un volumen de forma piramidal, cuyo vértice es el centro de la tierra; su límite exterior es la superficie del suelo y corresponde planimétricamente a un cuadrado de 100 metros por lado, medido y orientado de acuerdo con el sistema de cuadrícula de la Proyección Transversa Mercator, en uso para la Carta Topográfica Nacional.

Se exceptúa de estas reglas al lado de una concesión que linde con las fronteras internacionales y/o con zonas de playa, patrimonio nacional de áreas naturales protegidas, áreas del patrimonio forestal del Estado y bosques y vegetación protectores, en cuyo evento se tendrá como límite de la concesión, la línea de frontera, playas de mar o el límite del área protegida, según sea el caso.

Los aspectos técnicos que correspondan a las formas, dimensiones, relación entre las dimensiones mínima y máxima de las concesiones, orientación, delimitaciones, graficaciones, verificaciones, posicionamientos, mensuras, sistemas catastrales y los demás que se requieran para los trámites de otorgamiento, conservación y extinción de derechos mineros, constarán en el reglamento general de esta ley.

Art....- Dimensión, plazo de la concesión y demasía. Cada concesión minera no podrá exceder de 5.000 "hectáreas mineras" contiguas; tendrá un plazo de duración de hasta treinta años que será renovado automáticamente por períodos iguales siempre y cuando se hubiere presentado petición escrita del concesionario para tal fin, antes de su vencimiento.

Si entre dos o más concesiones mineras resultara un espacio libre que no llegare a formar una "hectárea minera", aunque en total cubra más de 10.000 metros cuadrados, tal espacio se denominará demasía, que podrá concederse al concesionario colindante que primero lo solicite.

El concesionario minero que se viere impedido de ejecutar normalmente sus labores mineras, por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, podrá solicitar ante la Dirección Nacional de Minería, tanto la suspensión del plazo de la concesión por el lapso que dure el impedimento como la repetición de la parte proporcional de las patentes pagadas durante dicho lapso.

Art....- Derechos de trámite administrativo. Los interesados en la obtención de concesiones mineras pagarán en concepto de derechos por cada trámite de solicitud de concesión minera y por una sola vez, cien dólares de los Estados Unidos de América.

El valor de este derecho no será reembolsable y deberá ser depositado en la forma que se establezca en el reglamento general de esta ley.

No se admitirá a trámite solicitud alguna a la que no se hubiere anexado el recibo de pago.

Art....- Patente de conservación. Los concesionarios mineros pagarán por cada hectárea minera una patente anual de conservación, en dólares de los Estados Unidos de América, por adelantado y por cada año calendario, en el transcurso del mes de marzo, de acuerdo con la siguiente escala:

VIGENCIA DE LA CONCESIÓN MONTO ANUAL

DESDE HASTA POR HECTAREA MINERA

Año cero año tres 1,0 US$

Año cuatro año seis 2,0 US$

Año siete año nueve 4,0 US$

Año diez año doce 8,0 US$

Año trece en adelante 16,0 US$

El primer pago del valor de la patente de conservación deberá efectuarse dentro del término de quince días contados a partir de la fecha de suscripción del documento en el cual se deje constancia de la aptitud del área para ser concesionada y corresponderá al lapso que decurra entre la fecha de presentación de la solicitud de la concesión y el 31 de diciembre de ese año.

La falta de suscripción del documento antes indicado o de pago de la patente de conservación, constituyen motivos suficientes para la declaratoria de abandono y archivo de solicitudes en la forma que se establece en la presente ley y su reglamento general.

A más del cumplimiento del plazo de la concesión y de la reducción o renuncia de la misma, no se reconoce otra causa de extinción de la concesión minera, que la falta de pago de las patentes de conservación o de producción, según corresponda.

Art....- Manifiesto de inicio de producción. En forma previa al comienzo de la producción comercial, el concesionario informará a la Dirección Regional de Minería competente la fecha de su inicio mediante manifiesto escrito que tendrá el carácter de declaración juramentada. El inicio de la producción comercial estará supeditado a la aprobación del estudio de evaluación de impacto ambiental.

El titular de una concesión minera no puede realizar labores de explotación comercial sin haber anunciado previamente su inicio, conforme se establece en el inciso anterior; sin embargo, hará suyos los minerales que eventualmente obtenga como resultado de los trabajos de exploración.

Los concesionarios que produzcan minerales sin haber avisado por escrito a la Dirección de Minería competente el inicio de producción comercial, serán sancionados con una multa equivalente al doble del valor de la patente de producción que correspondiera pagar, siempre que no constituya delito.

Art....- Patente de producción. Desde el inicio de la producción comercial, el concesionario minero pagará una patente anual estable, por cada hectárea minera manifestada en producción, de dieciséis dólares de los Estados Unidos de América.

Art....- Informes anuales. Durante la explotación comercial, los titulares de concesiones mineras deberán presentar, hasta el 31 de marzo de cada año, en la Dirección Regional de Minería competente, informes auditados respecto de su producción, de acuerdo con las guías técnicas que prepare la Dirección Nacional de Minería. Estos informes serán suscritos por el concesionario minero y por su asesor técnico que deberá acreditar su calidad de profesional en las ramas de geología y/o minería.

Las auditorías a los informes señalados serán contratadas por los concesionarios, bajo su exclusivo costo, con personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras debidamente calificados como consultores o auditores mineros, e inscritos en el registro a cargo de la Subsecretaría de Minas, de acuerdo con las normas pertinentes del reglamento general de la Ley de Minería.

Art...- Residuos minero - metalúrgicos. Constituyen residuos minero - metalúrgicos los desmontes, escombreras, relaves, desechos y escorias resultantes de las actividades minero - metalúrgicas.

Los residuos minero - metalúrgicos forman parte accesoria de la concesión, planta de beneficio o fundición de donde provienen, aunque se encuentren fuera de ellas. El titular del derecho minero puede aprovecharlos libremente.

Art...- Concesión de residuos abandonados. Los residuos minero - metalúrgicos abandonados se otorgan en concesión de explotación, conjuntamente con las demás sustancias minerales que pudieran existir dentro de los límites de la concesión solicitada, conforme con las prescripciones de esta ley.

Se consideran abandonados los residuos minero - metalúrgicos:

a) De una concesión minera extinguida;

b) De una planta de beneficio o fundición que hubiera dejado de trabajar por un periodo de dos años, salvo fuerza mayor o caso fortuito comprobados antes del vencimiento del plazo; y,

c) Cuando no es posible determinar su procedencia.

Art...- Explotación ilícita de minerales. Incurrirán en delito de explotación ilícita de sustancias minerales y serán sancionados en la forma determinada en el art. 57 de esta ley, quienes realicen la operaciones, trabajos y labores a los que se refiere la letra c), del art. 18, sin ser concesionarios mineros o sin tener el respaldo de esta ley para el efecto".

Art. 47.- A continuación del artículo 86, agréguese el siguiente artículo innumerado:

"Art....- Daños ambientales.- Para todos los efectos legales derivados de la aplicación de las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento General y especialmente en el Reglamento Ambiental para las Actividades Mineras en la República del Ecuador, la autoridad ambiental competente, dentro del Sistema Descentralizado de Gestión Ambiental previsto en la Ley de Gestión Ambiental, es la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas.

Para el juzgamiento de delitos penales ambientales, previo al levantamiento del auto cabeza de proceso, el Juez penal requerirá del informe que, para cada caso específico, emita la Subsecretaría antes mencionada.

Art. 48.- Sustitúyese el artículo 142, por el siguiente:

"Art....- Minería en pequeña escala.- Se considera minería en pequeña escala aquella que, considerando el área de las concesiones, volumen de procesamiento y producción, monto de inversiones, capital y condiciones tecnológicas, sea calificada como tal de acuerdo con las normas del reglamento general.

El Ministerio de Energía y Minas promoverá la evolución de la minería en pequeña escala hacia una mediana y gran minería a través de programas especiales de asistencia técnica, de manejo ambiental, de seguridad minera y de capacitación y formación profesional, con el soporte de inversión nacional o foránea".

Art. 49.- Sustitúyese el artículo 148, por el siguiente:

"Art....- Libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas. El libre aprovechamiento de materiales de construcción para obras públicas sólo podrán realizarse en áreas no concesionadas y contemplará el pago de indemnizaciones si se causaren daños a los propietarios de predios. Considerando la finalidad social o pública, este aprovechamiento será autorizado por la Dirección Regional de Minería competente".

Art. 50.- Sustitúyese el artículo 151, por el siguiente:

"Art....- Convenios de inversión.- El régimen tributario aplicable a inversiones en el sector minero podrá ser objeto de tratamientos y garantías especiales, mediante los convenios a que se refiere el art. 271 de la Constitución Política de la República. Sin perjuicio de lo establecido en los referidos convenios, las inversiones en actividades mineras gozarán de estabilidad jurídica y tributaria por el plazo y condiciones que determinare el Ministro de Energía y Minas, mediante acuerdo ministerial, considerando la cuantía de la inversión".

Art. 51.- Sustitúyense las disposiciones transitorias de la Ley de Minería por las siguientes:

"PRIMERA.- Solicitudes en trámite. Las solicitudes presentadas en las direcciones regionales de minería o en la Dirección Nacional de Minería, con el fin de obtener títulos de concesiones mineras de exploración o de explotación, al amparo de la Ley de Minería vigente con anterioridad a la presente ley, y que se encontraren en curso, deberán reformularse con sujeción a las normas de la presente ley y el reglamento correspondiente, dentro del plazo de treinta días contados a partir de la fecha de la promulgación de ese reglamento en el Registro Oficial.

En la reformulación de solicitudes se respetará el derecho de preferencia adquirido al amparo de la Ley de Minería vigente con anterioridad a la presente ley.

En todo caso, los solicitantes, al reformular sus peticiones, acompañarán los comprobantes del pago del derecho de trámite.

La falta de reformulación de las solicitudes dentro del plazo mencionado en el inciso primero de este artículo, determinará el archivo de la solicitud inicial y la eliminación automática de la graficación del área del catastro minero, sin necesidad de declaración ni notificación alguna.

SEGUNDA.- Sustitución de títulos. Los titulares de concesiones de exploración o de explotación otorgadas de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Minería con anterioridad a la vigencia de la presente ley, deberán solicitar la sustitución de los títulos en la Dirección de Minería competente, por los títulos de las concesiones mineras a los que se refiere la presente ley, en el plazo de sesenta días contados a partir de la publicación del reglamento correspondiente en el Registro Oficial.

Los concesionarios de exploración o de explotación, al solicitar la sustitución de los títulos, acreditarán a la fecha de su petición, el pago de patentes o de regalías, la presentación de estudios ambientales, y el estado de la concesión, con el certificado de gravámenes, contratos mineros, hipotecas, servidumbres y prohibiciones de enajenar conferido por el respectivo Registrador de la Propiedad.

Dicha sustitución se efectuará con la verificación de la existencia de los títulos de las concesiones de exploración o de explotación debidamente inscritos y vigentes, de lo cual se dejará constancia expresa en el nuevo título, sujeto a las disposiciones y requisitos señalados en la presente ley y el reglamento correspondiente, sin más trámite que el de otorgamiento, protocolización e inscripción en el registro de minería correspondiente, con sujeción al instructivo que para el efecto emitirá la Dirección Nacional de Minería.

TERCERA.- Efectos de la sustitución. La sustitución de los títulos de concesiones mineras de exploración o de explotación, por el título minero que debe otorgarse de acuerdo con las disposiciones de la presente ley, conllevará los siguientes efectos:

El nuevo plazo de la concesión correrá a partir de la fecha de inscripción del título en el Registro de la Propiedad.

El pago de las patentes de conservación establecido en la presente ley se efectuará a partir de la fecha en que fenezca el plazo de la concesión sustituida de exploración.

En el caso de los títulos de concesiones de explotación, el pago de patentes deberá efectuarse hasta la fecha de presentación de la solicitud de sustitución, en la forma establecida en la Ley de Minería con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

CUARTA.- Procedimientos en trámite. Los procedimientos administrativos de conservación y extinción de derechos mineros, de competencia de la Dirección Nacional de Minería y de las direcciones regionales, que se encontraren pendientes de resolución al momento de la expedición de la presente ley, seguirán sustanciándose hasta su conclusión, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Minería con anterioridad a la vigencia de la presente ley.

Art. 52.- De conformidad con la Disposición Final Tercera de la Ley de Minería vigente con anterioridad a la presente ley, se entenderá que las reformas que por esta ley se introducen, surtirán efectos respecto de todas las disposiciones que requieran modificarse o derogarse para fines de concordancia o codificación. Especialmente deróganse los artículos 8, 9, 10, 23, 24, 68, 69, 70, 71, 87, 101, 105, 106, 107, 142, 143, 144, 145, 146, 151, 152, 160, 161, 169, 172, 174, 175, 210, 211, 212 y 213. No serán aplicables las leyes o decretos que de cualquier manera contravinieran los preceptos de esta ley".

TITULO 6

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE REGIMEN DEL SECTOR ELECTRICO

Art. 53.- En el inciso primero del artículo 4, luego de la frase "cualquier tipo de fuente de energía" suprímase la palabra "primaria".

Art. 54.- Luego del artículo 5 agréguese el siguiente artículo:

"Art. 5A.- Política de electrificación.- Corresponde a la Función Ejecutiva, a través de las correspondientes Secretarías de Estado, la formulación y coordinación de la política nacional del sector eléctrico. Para el desarrollo y ejecución de dicha política el Estado actuará a través del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC."

Art. 55.- Sustitúyese el literal b) del artículo 13 por el siguiente:

"b) Elaborar el plan de electrificación, basado en el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales. Para el efecto mantendrá actualizado el inventario de los recursos energéticos del país, con fines de producción eléctrica. Este plan tendrá el carácter de referencial;".

Art. 56.- Sustitúyese el literal ñ) del artículo 13 por el siguiente:

"ñ) Formular y aprobar el presupuesto anual de gastos y requerimiento de recursos del CONELEC, y remitirlo al Ministerio de Finanzas para su integración y consolidación, en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público;".

Art. 57.- Sustitúyese el literal c) del artículo 14 por el siguiente:

"c) El delegado permanente del Director de la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República;".

Art. 58.- En el primer inciso del artículo 20, sustitúyese la frase " la Ley de Presupuestos del Sector Público", por " el artículo 13, literal ñ) de esta Ley".

Art. 59.- Suprímese el último inciso del artículo 28.

Art. 60.- Sustitúyese el tercer inciso del artículo 40 por el siguiente:

"El Estado ecuatoriano, bajo ningún concepto garantizará a ningún generador la producción, precio y mercado de energía eléctrica. Sin embargo, durante un periodo de transición hacia la estructuración de mercados competitivos, conforme al reglamento respectivo, el Estado queda facultado para garantizar el pago al generador que, cumpliendo con los requisitos que prevé la ley, suscriba contratos de compraventa de potencia y energía con empresas distribuidoras en las que el Estado fuere titular de la mayoría del capital accionario con derecho a voto. El Estado queda también facultado para otorgar las contragarantías gubernamentales que fueren necesarias, a fin de que los generadores puedan acceder a la emisión de garantías, conferidas por organismos multilaterales de crédito o agencias especializadas".

Art. 61.- Suprímese el inciso final del literal a) del artículo 53.

Art. 62.- Sustitúyese el primer inciso del literal b) del artículo 53 por el siguiente:

"b) Los pliegos tarifarios serán elaborados sobre la base de la aplicación de índices de gestión establecidos mediante regulación por el CONELEC, para empresas eficientes con costos reales".

Art. 63.- Sustitúyese el primer y segundo incisos del artículo 55 por los siguientes:

"Las tarifas que paguen los agentes del mercado eléctrico mayorista por el uso del sistema de transmisión, deberán, en su conjunto, cubrir los costos económicos correspondientes a la anualidad de los activos en operación e inversión del plan de expansión; operación y mantenimiento y pérdidas de transmisión, en los niveles aprobados por el CONELEC.

El reglamento establecerá los valores que se paguen por conceptos de conexión y costo del transporte y también establecerá los parámetros que el regulador aplicará para fijar la tarifa que le corresponda pagar a cada agente del mercado eléctrico mayorista".

Art. 64.- Sustitúyese en el primer inciso del artículo 56, la frase "tipo con costos normalizados," por "eficiente, sobre la base de procedimientos internacionalmente aceptados,".

Art. 65.- Agréguese antes del inciso final del artículo 56 un literal d) con el siguiente texto:

"d) Costos de expansión, mejoramiento, operación y mantenimiento de sistemas de alumbrado público que utilicen energía eléctrica".

Art. 66.- Sustitúyese en el artículo 61 la frase "recibirán el tratamiento de" por "formarán parte de alguna de las".

Art. 67.- Sustitúyese el artículo 62 por el siguiente:

"Art. 62.- Electrificación rural y urbano marginal.- El Estado promoverá los proyectos de desarrollo de electrificación rural y urbano - marginal, y las obras de electrificación destinadas a la provisión de agua potable, preferentemente en las poblaciones ubicadas en las provincias fronterizas, en la amazonia y Galápagos.

El financiamiento de los programas de electrificación rural estará a cargo del Fondo de Electrificación Rural y Urbano - Marginal, FERUM, que contará, como valor inicial, con los recursos actualmente existentes en el Fondo de Electrificación Rural y Urbano - Marginal y Fondo Nacional de Electrificación, previsto en la Ley Básica de Electrificación; por lo recaudado para esta finalidad, a partir de la expedición de esta Ley, y el Fondo Especial para Conexiones de Servicios a Consumidores de Bajos Ingresos, promulgada mediante Decreto No. 459-B en el Registro Oficial No. 831, de 24 de junio de 1975 y sus reformas. En lo sucesivo, se incrementará con la suma resultante de la facturación que harán los generadores y los distribuidores a los consumidores de categoría comercial e industrial, del 10% adicional sobre el valor neto facturado por suministro de servicio eléctrico, sin considerar ningún otro valor. El retraso en el pago de los valores facturados a los clientes y recaudados por las empresas eléctricas de g generación y distribución por concepto del FERUM, causará el pago de los correspondientes intereses de mora. Tales valores podrán ser recaudados por la vía coactiva.

La identificación y planificación de los proyectos de electrificación rurales y urbano marginales, estará a cargo de las empresas distribuidoras, en cuya circunscripción se fueren a ejecutar, en coordinación con los consejos provinciales y las correspondientes municipalidades y se someterán a la aprobación del Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC.

El Fondo de Electrificación Rural y Urbano Marginal, FERUM, proveerá los fondos necesarios para la construcción de las obras requeridas para la ejecución de los proyectos. Estos fondos formarán parte del patrimonio del Estado a través del Fondo de Solidaridad. En todo caso, la operación y mantenimiento de tales proyectos estará a cargo de las empresas de distribución existentes.

El Consejo Nacional de Electricidad, CONELEC, deberá aprobar los proyectos de electrificación rurales y urbano - marginales y los presupuestos a desarrollarse en un ejercicio anual, hasta el 31 de octubre del año inmediato anterior.

El Presidente de la República reglamentará la forma en la que se administrará el Fondo de Electrificación Rural y Urbano - Marginal, FERUM, así como los sistemas de facturación y recaudación y demás aspectos necesarios para el eficaz y cabal cumplimiento de los objetivos previstos en este artículo".

Art. 68.- Sustitúyese el artículo 66 por el siguiente:

"Art. 66.- Constitución y reformas de estatutos.- Todos los actos y contratos para el perfeccionamiento de la constitución, fusiones o escisiones de las compañías de generación, transmisión y distribución eléctrica en las que tenga participación el Estado, así como los aumentos de capital, en la parte que corresponda al aporte de activos de propiedad de instituciones del Estado o la capitalización de cuentas a las que tuviere derecho, incluyendo expresamente las cuentas derivadas de mecanismos de revalorización o reexpresión monetaria, están exentos de todo tributo fiscal, municipal o especial, y no causarán gravámenes, impuestos, ni contribuciones especiales de ninguna naturaleza. Estos actos y contratos se considerarán de cuantía indeterminada para efectos de pago de derechos notariales, derechos de inscripción o registro, y costos de afiliación o inscripción de las entidades a las que deban pertenecer por mandato legal".

Art.69.- Agréguese al final de la Disposición Transitoria Primera, letra D), numeral 2, lo siguiente "Esta disposición estará vigente hasta cuando el CONELEC determine que el incremento de la potencia instalada en el Ecuador permita que dicha empresa de generación cumpla con lo establecido en el tercer inciso del artículo 31".

Art. 70.- Disposición Transitoria.- Agréguese la siguiente disposición transitoria:

"CUARTA - K.- Regularización de la propiedad de inmuebles.- Los inmuebles que hubieren estado en posesión del Instituto Ecuatoriano de Electrificación, INECEL y sobre los cuales se hubiesen construido instalaciones que hubiesen sido aportadas por INECEL a sociedades anónimas de generación y transmisión y que carecieren de título de propiedad legalmente inscrito a nombre de las sociedades anónimas a las que se aportaron tales instalaciones, pasarán, por virtud de la ley, a ser de propiedad de las compañías constituidas con el aporte de dichas instalaciones. Los registradores de la propiedad de los cantones en los que dichos inmuebles se hallaren ubicados inscribirán las transferencias de dominio a favor de las sociedades anónimas a las que se hayan aportado las instalaciones de generación o transmisión, mediante orden judicial que será otorgada a petición de parte, sobre la base de los documentos que prueben la propiedad y ubicación de las instalaciones, sin perjuicio de los derechos de terceros a una justa compensación a que hubiere lugar."

TITULO 7

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE AVIACION CIVIL

Art. 71.- Sustitúyese el artículo 1 por el siguiente:

"Art. 1.- Corresponde al Estado la planificación, regulación y control aeroportuario y de la aeronavegación civil en el territorio ecuatoriano. Asimismo, le corresponde la construcción, operación y mantenimiento de los aeródromos, aeropuertos y helipuertos civiles, y de sus servicios e instalaciones, incluyendo aquellos característicos de las rutas aéreas, en forma directa o por delegación, según sean las conveniencias del Estado, con arreglo a las disposiciones de esta ley, del Código Aeronáutico, reglamentos y regulaciones técnicas, que deberán estar conforme con las normas vigentes de la Organización de Aviación Civil Internacional OACI, de la cual el Ecuador es signatario.

De acuerdo con la Constitución Política de la República y la Ley de Modernización del Estado se podrá delegar a la iniciativa privada, a través de cualquier modalidad reconocida por la ley, los aeródromos y aeropuertos existentes en el país a empresas nacionales o extranjeras que, mediante una licitación, presenten las condiciones más favorables al desarrollo, mantenimiento y mejoras de los actuales, sin excluir la posibilidad de la construcción y operación de nuevos aeródromos o aeropuertos.

Previa autorización del Presidente de la República emitida mediante decreto ejecutivo, los municipios podrán construir, administrar y mantener aeropuertos. Para el efecto, podrán ejercer estas facultades directamente o delegarlas a empresas mixtas o privadas mediante concesión, asociación, capitalización o cualquier otra forma contractual de acuerdo a la Ley."

Art. 72.- Sustitúyese el artículo 2 por el siguiente:

"Art.2.- El Estado ejercerá sus atribuciones a través del Consejo Nacional de Aviación Civil, como organismo regulador encargado de la política aeronáutica del país; y, de la Dirección General de Aviación Civil y sus dependencias, como ente controlador, que mantendrán el control técnico - operativo de la actividad aeronáutica nacional.

Art. 73.- Derógase el Capitulo II

Art. 74.- Sustitúyese el artículo 4 por el siguiente:

Art. 4..- El Consejo Nacional de Aviación Civil estará integrado por los siguientes miembros, con voz y voto:

"a) Un delegado nombrado por el Presidente de la República, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente en caso de empate;

b) El Comandante General de la Fuerza Aérea o su delegado, quien actuará como vicepresidente y subrogará al presidente en caso de ausencia;

c) El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado;

d) El Ministro de Comercio Exterior o su delegado;

e) El Ministro de Turismo o su delegado;

f) Un representante de la Federación de las Cámaras de Turismo;

g) Un representante de las empresas nacionales de aviación; y,

h) Un representante de las Cámaras de la Producción.

Los representantes a los que se refieren los literales f), g) y h) tendrán sus respectivos alternos quienes actuarán a falta o ausencia del titular.

El quórum estará constituido por cuatro miembros y sus resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los miembros presentes.

El Director General de Aviación Civil asistirá a las sesiones con voz informativa, sin voto.

El Consejo Nacional de Aviación Civil nombrará a su secretario de una terna presentada por el presidente de este organismo.

El Consejo Nacional de Aviación Civil, para el cumplimiento de sus funciones podrá designar sus propios asesores.

Art. 75.- En el artículo 6, reemplácese la frase: "adscrita al Ministerio de Defensa Nacional" por la de "adscrita a la Presidencia de la República".

Art. 76.- Añádese al artículo 6 lo siguiente:

"El Director General de Aviación Civil será nombrado por el Presidente de la República de una terna presentada por el Comandante General de la Fuerza Aérea. El Subdirector General y Subdirector del Litoral serán designados por el Director".

Art. 77.- Introdúcense los siguientes cambios en los numerales 8, 10, 14, 17,19, 22 y 25, del artículo 7:

"En el numeral 8 suprímese la palabra "Autorizar"

"10) Nombrar a los funcionarios y empleados de la Dirección General de Aviación Civil. La administración de las áreas concesionadas en los aeropuertos del país corresponderá a la concesionaria. El manejo de las áreas técnico - operativo de los aeropuertos estará a cargo de los jefes de aeropuerto, nombrados por la Dirección General de Aviación Civil.

14) Controlar la correcta recaudación e inversión de los fondos y administrarlos de acuerdo con la ley y el presupuesto aprobado por el Consejo Nacional de Aviación Civil.

En el numeral 17, después de la palabra "Registrar" suprímese la expresión " y controlar".

Al final de este mismo numeral, añádese lo siguiente: "así como las de carga".

En el numeral 19, suprímense las palabras: "construir", "certificar", "concesionar", "mejorar" y "ampliar ".

22) Conceder, renovar, modificar o suspender permisos de operaciones para trabajos aéreos especializados y para operaciones aéreas de las aeronaves destinadas a uso privado y para servicios conexos, observando lo dispuesto en los anexos de la OACI y en el artículo 5 literal d) de esta ley."

En el numeral 25, suprímese la expresión inicial que dice; "Organizar, dirigir y"

Art. 78.- Introdúcese la siguiente Disposición Transitoria:

En virtud de lo establecido en la presente ley, transfórmase la Empresa Estatal "TAME, Transporte Militares Ecuatorianos" denominada " TAME, Línea Aérea del Ecuador ", por disposición de la Ley N° 133 publicada en el Registro Oficial N° 1002 de 2 de agosto de 1996, en una sociedad anónima, la misma que operará con el nombre de "TAME, Línea Aérea del Ecuador S.A." Su capital estará dividido en acciones ordinarias y nominativas de propiedad de la Fuerza Aérea Ecuatoriana.

Encárgase al directorio de "TAME, Línea Aérea del Ecuador", a través del Presidente Ejecutivo de la Empresa, la ejecución de las gestiones necesarias ante la Superintendencia de Compañías y las autoridades pertinentes, para obtener en el plazo de ciento ochenta días, la aprobación y perfeccionamiento de esta nueva sociedad anónima.

Aprobados los estatutos de la nueva compañía, quedará derogada la Ley 104, promulgada en el Registro Oficial 506 del 23 de agosto de 1990 y sus reformas".

Art. 79.- Derógase el artículo 138 del Código Aeronáutico, constante en el decreto supremo 2662 del 14 de julio de 1978.

Art. 80.- En el inciso segundo del artículo 140 del Código Aeronáutico, constante en el decreto supremo 2662 del 14 de julio de 1978, sustitúyese la frase:

"... , real y efectiva..." por la siguiente " ... flexible de acuerdo con el reglamento".

TITULO 8

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE CENTROS AGRICOLAS Y CAMARAS DE AGRICULTURA

Art. 81.- La Ley se denominará ley de centros agricolas, camaras de agricultura y asociaciones de productores.

Art. 82.- En el art. 1 de la Ley, suprímase la expresión "así como las Cámaras de Agricultura Provinciales que se crean en virtud de la presente Ley."

Art. 83.- En el art. 2, incorpórense las siguientes modificaciones:

En el primer inciso, luego de "Jurisdicción Cantonal", añádase:

"y/o a la Asociación de Productores del principal producto que se genere en su propiedad. En el evento de que el productor cultive diferentes productos, podrá afiliarse a diferentes asociaciones. A través de la afiliación a estas entidades, los productores estarán afiliados a su respectiva Cámara de Agricultura Zonal".

En el mismo inciso, elimínese lo siguiente: "por medio de éste, a las Cámaras de Agricultura y a participar de sus actividades en la forma que prescriban la Ley y los Estatutos".

En el segundo inciso del Art. 2 suprímase la frase "y previa la correspondiente autorización del organismo competente".

Art. 84.- La denominación del CAPITULO III de la Ley será la siguiente: "ASOCIACIONES DE PRODUCTORES".

Art. 85.- Elimínanse los artículos 8, 9 y 10, que se reemplazan por uno solo, con el siguiente texto:

"Las Asociaciones de Productores se constituirán con el carácter de nacionales, regionales o zonales, aplicando para las dos últimas la división que caracteriza al Ecuador en las regiones Litoral, Interandina, Amazónica e Insular o la que corresponde a las Cámaras Zonales que establece la presente Ley, respectivamente. Reunirán en su seno a todos los productores de un producto agropecuario determinado. Se regirán por sus propios estatutos aprobados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería".

Art. 86.- Sustitúyese el Art. 11 de la Ley, por el siguiente:

"Las cámaras de agricultura zonales estarán integradas por los centros agrícolas cantonales de la respectiva zona y por las asociaciones de productores agropecuarios existentes en la misma".

Art. 87.- En los Arts. 12, 13, 14 y 15A sustitúyase la expresión "cámaras provinciales", por "centros agrícolas cantonales y asociaciones de productores existentes en las provincias de........... "

Art. 88.- Sustitúyese el Art. 17 de la Ley por el siguiente:

"El máximo órgano de gobierno de cada cámara zonal es la asamblea general, constituida por los productores agropecuarios que estén afiliados a las asociaciones de productores que tengan vida activa en la zona sobre la que tiene jurisdicción la respectiva cámara y/o los productores agropecuarios afiliados a los centros agrícolas cantonales existentes dentro de la jurisdicción de la misma".

Art. 89.- Sustitúyese el Art. 18 de la Ley, por el siguiente:

"El directorio de cada cámara zonal estará constituido por un representante nombrado por cada una de las asociaciones de productores agropecuarios que tengan vida activa en la zona, aún cuando su ámbito de competencia rebase el territorio zonal y por un representante por cada provincia ubicada dentro de la jurisdicción de la zona, que será elegido por un colegio electoral que conformarán los presidentes de los centros agrícolas que tengan vida activa en esa provincia".

Los dignatarios de cada cámara: el presidente, el vicepresidente y el presidente ocasional, serán nombrados por el directorio, de entre sus miembros, en la primera sesión de cada período.

Art. 90.- En el Art. 20, elimínase la siguiente frase: "será un agricultor afiliado a cualesquiera de los centros agrícolas del país........"

Art. 91.- Añádase en todo el texto, después de "centro agrícola cantonal" la expresión: "o asociaciones de productores agropecuarios"

Art. 92.- Incorpórense las siguientes Disposiciones Transitorias:

"PRIMERA: Dentro del plazo de sesenta (60) días de la promulgación de estas reformas, todas las cámaras zonales y centros agrícolas cantonales convocarán a elecciones, que deberán efectuarse dentro del plazo de quince días. No podrán ser elegidos para desempeñar cargo alguno en dichas cámaras y centros agrícolas, quienes hubieren sido reelegidos anteriormente como presidentes, vicepresidentes, o directores, en contravención al art. 1 de la Ley N° 45 Reformatoria a la Ley de Centros Agrícolas Cámaras de Agricultura Provinciales y Zonales, promulgada en el Registro Oficial N° 326 del 29 de noviembre de 1993. El incumplimiento de esta disposición causará la nulidad de todos los actos, contratos y funciones realizados por las citadas entidades y sus personeros. Los ex - presidentes de cada uno de estos organismos, constituidos en comité especial, vigilarán el acatamiento de estas reformas y, en caso de incumplimiento, estarán facultados para convocar a elecciones y asegurar que los elegidos no estén comprendidos

"SEGUNDA: Por esta ocasión, la renovación de los directorios de los centros agrícolas cantonales y cámaras de agricultura zonales será total, pero, desde la elección siguiente se aplicará la renovación parcial dispuesta en el inciso tercero del artículo 1 de la antes citada Ley reformatoria".

TITULO 9

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE CREACION DE

FONDOS DE DESARROLLO GREMIAL AGROPECUARIO

Art. 93.- La definición de "Asociación" constante en el Art. 1 de la Ley dirá:

Asociación: Es el organismo legalmente constituido y aprobado, que agrupa a los productores agrícolas o pecuarios de un determinado producto a nivel zonal, regional o nacional, conforme consta en la Ley de Centros Agrícolas, Cámaras de Agricultura y Asociaciones de Productores.

Art. 94.- A la definición de "Federación", constante en el Art. 1 de la Ley, añádase lo siguiente: "Podrá aprobarse una Federación solamente cuando no exista una Asociación Nacional de productores del correspondiente producto".

Art. 95.- El Art. 3 de la Ley, que fue reformado mediante el Art. 4 de la Ley No. 86, dirá:

"Créanse los Fondos de Desarrollo Gremial - Agropecuario que se financiarán con las contribuciones obligatorias de los productores agrícolas o pecuarios afiliados a las federaciones o asociaciones, en los montos mínimos y máximos fijados por éstas de acuerdo con el reglamento a esta Ley. En el caso de que el productor agropecuario no desee afiliarse a algún gremio, su contribución equivalente al máximo fijado, será recaudada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y servirá exclusivamente para programas de fortalecimiento gremial".

Art. 96.- Se deroga en su totalidad el Art. 6 de la Ley No 86, promulgada en el Registro Oficial No. 675 del 13 de Abril de 1995.

TITULO 10

DE LAS REFORMAS A LA LEY CONSTITUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS.

Art. 97.- Sustitúyese el artículo 1 de la Ley N° 165, publicada en el Registro Oficial N° 984 del 22 de julio de 1992, por el siguiente: El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), es una persona jurídica de derecho privado con finalidad social y pública, descentralizada, con autonomía económica, administrativa, financiera, técnica, con patrimonio propio y presupuesto especial, cuyo fin primordial es impulsar la investigación científica, la generación, validación, y difusión de tecnologías en el sector agropecuario.

Art. 98.- Sustitúyese el artículo 6 por el siguiente: "De la junta directiva.- La junta directiva estará integrada de la siguiente forma:

a) El Ministro de Agricultura y Ganadería o su delegado que será un Subsecretario, quien la presidirá y tendrá voto dirimente;

b) El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado que será un Subsecretario;

c) El representante de la Federación de Ganaderos del Ecuador o su delegado;

d) El representante de la Federación de Cámaras de Agricultura; y,

e) El presidente del Comité Ecuatoriano para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA).

El gerente general del INIAP se desempeñará como secretario de la Junta Directiva y tendrá únicamente voz informativa".

TITULO 11

DE LAS REFORMAS AL CODIGO DE SALUD

Art. 99.- Sustitúyese el Título IV del Libro II del Código de Salud por el siguiente:

"TITULO IV

DEL REGISTRO SANITARIO

Art. 100.- Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, productos naturales procesados, drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y homeopáticos unisistas, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, fabricados en el Ecuador o en el exterior, deberán contar con Registro Sanitario para su producción, almacenamiento, transportación, comercialización y consumo. El incumplimiento a esta norma será sancionado de conformidad con la ley, sin perjuicio de la responsabilidad del culpable de resarcir plenamente cualquier daño que se produjere a terceros con motivo de tal incumplimiento.

Art. 101.- El Registro Sanitario para alimentos procesados o aditivos, productos naturales procesados, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, o para las empresas que los produzcan, será otorgado por el Ministerio de Salud Pública, a través de las Subsecretarías y las Direcciones Provinciales que determinare el reglamento correspondiente y a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez.

El Registro Sanitario para medicamentos en general, medicamento genéricos, drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y homeopáticos unisistas, se regirá por lo dispuesto en la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano.

Art. 102.- El Registro Sanitario será otorgado cuando se hubiese emitido previamente un informe técnico favorable, o mediante homologación conforme a lo establecido en esta ley.

El Registro Sanitario podrá también ser conferido a la empresa fabricante para sus productos, sobre la base de la aplicación de buenas prácticas de manufactura y demás requisitos que establezca el reglamento al respecto.

Art. 103.- El informe técnico favorable para el otorgamiento del Registro Sanitario podrá ser emitido por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, universidades, escuelas politécnicas y laboratorios, públicos o privados, previamente acreditados para el efecto por el Sistema Ecuatoriano de Metrología, Normalización, Acreditación y Certificación, de conformidad con lo que establezca el reglamento al respecto.

Art. 104.- El Registro Sanitario se entenderá concedido en caso de que, existiendo el informe técnico favorable, el Ministerio de Salud Pública a través de las dependencias o subsecretarías correspondientes no hubiese otorgado el Registro Sanitario en el plazo de treinta días a partir de la recepción del informe, o no lo hubiere negado justificadamente. En este caso, el número del Registro Sanitario será el que conste en el informe del instituto o laboratorio acreditado al que deberá preceder el nombre del referido instituto o laboratorio, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de Salud Pública para cancelar el Registro Sanitario de conformidad con la ley.

Art. 105.- El Registro Sanitario será concedido por homologación a los alimentos procesados o aditivos, productos naturales procesados, cosméticos, productos higiénicos o perfumes y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola importados, que cuenten con certificados de registro sanitario, de venta libre, o de buena práctica de manufactura, otorgados por autoridad competente acreditada, de conformidad con lo que establezca el reglamento correspondiente.

El Presidente de la República determinará mediante el reglamento que dicte para el efecto la lista de las autoridades competentes de otros Estados o de organizaciones internacionales especializadas cuyos certificados de registro sanitario, de venta libre, o de buena práctica de manufactura, pueden ser objeto de homologación directa conforme a este artículo.

Art. 106.- El Registro Sanitario por homologación se entenderá concedido en caso de que el Ministerio de Salud Pública no lo hubiese otorgado, o negado justificadamente, en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud correspondiente, siempre que se tratare de certificados de registro sanitario, de venta libre, o de buena práctica de manufactura otorgados por las autoridades previstas en el respectivo reglamento. En este caso, el número del Registro Sanitario será el número o referencia del certificado de registro sanitario, de venta libre, o de buena práctica de manufactura original al que deberá preceder el nombre de la autoridad competente otorgante, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de Salud Pública para cancelar el Registro Sanitario de conformidad con la ley.

Art. 107.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de diez años contados a partir de la fecha de su otorgamiento.

Art. 108.- El Ministerio de Salud Pública podrá cancelar el Registro Sanitario en caso de que estableciere que un producto o su fabricante, según sea el caso, no cumple con los requisitos y características establecidos por la ley y normas correspondientes o que el producto pudiere, por cualquier causa, provocar perjuicios a la salud de los consumidores, siempre que las condiciones del producto no fueren imputables a circunstancias ajenas al control del titular del Registro Sanitario. En todo caso, la persona natural o jurídica responsable deberá resarcir plenamente cualquier daño que se produjere a terceros con motivo de tal incumplimiento, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

Para este propósito, el Ministerio de Salud Pública realizará, directamente o a través de terceros debidamente acreditados, inspecciones y análisis de control de los productos sujetos a Registro Sanitario, en forma periódica o aleatoria de oficio, o como consecuencia de denuncia presentada por cualquier persona, natural o jurídica, o por iniciativa de cualquier organismo o dependencia estatal, conforme al reglamento correspondiente. Las muestras necesarias podrán ser obtenidas en aduanas, en las instalaciones de producción o almacenamiento o en los canales de distribución al consumidor, incluyendo medios de transporte y lugares de exhibición y venta.

Art. 109.- En caso de cambios en la presentación, marca, o empaque u otras modificaciones similares de un producto que contare con Registro Sanitario, solamente se requerirá de un nuevo Registro Sanitario si el cambio fuere de tal naturaleza que pudiere tener efecto en la calidad y seguridad del producto o su aptitud de uso, conforme a lo que establezca el reglamento correspondiente.

Art. 110.- El otorgamiento del Registro Sanitario por parte del Ministerio de Salud Pública estará sujeto al pago de una tasa de inscripción para cubrir los costos administrativos involucrados, así como al pago de una tasa anual a favor del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. La falta de pago oportuno podrá dar lugar a la cancelación del Registro Sanitario.

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, las universidades, escuelas politécnicas y laboratorios, públicos o privados, acreditados para el efecto, tendrán derecho al pago por los servicios prestados por los análisis y la emisión de los informes técnicos correspondientes.

Art. 111.- La construcción, instalación, transformación, y funcionamiento de plantas industriales procesadoras de alimentos, laboratorios farmacéuticos y biológicos, de cosméticos y plaguicidas, requieren permiso previo de la autoridad de salud, que verificará que se ajusten a los requisitos establecidos y realizará el control periódico de los locales en funcionamiento. La falta de esta autorización, así como el incumplimiento de las normas de salud y normas técnicas aplicables de conformidad con lo que establezca el reglamento correspondiente, será causal para la cancelación del registro sanitario de los productos que allí fabricaren o procesaren o del registro sanitario de la empresa, según sea el caso".

TITULO 12

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE CREACION DE LA COMISION DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DEL RIO GUAYAS, CEDEGE.

Art. 100.- Modifícase el artículo 1 del Decreto Supremo N° 2672, promulgado en el Registro Oficial N° 645 del 13 de diciembre de 1965, de la siguiente manera:

"Art. 1. Créase la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca del Río Guayas, CEDEGE, como persona jurídica de derecho público, descentralizada, con duración indefinida y patrimonio propio, con autonomía técnica, funcional, administrativa, financiera y presupuestaria, con domicilio en el cantón Guayaquil y ámbito de acción en todo el territorio asignado, de acuerdo con el reglamento.

Art. 101.- A continuación del artículo 10, agréguense los siguientes artículos innumerados:

"Art. Establécese con el carácter de obligatoria la contribución especial de mejoras a las propiedades inmuebles que se han beneficiado o se beneficien con la construcción de obras y proyectos ejecutados por la CEDEGE en su área de influencia. El reglamento respectivo determinará el tratamiento especial que deberá otorgarse a los comuneros reconocidos por el directorio del organismo, dentro de su área de acción.

Art. El objeto de la contribución especial de mejoras corresponde al beneficio real o presuntivo en favor de las propiedades que se encuentran ubicadas en la zona de influencia de CEDEGE, por la construcción de obras de infraestructura, hidráulicas de riego, drenaje y control de inundaciones realizadas por este organismo y declaradas así por su directorio.

Art. El sujeto activo de la contribución que establece esta ley es CEDEGE y los sujetos pasivos son los propietarios de los inmuebles beneficiados por la construcción de las obras, sean personas naturales o jurídicas, sin excepción.

Art. La contribución especial de mejoras tendrá carácter real y, por consiguiente, las propiedades beneficiarias, cualquiera que sea su título legal o situación de catastro, responderán con su valor por la nota de débito que emita CEDEGE. Los sujetos pasivos de esta contribución responderán hasta el valor de la propiedad, de acuerdo con el avalúo actualizado.

Art. La base de esta contribución será el costo de la obra o del proyecto ejecutado, prorrateado entre las propiedades beneficiarias de los mismos.

Art. Con el producto de las contribuciones, CEDEGE formará un fondo que destinará exclusivamente a cubrir el costo, el mantenimiento de las obras respectivas y la ejecución de nuevos proyectos.

Art. En el caso de obras y proyectos de riego o drenaje ejecutados, esta contribución especial de mejoras podrá incrementarse progresivamente respecto de las propiedades improductivas.

Art. 102.- Modifíquense los literales del artículo 12, de la siguiente manera:

a) Los bienes, derechos y obligaciones de los cuales actualmente sea titular la CEDEGE;

b) Las asignaciones presupuestarias e ingresos de las cuales sea beneficiaria;

c) Las tasas, tarifas, y contribuciones especiales de mejoras que recaude por la prestación de servicios.

d) Los ingresos que generen los proyectos que ejecute directamente o por contratación;

e) Las donaciones, legados, herencias o la entrega de otros bienes o recursos que se hicieren en su favor;

f) La transferencia de tierras baldías en su área de influencia por parte del Instituto de Desarrollo Agrario, INDA ;

g) Los provenientes de préstamos internos e internacionales, reembolsables y no reembolsables;

h) Los provenientes de autogestión institucional y de su gestión empresarial;

i) Los que se originen en la explotación de las arenas de los lechos de los ríos en su área de influencia; y,

j) Los aportes que le entreguen las instituciones públicas del sector.

TITULO 13

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE IMPUESTOS PARA LA JUNTA DE BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL

Art. 103.- Modifícanse los numerales 4 y 6 del art. 1 de la ley del 7 de noviembre de 1920, publicada en el Registro Oficial N° 68 del 30 de los mismos mes y año, en la siguiente forma:

El numeral cuarto dirá;

"Los propietarios de automotores, cuyo avalúo no supere la cantidad de diez mil dólares de los Estados Unidos de América, pagarán a favor de la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil la cantidad de diez dólares al momento de obtener su matrícula anual en la Comisión de Tránsito del Guayas; si los automotores superaran este avalúo, pagarán quince dólares. Este impuesto será recaudado en la forma prevista por la ley y deberá ser remitido por el agente recaudador, dentro de los cinco primeros días de cada mes directamente al tesorero de la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Los automotores de transporte público, incluidos los taxis, pagarán únicamente el 50 % de este valor.

El numeral sexto dirá: "El tres por ciento sobre las cantidades que se jugaren en los hipódromos de la provincia del Guayas".

Art. 104.- Modifícase la Ley de Impuestos para la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil, número 900 del 22 de mayo de 1946, publicada en el Registro Oficial N° 593 del 27 de los mismos mes y año, en la siguiente forma:

El art. 1, dirá: "Grávase con el diez por ciento de su valor a cada entrada de todo espectáculo público que se realice en la provincia del Guayas. Los tesoreros municipales, luego de recibir de los agentes de cobro el valor de este impuesto, lo entregarán quincenalmente al tesorero de la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil". Quedan exentos de este impuesto los espectáculos deportivos.

En el art. 2, referente al impuesto adicional al impuesto de alcabalas, cambiase la frase: "El 1%", por: "El 3%".

El art. 3 dirá: "Un dólar de los Estados Unidos de América por trimestre o fracción de trimestre sobre cada cuenta corriente de los bancos que operen en la provincia del Guayas. El impuesto se cobrará en el momento de apertura de la cuenta y en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año sobre las cuentas que estén abiertas. Los bancos debitarán este impuesto de las respectivas cuentas, y lo entregarán mensualmente al tesorero de la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil. El Superintendente de Bancos controlará su estricto cumplimiento".

El art. 6, que reformó el art. 1º del Decreto Ejecutivo N° 412 del 11 de marzo de 1943, dirá: "El artículo 1º del Decreto Ejecutivo N° 412 del 11 de marzo de 1943, sustitúyase por el siguiente: "Créase a favor de la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil, el impuesto anual sobre el capital de operación, que gravará a toda persona natural o jurídica que ejerza actividades productivas en la provincia del Guayas y esté afiliado a una de las cámaras de la producción. Las personas que operen con un capital que no supere los cinco mil dólares de los Estados Unidos de América, pagarán la cantidad de cien dólares; las que lo hagan con un capital superior a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América y no superen los siete mil quinientos dólares, pagarán la cantidad de ciento cincuenta dólares; y, quienes operen con montos superiores a los siete mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América, pagarán la cantidad de doscientos dólares. Este impuesto será pagado anualmente en forma directa en la tesorería de la H. Junta de Beneficencia de Guayaquil dentro de los tres primeros meses de cada año".

Art. 105.- Establécese el impuesto de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América por cada cheque que los bancos emisores del país entreguen a sus clientes para que puedan girar con cargo a sus cuentas corrientes. Estos valores serán debitados por los bancos, como agentes de retención, de las cuentas corrientes de sus clientes al momento de la entrega del talonario de cheques; y, transferidos automática y simultáneamente a la cuenta de la Junta de Beneficencia de Guayaquil que ésta mantenga para ese propósito en la institución receptora. Los bancos remitirán mensualmente a la Junta una liquidación del impuesto retenido y acreditado.

Art. 106.- Las modificaciones a los impuestos efectuados por esta Ley, tendrán vigencia desde el 1 de enero del 2001.

TITULO 14

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE REGIMEN MONETARIO Y BANCO DEL ESTADO

Art. 107.- El artículo 23 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado dirá:

"Art. 23.- El directorio del Banco Central del Ecuador, mediante normas de carácter general, podrá autorizar al Banco Central del Ecuador para que, con cargo a las reservas de libre disponibilidad del Sistema de Operaciones de que trata la letra c) del artículo 2 de esta Ley y como un medio para recircular la liquidez del sistema financiero, realice operaciones de mercado abierto, a través de los siguientes mecanismos:

a) Emitir y colocar obligaciones financieras o títulos del Banco Central del Ecuador en los términos que, mediante regulación, establezca el directorio del Banco Central del Ecuador, el cual determinará, asimismo, las instituciones del sistema financiero que pueden intervenir en la adquisición de dichas obligaciones; y,

b) Realizar operaciones de reporto en dólares de los Estados Unidos de América con instituciones financieras públicas y privadas sujetas a la obligación de encaje, exclusivamente con títulos valores emitidos o avalados por el Estado a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Estas operaciones serán exclusivamente de liquidez, por lo tanto, solo tendrán acceso los bancos que tengan constituido al menos el mínimo patrimonio técnico requerido por la Ley, previa certificación de la Superintendencia de Bancos; las operaciones del reporto no se podrán efectuar sino hasta el 80% del valor del título. Si alguna de las instituciones financieras privadas solicítase operaciones de reporto que excedan del 50 % de los depósitos realizados para cumplir con su encaje, el Banco Central deberá solicitar autorización previa al Superintendente de Bancos.

El plazo de estas operaciones de reporto en ningún caso podrá ser mayor a 90 días".

Art. 108.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 109 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, por el siguiente:

"El objetivo del Banco del Estado es financiar programas, proyectos, obras y servicios encaminados a la provisión de servicios públicos cuya prestación es responsabilidad del Estado, sea que los preste directamente o por delegación a empresas mixtas o privadas, a través de las diversas formas previstas en la Constitución y en la Ley de Modernización del Estado; financiar programas de los sectores público y privado, calificados por el directorio como proyectos que contribuyan al desarrollo socio - económico nacional; prestar servicios bancarios y financieros facultados por la ley.

Art. 109.- A continuación del artículo 120, incorpórese el siguiente inciso:

"Los créditos que conceda el Banco del Estado a favor de empresas mixtas o privadas, deberán estar avalados por medio de garantías reales, fideicomisos mercantiles u otros mecanismos aceptados por el directorio del Banco del Estado y previstos en la ley".

Art. 110.- Reemplácese el artículo 124 por el siguiente:

"El Banco del Estado financiará programas, proyectos, obras y servicios cuya prestación es responsabilidad del Estado y otros proyectos productivos, sea que los recursos se entreguen al Gobierno Nacional, a las municipalidades y a los consejos provinciales, sea a empresas mixtas o privadas a las cuales el Estado haya delegado esta función, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables, en los montos, plazos y demás condiciones que fije su directorio. Este financiamiento podrá concederse también a instituciones privadas con finalidad social o pública que reciban rentas del Estado.

Las operaciones a las que se refieren los artículos 122, 123, 126 y 127 de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, serán aprobadas exclusivamente por el directorio del Banco del Estado."

Art. 111.- En el inciso primero del artículo 125 del mismo cuerpo de normas, luego de la frase: "al sector público" añádanse las palabras : "mixto y privado."

TITULO 15

DE LAS REFORMAS A LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES

DEL SISTEMA FINANCIERO

Art. 112.- Sustitúyase el artículo 144, por el siguiente:

"Art. 144.- Cuando una institución del sistema financiero no cumpliese con las resoluciones de la Junta Bancaria, las disposiciones de la Superintendencia de Bancos y demás normas aplicables, en particular con las referidas a los niveles de patrimonio técnico requerido, el Superintendente obligatoriamente exigirá y aprobará los programas de regularización que fueren necesarios y verificará su cumplimiento; dispondrá todas aquellas medidas de carácter preventivo y correctivo que sean necesarias e impondrá las sanciones pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiere lugar.

El Superintendente impondrá un programa de regularización cuando una institución del sistema financiero registre pérdidas en los dos últimos trimestres o cuando la proyección de sus negocios indique que dentro de los dos trimestres siguientes, podría caer por debajo del nivel mínimo de patrimonio técnico requerido.

Cuando la institución del sistema financiero incurra en una deficiencia del mínimo de patrimonio técnico requerido inferior al cuatro y medio por ciento (4.5 %), pero no menor del uno punto ocho por ciento (1.8%), de la relación referida en el inciso primero del artículo 47 de esta ley, la Junta Bancaria, a solicitud del Superintendente de Bancos, dispondrá que, dentro de un plazo no mayor de sesenta días, se constituya una garantía a favor de la Agencia de Garantía de Depósitos consistente en, cuando menos, el cincuenta y un por ciento (51 %) de las acciones pagadas de la Institución de que se trate. Esta garantía se cancelará y las acciones se devolverán a sus accionistas una vez que se restablezca el nivel de patrimonio técnico requerido.

Si no se constituye la garantía referida en el inciso anterior o si se incumpliese el programa de regularización que, en ningún caso, podrá tener un plazo superior a tres años, todos los accionistas perderán la propiedad de sus acciones, que pasarán automáticamente y por el ministerio de la Ley, a propiedad de la Agencia de Garantía de Depósitos. En este supuesto los nuevos administradores de la institución del sistema financiero presentarán un informe económico, jurídico y contable previo a la valoración de los activos, respecto de la situación de la institución. En el evento de detectarse irregularidades, el Superintendente de Bancos promoverá las acciones legales a que hubiere lugar.

Cuando se presenten deficiencias de patrimonio técnico requerido, el Superintendente dispondrá que se regularice la situación en un plazo que no excederá de noventa días".

Art. 113.- En el del artículo 145, efectúense las siguientes reformas:

a) En el inciso primero sustituir la palabra"....dispondrá...."por la frase".....podrá disponer...." ;

b) Derógase el literal a); y,

c) Derógase el último inciso del articulo que se reforma.

Art. 114.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 172 A por el siguiente:

"Cuando una institución del sistema financiero por cualquier causa no cumpliese con las resoluciones de la Junta Bancaria o de la Superintendencia de Bancos, o cualquier otra norma que le fuere aplicable, y en particular con lo establecido en el artículo 47 de esta Ley, y el Superintendente de Bancos considerare que conviene al interés público, podrá solicitar a la Junta Bancaria que ésta autorice la aplicación de cualquiera de los mecanismos establecidos en este artículo, en defensa de los derechos de los depositantes, con carácter previo a disponer la liquidación de la respectiva entidad".

Art. 115.- En el tercer inciso del artículo innumerado agregado a continuación del artículo 131, sustitúyese la frase: "24 horas" , por: "72 horas".

Art. 116.- Sustitúyese el artículo 174 por el siguiente:

"Los requisitos para ser Superintendente de Bancos, la forma de su elección, el tiempo de duración en su cargo y las causas para su remoción, serán los establecidos en la Constitución Política de la República.

El Superintendente de Bancos no podrá ejercer ninguna otra actividad pública o privada remunerada, salvo la docencia universitaria.

Para poder dar inicio a cualquier proceso penal, administrativo o civil, por cuestiones derivadas del ejercicio de sus funciones, cometidas por el Superintendente de Bancos, los miembros de la Junta Bancaria, los directores del Banco Central del Ecuador, los directores y el gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos, independientemente de que hayan cesado en los cargos, se requerirá que, previamente, una comisión de técnicos en materias bancaria, contable y legal, presenten un informe favorable sobre la procedencia del respectivo proceso. En esta etapa y ante esta comisión, podrán los involucrados comparecer en todo el trámite, ejerciendo su derecho constitucional a la defensa.

La comisión de técnicos a la que se refiere el inciso anterior será designada por el Presidente de la República de ternas que para el efecto deberán ser remitidas por el Procurador General del Estado, el Contralor General del Estado y el Consejo Nacional de la Judicatura.

Para los efectos establecidos en el tercer inciso de este artículo, y en atención a la prejudicialidad, el juez competente, antes de dar inicio al respectivo proceso, deberá solicitar al Presidente de la República que designe a la comisión de técnicos, a la que, una vez designada, remitirá todos los antecedentes que tuviere en su poder.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia será el juez competente para sustanciar en primera instancia los procesos en contra de los funcionarios mencionados en el tercer inciso de este artículo. La segunda instancia corresponderá a la Sala de la Corte Suprema de Justicia que sea competente en razón de la materia.

Cuando los funcionarios mencionados en el tercer inciso de este artículo deban declarar como testigos o rendir testimonio propio, lo harán mediante el informe escrito al que se refiere el artículo 230 del Código de Procedimiento Civil.

Los intendentes y directores de la Superintendencia de Bancos, los administradores, interventores, auditores y liquidadores designados por la Superintendencia, gozarán de fuero de Corte Superior. De igual fuero gozarán los administradores temporales de entidades financieras en saneamiento, así como los designados por la Agencia de Garantía de Depósitos en aplicación del artículo 144 de esta Ley".

Art. 117.- DISPOSICION TRANSITORIA.- Los procesos civiles o administrativos que, por cuestiones derivadas del ejercicio de sus funciones, estuvieren en trámite en contra de cualesquiera de los funcionarios mencionados en el tercer inciso del artículo 174 que se reforma en virtud de esta ley, serán remitidos, si estuvieren en primera instancia, al Presidente de la Corte Suprema, y en segunda, a la Sala de la Corte Suprema competente en razón de la materia, para que éstos órganos judiciales continúen con el respectivo trámite.

TITULO 16

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE MERCADO DE VALORES

Art. 118.- Derógase el inciso cuarto del artículo 3, a partir de donde dice:

"....sobre los valores no inscritos en el Registro de Mercado de Valores o que, estando inscritos, sean el producto de transferencias de acciones originadas en fusiones, escisiones, herencias, legados, donaciones y liquidaciones de sociedades conyugales o de hecho".

Art. 119.- Deróganse los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 32 de la Ley de Mercado de Valores".

TITULO 17

DE LAS REFORMAS A LA LEY PARA LA TRANSFORMACION

ECONOMICA DEL ECUADOR

Art. 120.- "En el inciso octavo del artículo 21 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, en el Area Tributario - Financiera, reformado por el artículo 38 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, sustitúyase la frase "....mensualmente por el Superintendente de Bancos, ..." por: "...trimestralmente por las calificadoras de riesgo...".

Art. 121.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 39 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, por el siguiente:

"Otórgase jurisdicción coactiva a las instituciones del sistema financiero sometidas a procedimientos de saneamiento, para la recaudación de créditos u otras acreencias en su favor, la cual ejercerán de conformidad con las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

El juez de coactiva será el gerente general de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), quien podrá delegar esta atribución a los administradores temporales de las instituciones referidas en el inciso anterior o a otras personas que, por su perfil profesional o experiencia, considere idóneas para el efecto".

Art. 122.- En la disposición general décima sexta, efectúense las siguientes reformas:

a) Sustituyese la frase: "... en el tercer inciso del artículo 26 de esta Ley,..." por: "... en el último inciso del artículo 144 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero;...."; y,

b) Sustituyese la expresión: "...sesenta (60) días.." por: " noventa (90) días..."

Art. 123.- A continuación del artículo 100, literal c), de la Ley de Transformación Económica agréguese el siguiente inciso:

"La derogatoria del artículo 22 de la Ley de Régimen Tributario se aplicara al ejercicio fiscal del año 2000".

Art. 124.- Sustitúyese la Disposición General Novena de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador (Ley 2000-4), publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo del 2000, por la siguiente:

"Novena.- La tasa máxima convencional, por encima de la cual se considerará delito de usura, de conformidad con el artículo 583 del Código Penal, será fijada periódica y obligatoriamente por el directorio del Banco Central del Ecuador. Esta tendrá un recargo de hasta el 50% sobre la tasa activa referencial, vigente en la última semana completa del mes anterior.

TITULO 18

DE LAS REFORMAS A LA LEY DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Art. 125.- Refórmese el artículo 3 de esta Ley, de la siguiente manera:

"El literal a) dirá: "Otorgar crédito para el fomento de la producción y comercialización, preferentemente para los pequeños y medianos productores agropecuarios, pequeños industriales, artesanos, pescadores artesanales, así como propietarios de pequeños agronegocios, o turisticos, sean personas naturales, o jurídicas".

El literal h) dirá: "Estimular el desarrollo de cooperativas u otras organizaciones comunitarias, mediante la concesión de crédito".

Añádanse los siguientes literales:

"l) Incrementar la creación de pequeños almacenes o centros de comercialización de productos agropecuarios, así como financiar la importación de insumos que éstos realicen.

"m) Establecer convenios de cooperación con organizaciones no gubernamentales, siempre que los objetivos de tales convenios sean afines con los objetivos del Banco. Con igual fin, se podrá también conceder crédito para microempresas, actuando estas organizaciones no gubernamentales como bancos de primer piso, si estuvieren autorizadas legalmente para el efecto.

n) Además de las operaciones señaladas en este artículo, el Banco podrá efectuar todas las operaciones contempladas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, incluidas las de comercio exterior".

Art. 126.- Sustitúyese el artículo 6 de la Ley por el siguiente:

"El monto del capital autorizado del Banco será determinado por el directorio de la entidad".

Art. 127.- Modifícase el artículo 7 de la Ley, de la siguiente manera:

En el literal a), sustituir la frase: "de esta Ley" por "de esta reforma".

Suprímese el literal c)

El literal g) dirá: "La partida que conste en el Presupuesto General del Estado para cada año.

Art. 128.- El artículo 11 dirá:

"La dirección y administración del Banco se ejercerán a través del directorio y la gerencia general

Art. 129.- Sustitúyese el artículo 12 de la Ley por el siguiente:

"El directorio de la entidad estará integrado por los siguientes vocales;

a) Un delegado del Presidente de la República;

b) El Ministro de Agricultura y Ganadería o su delegado;

c) El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca o su delegado;

d) El Ministro de Economía y Finanzas o su delegado;

e) El Presidente de la Federación de Cámaras de Agricultura o su suplente; y,

f) El Presidente de la Federación de Asociaciones de Ganaderos o su suplente.

Los vocales designarán de entre sus miembros al vicepresidente del directorio, quien ejercerá esas funciones mientras mantenga la calidad de vocal.

El delegado del Presidente de la República presidirá la sesión.

Art. 130.- Suprímese el artículo 15 de la Ley .

Art. 131.- Sustitúyese el artículo 21 de la Ley por el siguiente:

"El directorio tendrá quórum con la concurrencia de por lo menos cuatro vocales.

El gerente general o quien haga sus veces, asistirá obligatoriamente a las sesiones del directorio, y participará con voz, sin voto.

Las resoluciones del directorio se tomarán con un mínimo de votos que represente la mitad más uno del número de los vocales concurrentes.

El Presidente tendrá voto dirimente."

Art. 132.- Modifícase el artículo 32, de la siguiente manera:

En el numeral 2, elimínense las palabras "aceptaciones bancarias".

Sustitúyese el numeral 6 por el siguiente:

"Autorizar la reestructuración de los créditos otorgados por el Banco, siempre que ello permita la recuperación de cartera, en las condiciones establecidas en el reglamento de crédito de la entidad.

Los clientes cuyas obligaciones hayan sido reestructuradas, podrán ser sujetos de nuevos créditos de la entidad, siempre que presenten garantías suficientes de acuerdo a Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y que la actividad productiva sea financieramente rentable"

Art. 133.- Deróganse los artículo 43, 44, 45, 46 y 47 del parágrafo V, de la inspección, Fiscalización y Vigilancia de las operaciones del Banco Nacional de Fomento de la Ley.

"En lo que corresponda, el Banco Nacional de Fomento se regirá por lo previsto en la vigente Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

Art. 134.- En el artículo 157, suprímense los literales b) y c).

Dentro de las prohibiciones al Banco, constantes en este artículo, inclúyese un nuevo literal que dirá: "La condonación de capital en los préstamos concedidos".

TITULO 19

DE LAS REFORMAS A LA LEY PARA LA CAPITALIZACION

Y VENTA DEL BANCO CONTINENTAL S.A.

Art. 135.- Sustitúyese el primer inciso del artículo 2, por el siguiente:

"El Banco Central del Ecuador podrá mantener la propiedad de las acciones del banco Continental que actualmente tiene o las de cualquier otra institución financiera que le sean entregadas en canje o sustitución de dichas acciones del banco Continental, como consecuencia de una fusión, sin perjuicio de que estas acciones o las que las sustituyan, sean puestas a la venta separada o conjuntamente con la totalidad de acciones de un nuevo banco en el evento de una fusión"

Art. 136.- Derógase el artículo 3 de la Ley para la Capitalización y Venta del Banco Continental S.A.

TITULO 20

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE REORDENAMIENTO EN MATERIA ECONOMICA, EN EL AREA TRIBUTARIO - FINANCIERA

Art. 137.- En el primer inciso del artículo 22, sustitúyese la frase "...Superintendente de Bancos...", por "... Ministro de Economía y Finanzas..."; y "...Ministro de Finanzas y Crédito Público....", por "... un representante personal del Presidente de la República...."

En el segundo inciso del mismo artículo elimínese la frase "... de la Superintendencia de Bancos..".

En el cuarto inciso del mismo artículo sustitúyase la expresión "...Superintendencia de Bancos..." por "... Ministro de Economía y Finanzas...".

TITULO 21

DE LAS REFORMAS A LA LEY ORGANICA DE ADUANAS

Art. 138.- Elimínese del tercer inciso del artículo 4 de la Ley, la frase: "con excepción del Servicio de Vigilancia Aduanera".

Art. 139.- Derógase el inciso segundo del artículo 107

Art. 140.- En el inciso segundo del artículo 111 sustitúyese "cuatro años" por "dos años" y añádase: "Podrá ser removido en cualquier tiempo con el voto favorable de cinco vocales del directorio, requisito que no se aplicará en caso que la remoción se produzca por las causales previstas en el artículo112"

Art. 141.- En el inciso segundo del artículo 114 sustitúyese "cuatro años" por "dos años" y añádase " Podrán ser removidos en cualquier tiempo con el voto favorable de cinco vocales del directorio, requisito que no se aplicará en caso de que la remoción se produzca por las causales previstas en el artículo 112".

Art. 142.- Disposición Transitoria.- Añádase como disposición transitoria décima segunda la siguiente:

"A partir de la vigencia de esta ley, se ajustarán los períodos de duración de los vocales del directorio en representación del sector privado, del gerente general, del subgerente regional y de los gerentes distritales, dignatarios y funcionarios que quedan sujetos a la forma de remoción prevista en estas reformas".

TITULO 22

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE EXTRANJERIA

Art. 143.- Sustitúyese el artículo 2 por el siguiente artículo:

"De conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República, los extranjeros tendrán iguales derechos y obligaciones que los ecuatorianos, con las limitaciones previstas en la ley."

Art. 144.- Al inicio del artículo 7 agréguese lo siguiente:

"No obstante el cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes y reglamentos para la admisión o permanencia de extranjeros en el país, la concesión de visas es un acto soberano y discrecional del Estado."

Art. 145.- En el artículo 8 suprímase la frase: "y, Representante de la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica".

Art. 146.- Sustitúyese el literal VI del artículo 10 por lo siguiente: "En caso de ser cónyuge o pariente dentro del segundo grado de consanguinidad o de afinidad de un ciudadano ecuatoriano, o de un ciudadano extranjero con visa de inmigrante distinta a esta categoría."

Art. 147.- En el artículo 10 agréguese al final la siguiente categoría migratoria: "VII. Para llevar a cabo actividades lícitas que no estén contempladas dentro de las otras categorías descritas en este artículo, y que de conformidad con lo que requiera el reglamento correspondiente y previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Política Migratoria, garanticen ingresos suficientes y estables para el sustento económico del inmigrante y sus dependientes."

Art. 148.- A continuación del artículo 10 agréguese el siguiente artículo:

"Los extranjeros inmigrantes que fueren legítimos titulares de una visa correspondiente a alguna de las categorías migratorias descritas en el artículo anterior, podrán desarrollar libremente cualquier actividad laboral, económica o lucrativa lícita, sin que implique cambio de categoría migratoria ni requiera de autorización laboral."

Art. 149.- Al final de los numerales IV, VII y VIII del artículo 12 agréguese la frase: ", y sus familiares más cercanos."

Art. 150.- En el literal IX del artículo 12 suprímase la frase: "durante un período mayor de tres meses dentro de un lapso consecutivo de seis meses en cada año", y agréguese lo siguiente:

"Esta categoría podrá amparar también a extranjeros en caso de que no les fueren aplicable las categorías descritas en este artículo, cuando previo dictamen favorable del Consejo Consultivo de Política Migratoria, su presencia en el país fuere debidamente justificada, de conformidad con lo que establezca el reglamento al respecto."

Art. 151.- En artículo 12 agréguese al final la siguiente categoría migratoria:

"XI.- Visitantes temporales con fines lícitos tales como negocios, inversión, actividades empresariales, comerciales, industriales o profesionales, y que requieran múltiples entradas al territorio ecuatoriano."

Art. 152.- Suprímese la última frase del artículo 21.

Art. 153.- Sustitúyese el artículo 22 por el siguiente:

"Será posible la adquisición o el cambio de la calidad o categoría migratoria dentro o fuera del país siempre que se dé cumplimiento a lo establecido en la ley y reglamentos aplicables para la nueva calidad o categoría migratoria de la que se trate. Para el caso de la modificación de la calidad o categoría migratoria de los extranjeros no inmigrantes transeúntes, se requerirá del dictamen favorable del Consejo Consultivo de Política Migratoria, que se podrá conceder en casos debidamente justificados."

Art.154.- A continuación del artículo 22 agréguese el siguiente artículo:

"Art. 23.- Tanto las visas de inmigrante como de no inmigrante podrán ser otorgadas de manera descentralizada conforme a lo establecido en el reglamento. El otorgamiento de visas y demás actuaciones previstas en esta ley estarán sujetos al pago de los derechos establecidos en el Arancel Consular y Diplomático."

Art.155.- Derógase el Decreto Supremo No. 2837 publicado en el Registro Oficial No. 720 de 28 de noviembre de 1978. En todo caso, la transferencia al Ministerio de Relaciones Exteriores de las funciones y atribuciones de la Dirección General de Extranjería se llevará a cabo en el plazo de un año contado a partir de la vigencia de la presente ley.

TITULO 23

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

Art. 156.- Suprímense los artículos 50 y 51 de la Ley de Seguridad Nacional.

TITULO 24

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE RADIODIFUSIÓN Y TELEVISIÓN

Art. 157.- En la Ley de Radiodifusión y Televisión suprímense el artículo 3 y el último párrafo del artículo 18.

TITULO 25

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE

Art. 158.- Al artículo 50 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, añádase, luego de la palabra "neumáticos" una coma; luego de la palabra "usados", sustitúyase el punto por una coma, y agréguese la frase "referido exclusivamente a dicho parque automotor."; y, añádanse los siguientes incisos:

"Se exceptúan de esta disposición las importaciones de vehículos automotores de uso especial: camiones de bomberos (subpartida 8705.30.00); coches barredera, regadores y análogos, para la limpieza de vías públicas (subpartida 8705.90.10); coches radiológicos (subpartida 8705.90.20), del Arancel Nacional, así como vehículos clínica debidamente equipados, ambulancias debidamente equipadas, recolectores de basura y tractores agrícolas que, en virtud de donaciones provenientes del exterior se realicen a las instituciones del Estado o del sector privado sin fines de lucro, destinados especialmente a cubrir servicios de salubridad, alimentación, asistencia técnica benéfica, asistencia médica, educación, investigación científica y cultural. Tales bienes, deberán cumplir con todas las normas técnicas, nacionales e internacionales, y con las normas de protección al ambiente vigentes en el Ecuador. Estas importaciones serán autorizadas por el Consejo de Comercio Exterior, COMEXI, que, además, deberá determinar el cupo o cantidad de unidades usadas y deberá verificar que los bienes donados sean compatibles con la actividad de la institución beneficiaria.

Se exceptúan también las importaciones de equipo caminero, equipos agrícolas, sus componentes y accesorios, comprendidos en las partidas 84.29, 84.30, 84.31, 84.32 y 84.33, del Arancel Nacional subpartidas 8701.10.00, 8701.30.00 y 8701.90.00, del Arancel Nacional, usados o remanufacturados. Para poder ser importados, estos bienes deberán contar con la certificación de una empresa verificadora en origen, en el sentido de que están en perfecto estado de funcionamiento. El fabricante en el país de origen y su distribuidor en el Ecuador deberán ofrecer la provisión de repuestos. Tales bienes, deberán cumplir con las normas técnicas, nacionales e internacionales, y con las normas de protección al medio ambiente vigentes en el Ecuador.

Todas estas importaciones serán normadas por el reglamento respectivo y autorizadas por el COMEXI, que, además, deberá determinar el cupo o cantidad de unidades usadas que podrán ser importadas".

Art. 159.- En el Capitulo V, incorpórase el siguiente articulo innumerado:

Art... Las contravenciones de primera clase serán sancionadas con una multa de hasta cinco dólares estadounidenses; las contravenciones de segunda clase serán sancionadas con una multa de hasta diez dólares estadounidenses; las contravenciones de tercera clase serán sancionadas con una multa de hasta quince dólares estadounidenses; y, las contravenciones graves serán sancionadas con una multa de hasta cuarenta dólares estadounidenses".

Art. 160.- Añádese la siguiente disposición transitoria a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre:

"Hasta el 30 de junio del año 2001, facúltase a las cooperativas de transporte legalmente registradas, la importación de vehículos para el transporte público de taxis y chasises sin cabina de hasta tres años de uso, siempre que cuenten con un distribuidor autorizado en el Ecuador y la provisión oportuna y suficiente de repuestos para dichos vehículos. Estos vehículos deberán cumplir con las normas de protección al medio ambiente, vigentes en el Ecuador y serán autorizadas por el COMEXI, que, además, deberá determinar el cupo o cantidad de unidades que podrán ser importadas".

TITULO 26

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE MATERNIDAD GRATUITA

Art. 161.- Después del quinto inciso del artículo 3, agréguese el siguiente texto:

"Corresponde al comité de apoyo y seguimiento aprobar el presupuesto del fondo solidario de salud y adoptar las decisiones sobre su inversión. Tanto el presupuesto aprobado como las resoluciones de inversión, serán ejecutados por el Ministerio de Salud Pública".

Art. 162.- Modifíquese el inciso segundo del artículo 3 de la siguiente manera:

"De los rendimientos del Fondo de Solidaridad para el Desarrollo Humano de la Población Ecuatoriana creado mediante ley publicada en el Registro Oficial 661, de marzo de 1995, asígnase anualmente el valor correspondiente a 15'100.000 dólares estadounidenses".

TITULO 27

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO

Art. 163.- En el inciso primero del artículo 7 de la Ley No. 18, de la Ley de Presupuestos del Sector Público, promulgada en el suplemento del Registro Oficial No. 76 del 30 de noviembre de 1992, en la parte final, después de la frase: "a la Junta de Defensa", añádase la frase: " y al Instituto Nacional del Niño y la Familia INNFA" .

TITULO 28

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE PESCA Y DESARROLLO PESQUERO

Art. 164.- Agréguese el siguiente inciso al artículo 52 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero:

"El Presidente de la República podrá, mediante decreto ejecutivo, desafectar las zonas de playa y bahía destinadas mediante acuerdos interministeriales a las actividades mencionadas en el literal a) de este artículo, con la finalidad de que puedan ser transferidas en propiedad a los concesionarios. A este efecto el Presidente de la República podrá establecer el precio, forma de pago y demás condiciones. Entre los beneficiarios de los valores que se recauden constará necesariamente la Armada Nacional".

TITULO 29

DE LAS REFORMAS A LA LEY DEL SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACION PROFESIONAL, SECAP

Art. 165.- La contribución al Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP, de conformidad con el literal a) del artículo 14 de la Ley del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional, deberá ser pagada mensualmente, por todos los empleadores del sector privado, a orden del Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional. Estos recursos deberán destinarse exclusivamente para actividades de capacitación y formación profesional.

TITULO 30

DE LAS REFORMAS AL CODIGO DEL TRABAJO

Art. 166.- En el tercer inciso del artículo 15, sustitúyase la frase que empieza: "Sin embargo....", por la siguiente:

"Sin embargo, los empleadores que inicien sus operaciones en el país, o los existentes que amplíen o diversifiquen su industria, actividad o negocio, no se sujetarán al porcentaje del quince por ciento durante los seis meses posteriores al inicio de operaciones, ampliación o diversificación de la actividades, industria o negocio. Para el caso de ampliación o diversificación, la exoneración del porcentaje no se aplicará con respecto a todos los trabajadores de la empresa sino exclusivamente sobre el incremento en el número de trabajadores de la nuevas actividades comerciales o industriales".

Sustitúyase el cuarto inciso del artículo 15, por el siguiente:

"La violación de esta disposición dará lugar a las sanciones previstas en éste código, sin perjuicio de que el excedente de trabajadores del porcentaje arriba indicado, pasen a ser trabajadores permanentes, en orden de antigüedad en el ingreso a labores."

Art. 167.- Sustitúyase el primer inciso del artículo 17, por los siguientes:

"Son contratos eventuales aquellos que se realizan para satisfacer exigencias circunstanciales del empleador, tales como reemplazo de personal que se encuentra ausente por vacaciones, licencia, enfermedad, maternidad y situaciones similares; en cuyo caso, en el contrato deberá puntualizarse las exigencias circunstanciales que motivan la contratación, el nombre o nombres de los reemplazados y el plazo de duración de la misma.

También se podrán celebrar contratos eventuales para atender una mayor demanda de producción o servicios en actividades habituales del empleador, en cuyo caso el contrato no podrá tener una duración mayor de ciento ochenta días continuos dentro de un lapso de trescientos sesenta y cinco días. Si la circunstancia o requerimiento de los servicios del trabajador se repite por más de dos períodos anuales, el contrato se convertirá en contrato de temporada."

Art. 168.- En el artículo 19 agregar un literal que diga:

l) "Los de polifuncionalidad "

Art. 169.- En el Art. 79 a continuación de "más", agregar lo siguiente:

"La polifuncionalidad,"

Agréguese un inciso que diga:

"Se entenderá como trabajador polifuncional, a aquel que realice dos o más actividades de diversa índole bajo las órdenes del mismo empleador. La polifuncionalidad, podrá pactarse al inicio de la relación laboral en el respectivo contrato, o con posterioridad, siempre que conste por escrito, en todo caso, deberán especificarse las diferentes labores a desarrollar; no entendiéndose cumplida esta condición si es estipulada en forma general y no de manera específica. Los trabajadores polifuncionales deberán percibir una remuneración superior a la de aquellos que solo laboren en una sola actividad específica o determinada."

Luego de este inciso agregar el siguiente:

"Para el caso del trabajo polifuncional, el empleador deberá pagar una remuneración superior a la que corresponde a la más alta de las diversas actividades que desempeñe el trabajador polifuncional.

Art. 170.- Sustitúyase el texto del artículo 81, por el siguiente:

"Los sueldos y salarios se estipularán libremente, pero en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos legales, de conformidad con lo prescrito en el artículo 119 de este Código.

Art. 171.- Añádase a continuación del artículo 94 el siguiente inciso:

"De determinarse por cualquier medio, que un empleador no esta pagando las remuneraciones mínimas vigentes en los términos legales establecidos, el Ministro de Trabajo y Recursos Humanos, concederá un término de hasta cinco días para que durante este lapso el empleador desvirtúe, pague o suscriba un convenio de pago de las diferencias determinadas. Si dentro del término concedido no desvirtúa, paga o suscribe el convenio de pago, según el caso, el empleador moroso será sancionado con el ciento por ciento de recargo de la obligación determinada, pago que deberá cumplirse mediante depósito ante la Inspectoría del Trabajo de la correspondiente jurisdicción, dentro del término de tres días posteriores a la fecha del mandamiento de pago.

Art. 172.- El Art. 95 dirá:

"Concepto de remuneración total.- Para el pago del bono navideño o decimotercera remuneración, vacaciones, fondo de reserva e indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, constituirá remuneración todo lo que éste reciba en dinero, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cuando lo asume el empleador, o cualquier otra retribución pecuniaria que tenga carácter normal y permanente.

Se exceptúan: el porcentaje legal de utilidades, los viáticos, bonificaciones voluntarias, el sobresueldo navideño o decimotercera remuneración y el sobresueldo escolar o décima cuarta remuneración, el valor no incorporado de los componentes salariales en proceso de unificación hasta que este concluya; así como los beneficios de orden social.

Constituyen beneficios de orden social para la aplicación del presente artículo, los que proporcione el empleador, en dinero o especie, por concepto de alimentación, transporte, ropa, implementos de trabajo, educación, cultura, deporte, recreación, salud, protección social y el servicio de comisariato, independientemente de la forma como se lo preste. Por consiguiente, bajo ninguna circunstancia se los podrá considerar como parte de la remuneración, sea cual fuere su originen o fuente de creación."

Art. 173.- Al final del artículo 97, agréguense los siguientes incisos:

"Ningún trabajador podrá percibir por concepto de participación en las utilidades anuales, conforme a lo establecido en este artículo, una suma superior a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América.

El excedente de utilidades que quedare luego de realizar el reparto hasta la cuantía y forma establecida en este artículo, será pagado por el empleador a favor del Estado en concepto de impuesto a la renta adicional.

Las recaudaciones por este concepto deberán destinarse a los presupuestos de los Ministerios de Salud Pública y de Educación y Cultura. "

Art. 174.- Sustitúyase el artículo 100 por el siguiente:

"Utilidades para trabajadores de contratistas o intermediarios.- Los trabajadores que presten sus servicios a órdenes de contratistas o intermediarios, incluyendo a aquellos que desempeñen labores discontinuas, participaran en las utilidades de la persona natural o jurídica en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio.

Si la participación individual en las utilidades del obligado directo son superiores, el trabajador solo percibirá estas; si fueren inferiores, se unificaran directamente, tanto las del obligado directo como las del beneficiario del servicio, sumando unas y otras, repartiéndoselas entre todos los trabajadores que las generaron.

No se aplicará lo prescrito en los incisos precedentes, cuando se trate de contratistas o intermediarios no vinculados de ninguna manera con el beneficiario del servicio, vale decir, de aquellos que tengan su propia infraestructura física, administrativa y financiera, totalmente independiente de quien en cuyo provecho se realice la obra o se preste el servicio, y que por tal razón proporcionen el servicio de intermediación a varias personas, naturales o jurídicas no relacionados entre si por ningún medio. De comprobarse vinculación, se procederá en la forma prescrita en los incisos anteriores.

Art. 175.- Cámbiese el título del artículo 111, por el siguiente:

"Derecho a la decimatercera remuneración o bono navideño

Art. 176.- Modifícase el artículo 113, de la siguiente manera:

Su título dirá: "Derecho a la decimacuarta remuneración o bono escolar"

En su primer inciso, a continuación de las palabras: "Que será pagada" añádase: "hasta el 15 de abril en las regiones de la costa e insular, y, hasta el 15 de septiembre en las regiones de la sierra y oriente".

Y suprímase la frase "En todo el país hasta el 15 de Septiembre de cada año".

Art. 177.- Sustitúyase el último inciso del artículo 124 por el siguiente:

" Art. 124.- Corresponde a las Comisiones Sectoriales , proponer al Consejo Nacional de Salarios CONADES , la fijación y revisión de sueldos y salarios básicos de los trabajadores del sector privado que laboren en las distintas ramas de actividad; al efecto enmarcarán su gestión dentro de las políticas y orientaciones que dicte el Consejo Nacional de Salarios CONADES , tendientes a la modernización , adaptabilidad y simplicidad del régimen salarial , considerando aspectos como de la eficiencia y productividad .

Art. 178.- Sustitúyese el artículo 125 , por el siguiente :

"Art 125 .- El Consejo Nacional de Salarios CONADES convocará a las comisiones sectoriales constituidas de conformidad con lo establecido en el artículo anterior ".

Art. 179.- Al artículo 125 , añádanse los siguientes incisos:

"El Consejo Nacional de Salarios, CONADES, cuando exista justificaciones técnicas , dispondrá que se conformen las comisiones sectoriales de las ramas de actividad que sean necesarias, observando que las mismas se integren de la forma prevista en el art.124 y cuidando que sus vocales representen democráticamente a los sectores laboral y patronal, por medio de personas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios .

Durante los tres meses posteriores a la convocatoria efectuada por el CONADES , las comisiones realizarán su trabajo orientado a revisar los sueldos y salarios de la respectiva rama de actividad. Concluido el estudio y las investigaciones o vencido el plazo antes anotado, remitirá su informe técnico para conocimiento del Consejo Nacional de Salarios, que analizará las recomendaciones efectuadas, así como la estructura ocupacional o sus modificaciones y con su criterio los enviará para resolución del Ministro de Trabajo y Recursos Humanos."

Art. 180.- Suprímese el artículo 129.

Art. 181.- En el artículo 157, luego de las palabras: "por tiempo determinado", añadir: "el que no podrá exceder de un año...."

Art. 182.- Al final del artículo 169 agregar inciso que diga lo siguiente:

"Salvo el caso de los numerales siete y ocho de este artículo, en el primer caso, siempre que el visto bueno solicitado por el empleador sea desechado, y el trabajador fuere despedido; y en el segundo, cuando lo solicite el trabajador y le sea concedido favorablemente, en las demás causas puntualizadas en este artículo para la terminación del contrato individual de trabajo, no habrá derecho a indemnización."

Art. 183.- En el artículo 171 a continuación de "de la empresa o negocio, agregar, lo siguiente:

"o cualquier otra modalidad por la cual la responsabilidad patronal sea asumida por otro empleador, éste estará obligado a cumplir los contratos de trabajo del antecesor. En el caso de que el trabajador opte por continuar con la relación laboral, no habrá lugar al pago de indemnizaciones."

Art. 184.- Al final del Art. 173, numeral 3, agregar:

"y artículo 19 literal l) referente al trabajo polifuncional, pero siempre dentro de lo convenido en el contrato o convenio".

Art. 185.- En el primer inciso del artículo 187 y a continuación de: "Miembro de la Directiva", agregar, lo siguiente:

"principal o suplente principalizado, del comité de empresa"

Art. 186.- Después del inciso tercero del artículo 188, agregar otro que diga:

"El trabajador que haya percibido durante lo últimos veinticuatro meses una remuneración mensual superior a quinientos dólares, en sustitución de las indemnizaciones referidas en la escala antes mencionada, tendrá derecho a la siguiente escala:

Hasta cinco años de servicio: un mes;

De más de cinco hasta diez años de servicio: dos meses;

De más de diez hasta quince años de servicio: tres meses

De más de quince hasta veinte años de servicio: cuatro meses

De veinte años en adelante: cinco meses.

Art. 187.- A continuación del artículo 188, agregar, lo siguiente:

"Se entenderá por última remuneración, la percibida por el trabajador durante los últimos treinta días contados retroactivamente desde la fecha del despido".

Art. 188.- Al artículo 188 , añádanse los siguientes incisos:

"Cuando el empleador deje constancia escrita de su voluntad de dar por terminado unilateralmente un contrato individual de trabajo, esto es, sin justa causa, la autoridad del trabajo que conozca del despido, dispondrá que el empleador comparezca, y de ratificarse éste en el hecho, en las siguientes cuarenta y ocho horas deberá depositar el valor total que le corresponda percibir al trabajador despedido por concepto de indemnizaciones.

Si el empleador en la indicada comparecencia no se ratifica en el despido constante en el escrito pertinente, alegando para el efecto que el escrito donde consta el despido no es de su autoría o de representantes de la empresa con capacidad para dar por terminadas las relaciones laborales, se dispondrá el reintegro inmediato del trabajador a sus labores."

Art. 189.- En el artículo 219 introdúcense las siguientes modificaciones:

La regla dos dirá: "En ningún caso la pensión mensual de jubilación será mayor que el sueldo o salario medio del último año, ni inferior a dos salarios mínimos vitales, si solamente tiene derecho a la jubilación a cargo del empleador, o a un salario mínimo vital si es beneficiario de doble jubilación".

Al final de la regla tercera del artículo 219, elimínese la conjunción "y" y agréguense los dos siguientes incisos:

"o podrá pedir que el empleador le entregue directamente un fondo global sobre la base de un cálculo debidamente fundamentado y practicado que cubra el cumplimiento de las pensiones mensuales y adicionales determinados en la ley, a fin de que el mismo trabajador administre este capital por su cuenta.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el jubilado no podrá percibir por concepto de jubilación patronal una cantidad inferior al cincuenta por ciento del sueldo o salario mínimo sectorial unificado que correspondiere al puesto que ocupaba el jubilado al momento de acogerse al beneficio, multiplicado por los años de servicio."

Al final de este artículo agréguese un inciso que diga: "El acuerdo de las partes deberá constar en acta suscrita ante notario o autoridad competente judicial o administrativa, con lo cual se extinguirá definitivamente la obligación del empleador, y,"

Art. 190.- Sustitúyese el artículo 224 por el siguiente:

"Art. 224.- Contrato o pacto colectivo es el convenio celebrado entre uno o más empleadores y una o más asociaciones de trabajadores legalmente constituidas, según el caso, con el objeto de establecer las condiciones o bases conforme a las cuales han de celebrarse en lo sucesivo los contratos individuales de trabajo determinados en el pacto".

Art. 191.- Suprímese el Art. 225

Art. 192.- Sustitúyese el artículo 226 por el siguiente:

"Art. 226.- Asociación con la que debe celebrarse el contrato colectivo.- En el sector privado, el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse con el comité de empresa. De no existir éste, con la asociación que tenga mayor número de trabajadores afiliados, siempre que ésta cuente con más del cincuenta por ciento de los trabajadores de la empresa.

En las instituciones del Estado, entidades y empresas del sector público o en las del sector privado con finalidad social o pública, el contrato colectivo se suscribirá con un comité central único conformado por más del cincuenta por ciento de dichos trabajadores. En todo caso sus representantes no podrán exceder de quince principales y sus respectivos suplentes, quienes acreditarán la voluntad mayoritaria referida, con la presentación del documento en el que constarán los nombres y apellidos completos de los trabajadores, sus firmas o huellas digitales, número de cédula de ciudadanía o identidad y lugar de trabajo.

Art. 193.- Suprímese el Art. 227.

Art. 194.- Suprímese el segundo inciso del artículo 229.

Art. 195.- En el artículo 239, al inicio de su texto y a continuación de la frase " Presentado el proyecto del." y antes de la frase "Contrato Colectivo." insértese la palabra " primer "

Art. 196.- Sustitúyese el texto del artículo 241 por el siguiente:

"Art. 241.- Presentado a la autoridad del trabajo el proyecto de revisión del contrato colectivo y debidamente notificado, los trabajadores podrán declarar la huelga únicamente, si notificado el empleador con el proyecto, despidiere a uno o más trabajadores. "

Art. 197.- A continuación del artículo 240, inclúyese otro inumerado que diga lo siguiente:

"Art.- ... Pacto Libre Colectivo de Trabajo.- El empleador y sus trabajadores, sin que se requiera que estos estén legalmente organizados, y sin consideración del número de trabajadores que presten sus servicios para el empleador, siempre que ambas partes así lo convengan, podrán celebrar en cualquier momento contrato colectivo, en cuyo caso dicho convenio se denominará "Pacto libre Colectivo de Trabajo". Para estos efectos, y sin ningún requisito previo, el empleador y sus trabajadores negociarán y establecerán libremente las condiciones contractuales que regulen las relaciones obrero-patronales.

Una vez que estén acordados los términos del Pacto Libre, el empleador y los trabajadores individualmente considerados, lo suscribirán ante la autoridad competente de trabajo, quien dará fe de lo actuado. En lo posterior, Las partes podrán hacer en cualquier momento las modificaciones que estimen pertinentes al Pacto Libre.

El pacto libre colectivo de trabajo no enerva el derecho que tienen los trabajadores de constituir en cualquier momento, cumpliendo los requisitos legales establecidos en este código un Comité de Empresa, y ejercer los derechos legales correspondientes, pero en todo caso, se respetará el plazo convenido en el Pacto Libre, el que no podrá ser de tiempo indeterminado ni tener un plazo superior a dos años.

Treinta días antes de vencerse el plazo convenido, el empleador y los trabajadores, si mantienen la misma disposición inicial, podrán revisar el Pacto Libre Colectivo de Trabajo, siguiendo el mismo procedimiento con el que se procedió en el contrato cuya revisión se convenga.

La convención colectiva voluntaria de trabajo tendrá los mismos efectos que el contrato colectivo celebrado con un comité de empresa."

Art. 198.- Sustitúyese el texto del artículo 246, por el siguiente:

"Determinación del número de trabajadores.- En todo contrato colectivo se fijará el número de trabajadores miembros del comité de empresa, y se indicará así mismo, el número total de los que presten sus servicios al empleador al momento de celebrarse el contrato."

Art. 199.- Sustitúyese el último inciso del artículo 254 por el siguiente: .-

"La revisión del contrato se hará constar por escrito, del mismo modo que su celebración ante la autoridad competente, observándose las reglas constantes en el Capítulo I del Título II del presente Código, no siendo aplicable lo señalado en el artículo 239 en la parte relativa a las indemnizaciones, siempre y cuando en el contrato colectivo materia de la revisión estipule indemnizaciones superiores."

Art. 200.- Suprímese el último inciso del artículo 375.

Art. 201.- En el último inciso del artículo 447, elimínese la frase:

"o comité de empresa".

Art. 202.- A continuación del Art. 506 agréguese un inciso que diga:

"Declarada la huelga, el Inspector del Trabajo procederá a levantar una acta inventario de manera conjunta con las partes e igualmente al finalizar la misma se procederá a elaborar el acta de entrega - recepción de los bienes."

Art. 203.- A continuación del inciso primero del artículo 522 agréguense los dos siguientes:

"En el sector agrícola, únicamente durante los procesos de cosecha o recolección de frutos, y en los sectores comercial o industrial, en este último caso solo en lo relativo a los productos perecibles que mantuvieren los empleadores a la fecha de la declaratoria de huelga, éstos serán cosechados, recolectados o retirados, según el caso, para su comercialización o exportación.

Para los efectos señalados en el inciso anterior, si los trabajadores que se negaren a realizar las labores necesarias para el cumplimiento de lo indicado, el empleador podrá contratar personal sustituto, únicamente para los estos fines."

Art. 204.- Sustitúyese el numeral 2 del Art. 545 por el siguiente:

"2.- Las direcciones regionales del trabajo de Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato".

Art. 205.- En todos los artículos de este Título, en los cuales se haga referencia a las denominaciones: "Director General del Trabajo y Subdirector del Trabajo", añádase "o Director Regional del Trabajo

Art. 206.- En el artículo 569, a continuación de: "Director Nacional de Empleo y Recursos Humanos, añádase "con jurisdicción en toda la República, con excepción de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, el Oro y Galápagos, en las que el Subsecretario de Trabajo del Litoral ejercerá tales funciones y atribuciones; y en las Provincias de Cañar, Azuay, Loja, Morora Santiago y Zamora Chinchipe, en las que tales funciones y atribuciones las ejercerá y cumplirá el Subdirector de Recursos Humanos del Austro."

Art. 207.- En el artículo 606, en lugar de "seis salarios mínimos vitales," dirá: "Un mil dólares".

Art. 208.- En el artículo 611, a continuación de la frase "salario mínimo vital" y antes de la frase "sueldo y salarios", agréguese: "pensiones jubilares"

Art. 209.- En el inciso primero del artículo 626, sustitúyese: "cinco salarios mínimos vitales", por "doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica".

En el inciso segundo del mismo artículo, en lugar de "dos salarios mínimos vitales", póngase "cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica"

Art. 210.- Sustitúyase la denominación del Título VII por el siguiente:

"Título VII: DEL DESISTIMIENTO, DEL ABANDONO Y DE LA PRESCRIPCION" y a continuación incorpórese un articulo que diga:

"El termino para declarar el abandono de una instancia o recurso, dentro de un juicio laboral o ante autoridad del trabajo, será de ciento ochenta días contados desde la última diligencia practicada en el proceso o desde la última petición o reclamación que se hubiere formalizado, excepto que el proceso se encuentre con autos para sentencia o que su impulso no dependiera de las partes.

Las autoridades o funcionarios a quienes corresponda presidir en primera o segunda instancia los Tribunales de Conciliación y Arbitraje, de oficio o a petición de parte, mediante providencia ordenarán el archivo de la causa o conflicto colectivo que se encuentre en estado de abandono. Esta providencia no será susceptible de recurso alguno.

Para el desistimiento, se aplicarán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil"

Art. 211.- Sustitúyase el último inciso del artículo innumerado, titulado Unificación Salarial.- del artículo 94 de la Ley de Transformación Económica, por el siguiente:

"Los incrementos que por cualquier concepto realicen los empleadores a las remuneraciones de sus trabajadores, serán imputables por una sola vez a los que realice el CONADES."

TITULO 31

DE LAS REFORMAS A LA LEY DE LAS FINANZAS PUBLICAS

Art. 212.- Luego del literal c) del art. 58 A, de las reformas a la Ley para la reforma de las Finanzas Públicas, promulgada en el suplemento del Registro Oficial N° 181 de 30 de abril de 1999, agréguese el siguiente inciso:

"Del monto anual de este porcentaje, se destinará un mínimo del 30 % al Fondo de Inversión Social de Emergencia, FISE, como contrapartida de créditos internacionales o para la ejecución de proyectos comunitarios en beneficio de estas provincias".

DEROGATORIAS GENERALES:

Art. 213.- Para facilitar el proceso de modernización del Estado en el ámbito que corresponde a las entidades del gobierno central, derógase el Decreto Supremo 2092 del 12 de enero de 1978, promulgado en el R.O. 504 de los mismos mes y año, que creó el INCRAE. El Presidente de la República expedirá el reglamento correspondiente.

Art. 214.- Derógase el artículo 1 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica, Tributario - Financiera y el impuesto a la circulación de capitales del cero ocho por ciento (0.8%) sobre el valor de todas las operaciones y transacciones monetarias que se realicen a través de las instituciones que integran el sistema financiero nacional (off shore incluidas), sean éstas en moneda nacional, unidades de valor constante o monedas extranjeras, cuyo hecho generador se describe en los numerales 1 y 2 del artículo que se deroga. Deróganse asimismo las demás normas legales que la modifiquen o la complementen y las disposiciones reglamentarias dictadas sobre la materia.

Art. 215.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS GENERALES:

Disposición transitoria PRIMERA.- Las facultades, atribuciones y funciones asignadas al Instituto Ecuatoriano Forestal y de Areas Naturales y Vida Silvestre (INEFAN), mediante su Ley de creación, promulgada en el Registro Oficial No. 27 de 16 de septiembre de 1992, serán ejercidas y cumplidas por el Ministerio del Ambiente.

Disposición transitoria SEGUNDA.- Prorrógase por esta vez hasta el 30 de setiembre del 2000 el período ordinario de matriculación vehicular y de recaudación del impuesto a los vehículos motorizados de transporte terrestre, establecido en el artículo 24 de la Ley 93 promulgada en el Suplemento del Registro Oficial N°. 764 del 22 de agosto de 1995, que reformó al artículo 8 de la Ley N°. 004-2000.

Art. 216.- DISPOSICION FINAL:

Quedan derogadas o reformadas todas las disposiciones que se opongan a la presente Ley reformatoria que entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial.

Es copia del original que reposa en el archivo de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República.

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración Pública

No. 140 - 2000 - TP

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso No. 118 - 98 - TC,

ANTECEDENTES: El Teniente Coronel de Policía EM. Mario Arzube Fuentes Espín y más de mil ciudadanos ecuatorianos, demandó la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 1029 expedido por el Presidente Constitucional Interino de la República el 8 de enero de 1998 y publicado en la Orden General No. 008 para el 14 de enero del propio año, en virtud del cual se le coloca en Situación Transitoria al Teniente Coronel Mario Arzube Fuentes Espín, previa a la baja de la Institución Policial, y que tiene como antecedente la Resolución No. 07 - 187 - CGPN de 12 de diciembre de 1997 del Consejo de Generales, el pedido del Ministerio de Gobierno constante en el oficio No. 98 - 0022 - SPN y la solicitud del Comandante General de la Policía Nacional con oficio No. 0002 - DGP - PN de 5 de enero de 1998.

El Tribunal Constitucional, en la sesión del 8 de julio de 1998, resuelve: 1. - Desechar la demanda propuesta por el Teniente Coronel de Estado Mayor Mario Arzube Fuentes Espín que impugnó el Decreto Ejecutivo No. 1029 publicado en la Orden General No. 008 para el 14 de enero de 1998; y, 2. - Disponer que la Institución Policial proceda, sin dilatoria alguna reconocer al Teniente Coronel Mario Arzube Fuentes Espín todos los derechos constitucionales y legales que emanan de la Resolución No. 079 - 1 - 97 adoptada por el Tribunal Constitucional el 17 de septiembre de 1997, de conformidad con las atribuciones constantes en el artículo 175, numerales 1 y 62 de la Ley del Control Constitucional por contrariar los artículos 164, 165 y 166 de la Carta Fundamental.

El Teniente Coronel de Policía de E. M., Mario Arzube Fuentes Espín, en el escrito que corre de fojas 187 a 195, luego de referirse a las Resoluciones Nos. 07 - 97 - TC - A, 079 - 1 - 97 - TC y 118 - 98 - TC, expedidas por el Tribunal Constitucional, solicita se tome la resolución urgente de hacer cumplir de manera irrestricta todo lo resuelto por el Tribunal Constitucional estableciendo la declaratoria de desacato y destitución (artículo 278 de la Constitución).

El General Inspector doctor Mario Romel Cevallos Moreno, Comandante General de la Policía Nacional, al contestar el traslado con el que se le notificó, luego de realizar un análisis del petitorio formulado por el Teniente Coronel de Policía de Estado Mayor, Mario Arzube Fuentes Espín, solicita se lo deseche por ilegal e improcedente.

El Comandante General de la Policía Nacional, con oficio No. 20 - 1467 - DNAJ - PN. Manifiesta que las resoluciones emanadas del Tribunal Constitucional han sido acatadas por la Policía Nacional y sus organismos en su momento, pero reconocer remuneraciones y más beneficios económicos a partir del mes de julio de 1992 a diciembre de 1998, sería actuar contra el mandato constitucional señalado en el artículo 176 de la Constitución Política vigente a la fecha en las que se dictaron las resoluciones materia del reclamo. Agrega, que la Dirección Financiera y el Servicio de Cesantía de la Policía Nacional, informan haber reconocido los beneficios económicos que le corresponden, en las situaciones policiales en que se encontraba y cancelado todos sus emolumentos. Concluye indicando que la Policía Nacional ha cumplido con las resoluciones adoptadas por el Tribunal Constitucional, no teniendo nada pendiente que resolver en relación al Teniente Coronel de Policía Mario Arzube Fuentes Espín.

Con el escrito presentado por Mario Arzube Fuentes Espín con su nuevo defensor el doctor Angel Polibio Chávez, el Presidente de la Tercera Sala, mediante oficio No. 394 - III- SALA de junio 12 del 2000, corre traslado al Comandante General de la Policía Nacional, para que conteste documentadamente, a la brevedad posible. El Comandante General de la Policía Nacional no ha contestado al traslado.

Considerando:

Que, las Resoluciones Nos. 07 - 97 - TC - A; y, 079 - l - 97 - TC, fueron publicadas en el Registro Oficial y así, la No. 07 - 97 - TC - A, originada en la Segunda Sala, en el Suplemento del Registro Oficial No. 120 del 31 de julio de 1997 y la No. 079 - 1 - 97 - TC expedida por el Tribunal Constitucional en el Registro Oficial No. 161 del 26 de septiembre de 1997, mientras que la 118 - 98 - TC, no mereció ser publicada en el Registro Oficial por no ser declarativa de inconstitucionalidad alguna. - En consecuencia, es la Resolución No. 079 - 1 - 97 la que entró en vigencia a partir del 26 de septiembre de 1997 y es esta la que declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 3538, expedido el 17 de julio de 1992, en la parte relativa a la baja de la Institución Policial del Teniente Coronel de Estado Mayor Mario Arzube Fuentes Espín y suspendió parcialmente sus efectos;

Que, las resoluciones mencionadas en el considerando anterior fueron expedidas cuando se encontraba en vigencia la Constitución Política de la República del Ecuador, Codificada, en el Registro Oficial del 18 de junio de 1996. El inciso segundo del artículo 278 de la Constitución Política de la República en vigencia establece que si transcurridos treinta días desde la publicación de la Resolución en el Registro Oficial, el funcionario o funcionarios responsables no la cumplieren, el Tribunal, de oficio o a petición de parte, les sancionará de conformidad con la Ley, y aún cuando ni la Constitución Política de la República que regia en el año de 1997 mi la Ley del Control Constitucional concedían competencia al Tribunal Constitucional para que imponga sanciones por el desacato de sus resoluciones, es necesario destacar que de acuerdo a lo que señala el artículo 18 de la Constitución, en su inciso segundo, "En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia", por lo que resulta imperativo en el presente caso determinar si ha existido o no incumplimiento de lo resuelto por el Tribunal;

Que, en el presente caso este Tribunal, primero mediante Resolución N0 07 - 97 - TC - A, publicada en el Registro Oficial N0 120 de 31 de julio de 1997, declaró la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No 3538, expedido el 17 de Julio de 1999 que dispuso la baja del accionante y de la Orden General N0 139 de 20 de julio de 1992, en la parte en que se le da de baja, aclarando que la declaratoria de inconstitucionalidad conlleva la revocatoria del acto, sin que sea necesario pronunciamiento expreso de los actos administrativos anteriores, por su ineficacia jurídica; y posteriormente el Tribunal Constitucional vuelve a pronunciarse mediante Resolución N0 079 - 1 - 97 de 17 de septiembre de 1997, publicada en el Registro Oficial N0 161 de 26 de septiembre de 1997, declarando la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N0 3538 expedido el 17 de julio de 1992, en la parte relativa a la baja de la Institución Policial del Teniente Coronel de E.M. Mario Arzube Fuentes Espín y suspender parcialmente sus efectos. Por último, el Tribunal Constitucional mediante Resolución N0 118 - 98 - TC de 8 de julio de 1998 dispuso que la Institución Policial proceda sin dilatoria alguna a reconocer al mismo Teniente Coronel Mario Arzube Fuentes Espín todos los derechos constitucionales y legales que emanan de la Resolución N0 0794 - 97 de 17 de septiembre de 1997.

Que, mediante resolución Nro. 118 - 98 - TC aprobada el 8 de julio de 1998, el Tribunal Constitucional desechó la demanda propuesta por el accionante que impugnó el Decreto Ejecutivo Nro. 1029, publicado en la Orden General Nro. 008 de 14 de enero de 1998 y dispuso, que la Institución Policial proceda, sin dilatoria alguna a reconocerle todos los derechos constitucionales y legales que emanan de la resolución adoptada por el Tribunal Constitucional el 17 de septiembre de 1997. La irretroactividad de la resolución jamás debe ser interpretada para conculcar los derechos del perjudicado que emana de la misma, pues ello significaría cohonestar la injusticia cometida.

En ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

1. Declarar que la Comandancia General de la Policía Civil Nacional ha dejado de cumplir hasta la presente fecha las resoluciones del Tribunal Constitucional antes mencionadas.

2. Solicitar a las actuales autoridades de la Institución Policial para que procedan a dar cumplimiento a lo ordenado por el Organismo de Control Constitucional, en forma inmediata; y,

3. Publicar la presente resolución en el Registro Oficial- Notifíquese".

f) Dr. René De la Torre Alcívar, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la resolución que antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con el voto favorable de siete señores Vocales, una abstención del doctor Luis Chacón Calderón y un voto salvado correspondiente al doctor René De la Torre Alcívar, en sesión del día martes ocho de agosto del año dos mil. - Lo certifico.

f.) Dr. Fausto Garcés Pástor, Secretario General.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Es fiel copia del original.

Quito, a 17 de agosto del 2000.

f) El Secretario General.

VOTO SALVADO DEL DR. RENE DE LA TORRE ALCIVAR, TOMADO EN SESION MARTES 8 DE AGOSTO DEL AÑO 2000.

CASO No. 118 - 98 - TC

ANTECEDENTES:

El Teniente Coronel de Policía E.M. Mario Arzube Fuentes Espín y más de mil ciudadanos ecuatorianos, demandó la inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo No. 1029 expedido por el Presidente Constitucional Interino de la República el 8 de enero de 1998 y publicado en la Orden General No. 008 para el 14 de enero del propio año, en virtud del cual se le coloca en Situación Transitoria al Teniente Coronel Mario Arzube Fuentes Espín, previa a la baja de la Institución Policial, y que tiene como antecedente la Resolución No. 07 - 187 - CGPN de 12 de diciembre de 1997 del Consejo de Generales, el pedido del Ministerio de Gobierno constante en el oficio No. 98 - 0022 - SPN y la solicitud del Comandante General de la Policía Nacional con oficio No. 0002 - DGP - PN de 05 de enero de 1998.

El Tribunal Constitucional, en la sesión del 8 de julio de 1998, resuelve: 1. - Desechar la demanda propuesta por el Teniente Coronel de Estado Mayor Mario Arzube Fuentes Espín que impugnó el Decreto Ejecutivo No. 1029 publicado en la Orden General No. 008 para el 14 de enero de 1998; y, 2. - Disponer que la Institución Policial proceda, sin dilatoria alguna reconocer al Teniente Coronel Mario Arzube Fuentes Espín todos los derechos constitucionales y legales que emanan de la Resolución No. 079 - 1 - 97 adoptada por el Tribunal Constitucional el 17 de septiembre de 1997, de conformidad con las atribuciones constantes en el artículo 175, numerales 1 y 62 de la Ley del Control Constitucional por contrariar los artículos 164, 165 y 166 de la Carta Fundamental.

Consecuentemente, si la Institución Policial no ha dado real cumplimiento a dicha Resolución, como lo sostiene el referido Coronel, considero que le asiste el derecho para recurrir a los jueces pertinentes que estime prudente para hacer valer sus derechos, pues hay que tener presente que de conformidad con el artículo 278 de la Constitución Política del Estado las resoluciones del Tribunal no tienen efecto retroactivo; y este criterio consta también en el artículo 176 de la Constitución anterior, por ello, no comparto mi criterio constante en la parte resolutiva del voto de mayoría. Mi criterio es, repito, que el Coronel Mario Arzube Fuentes, recurra a los jueces competentes en base de la Resolución del Tribunal Constitucional, ya invocada para que haga valer sus derechos ante los jueces competentes.

f) Dr. René De la Torre Alcívar, Vocal.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Es fiel copia del original.

Quito, a 17 de agosto del 2000.

f) El Secretario General.

No. 145 - 2000 - TP

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso No. 1203 - 99 - RA,

ANTECEDENTES: El señor Fernando Alcibíades Villavicencio Valencia, interpone recurso de amparo contra el Presidente Ejecutivo de Petroecuador y el Procurador General del Estado fundamentado en los artículos 95 de la Constitución y 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, ante el Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha, mediante el cual solícita la suspensión inmediata de la decisión del Presidente Ejecutivo de Petroecuador de despedirle de su trabajo a cambio de una indemnización, y la publicación por todos los medios de comunicación de alcance nacional, por cuenta de Petroecuador, tanto de la demanda como de la resolución que disponga la suspensión definitiva del acto impugnado y la devolución del dinero consignado en la Inspección del Trabajo de Pichincha.

A fojas 4 - 7 manifiesta el accionante que ha prestado sus servicios a Petroecuador desde abril de 1997, en el cargo de especialista en protección ambiental 1, durante todo el tiempo lo ha hecho con competencia y honestidad, por esto jamás ha sido sancionado de ninguna forma, ganándose el aprecio de todos. Que entre sus múltiples aportes al país y la empresa, destaca el proyecto de comercialización de gas de Petrocomercial con las comunidades rurales y urbano marginales del Ecuador, mediante un convenio con los movimientos sociales y en especial con la CONAIE, por lo que se realizó en la Plaza El Salto de la ciudad de Latacunga una multitudinaria concentración de indígenas, también concurrió el Presidente de la República, Jamil Mahuad, lo que desagradó a los asistentes, demostrando su rechazo. Que estuvo presente en el acto en calidad de miembro de la Comisión Especial y no tuvo participación ni intervención de ninguna clase, sin embargo el 15 de octubre de 1999, fue notificado que él y otros dirigentes del Comité de Empresa de Trabajadores, no podían ingresar a Petroecuador por disposición superior, en esa misma fecha el Presidente de Petroecuador ha consignado en la Inspección de Trabajo un escrito en el que indica que ha tomado la decisión de prescindir de sus servicios por cuanto en un acto público, participó en la agresión de palabra al Presidente de la República y demás autoridades del Gobierno Central. Que se le ha imputado una falta que no ha cometido y se le sanciona por esa falta, sin haberle escuchado ni permitido ejercer su derecho a defenderse, tanto que hasta la fecha no ha recibido notificación oficial de despido, sino tan sólo impedimento físico, de ingresar a su trabajo. Que tal imputación afecta a su honra y su buen nombre, por considerar su comportamiento encaminado a hacerse acreedor de una cuantiosa indemnización, con lo que se viola preceptos constitucionales.

A fojas 23 el Presidente Ejecutivo y Representante Legal de Petroecuador fundamenta su defensa en que el recurso de amparo es improcedente por cuanto Petroecuador en el ejercicio del derecho que le corresponde como empleador del recurrente ante el Inspector de Trabajo de Pichincha, expresó su decisión de dar por terminadas las relaciones laborales, para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 185, 186 y 189 del Código de Trabajo y cláusula décima primera del Quinto Contrato Colectivo. Que al prescindir de sus servicios, depositó el valor que le corresponde en virtud de normas legales invocadas en el Contrato Colectivo de Trabajo. Que un acto de carácter laboral no lesiona ningún derecho constitucional, cualquier controversia que se presente por cuestiones laborales, corresponden a los jueces de trabajo. A fojas 26 - 28 el Procurador General del Estado dice que la acción es improcedente, no existe un acto ilegítimo, no existe violación de derechos fundamentales o constitucionales, el acto que denuncia el recurrente no es irreparable, además es absurdo la pretensión de que se ordene la publicación por todos los medios de alcance nacional.

El Juzgado Cuarto de lo Civil de Pichincha rechaza por improcedente el recurso de amparo constitucional interpuesto. Decisión que es apelada por el recurrente Fernando A. Villavicencio.

Considerando:

Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer y resolver el presente caso, en virtud de las atribuciones conferidas por la Constitución Política de la República en sus artículos 95 y 276 numeral 3;

Que, constituyen requisitos para la procedencia de la acción de amparo: a) La existencia de una acción u omisión ilegítimas de autoridad pública o de particular, en los casos determinados por la Constitución; b) La violación de cualquier derecho consagrado en la Constitución; y, c) La inminencia en la amenaza de un daño grave;

Que, la terminación unilateral de las relaciones de trabajo por parte del empleador conlleva la sanción de pago de indemnizaciones al trabajador afectado, pues se trata de una terminación injustificada del contrato de trabajo mantenido entre las partes;

Que, a fojas 1 del expediente de primera instancia consta el escrito dirigido por el Presidente de Petroecuador al Inspector de Trabajo de Pichincha, en el que comunica su decisión de prescindir de los servicios del señor Feriando Villavicencio Valencia y al que acompaña la liquidación correspondiente y el acta de finiquito respectivas, con lo que ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Código del Trabajo;

Que, la decisión adoptada por Petroecuador en calidad de empleador no constituye acto ilegítimo de autoridad pública, razón por la que la acción de amparo deviene improcedente;

En ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

1. Confirmar la resolución del Juez de instancia; y, en consecuencia, negar el amparo solicitado.

2. Dejar a salvo del actor el derecho a interponer las acciones a que se creyere asistido.

3. Remitir el expediente al juez de origen para el cumplimiento de los fines legales pertinentes. - Notifíquese.

f) Dr. René De la Torre Alcívar, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la resolución que antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con el voto favorable de seis señores Vocales y tres votos salvados correspondientes a los doctores Guillermo Castro Dáger, Marco Morales Tobar y Ezequiel Valarezo Cedeño, en sesión del día miércoles nueve de agosto del año dos mil. - Lo certifico.

f.) Dra. Elizabeth Ell Egas, Secretaria General (E).

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Es fiel copia del original.

Quito, a 17 de agosto del 2000.

f) El Secretario General.

Precio: $1.00
Si desea imprimir o descargar.

Precio no incluye IVA.


Visitas
6397

¡Califica este producto!

(0 Votos)

Compartir