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Registro Oficial. 4 de DICIEMBRE del 2000

lunes 04 de diciembre del 2000 | 12:00
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


  MES DE DICIEMBRE DEL 2000

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República

Lunes 4 de Diciembre del 2000

REGISTRO OFICIAL No. 217

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

FUNCION EJECUTIVA

ACUERDOS:

 MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL:
 
1615 Transfiérese al Municipio de Loja, el Cuerpo de Bomberos y las atribuciones que en relación con la materia y conforme a la Ley de Defensa contra incendios venia ejerciendo este Ministerio
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR:
 
2000567 Desígnase al Ing. Esteban Ortiz Astudillo, Subsecretario de Industrialización, como delegado ante el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA)
 
MINISTERIO DEL AMBIENTE:
 
108 Créase el Distrito Forestal de la Provincia de Orellana, con sede en la capital provincial y jurisdicción en los cantones Orellana, Aguarico, Joya de los Sachas, Loreto Y los que se crearen en la jurisdicción provincial
 
109 Créase la Oficina Técnica de San Miguel de los Bancos, cuya sede es la cabecera cantonal, hajo la dependencia administrativa financiera del Distrito Forestal de Pichincha, con jurisdicción en los cantones Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Ios Bancos
 
110    Créase la Oficina Técnica de Valladolid, cuya sede es la parroquia Valladolid en el cantón Palanda, bajo la depengencia administrativa financiera del Distrito Forestal de Zamora Cinchipe, con jurisdicción en los cantones Palanda y Chinchipe
 
 116 Amplíase en 30 días el plazo al que se refiere el Acuerdo Ministerial No. 50, publicado en el Registro Oficial 126 de 24 de julio del 2000
 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS:
 
162  Déjase sin efecto el Acuepdo Ministerial No. 160, expedido el 9 de noviemhre del 2000 y designase al señor Ing. Camilo Samán S., Subsecretario General de Administración como delegado ante el Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal
 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES:
 
Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Repúhlica Oriental del Uruguay para la prevención del uso indebido y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y sus precursores y productos químicos esenciales
 
Acuerdo de Cooperación para la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y delitos conexos entre la República del Ecuador y la República del Paraguay
 
MINISTERIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y DE SALUD:
 
Reajústanse y niégase el reajuste de los precios de venta a farmacia y al público en todo el territorio nacional de los productos farmacéuticos elaborados por las siguientes empresas:
 
1S6-DDE Grunenthal Ecuatoriana C. Ltda
 
157-DDE Grufarquímica

FUNCION JUDICIAL

PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:
 
Recursos de casación en los juicios laborales seguidos por las siguientes personas:
 
263-2000 Alfredo Gonzalo Casanoi a en contra del Consejo Provincial de Imbahura
 
265-2000
Manuel Rodas Pérez en contra del Municipio de Guayaquil
 
268-2000 Cecilia Cordero de Detken en contra de Optikum KATZ S.A
 
269-2000 José Castro Tumbaco en contra de Johnny Terán Salcedo de Johnny Terán Salcedo y otro
 
272-2000 Maira Lorena Guananga en contra de Karla Sampértegui Arpi
 
273-2000 Carlos Alberto Donoso Cargua en contra del Ministerio de Agricultura y Ganaderia y  otro
 
277-2000 Raúl Gustavo Almeida Aguirre en contra de la compañía Agencia Marítima Senicio S.A. TRANSFRIGO y otros
284-2000 Danny Martínez Orellana en contra de la Municipalidad de Santo Domingo de los Colorados
 
286-2000 Wagner Roberto Carriel Párraga en contra de Talleres Asociados
 
287-2000 Simón Acuña Macías en contra del banco La Previsora
 
291-2000 Pedro Manuel Naranjo Vallejo en contra del Ingenio Isabel Maria, La Familiar S.A. 27
 
292-2000 Silvania Rodríguez Lozada en contra de la ECAPAG
 
ORDENANZA MUNICIPAL:
 
Cantón Atahualpa: Que reglamenta la contratación de obras, bienes y servicios

 

N0 1615

MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL

Considerando:

Que, el artículo 225 de la Constitución Política de la República dispone al Gobierno Central transferir "progresiva - mente funciones, atribuciones, competencias, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas";

Que, el inciso tercero del articulo 226 de la Constitución Política de la República establece que la descentralización será obligatoria cuando una entidad seccional la solicite y tenga capacidad operativa para asumirla;

Que, el fin último de estas transferencias es mejorar el servicio público y satisfacer de mejor manera las necesidades de la ciudadanía;

Que, el Municipio de Loja ha venido ejerciendo, dentro de sus atribuciones propias, varias que se relacionan con la protección y el auxilio a los habitantes de Loja en casos de emergencia;

Que, para la prestación de estos servicios de emergencia es de fundamental importancia el trabajo que desarrolla el Cuerpo de Bomberos, actualmente dependiente del Ministerio de Bienestar Social;

Que, gracias a las labores realizadas hasta el momento por el Municipio de Loja y por el Cuerpo de Bomberos, puede superarse la etapa de coordinación de labores entre las dos instituciones y el Municipio está en capacidad de asumir los servicios que preste el Cuerpo de Bomberos;

Que, en el Acuerdo Ministerial N0 000 1 - N de 15 de febrero del 2000, artículo 2, literal a, se establece entre Las delegaciones de la Subsecretaría General de Bienestar Social "suscribir a nombre del Ministro los actos, convenios o contratos en materias relacionados con la actividades a su cargo"; y,

En uso de las atribuciones legales otorgadas por el Art. 16 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1. - Transfiérese al Municipio de Loja el Cuerpo de Bomberos y las atribuciones que en relación con la materia y conforme a la Ley de Defensa contra Incendios, ha venido ejerciendo el Ministerio de Bienestar Social.

Art. 2. - La transferencia se realiza en los términos del articulo 7 de la Ley de Modernización del Estado Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, esto es, incluye las atribuciones, funciones y recursos necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes.

Art. 3. - Confórmase una comisión integrada por el Ministro de Bienestar Social, el Alcalde de Loja y el Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos, o sus respectivos delegados, a fin de que fijen los procedimientos y realicen las gestiones necesarias pare hacer efectiva la transferencia dispuesta en este acuerdo.

Art. - 4 - Este acuerdo entrará en vigencia a partir de la publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, a 20 de noviembre del 2000.

f.) M.A.E. Pablo Romero Quezada, Ministro de Bienestar Social. (E).

Ministerio de Bienestar Social.

Es fiel copia del original. - Lo certifico.

f.) Daniel Jacho Barrera, Jefe de Archivo.

20 de noviembre del 2000.

N° 2000567

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA

Considerando:

Que, según el Art. 7 de la Ley de Zonas Francas, reformado mediante la Ley N0 99 - 20, publicada en el Suplemento al Registro Oficial N0 149 de 16 de marzo de 1999, el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA) está integrado, entre otros miembros, por el titular de esta Secretaria de Estado o su delegado;

Que, es necesario designar a dicho delegado para que conforme el mencionado Consejo; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 35 de la Ley de Modernización del Estado, promulgada en el Registro Oficial N0 349 de diciembre 31 de 1993.

Acuerda:

Artículo único. - Designar al Ing. Esteban Ortiz Astudillo, Subsecretario de Industrialización de este Ministerio, como delegado ante el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA), en representación del titular de este Portafolio

Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 21 de noviembre del 2000.

f) lng. Roberto Peña Durini.

Comparada esta copia con el original es igual. - Lo certifico.

f) Director Administrativo, (E) MICIP.

N° 108

Rodolfo Rendón Blacio
MINISTRO DEL AMBIENTE

Que, mediante Decreto Ejecutivo 505, publicado en el Registro Oficial N0 118 del 28 de enero de 1999, se fusionó en una sola entidad el Ministerio del Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Aneas Naturales y Vida Silvestre - INEFAN - disponiéndose que el Ministerio del Ambiente elabore la estructura orgánica funcional de La nueva entidad buscando la mejor utilización de los recursos humanos, materiales y financieros;

Que, por Decreto Ejecutivo N0 1330, publicado en el Registro Oficial 296 de 12 de octubre de 1999, mediante el cual se reforma el Decreto Ejecutivo N0 505, se dispone que esta Cartera de Estado incorporará en su estructura las direcciones, unidades o dependencias que le permita, cumplir con los objetivos en materia forestal de conformidad con la visión y propósitos establecidos en el Decreto Ejecutivo 340, publicado en Registro Oficial 77 de 30 de noviembre de 1998, que declaró prioritaria y emergente la actividad forestal;

Que, mediante Ley 119, publicada en el Suplemento del Registro Oficial 372 de 30 de julio de 1998, se creó la provincia de Orellana como unidad administrativa de los cantones Orellana, Aguarico, Joya de los Sachas y Loreto;

Que, la provincia de Orellana cuenta con importantes ecosistemas nativos en los cuales la actividad forestal constituye una de las principales actividades económicas de la población, lo que justifica que la autoridad forestal cuente con una representación que le permita garantizar la conservación de los bosques nativos e impulsar el desarrollo forestal sustentable de la región;

Que, sectores sociales de la provincia y sus representantes en la Función Legislativa se han dirigido al Ministerio exigiendo la creación de un Distrito Forestal; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

Acuerda:

Art. 1. - Crear el Distrito Forestal de la Provincia Orellana, con sede en la capital provincial y jurisdicción en los cantones Orellana, Aguarico, Joya de los Sachas, Loreto y los que se crearen en la jurisdicción provincial.

Art. 2. - El Distrito estará conformado por el siguiente personal:

Un Jefe de Distrito Provincial;
Un Asistente de Profesional;
Un Asesor Jurídico.

Art. 3. - La Oficina Técnica de Coca, con su personal técnico e infraestructura se incorpora al Distrito Forestal de la provincia de Orellana.

Articulo final. - De la ejecución del presente acuerdo ministerial que entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense el Director Forestal, la Directora Financiera, la Directora de Planificación y la Directora Administrativa.

Dado en la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de octubre del 2000.

Comuníquese y publíquese.

f) Rodolfo Rendón Blacio, Ministro del Ambiente

N0 109

Rodolfo Rendón Blacio
MINISTRO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo 505, publicado en el Registro Oficial N0 118 del 28 de enero de 1999, se fusionó en una sola entidad el Ministerio del Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Aneas Naturales y Vida Silvestre - INEFAN - disponiéndose que el Ministerio del Ambiente elabore la estructura orgánica funcional de la nueva entidad buscando la mejor utilización de los recursos humanos, materiales y financieros;

Que, por Decreto Ejecutivo N0 1330, publicado en el Registro Oficial N0 296 de 12 de octubre de 1999, mediante el cual se reforma el Decreto Ejecutivo N0 505, se dispone que esta Cartera de Estado incorporará en su estructura las direcciones, unidades o dependencias que le permitan cumplir con los objetivos en materia forestal de conformidad con la visión y propósitos establecidos en el Decreto Ejecutivo 340, publicado en Registro Oficial N0 77 de 30 de noviembre de 1998, que declaró prioritaria y emergente la actividad forestal;

Que, en la zona occidental de la provincia de Pichincha con una superficie de 850.000 hectáreas, el 64.35% de la superficie de la provincia, están ubicados en importantes zonas de vida con bosques nativos en diferentes grados de intervención, que cumplen vitales funciones de protección, por lo que es indispensable crear una dependencia de apoyo técnico al Distrito Provincial de Pichincha, misma que estratégicamente debe estar ubicada en la cabecera cantonal del cantón San Miguel de los Bancos; y.

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

Acuerda:

Art. 1. - Crear la Oficina Técnica de San Miguel de los Bancos, cuya sede es la cabecera cantonal bajo la dependencia administrativa financiera del Distrito Forestal de Pichincha, con jurisdicción en los cantones Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de los Bancos.

Art. 2. - La Oficina Técnica de San Miguel de los Bancos, la conforma el siguiente personal:

Un Jefe de Oficina Técnica;
Dos peritos forestales.

Art. 3. - En lo referente al traslado del personal, se procederá de acuerdo a las normas que constan en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Artículo final. - De la ejecución del presente acuerdo ministerial que entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense el Director Forestal, la Directora Financiera, la Directora de Planificación, la Directora Administrativa y el Jefe de Distrito Forestal de Pichincha.

Dado en Quito, a los 12 días del mes de octubre del 2000.

Comuníquese y publíquese.

f.) Rodolfo Rendón Blacio, Ministro del Ambiente.

N0 110

Rodolfo Rendón Blacio
MINISTRO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo 505, publicado en el Registro Oficial N0 118 del 28 de enero de 1999, se fusionó en una sola entidad el Ministerio del Ambiente y el Instituto Ecuatoriano Forestal y de Aneas Naturales y Vida Silvestre - INEFAN - disponiéndose que el Ministerio del Ambiente elabore la estructura orgánica funcional de la nueva entidad buscando la mejor utilización de los recursos humanos, materiales y financieros;

Que, por Decreto Ejecutivo N0 1330, publicado en el Registro Oficial N0 296 de 12 de octubre de 1999, mediante el cual se reforma el Decreto Ejecutivo N0 505, se dispone que esta Cartera de Estado incorporará en su estructura las direcciones, unidades o dependencias que le permitan cumplir con los objetivos en materia forestal de conformidad con la visión y propósitos establecidos en el Decreto Ejecutivo 340, publicado en Registro Oficial N0 77 de 30 de noviembre de 1998, que declaró prioritaria y emergente la actividad forestal;

Que, la provincia de Zamora Chinchipe, cuenta con importantes ecosistemas nativos representativos de la región amazónica ecuatoriana;

Que los cantones Palanda y Chinchipe con una superficie aproximada de 500 kilómetros cuadrados, ubicados en la frontera sur oriental con la República del Perú requieren de una representación técnica administrativa de este Ministerio que le permita poner en práctica las políticas de esta Cartera de Estado en cuanto al desarrollo forestal sustentable y conservación de los bosques nativos; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

Acuerda:

Art. 1 - Crear la Oficina Técnica de Valladolid, cuya sede es la parroquia Valladolid, en el cantón Palanda, bajo la dependencia administrativa financiera del Distrito Forestal de Zamora Chinchipe, con jurisdicción en los cantones Palanda y Chinchipe.

Art. 2. - La Oficina Técnica de Valladolid, la conforma el siguiente personal:

Un Jefe de Oficina Técnica;
Dos profesionales forestales.

Art. 3. - En lo referente al traslado del personal, se procederá de acuerdo a las normas que constan en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Artículo final. - De la ejecución del presente acuerdo ministerial que entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense el Director Forestal, la Directora Financiera, la Directora de Planificación, la Directora Administrativa y al Jefe de Distrito Forestal de Zamora Chinchipe.

Dado en Quito, a los 12 días del mes de octubre del 2000. Comuníquese y publíquese.

f.) Rodolfo Rendón Blacio, Ministro del Ambiente.

N0 116

Rodolfo Rendón Blacio

MINISTRO DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, mediante Acuerdo Ministerial 50, publicado en el Registro Oficial N0 126 de 24 de julio del 2000, se expidió la Normativa para el manejo forestal sustentable para aprovechamiento de madera en bosque húmedo y plantaciones forestales;

Que, la Disposición Transitoria Tercera de la Normativa manda que transcurridos 90 días a partir de su vigencia quedará derogada la resolución de Directorio del ex - INEFAN N0 016 de 21 de julio de 1994, referente a patentes de funcionamiento de industrias forestales, licencias de aprovechamiento y guías de circulación;

Que, en vista que es necesario disponer de un tiempo mayor para implementar en su totalidad lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial 50 en lo que se refiere a la aprobación de planes de manejo y de trabajo, emisión de licencias y otorgamiento de guías de circulación; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales,

Acuerda:

Artículo único. - Ampliar en 30 días el plazo al que se refiere la Disposición Transitoria Tercera de la Normativa para el manejo forestal sustentable para aprovechamiento de madera en bosque húmedo y plantaciones forestales, expedida mediante Acuerdo Ministerial 50, publicado en el Registro Oficial N0 126 de 24 de julio del 2000; es decir, la Resolución de Directorio del ex - INEFAN N0 016 de 21 de julio de 1994, referente a patentes de funcionamiento de industrias forestales, licencias de aprovechamiento y guías de circulación, quedará derogada el 24 de noviembre del 2001

Artículo final. - El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y de su cumplimiento encárguese el Director Nacional Forestal, los jefes de Distrito Forestal y los jefes de Oficina Técnica.

Dado en Quito, a los 23 días del mes de octubre del 2000.

Comuníquese y publíquese.

f.) Rodolfo Rendón Blacio, Ministro del Ambiente.

N0 162

EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

Acuerda:

Art. 1. - Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial N0 160, expedido el 9 de noviembre del 2000

Art. 2. - Designar delegado en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, ante el Comité Interinstitucional de Fomento Artesanal, al señor Ing. Camilo Samán S., Subsecretario General de Administración de esta Cartera de Estado.

Comuníquese

Quito, 17 de noviembre del 2000.

f) lng. Luis G. Iturralde M., Ministro de Economía y Finanzas.

Es copia. - Certifico.

f.) Gabriel Vergara V., Secretario General del Ministerio de Economía y Finanzas.

Quito, 20 de noviembre del 2000.

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY PARA LA PREVENCIÓN DEL USO INDEBIDO Y REPRESION DEL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS Y SUS PRECURSORES Y PRODUCTOS QUIMICOS ESENCIALES

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay, en adelante denominadas "Las Partes".

Conscientes de que el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas representan una grave amenaza a la salud y al bienestar de sus pueblos; que el mismo tiende a socavar sus economías, en detrimento del desarrollo político, cultural y socio económico de sus países;

Teniendo especialmente en cuenta la necesidad de combatir la organización, facilitación y financiamiento de actividades ilícitas relacionadas con estas sustancias y sus materias primas, la de intercambiar información sobre estos trascendentes temas y la de adoptar acciones para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los toxicómanos y farmacodependientes;

Teniendo presente la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobada en Viena el 20 de diciembre de 1988, y demás normas de la legislación internacional vigente sobre la materia;

Tomando en consideración sus sistemas constitucionales, legales y administrativos y el respeto de los derechos inherentes a la soberanía nacional de sus respectivos estados;

Conscientes de la importancia de desarrollar una colaboración recíproca para la prevención del uso indebido y la represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y en general en materia de narcotráfico mediante la coordinación y armonización de políticas y la ejecución de programas específicos, y,

E tan convenido lo siguiente:

ARTICULO PRIMERO

Las Partes, sobre la base del respeto a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en sus respectivos países, así como a los derechos inherentes a la soberanía de ambos estados, se proponen armonizar políticas y realizar programas para la educación y la prevención del uso indebido de drogas, la rehabilitación del farmacodependiente, el combate a la producción y al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, así como sus precursores y productos químicos esenciales.

Las políticas y programas antes mencionados tomarán en cuenta las convenciones internacionales en vigor para ambos países.

ARTICULO SEGUNDO

La cooperación objeto del presente convenio comprenderá:

a) Intercambio periódico de información y datos sobre el control y represión del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas dentro de los límites permitidos por sus respectivos ordenamientos jurídicos;

b) Intercambio de información sobre las acciones emprendidas en ambos estados para prestar la asistencia necesaria a los toxicómanos y los métodos de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social; así como las iniciativas tomadas por las Partes para favorecer a las entidades que se ocupan de la recuperación de los toxicómanos;

c) Prestar una colaboración técnica mutua, con el fin de intensificar las medidas para detectar, controlar, erradicar y sustituir la producción ilícita de sustancias y cultivos ilícitos de los cuales se pueden extraer sustancias consideradas como estupefacientes y sicotrópicas en sus respectivos territorios;

d) Intercambio de información sobre exportaciones y/o importaciones de precursores inmediatos, insumos químicos, estupefacientes y sicotrópicas en sus respectivos territorios;

e) intercambio de expertos de los organismos competentes para actualizar las técnicas y estructuras de la organización en la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y contra el lavado de dinero procedente de estas actividades;

f) Visitas del personal de los respectivos organismos competentes para coordinar actividades en el área de la prevención, control del uso indebido y represión tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, control y regulaciones sobre precursores químicos, legislación en materia de drogas, coordinación programas anti - lavado de dinero procedente del narcotráfico, etc.;

g) Programar encuentros entre autoridades nacionales de ambos estados, a fin organizar seminarios, conferencias, y cursos de entrenamiento y especialización para la recuperación y rehabilitación de los toxicómanos;

h) Intercambio de información y experiencias sobre sus respectivas legislaciones y reglamentaciones en materia de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, precursores y productos químicos específicos y relativas al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, etc;

i) Asistencia judicial recíproca sobre el lavado de dinero y de activos provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, de acuerdo a la legislación vigente en cada país y a su seguridad y orden público; y,

j) Prever que el procedimiento sea ágil cuando una de las Panes tramite para otra las solicitudes de asistencia jurídica, así como los exhortos y cartas rogatorias librados por autoridades judiciales dentro de los procesos judiciales contra traficantes individuales, asociados, o contra cualquiera que viole las leyes que combaten el uso indebido y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, sus precursores y productos químicos específicos, de acuerdo al ordenamiento jurídico de cada país.

ARTICULO TERCERO

Para el logro de los objetivos y acciones coordinados del presente convenio, las Partes acuerdan el establecimiento de una comisión binacional Ecuador - Uruguay de cooperación contra el narcotráfico y la farmacodependencia, en adelante denominada "la Comisión"

ARTICULO CUARTO

La Comisión estará integrada por delegados o técnicos de los respectivos organismos competentes de las Partes que serán, en el caso de la República del Ecuador. el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes Sicotrópicas - CONSEP - y, en el caso de la República Oriental del Uruguay, la Junta Nacional de Prevención y Represión del Tráfico ilícito y uso Abusivo de Drogas y, las demás que para tal efecto se designen.

Las autoridades competentes de ambas partes podrán solicitar de instituciones públicas y privadas de sus respectivos estados, relacionados por su actividad con la materia del presente convenio, que presten la asesoría especializada y la asistencia y apoyo técnico que de ellas se requiera.

ARTICULO QUINTO

La Comisión tendrá las siguientes facultades:

a) Recomendar a las Partes, en el marco del presente convenio, los programas y acciones específicos coordinados para el logro de los objetivos propuestos en el mismo, los que se desarrollarán a través de los organismos y servicios competentes de cada Parte;

b) Elaborar planes y programas para eliminar la producción, para la sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, para la prevención del uso indebido y la represión coordinada del tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias sicotrópicas y narcóticos en general, sus precursores y productos químicos específicos, así como también para la prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social del toxicómano:

e) Proponer a las Partes las recomendaciones que consideren pertinentes para mejorar la aplicación e instrumentación del presente convenio;

d) Evaluar el cumplimiento de los programas y acciones contempladas en el presente convenio: y,

e) Elaborar su propio reglamento.

La Comisión se reunirá alternativamente en el Ecuador y en el Uruguay, en las fechas en que se convenga por la vía diplomática, debiendo verificarse el primer encuentro en un término no mayor a los 180 días desde la firma del presente convenio.

En el desempeño de su función principal, la Comisión llevará a cabo otras funciones complementarias para prever en el ámbito del combate al narcotráfico y la farmacodependencia la más eficaz aplicación de otros instrumentos convencionales de carácter bilateral, incluyendo los referentes a la asistencia mutua en materia legal y a la ejecución de sentencias penales, que se llegarán a suscribir entre las Partes.

Asimismo, durante sus reuniones, la Comisión aprobará sus informes y todas sus recomendaciones y decisiones por mutuo acuerdo.

ARTICULO SEXTO

La Comisión elaborará anualmente, para conocimiento de las Partes, un informe sobre la aplicación del presente convenio, en el que consigne el estado de la cooperación acerca de las acciones contra el narcotráfico y la farmacodependencia.

ARTICULO SEPTIMO

El presente convenio entrará en vigor a partir de la fecha en que ambas Partes se comuniquen, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de sus requisitos constitucionales internos para tal efecto.

ARTICULO OCTAVO

El presente convenio tendrá vigencia indefinida y podrá ser denunciado por cualesquiera de las Partes, mediante notificación escrita, a través de la vía diplomática, con noventa (90) días de antelación a la fecha que se desee darlo por terminado.

Hecho en la ciudad de Montevideo, a los veinte y siete días del mes de agosto del año mil novecientos noventa y siete, en dos ejemplares originales en idioma castellano

f.) Ilegible, por el Gobierno de la República del Ecuador.

f) Ilegible, por el Gobierno de la República Oriental del Uruguay.

EMBAJADA DEL URUGUAY

A20/999/136.

Al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección de Tratados
Ciudad.

La Embajada de la República Oriental del Uruguay saluda atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Tratados - y tiene el honor de comunicar que por Ley No. 17.120 de fecha 09.06.99, el Poder Legislativo del Uruguay aprobó el Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y la República Oriental del Uruguay para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en Montevideo, el 27 de agosto de 1 997.

Al respecto, esta Misión Diplomática solicita información con relación a la situación del mencionado Convenio en ámbito interno ecuatoriano.

La Embajada de La República Oriental del Uruguay hace propicia la oportunidad para reiterar al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección de Tratados - , las seguridades de su distinguida consideración.

Quito, 2 de julio de 1999.

EMBAJADA DEL ECUADOR

N0 4 - 2 - 80/2000

Al Honorable
Ministerio de Relaciones Exteriores
Dirección General de Asuntos Políticos
Presente.

La Embajada del Ecuador saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General de Asuntos Políticos -, y tiene a bien referirse al Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Oriental del Uruguay para la Prevención del Uso indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, suscrito en la ciudad de Montevideo el 27 de agosto de 1997.

Al respecto, esta representación diplomática se permite informar a ese Honorable Ministerio que el Gobierno de la República del Ecuador ha concluido con las formalidades previstas en la legislación ecuatoriana para su entrada en vigencia. En tal virtud, y de conformidad con el artículo séptimo del Convenio para la Prevención del Uso Indebido y Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas y sus Precursores y Productos Químicos Esenciales, entrará en vigencia para las dos Partes Contratantes a la fecha de esta notificación.

La Embajada del Ecuador hace propicia la ocasión para manifestar al honorable Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General de Asuntos Políticos - las seguridades de su consideración.

Montevideo, 24 de octubre del 2000.

Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección General de Tratados de esta Cancillería,

Lo certifico. - Quito, a 13 de noviembre del 2000.

f.) Embajador Gonzalo Salvador Holguín, Secretario General de Relaciones Exteriores, encargado.

ACUERDO DE COOPERACION PARA LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTROPICAS, Y DELITOS CONEXOS ENTRE LA REPUBLICA DEL ECUADOR Y LA REPUBLICA DEL PARAGUAY

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Paraguay, en adelante denominados "Las Partes":

Considerando que comparten una profunda preocupación por el incremento de la producción y el tráfico ilícito de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y precursores químicos utilizados para su fabricación: por el lavado de activos proveniente de dicha actividad, así como por el abuso de estas sustancias en todo el mundo;

Conscientes de que el abuso y el tráfico ilícito de estupefacientes constituyen problemas que afectan a la comunidad de ambos países;

Reconociendo la importancia de la cooperación entre los estados para combatir en todos sus aspectos el problema del abuso y del tráfico ilícito de estupefacientes y otras actividades delictivas, incluyendo el crimen organizado;

Teniendo presente la convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas del 20 de diciembre de 1988;

Teniendo en cuenta sus sistemas constitucionales, jurídicos y administrativos y el respeto a la soberanía de cada Estado;

Acuerdan lo siguiente:

Articulo 1

1. Prestarse asistencia recíproca en la prevención y el control del abuso de drogas, el tráfico ilícito. de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y otros delitos conexos, sobre la base del respeto a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en sus respectivos países, así como a los derechos inherentes a la soberanía de ambos estados.

Artículo 2

La asistencia recíproca podrá ser efectuada;

a) Intercambiando información y experiencias sobre las acciones emprendidas en ambos países para prestar asistencia a los farmacodependientes, sobre las iniciativas adoptadas por las instituciones que se dediquen a la rehabilitación de los farmacodependientes y sobre los métodos usados en materia de prevención; y,

b) Promoviendo encuentros entre las respectivas autoridades competentes para la rehabilitación de los farmacodependientes, a través del intercambio de especialistas, cursos de formación y otros afines.

Artículo 3

La cooperación que se efectúe conforme al presente acuerdo podrá comprender, por parte de ambos gobiernos:

a) La prestación de asistencia en el campo técnico - científico:

b) El intercambio de información y de publicaciones científicas, profesionales y didácticas relativas a la lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y actividades conexas; y la utilización de nuevos medios en estos campos:

c) La comunicación de los métodos de lucha contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y otras actividades conexas como el lavado de activos, con el propósito de reducir la demanda ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, mediante actividades de prevención, tratamiento y concientización pública;

d) La realización de acciones tendientes a frenar y perseguir el desarrollo de dichas actividades, el narcotráfico y la farmacodependencia, tales como serían la prevención y combate de la producción, tráfico y uso indebido de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, incluyendo la adopción de medidas para el tratamiento y rehabilitación de farmacodependientes, así como la verdadera afectación de los bienes provenientes del narcotráfico;

e) La reglamentación del control de la producción, la importación, la exportación, el almacenamiento, distribución y venta de los precursores, los químicos, los solventes u otras sustancias que sirvan para el procesamiento de las drogas a que se refiere este acuerdo;

f) La elaboración de nuevos instrumentos legales que las Partes consideren convenientes para combatir, con mayor eficacia, al narcotráfico y la farmacodependencia; y,

g) La información sobre nuevos tipos de drogas y sustancias psicotrópicas, lugares de producción, canales usados por los traficantes y métodos de ocultamiento, así como variaciones de los precios de las sustancias psicotrópicas y estupefacientes.

Artículo 4

Intercambiar información acerca de los sistemas de reciclado y transferencia de capitales provenientes del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y de otras actividades delictivas organizadas vinculadas.

Artículo 5

Las autoridades encargadas de la aplicación del presente acuerdo, serán designadas por las Partes cuando de conformidad con el artículo 9 se hayan cumplido todos los requisitos exigidos por los respectivos ordenamientos constitucionales.

Artículo 6

1. Las autoridades encargadas de la aplicación del presente acuerdo podrán intercambiar informes o realizar reuniones, según lo juzguen conveniente, en relación con las actividades emprendidas en uno o varios de los campos materia de la cooperación.

2. Ambas Partes podrán utilizar canales de comunicación directa por vía telefónica, telex, facsímil y otros medios entre los respectivos órganos competentes, con el fin de facilitar una cooperación eficaz en la lucha contra el abuso de las drogas y el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Articulo 7

Todas las actividades derivadas del presente acuerdo se ejecutarán de conformidad con las leyes y las disposiciones vigentes en el Ecuador y en el Paraguay.

Articulo 8

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha en que ambas Partes se comuniquen por escrito, a través de la vía diplomática, el cumplimiento de los procedimientos exigidos por sus respectivos ordenamientos constitucionales.

Artículo 9

1. El presente acuerdo tendrá una vigencia indefinida. Cualquiera de las Panes podrá darlo por terminado en cualquier momento, mediante comunicación escrita dirigida a la otra Parte, a través de la vía diplomática, con tres meses de antelación.

2. La terminación del presente acuerdo no afectará la conclusión de las acciones de cooperación formalizadas durante su vigencia, a menos que ambas Panes decidan lo contrario.

Firmado en la ciudad de Asunción, a los veinte y cinco días del mes del agosto del año mil novecientos noventa y siete, en dos ejemplares originales, en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Gobierno de la República del Ecuador.

f.) José Ayala Lasso, Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por el Gobierno de la República del Paraguay.

f.) Rubén Melgarejo Lanzoni, Ministerio de Relaciones Exteriores.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

VMIRE/DT/L/N0 245/98

Asunción, 16 de julio de 1998

A su Excelencia
Don Gonzalo Paredes Crespo
Embajador de la República del Ecuador
Ciudad

Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a vuestra Excelencia, en ocasión de hacer referencia al "Acuerdo de Cooperación para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, y Delitos Conexos entre la República del Paraguay y la República del Ecuador", suscrito en Asunción el 25 de agosto de 1997.

Al respecto, me place llevar a su conocimiento que la República del Paraguay ha ratificado dicho Acuerdo por Ley N0 1267 de fecha 15 de junio de 1998.

Asimismo, remítole adjunto el instrumento de ratificación correspondiente, dando así por cumplido por parte del Gobierno del Paraguay con lo establecido en el articulo 8.

Por lo que antecede y para la entrada en vigor de dicho acuerdo se aguardará similar comunicación del ilustrado Gobierno de Vuestra Excelencia.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

f) Leila Rachid Lichi, Viceministra de Relaciones Exteriores.

EMBAJADA DEL ECUADOR EN EL PARAGUAY

N0 4 ­ 2 - 45/00.

Asunción, 20 de octubre del 2000

Al Excelentísimo señor
Rigoberto Pedro Gauto Vielman,
Viceministro de Relaciones Exteriores
Ciudad

Señor Viceministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia con el propósito de informarle que el Gobierno ecuatoriano, con Decreto Ejecutivo número 846 del 5 de octubre de este año, ratificó el "Acuerdo de Cooperación para la Lucha contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y Delitos Conexos entre la República del Ecuador y la República del Paraguay", suscrito en Asunción, el 25 de agosto de 1997.

En consecuencia, de conformidad con el artículo 8 del referido acuerdo, se han cumplido los requisitos formales para su entrada en vigor en esta fecha, toda vez que el ilustrado Gobierno paraguayo notificó que el instrumento bilateral fue ratificado el 10 de julio del año 1998, mediante Ley número 1267 del 15 de junio de ese mismo año.

Hago propicia la oportunidad para reiterar a vuestra excelencia las seguridades de mi más alta y distinguida consideración.

f) Roberto Ponce Alvarado, Embajador.

Certifico que es fiel copia del documento que se encuentra en los archivos de la Dirección General de Tratados de esta Cancillería.

Lo certifico. - Quito, a 13 de noviembre del 2000.

f.) Embajador Gonzalo Salvador Holguín, Secretario General de Relaciones Exteriores, encargado.

No. 156 - DDE

LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA, Y DE SALUD PUBLICA

Considerando:

Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano, integrado por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y de Salud Pública;

Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No. 09293 del 7 de diciembre de 1999, manifestó que el Consejo debe contar con la asesoría de la Comisión Técnica, emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse a partir de la recepción del requerimiento y, el Consejo debe pronunciarse en el término de los quince días posteriores a la recepción del informe;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas administrativas para la fijación, revisión, reajuste y control de precios de los medicamentos de uso humano.

Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235 del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores, farmacias, droguerías y boticas, que comercialicen los medicamentos a precios que no sean los oficialmente autorizados;

Que con el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registro Oficial No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, se encuentra delegado por el titular de esta Cartera de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano;

Que con el Acuerdo No. 00006 del 1 de febrero del 2000, el Ministro de Salud Pública delega a su representante ante el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano para que suscriba los acuerdos interministeriales que contienen las resoluciones adoptadas por tal organismo;

Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3 de febrero del 2000, se emitió una resolución de carácter general para el reajuste de precios de medicamentos de uso humano

Que el 20 de marzo del 2000, la empresa GRUNENTHAL ECUATORIANA C. LTDA. presentó al Ministerio de Comercio Exterior, industrialización y Pesca, dos solicitudes de reajuste de precios, de 2 productos de fabricación nacional y de 180 productos de fabricación nacional e importados:

Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa GRUNENTHAL ECUATORIANA C. LTDA.;

Que las solicitudes de reajuste de precios cumplen con lo dispuesto por el Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3 de febrero del 2000; y,

En ejercicio de sus atribuciones,

Acuerdan:

Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a farmacia y al público en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la empresa GRUNENTHAL ECUATORIANA C. LTDA.:

(Anexo 04DIT1;5)

Art. 2.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 4 de abril del 2000.

f) Augusto L. Tosi, Subsecretario de Industrialización, delegado del ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

f) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del Ministerio de Salud Pública.

Dirección Nacional de Industrias.- Oficina de Documentación y Archivo.- f) Ilegible.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.

No. 157 - DDE

LOS MINISTROS DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA, Y DE SALUD PUBLICA

Considerando:

Que mediante Ley No. 152, promulgada en el Registro Oficial No. 927 del 4 de mayo de 1992, se creó el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano, integrado por los ministros de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, y Salud Pública;

Que el Procurador General del Estado, mediante oficio No. 09293 de 1999 - 12 - 07. manifestó que el Consejo debe contar con la asesoría de la Comisión Técnica, emitida dentro del plazo de treinta días previsto en el Art. 30 de la Ley de Modernización, plazo que debe contarse a partir de la recepción del requerimiento y, el Consejo debe pronunciarse en el término de los quince días posteriores a la recepción del informe;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1076, publicado en el Registro Oficial No. 253 de febrero 9 de 1998, se establecieron las normas administrativas para la fijación, revisión, reajuste y control de precios de los medicamentos de uso humano;

Que mediante Ley No. 60, promulgada en el Registro Oficial No. 264 de febrero 26 de 1998, se reformó el Art. 235 del Código de la Salud, que sanciona a los distribuidores, farmacias, droguerías y boticas, que comercialicen los medicamentos a precios que no sean los oficialmente autorizados:

Que con el Acuerdo No. 990211, publicado en el Registro Oficial No. 215 del 18 de junio de 1999, el Subsecretario de Industrialización del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, se encuentra delegado por el titular de esta Cartera de Estado, para suscribir los acuerdos interministeriales que devienen de las resoluciones del Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano;

Que con el Acuerdo No. 00006 del 1 de febrero del 2000, el Ministro de Salud Pública delega a su representante ante el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano para que suscriba los acuerdos interministeriales que contienen las resoluciones adoptadas por tal organismo;

Que mediante Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3 de febrero del 2000. se emitió una resolución de carácter general para el reajuste de precios de medicamentos de uso humano;

Que el 20 y 27 de marzo del 2000, la empresa GRUFARQUIMICAS, presentó al Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, una solicitud de reajuste de precios de 87 productos importados;

Que el Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano, en sesión celebrada el 4 de abril del 2000, conoció la solicitud presentada por la empresa GRUFARQUIMICAS;

Que la solicitud de reajuste de precios para 86 productos cumple con lo establecido en el Acuerdo Interministerial No. 6 A - DDE del 3 de febrero del 2000, para 1 producto no cumple por cuanto su registro sanitario no ampara la presentación solicitada, y:

En ejercicio de sus atribuciones,

Acuerdan:

Art. 1. - Reajustar los precios máximos de venta a farmacia y al público en todo el territorio nacional de los siguientes productos de la empresa GRUFARQUIMICAS:

(Anexo 04DIT6;8)

Art. 2. - Negar el reajuste de los precios máximos de venta a farmacia y al público en todo el territorio nacional del siguiente producto de la empresa GRUFARQUIMICAS:

(Anexo 04DIT9)

Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de esta fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 4 de abril del 2000.

f) Augusto L. Tosi, Subsecretario de Industrialización, delegado del ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca.

f) Dr. Ramiro Echeverría Tapia, delegado del Ministerio de Salud Pública.

Dirección Nacional de Industrias.- Oficina de Documentación y Archivo.- f) Ilegible.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.

No. 263 - 2000

JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE ALFREDO CASANOVA CONTRA CONSEJO PROVINCIAL DE IMBABURA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, septiembre 25 del 2000: las 09h30.

VISTOS: A fs. 9 a 10 del cuaderno de segunda instancia el Prefecto y el Procurador Sindico del Consejo Provincial de Imbabura, deducen recurso de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de esa provincia en la que confirma la resolución que en su oportunidad dictara el Juez Provincial de Trabajo de esa jurisdicción declarando con lugar la demanda planteada por Alfredo Gonzalo Casanova en contra de la parte recurrente. Siendo el estado del proceso el de resolver sobre el recurso planteado, para hacerlo, se considera; PRIMERO. - La competencia de la Sala se encuentra establecida en virtud del sorteo de ley, cuya razón actuarial consta a fs. 1 del cuaderno de este nivel y de conformidad con el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - Al plantear su recurso, los casacionistas sostienen que en la sentencia impugnada se infringió el Art. 25 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Modernización del Estado, así como el Art. 38 de dicha ley, fundando el recurso en la causal lera., del Art. 3 de la Ley de Casación. En respaldo de su impugnación los recurrentes sostienen que la Corporación Provincial no dictó ninguna resolución que contenga el plan de reducción de personal por separación voluntaria o compra de renuncia y que más bien el actor, para acogerse a este beneficio presentó su renuncia simplemente como titular y la institución se la aceptó disponiendo que se le pague los valores a que tenía derecho. TERCERO. - Planteado el recurso en los términos del considerando anterior, esto es, simplemente en el sentido de que se ha infringido los Arts. 38 de la Ley de Modernización del Estado y 25 del reglamento para su aplicación, esta Sala ha revisado las actuaciones que tienen que ver con la sentencia impugnada, advirtiendo lo siguiente: según 21 Art. 38 de la Ley de Modernización, "los Tribunales Distritales de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, dentro de la esfera de su competencia (el subrayado es de esta Sala), conocerán y resolverán de todas las demandas...". Pues bien, no está dentro de la esfera de la competencia de estos tribunales conocer sobre las demandas que se deriven de los contratos individuales celebrados entre un obrero y una entidad del sector público, como lo son los consejos provinciales, pues tales relaciones están regidas por el Derecho del Trabajo, tal como lo dispone la Constitución y la ley de esa materia. Entonces, siendo competente el Juez de Trabajo para conocer el conflicto trabado entre el actor y el Consejo Provincial de Imbabura, no se ha violado ninguna disposición en cuanto a la competencia. En lo que dice relación al Art. 25 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Modernización del Estado, tampoco ha sido infringido en la sentencia que se impugna por parte de los recurrentes, pues, si tanto en la audiencia de conciliación como en el acta de finiquito se hace mención a la Ley de Modernización como antecedente de la renuncia del actor, y en las dos actuaciones aparece que la parte recurrente pagó por "renuncia voluntaria" determinada cantidad al actor, es obvio, que existió financiamiento para tal pago. Por las consideraciones anotadas, esta Primera Sala de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso planteado por la parte demandada dentro de este juicio. Publíquese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco Dávila y Hugo Quintana Coello.

Es fiel copia de su original. - Quito, 19 de octubre del 2000.

f.) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 265 - 2000

JUICIO LABORAL QUE SIGUE MANUEL RODAS CONTRA El MUNICIPIO DE GUAYAQUIL.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito. septiembre 19 del 2000; las 09h50.

VISTOS: El Ing. León Febres Cordero, Alcalde de Guayaquil y del doctor Gerardo Wong Monroy, Procurador Síndico Municipal, por los derechos que representan en el Municipio de Guayaquil, interponen recurso de casación en la sentencia estimatoria de la demanda dictada por la Sexta Sala de la Corte de Justicia de Guayaquil, la misma que, ordena pagar en favor del actor Manuel Rodas Pérez la jubilación patronal en su parte proporcional de conformidad con el inciso séptimo del Art. 188 del Código del Trabajo por haber acreditado que laboró por más de 20 años, pero indios de 25 años para la entidad demandada, pensión que se pagará en forma vitalicia y sus adicionales, a partir del 11 de enero de 1992, fecha en que terminó la relación laboral. Tramitado el recurso, para resolver se considera; PRIMERO. - Esta Sala por el sorteo de ley y por lo prescrito en el Art. 1 de la Ley de Casación es competente para conocer y resolver el recurso en cuestión. SEGUNDO. - La parte impugnante funda su recurso en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación. Aduce que hay "aplicación indebida de los Arts. 8, 188 del Código de Trabajo y 119 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO.). - El recurso de casación es de carácter extraordinario, formalista, restrictivo, ataca exclusivamente a la sentencia para invalidarla o anularla debido a los vicios de fondo o forma que se presentan, por violación directa de la ley, por su falta de aplicación, por indebida aplicación o por errada interpretación de la misma. En este contexto, la Sala en su primera providencia acepta al trámite el recurso de casación por considerar que reúne los requisitos de forma señalados en el Art. 6 de la ley de la materia. CUARTO. - El Tribunal entra al análisis del problema de fondo. Sobre el punto expone que, la jubilación patronal que considera el Código del Trabajo es viable en dos casos; A) Cuando el trabajador ha laborado para el empleador por 25 años o más en forma continua o interrumpida, siendo esta la regla general; y, B) Por excepción, el inciso séptimo del Art. 188 del Código del Trabajo admite la jubilación patronal proporcional cuando el trabajador hubiere cumplido 20 años y no haya alcanzado a prestar servicios por 25 años. Pero, esta excepción es viable y solo procede cuando el trabajador hubiere sido despedido intempestivamente. QUINTO. - En el caso, el actor no ha demostrado que haya operado el despido intempestivo, por lo que en razón de su tiempo de servicios que no llega a 25 años, no tiene derecho a la jubilación patronal proporcional, en tal razón la Sexta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil realizó una aplicación indebida del inciso séptimo del Art. 188 del Código del Trabajo y esta Sala considera que procede el recurso de casación por la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación. Casaciones de esta naturaleza son reiterados en las diferentes salas de casación de lo Laboral y Social como puede verse en el publicado en el Registro Oficial 283 ­ IX - 99, 3 Sala, No. 177 - 99. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia materia del recurso y se declara sin lugar la demanda por improcedente. Sin costas. Léase y notifíquese.

Fdo.) Dres. Jaime Velasco Dávila, Hugo Quintana Coello y Jaime Espinoza Ramírez, (Conjuez).

Es fiel copia de su original.

Quito, 2 de octubre del 2000.

f) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 268 - 2000

JUICIO LABORAL QUE SIGUE CECILIA CORDERO CONTRA OPTICUM KATZ.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, septiembre 19 del 2000; las 09h10.

VISTOS; De fojas 12 a 14 del segundo cuaderno la Cuarta Sala de la Corte Superior de Quito, dicté sentencia confirmando en todas sus partes el fallo parcialmente estimatorio emitido en el primer nivel jurisdiccional. En desacuerdo con esta resolución Norhert Bos, Gerente General y representante legal de OPTIKUM KATZ SA., planteó recurso de casación. Todo lo relatado ocurre dentro del juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue Cecilia Cordero de Detken en contra del recurrente, tanto por sus propios y personales derechos, como por los que representa de la mencionada persona jurídica. Encontrándose radicada la competencia en esta Sala, habiéndose dado cumplimiento a lo estatuido en el artículo 11 de la ley de la materia y siendo el estado del debate el de dirimir, para hacerlo se considera: PRIMERO. - El recurrente al patentizar su rechazo y oposición contra la decisión de instancia, manifiesta que en aquella se han interpretado erróneamente los artículos 183 y 95 del Código del Trabajo. Funda su impugnación en la causal 1ra. del artículo 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - Al razonar en favor de su pretensión, expresa el casacionista, en síntesis: A). - Que la sentencia que impugna se aparta de los méritos procesales; pues, en ella se establece que se ha de considerar como parte integrante de la remuneración la suma de S/. 675.000, entregados mediante cheques a la actora, que no son de la empresa, contrariando así el artículo 95 del Código Laboral, que proclama que el pago debe ser repetido, constante o permanente de un valor con ocasión del trabajo. B). - Que igualmente, al aceptarse por parte de los jueces de alzada la impugnación de la actora a la resolución de visto bueno favorable a la empresa se ha dispuesto el pago de la indemnización y bonificación previstas en los artículos 188 y 185 del código de la materia, sin considerar que "era obligación de la actora, dentro de esta causa, probar a satisfacción la inexistencia de la falta grave, fundamento de Visto Bueno" (sic). C). - En este mismo orden, señala el impugnante que la Sala sentenciadora incurre en error en la interpretación del artículo 183 ibídem; pues esta norma legal "no permite que se consagre el impugnar por impugnar, dispone que solamente se podía revisar la resolución del Inspector del Trabajo dentro del trámite de Visto Bueno, cuando en el juicio se hayan aportado pruebas que lleven al convencimiento de que la resolución del Inspector del Trabajo no se ajusta a derecho". Que por todo lo expuesto, solicita se case la sentencia recurrida y se deseche la demanda en todas sus partes. TERCERO. - Resumida en los términos que han quedado consignados en los considerandos que preceden la acusación que endereza el recurrente contra el pronunciamiento del Tribunal ad - quem, esta Sala en orden a solventar la controversia y luego de haber examinado y cotejado los recaudos atinentes al caso, apunta las siguientes reflexiones: A). - De acuerdo a lo señalado en el articulo 183. inciso 2do. del Código del Trabajo "La resolución del Inspector no quita el derecho de acudir ante el Juez del Trabajo; pues, sólo tendrá valor de informe que se lo apreciará con criterio judicial, en relación con las pruebas rendidas en el juicio. B). - En la especie, este Tribunal considera que es acertada y acorde a la sana crítica la apreciación que en tomo a la ineficacia del visto bueno realiza la Sala de Apelación. Así, la falta de probidad o conducta inmoral que un empleador imputa al trabajador para dar por terminada la vinculación laboral, debe ser plena e inequívocamente acreditada. En el caso subjúdice, este supuesto fundamental no ha ocurrido, pues la aseveración de que la actora sustrajo documentos de valor y utilidad para la contraparte y que lo hizo con el propósito preconcebido y deliberado de perjudicar sus intereses, lo cual fue evitado por la cónyuge del demandado, dada la gravedad que entraña mereció por ser probada de manera plena y fehaciente; ora, mediante un juicio penal; ora, con una probanza testifical creíble e idónea; pues, no debe olvidarse que frente al imputaciones de ésta índole está de por medio la buena fe e inocencia de la persona, que no puede ser sometida a desdoros y vejámenes injustificados. De autos la afirmación del reo, corroborada por la comunicación que sobre este asunto dirige a él la empleada de la empresa Daysi Villanueva Benalcázar, obviamente que no puede servir para el fin propuesto; pues, carece de idoneidad al tenor de lo que preceptúan los artículos 212, 220 numeral 6to. y 203 del ordenamiento jurisdiccional civil. CUARTO. - Así mismo, este Juzgado pluripersonal encuentra que es acertada la valoración que en tomo a la remuneración de la actora ha efectuado el Tribunal Superior; pues, la parte emplazada no demostró, como estuvo compelida a hacerlo, que la suma de S/. 675.000,oo que estima que no debe ser considerada como parte integrante de la remuneración de la trabajadora, le haya sido entregada a ésta por un concepto diferente al vínculo jurídico que existió entre aquellos. No habiéndolo hecho y existiendo de autos entregas similares de dinero a favor de Cecilia Corma Cordero Celi, esta Sala infiere, a contrario sensu, que la cantidad referida fue con ocasión de la relación de trabajo habida entre los contendientes y que con la entrega de dichas sumas de dinero lo que se ha pretendido es encubrir y falsear la verdadera remuneración percibida por aquella. Por las consideraciones que preceden y no siendo necesario añadir otras, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso promovido y en consecuencia se ratifica la decisión impugnada por estar de acuerdo con lo que estatuye el artículo 278 del Código Práctico Civil. Sin costas. Publíquese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco Dávila y Hugo Quintana Coello.

Es fiel copia de su original.

Quito, 28 de septiembre del 2000.

f) Secretaría de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 269 - 2000

JUICIO LABORAL QUE SIGUE JOSE CASTRO CONTRA CROSNI.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, septiembre 20 del 2000; las 10h00.

VISTOS: De fs. 8 a 9 del cuaderno de segunda instancia corre el escrito mediante el cual Johnny y Guillermo Terán Salcedo, demandados deducen recurso de casación respecto de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Babahoyo en la que se reforma la resolución que en su oportunidad dictara el Juez Primero del Trabajo de Los Ríos declarando con lugar la demanda planteada por José Castro Tumbaco. Siendo el estado del proceso el de pronunciarse sobre el recurso deducido, para hacerlo, se considera. PRIMERO. - La competencia de la Sala se encuentra establecida en virtud del sorteo de ley, cuya razón actuarial consta a fs. 1 del cuaderno de este nivel y de conformidad con el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO - En el escrito contentivo de su recurso, los demandados puntualizan las disposiciones que a su criterio han sido infringidas en la sentencia impugnada, fundándolo en las causales lera. y 3era. del Art. 3 de la Ley de Casación, TERCERO. - Como fundamento del recurso los casacionistas alegan que mediante la prueba testifical acreditaron que nunca hubo relación de dependencia sujeta a remuneración ni horario establecidos, y que el demandante era contratado para ejecutar labores determinadas dentro y fuera de la localidad, proporcionándole todo el material para dichas obras; que por lo mismo, agregan los recurrentes, que no pudo haberse firmado contrato individual de trabajo, pues faltaron dos elementos de los previstos en el Art. 8 del Código del Trabajo; por otro lado agregan los casacionistas que los testigos presentados por el actor se contradicen con el propio texto de la demanda según la cual hubo una interrupción de labores, mientras los testigos no dicen nada sobre este particular; que por otra parte la Sala de instancia no tomó en cuenta las contradicciones en que incurre el actor, y que no fue apreciada en debida forma, al sostener, en la demanda, que fue suspendido, mientras que en el juramento deferido sostiene fue despedido. CUARTO. - Al revisar las actuaciones que tienen que ver con la sentencia impugnada, se advierte lo siguiente: En la audiencia de conciliación la parte demandada se excepciona diciendo que su relación con el actor era a destajo, por lo que la carga de la prueba se invirtió, debiendo tales demandados probar su aseveración. La prueba testifical introducida al proceso por la parte demandada no acredita suficientemente tal aseveración, teniéndose presente también que el trabajo a destajo, es una de las modalidades que según el Art. 19 del Código del Trabajo debe celebrarse por escrito cuando como en la especie duran más de un año, y no media de autos constancia sobre la celebración de este tipo de contrato. De tal manera que no tiene ningún sustento legal la impugnación de la sentencia en cuanto a la falta de relación laboral. En lo relativo al despido intempestivo el Tribunal de instancia, si bien es cierto en la parte resolutiva dispone el pago de indemnización por ese concepto, no menciona en la parte motiva las pruebas según las cuales ese hecho fáctico se dio, tanto más que en la demanda inicial en cuanto a tal hecho, sólo se dice que ."..el 4 de febrero de 1990 en que unilateralmente me lanzaron a la desocupación...", sin precisar las circunstancias en que el hecho se dio, mientras que la pregunta h del pliego de fs. 11 a 12 vta., refiere determinados datos, que como queda dicho no fueron concretados en la demanda. De tal manera que siendo la prueba testifical insuficiente para probar el hecho del despido intempestivo, y la única que se actuó sobre el particular, no puede darse por suficientemente probada la actitud que se le atribuye a la parte demandada en este orden. Por las consideraciones anotadas, esta Primera Sala de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta parcialmente el recurso planteado por los demandados y casa la sentencia de la Segunda Sala de la Corte Superior de Babahoyo, en cuanto manda a pagar valores por concepto de despido intempestivo. Publíquese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco Dávila y Hugo Quintana Coello.

Es fiel copia de su original.

Quito, 3 de octubre del 2000.

f) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 272 - 2000

JUICIO LABORAL QUE SIGUE MAIRA GUANANGA CONTRA KARLA SEMPERTEGUI.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, octubre 3 del 2000; las 11h30.

VISTOS: De fs. 9 a 11 del cuaderno de segunda instancia Karla Sempértegui Arpi, demandada, deduce recurso de casación respecto de la sentencia dictada por la Segunda Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Chimborazo, reformando la que en su oportunidad dictara el Juez del Trabajo de esa jurisdicción territorial que declaró con lugar, parcialmente, la demanda planteada por Maira Lorena Guananga en contra de la recurrente. Siendo el estado del proceso el de pronunciarse sobre el recurso planteado, para hacerlo se considera: PRIMERO. - La competencia de la Sala se encuentra establecida y asegurada, por el sorteo de ley, cuya razón actuarial consta a fs. 1 del cuaderno de este nivel y de conformidad con el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - Al plantear su impugnación la casacionista puntualiza las normas que desde su perspectiva jurídica han sido infringidas en la sentencia dictada por la Sala de instancia, y lo funda en las causales 1era. y 3ra. del Art. 3 de la Ley de Casación. Alegando en sustento de su rechazo a la sentencia de la que se trata, la recurrente sostiene que en la misma no se ha valorado debidamente la prueba testifical introducida al proceso a pedido de la actora, la que es contradictoria, y que además, los testigos son compadres y amigos íntimos de la actora. Que por otro lado, agrega la casacionista, la Sala de instancia, no toma en cuenta el contrato de comisión que obra de autos, de donde aparece que nunca hubo la relación laboral que se invoca sino una relación civil, según la cual la demandante era comisionista y que en tal contrato aparece el tiempo del que arranca el vínculo esto es el 1° de octubre de 1998 y no el 2 de marzo del mismo año. TERCERO. - Al analizar las actuaciones que tienen que ver con la impugnación, esta Primera Sala encuentra lo siguiente: la relación laboral está acreditada básicamente con el "Contrato de Comisión" que corre a fs. 21 a 22 de los autos del mismo que aparecen los elementos básicos que determina el Art. 8 del Código del Trabajo para establecer la existencia del contrato individual de trabajo. Cabe en esta parte destacar que los contratos no son lo que la nomenclatura que se use les asigne, sino que aparezca del contexto del mismo. En la especie, el "Contrato de Comisión" mencionado en líneas anteriores no deja de ser contrato de trabajo porque se le dé otra designación; el hecho de fijarse en el mismo la actividad lícita a ejecutarse, la remuneración mensual a percibirse y otras especificaciones que demuestran la dependencia, lo hacen "contrato de trabajo" aunque se lo llame de comisión o de otra manera. De tal forma que la Sala de instancia hizo bien al dar por establecida la relación laboral entre los litigantes, y siendo lo anterior la parte central del recurso planteado, no se ha violado ninguna de las disposiciones legales que la recurrente invoca. Por las consideraciones anotadas, esta Primera Sala de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso de casación planteado por la demandada Karla Sempértegui Arpi. Publíquese, notifíquese y devuélvase.

Fdo) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco Dávila y Hugo Quintana Coello.

Es fiel copia de su original.

Quito, 18 de octubre del 2000.

f) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 273 - 2000

JUICIO LABORAL DE TRABAJO QUE SIGUE CARLOS DONOSO CONTRA MAG.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, septiembre 18 del 2000; las 10h10.

VISTOS: En el juicio seguido por Carlos Alberto Donoso Cargua en contra del Ministro de Agricultura y Ganadería y Procurador General del Estado, la Tercera Sala de la Corte Superior de Quito al confirmar el fallo del Juez Tercero del Trabajo rechaza la demanda. - De este pronunciamiento el demandante interpone recurso de casación; una vez radicada, por sorteo, la competencia en esta Sala, para resolver se considera: PRIMERO. - El recurrente impugna la decisión por estimar que ésta viola el inciso final del Art. 128 y el literal ch) del Art. 31 de la Constitución vigente a la fecha de presentación de la demanda (2 de julio de 1996): los Arts. 571 (actual 592) y 239 del Código del Trabajo; el Art. 9 del Código Civil; así como los Arts. 3 - 8 - 10 - 11 - 14 y 41 del Quinto Contrato Colectivo, e invoca la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - El Art. 592 del Código del Trabajo admite que el trabajador impugne el documento de finiquito; sin embargo debe analizarse si aquello procede en el presente debate procesal. La norma citada, delimita, las circunstancias en que puede ser impugnado; si la liquidación de cuentas ha sido realizada ante el Inspector del Trabajo y es pormenorizada, no existe razón jurídica para desconocer su validez: pero si no cumple cualquiera de esos requisitos, el trabajador puede hacerlo. - Si bien, la ley impone al Inspector del Trabajo la obligación de cuidar que la liquidación sea pormenorizada, ello no obsta para que el juzgador pase por alto la omisión administrativa en el cumplimiento de este deber y reconocer a la misma eficacia liberatoria a la liquidación pormenorizada y a aquella que no lo es. TERCERO. - El documento de finiquito que en fotocopia certificada aparece a fs. 21 no está pormenorizada, y además evidencia una contradicción en su contenido pues, se afirma que la relación laboral concluyó por acuerdo entre las partes, sin embargo, se reconoce al trabajador una "indemnización", lo cual permite concluir que hubo terminación unilateral del contrato, lo que dio lugar al pago de la indemnización, que aparece en ese documento. CUARTO. - Entre las excepciones opuestas en la audiencia de conciliación, el demandado, alegó "Improcedencia de la acción por cuanto la misma no reúne los requisitos determinados en el Art. 71 del Código de Procedimiento Civil.". - El Dr. Víctor Manuel Peñaherrera, en su obra "Lecciones de Derecho Práctico Civil y Penal", Tomo IIl, página 552, manifiesta: "Improcedente quiere decir no conforme a derecho; y una demanda puede no ser conforme a derecho por su forma o por su fondo; porque el derecho reclamado por el actor no haya existido legalmente jamás: o porque se ha extinguido ya, o porque la reclamación no se ha propuesto en la forma o con sujección al trámite correspondiente. - Es, en suma un concepto genérico equivalente e inadmisible injurídico, etc... ". - En definitiva, una acción es improcedente cuando no existe el derecho que se reclama o cuando no se lo ejercita en la forma determinada en la ley. QUINTO. - La demanda constituye el medio para el ejercicio de una acción; de allí, que el Art. 71 del Código de Procedimiento Civil entre sus requisitos dispone que ésta debe contener: "4to. - La cosa cantidad o hecho que se exige". SEXTO. - Del examen al escrito inicial aparece que el accionante al formular su demanda no ha cumplido con lo dispuesto en el numeral 4to. del Art. 71 del Código de Procedimiento Civil aplicable al campo laboral por la norma del Art. 6 del Código del Trabajo; pues, no precisa las cantidades que exige en los ocho rubros que reclama, además de costas procesales y honorarios: no señala los valores que se refieren a las diferencias que dice se le adeudan en la liquidación tanto de haberes como de indemnizaciones; de consiguiente, no hay duda de que la demanda es improcedente toda vez que no se ha fijado con precisión lo que se reclama de acuerdo con la naturaleza de la relación laboral y sin que por otra parte el Juez haya cuidado que la demanda cumpla con los requisitos del Art. 71 del Código Adjetivo Civil. - En tal virtud, sin que sea necesaria ninguna otra consideración, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha la impugnación formulada. -Notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco Dávila y Hugo Quintana Coello.

Es fiel copia de su original.

Quito, 2 de septiembre del 2000.

f.) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 277 - 2000

JUICIO LABORAL QUE SIGUE RAUL ALMEIDA CONTRA TRANSPORTE FRIGORIFICO.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, septiembre 19 del 2000: las 09h20.

VISTOS: De fojas 4 a 5 del segundo cuaderno la Cuarta Sala de la Corte Superior de Guayaquil dictó sentencia confirmando a su turno el fallo estimatorio de la demanda emitido en el primer nivel jurisdiccional. En desacuerdo con, esta resolución Manfred Rudí Junker Preuss, tanto por sus propios, derechos, como por los que representa de la compañía Agencia Marítima y Servicio SA.. TRANSFRIGO y Vicente Guerra y Jaime Ojeda, por sus propios derechos interpusieron recurso de casación. Todo lo relatado ocurre dentro del juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue Raúl Gustavo Almeida Aguirre en contra de los recurrentes. Encontrándose radicada la competencia en esta Sala, habiéndose dado cumplimiento, a lo estatuido en el artículo, 11 de la ley de la materia y siendo el estado del debate el de dirimir, para hacerlo se considera: PRIMERO. - Los codemandados al patentizar su reproche y oposición contra la decisión, de instancia, manifiestan que en aquella han sido infringidos los artículos 14, 16, 169 Nro. 3 y 188 del Código del Trabajo y el Decreto Ejecutivo Nro. 1066, publicado en el Registro Oficial del 14 de noviembre de 1989. Fundan su impugnación en la causal 1ra. del artículo 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - Al razonar en favor de su pretensión, los casacionistas expresan, en síntesis: A). - Que en el fallo que atacan se ha establecido que, el actor de acuerdo a su juramento deferido percibía la remuneración mensual de S/. 360.000,oo, como así también lo afirma Almeida Aguirre en su demanda y que por tanto, si el Decreto Ejecutivo 1066 a que han hecho, referencia, anteriormente dispone que se pague tal subsidio de transporte únicamente a aquellos trabajadores que ganan hasta el equivalente de 2 salarios mínimos vitales: esto es, S/. 200.000,oo, hay una total incongruencia, por lo cual estiman, que este rubro no debió ser mandado a pagar. B). - En lo tocante al despido intempestivo que ha sido reconocido en favor del demandante, los casacionistas alegan que aquel no procede en razón de que los servicios que el actor prestaba a la empresa accionada eran de "trinca y destrinca": (asegurar y desasegurar) los contenedores que vienen en los buques que arriban a la ciudad de Guayaquil, frecuencia que varia entre 3 o 4 veces al mes, respectivamente, lo cual quiere decir que las labores del actor eran cumplidas por un número igual de veces, lo cual permitía a Almeida Aguirre destinar a sus actividades particulares el resto de días, en los que suponen los casacionistas que realizaba la actividad descrita para otras empresas navieras. C). - En este orden de ideas, señalan que en el pronunciamiento de primera instancia, ratificado por la Corte de Alzada, se establece que la labor del accionante fue a destajo "lo cual lo acepta la parte demandada en la Audiencia de Conciliación". Es por la indicada actividad que Almeida Aguirre percibía una retribución económica que se establecía de acuerdo a los contenedores embarcados y desembarcados; es decir, por unidad de obra, "por lo cual los pagos no son iguales en cada buque laborado". D). - Que lo expuesto anteriormente, la calificación del contrato a destajo que hacen los juzgadores es errónea, va que la actividad de "trinca y destrinca" es una sola y debe hacerse de manera inmediata en un solo día, difiriendo así del contrato de destajo, por lo cual no cabe considerar siquiera que haya existido el despido intempestivo en mención. E). - Que tampoco el contrato que vinculó a los ahora contendientes fue por obra cierta, ya que en este tipo de actividad el tiempo que se toma la ejecución de la obra no es lo fundamental, como si lo es la labor de "trinca y destrinca", que debe hacerse en un día. F). - Que en razón de todo lo expuesto, concluye que en el contrato que vinculó a los justiciables fue "por tarea". Al respecto realiza la argumentación pertinente resaltando que tal labor no es estable, no es permanente. G). - Finalmente indican los recurrentes que la circunstancia de que Almeida Aguirre haya sido impedido de ingresar a las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Guayaquil no puede ser imputable a la parte demandada, como erróneamente se infiere del acta levantada por el Inspector del Trabajo, sino al personal de dicho terminal portuario. TERCERO. - Resumida en los términos que han quedado consignados en los considerandos precedentes la inconformidad de la parte emplazada, este Tribunal en orden a solventar la controversia y luego de examinar y cotejar los recaudos pertinentes, formula su convicción efectuando las siguientes precisiones: A). - Cuestión de primordial importancia dentro del caso subjúdice, es la de establecer cuál fue la modalidad laboral que unió a los ahora contendientes. B). - Al respecto, este Tribunal estima que aquella no fue "por tarea" como ardorosamente lo sostienen los recurrentes, sino que fue "a destajo". C). - La Sala arriba a esta conclusión luego de considerar que la labor de trinca y destrinca o dicho en otros términos, de asegurar y desasegurar los contenedores que vienen en los buques que arriban a un puesto es de acuerdo al artículo 16 del Código del Trabajo en razón de realizarse "por piezas, trozos, medida de superficie y en general, POR UNIDADES DE OBRA es obviamente a destajo. Más aún fluye de la vinculación anotada que la remuneración que percibió el actor se pactó en razón de cada uno de los contenedores laborados y no se tomó en cuenta el tiempo que el ahora actor empleaba en ella. D). - No tiene asidero jurídico la argumentación que realizan los codemandados en el sentido de que la labor de trinca y destrinca es una sola y que no es por piezas, trozos o medidas de superficie. Al respecto, cabe replicar que ninguna actividad humana puede cumplirse en un solo momento o de una sola vez, ya que siempre ella es resultado de diversas actividades sucesivas y continuadas que conducen a un fin determinado. Tal es el caso, de quienes trabajan en actividades artesanales, como la confección de muebles, o quienes perciben un estipendio por los metros de construcción de una pared o por la pintada de un edificio. En la especie, reitérese, la UNIDAD DE OBRA o totalidad de ella que da fisonomía al contrato de trabajo a destajo estuvo dada por "la tunca y destrinca" de cada contenedor. E). - Abundando más en este tema, en ningún caso puede tratarse de contrato por tarea, "ya que no se ha tratado de la ejecución de una determinada cantidad de obra o trabajo en la jornada o en un período de tiempo previamente establecido". Al respecto, el hecho de que según lo afirman los propios coemplazados de que el actor debía cumplir la actividad a él encomendada "en forma inmediata, rápida y normalmente en un solo día, porque los barcos no pueden estar más de ese tiempo acoderados en el puesto por lo cuantioso que son los derechos portuarios", no puede servir para hacer variar el criterio que aquí queda sentado. F). - Por último, el contrato "por tarea" se diferencia del contrato "a destajo" en razón de que en el primero se pacta la realización de una determinada cantidad de obra o trabajo": es decir, la parte de un total: por ejemplo el desbroze o limpieza de un número determinado de cuadras por día en una finca; en cambio, que en el contrato a destajo, lo que se pacta es una unidad total de labor. Tal el caso de la trinca y destrinca de contenedores. CUARTO. - En lo atinente al despido intempestivo, este Juzgado pluripersonal estima que este arbitrio abusivo efectivamente ocurrió. Sobre el particular, esta Sala no encuentra que es justificada la afirmación que hace la parte accionada en el sentido de que como al actor no le fue permitido el acceso al recinto Portuario de Guayaquil, este hecho no es imputable a la empresa, ya que "quien impide ingresar a las personas al puesto son los guardias de Autoridad Portuaria, puesto que para hacer lo hay que tener una credencial que solicitan los usuarios, "agregando que si ellos no lo dejaron entrar, no es pues que nosotros lo hayamos hecho". Al respecto, esta Sala estima que este razonamiento es pueril; pues, es obvio que el empleador tiene la obligación ineludible de facilitar al trabajador el acceso al lugar donde cumplir sus deberes, otorgándole la credencial respectiva y más aún, oficiando y obteniendo en el caso, de la Autoridad Portuaria de Guayaquil la autorización pertinente para el ingreso del ahora actor a dicho recinto, que como es obvio es de restringida concurrencia. En la especie, la empleadora no ha demostrado que cumplió con este deber, y al no hacerlo, observando esta conducta de omisión configuró el despido intempestivo. Por último, razonar como pretende la parte emplazada endosando a un tercero lo que debió ser su preocupación y responsabilidad, equivaldría a permitir a que con una simple omisión, como la descrita, se auspicie la ocurrencia del despido intempestivo con grave detrimento de los derechos del trabajador. QUINTO. - En lo que sí tiene derecho la parte accionada es lo relativo a que no ha lugar al pago al demandante del subsidio de transporte, pues, la remuneración de aquel rebasa el máximo establecido para el goce del referido derecho. Por las consideraciones que preceden, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se acepta en parte el recurso promovido, debiendo obrarse en los términos que se consignan en esta decisión. De la caución rendida por la parte demandada devuélvase a ésta S/. 1'000.000,oo. Sin costas. Publíquese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco Dávila y Hugo Quintana Coello.

Es fiel copia de su original.

Quito, 2 de octubre del 2000.

f) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y' Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 284 - 2000

JUICIO LABORAL QUE SIGUE DANNY MARTINEZ CONTRA MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, octubre 11 del 2000; las 08h50.

VISTOS: A fs. 202 a 203 del cuaderno de segunda instancia; corre el escrito mediante el cual Danny Martínez Orellana, por intermedio de su apoderado, deduce recurso de casación respecto de la sentencia dictada a fs. 200 a 201 por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, en la que revocando la emitida en su oportunidad por el Juez Primero del Trabajo de Pichincha, desecha la demanda planteada por el recurrente en contra de la Municipalidad de Santo Domingo de los Colorados, Siendo el estado del proceso el de pronunciarse sobre el recurso planteado, para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La Sala tiene competencia para conocer el presente proceso por el sorteo de ley, cuya razón consta a fs. 1 del cuaderno de este nivel y de conformidad con el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - En el escrito que contiene el recurso de casación planteado por el actor se concretan las normas de derecho que el casacionista estima han sido infringidas en la sentencia impugnada: fundándolo en las causales 1era. y 3era. del Art. 3 de la Ley de Casación y fundamentándolo, en síntesis, en los siguientes términos: que el considerando cuarto de la sentencia impugnada transcribe textualmente el Art. 14 del contrato colectivo, y que en el considerando quinto se manifiesta, que de acuerdo a tal artículo debió dirigirse a la Municipalidad para manifestar su decisión de separarse o renunciar, y como no lo hace así, sino que presenta una petición de desahucio ante el Inspector del Trabajo, incumplió el Art. 14 del contrato colectivo antes señalado, por lo que se desechó la demanda. Agrega el casacionista, que de acuerdo al Art. 184 del Código del Trabajo, el desahucio es el aviso mediante el cual una de las partes hace saber a la otra su voluntad de terminar la relación laboral, y que el Art. 14 del contrato colectivo dispone dar este aviso a la Municipalidad... refiriéndose al aviso de la "separación voluntaria" o "por renuncia", lo que supone dos alternativas, y que en el caso, fue aviso de "separación voluntaria" y no por "renuncia". En esta parte, agrega el casacionista, que todas las obras de derecho laboral coinciden en que el desahucio es un acto jurídico unilateral por medio del cual una de las partes comunica a la otra, a través de la autoridad administrativa, tal decisión, y que él así lo hizo, "di aviso de mi separación voluntaria.., al señor Alcalde... por intermedio del Inspector del Trabajo.. que es el portador.. que ha cumplido su trabajo de informar al señor Alcalde en forma directa conforme lo determina el Art. 621 del Código del Trabajo (el subrayado es de esta Sala, para tenerlo presente más adelante). Además, sostiene el casacionista que "El Director Administrativo de la I. Municipalidad de Santo Domingo de los Colorados ha emitido el oficio .... informe que debe liquidarme conforme al Art. 14 del Décimo Cuarto Contrato Colectivo, como así se ha practicado . TERCERO. -Centrado el recurso exclusivamente en lo referente a la aplicación del Art. 14 del Décimo Contrato Colectivo, es del caso analizar tal disposición y compararla con las actuaciones que tienen que ver con la misma y con la sentencia impugnada, hecho lo cual se destaca lo siguiente: A juicio de esta Sala no es verdad que cuando al desarrollarse el artículo 14 del Décimo Contrato Colectivo se... dice: "Cuando un trabajador de aviso de su separación voluntaria o renuncia a la Municipalidad...", se esté abriendo dos opciones, como lo sostiene el recurrente, sino que la letra "o" sirve para identificar o tener como sinónimos tal posibilidad. Esta apreciación está confirmada con la simple lectura del llamado en el Art. 14 que dice: Art. 14. retribución por tiempo de servicio en caso de "separación voluntaria". Pero aún admitiendo que sea como lo sostiene el recurrente, el aviso aludido no tiene que ver con el "desahucio" al que se refiere el Art. 184 del Código del Trabajo porque en este supuesto lo que persigue el actor es que su empleador le pague la bonificación prevista en el Art. 185 del Código del Trabajo. El caso subjúdice es diferente al que se refiere la disposición invocada del Código del Trabajo; el aviso previsto en el contrato colectivo debe darlo el trabajador a la Municipalidad (no sólo al Alcalde), porque la representación legal de la misma está integrada también por el Procurador Sindico, con 'un fin eminentemente contractual y no del simple desahucio se señaló en líneas anteriores. Nótese en esta parte que el actor, al plantear su demanda en contra de la Municipalidad, lo hace en la persona de sus dos representantes legales y no sólo respecto del Alcalde. Constando que el aviso de la separación voluntaria se la dio solamente al Alcalde, tal aviso deviene en diminuto porque no se lo hizo también al Procurador Síndico, lo que presupone que el actor incumplió, en esta parte la obligación que le imponía el Art. 14 del contrato colectivo que invoca, y es bien sabido que con arreglo al Código Civil (Art. 1595) no puede exigir el cumplimiento de un contrato por quien no ha cumplido su parte en él. Pero además, esta Sala tiene presente que no está en el marco de las obligaciones del Inspector del Trabajo notificar al empleador decisiones unilaterales convenidas por las partes dentro de un contrato colectivo. La Sala no puede dejar de expresar su extrañeza por la actitud asumida por César Alvarez, Director Administrativo encargado, en su informe de fs. 18 y 19 en el que se demuestra la falta de estudio con que se manejan los asuntos en esa dependencia al pronunciarse por pagos que no corresponden, como se deja expresado en la presente providencia, y abrir opciones de transacciones inconvenientes, para evitar un eventual juicio. Actitudes como éstas deben merecer una investigación por parte de la Municipalidad de Santo Domingo de los Colorados para descartar la posibilidad de una potencial colusión en perjuicio de tal entidad. Por las consideraciones anotadas, es decir por cuanto el actor incumplió la obligación de avisar a la Municipalidad en los términos contractuales, su decisión de separarse voluntariamente para acogerse a lo dispuesto en el Art. 14 del contrato colectivo, y estimando que la sentencia impugnada no infringe ninguna de las disposiciones legales que invoca el recurrente, esta Primera Sala de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso por el que ha llegado a este nivel la presente causa. Publíquese, notifíquese y devuélvase,

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco Dávila y Hugo Quintana Coello.

Es fiel copia de su original. - Quito, 20 de octubre del 2000.

f) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 286 - 2000

JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE WAGNER CARRIEL CONTRA JORGE GARCIA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, octubre 11 del 2000, las 09h10.

VISTOS: A fojas 3 y vuelta del segundo cuaderno la Sexta Sala de la Corte Superior de Guayaquil dictó sentencia confirmando a su turno el fallo desestimatorio pronunciado en el primer nivel jurisdiccional. En desacuerdo con este pronunciamiento el actor interpuso recurso de casación. Todo lo relatado ocurre dentro del juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue Wagner Roberto Carriel Párraga en contra de Jorge Alfredo García Torres, propietario del taller de enderezada y pintada de carros denominado "Talleres Asociados". Encontrándose radicada la competencia en esta Sala, habiéndose dado cumplimiento a lo prevenido en el artículo 11 de la ley de la materia y siendo el estado del debate el de dirimir, para hacerlo se considera: PRIMERO. - El demandante al patentizar su reproche y censura contra la decisión de instancia, manifiesta que en aquella se han infringido los artículos 117 y 119 del Código Jurisdiccional Civil, el artículo 7 del Código del Trabajo y el artículo 35, numeral 6 de la Carta Política de la República. Fundamenta su impugnación en la causal 3era. del artículo 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - Al argumentar a favor de su pretensión expresa el recurrente, que los ministros del Tribunal de Apelación no han valorado en su conjunto la prueba actuada, quebrantando así el articulo 118 del Ordenamiento Adjetivo Civil; pues, han estimado que son referenciales los testimonios con los que el accionante ha acreditado, la relación de trabajo que en calidad de guardián mantuvo anteriormente con la contraparte. De igual manera sostiene el casacionista, que dichos justiciadores tampoco han analizado el escrito presentado por el demandado durante el término de prueba en el que solicitó se recepten declaraciones testificales a Wilton Ramón Vera Loor y Gonzalo Cuzco López a los cuales les hizo varias preguntas entre las cuales alteró la dirección del taller en el cual el recurrente laboraba como guardián. Por otra parte, agrega Carriel Párraga que es inconcebible la afirmación del accionado en el sentido de, que al ahora actor le permitió durante muchos años únicamente que duerma en su taller; pues, tal cosa como es obvio no es verdad, ya que su presencia en el indicado lugar, se debía a que se desempeñaba como guardián del mismo. Por último, pide Carriel Párraga, el demandante que se case la sentencia recurrida y en su lugar se ordene que Jorge Alfredo García Torres "no se burle de un pobre trabajador" y le pague las indemnizaciones laborales a las que indica que por ley tiene derecho. TERCERO. - Resumida en los términos que han quedado consignados en el considerando precedente el reproche y acusación que fulmina el demandador contra el fallo dictado por la Sexta Sala de la Corte Superior de Guayaquil, este Juzgado pluripersonal luego de realizar el examen y confrontación pertinentes solventa la controversia estimando que no ha lugar en derecho a la oposición formulada. Sustenta su convicción esta Sala estimando que es acertada la valoración que para negar eficacia jurídica a la prueba testifical aportada por el demandante ha efectuado el Tribunal de Alzada, al negar idoneidad a los testimonios que la constitución. Al respecto, es oportuno señalar que los testigos son los ojos y oídos con los que el Juez reconstruye y mira el pasado; por tanto en ellos, han de cumplirse de manera copulativa los requisitos de capacidad, conocimiento, probidad e imparcialidad que exige la Ley Procesal para la eficacia de las atestaciones. De allí, que el texto legal exige que aquellas deben ser directas: esto es, que quienes las rinden conozcan a cabalidad acerca de los hechos que se les inquiere y por tanto, se desdeñan, los testimonios indirectos, como son los referenciales y de oídas (Auritis testis) que son esencialmente los que han sido sufragados en la estación respectiva en favor del interés del actor. No mereciendo credibilidad dicha prueba, es forzoso concluir que su pretensión laboral ha quedado simplemente en un mero enunciado teórico, carente de veracidad y justificación. De autos no existe por otra parte, ninguna probanza idónea que haga variar el criterio que aquí queda sentado. Por las consideraciones que preceden y sin que sea necesario añadir otras, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desestima el recurso de casación promovido. Sin Costas. Publíquese. Notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco Dávila y Plugo Quintana Coello.

Es fiel copia de su original. - Quito, 20 de octubre del 2000.

f) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 287 - 2000

JUICIO LABORAL QUE SIGUE SIMON ACUNA CONTRA LA PREVISORA.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito. octubre 3 del 2000: las 11h40.

VISTOS: El presente proceso ha subido a este nivel judicial en virtud del recurso de casación deducido por el Abg. René Bohórquez Gilbert en su calidad de Procurador Judicial del Banco la Previsora, respecto de la sentencia dictada por la Tercera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que confirma la oportunamente dictada por el Juez Quinto del Trabajo del Guayas, declarando con lugar la demanda planteada en contra del recurrente por Simón Acuña Macías. - Siendo el estado del proceso el de resolver sobre el recurso planteado, para hacerlo, se considera: PRIMERO. - La Sala es competente para conocer la presente causa, en virtud del Art. 1 de la Ley de Casación y de conformidad con el sorteo de ley, cuya razón consta a fs. 1 del cuaderno de este nivel. SEGUNDO. - Al plantear su recurso, luego de fundarlo en la causal 1era. del Art. 3 de la Ley de Casación y puntualizar las nominas que a su criterio han sido infringidas en la sentencia impugnada, el casacionista agrega, en sustento de su rechazo, en síntesis, lo siguientes que el fallo ataca la validez del acta de finiquito no obstante que en la misma consta que el trabajador solicitó y fue aceptada la transacción por la cual no renunció a su derecho de jubilación sino que pide y acuerda con el empleador el recibirla anticipadamente, agregando que el Art. 35, numeral 5 de la vigente Constitución declara válida la transacción en lo laboral, siempre que no conlleve una renuncia de derechos del trabajador. Agrega A casacionista que la jubilación es esencialmente patrimonial, consistente en la entrega mensual, de parte del empleador al trabajador. de una suma de dinero y en forma vitalicia Es pues un acuerdo de tracto sucesivo, cuyo ejercicio supone riesgos por las razones expuestas en el escrito que contiene el recurso: que tales contingencias pueden ser previstas por las partes mediante acuerdos lícitos o transacciones va no sobre derechos adquiridos, sino sobre el valor futuro e indeterminado de las prestaciones; de esta forma, sostiene el recurrente, el acuerdo de pagar anticipadamente las pensiones de jubilación será válido mientras no se demuestre que no garantiza la percepción de una suma mensual igual o mayor que la liquidada. Y es en base de esta apreciación, sostiene el recurrente, que la ley ha previsto un medio para cubrir tales riesgos, y el Art. 219, regla 3era, le da derecho al jubilado para pedir al empleador le garantice el pago o le deposite en el IESS el capital necesario para que con esto lo jubile por su cuenta, con igual pensión que la que le correspondía pagar al empleador. TERCERO. - Centrado el recurso en Los términos del considerando anterior y revisado el proceso en las partes que tienen que ver con la sentencia impugnada, esta Sala advierte lo siguiente: En primer lugar la disposición constitucional vigente que cita el recurrente reconoce la posibilidad de una transacción en los términos que consigna el recurrente: mas, lo que no dice dicha parte procesal es que en las Constituciones anteriores y el acta de fojas 16 fue suscrita el 1 de noviembre de 1983 no estaba consagrada tal posibilidad. Cierto es, por otro lado, tal como lo asevera el recurrente, que el Código del Trabajo en su Art. 219, regla 3era. da la posibilidad de que el trabajador pueda pedir que el empleador le garantice el pago de la pensión, etc., pero tal regla no se cumple en la especie, por cuanto no se ha depositado en el IESS el capital necesario que garantice el pago de la pensión, sin que esta opción pueda ser suplida con el hecho de que el trabajador juzgue "más convenientes a sus intereses negociar con la empresa que en sustitución de aquel depósito de capital y en pago total anticipado de todas sus posibles pensiones jubilares y vitalicias, el banco demandado le entregue directamente y por una sola vez, una cantidad global y única...". Lo anterior es inadmisible porque la ley no pone en manos del trabajador, que generalmente no es un experto en finanzas, el discernir que la opción tomada es la más conveniente para sus intereses, sino que lo pretendido por la ley es que el pago de las pensiones le sea hecho mensualmente al trabajador durante el resto de su vida, pensión que la propia ley la va reajustando de acuerdo a las circunstancias cambiantes del medio financiero. Por las consideraciones anotadas, esta Primera Sala de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso de casación por el que ha Llegado a este nivel la presente causa. Publíquese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco Dávila y ¡Jugo Quintana Coello.

Es fiel copia de su original. - Quito, 18 de octubre del 2000.

f.) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 291 - 2000

JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE PEDRO NARANJO CONTRA LA FAMILIAR.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, septiembre 18 del 2000; las 09h20.

VISTOS: En el juicio seguido por Pedro Manuel Naranjo Vallejo en contra del ingenio Isabel María, La Familiar SA., en las personas de sus representantes legales, señora Lourdes Ponce Luque e Ing. Alejandro Ponce Orces, a quienes emplazó también por sus propios derechos, la Segunda Sala de la Corte Superior de Babahoyo, al reformar el fallo del Juez Primero del Trabajo de Los Ríos, acepta parcialmente la acción intentada. - De este pronunciamiento, el actor interpone recurso de casación; una vez radicada, por sorteo, la competencia en este Tribunal, para resolver se considera: PRIMERO. - El recurrente, impugna la decisión, aduciendo que ésta contraviene los Arts. 118 - 119 - 125 - 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil; los Arts. 5 - 7 - 184 ­ 185 y 188 del Código del Trabajo; los Arts. 1 - 2 ­ 3 y 4 del Acuerdo Ministerial No. 780 del Ministerio del Trabajo, publicado en RO. 143 del 17 de diciembre de 1981 y el Art. 35, numerales 1 - 3 y 6 de la Constitución Política; fundando su censura en las causales 1a. y 3a. del Art. 3 de la Ley de Casación. El vinculo contractual no se discute. SEGUNDO. - En el carné de afiliación al IESS, cuya fotocopia certificada consta a fs. 22 del primer cuaderno aparece que el trabajador prestó servicios en dos etapas: a) del 1° de septiembre de 1952 al 31 de enero de 1985; y, b) del 11 de septiembre de 1989 al 31 de diciembre de 1997. TERCERO. - En razón de que el actor es beneficiario de jubilación en el IESS desde febrero de 1985; como se desprende del documento de fs. 48, para efectos de este fallo se tendrá como tiempo de labor del 11 de septiembre de 1989, al 2 de enero de 1998, siendo su última remuneración cuatrocientos mil sucres mensuales, datos que se tomarán en cuenta para el cálculo de las indemnizaciones a que hubiere lugar. CUARTO. - El despido intempestivo es un hecho que sucede en determinado tiempo y lugar; de consiguiente, era obligación del demandante justificarlo. Las declaraciones rendidas por Nelson Aurelio Valdez y Pedro Julio Veloz, fs. 14 vta. - 16, demuestran que la relación contractual concluyó por voluntad unilateral del empleador. QUINTO. - Establecido el despido intempestivo al actor le corresponde: a) 9 meses de remuneración atento lo dispuesto en el Art. 188; y, b) el 25% de la última remuneración por cada año de servicios, según el Art. 185, sin intereses. SEXTO. - Demostrada la relación contractual y como Los demandados no han cumplido con las obligaciones determinadas en el Art. 42, numeral 1° del Código del Trabajo el demandante tiene derecho: a) parte proporcional por décimo tercer sueldo del 1° de diciembre de 1997 al 2 de enero de 1998; b) parte proporcional por décimo cuarto sueldo del 1° de septiembre de 1997 al 2 de enero de 1998; c) décimo quinto sueldo del 1° de febrero de 1996 al 2 de enero de 1998; y, d) vacaciones del 1° de enero de 1997 al 2 de enero de 1998; además se pagarán los intereses en los términos del Art. 611 del cuerpo de leyes de la materia. - En tal virtud, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, al aceptarse parcialmente el recurso de casación interpuesto, se dispone que los demandados paguen al accionante los valores señalados en este pronunciamiento, lo cual será liquidado por el Juez de primer nivel encargado de ejecutar la sentencia. Se desechan las demás reclamaciones. Notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco Dávila y Hugo Quintana Coello.

Es fiel copia de su original.

Quito, 29 de septiembre del 2000.

f.) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia.

No. 292 - 2000

JUICIO DE TRABAJO QUE SIGUE SILVANIA RODRIGUEZ CONTRA ECAPAG.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, septiembre 19 del 2000; las 09h30.

VISTOS: A fojas 11 y vuelta del segundo cuaderno la Quinta Sala de la Corte Superior de Guayaquil dictó sentencia confirmando a su turno el fallo desestimatorio emitido en el primer nivel jurisdiccional. En desacuerdo con este pronunciamiento el actor planteó recurso de casación. Todo lo relatado ocurre dentro del juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue Silvania Rodríguez Lozada en contra de la Empresa Municipal de Alcantarillado de Guayaquil, EMAG, en la interpuesta persona de su administrador ingeniero Jacinto Astudillo Alvarez. Igualmente demandó por la "fusión decretada" a la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, ECAPAG en la persona de su representante legal ingeniero Rafael Menoscal. Es de anotar, que a los profesionales mencionados los emplazó también por sus propios y personales derechos dentro del contexto de solidaridad imperfecta que señala el artículo 36, antes 35 del Código Laboral. Encontrándose radicada la competencia en esta Sala, habiéndose dado cumplimiento a lo prevenido en el artículo 11 de la ley de la materia y siendo el estado del debate el de dirimir, para hacerlo se considera: PRIMERO. - La accionaste al exteriorizar su rechazo y oposición al pronunciamiento de instancia puntualiza en el memorial que corre de fojas 13 a 14 del cuaderno de segundo nivel una serie de normas pertenecientes, tanto al Código del Trabajo, como al Código Jurisdiccional Civil que a su juicio han sido infringidas en dicha decisión. Funda su impugnación en las causales 1era., 3ra., 4ta. y 5ta. del articulo 3 de la Ley de Casación. SEGUNDO. - Al argumentar en favor de su pretensión alega la recurrente que en el considerando tercero del fallo que ataca se dice que: "...no aparece el aludido pago por lo que no se puede establecer si existió o no disminución en tal pago y a pesar de constar en el proceso los pagos realizados en la liquidación que se me hizo de parte de mi exempleadora por el despido intempestivo (sic) del que fui objeto ya que en el caso de no constar dicha cancelación debió ordenar de oficio las pruebas que los jueces juzguen (sic) para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado de la causa antes de la sentencia, como así lo ordena el artículo 122 del Código de Procedimiento Civil". De otra parte expresa la casacionista, que el contrato colectivo vigente en la entidad demandada es ley para las partes y que la liquidación y cancelación de sus haberes se efectuó sin sujeción de los mandatos de aquel, perjudicando así sus derechos siendo éste, el punto esencial de su reclamación, en razón de que aduce haber sido despedida de manera intempestiva. TERCERO. - Resumida en los términos que han quedado consignados en el considerando precedente la censura y acusación que de manera inconexa y desordenada endereza la demandante contra el fallo antes citado, este Tribunal en orden a solventar la controversia y luego del examen y cotejo de los recaudos que dicen relación con el caso subjúdice, ha arribado a la conclusión de que carece de sustento jurídico la reclamación de Silvania Rodríguez Lozada. Esta convicción se sustenta en las siguientes apreciaciones: A). - A duras penas es entendible el texto del recurso de casación planteado, y con esfuerzo se advierte, como ha quedado indicado anteriormente, que la impugnante no está de acuerdo con la liquidación de los valores que recibió al término de la vinculación laboral. B). - Es incuestionable, y esto es de la esencia de todo proceso, que las partes y en este caso quien ha demandado suministre al juzgador todos y cada uno de los elementos de juicio; esto es, los fundamentos de hecho y de derecho en que apoye su aspiración. En la especie y como bien se dice en la sentencia recurrida no existe por no haberlo aportado la demandante, la documentación que permita establecer si ha lugar o no a la aspiración que formula la actora. Esta era una carga procesal de ineludible cumplimiento por parte de aquella en aplicación del antiguo principio jurisprudencial romano que se anuncia diciendo: "Dame los hechos que yo te daré el derecho". La actora incumplió con este deber procesal y al hacerlo impidió a los juzgadores de apelación entrar a analizar la licitud y procedencia de su reclamo. C). - En otro orden, es oportuno aclarar que el artículo 122 del Código Práctico Civil si bien es verdad que autoriza a los jueces, y solamente a ellos a "ordenar de oficio y discrecionalmente las pruebas que juzguen necesarias para el esclarecimiento de la verdad en cualquier estado de la causa, antes de la sentencia", con excepción de la prueba de testigos, no es menos cierto, que de autos deben existir otras probanzas idóneas y fehacientes que auspicien el ejercicio de tal facultad, pero esto no es aplicable al caso presente en que precisamente no existe la que de manera esencial y única debe servir para la búsqueda de la verdad procesal, que debió ser suministrada indudablemente por la accionante al tenor de lo que prescriben los artículos 117 y 118 del código mencionado que sitúan el onus probandi a cargo de quien invoca hechos en sustento de su derecho. CUARTO. - Por otra parte, la actora en el libelo de interposición del recurso citado a lo único que se dedica es a citar una serie de normas que a su criterio han sido transgredidas, pero no señala como era su obligación, de qué manera o en qué forma ha ocurrido el quebrantamiento de aquellas. Igualmente, señala también como causa para sustentar su impugnación 4 de las 5 causales que prescribe el artículo 3 de la Ley de Casación, pero tampoco se detiene a determinar de qué manera la sentencia recurrida ha incurrido en las diversas hipótesis que en tales preceptos legales se indican, tornando así inepto el recurso deducido. Por las consideraciones que preceden y sin que sea necesario añadir otras, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desestima el recurso de casación promovido y consecuentemente, se confirma la sentencia impugnada. Sin costas. Publíquese, notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Miguel Villacís Gómez, Jaime Velasco Dávila y Hugo Quintana Coello.

Es fiel copia de su original.

Quito, 29 de septiembre del 2000.

f.) Secretaria de la Primera Sala de lo Laboral y Social, Corte Suprema de Justicia

EL CONCEJO CANTONAL DE ATAHUALPA

Considerando:

Que la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 34 del 13 de marzo del 2000, en sus artículos 62 y siguientes introduce varias reformas a la Ley de Contratación Pública vigente;

Que de conformidad a lo previsto en el penúltimo inciso del artículo 62 de la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, la adquisición de bienes muebles, la ejecución de obra y la prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, cuya cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, no se sujetarán a los procedimientos precontractuales previstos en la Ley de Contratación Pública, pero para celebrar los contratos respectivos se observarán las normas reglamentarias pertinentes que para el efecto dictará cada uno de los organismos contratantes; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales,

Expide:

La Ordenanza que reglamenta la contratación de obras, bienes y servicios.

SECCION I

DEL COMITE DE CONTRATACIONES

Art. 1. - Integración. - El Comité de Contrataciones de la Municipalidad del Cantón Atahualpa, estará integrado de la siguiente manera:

a. - Por el Alcalde Municipal, o su delegado, que será un Concejal, quien lo presidirá;

b. - El Procurador Sindico Municipal;

c. - Dos técnicos designados por el Alcalde, de acuerdo a la clase de contrato de que se trate; y,

d - Un delegado del colegio profesional a cuyo ámbito de actividad corresponda la mayor participación en el proyecto, de acuerdo con el valor estimado de la contratación.

Actuará como Secretario del comité, el Secretario Municipal.

Art. 2. - Atribuciones. - El Comité de Contrataciones sustanciará y resolverá los procesos de licitación y concurso público de ofertas para la adquisición de bienes muebles, la ejecución de obras, prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría y el arrendamiento mercantil cuya cuantía del respectivo presupuesto referencial, exceda el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

El comité a este efecto, tendrá las siguientes atribuciones:

a. - Conocer y aprobar los documentos precontractuales;

b. - Fijar el precio de los documentos a que se refiere el artículo 22 de la Ley de Contratación Pública, tomando en cuenta para ello, los Costos administrativos de su elaboración, costos de publicaciones y otros relacionados a su obtención y al proceso de contratación;

c. - Realizar las convocatorias a licitación y concurso de ofertas de conformidad coma la ley y las normas de esta ordenanza;

d. - Designar e integrar las comisiones técnicas que se requieran;

e. - Absolver consultas, aclarar e interpretar los documentos precontractuales;

f. - Calificar a los proponentes y sus ofertas:

g. - Adjudicar los contratos a los oferentes cuyas propuestas se consideren las más convenientes a los intereses institucionales; y,

h. - Las demás que señalen la Ley de Contratación Pública, su reglamento general y las disposiciones de la presente ordenanza.

Art. 3. - Sesiones. - Las sesiones del comité se llevarán a cabo previa convocatoria dispuesta por el Presidente, al menos con un día hábil de anticipación, e incluirá el orden del día y los documentos relacionados con los asuntos a tratarse.

El quórum para las sesiones del comité se lo cubrirá con cuatro de sus miembros, uno de los cuales necesariamente será el Presidente. Las resoluciones se adoptarán por mayoría de votos, y en caso de empate, la decisión quedará adoptada en el sentido del voto del Presidente.

El voto de los miembros del comité se lo adoptará en sentido afirmativo o negativo; en consecuencia, no podrán abstenerse de votar, ni votar en blanco. ni abandonar la sesión una vez dispuesta la votación.

Art. 4. - Actas. - Las deliberaciones y resoluciones del Comité de Contrataciones constarán en actas elaboradas por el Secretario y serán suscritas por todos los miembros de comité.

Todos los documentos e informaciones relacionadas a los procedimientos precontractuales serán reservados; por lo tanto, los miembros del comité, funcionarios y empleados municipales, que tengan conocimiento de ellos en razón de sus cargos, serán personalmente responsables del quebrantamiento de la reserva, hasta que se haga pública la decisión final del comité mediante la adjudicación respectiva.

SECCION II

DE LA SELECCION DE OFERTAS

Art. 5. - Ambito. - Se someten a las normas establecidas en la presente sección, la adquisición de bienes muebles, ejecución de obras, la prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría y el arrendamiento mercantil con opción a compra, cuya cuantía sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, y supere el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000008 por el monto del presupuesto inicial del Estado ya mencionado.

Art. 6. - Integración. - EL Comité de Selección de Ofertas de la Municipalidad de Atahualpa, estará integrado de la siguiente manera:

a. - Por el Alcalde o su delegado, que será un Concejal, quien Lo presidirá;

b. - Por el Procurador Síndico Municipal; y.

c. - Por un técnico designado por el Alcalde, según la clase de contrato de que se trate.

Actuará como Secretario del comité, el Secretario Municipal.

El comité se reunirá en sesión con la asistencia de todos sus miembros y sus decisiones se adoptarán por mayoría de votos. Los miembros del comité definirán su voto en forma afirmativa o negativa.

La sesiones del comité se convocarán con un día hábil de anticipación.

Art. 7. - Documentos precontractuales. - Los documentos precontractuales para los procesos de selección de ofertas serán elaborados y ajustados para cada caso particular, de acuerdo a la naturaleza de la contratación: y una vez obtenidos, serán sometidos a conocimiento y aprobación del comité.

Art. 8. - Convocatoria. - De acuerdo a la complejidad de la contratación, el comité resolverá convocar a selección de ofertas, por invitación directa, o por medio de la prensa si a juicio de los miembros del comité se justifica.

La invitación directa se cursará a por lo menos tres personas naturales o jurídicas que estén en capacidad técnica, legal y económica de proveer el bien, ejecutar la obra o prestar el servicio requerido. Si La convocatoria se realiza por la premisa, se la hará mediante una sola publicación en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia de El Oro. En este caso, el comité fijará un valor de inscripción en el procedimiento para financiar los costos de la publicación, gastos administrativos del proceso y La reproducción de documentos precontractuales.

Art. 9 - Contenido de la convocatoria. - Tanto para el evento de publicación por la premisa como en el de invitación directa, la convocatoria deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a. - El objeto de la contratación, monto del presupuesto referencial y los demás datos que determinen claramente su alcance;

b. - La indicación del lugar donde pueden obtenerse los documentos precontractuales o requisitos de participación y el lugar de entrega de la propuestas; y,

c. - El día, fecha y hora límites de presentación de las propuestas.

Art. 10. - Consultas. - Hasta la mitad del término concedido para presentación de ofertas, los interesados podrán realizar consultas o pedir aclaraciones que estimen pertinentes; las mismas que deberán ser absueltas por el comité dentro de los dos días siguientes al vencimiento del término inicialmente mencionado.

La absolución de consultas y aclaraciones emitidas por el comité serán notificadas a todos quienes hubieren adquirido los documentos precontractuales o se hubiere cursado invitación directa.

Art. 11. - Presentación de ofertas. - Las ofertas se entregarán al Secretario del comité hasta las quince horas del día señalado en la convocatoria, en un solo sobre, cerrado, con las debidas seguridades que impidan conocer su contenido antes de la apertura; y contendrá todos los requisitos exigidos en los documentos precontractuales o en la invitación.

El Secretario del comité conferirá el recibo respectivo, anotando la fecha y hora de recepción de las ofertas.

Cualquier solicitud, oferta o documentación, referente al trámite del concurso, que se presentare fuera de los términos o fecha y hora límites señalados en la convocatoria o invitación, no será recibida ni considerada.

Entre la fecha de la convocatoria y la de entrega de las ofertas deberá mediar, por lo menos, diez días hábiles.

Art. 12. - Apertura de sobres. - Los sobres que contengan las ofertas se abrirán en el lugar, día y hora señalados al efecto en la convocatoria. En este acto, podrán estar presentes los oferentes o sus representantes. La diligencia de apertura de los sobres de se dejará constancia en una acta en la que se incluirá el nombre de cada proponente, el monto de su oferta, plazos propuestos y cualquier otro dato o novedad que justifique su inclusión o referencia.

Art. 13. - Estudio de las ofertas. - El comité, según la complejidad de la contratación, podrá designar una comisión técnica de fuera de su seno, o encargar a alguno de sus miembros para que estudie ', analice las ofertas presentadas y elabore un cuadro comparativo de las mismas en un término máximo de cinco días, a fin de contar con elementos de juicio que permitan tomar la resolución más conveniente a los intereses municipales.

Art. 14. - Adjudicación. - El comité adjudicará el contrato al oferente cuya propuesta presente las mejores condiciones y garantías que respalden convenientemente los intereses institucionales La resolución se adoptará en un término máximo de diez días contados a partir de la fecha de apertura de las ofertas.

Art. 15. - Presentación de una sola oferta. - Si se presentare una sola oferta, el comité podrá adjudicarle el contrato. siempre que cumpla con todos los requisitos exigidos en el concurso, sea conveniente y ofrezca condiciones satisfactorias para los intereses institucionales.

Art. 16. - Concurso desierto. - El concurso podrá declararse desierto por los motivos establecidos en el articulo 32 de la Ley de Contratación Pública. En este caso, podrá reabrirse el concurso siguiendo el procedimiento señalado en esta sección.

Si luego de la reapertura del concurso se lo declara desierto nuevamente, el señor Alcalde Municipal, mediante resolución motivada, podrá proceder a la adjudicación directa del contrato, siempre que se aseguren debida y legalmente, los intereses institucionales.

Art. 17. - Propuestas habilitadas. - El comité considerará únicamente las propuestas que reúnan los requisitos exigidos en los documentos precontractuales, y los determinados en las normas legales y reglamentarias aplicables.

La falta de presentación de documentos en originales o copias legalmente certificadas, a excepción de los catálogos, dará lugar a que las ofertas sean desechadas, si luego de requerirse la exhibición o presentación de los originales, el interesado no lo hiciera en el término que se le hubiere concedido al efecto.

Art. 18. - Notificaciones. - El Presidente del comité notificará a los oferentes, dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de adjudicación, el resultado del concurso de selección de ofertas; y el Secretario del comité, procederá a devolver las garantías que correspondan a las ofertas no aceptadas.

Art. 19 - Celebración del contrato. - El contrato se otorgará y suscribirá en el término máximo de diez días contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. En tal evento, el adjudicatario deberá presentar dentro del mismo término, las garantías legales exigibles a la clase de contratación de que se trate.

Art. 20. - Sanciones por no celebración del contrato. - Si por culpa o causas imputables al adjudicatario, no se celebrare el contrato dentro del término señalado en el artículo anterior, el Presidente del comité ordenará al Tesorero Municipal que proceda, sin más trámite, hacer efectiva La garantía de seriedad de la propuesta, sin que el adjudicatario tenga derecho a reclamación alguna.

En este caso, el comité podrá reexaminar las demás ofertas presentadas, notificando con tal decisión a los interesados a quienes se solicitará la renovación de las garantías respectivas dentro de los siguientes cinco días.

El comité podrá adjudicar el contrato al oferente que mejores condiciones ofrezca en respaldo y seguridad de los intereses municipales.
SECCION III

DE LA CONTRATACION DIRECTA PARA EJECUCION DE OBRAS

Art. 21. - Registro de contratistas. - Para facilitar la selección de contratistas de obras mediante contratación directa, la Municipalidad podrá abrir, mantener y actualizar registros de contratistas en los cuales se hará constar los datos generales de cada profesional o compañía, su capacidad técnica y operativa en ejecución de obras y la experiencia general y específica de cada uno.

Art. 22 - De los precios unitarios institucionales o referenciales. - La Dirección de Obras Públicas Municipales elaborará un listado de los precios unitarios por obra específica o genérica, en base al requerimiento institucional.

Los precios unitarios podrán adoptarse de los estudios elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, o de otras entidades del sector público ecuatoriano que mantenga este tipo de información mediante publicaciones especializadas; o en su defecto, se elaborará a base de un estudio y análisis de mercado de los componentes considerando los costos directos e indirectos de cada rubro.

Los precios deberán actualizarse cada tres meses.

Art. 23. - De la selección del contratista. - Cuando el precio referencial de un contrato sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000008 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, se observará y tramitará el siguiente procedimiento de contratación directa:

a. - La Alcaldía Municipal dispondrá a la Dirección de Obras Públicas Municipales presente informe sobre los precios unitarios, especificaciones técnicas, planos, plazos y otros documentos que fueren necesarios y relativos a la obra a ejecutarse y contratarse.

b. - Recibido el informe, la Alcaldía seleccionará la persona natural o jurídica que reúna los requisitos de capacidad económica, legal y técnica, y la experiencia general y específica necesarios y habilitantes para suscribir contratos con la entidad y ejecutar con idoneidad, la obra proyectada y la invitará a suscribir el contrato con aceptación de los precios, rubros y más especificaciones señalados por la Municipalidad;

c. - Aceptados que fueren los términos y condiciones mencionados en el inciso anterior, por el profesional o persona jurídica seleccionados, el Alcalde Municipal, o su delegado, procederá a realizar y resolver la adjudica-ción directa del contrato, y dispondrá se remita toda la documentación del procedimiento a la Procuraduría Municipal para que se elabore el contrato respectivo; y,

d. - Bajo esta modalidad, ningún contratista podrá mantener vigente más de dos contratos en forma simultánea.

SECClON IV

DE LA CONTRATACION DIRECTA MEDIANTE SELECCION DE COTIZACIONES

Art. 24. - Contratación directa y selección de cotizaciones. - Los directores Financiero y de Obras Públicas Municipales, o sus delegados, serán los encargados de realizar los procedimientos de contratación directa, mediante selección de dos cotizaciones, por lo menos, para adquisición de bienes, suministros, materiales, servicios, adecuaciones y mantenimiento que se requieran, cuando el costo de la adquisición sea de hasta el 1,20% del valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,00002 por el presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico.

En este caso, la adquisición o contratación se ejecutarán mediante órdenes de trabajo o presentación de facturas, documentos que serán suficientes para justificar el egreso y pago del precio correspondiente.

La adjudicación o contratación de los bienes, suministros o servicios dispuesta en la forma señalada en los dos primeros incisos de este artículo, se ejecutarán con la intervención de los señores Tesorero y Guardalmacén municipales.

Cuando el costo de adquisición de los bienes o servicios supere el 1 ,20% del valor señalado en el inciso primero, y sea inferior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000008 por el monto del presupuesto inicial del Estado, la contratación la dispondrá el Alcalde, contando con un mínimo de tres cotizaciones y mediante la celebración del contrato respectivo.

Art. 25. - Cotizaciones únicas. - Si el proveedor es representante exclusivo en el país en la comercialización de determinados bienes o prestación de servicios, o se comprobare documentadamente, que dichos bienes y servicios son únicos en el mercado, que tiene un solo provee-dor o implican la utilización de marcas o patentes de exclusi-vidad, podrá utilizarse una sola cotización, siempre que el costo de la adquisición de los bienes, suministros, materiales o prestación de servicios no supere el valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000008 por el monto del presupuesto inicial del Estado del correspondiente ejercicio.

Art. 26. - Cuadro comparativo. - En la adquisición de bienes o prestación de servicios que le corresponde contratar al Alcalde. de acuerdo a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24, las direcciones Financiera y de Obras Públicas Municipales presentarán un informe que contenga el resumen de las cotizaciones y la determinación del objeto, valor. plazo, forma de pago, anticipos, garantías y otras condiciones que se considere indispensables. Se adjuntara al informe, las proformas presentadas, la petición de cotizaciones y la soli-citud original presentada por los responsables de la unidad administrativa que requiera el bien, el servicio o la obra.

Art. 27 - Adjudicación. - Con el informe de las direcciones Financiera y de Obras Públicas Municipales, el Alcalde o su delegado para este acto, seleccionará la mejor cotización, ordenará la compra o la adquisición, y la suscripción del contrato respectivo. Se preferirá la oferta más conveniente a los intereses municipales.

La selección de cotizaciones se realizará sobre la base de un análisis de las condiciones de calidad, precio, garantías, estandarización y plazo de entrega de los bienes o servicios requeridos.

SECCION V

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 28. - Inhabilidades. - Se prohibe a los miembros del Comité de Contrataciones, Comité de Selección de Ofertas, secretarios y a los integrantes de la Comisión Técnica, intervenir en el análisis de propuestas y en los procesos de licitación, concursos y selección de ofertas, cuando en dichos eventos participen como interesados u oferentes su cónyuge o sus parientes comprendidos hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

Quien se encuentre incurso en los casos de inhabilidad señalados, presentará su excusa al Presidente del comité respectivo, para que se proceda a designar su reemplazo.

Art. 29 - Garantías. - En los contratos cuyo monto supere los veinte mil dólares, se aceptarán únicamente las garantías previstas en los literales a), b) y c) del artículo 77 de la Ley de Contratación Pública.

En los demás casos, por contratos de cuantía menor al monto antes señalado, además las garantías señaladas en el artículo 77 de la Ley de Contratación Pública, podrán aceptarse letras de cambio o pagarés a la orden, debidamente avalados e inscritos.

Art. 30. - Formalización de los contratos. - Se otorgarán por escritura pública todos los contratos que tengan una cuantía igual o superior a veinte mil dólares.

Los contratos con cuantía menor al monto antes señalado, constarán en documento privado de acuerdo al formato o contrato tipo elaborado por la Procuraduría Municipal.

Art. 31. - Normas supletorias. - En todo aquello que no se encuentre expresamente previsto en la presente ordenanza, se aplicarán las normas y disposiciones pertinentes de la Ley de Contratación Pública, su reglamento general, el Reglamento de Bienes del Sector Público y la Ley de Régimen Municipal.

Art. 32. - Derogatoria. - Se derogan todas las ordenanzas y demás normas reglamentarias internas, expedidas sobre esta materia de contratación pública, y que se opongan a las disposiciones de la presente ordenanza.

Art. 33. - Vigencia. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación y promulgación legal por medio de la imprenta, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Cantonal de Atahualpa, en la ciudad de Paccha, a los diecinueve días del mes de septiembre del año dos mil.

f) Sr. George Humberto Vásquez Vásquez, Vicepresidente de la Municipalidad de Atahualpa.

f.) Sr. Hugo Mario Apolo Ramírez, Secretario Municipal, interino.

Certificación de debates:

El infrascrito Secretario Municipal, interino del cantón Atahualpa, certifica que la presente ordenanza que reglamenta la contratación de obras, bienes y servicios, fue debatida y aprobada en sesiones ordinarias de los días jueves 14 de septiembre y martes 19 de septiembre del año dos mil.

f.) Sr. Hugo Mario Apolo Ramírez, Secretario Municipal, interino.

Paccha, septiembre 22 del 2000; las 09h00.

Por cumplidos los requisitos legales, sanciono la ordenanza que reglamenta la contratación de obras, bienes y servicios y dispongo se proceda a su promulgación legal.

f) Prof. Jorge José Ruilova Tinoco, Alcalde de la Municipalidad de Atahualpa.

Lo certifico.

f) Sr. Hugo Mario Apolo Ramírez, Secretario Municipal, interino.

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