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Registro Oficial. 23 de MAYO del 2001

miércoles 23 de mayo del 2001 | 12:00
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


   MES DE MAYO DEL 2001

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República

Miércoles 23 de Mayo del 2001

REGISTRO OFICIAL No. 332

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

FUNCION EJECUTIVA:
 
ACUERDOS
 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
 
01-123 Desígnase al economista Jaime Cueva Jácome, Subsecretario de Industrialización (E), para que asista en representación de esta Secretaría de Estado, a la sesión del Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano
 
01-124 Desígnase  al señor Fabián Melo de la Torre, para que asista en representación de esta Secretaría de Estado,  a la sesión de Directorio del Banco Nacional de Fomento
 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
 
0059 Procédese a la contratación, sin necesidad de sujetarse a los procedimientos de concurso público o concurso privado de consultoría previstos en la Ley de Consultoría y su Reglamento de aplicación, de los trabajos de fiscalización de la construcción del canal de encauzamiento del río Chone
 
RESOLUCIONES
 
SUPERINTENDENCIA DE  COMPAÑIAS
 
PYP-2001035 Fíjanse las contribuciones que deben pagar para el año 2001 las compañías sujetas a la vigilancia y control de esta entidad
 
FUNCION JUDICIAL:
 
CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA
 
- Suspéndese la vigencia del Reglamento de tasas judiciales: Aprobado el seis de marzo del presente año y publicado en el Registro Oficial No.  298 de 3 de abril del 2001
 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
 
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
 
Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes personas:
           
8-2001 Eudoro Bienvenido Loor Rivadeneira en contra del Contralor General del Estado
 
9-2001 Enriqueta Balda Burbano en contra de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
 
10-2001 Heriberto Ponce Párraga en contra de  la Universidad  Técnica Luis Vargas Torres de  Esmeraldas
 
11-2001 Carmen Liliana Bermeo Cortez en contra de  la Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas
 
13-2001 Lcdo. Angel Monfilio Aldaz Valdez en contra del Ministerio de Salud Pública
 
16-2001 Juan José Vivas Wagner en contra del Procurador y Contralor General del Estado
 
17-2001 Dr. Julio Michelena Ayala en contra del Ministro de Relaciones Exteriores y otro
 
18-2001 Pedro José Vélez  Vélez  en contra del Banco Nacional de Fomento
 
19-2001 Joc Tito Cedeño Cedeño en contra del Banco Nacional de Fomento
 
20-2001 Félix Andrés Alcívar Mora en contra del Banco Nacional de Fomento
 
25-2001 Ing. Vicente  González Borja  en contra  de ETAPA de la ciudad de Cuenca
 
28-2001 Greetshen Georke Torres en contra del IESS
 
PRIMERA SALA DE LO PENAL
 
316-96-MV Angel  Gabriel Cazar Llumisaca en contra de Mario Pérez Sinche
 
36-98-J0 Juan Alberto Arévalo Mata y otro en contra de Danilo Efrén Encalada Padilla y otro
           
63-98-OR Washington López Gordillo en contra de Mélida Beatriz Mejía Cárdenas
 
358-98-OR Ministerio Fiscal General ea contra de Julia Petrona Murquincho Angamarca
 
359-98-OR  Washington Cevallos en contra de Manuel Maria Topa  Pincha y otra
 
377-98-MA Ministerio Fiscal General  en contra de Juan Francisco Andrade Alzamora
 
19-99-MA Ministerio Fiscal General en contra de Miguel Angel Ortiz Pérez
 
46-99 JO José Gaibor Silva en contra de Jorge Eduardo Barrera
 
53-99 JO Rosa Elvira Espinoza Guanga en contra de Carlos Ayabaca y  otros
 
157-99-MA Roberto Cunalata Lara en contra de Jhon Trajano López Paredes
 
171-99-JOC Ana Silva Villagómez en contra de Lidia Narcisa Sánchez
 
ORDENANZAS MUNICIPALES:
 
- Cantón El Empalme: Que regula el servicio de agua potable
 
- Cantón El Empalme: Para la determinación, recaudación y control del impuesto de patentes municipales
 
- Cantón Saquisilí: Que reglamenta el cobro de la tasa por el servicio de recolección de basura, así como para el mantenimiento de la limpieza y aseo de calles, avenidas, plazas, parques, aceras, carreteras, terrenos sin edificación, jardinería, monumentos públicos, etc.
 
- Cantón Quijos: Que expide el Reglamento para el uso, control, mantenimiento y administración de vehículos

N° 01 - 123

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA (E)

Considerando:

Que según el Art. 3 de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano, publicada en el Registro Oficial N0 59 de 17 de abril del 2000, el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de uso Humano está integrado, entre otros, por el titular de esta Secretaria de Estado o su delegado;

Que es necesario designar un delegado ante el mencionado Consejo, para que asista a la sesión a celebrarse el día 10 de mayo del presente año; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 35 de la Ley de Modernización del Estado, promulgada en el Registro Oficial N0 349 de diciembre 31 de 1993,

Acuerda:

ARTICULO UNICO. - Designase al Econ. Jaime Cueva Jácome, Subsecretario de Industrialización (e), para que asista en representación de esta Secretaria de Estado, a la sesión del Consejo Nacional de Fijación de Precios de Medicamentos de Uso Humano el día 10 de mayo del 2001.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 10 de mayo del 2001.

f.) Ing. Galo Plaza Pallares.

Comparada esta copia con el original es igual. Lo certifico:

f) Director Administrativo, MICIP.

N0 01 - 124

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION Y PESCA

Considerando:

Que la Ley Orgánica del Banco Nacional de Fomento establece que el Directorio del Banco Nacional de Fomento, entre otros, estará integrado por el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca o su delegado;

Que es necesario designar al delegado para que asista a la sesión de Directorio de dicho organismo, a celebrarse el día 16 de mayo del 2001; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el Art. 35 de la Ley de Modernización del Estado, promulgada en el Registro Oficial N0 349 de diciembre 31 de 1993,

Acuerda:

ARTICULO UNICO. - Designase al Sr. Fabián Melo de la Torre, para que asista en representación de esta Secretaria de Estado, a la sesión de Directorio del Banco Nacional de Fomento, el día 16 de mayo del 2001, a las 12h00 pm.

Comuníquese y publíquese. - Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 15 de mayo del 2001.

f) Richard Moss Ferreira.

Comparada esta copia con el original es igual.

Lo certifico: f) Director Administrativo, MICIP.

N0 0059

Nelson Murgueytio Peñaherrera
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Considerando:

Que, mediante Decreto Ejecutivo N0 1239 - de 13 de marzo del 2001, el señor Presidente de la República declaró en estado de emergencia al cantón Chone, por las inundaciones que le azotan, a raíz del fuerte invierno que se ha hecho presente en la zona donde se encuentra ubicada esta importante ciudad manabita, habiéndose autorizado en el mismo decreto al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda para contratar, exonerado de los procedimientos precontractuales los trabajos y servicios indispensables para afrontar la emergencia, y construir las obras de protección necesarias para evitar el efecto de las inundaciones;

Que, el MIDUVI, considerando que dispone de los estudios de factibilidad técnica - económica del Proyecto de Control de Inundaciones de la ciudad de Chone y, adicionalmente, cuenta con los diseños definitivos para la construcción del canal de encauzamiento del río Chone, obra que evitará las inundaciones en esta ciudad, ha convocado el Concurso Especial de Excepción N0 002 - MIDUVI - SAPSB - 2001, para contratar la construcción del referido canal de encauzamiento, por lo que es necesario contratar, de manera emergente, los trabajos de fiscalización de la construcción dichas obras;

Que, el Art. 14, letra a) de la Ley de Consultoría, excepciona de los procedimientos de concurso público o concurso privado de consultoría a aquellas contrataciones que sean necesarias para superar emergencias graves, como accidentes, terremotos, inundaciones y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito;

Que, para la contratación de los trabajos de consultoría señalados en los considerandos anteriores se cuenta con los recursos asignados en la Partida Presupuestaria N0 1550 - 0000 - N300 - 907 - 13 - 04 - 750103 - 004 - 0 "Propósito Múltiple de Chone Control de Inundaciones", por el valor de un millón novecientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USA $ 1,900.000), como contraparte del préstamo otorgado por el Banco del Estado para la construcción del canal de encauzamiento del río Chone, así como estudios y trabajos adicionales comprendidos en el Proyecto de Control de Inundaciones de la ciudad de Chone, según se desprende de la certificación conferida por el Director Financiero del MIDUVI, mediante memorando N0 350 - DNF - 2001 de 16 de abril del 2001, que se agrega como parte integrante de esta resolución;

Que, por cuanto la contratación de la fiscalización de la construcción del canal de encauzamiento del río Chone constituye un contrato de servicios de consultoría emergente, que ayudará a prevenir las consecuencias de las inundaciones en el cantón Chone, declarado en emergencia por el señor Presidente de la República; y,

En ejercicio de la facultad conferida por el articulo 14, letra a) de la Ley de Consultoría y 11 de su reglamento de aplicación.

Acuerda:

Art. 1. - Proceder a la contratación, sin necesidad de sujetarse a los procedimientos de concurso público o concurso privado de consultoría previstos en la Ley de Consultoría y su reglamento de aplicación, de los trabajos de fiscalización de la construcción del canal de encauzamiento del río Chone.

Art. 2. - La contratación señalada en el articulo anterior se hará mediante convocatorias públicas en periódicos de las ciudades de Quito, Guayaquil, Portoviejo y Manta, utilizando las bases del concurso de excepción a tramitarse, preparadas por la Subsecretaria de Agua Potable y Saneamiento Básico y aprobados por el Banco del Estado, que asegurarán la libre competencia y transparencia del proceso a seguir, así como la mayor participación de compañías consultoras y asociaciones conformadas entre éstas.

Art. 3. - Conforme lo dispone el Art. 11 del Reglamento a la Ley de Consultoría, para el proceso de selección, negociación y adjudicación del contrato confórmase la Comisión Técnica de Consultoría, integrada por los siguientes funcionarios: el Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento Básico, como delegado del Ministro, que presidirá la comisión; el Director de Promoción y Asistencia Técnica de la misma Subsecretaria; y la Directora de Asesoría Jurídica del MIDUVI, quienes en sus actuaciones se sujetarán al Reglamento de Selección y Calificación, que forma parte de las bases del concurso.

Esta comisión, de considerarlo necesario, podrá designar asesores y una subcomisión de apoyo para cumplir con su trabajo. Los miembros de la Comisión Técnica de Consultoría, sus asesores y quienes integren la subcomisión de apoyo serán personal y pecuniariamente responsables por sus actuaciones.

Art. 4. - De la ejecución de la presente resolución encárguese el Subsecretario de Agua Potable y Saneamiento Básico del MIDUVI.

Dado en el despacho del Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, eh Quito, a 11 de mayo del 2001.

f.) Nelson Murgueytio Peñaherrera, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, certifico que este documento es fiel copia del original.

f.) Cecilia Morales de Vega, Secretaria General.

Fecha: 14 de mayo del 2001.

No. PYP - 2001035

Dr. Xavier Muñoz Chávez

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS

Considerando:

Que el inciso primero del articulo 449 de la Ley de Compañías, dispone que el Superintendente de Compañías fije anualmente las contribuciones que deban pagar las compañías sujetas a la vigilancia y control de esta entidad; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

Resuelve:

ARTICULO PRIMERO. - La contribución para el año 2001, que las compañías y otras entidades sujetas a la vigilancia y control de la Superintendencia de Compañías deben pagar a ésta, será: el valor correspondiente al uno por mil de sus activos reales, de conformidad con lo que establece el inciso tercero del artículo 449 de la Ley de Compañías.

ARTICULO SEGUNDO. - Las compañías de
Responsabilidad Limitada con activos reales de hasta OCHO DOLARES AMERICANOS (US$ 8,00), no pagarán contribución.

ARTICULO TERCERO. - Las contribuciones que se establecen en el artículo primero de esta resolución, se depositarán hasta el 30 de septiembre del presente año, a nombre de la Superintendencia de Compañías, en la cuenta corriente rotativa de ingresos No. 346497 - 0, en la Casa Matriz o en las sucursales o agencias del Banco del Pacífico.

En las ciudades en donde no exista sucursales o agencias del Banco del Pacífico, los depósitos se efectuarán en la cuenta corriente rotativa de ingresos No. 0010000850 de las sucursales o agencias del Banco Nacional de Fomento en dichas ciudades.

Las compañías que basta la fecha anteriormente indicada hayan pagado al menos el 50% de la contribución que les corresponde, tendrán derecho a cancelar el otro 50%, hasta el 31 de diciembre del 2001, sin lugar a recargo o penalidad alguna.

ARTICULO CUARTO. - A las compañías en las que el 50% o más del capital social estuviere representado por acciones pertenecientes a instituciones de derecho público o de derecho privado, con finalidad social o pública, de acuerdo con los datos existentes en la Superintendencia de Compañías, se les emitirá los títulos de crédito por el 50% de la contribución que corresponda, conforme a lo determinado en el articulo primero de esta resolución y en concordancia con el inciso cuarto del artículo 449 de la Ley de Compañías. Dichas compañías depositarán en el Banco del Pacifico, o en el Banco Nacional de Fomento, en las cuentas indicadas en el articulo tercero de esta resolución, según el caso, hasta el 30 de septiembre del presente año, el valor que conste en el titulo de crédito emitido.

Para justificar tal rebaja, las compañías deberán haber presentado hasta el 30 de abril del año respectivo, la nómina de accionistas debidamente certificada; sin embargo, la Superintendencia de Compañías podrá proceder de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 68 del Código Tributado. La no presentación de este requisito (nómina de accionistas), hasta la fecha antes indicada, facultará a la Superintendencia de Compañías para la emisión del título de crédito pertinente por el ciento por ciento del valor de la contribución correspondiente.

ARTICULO QUINTO. - Las compañías holding o tenedoras de acciones y sus vinculadas que estén sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, siempre que reúnan las condiciones señaladas en el artículo 429 de la Ley de Compañías, podrán presentar sus estados financieros consolidados, y pagarán la contribución sobre los activos reales que se reflejen en dichos estados financieros consolidados.

En el caso de que en el grupo empresarial, existieren compañías vinculadas que estén sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías y de Bancos y hasta que se expidan las normas de que trata el último inciso del antes citado articulo 429, la contribución se calculará sobre los activos reales que consten en los estados financieros consolidados presentados y que correspondan solamente a las compañías sujetas al control de esta Superintendencia.
Con los estados financieros consolidados, el representante legal de la compañía Holding, presentará una declaración en la que indique si es que los referidos estados financieros consolidados incluyen a compañías bajo el control de la Superintendencia de Bancos.

En caso de no presentarse dicha declaración, la contribución para la Superintendencia de Compañías, se calculará tomando como base el total de los activos reales, que consten en los mencionados estados financieros consolidados.

ARTICULO SEXTO. - En el caso de las otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas que operan en el país, la contribución a la Superintendencia de Compañías se calculará tomando como base los activos reales que dichas empresas tengan registrados o declarados y que se reflejen en sus estados financieros presentados a esta institución.

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial. - Dada y firmada en Quito, 11 de mayo del 2001.

f) Dr. Xavier Muñoz Chávez, Superintendente de Compañías.

Es fiel copia del original. - Certifico. - Quito, mayo 14 del 2001.

f) Dr. Víctor Cevallos Vásquez, Secretario General.

EL PLENO DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA

En uso de sus atribuciones,

Resuelve:

Art. 1. - Suspender la vigencia del Reglamento de Tasas Judiciales, aprobado el seis de marzo del presente año y publicado en el Registro Oficial No. 298 de 3 de abril del 2001.

Art. 2. - Mantener en vigor los montos de las tasas por servicios judiciales, establecidos por el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, mediante Resolución publicada en el Registro Oficial 300 de 18 de octubre de 1999.

Art. 3. - Encargar a la Comisión Administrativa Financiera del Consejo Nacional de la Judicatura la revisión del Reglamento de Tasas Judiciales. La comisión escuchará el criterio de las personas u organizaciones que juzgue conveniente, entre otras de la Federación Nacional de Abogados y de la Federación Nacional de Asociaciones Judiciales del Ecuador.

Esta resolución entrará en vigencia desde la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil uno, en el salón de sesiones de la Corte Suprema de Justicia.

En mi calidad de Secretario encargado del Consejo Nacional de la Judicatura, certifico que el texto que antecede fue aprobado por el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, en sesión ordinaria de diecisiete de abril del presente año. - Quito, 11 de mayo del 2001.

f.) Dr. Gustavo Donoso Mena, Secretario, encargado del Consejo Nacional de la Judicatura.

No. 8 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 11 de enero del 2001; las 11h00.

VISTOS: (203 - 99): El Contralor General del Estado deduce recurso de hecho impugnando la providencia mediante la cual el Tribunal de lo Contencioso Administrativo niega la calificación del recurso de casación por él interpuesto. La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de sus facultades aceptando el recurso de hecho calificó el de casación deducido. El recurso de casación, el recurrente lo propone en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 4 en el juicio seguido por Eudoro Bienvenido Loor Rivadeneira en contra del Contralor General del Estado, sentencia en la cual, aceptándose la demanda, se declara la ilegalidad de la resolución impugnada. Pretende el recurrente que en la sentencia impugnada se han infringido las disposiciones de los artículos 143 de la Constitución Política de la República, 353, inciso tercero de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, el inciso segundo del Art. 119 del Código de Procedimiento Civil; infracciones que han configurado las causales primera y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación vigente, por falta de aplicación de norma de derecho en la sentencia. Habiéndose calificado el recurso con tal oportunidad se estableció la competencia de esta Sala para conocerlo y resolverlo, presupuesto procesal que no ha variado por lo que, habiendo concluido el trámite establecido por la ley ha lugar a que se dicte sentencia, a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones: 'PRIMERO. - Es evidente que conforme señala el Art. 143 de la Constitución Política de la República en su inciso segundo: "Una ley ordinaria no podrá modificar una ley orgánica ni prevalecer sobre ella, ni siquiera a título de ley especial". Ahora bien la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, conforme su nombre lo indica, tiene la mencionada condición, en tanto que la Ley de Modernización del Estado no es orgánica, por lo que evidentemente las normas de la primera prevalecen sobre las de la segunda en caso de contradicción, Y el Art. 386 de la primera de ellas, señala que de no expedirse la resolución sobre glosas en el plazo señalado en el Art. 385 esto es, 180 días contados desde el día siguiente al de la notificación respectiva, los interesados podrán considerar este hecho como denegación tácita de sus pretensiones y consiguientemente como confirmación de las glosas; norma ésta que está en abierta contradicción con lo preceptuado en el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, según la cual: "En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta en favor del reclamante". En virtud de la disposición constitucional antes mencionada, es pues evidente la prevalencia de la normatividad de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. SEGUNDO. - En el considerando octavo de la sentencia impugnada se establece lo que es una realidad: que no se dio resolución a las glosas en el plazo de 180 días a que se refiere el Art. 355 de la LOAFYC, admitiendo que, como consecuencia de lo dispuesto en el Art. 236 del mismo cuerpo de leyes, operó la denegación tácita de las obligaciones; pero a continuación, por desgracia, se refiere a la disposición de la Ley de Modernización del Estado, y dándose inconstitucionalmente prevalencia al efecto positivo del silencio que consagra esta norma, se sostiene que las reclamaciones a la glosa del actor han tenido resolución positiva, por lo que, a juicio del inferior, carece de fundamento el cargo establecido en contra del actor. TERCERO. - En aplicación de la norma constitucional, es evidente que jurídicamente lo único que ocurrió es que, al no haberse dado resolución a la glosa en 180 días, se produjo la negativa tácita a las reclamaciones del actor en torno a la glosa quien, en consecuencia estaba habilitado por la presunción legal que aporta el silencio administrativo negativo, a iniciar la correspondiente acción ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, sin perjuicio de que la administración, en el caso de la Contraloría, pueda confirmar o revocar la presunción legal de denegación tácita. Y así lo hizo la Contraloría más tarde, al aceptar solamente en forma parcial las observaciones a la glosa presentadas por el actor, resolución esta por haber sido dictada antes de que hubieran transcurrido cinco años desde la notificación de las glosas, no está afectada por caducidad, al tenor de lo que dispone el Art. 353 de la LOAFYC. CUARTO. - Lo anterior nos lleva a la inobjetable conclusión de que el' recurso de casación propuesto tiene fundamento legal, por lo que, la Sala se encuentra en condiciones de dictar la sentencia que corresponda en lugar de la que ha sido impugnada. QUINTO. - No habiéndose contraído la acción propuesta en esta causa a otra cosa que a impugnar la resolución de glosas en las que se establecía el cargo, únicamente alegando una presunta aprobación tácita por el 'silencio administrativo positivo y la caducidad de la acción de la Contraloría, sin que se haya presentado prueba alguna para desvanecer la responsabilidad económica establecida en contra del actor, lo procedente es desechar la demanda. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia recurrida y se rechaza la acción propuesta. - En atención a la comunicación No. 1947 de 7 noviembre del 2000, dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala, y de conformidad con lo previsto en el Art. 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llámase al Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. - Sin costas. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci, Ministros Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Razón: Las dos copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas de su original que reposa en la Secretaria de esta Sala. - Quito, a 15 de febrero del 2001.

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

No. 9 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 11 de enero del 2001; las 11h30.

VISTOS: (22 - 00): Enriqueta Balde Burbano deduce recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4 en el juicio seguido por el recurrente en contra del Rector de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres", de Esmeraldas; sentencia en la cual se declara sin lugar la demanda por haberse extinguido el derecho de la parte accionante para demandar. Sostiene el recurrente que las normas infringidas son los artículos 112, 117, 118, 119 y 121 del Código de Procedimiento Civil; fundando su recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación; esto es por falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Habiéndose establecido la competencia de la Sala para conocer y resolver el recurso propuesto y una vez agotado el trámite establecido por la ley para esta clase de recurso, es procedente que se dicte sentencia a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO. - Del proceso se desprende que la recurrente presentó su renuncia voluntaria al cargo que venía desempeñando en la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, a fin de acogerse a lo prescrito en el Art. 52 de la Ley de Modernización del Estado que establece una compensación para los servidores, trabajadores y funcionarios que no sean de libre remoción del sector público que, dentro de los procesos de modernización y de conformidad a los planes que se establezcan para cada entidad u organismo, se separen voluntariamente de cualquiera de las instituciones de las funciones del Estado. La recurrente suscribe el acta de cesación definitiva de funciones el día primero de agosto de 1995, acogiéndose a la compensación por renuncia voluntaria de conformidad con lo que dispone la Ley de Modernización del Estado. El dos de octubre del mismo año la recurrente presenta su demanda ante el Presidente de la Corte Superior de Esmeraldas reclamando el pago de una bonificación por cesantía y un estímulo económico del que supuestamente hablan los artículos 9 y 12 del Reglamento de Estabilidad del Servidor Universitario de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres", basada en que el Art. 63 de la Ley de Modernización del Estado dispone que las controversias que se suscitaren en relación a los procesos contemplados en tal ley deben resolverse en juicio verbal sumario en primera instancia ante el Presidente de la Corte Superior del respectivo distrito. Mas los procesos a que se refiere tal norma son los procesos de desmonopolización; privatización de las actividades del Estado y delegación de las actividades económicas y servicios públicos al sector privado, siendo evidente por tanto que la reclamación de la recurrente no versa sobre ninguno de los aspectos antedichos; por lo que tal reclamo es completamente extraño a la jurisdicción civil, y es así como el Presidente de la Corte Superior de Esmeraldas se declara incompetente para conocer y resolver el caso con fecha 10 de junio de 1998. Este antecedente dio lugar a que el recurrente presente su demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa recién el 30 de julio, es decir al cabo de casi tres años de suscrita el acta de cesación definitiva de funciones. SEGUNDO. - En el texto de su demanda, la recurrente alega que el 7 de septiembre de 1995 presentó ante el Rector de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" el correspondiente reclamo administrativo, a fin de que se disponga el pago de la bonificación a la que supuestamente tiene derecho, solicitud que no fue atendida, por lo que considera que en virtud del silencio administrativo a su reclamo ha sido resuelto favorablemente, mas de autos no existe constancia procesal alguna de la presentación de tal reclamo en vía administrativa, por lo que mal puede decirse que se haya producido el silencio administrativo. TERCERO. - El recurrente; en su escrito de fundamentación del recurso de casación alega que en la sentencia el Tribunal "a quo" no tomó en cuenta las pruebas aportadas durante la tramitación del juicio ante la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas por lo que considera que existe acumulación de autos. Al respecto, de conformidad con lo que dispone el Art. 112 del Código de Procedimiento Civil: "Se decretará la acumulación de autos, cuando se la solicite por parte legítima, en los casos siguientes: lo. - Cuando la sentencia que hubiere de dictarse en uno de los procesos cuya acumulación se pide, produciría en el otro excepción de cosa juzgada; 2o. - Cuando en un Juzgado haya pleito pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que después se hubiere promovido; 3o. - Cuando haya un juicio de concurso, al que se hallen sujetos los autos sobre que versen los procesos cuya acumulación se pida; y, 4o. - Cuando, de seguirse separadamente los pleitos, se dividiría la continencia de la causa". De la norma antes transcrita aparece claramente que no ha existido falta de aplicación de tal norma, por cuanto no hay actualmente dos juicios diferentes sino uno sólo, consistente en la solicitud del pago de una bonificación especial al recurrente. Además cabe mencionar que los objetos que persiguen las acciones civiles y las contencioso administrativas son completamente diferentes, y, en virtud de lo prescrito en el Art. 114 del Código de Procedimiento Civil, la acumulación precede sólo en los juicios ordinarios, y el procedimiento contencioso administrativo no es juicio ordinario, sino un procedimiento especial. CUARTO. - Ahora bien, de conformidad con lo que establece el inciso primero del Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: "El término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de tres, meses en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que haya causado estado y de la cual se reclama". De autos se desprende que el acto administrativo que, a criterio del recurrente, origina el derecho vulnerado que ha afectado el interés directo del recurrente, es el acta de cesación definitiva de funciones, suscrita el primero de agosto de 1995; y entre esa fecha y la de presentación de la demanda, el 21 de julio de 1998, han transcurrido casi tres años, tiempo que desborde en exceso el establecido en el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por lo que evidentemente ha operado la caducidad en el presente caso. - La excepción de caducidad es alegada por el demandado en la contestación del libelo y aún cuando no hubiere sido alegada expresamente, es obligación del Juez administrativo pronunciarse al respecto. QUINTO. - Hernando Devis Echandia en su obra "Compendio de Derecho Procesal", Segunda Edición, Tomo III, Pág. 98, dice: "En síntesis cuando se alega la extinción del derecho sustancial, se trata de excepción de prescripción; cuando sólo se alega la extinción del derecho de iniciar el proceso, se trata de una caducidad". Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, a través de reiterados fallos, como el que recoge el Diccionario de Jurisprudencia de Espinosa, Tomo 1, Pág. 117, sostiene que la caducidad opera de manera automática, es decir, "ipso jure", sin que fuese necesario, como en tratándose de la prescripción, que se alegue por la persona a quien favorece, para que sea declarada; caducidad que por ser de orden público no admite suspensión por causa alguna, por lo que esto opera inexorablemente por el sólo transcurso del tiempo. Entonces, producida la caducidad, es decir, la cesación del derecho a entablar o proseguir una acción o un derecho, en virtud de no haberlo ejercitado dentro del término establecido para ello, este Tribunal no puede entrar a considerar el fondo de la sentencia recurrida. Por las consideraciones anteriores, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso de casación interpuesto. - En atención a la comunicación No. 1947 de 7 de noviembre del 2000, dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala, y de conformidad con lo previsto en el Art. 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llámase al Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. Sin costas. -Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci, Ministros Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Razón: Las tres copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas de su original que reposa en la Secretaria de esta Sala. - Quito, a 15 de febrero del 2001.

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

No. 10 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 11 de enero del 2001; las 11h15,

VISTOS: (28 - 00): Heriberto Ponce Párraga deduce recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4 en el juicio seguido por el recurrente en contra del Rector de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres", de Esmeraldas; sentencia en la cual se declara sin lugar la demanda por haberse extinguido el derecho de la parte accionante para demandar. Sostiene el recurrente que las normas infringidas son los artículos 112, 117, 118, 119 y 121 del Código de Procedimiento Civil; fundando su recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación; esto es por falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Habiéndose establecido la competencia de la Sala para conocer y resolver el recurso propuesto y una vez agotado el trámite establecido por la ley para esta clase de recurso, es procedente que se dicte sentencia a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO. - Del proceso se desprende que la recurrente presentó su renuncia voluntaria al cargo que venia desempeñando en la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, a fin de acogerse a lo prescrito en el Art. 52 de la Ley de Modernización del Estado que establece una compensación para los servidores, trabajadores y funcionarios que no sean de libre remoción del sector público que, dentro de los procesos de modernización y de conformidad a los planes que se establezcan para cada entidad u organismo, se separen voluntariamente de cualquiera de las instituciones' de las funciones del Estado. El recurrente suscribe el acta de cesación definitiva de funciones el día primero de agosto de 1995, acogiéndose a la compensación por renuncia voluntaria de conformidad con lo que dispone la Ley de Modernización del Estado. El dos de octubre del mismo año el recurrente presenta. su demanda ante el Presidente de la Corte Superior de Esmeraldas reclamando el pago de una bonificación por cesantía y un estimulo económico del que supuestamente hablan los artículos 9 y 12 del Reglamento de Estabilidad del Servidor Universitario de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres", basado en que el Art. 63 de la Ley de Modernización del Estado dispone que las controversias que se suscitaren en relación a los procesos contemplados en tal ley deben resolverse en juicio verbal sumario en primera instancia ante el Presidente de la Corte Superior del respectivo distrito. Mas los procesos a que se refiere tal norma son los procesos de desmonopolización, privatización de las actividades del Estado y delegación de las actividades económicas y servicios públicos al sector privado, siendo evidente por tanto que la reclamación del recurrente no versa sobre ninguno de los aspectos antedichos; por lo que tal reclamo es completamente extraño a la jurisdicción civil, y es así como el Presidente de la Corte Superior de Esmeraldas se declara incompetente para conocer y resolver el caso con fecha lO de junio de 1998. Este antecedente dio lugar a que el recurrente presente su demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa recién el 30 de julio, es decir al cabo de casi tres años de suscrita el acta de cesación definitiva de funciones. SEGUNDO. - En el texto de su demanda, el recurrente alega que el 7 de septiembre de 1995 presentó ante el Rector de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" el correspondiente reclamo administrativo, a fin de que se disponga el pago de la bonificación a la que supuestamente tiene derecho, solicitud que no fue atendida, por lo que considera que en virtud del silencio administrativo su reclamo ha sido resuelto favorablemente, mas de autos no existe constancia procesal alguna de la presentación de tal reclamo en vía administrativa, por lo que mal puede decirse que se haya producido el silencio administrativo. TERCERO. - El recurrente; en su escrito de fundamentación del recurso de casación; alega que en la sentencia el Tribunal "a quo" no tomó en cuenta las pruebas aportadas durante la tramitación del juicio ante la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas por lo que considera que existe acumulación de autos. Al respecto, de conformidad con lo que dispone el Art. 112 del Código de Procedimiento Civil: "Se decretará la acumulación de autos, cuando se la solicite por parte legítima, en los casos siguientes: lo. - Cuando la sentencia que hubiere de dictarse en uno de los procesos cuya acumulación se pide, producirla en el otro excepción de cosa juzgada; 2o. - Cuando en un Juzgado haya pleito pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que después se hubiere promovido; 3o. - Cuando haya un juicio de concurso, al que se hallen sujetos los asuntos sobre que versen los procesos cuya acumulación se pida; y, 4o. - Cuando, de seguirse separadamente los pleitos, se dividiría la continencia de la causa". De la norma antes transcrita aparece claramente que no ha existido falta de aplicación de tal norma, por cuanto no hay actualmente dos juicios diferentes sino uno sólo, consistente en la solicitud del pago de una bonificación especial al recurrente. Además cabe mencionar que los objetos que persiguen las acciones civiles y las contencioso administrativas son completamente diferentes, y, en virtud de lo prescrito en el Art. 114 del Código de Procedimiento Civil, la acumulación precede sólo en los juicios ordinarios, y el procedimiento contencioso administrativo no es juicio ordinario, sino un procedimiento especial. CUARTO. - Ahora bien, de conformidad con lo que establece el inciso primero del Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: "El término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de tres meses en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que haya causado estado y de la cual se reclama". De autos se desprende que el acto administrativo que, a criterio del recurrente, origina el derecho vulnerado que ha afectado el interés directo del recurrente, es el acta de cesación definitiva de funciones, suscrita el primero de agosto de 1995; y entre esa fecha y la de presentación de la demande, cl 21 de julio de 1998, han transcurrido casi tres años, tiempo que desborde en exceso el establecido en el Art 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por lo que evidentemente ha operado la caducidad en el presente caso. - La excepción de caducidad es alegada por el demandado en la contestación del libelo y aún cuando no hubiere sido alegada expresamente, es obligación del Juez administrativo pronunciarse al respecto. QUINTO. - Hernando Devis Echandía en su obra "Compendio de Derecho Procesal", Segunda Edición, Tomo 111, Pág. 98, dice: "En síntesis cuando se alega la extinción del derecho sustancial, se trata de excepción de prescripción, cuando sólo se alega la extinción del derecho de iniciar el proceso, se trata de una caducidad". Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, a través de reiterados fallos, como el que recoge el Diccionario de Jurisprudencia de Espinosa, Tomo 1, Pág. 117, sostiene que la caducidad opera de manera' automática, es decir, "ipso jure", sin que fuese necesario, como en tratándose de la prescripción, que se alegue por la persona a quien favorece, para que sea declarada, caducidad que por ser de orden público no admite suspensión por causa alguna, por lo que esto opera inexorablemente por el sólo transcurso del tiempo. Entonces, producida la caducidad, es decir, la cesación del derecho a entablar o proseguir una acción o un derecho, en virtud de no haberlo ejercitado dentro del término establecido para ello, este Tribunal no puede entrar a considerar el fondo de la sentencia recurrida. Por las consideraciones anteriores, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso de casación interpuesto. - En atención a la comunicación No. 1947 de 7 de noviembre del 2000, dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala, y de conformidad con lo previsto en el Art. 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llámase al Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. Sin costas.- Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci, Ministros Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Razón: Las tres copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas de su original que reposa en la Secretaría de esta Sala. - Quito, a 15 de febrero del 2001.

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia

No. 11 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a II de enero del 2001; las 11h45.

VISTOS: (23 - 00): Carmen Liliana Bermeo Cortez deduce recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 4 en el juicio seguido por el recurrente en contra del Rector de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres", de Esmeraldas; sentencia en la cual se declara sin lugar la demanda por haberse extinguido el derecho de la parte accionante para demandar. Sostiene el recurrente que las normas infringidas son los artículos 112, 117, 118, 119 y 121 del Código de Procedimiento Civil; fundando su recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, esto es por falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba. Habiéndose establecido la competencia de la Sala para conocer y resolver el recurso propuesto y una vez agotado el trámite establecido por la ley para esta clase de recurso, es procedente que se dicte sentencia a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO. - Del proceso se desprende que la recurrente presentó su renuncia voluntaria al cargo que venia desempeñando en la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" de Esmeraldas, a fin de acogerse a lo prescrito en el Art. 52 de la Ley de Modernización del Estado que establece una compensación para los servidores, trabajadores y funcionarios que, no sean de libre remoción del sector público que, dentro de los procesos de modernización y de conformidad a los 'planes que se establezcan para cada entidad u organismo, se separen voluntariamente de cualquiera de las instituciones de las funciones del Estado. El recurrente suscribe el acta de cesación definitiva de funciones el día primero de agosto de 1995, acogiéndose a la compensación por renuncia voluntaria de conformidad con lo que dispone la Ley de Modernización del Estado. El dos de octubre del mismo año el recurrente presenta su demanda ante el Presidente de la Corte Superior de Esmeraldas reclamando el pago de una bonificación por cesantía y un estímulo económico del que supuestamente hablan los artículos 9 y 12 del Reglamento de Estabilidad del Servidor Universitario de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres", basado en que el Art. 63 de la Ley de Modernización del Estado dispone que las controversias que se suscitaren en relación a los procesos contemplados en tal ley deben resolverse en juicio verbal sumario en primera instancia ante el Presidente de la Corte Superior del respectivo distrito. Mas los procesos a que se refiere tal norma son los procesos de desmonopolización; privatización de las actividades del Estado y delegación de las actividades económicas y servicios públicos al sector privado, siendo evidente por tanto que la reclamación de la recurrente no versa sobre ninguno de los aspectos antedichos; por lo que tal reclamo es completamente extraño a la jurisdicción civil, y es así como el Presidente de la Corte Superior de Esmeraldas se declara incompetente para conocer y resolver el caso con fecha 10 de junio de 1998. Este antecedente dio lugar a que el recurrente presente su demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa recién el 30 de julio, es decir al cabo de casi tres años de suscrita el acta de cesación definitiva de funciones. SEGUNDO. - En el texto de su demanda, la recurrente alega que el 7 de septiembre de 1995 presentó ante el Rector de la Universidad Técnica "Luis Vargas Torres" el correspondiente reclamo administrativo, a fin de que se disponga el pago de la bonificación a la que supuestamente tiene derecho, solicitud que no fue atendida, por lo que considera que en virtud del silencio administrativo a su reclamo ha sido resuelto favorablemente, mas de autos no existe constancia procesal alguna de la presentación de tal reclamo en vía administrativa, por lo que mal puede decirse que se haya producido el silencio administrativo. TERCERO. - El recurrente; en su escrito de fundamentación del recurso de casación; alega que en la sentencia el Tribunal "a quo" no tomó en cuenta las pruebas aportadas durante la tramitación del juicio ante la Corte Superior de Justicia de Esmeraldas por lo que considera que existe acumulación de autos. Al respecto, de conformidad con lo que dispone el Art. 112 del Código de Procedimiento Civil: "Se decretará la acumulación de autos, cuando se la solicite por parte legítima, en los casos siguientes: lo. - Cuando la sentencia que hubiere de dictarse en uno de los procesos cuya acumulación se pide, produciría en el otro excepción de cosa juzgada, 2o. - Cuando en un Juzgado haya pleito pendiente sobre lo mismo que sea objeto del que después se hubiere promovido; 3o. - Cuando haya un juicio de concurso, al que se hallen sujetos los asuntos sobre que versen los procesos cuya acumulación se pida, y, 4o. - Cuando, de seguirse separadamente los pleitos, se dividiría la continencia de la causa". De la norma antes transcrita aparece claramente que no ha existido falta de aplicación de tal norma, por cuanto no hay actualmente dos juicios diferentes sino uno sólo, consistente en la solicitud del pago de una bonificación especial al recurrente. Además cabe mencionar que los objetos que persiguen las acciones civiles y las contencioso administrativas son completamente diferentes, y, en virtud de lo prescrito en el Art. 114 del Código de Procedimiento Civil, la acumulación precede sólo en los juicios ordinarios, y el procedimiento contencioso administrativo no es juicio ordinario, sino un procedimiento especial.' CUARTO. - Ahora bien, de conformidad con lo que establece el inciso primero del Art 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa: "El término para deducir la demanda en la vía contencioso administrativa será de tres meses en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día siguiente al de la notificación de la resolución administrativa que haya causado estado y de la cual se reclama". De autos se desprende que el acto administrativo que, a criterio del recurrente, origina el derecho vulnerado que ha afectado el interés directo del recurrente, es el acta de cesación definitiva de funciones, suscrita el primero de agosto de 1995; y entre esa fecha y la de presentación de la demanda, el 21 de julio de 1998, han transcurrido casi tres años, tiempo que desborde en exceso el establecido en el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, por lo que evidentemente ha operado la caducidad en el presente caso. - La excepción de caducidad es alegada por el demandado en la contestación del libelo y aún cuando no hubiere sido alegada expresamente, es obligación del Juez administrativo pronunciarse al respecto. QUINTO. - Hernando Devis Echandía en su obra "Compendio de Derecho Procesal", Segunda Edición, Tomo III, Pág. 98, dice: "En síntesis cuando se alega la extinción del derecho sustancial, se trata de excepción de prescripción: cuando sólo se niega la extinción del derecho de iniciar el proceso, se trata de una caducidad". Por su parte, el Tribunal Contencioso Administrativo con jurisdicción nacional, a través de reiterados fallos, como el que recoge el Diccionario de Jurisprudencia de Espinosa, Tomo 1, Pág. 117, sostiene que la caducidad opera de manera automática, es decir, "ipso jure", sin que fuese necesario, como en tratándose de la prescripción, que se niegue por la persona a quien favorece, para que sea declarada; caducidad que por ser de orden público no admite suspensión por causa alguna, por lo que esto opera inexorablemente por el sólo transcurso del tiempo. Entonces, producida la caducidad, es decir, la cesación del derecho a entablar o proseguir una acción o un derecho, en virtud de no haberlo ejercitado dentro del término establecido para ello, este Tribunal no puede entrar a considerar el fondo de la sentencia recurrida. Por las consideraciones anteriores, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso de casación interpuesto. - En atención a la comunicación No. 1947 de 7 de noviembre del 2000, dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala, y de conformidad con lo previsto eh el Art. 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llamase al Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. Sin costas. -Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci, Ministros Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Razón: Las tres copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas de su original que reposa en la Secretaría de esta Sala. - Quito, a 15 de febrero del 2001.

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

13 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 17 de enero del 2001; las 10h00.

VISTOS: (49 - 00): El Dr. Manuel Mesías Arias Zhinzhingo, profesional Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Provincial de Salud del Azuay y abogado de la causa, deduce recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo en el juicio seguido por el Lcdo. Angel Monfilio Aldaz Valdez en contra del Ministro de Salud Pública; fallo en el cual se acepta la demande y se declara ilegal el acto administrativo disponiéndose el reintegro de los sueldos del accionante. Sostiene el recurrente que la sentencia impugnada no aplica una disposición constitucional que no determina y como consecuencia de ello considera que no se ha aplicado lo dispuesto en los artículos 122 y 169 del Código de Procedimiento Civil, lo que a su criterio ha configurado la causal determinada en el numeral tercero del Art. 3 de la Ley de Casación. Habiéndose negado el recurso de casación, interpuso el de hecho, motivo por el cual esta causa vino a conocimiento de la Sala, que calificó el recurso de casación. Durante la calificación de éste, se estableció la competencia para conocerlo y resolverlo, presupuesto procesal que no ha variado, por lo que, habiéndose concluido en el caso el trámite establecido por la ley para los recursos de casación, ha lugar a que se dicte sentencia, a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO. - Una vez aceptada la acción propuesta por haberse demostrado que la sanción se impuso al actor cuando habla caducado la acción de la autoridad para imponerla, y sosteniendo el recurrente que se ha probado de autos la existencia de la falta incurrida por el actor, se deduce que lo alegado por el recurrente es que no se aplicó la norma constitucional, según la cual, no se puede sacrificar la justicia por la sola omisión de formalidades; desde luego tal planteamiento no aparece claro ni expreso del texto del escrito de interposición del recurso. SEGUNDO. - Gravísimo error y desconocimiento total del derecho es pretender que la circunstancia de haber caducado la facultad de sancionar por parte de la autoridad cosiste en una mera formalidad, y es esto porque tal atribución sancionadora constituye uno de los elementos fundamentales de la validez del acto administrativo, el de la competencia en lo administrativo, que, en acertada fiase del tratadista García de Entena, consiste en la medida en la cual la potestad del Estado se otorga a los diferentes órganos de la administración pública por razón del territorio, de la materia, de los grados y del tiempo. Concluido el periodo en el cual la ley concede la potestad sancionadora al funcionario público respecto de las faltas administrativas de sus subordinados, éste carece de competencia para ejercer la facultad; y en consecuencia cualquier acto administrativo de sanción es arbitrario y conforme enseña la doctrina, acarrea la nulidad absoluta, toda vez el acto así emitido carece de uno de sus elementos esenciales. Lamentablemente en nuestra legislación positiva no se ha llegado a este máximo grado de perfección, considerándose solamente ilegal, careciendo el acto administrativo de uno de sus elementos esenciales para su validez: la competencia. La obligación esencial del Juez es declarar su ilegalidad y en consecuencia jamás puede entrar a considerar que el acto ilegal haya sido originario en un acto digno de sanción disciplinaria del administrado. Lo anterior, a más de la impertinencia de la mención del Art. 122 para el caso, nos lleva a concluir que carece de todo fundamento el recurso propuesto, razón por la cual, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso de casación interpuesto. - Sin costas. - En aplicación de lo que dispone el Art. 18 de la Ley de Casación y habida cuenta de la absoluta carencia de fundamento del recurso, se condena al recurrente, Dr. Manuel Mesías Arias Zhinzhingo, al pago de una multa equivalente a un salario mínimo vital general, que será descontada de sus remuneraciones por el pagador institucional correspondiente, quien la remitirá al Consejo Nacional de la Judicatura para que ingrese en la caja judicial; para este efecto se notificará con copia de esta resolución al Pagador, quien la enviará bajo su responsabilidad. - En atención a la comunicación No. 1947 de 7 de noviembre del 2000, dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala, y de conformidad con lo previsto en el Art. 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llamase al Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. Sin costas. -Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci, Ministros Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Razón: Las dos copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas de su original que reposa en la Secretaría de esta Sala. - Quito, a 15 de febrero del 2001.

f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

No. 16 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 18 de enero del 2001; las 11h00.

VISTOS: (151 - 00): El Contralor General del Estado deduce recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo en el juicio seguido por Juan José Vivas Wagner en contra del Procurador y Contralor General del Estado; sentencia en la cual, aceptándose la demanda, se declara la nulidad e ilegitimidad de la resolución impugnada. Pretende el recurrente que en la sentencia impugnada se han infringido las disposiciones de los artículos: 143 de la Constitución Política de la República; 332 y 353 inc. 3 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control; y 39 del Código Civil, infracciones que, a su criterio, han configurado la causal primera determinada en el Art. 3 de la Ley de Casación, por falta de aplicación de normas de derecho o precedentes jurisprudenciales obligatorios en la sentencia, que han sido determinantes en su parte dispositiva. Habiéndose establecido la competencia de la Sala para conocer y resolver este recurso, presupuesto procesal que no ha variado, y habiendo concluido el trámite establecido por la ley para los recursos de casación, es procedente que se dicte la sentencia correspondiente, a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO. - Ante todo es imperativo concretar el ejercicio de la potestad de control en el tiempo, competencia, atribuida por el Legislador a la Contraloría. Al efecto, el Art. 353 de la LOAFYC dispone en el inciso tercero que: "Si notificadas las glosas, no se notificare la resolución respectiva dentro de los cinco años posteriores a la notificación de glosas, se entenderá también caducada la facultad del Contralor para dictar resoluciones sobre tales glosas, que se tendrán en consecuencia como inexistentes". Por consiguiente, es evidente que el Contralor tiene la facultad o la competencia en el tiempo para dictar resoluciones sobre glosas en los cinco años posteriores a la notificación de las mismas. Tan sólo una vez transcurridos estos, caduca dicha facultad. La disposición señalada en el Art. 353 del mismo cuerpo legal, sobre el plazo de ciento ochenta días para resolver sobre las glosas, no constituye un plazo fatal que agote la potestad contralora, sino tan sólo constituye una disposición cuyo único propósito es el de permitir que transcurrido dicho plazo, si no se hubiere dictado la resolución respectiva, el afectado por una glose pueda impugnar la misma en sede jurisdiccional, esto último en aplicación de lo taxativamente dispuesto por el Art. 336 de la LOAFYC; impugnación que es procedente en consideración de la presunción legal según la cual, transcurrido dicho término, se considerará como denegadas tácitamente las alegaciones que se hubieren hecho para desvirtuar las glosas correspondientes. Mas, como se dijo antes, el transcurso de dicho plazo sin que se de resolución a las glosas, de ninguna manera agote la potestad de control que ejerce el organismo. SEGUNDO. - Cierto es que el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado cambió el efecto del silencio administrativo, transformando la presunción de denegación tácita de las peticiones y reclamaciones en presunción de derecho según la cual: "la solicitud o pedido ha sido aprobado o que la reclamación ha sido aprobada o - que la reclamación ha sido resuelta a favor del reclamante", y cierto es también que, por norma general, este efecto positivo del silencio administrativo debe ser aplicado en todos los casos en que, por la clase de las leyes, la norma del Art. 28 se pueda considerar reformatoria de las normas expedidas en sentido contrario. TERCERO. - Mas ocurre que la Constitución Política del Estado en el Art. 143 dispone que: "Una ley ordinaria no podrá modificar una ley orgánica ni prevalecer sobre ella, ni siquiera a título de ley especial"; siendo por otra parte evidente que la disposición transitoria vigésima segunde dispone que: "El Congreso Nacional, en el plazo de seis meses, determinará las leyes vigentes que tendrán calidad de orgánicas", pero que pese a esta disposición constitucional hasta la fecha y habiendo ya transcurrido en demasía el término para el efecto, el Congreso no ha ejercido la facultad antes señalada; más no es menos evidente que la LOAFYC; por su propio nombre, tiene esta calidad de "orgánica", tanto más que por su contenido regula fa organización del ente de control del Estado, así como la actividad fiscalizadora y presupuestaria, lo que evidentemente le da por su naturaleza la categoría - de la Ley Orgánica. Además, en el caso concreto, es evidente que su normatividad señala un plazo mayor para el ejercicio de su potestad de control en relación al plazo para considerar denegadas tácitamente las alegaciones sobre glosas, circunstancia que imposibilite el que se considere la transformación del efecto del silencio de negativo a positivo, y esto porque, conforme a la doctrina del silencio positivo, éste origina un verdadero derecho autónomo sin relación a sus antecedentes y sobre el cual no tiene efecto alguno una declaración extemporánea de la administración. De aplicarse el silencio positivo al caso se estaría dejando sin efecto la facultad establecida por el Art. 332 de la LOAFYC, lo que significaría que se estaría dando una interpretación enormemente extensiva a la disposición del Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado, interpretación extensiva absolutamente inaceptable en tratándose de normas de derecho público como son tanto las de la LOAFYC como las de la Ley de Modernización del Estado. CUARTO. - Lo anterior nos demuestra con absoluta evidencia que no ha cambiado el efecto negativo del silencio administrativo establecido en el Art. 336 de la LOAFYC, por lo que, consiguientemente, la sentencia impugnada aplicó indebidamente el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado y no aplicó el Art. 332 y en su verdadero sentido el Art. 353~ ambos de la LOAFYC, falta de aplicación que se fundamenta, en la falte de aplicación del Art. 143 de la Constitución Política del Estado, razón por la cual tiene su fundamento el recurso y esta Sala está en capacidad jurídica para, casando la sentencia, dictar la que en su lugar corresponda. QUINTO. - No habiéndose actuado en el curso del juicio ninguna prueba que desvirtúe los cargos establecidos por la Contraloría, no cabe ninguna otra consideración, por lo que, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia y se desecha la demanda. - En atención a la comunicación No. 1947 de 7 de noviembre del 2000, dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala, y de conformidad con lo previsto en el Art. 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llámase al Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. - Sin costas. Notifíquese devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci, Ministros Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Razón: Las dos copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas de su original que reposa en la Secretaría de esta Sala. - Quito, a 15 de febrero del 2001.

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

No. 17 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 18 de enero del 2001; las 11h15.

VISTOS: (192 - 00): El Dr. Julio Michelena Ayala, en su calidad de Procurador Judicial del Dr. Benito Ecuador Rodríguez Bustamante deduce recurso de casación de la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo en el juicio propuesto por el representante del recurrente en contra del Ministro de Relaciones Exteriores y del Procurador General del Estado; sentencia en la cual se declara admisible la demande por caducidad. Sostiene el recurrente que en el fallo impugnado se han infringido las disposiciones de los artículos 75 del Código de Procedimiento Civil, 38 de la Ley de Modernización del Estado y 65 de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que a su criterio ha configurado las causales primera y segunde del Art. 3 de la Ley de Casación por falta de aplicación de las normas de derecho. Establecida la competencia de la Sala para conocer y resolver el recurso propuesto, presupuesto procesal que no ha variado y habiéndose agotado el trámite establecido por la ley para esta clase de recursos, es procedente el que se dicte sentencia, a efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO. - El Art. 75 del Código de Procedimiento Civil tiene el siguiente texto: "Se puede proponer, en una misma demanda, acciones diversas o alternativas, pero no contrarias ni incompatibles, ni que requieran necesariamente diversa sustanciación; a menos que, en este último caso, el actor pide que todas se sustancien por la vía ordinaria.". Del texto antes mencionado transcrito aparece claramente la posibilidad de proponer acciones alternativas, esto es, acciones que de no aceptarse la principal o de no prosperar ésta, bien puede admitirse otra que es alternativa, siendo así que cada una de las alternativas es totalmente independiente de la otra, por lo que, bien puede ocurrir en el caso que se proponga una acción principal y una alternativa que tenga elementos que puedan ser incompatibles, con lo peticionado en la primera, pues la limitación de que no sean contrarias ni incompatibles se ha de entender cuando no se trate de alternativas. Lo anterior nos lleva a considerar que es posible proponer, como en el caso, el que se disponga el reintegro a las funciones de un servidor público, como principal acción en una demanda, y que, como alternativa, de no prosperar el retomo, se pretende el pago de una serie de presuntos derechos que se tendría como consecuencia de la cesación de las funciones, presuntos derechos adicionales éstos que evidentemente son incompatibles con el retomo del funcionario y que por lo mismo, volverían improcedente la demanda si es que se los peticiona dentro de una acción alternativa en caso de no prosperar la principal. SEGUNDO. - Por otra parte, es evidente que desde que rige en nuestro sistema legal la disposición del Art. 38 de la Ley de Modernización del Estado, bien puede iniciarse el recurso contencioso administrativo tan pronto como se produjo el acto administrativo impugnado, sin que sea necesario agotar la vía administrativa, circunstancia esta última que tampoco ha de ser exigida en todas las acciones alternativas que se presente en una demanda, pues bien puede ocurrir que respecto de una parte de ellas se haya agotado la vía administrativa, en tanto que en otras no se haya producido de esta manera. TERCERO. - Finalmente, en cuanto a la caducidad a la que se refiere el Art. 65 de la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa, el plazo de noventa días de término ha de correr desde el momento en que causó estado cada uno de los actos impugnados, sin que se pueda aceptar, por ejemplo que la caducidad de la pretensión principal arrastre la caducidad de la acción subsidiaria, pese a que en la segunda de éstas se procedió a utilizar la vía administrativa, por lo que, en tal caso, ha de considerarse en la segunda, no la fecha del acto originario sino la fecha en la cual causó estado, por la resolución adoptada por el organismo competente. CUARTO. - Los razonamientos anteriores nos llevan a la evidente conclusión de que al aplicar la caducidad de la acción principal que pretendía el retorno del actor a las funciones que venía desempeñando, a todas las acciones tanto principal como subsidiaria, sin considerar que respecto de estas últimas se había intentado la vía administrativa, evidentemente que se violó la disposición jurídica antes mencionada, circunstancia ésta que permite a la Sala entrar a considerar el contenido de la sentencia, para dictar el fallo que en su lugar corresponda. QUINTO. - Es igualmente de toda evidencia que la acción tendente a que se le restituya a sus funciones al actor había caducado en la fecha en que se propuso la demanda, por haber transcurrido más de los noventa días de término a que se refiere el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; mas no es menos cierto que el actor sin referirse a la cesación de sus funciones el 21 de febrero de 1997, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que se le pague la remuneración correspondiente al mes de diciembre de 1996 y que se le entreguen los valores correspondientes al 35% en concepto de ayuda para cubrir costos de transporte de equipo y el 50% del actor de transporte el equipaje por vía marítima, así como que se prorrogue el plazo para la importación del vehículo de uso personal, amén del pago de pasajes; recibiendo como respuesta a dicha petición la comunicación de 5 de marzo de 1997, en la cual no se aceptan sus pedidos (fs. 1 a 4). - Ahora bien, la demanda se presentó el 30 de julio de 1997 y entre esta última fecha y el 5 de marzo del mismo año existen 102 días de término, el cual es mayor al de noventa días que el Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece como acto para proponer la acción subjetiva o de plena jurisdicción que esta naturaleza se la presente. - SEXTO. - De lo anterior se concluye con absoluta certeza que en realidad a la fecha de la demanda habían caducado el derecho de proponer tanto la acción principal como la subsidiaria, por lo que, aun aceptando el fundamento del recurso, no hay posibilidad de reformar el contenido de la sentencia recurrida. Sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha el recurso de casación interpuesto. - En atención a la comunicación No. 1947 de 7 de noviembre del 2000, dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala, y de conformidad con lo previsto en el Art. 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llámase el Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. - Sin costas. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci, Ministros Jueces, de la Sala de lo Contencioso Administrativo.

Razón: Las dos copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas de su original que reposa en la Secretaria de esta Sala.

Quito, a 15 de febrero del 2001.

f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

No. 18 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 18 de enero del 2001; las 11h30.

VISTOS: (57 - 2000): El economista Jorge Nelson Muñoz Torres, en el juicio iniciado por recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción presentado contra el Banco Nacional de Fomento, en su calidad de Gerente General y su representante legal, por habérsele negado el recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de Portoviejo que aceptó la acción propuesta por Pedro José Vélez Vélez, interpone el recurso de hecho que, al ser concedido, accedió a esta Sala casacional que, por hallarse investida de competencia al tenor de lo preceptuado en el Art. 200 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Casación que regula su ejercicio, lo aceptó al trámite y concluido éste con arreglo a la sustanciación establecida en la ley de la materia al estado de sentencia, para hacerlo considera: PRIMERO. - No se ha alterado la competencia por ninguna causa superviniente. SEGUNDO. - El recurrente de hecho franquea a la Sala analizar el de casación para determinar si tiene los elementos requeridos, tanto en el orden legal como en el procesal. Examinado, se desprende de su contexto que lo fundamenta en las causales 1ra., 2da., 3ra. y 4ta. del Art. 3 de la ley de la materia y acusa al fallo de falta de aplicación de la norma contenida en el Art. 33 de la Ley de Presupuestos; de las normas establecidas en el artículo 2 innumerado que se agrega luego del Art. 35 de la Ley de Federación de Abogados y en el Art. 2 del Reglamento de Aplicación a la Ley Reformatoria mencionada, de la disposición que contiene el inciso 2° del Art. 61 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, indebida aplicación del Decreto Ejecutivo No. 4016 del 22 de julio de 1996, publicado en el Registro Oficial No. 1044 de 6 de agosto de 1996; falte de aplicación del contenido de los Arts. 278 y 289 del Código de Procedimiento Civil; falta de aplicación del precepto contenido en el Art. 125 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y falta de aplicación de los preceptos aplicables a la valoración de la prueba, aunque éstos no los determina o puntualiza para que fuesen considerados por la Sala, no obstante que en este tipo de recurso excepcional no es competencia del juzgador interpretar el propósito del recurrente ni suplir falencias u omisiones. TERCERO. - Examinada la sentencia en relación de los vicios legales que le atribuye el recurso y que son los que limitan la competencia de Sala, se infiere que ésta hállase fundamentada en sus considerandos, los que sirvieron de base para su decisión que aceptó la demanda y declaró ilegal el acto administrativo contenido en el radio No. 12613 del 29 de octubre de 1998, que negó al actor el derecho al pago de diferencias de remuneración como abogado del banco. No hay falta de aplicación del Art. 33 de la Ley de Presupuestos; porque desde que entró en vigencia la reforma a la Ley de Federación de Abogados, conforme establece la ley expedida por el plenario de las comisiones legislativas con su promulgación en el Registro Oficial No. 91 del 20 de junio de 1997, su acatamiento era obligatorio "erga omnes", y, obviamente, para el banco demandado, institución que debía someterse al ordenamiento jurídico vigente. Tampoco la relativa al Art. 61, inciso 2° de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa porque las causales de nulidad procesal son taxativamente puntualizadas en los Arts. 355 y 1067 del Código de Procedimiento Civil y ellas deben resolverse conforme manda el Art. 60 de la ley de esta jurisdicción contenciosa administrativa. Igualmente, no hay falta de aplicación pretendida del Art. 125 de esta misma ley porque en su contexto no existe. Por fin, no hay la nulidad específicamente enunciada por falta de citación de la demanda a la entidad demandada, porque la demanda es dirigida contra la institución en la persona de su representante legal, el Gerente General del banco quien contestó a ella e inclusive opuso excepciones en ejercicio de su legítimo derecho de defensa, y por tanto no ha lugar a la indebida aplicación del Decreto Ejecutivo No. 4016 de 22 de julio de 1996, publicado en el Registro Oficial No. 1044 del 6 de agosto del mismo año al que alude el recurso; y, de donde desprende la pretensa nulidad por omisión de la solemnidad sustancial prevista en el numeral 4° del Art. 355 del Código de Procedimiento Civil. No existe, además falta de aplicación del Art. 278 del citado código que afecte a la sentencia que decidió sobre aquello en que se trabé la litis, admitiéndose sí la indebida aplicación del Art. 289 del mismo cuerpo legal respecto sólo a la condena al pago de honorarios al patrocinador del demandado, porque no hay demostración de que haya litigado con mala fe o temeridad; advirtiéndose que el fallo no condena en costas al fisco como tal. En definitiva, no existen omisiones de solemnidades sustanciales ni violación de trámite que hubiese influido en la decisión de la causa. Por todo lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de hecho interpuesto, con la salvedad hecha sobre honorarios. - En atención a la comunicación No. 1947 - DNP de 7 de noviembre del 2000, dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala y de conformidad con lo previsto en el articulo 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llámase al Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. - Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. José Julio Benitez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci, Ministros Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Razón: Las. dos copias que, anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas de su original que reposa en la Secretaría de esta Sala.

Quito, a 15 de febrero del 2001.

f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

19 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 18 de enero del 2001; las 10h00.

VISTOS (58 - 2000): El economista Jorge Nelson Muñoz Torres, en el juicio iniciado por recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción presentado contra el Banco Nacional de Fomento en su calidad de Gerente General y su representante legal, por habérsele negado el recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de Portoviejo que aceptó la acción propuesta por Joc Tito Cedeño Cedeño, interpone el recurso de hecho que, al ser concedido, accedió a esta Sala casacional que, por hallarse investida de competencia al tenor de lo preceptuado en el Art. 200 de la Constitución Política de la República y en la Ley de Casación que regula su ejercicio, lo aceptó al trámite y concluido éste con arreglo á la sustanciación establecida en la ley de la materia al estado de sentencia, para hacerlo considera: PRIMERO. - No se ha alterado la competencia por ninguna causa superviniente. SEGUNDO. - El recurrente de hecho franquea a la Sala analizar el de casación para determinar si tiene los elementos requeridos, tanto en el orden legal como en el procesal. Examinado, se desprende de su contexto que lo fundamenta en las causales 1ra., 2da., 3ra. y 4ta. del Art. 3 de la ley de la materia y acusa al fallo de falta de aplicación de la norma contenida en el Art. 33 de la Ley de Presupuestos; de las normas establecidas en el articulo 2 innumerado que se agrega luego del Art. 35 de la Ley de Federación de Abogados y en el Art. 2 del Reglamento de Aplicación a la Ley Reformatoria mencionada; de la disposición que contiene el inciso 2° del Art. 61 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, indebida aplicación del Decreto Ejecutivo No. 4016 del 22 de julio de 1996, publicado en el Registro Oficial No. 1044 de 6 de agosto de 1996; falta de aplicación del contenido de los Arts. 278 y 289 del Código de Procedimiento Civil; falta de aplicación del precepto contenido en el Art. 125 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y falta de aplicación de los preceptos aplicables a la valoración de la prueba, aunque éstos no los determina o puntualiza para que fuesen considerados por la Sala, no obstante que en este tipo de recurso excepcional no es competencia de juzgador interpretar el propósito del recurrente as suplir falencias u omisiones. TERCERO. - Examinada la sentencia en relación de los vicios legales que le atribuye el recurso y que son los que limitan la competencia de Sala, se infiere que ésta hallase fundamentada en sus considerandos, los que sirvieron de base para su decisión que aceptó la demanda y declaró ilegal el acto administrativo contenido en el radio No. 12613 del 29 de octubre de 1998, que negó al actor el derecho al pago de diferencias de remuneración como abogado del banco. No hay falta de aplicación del Art. 33 de la Ley de Presupuestos; porque desde que entró en vigencia la reforma a la Ley de Federación de Abogados, conforme establece la ley expedida por el plenario de las comisiones legislativas con su promulgación en el Registro Oficial No. 91 del 20 de junio de 1997, su acatamiento era obligatorio "erga omnes", y, obviamente, para el banco demandado, institución que debía someterse al ordenamiento jurídico vigente. Tampoco la relativa al Art. 61, inciso 2° de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa porque las causales de nulidad procesal son taxativamente puntualizadas en los Arts. 355 y 1067 del Código de Procedimiento Civil y ellas deben resolverse conforme manda el Art. 60 de la ley de esta jurisdicción contenciosa administrativa. Igualmente, no hay falta de aplicación pretendida del Art. 125 de esta misma ley porque en su contexto no existe. Por fin, no hay la nulidad específicamente enunciada por falta de citación de la demanda a la entidad demandada, porque la demanda es dirigida contra la institución en la persona de su representante legal, el Gerente General del banco quien contestó a ella e inclusive opuso excepciones en ejercicio de su legitimo derecho de defensa, y por tanto no ha lugar a la indebida aplicación del Decreto Ejecutivo No. 4016 de 22 de julio de 1996, publicado en el Registro Oficial No. 1044 del 6 de agosto del mismo año al que alude el recurso; y, de donde desprende la pretensa nulidad por omisión de la solemnidad sustancial prevista en el numeral 4° del Art. 355 del Código de Procedimiento Civil. No existe, además falta de aplicación del Art. 278 del citado código que afecte a la sentencia que decidió sobre aquello en que se trabé la litis, admitiéndose si la indebida aplicación del Art. 289 del mismo cuerpo legal respecto sólo a la condena al pago de honorarios al patrocinador del demandado, porque no hay demostración de que haya litigado con mala fe o temeridad advirtiéndose que el fallo no condena en costas al fisco como tal. En definitiva, no existen omisiones de solemnidades sustanciales ni violación de trámite que hubiese influido en la decisión de la causa. Por todo lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de hecho interpuesto, con la salvedad hecha sobre honorarios. - en atención a la comunicación No. 1 947 - DNP de 7 de noviembre del 2000, dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala y de conformidad con lo previsto en el articulo 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llámase al Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. - Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci, Ministros Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Razón: Las dos copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas de su original que reposa en la Secretaría de esta Sala. - Quito, a 15 de febrero del 2001.

f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

No. 20 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 18 de enero del 2001; las 11h00.

VISTOS: (59 - 2000): El economista Jorge Nelson Muñoz, como Gerente General del Banco Nacional de Fomento y su representante legal, ante el rechazo del recurso de casación interpuesto de la sentencia dictada por la Sala Distrital de lo Contencioso Administrativo de Portoviejo en esta causa iniciada por acción de Félix Andrés Alcívar Mora, presenta recurso de hecho el que ha sido concedido. Aceptado éste al trámite por hallarse la Sala investida de competencia para conocerlo y concluida la sustanciación al estado de pronunciar sentencia, para hacerlo se considera: PRIMERO. - No se ha alterado la competencia por ninguna causa superviniente. SEGUNDO. - El recurso de hecho permite la revisión del recurso subyacente que es el de casación para establecer si tiene sustento legal y procesal. TERCERO. - Examinado, se advierte de su contexto que se funda en las causales 1ra., 2da., 3ra. y 4ta. del Art. 3 de la Ley de Casación y acusa al fallo impugnado de falta de aplicación de la norma contenida en el Art. 33 de la Ley de Presupuesto; igualmente de las normas "contempladas" en el Art. 2 innumerado que se agrega a continuación del Art. 35 de la Ley de Federación de Abogados y en el Art. 2 del Reglamento de Aplicación a la Ley Reformatoria a la misma, asimismo de la disposición contenida en el inciso 2° del Art. 61 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; indebida aplicación del Decreto Ejecutivo No. 4016 del 22 de julio de 1996, publicado en el Registro Oficial No. 1044 del 6 de agosto de 1996; falta de aplicación del contenido de los Arts. 278 y 289 del Código de Procedimiento Civil; falta de aplicación de la disposición que contiene el Art. 125 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, aunque éstos no los precisa y puntualiza para ser considerados, sabiéndose que en este tipo de recurso excepcional no le compete a la Sala interpretar el pensamiento del recurrente y suplir sus falencias u omisiones. CUARTO. - Examinada la sentencia en función de los vicios que le atribuye el recurso y que circunscriben la competencia de la Sala, se observa: Que ésta hállase fundamentada en sus consideraciones que sirvieron de base al pronunciamiento decisorio que aceptó la demanda y declara ilegal el acto administrativo contenido en el radio 12613 del 29 de octubre de 1998, que mega al accionaste el derecho al pago de las diferencias de remuneraciones como abogado del banco demandado. En efecto, no ha lugar a la alegación de falta de aplicación del contenido del Art. 33 de la Ley de Presupuesto, porque habiendo comenzado a regir la reforma a la Ley de Federación de Abogados relativa al sueldo básico de los profesionales del derecho, conforme a la ley expedida por el plenario de las comisiones legislativas del Congreso Nacional, publicada en el Registro Oficial 91 de 20 de junio de 1997, su acatamiento era obligatorio, sin que constituya excepción para quienes servían en el Banco Nacional de Fomento; institución del sector público que, como las demás, debe fidelidad al ordenamiento jurídico del país. Tampoco la relativa al Art. 61, inciso 2° de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, porque las causales de nulidad procesal son específicamente establecidas en los Arts. 355 y 1067 del Código de Procedimiento Civil, y ellas deben ser resueltas conforme prevé el Art. 60 de la ley de este ámbito jurisdiccional. Igualmente, no existe falta de aplicación del Art. 125 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, porque no hay tal artículo en su contexto. Finalmente, en cuanto al motivo de nulidad invocado, especialmente, por no haberse citado con la demanda al representante de la entidad demandada, no tiene sustento porque la demanda se la dirige a la institución, obviamente en la persona de su representante legal que, en el caso, es el Gerente General del banco, quien contestó a la misma, oponiendo las excepciones de las que se creía asistido y ejerciendo, así, su legitimo derecho a la defensa procesal, por tanto, tampoco tiene asidero legal la nulidad alegada por omisión de la solemnidad sustancial prevista en el Art. 355, numeral 4° del Código de Procedimiento Civil, desprendida de la invocada aplicación indebida del Decreto Ejecutivo No. 4016 del 22 de julio de 1996 que se dice publicado en el Registro Oficial 1044 del 6 de agosto del propio alio. No existe además, falta de aplicación del Art. 278 del invocado cuerpo legal que afecte a la sentencia que decidió sobre la traba de la litis, admitiéndose si la indebida aplicación del Art. 289 del mismo código respecto a la condena al pago de honorarios al patrocinador del demandado, porque no aparece que se haya litigado con mala fe o temeridad, advirtiéndose que no existe condena en costas al fiscal como tal. En definitiva, no hay omisión de solemnidad sustancial que haya influido en la decisión de la causa. Por las consideraciones precedentes, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso interpuesto, con la salvedad determinada sobre honorarios. - En atención a la comunicación No. 1 947 - DNP de 7 de noviembre del 2000, dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala y de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llamase al Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. - Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci, Ministros Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

Razón: Las dos copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas de su original que reposa en la Secretaria de esta Sala. - Quito, a 15 de febrero del 2001.

f.) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

25 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 25 de enero el 2001; las 10h00.

VISTOS: (226 - 99): El Ing. Vicente González Borja, en su calidad de Procurador Común, deduce recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo en el juicio seguido por el compareciente y, en su calidad, por sus representados, en contra de la Empresa Municipal de Telecomunicaciones; Agua Potable y Alcantarillado, ETAPA en la ciudad de Cuenca; sentencia en la cual se declara sin lugar la demanda por haberse producido el fenómeno de la caducidad. Pretende el recurrente que en la sentencia en mención se ha aplicado indebidamente el Art. 65, inc. 1° de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, lo que a su modo de ver ha configurado la causal primera de las señaladas por el Art. 3 de la Ley de Casación. Durante la etapa de calificación del recurso se estableció la competencia de la Sala para conocerlo y resolverlo, presupuesto procesal que no ha variado, por lo que, habiéndose agotado el trámite legal para esta clase de recursos, ha lugar a que se dicte la correspondiente sentencia, para lo cual se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO. - Un acto norma por el hecho de dictarse, no origina directamente derechos subjetivos sino situaciones objetivas que tu concretan en derechos subjetivos cuando se cumplen las condiciones establecidas en la norma en el caso particular. En consecuencia, cumplidas éstas circunstancias específicas nace la facultad de los sujetos titulares para exigir que la administración respete sus derechos subjetivos. Lo anterior nos lleva a la evidente conclusión de que no se puede señalar como fecha desde la cual se podía ejercer una acción subjetiva, la fecha en la cual entró en vigencia una ley general. Solamente cuando cumpliendo o incumpliendo las disposiciones de la ley, la administración aplica o no aplica tales normas, nace el derecho del administrado para el caso de no habérselas aplicado mediante el correspondiente acto administrativo, exigir que se respete su derecho violado por dicho acto. Y sólo entonces surge la posibilidad de concurrir, ya en sede administrativa o en sede jurisdiccional, ante el organismo competente, para exigir el respeto de los derechos subjetivos. SEGUNDO. - Por otra parte, si de lo que se trata es de una serie de actos periódicos en los que en cada uno de ellos no se aplica o se viola el derecho del recurrente, es evidente que hay oportunidad procesal para concurrir ante la jurisdicción competente impugnando la violación del derecho subjetivo que en cada uno de ellos ocurre, hasta en el término de noventa días a partir del último de los actos administrativos en los que se afecté el derecho subjetivo. Y es cada uno de dichos actos periódicos y sucesivos que tienen individualidad propia, pueden ser objeto de una acción ante la jurisdicción contenciosa administrativa, sin que por lo mismo se pueda pretender que el haber caducado la facultad de impugnar uno o unos de tales actor periódicos y sucesivos, haya caducado el derecho para impugnar todos los actos de la misma naturaleza que se vayan produciendo y en los cuales se continúa reiteradamente violando el derecho subjetivo del administrado. No se puede negar que si bien el derecho administrativo es específico y por lo mismo no se puede aplicar respecto de él todas las instituciones dci derecho civil, sin embargo tampoco se puede a título de tener carácter administrativo no considerar ordenamientos jurídicos que bien pueden ser aplicables tanto al derecho civil como el administrativo, desde luego prevaleciendo siempre el carácter especifico de éste último; y dentro de estos ordenamientos están las obligaciones de tracto sucesivo, como el pago de remuneraciones que la administración debe cumplir respecto de sus servidores. - TERCERO. - Las consideraciones expuestas con anterioridad, nos llevan a la conclusión de que si bien es cierto que con mucha antelación a los noventa días de término previos a la presentación de la demanda, se habían dado una serie de actos periódicos y sucesivos consistentes en el pago de las remuneraciones mensuales de los actores, en los cuales no se había reconocido todos los derechos reclamados por éstos, no por ello había caducado el derecho de exigir el reconocimiento del derecho de los sucesivos actos administrativos, pues cada pago constituye un acto administrativo independiente, y en consecuencia se cumpla con las disposiciones legales; desde luego reconociendo que había caducado el derecho de exigir cualquier beneficio con relación a los pagos efectuados con anterioridad a los noventa días de término anteriores a la presentación de la demanda. Así consideradas las circunstancias del caso, es evidente que se aplicó indebidamente el inciso primero del Art. 65 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en la sentencia objeto del recurso, aplicación indebida que abre la oportunidad para que la Sala entre a considerar el contenido de la sentencia y dicte la que en su lugar corresponda. CUARTO. - Por otra parte, consta de autos de fjs. 22 a 30 copias simples de reclamaciones administrativas presentadas por los accionantes ante la entidad demandada, en dos de las cuales, la de 26 de febrero de 1997 y la de 22 de junio de 1998, aparecen sellos de ETAPA de recepción de dichas comunicaciones, la segunda de las causales es de 24 de junio de 1998. Cierto es que no se ha pedido durante el término correspondiente la exhibición de los documentos originales de dichos reclamos administrativos; mas no es menos cierto que los mismos fueron reproducidos durante el término de prueba, sin que se hayan impugnado dichos documentos por parte de la entidad demandada, lo cual significa que ha reconocido el derecho de los actores para exigir el pago de sus remuneraciones a lo dispuesto en la Ley Reformatoria a la Ley de Escalafón y Sueldos de los Ingenieros Civiles del Ecuador, publicada en el Registro Oficial No. 143 de 2 de septiembre de 1997, reconociendo que se ha concretado, por otra parte, en la existencia de asignaciones para tal concepto constantes en el respectivo presupuesto institucional. QUINTO. - En cuanto a la pretensión de la demandada de que tales pagos no los ha realizado por cuando aún el Ministerio de Finanzas no ha entregado los dineros para tal propósito, ese argumento no es aceptable toda vez que la ley no condiciona expresamente este requisito para la existencia del derecho de los actores ETAPA, puede seguir haciendo las correspondientes gestiones ante el Ministerio de Finanzas para que se transfiera los valores que financian al pago reclamado de creer que se encuentra en condiciones jurídicas de obtener tales transferencias de valores. Mas no por ello puede dejar de hacer efectivo el pago de los valores que les corresponde recibir a los accionantes. SEXTO. - Los actores presentaron los correspondientes títulos que acreditan su condición de ingenieros, siendo así que ETAPA no ha objetado ni la profesión de los actores ni la gestión que realizan en la entidad. Sin otras consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se casa la sentencia recurrida y se dispone que ETAPA proceda a pagar a los actores las remuneraciones en calidad de ingenieros civiles y con la asignación escalafonaria que les corresponde en acatamiento de lo que disponen los artículos 2, 3 y la disposición transitoria primera de la Ley Reformatoria de la Ley de Escalafón de los Ingenieros Civiles del Ecuador, pago que se realizará con carácter retroactivo a partir del sueldo correspondiente al mes de junio de 1998. Así mismo ETAPA procederá a reliquidar los pagos de la décima tercera remuneración y de vacaciones anuales que se hubieren efectuado a partir de la fecha desde la cual deben pagarse las remuneraciones en la forma señalada anteriormente, en acatamiento de las disposiciones legales antes señaladas. No ha lugar a pago de intereses. - En atención a la comunicación No. 1947 de 7 de noviembre del 2000; dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala, y de conformidad con lo previsto en el Art. 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llámese al Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. Sin costas. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci, Ministros Jueces de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Excma. Corte Suprema de Justicia.

Razón: Las tres copias que anteceden son auténticas, ya que fueron tomadas de su original que reposa en la Secretaría de esta Sala. - Quito, a 15 de febrero del 2001.

f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

No. 28 - 2001

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Quito, a 25 de enero del 2001; las 11h00.

VISTOS (163 - 2000): El Dr. Julio Farfán Matute, abogado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), cuya personería legitimó, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca en el juicio promovido por Greetshen Georke Torres, que aceptó la demanda y declaró ilegal el acto administrativo de su destitución del cargo de auxiliar de contabilidad del Dispensario Central de la Dirección Regional 3 del citado instituto. Concedido el recurso, accede a esta Sala y establecida su competencia lo calificó admitiéndole al trámite y concluida la sustanciación, para dictar sentencia, se considera: PRIMERO. - El recurrente afirma que la sentencia infringe expresas disposiciones legales constantes en los Arts. 104, letra b) y 126 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; 33 del Código Civil; 119 del Código de Procedimiento Civil y 33 del Reglamento Interno del "IESS". Funda el recurso, en la causal 1a. del Art. 3 de la Ley de Casación, y concretamente, en errónea interpretación del Art. 33 del antedicho reglamento; falta de aplicación del Art. 114, letra b) y Art. 126 de la citada Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; así como en la causal 3ra. por aplicación indebida del Art. 119 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO. - Examinada la sentencia en función restrictiva de las motivaciones específicas puntualizadas en el recurso, ámbito de competencia de la Sala, se advierte: a) Que no existe falta de aplicación del Art. 126 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, pues el ejercicio de la facultad que esta norma legal otorga a la autoridad administrativa, en el caso se ha efectuado dentro de ese lapso; b) Que tampoco la sentencia ha dejado de aplicar el Art. 114 de la misma ley, porque si bien la letra b) establece como causal de destitución al abandono del servidor público al trabajo por tres consecutivos, es requisito sine qua non que lo fuese "injustificado", este es, no justificado, no conforme a justicia y razón, cuya valoración compete hacerla, en sede administrativa, a la autoridad nominadora, sin perjuicio de que en su oportunidad legal competa, también, al Juez en sede jurisdiccional, como ha ocurrido en el caso, estimando esta Sala que ciertamente no fue la ausencia de la actora al trabajo habitual imputable a negligencia, incuria o falta de disciplina, sino a razones o motivos justificables como la denuncia presentada por secuestro, luego su matrimonio, cuyo certificado consta de autos. Respecto al Reglamento Interno de Trabajo del IESS, rige para los trabajadores sujetos al Código Laboral, mientras que quienes tienen la calidad de servidores públicos se hallan sujetos a la Ley de Servicio y Carrera Administrativa, por lo que no existe errónea interpretación del Art. 33 del reglamento; c) Finalmente, lo expuesto precedentemente, descarta la pretensa indebida aplicación del Art. 119 del Código de Procedimiento Civil. - Por las consideraciones precedentes, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara que no ha lugar al recurso de casación, quedando así firme la sentencia del Tribunal "a quo". - En atención a la comunicación Nro. 1 947 - DNP de 7 de noviembre del 2000, dirigida por el Director Nacional de Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia al señor Presidente de esta Sala y de conformidad con lo previsto en el artículo 107 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, para intervenir en la presente causa llámase al Secretario titular de la Sala de lo Fiscal de esta Corte Suprema de Justicia. - Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. José Julio Benítez A., Luis Heredia Moreno, Héctor Romero Parducci.

Razón: La una copia que antecede es auténtica, ya que fue tomada de su original que reposa en la Secretaría de esta Sala. - Quito, a 15 de febrero del 2001.

f) Dr. Fausto Murillo Fierro, Secretario encargado de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia.

N0 316 - 96 - MV

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 23 de enero del 2001; las 14h30.

VISTOS: Angel Gabriel Cazar Llumisaca presenta acusación particular ante el Juez Primero de lo Penal de Chimborazo en contra de Mario Pérez Sinche a quien acusa de haberlo atacado con una pedrada que le golpeó en la frente reduciéndole a la inconsciencia. El 12 de febrero de 1996 el Juez Primero de lo Penal de Chimborazo dicté auto cabeza de proceso en contra de Segundo Mario Pérez Sinche sindicándolo en la presente causa y ordenando las diligencias de rigor para esclarecer los hechos. Al finalizar la sustanciación del sumario el Tribunal Segundo de lo Penal de Riobamba, en sentencia de 23 de octubre de 1996 impuso al acusado la pena de 15 días de prisión correccional, declarándolo culpable del delito de lesiones en la persona del querellante en acatamiento de lo que dispone el artículo 465 del Código Penal en concordancia con el articulo 73 de la misma ley. Tanto el acusador particular como el sentenciado interpusieron recurso de casación radicándose por el sorteo de ley la causa en este Tribunal, que para resolver consigna las siguientes reflexiones de orden legal: PRIMERO. - Esta Sala es competente para decidir sobre los recursos interpuestos en virtud de lo que dispone la Constitución Política de la República y el Código de Procedimiento Penal. - SEGUNDO. - La causa ha sido sustanciado, conforme a las reglas que le son propias y no existe violación alguna de trámite que lo invalide. - TERCERO. - En el presente caso la Sala considera que el querellante interpone el recurso de casación estimando errónea y violatoria la aplicación de la ley al imponer al reo la pena de quince días de prisión correccional que la considera irrisoria, y el sentenciado deduce su impugnación sosteniendo igualmente error jurídico en el Tribunal Penal, una vez que asegura enfáticamente ser inocente del delito que se le imputa. De las actuaciones ante este Tribunal consta que el recurrente Angel Cazar Yumisaca, no solicité oportunamente plazo para fundamentar su recurso, habiéndose declarado éste desierto. Queda por considerar únicamente la situación del sentenciado. - CUARTO. - En el recurso de casación solo por excepción en caso de duda sobre la aplicación de las reglas valorativas de la prueba en relación con la sentencia procede que la Corte Suprema asuma la revisión de las diversas pruebas. En el presente caso el análisis se contrae a examinar la validez de la sentencia en cuanto ésta se halle acorde con la ley; y, en el caso, se observa que el Tribunal Penal de Chimborazo ha dejado plenamente establecida la existencia de la infracción y la responsabilidad de su autor, tal como aparece de las constancias probatorias, entre ellas la principal que resulta ser el certificado médico legal en el que se consigna el tiempo de imposibilidad para el trabajo del agraviado. En lo que se refiere a la pena el Tribunal Penal a su vez ha hecho aplicación conecte del artículo 465 del Código Penal favoreciendo al enjuiciado con las atenuantes por éste probadas, en cuyo caso la pena impuesta se ubica en lo que dispone el artículo 73 del Código Penal sin que exista por ello violación legal ni error jurídico que deba enmendarse. En consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Sala Especializada en acatamiento de lo dispuesto en el articulo 358 del Código de Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 360 de enero 13 del 2000. Declara improcedente el recurso de casación deducido por Segundo Mario Pérez Sinche en el presente juicio penal seguido en su contra por el delito de lesiones. - Ejecutoriada esta providencia devuélvase el proceso al árgano jurisdiccional de origen para la ejecución del fallo. - Notifíquese.

Fdo.) Dres. Eduardo Brito Mieles, Magistrado Presidente, Carlos Riofrio Corral, Magistrado y Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico:

f.) El Secretario Relator.

En Quito, hoy veinte y tres de enero del dos mil uno, a las diecisiete horas, notifico por boletas la sentencia que antecede, a los señores: Ministra Fiscal General, en el N0 1207; a Segundo Pérez, en el N0 181.

Certifico. - f.) El Secretario Relator.

Corte Suprema de Justicia, 18 Sala de lo Penal.

Es fiel copia de su original. - Quito, 19 de marzo del 2001.

Certifico.

f.) Secretario Relator.

N° 36 ­ 98 - JO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 21 de febrero del 2001; las 11h00.

VISTOS: Danilo Efrén Encalada Padilla y Williams Santillán Cando deducen recurso de casación contra la sentencia expedida en su contra por el Primer Tribunal Penal de Chimborazo que los condena a dos años de prisión correccional más costas, daños y perjuicios de cargo exclusivo de Encalada Padilla porque la acusación particular fue desistida en relación con Santillán Cando, en el juicio penal por abigeato promovido por Juan Alberto Arévalo Mata y Luis Raúl Zavala Arévalo. El proceso se ha radicado por sorteo en este Tribunal de Casación que facultado por la Constitución Política y el Código de Procedimiento Penal para decidir el trámite, considera: PRIMERO. - Haberse cumplido en la sustanciación del recurso las normas legales que le son atinentes, sin omitir solemnidad alguna que pueda afectar su validez procesal que se declara. - SEGUNDO. - En auto de 11 de marzo de 1998 a las 16 horas, notificado el 12 de los mismos mes y año, esta Sala declaró la deserción del recurso interpuesto por Danilo Encalada Padilla por no haber pedido plazo para fundamentar su impugnación, y, en la misma providencia se concedió al otro recurrente plazo para sustentar el suyo habiéndolo hecho veinte y cuatro horas después de aquella notificación, exponiendo que "sin conocimiento alguno de los hechos y de las personas, sin voluntad y conciencia, fue involucrado en el ilícito penal de abigeato, por una malhadada circunstancia (flete contratado por Danilo Encalada) para traer ganado vacuno que afirmó ser de su padre y que debía ser conducido a la feria de Riobamba para cuyo objeto se le puso a la vista la guía para transportar el ganado, conviniendo el flete en la suma de doscientos cincuenta mil sucres por cuatro cabezas de ganado vacuno que fueron recogidas el 31 de enero de 1997 del sitio que Encalada afirmó, ser de propiedad de su padre; y, que, dando por válida, exclusivamente las indagaciones extraprocesales y la indagatoria inicial y' el criterio del Agente Fiscal, se emite sentencia condenatoria, con violación de la ley, pese al pronunciamiento expreso del defensor de la acusación particular que en la audiencia ante el Tribunal Penal, reiteré que el único responsable del delito es Danilo Encalada Padilla, no así Williams Napoleón Santillán Cando, aspecto por el cual, la acusación, particular fue desistida" en la parte que al recurrente afectaba, señalando además que en el fallo sometido a casación, estima violados los artículos 65, 66, 67, 127, 153, 253, inciso tercero, 330 y 347 del Código de Procedimiento Penal; artículos 4 y 32 del Código Penal y artículo 22 numeral 19, letra c) y 74 inciso tercero de la Constitución Política. Sobre esta base el procesado pide casar la transgresión legal en que incurre la sentencia y dictar resolución absolutoria. - TERCERO. - Oído el Ministerio Público sobre aquella fundamentación, el señor Ministro Fiscal General subrogante, manifiesta que la pretensión del recurrente es que el Tribunal de Casación revise y revalorice la prueba que fue tasada por el juzgador en relación con los hechos y la conducta de los encausados sin que esta apreciación y valoración con arreglo al artículo 64 del Código de Procedimiento Penal configure causal de casación Impugnar la prueba vía casación es desnaturalizar la esencia del recurso ni es de su esencia revalorizar el acervo probatorio que las partes actúan en defensa de sus intereses, agregando que la casación excluye al proceso y se contrae a la sentencia, señalando finalmente, que el hecho de desestimar los fundamentos o tesis sustentados por la defensa del procesado, no implica violación de la ley en la sentencia, peor aún, que se haya violado en los casos señalados en el artículo 373 del Código de Procedimiento Penal para que sea procedente el recurso de casación. - CUARTO. - Esta Sala ha señalado en forma reiterada que solo por excepción en casos de duda o incoherencia en el texto de la sentencia penal sobre la aplicación de las reglas valorativas de la prueba, el Tribunal de Casación puede remitirse a los autos para determinar si el fallo guarda lógica y congruencia con los hechos que relata en armonía con la prueba y la ley que aplica para, decidir condenar o absolver con certeza legal, cuidando además la aplicación irrestricta de las garantías del debido proceso. Para el caso en estudio, aquellas garantías han sido observadas en favor de las partes procesales, ninguna de las cuales ha estado indefensa, porque han ejercido su derecho constitucional en todas las fases del proceso, sin que se observe violación de la Constitución ni de la ley en la obtención o actuación de las pruebas de cargo y descargo. En consecuencia, la sentencia que se ha impugnado, es trasunto fiel de la verdad procesal y guarda conformidad con la ley que tipifica el delito cometido y la sanción impuesta, aspecto de responsabilidad derivado de la valoración de las pruebas aportadas a la presente causa, que el fallo en su considerando octavo analiza para determinar, la autoría del ilícito, sus circunstancias y la respectiva condena, en todo lo cual no hay transgresión legal. Por ello, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, aplicando la norma del vigente artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, este Tribunal desestima por improcedente el recurso interpuesto por Williams Napoleón Santillán Cando, lo declara así y ordena devolver el proceso al Tribunal Penal de origen para los fines de ley. Notifíquese y cúmplase.

Fdo.) Dres. Eduardo Brito Mieles, Magistrado Presidente, Carlos Riofrío Corral, Magistrado y Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico.

f.) El Secretario Relator.

En Quito, veintiocho de febrero del dos mil uno, a las diecisiete horas, notifico mediante boletas con la nota de relación y la sentencia que anteceden, a la señora Ministra Fiscal General, en el casillero judicial N0 1207; a Danilo Encalada en el casillero N0 1941 a William Santillán Cando en el casillero N0 680; a Juan Arévalo Mata en el casillero N0 1901.

Certifico. - f.) El Secretario Relator.

Corte Suprema de Justicia, 1ª Sala de lo Penal.

Es fiel copia de su original. - Quito, 19 de marzo del 2001.

Certifico. - f.) Secretario Relator.

N0 63 - 98 - OR

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 14 de diciembre del 2000; las diez horas.

VISTOS: Mélida Beatriz Mejía Cárdenas interpone recurso de casación de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Penal de Tungurahua que le impone la pena de seis meses de prisión correccional, la multa de un mil sucres y la obligación de pagar costas, daños y perjuicios, por considerarle responsable del delito de estafa tipificado en el Art. 563 del Código Penal en perjuicio de Washington López Gordillo, por haberle entregado dos cheques de su cuente corriente del Banco del Pacifico, para ser cobrados el 6 de abril de 1995 y el 19 de abril del mismo año, y haberse comprobado que dicho banco cerró la cuenta corriente de la procesada, y le notificó el cierre de la cuenta el primero de febrero de 1995. El proceso fue remitido a esta Sala de Casación Penal previo el sorteo de ley. Habiendo concluido el trámite, para resolver se considera: PRIMERO. - Esta Sala tiene jurisdicción y competencia para decidir la impugnación, por lo dispuesto en la Constitución Política de la República y el Código de Procedimiento Penal cuyas normas han sido aplicadas en la sustanciación del recurso sin omisión de solemnidad alguna, por lo que se declara la validez del trámite. - SEGUNDO. - La recurrente alega violación de la ley en la sentencia, por habérsele condenado sin comprobación de la existencia de la infracción ni la responsabilidad de la acusada, infringiendo lo dispuesto por el Art. 157 del Código de Procedimiento Penal; y por haberse hecho una falsa aplicación de los artículos 124 y 127 ibídem al considerarse como prueba el testimonio instructivo y por contraste, no valorar el testimonio indagatorio como medio de defensa y prueba del procesado. Finalmente alega violación del Art. 29 del Código Penal por determinar la pena sin la modificación por las circunstancias atenuantes que, dice, obran de autos. - TERCERO. - En definitiva, lo que la recurrente pretende es que se revalorice la prueba analizada por el Tribunal Penal, lo que no procede en casación, a menos que apareciere del proceso que el juzgador se aparté de las reglas de la sana crítica en el examen de las evidencias incorporadas por las partes, lo que no ocurre en el presente caso, pues a más de la declaración instructiva que es medio de prueba del acusador en armonía con otras del proceso, obran a su favor los cheques entregados a Washington Edmundo López Gordillo, protestados por cuenta cenada y la certificación del banco de haber cerrado y notificado el cierre de la cuenta comente bancaria a su titular señora Mélida Beatriz Mejía Cárdenas, mucho antes de la fecha en la que aparecen girados los cheques. En la declaración indagatoria la procesada reconoce que entregó los cheques al acusador particular, en razón de un préstamo de dinero que éste le había hecho, pero sostiene que tales cheques fueron dados en garantía para el pago de la obligación crediticia y que por ello fueron postdatados. El hecho de que la prestataria haya entregado al prestamista los cheques girados en cuenta cenada, aún en el caso de que los hubiese dado en garantía, constituye engaño al prestamista a quien hizo creer que se le entregaba cheques cobrables acorde con la ley, cuando evidentemente a la fecha en que aparecen girados los cheques, y aun veinte días antes que consta en autos como el plazo del préstamo, ya la cuenta de la giradora se hallaba cenada. Así pues, el elemento principal constitutivo de los delitos de estafa y defraudación, esto es el engaño, aparece comprobado. Los otros elementos del delito que tipifica el Art. 563 del Código Penal, que es la infracción imputada, son el propósito del agente de apropiarse de una cosa perteneciente a otro, como cuando se hubiere hecho entregar fondos; y el perjuicio real al defraudado por haberse abusado de su confianza o credibilidad mediante el engaño. De autos consta también comprobada con las declaraciones indagatoria e instructiva, la entrega de fondos hecha por el acusador particular a la procesada a cambio de recibir para el cobro futuro los cheques que resultaron protestados por cuenta cenada con fecha anterior al giro, aspecto concomitante del engaño, resultando del no pago de esos cheques el perjuicio real sufrido por el acusador, sin que para el juzgamiento penal por estafa importe que los cheques hayan sido dados garantía o posfechados, pues no se trata de enjuiciamiento por el delito de giro de cheque sin fondos en los que el posfechamiento deja sin lugar la acción penal por ese delito. En esta causa, lo que se persigue es sancionar el engaño que ha perjudicado al acusador particular por haberle entregado la procesada los cheques que ella sabía que no podría cobrarlos y que tampoco podían servir de garantía. La responsabilidad de la procesada es también evidente y aparece comprobada por los cheques protestados en cuenta cerrada girados por ella, por el reconocimiento hecho en la declaración indagatoria sobre que entregó los cheques por un préstamo de dinero que le hizo el acusador, a sabiendas de que su cuenta comente bancaria habla sido cenada, tanto más que la procesada no ha mencionado siquiera que los cheques entregó antes del cierre de la cuenta corriente, lo que demostrado, habría desvanecido la intención dolosa de su acción, que sin esa demostración, aparece punible por esta, tipificada como delito en el Art. 563 del Código Penal. Por lo expuesto esta Sala no encuentra violación de la ley en la sentencia que le condena por ese delito cuya existencia y autoría han sido plenamente probadas. - CUARTO. - El delito de estafa previsto en el Art. 563 del Código Penal se sanciona con prisión de seis meses a cinco años y multa de cincuenta a mil sucres. El Art. 73 del Código Penal dispone que si hay dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante, las penas correccionales de prisión serán reducidas hasta a ocho días y cuarenta sucres y podrán los jueces aplicar una sola de estas penas separadamente o reemplazar la de prisión con multa hasta de ochenta sucres si solo aquella está prescrita en la ley. En autos constan comprobadas las atenuantes de los artículos 6 y 7 del Art. 29 del Código Penal, por lo que esta Sala, al encontrar que no se ha modificado la pena como manda el Art. 73 ibídem, sino que se ha impuesto la pena mínima privativa de libertad señalada en el Art. 563 para sancionar este delito sin consideración a la existencia de circunstancias atenuantes, más la multa máxima prevista en el mismo, estima procedente el recurso de casación por violación de tales normas; y por ello, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal promulgado el 13 de enero del 2000, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, para enmendar el error de derecho que la vicia, casa la sentencia impugnada imponiendo a la procesada Mélida Beatriz Mejía Cárdenas la pena de prisión correccional de treinta días y la obligación de pagar costas, daños y perjuicios al acusador particular; por encontrarle a la acusada responsable del delito de estafa tipificado en el Art. 563 del Código Penal en perjuicio de Washington López Gordillo, tenedor de los cheques que no fueron pagados por cuenta cerrada y que los recibió para cobrar un préstamo dado por éste a la sentenciada. Devuélvase al Tribunal de origen para la ejecución de esta sentencia. - Notifíquese.

Fdo.) Dres. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado Presidente, Eduardo Brito Mieles, Magistrado y Carlos Riofrío Corral, Magistrado.

Certifico. - f.) El Secretario Relator.

En Quito, hoy día viernes quince de diciembre del dos mil, a las diecisiete horas, notifico con la nota de relación y sentencia que anteceden a la Sra Ministra Fiscal General, por bolete dejada en el casillero N° 1207; a Mélida Beatriz Mejía Cárdenas en el casillero N0 1467, a Edmundo Washington López en el casillero N0 1381.

Certifico.

f.) El Secretario Relator.

Corte Suprema de Justicia, 1ª Sala de lo Penal.

Es fiel copia de su original. - Quito, 15 de marzo del 2001.

Certifico. - f.) Secretario Relator.

N° 358 - 98 - OR

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 21 de febrero del 2001; las diez horas.

VISTOS: Julia Petrona Murquincho Angamarca interpone recurso de casación de la sentencia condenatoria dictada por el Primer Tribunal Penal de Loja, que le impuso la pena de treinta días de prisión correccional, más las costas, daños y perjuicios, por considerarle autora del delito de sustracción de ganado, tipificado en el artículo 547 y sancionado en el artículo 548 del Código Penal. Habiendo concluido el trámite sin que aparezca omisión de formalidad sustancial alguna, ni violación del procedimiento que lo invalide; y siendo competente esta Sala para resolver el recurso - por lo dispuesto en el articulo 200 de la Constitución Política de la República y en el Código de Procedimiento Penal - ; para decidir considera: PRIMERO. - La recurrente fundamente su recurso en la falsa aplicación de la ley y en la errónea interpretación de las normas legales, especialmente la violación de los artículos 157, 326 y numeral 3 del articulo 333 del Código de Procedimiento Penal, pues, según sostiene se le ha condenado sin que se haya comprobado la existencia del delito so su responsabilidad; tanto que el juzgador no indica en la sentencia cómo se las comprobó. - SEGUNDO. - El Primer Tribunal de lo Penal de Loja declaró comprobada la existencia del delito de hurto de un torete sin marca, con señales en ambas orejas rayadas en las puntas, color negro, con pintas blancas en la panza, de un año de edad aproximadamente, a través de los testimonios propios de las señoras Enma Genoveva Cuenca Fernández y de Nilda Edith Fernández Cuenca, y en el reconocimiento del lugar de los hechos; y la responsabilidad de la procesada con los testimonios de Florentino Chunco Puchaicela, de Marlene Sisalima Pinta y de Domingo Buri Puchaicela. - TERCERO. - La doctrina y la jurisprudencia son coincidentes en sostener que la valoración de la prueba es una facultad exclusiva del Tribunal Penal; y por ello, esta Sala en reiterados fallos se ha pronunciado manifestando que solo en casos excepcionales de indebida o falta de aplicación de las reglas valorativas de la prueba procede un nuevo análisis de las mismas por el Tribunal de Casación, pues entonces habría en la sentencia violación de las normas legales contenidas en los artículos 62 y 64 del Código de Procedimiento Penal. - Por lo expuesto, como no cabe en el presente caso reexaminar la prueba analizada por el Tribunal Penal, que actuó en su valoración con sujeción a las reglas de la sana crítica, y en base a las cuales se declaró comprobada, conforme a derecho, la existencia de la infracción y la responsabilidad de la imputada, esta Primera Sala de Casación Penal estimando improcedente el recurso de casación deducido por Julia Petrona Murquincho Angamarca, con arreglo a lo que manda el vigente artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial número 360 de 13 de enero del año en curso, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, así lo declara. - Devuélvase el proceso al inferior para que haga ejecutar esta sentencia. -Notifíquese.

CERTIFICO.

Fdo.) Dres. Eduardo Brito Mieles, Magistrado Presidente, Carlos Xavier Riofrío Corral, Magistrado y Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico.

f.) El Secretario Relator.

Corte Suprema de Justicia, 1ª Sala de lo Penal.

Es fiel copia de su original. - Quito, 19 de marzo del 2001.

Certifico.

f.) Secretario Relator.

N° 359 ­ 98 - OR

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 20 de febrero del 2001; las diez horas.

VISTOS: Manuel María Tope Pincha y Maria Celinda Tope Soria interponen recurso de casación de la sentencia del Tribunal Penal de Cotopaxi que en el juicio por destrucción de cultivos los condena a quince días de prisión correccional, más costas, daños y perjuicios. El proceso ha subido en grado a esta Sala por sorteo; y, siendo el caso para dictar sentencia, se la expide bajo las consideraciones siguientes: PRIMERO. -Declárase la validez del trámite de casación por estar cumplidas las solemnidades sustanciales inherentes a su naturaleza, sin vicio u omisión que influya en la decisión del recurso. - SEGUNDO. - Este Tribunal es competente para dictar el presente fallo con amparo en el artículo 200 de la Constitución Política de la República, las normas del Código de Procedimiento Penal en relación con la regla vigésima del articulo siete del Código Civil. - TERCERO. - En auto de 21 de enero de 1999 se declaró desierto el recurso de María Tope, por no pedir plazo para fundamentar su impugnación. - CUARTO. - Los recurrentes interpusieron su objeción, apoyándose indebidamente en el articulo sexto de la Ley de Casación, aspecto que habría bastado pata desechar la impugnación porque en materia penal el recurso, según el articulo 20 de la Ley de Casación, se rige por las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal, sin embargo, la norma del numeral 10 del artículo 24 de la Constitución, se liga al debido proceso y como tal, es prevalente aquella norma para asegurar el derecho de defensa de los procesados sentenciados, quienes señalan que en la sentencia por la cual recurren, se ha interpretado incorrectamente el inciso primero del articulo 124 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto al testimonio instructivo que por sí solo no constituye prueba. - QUINTO. - Insistiendo en su equivocación, el procesado Manuel María Topa Pincha al fundamentar el recurso se apoya "en el numeral segundo del artículo tres de la Ley de Casación expresando "que en el fallo hay aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas procesales, cuando hayan viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa y que la respectiva nulidad no hubiere quedado convalidada legalmente". Sobre esta impertinente exposición, pide al Tribunal de Casación declare la nulidad desde el auto de llamamiento a juicio plenario, más aún "cuando en este caso se ha demostrado con testigos que el día de los hechos Tope Pincha estaba trabajando como albañil en la ciudad de Quevedo, provincia de Los Ríos a la orden del Ing. Enrique Chicaiza, su empleador, como lo acreditan Ulices Fuentes y Marcelo Kuri a fojas 140 y 141 de los autos. - SEXTO. - A la fundamentación, el señor Ministro Fiscal General subrogante contesta señalando las falencias de este escrito que a su entender es ineficaz para casar la sentencia en la cual no hay violación de derecho. - SEPTIMO. - En el fallo impugnado son relevantes los considerandos tercero y cuarto, que sirven para "comprobar la existencia del delito con la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos, de fojas 5 vuelta". Al respecto, este Tribunal de Casación comprueba haberse realizado ese "reconocimiento" como diligencia preprocesal el día 23 de diciembre de 1996 a las nueve horas cuarenta minutos por el Juzgado Tercero de lo Penal y con peritos designados por el Juez Carlos Camacho Onofre ante quien, los peritos Beatriz Ñeto Loja y Héctor Trajano Pilatásig, a folios cuarto, utilizando el mismo papel y máquina del Juzgado, un día después del presunto "reconocimiento ocular del lugar de los hechos" a pedido del que sería más tarde acusador particular Washington Cevallos, transcriben textualmente y sin cumplir las exigencias del articulo 77 del Código de Procedimiento Penal la observación escueta del Juez Camacho Onofre; y, sobre esta base, se expide el auto cabeza de proceso, sin que este Juez, ni quien lo sustituye expidiendo el auto de apertura al plenario, Dr. Rafael Amador Herrera Bastidas, hubieran proveído y evacuado el reiterado pedido de los procesados para que se practique dentro del sumario el reconocimiento del lugar de los hechos para cumplir lo dispuesto en los artículos 69 y 70 ibídem, sin que pueda considerarse legal ni eficaz la diligencia preprocesal a la que alude el considerando tercero de la sentencia impugnada que contraviene a la norma del articulo 121 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la prueba debidamente actuada y practicada de acuerdo con la ley, para que tenga fe en juicio, cuestión que en materia penal obliga a los jueces intervenir personal y directamente en la práctica de los actos procesales de prueba, cuidando que se realicen con observancia de las normas legales, como ordena imperativamente el artículo 62 del código ya indicado, inobservado en el presente trámite, así como también el artículo 63 idem, dejando de investigarse en el sumario los antecedentes personales de los sindicados, así como los factores desencadenantes del presunto delito . Sobre la responsabilidad de los sindicados - según el considerando cuarto - la sentencia se apoya en un solo testimonio cuestionado en su validez, con tacha que debió prosperar si el Juez de la causa hubiera formulado las preguntas constitucionales 6ª, 7ª ,8ª 9*, 10, 11* del pliego de los sindicados cuando Angel Patricio Gutiérrez Conrado rindió su testimonio propio constante en el folio 119, preguntas omitidas sin justificación alguna, dejando en indefensión a dichos sindicados contra quienes por contraste, acepte como prueba el testimonio instructivo del acusador particular por estimarlo corroborado con la declaración ineficaz de Gutiérrez Conrado. Finalmente, según la sentencia, es sustento de responsabilidad penal, la interpretación indebida y desnaturalizante que realiza el Tribunal Penal del contenido de la declaración indagatoria de Manuel María Tope Pincha de la que infiere que el acusador particular hizo los sembríos y por ende sufrió el perjuicio sobre un terreno que Topa Pincha en ese momento alegó ser suyo. Por tanto, si no hubo comprobación conforme a derecho del presunto delito acusado, ni en esa indagatoria existe admisión de responsabilidad hecha en forma libre y voluntaria por el sindicado Topa Pincha, se transgrede en la sentencia la norma del articulo 127 del Código de Procedimiento Penal por haberse dado al testimonio indagatorio valor de prueba contra el procesado recurrente, cuestiones que dejadas de aplicar en la sentencia, contrastan con el demérito de los testimonios aportados por el sindicado Topa Pincha mencionados en el considerando quinto y de cuya conformidad con la verdad, pierde sustento la afirmación de que tales declaraciones sean contrarias a la declaración del testigo presencial Gutiérrez Conrado, todo lo cual, permite en el orden lógico del presente fallo, determinar que el Tribunal Penal de Cotopaxi con violación de normas de derecho e indefensión de los procesados, inaplicó las reglas valorativas de la prueba e incumplió también el mandato del inciso final del artículo 333 del Código de Procedimiento Penal. En consecuencia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, según lo que ordena la parte final del Vigente artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, reconociendo que la fundamentación del recurrente es equivocada, pero existe violación legal en la sentencia conforme ha quedado demostrado, rectificando los errores de derecho que la vician, declara absuelto al recurrente Manuel María Tope Pincha, beneficio que alcanza también a la co - sindicada María Topa, pese a la deserción de su recurso, porque en esta causa indivisible, no se han cumplido las exigencias de los artículos 157 inciso tercero del artículo 326 del Código de Procedimiento Penal. Con costas, daños y perjuicios a cargo del acusador particular Washington Cevallos por la temeridad de su acción y amonestación a los jueces integrantes del Tribunal Penal por inobservar las falencias procesales mencionadas y no aplicar las normas del debido proceso en los términos que contiene esta sentencia. Devuélvase el proceso al Tribunal de origen para los efectos de ley. Notifíquese y cúmplase.

Fdo.) Dres. Eduardo Brito Mieles, Magistrado Presidente, Carlos Riofrío Corral, Magistrado y Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico.

f.) El Secretario Relator.

Corte Suprema de Justicia, 1ª Sala de lo Penal.

Es fiel copia de su original. Quito, 19 de marzo del 200I. Certifico.

f.) Secretario Relator.

N0 377 - 98 - MA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 25 de enero del 2001; las 09h00.

VISTOS: Por el sorteo legal se ha radicado es esta Sala el conocimiento y resolución del recurso de casación propuesto por Juan Francisco Andrade Alzamora de la sentencia expedida por la Sexta Sala de la Corte Superior de Quito que en el juicio por tráfico de precursores químicos le impone la pena de ocho años de reclusión mayor ordinaria y multa de cien salarios mínimos vitales, como autor del delito que tipifica y reprime el artículo 84 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Esta Sala observa que los recursos de casación de otros procesados en este enjuiciamiento, según constancia de folios 1744 y 1749 fueron declarados prematuramente interpuestos e ilegalmente concedidos, según providencia ejecutoriada de 8 de diciembre de 1999. El recurso de casación materia de la presente resolución fue interpuesto con las normas del Código de Procedimiento Penal vigentes antes del 13 de enero del 2000, por lo que con arreglo al entonces vigente artículo 376 el impugnante fundamentó su objeción de la sentencia en el plazo legal, señalando en su extenso escrito de fojas 9 a 19 que el fallo por el que recurre viola los artículos 61, 66 del Código de Procedimiento Penal, numerales 7 y 8 del artículo 24 de la Constitución Política de la República y los numerales 3, 4 y 9 del artículo 333 ibídem enfatizando que en esta causa no se ha demostrado conforme a derecho su autoría del ilícito por no haber participado en su cometimiento. El estado procesal del presente trámite es para sentencia que se expide bajo las consideraciones siguientes: PRIMERO. - La competencia de este Tribunal de Casación que esta determinada por los artículos 200 de la Carta Política del Estado y las normas del Código de Procedimiento Penal, en relación con la regla vigésima del artículo 7 del Código Civil. - SEGUNDO. - A la fundamentación del recurso, contesta el Ministerio Público y a través de su titular la señora Ministra Fiscal General estima que no hay violación de derecho en la sentencia impugnada por ninguno de los presupuestos del artículo 373 del Código de Procedimiento Penal, siendo en su opinión improcedente el recurso. - TERCERO. - La casación penal es un recurso especial para determinar si en la sentencia haya o no violación de derecho por las causales del artículo 373 del Código de Procedimiento Penal lo que se logra verificando si las conclusiones expresadas en la sentencia que se impugna mantienen un ordenamiento lógico, congruente y jurídico con los hechos relatados y aceptados como verdaderos y si las disposiciones legales aplicadas corresponden a lo que el fallo declara sobre absolución o condena: la casación prospera cuando su fundamentación demuestre que el fallo por el cual se recurre no guarda conformidad con la Constitución Política y la ley. En el presente caso, la fundamentación del recurrente no logra ese objetivo probatorio de transgresión legal en la sentencia y queda reducida a invocar que el Tribunal Penal que dictó la absolución, incumplió ciertamente el mandato del inciso segundo del numeral 8 del artículo 24 de la Constitución Política, cuando, "sin excepción alguna, dictado él auto de sobreseimiento o la sentencia absolutoria, el detenido recobrará inmediatamente su libertad sin perjuicio de cualquier consulta o recurso pendiente" principio que como el que contiene el artículo 341 del Código de Procedimiento Penal han sido inaplicados en perjuicio del recurrente y que esta Sala observa que no reclamé en tiempo oportuno, hasta cuando el proceso subió al superior por la consulta obligatoria del fallo absolutorio emitido a su favor, conforme ordena el artículo 122 de la Ley Especial de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en relación con los artículos 398 y 401 del Código de Procedimiento Penal. Esta omisión que en forma alguna comporte transgresión de derecho en la sentencia de la Sexta Sala de la Corte Superior de Quito que es la providencia recurrible por vía de casación y no la del Segundo Tribunal de lo Penal de Pichincha, sin posibilidad legal de ser impugnada por el efecto suspensivo de la consulta obligatoria. Además, es ineficaz la fundamentación porque no basta la simple alegación de violación de los artículos 61 y 66 del Código de Procedimiento Penal, sino que es exigencia estricta y rigurosa del artículo 377 ibídem, aportar los fundamentos jurídicos justificantes de esa presunta violación. Igual observación formula esta Sala sobre los numerales 3,4, 5 y 9 del articulo 333 de aquel código, que están cumplidos en el fallo. - CUARTO. - Reconociendo que la sentencia se funda en la recta aplicación de los artículos 61, 65, 66 y 67 del Código de Procedimiento Penal, esta Sala califica de válida y eficazmente probatoria la declaración preprocesal del recurrente por haber sido rendida conforme a la exigencia del numeral 5 del articulo 24 de la Constitución Política del Estado, a partir de cuyo testimonio, el informe de la prolija indagación policial y demás pruebas, incluida la aportada por vía de presunción sobre el nexo causal entre la infracción y sus responsables, conforme a las exigencias del artículo 66 ya mencionado, fueron apreciadas y valorizadas por el Tribunal de instancia en forma racional, congruente y lógica para definir en su fallo la responsabilidad del recurrente, sin que en este procedimiento valorativo con sana crítica ordenado por el artículo 64 ibídem entrañe violación legal. Por las consideraciones que anteceden, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Sala, con aplicación del vigente artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, promulgado en el Registro Oficial de 13 de enero del 2000, estima improcedente el recurso interpuesto por Juan Francisco Andrade Alzamora, lo declara así y dispone devolver el proceso al inferior para la ejecución de la sentencia. Notifíquese y cúmplase.

Fdo.) Dres. Eduardo Brito Mieles, Magistrado Presidente, Carlos Riofrío Corral, Magistrado y Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico.

f.) El Secretario Relator.

Quito, veinte y cinco de enero del dos mil uno a las doce horas, mediante boletas con la sentencia que antecede, notifico a la señora Ministra Fiscal General en el casillero judicial N° 1207; al señor Procurador General del Estado en el casillero N0 1200; a Jairo Laverde Chabur en el casillero N° 1861; a Juan Andrade Alzamora en el casillero N° 122 y N° 53; a Mario Caguana en el casillero N° 1998; a Jorge González en el casillero N0 538; al Dr. Pablo Castañeda en el casillero N0 2011.

Certifico.

f.) El Secretario Relator.

RAZON: En esta fecha devuelvo el juicio N° 377.98 MA., que por tráfico de precursores químicos, se sigue en contra de Jeito Laver de Chambur y otros, en 1901 fs. incluida la ejecutoria suprema, diecinueve cuerpos.

Quito, 8 de febrero del 2001.

Certifico. - f.) Secretario Relator.

Corte Suprema de Justicia, 1ª Sala de lo Penal.

Es fiel copia de su original.

Quito, 19 de marzo del 2001.

Certifico.

f.) Secretario Relator.

N° 19 - 99 - MA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 7 de febrero del 2001; las diez horas.

VISTOS: Por el sorteo legal, ha correspondido a esta Primera Sala de Casación Penal, el conocimiento y decisión del recurso interpuesto por el Agente Fiscal Primera de lo Penal del Cañar en el juicio por violación a Elvia Ortiz que impone al procesado sentenciado Miguel Angel Ortiz Pérez la pena de diez años de reclusión mayor como responsable de ese delito en la persona de su hija menor de ocho años de edad, infracción tipificada en la circunstancia del numeral uno del articulo 512 del Código Penal y reprimido según los artículos 513 y 515 incisos primero y segundo ibídem. Por legalmente interpuesto el recurso por el Agente Fiscal Primero de lo Penal del Cañar, esta Sala notificó a las partes la recepción del proceso para los fines de fundamentación, como en efecto, lo hizo el señor Ministro Fiscal General subrogante,. debidamente autorizado por su titular, insistiendo en el recurso de por el Agente Fiscal y al sustentar su impugnación, expresa que la pena debió ser aumentada no en 2 años sino en cuatro años en razón del parentesco probado y en apoyo del inciso segundo del artículo 515 del Código Penal, de acuerdo con la reforma introducida a la disposición legal mencionada y publicada en el Registro Oficial N0 365 del 21 de julio de 1998. Por agotado el trámite del recurso de casación, para dictar sentencia, la Sala considera: PRIMERO. - Que es competente pera decidir la causa por las facultades que le confieren el artículo 200 de la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica de la Función Judicial y el Código de Procedimiento Penal, en relación con la regla vigésima del artículo 7 del Código Civil, aplicable a la presente resolución. - SEGUNDO. - Que es válido el trámite del recurso y así lo declara, por no haberse omitido solemnidad alguna que pueda influir en la presente decisión. - TERCERO. - Esta Sala en reiterados fallos ha expresado que si bien por doctrina, el recurso de casación debe concretarse al examen de la sentencia para determinar si en ella hay o no error de derecho, en casos especiales en que la fundamentación genere dudas sobre la aplicabilidad de las reglas que sirven pera valorar las pruebas, el Tribunal de Casación tiene el deber legal y de conciencia analizar los autos, para la cabal administración de justicia y con ello determinar si la conclusión resolutiva expresada en la sentencia que se impugna, guarda lógica y coherencia con los hechos incriminados, probados y aceptados como verdaderos; y, si las normas legales aplicadas, son las pertinentes al caso que se resuelve. El presente enjuiciamiento es de violación a una menor de ocho años de edad, delito que inculpe a su padre como presunto infractor. En consecuencia, es de especial responsabilidad el juzgamiento con sujeción estricta a las normas de la Constitución y la ley, y los méritos procesales. - CUARTO. - La causa que se resuelve está contenida en 83 folios, más las actuaciones de sustanciación del recurso. De esta forma, sobre el expediente certificado del Tribunal de Menores relativo a "la violación" de que ha sido víctima la menor Elvia Anita Ortiz Bermejo, el Juez levanta auto cabeza de proceso en forma directa en contra de Miguel Ortiz y más autores, cómplices y encubridores del delito descrito en dicho expediente. El informe Policial concluye - folios 11 y 12 - que Miguel Angel Ortiz Pérez, en su declaración preprocesal narra con lujo de detalles que llegaba embriagado a su domicilio y aprovechándose de la ausencia de su esposa y por libar con ella, descuidando sus deberes morales de cuidado y proteger a los hijos comunes, abusaba sexualmente de su hija. Ligado a este informe, el procesado sentenciado, en su declaración ante la Subjefatura de la Oficina de Investigación del Delito del Cañar, expone su versión de los hechos y en esencia dice que en dos ocasiones en que llegó embriagado a su casa habitación, mientras estaba ausente su cónyuge cayó con ataques epilépticos encima de la niña Elvia Anita Ortiz y que luego esta denunció a sus abuelos, a su mujer y a la Directora de su escuela, el abuso sexual cometido por su padre. La Sala observa, que el acta de esta declaración, por parte del proceso investigativo solo está suscrita por el sindicado y el investigador, sin constancia alguna de intervención de abogado particular del reo ni de profesional en derecho asignado por el Estado, por lo que carece de eficacia probatoria tal declaración, según el mandato del inciso final de la letra f) del numeral 19 del artículo 22 de la Constitución Política de la República vigente al tiempo de aquella declaración prejudicial - hoy numeral 5 del articulo 24 ibídem - pero sin embargo, lo dicho por el procesado, contribuye a formar en sana crítica, el juicio de valor sobre la verdad del presente juicio penal, teniendo como base la prueba para el fin de decidir si se ha cometido el delito, y si lo ha sido por el procesado Ortiz Pérez Miguel Angel. - QUINTO. - Las reglas de la prueba y sus motivos en el proceso penal son básicamente, el interés de la sociedad y necesidad de castigar a todo culpable; la protección debida a las libertades, individuales de orden constitucional y legal que pudieran estar afectadas por el proceso penal y la obligación de no imponer jamás sanción penal a un inocente. En la presente causa se acredita en el folio 41 el informe que suscriben el médico y el psicólogo clínico de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, sobre la personalidad psicosomática certificando que el procesado empezó a ingerir licor desde los años de edad en moderada cantidad y por lo menos una vez a la semana; que a los diez y siete años comienza en el paciente distonías neurovegetativas, como le ocurre en los seis meses posteriores al examen efectuado el 7 de octubre de 1997 y de cuyo examen electroencefalográfico, dicho ciudadano demuestra límites normales sin patología en todos sus sistemas fisiológicos, incluyendo su estado mental y de personalidad, con capacidad intelectual normal inferior - aptitud práctica; inestabilidad, falta de control emocional (sin que los médicos examinadores precisen en que grado y medida, lo que configura contradicción evidente, con su aserto de que el procesado tiene sus sistemas fisiológicos normales) y concluyen expresando que su personalidad es pasivo - agresivo, asociado al alcohol, informe médico y de psicología clínica que permite a esta Sala inferir que el sentenciado es un hombre mentalmente normal, que aprecia con su capacidad intelectual la realidad para actuar con inteligencia en el medio ambiente socio - cultural en que vive, dentro de una adaptación activa, lógica y útil, entre los hechos, cosas y personas; y, con mayor razón, con el entorno de su propia familia, a la que debe cuidado, protección y ejemplo de orden ético y moral. Esta normalidad y capacidad intelectivas, permitieron que los juzgadores precedentes, no necesitaran pruebas adicionales ilustrativas sobre imputabilidad o ininputabilidad del reo, en caso de sospechar algún grado de alienación mental de Ortiz Pérez. - SEXTO. - Sobre las actuaciones y diligencias mencionadas, que corren hasta el folio 52, se expide el auto de apertura para la etapa plenaria constante en los folios siguientes, que por ejecutoriarse da lugar a la inmediata sustanciación de aquella etapa, con audiencia pública de juzgamiento en la cual el Agente Fiscal Primero de lo Penal Dr. Rubén Hugo Ochoa (recurrente en este proceso penal) estima falta total de prueba y por ello no podía formular acusación alguna en contra del procesado, situación ante la cual, el Tribunal, suspendió el pronunciamiento de la sentencia hasta recepta las declaraciones testimoniales de Lupita Rojas de Porras, Consolación o Consuelo Siguencia, Hilario Ortiz y Angel María Ortiz Siguencia, mencionados en los informes de la Trabajadora Social del Tribunal de Menores del Cañar al que ya se hizo referencia, reiniciándose la audiencia pública para continuar los debates de ley, en la que el Agente Fiscal de lo Penal, no niega el abuso sexual, pero no acepte la validez de la prueba actuada por carecer de valor, y señalando que la prueba es muy escaza, se abstiene nuevamente de acusar al procesado, mientras el defensor público, pide la absolución de Ortiz Pérez. - SEPTIMO. - La fundamentación hecha por el señor Ministro Fiscal General subrogante, contradice la opinión del Agente Fiscal que propuso el recurso cuyos razonamientos constantes en el escrito de interposición - fojas 82 - se orientan, sin expresarlo de manera concreta y específica, a favorecer al procesado, por aquella falta de probanza suficiente, existencia de diligencias referenciales, y otras que a su entender carecen de valor y eficacia según expuso en los debates de la audiencia pública. - OCTAVO. - La Sala de Casación, comparte la opinión del señor Ministro Fiscal General subrogante, formulada con vista de autos, valoración de la prueba y examen de la sentencia, como ha efectuado igualmente este Tribunal que determina, la correcta aplicación del inciso segundo del artículo 326 del Código de Procedimiento Penal para la expedición del fallo condenatorio contra el procesado, autor de violación en la persona de su hija menor de edad, pero con error en la imposición de la pena en razón del parentesco demostrado, que según el inciso segundo del artículo 512 del Código Penal, debió ser aumentada en cuatro ellos y no en do. como dice la sentencia. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa el error de derecho en la sentencia y rectificándolo, declara que Miguel Angel Ortiz Pérez, cuyos datos de identidad constan de autos, es autor de violación a su hija menor de ocho años de edad, infracción tipificada en el numeral uno del artículo 512 del Código Penal y reprimida según la primera parte del articulo 513 ibídem, cuya pena mínima fluctuante entre 8 y 12 anos de reclusión mayor debe ser aumentada en 4 años, según ordena el artículo 515 inciso primero y segundo del indicado código. Por ello, se le impone pena de doce silos de reclusión mayor extraordinaria, debiendo descontarse el tiempo que hubiere permanecido detenido por este enjuiciamiento e infracción. Con coste y devuélvase el proceso al Tribunal de origen para los fines de ley. Notifíquese.

Fdo.) Dres. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado Presidente, Eduardo Brito Mieles, Magistrado, Carlos Riofrío Corral, (Voto Salvado), Magistrado.

Certifico. - f) El Secretario Relator.

Corte Suprema de Justicia, 1ª Sala de lo Penal.

Es fiel copia de su original. - Quito, 15 de marzo del 2001.

Certifico.

f) Secretario Relator.

VOTO SALVADO DEL DOCTOR CARLOS X. RIOFRÍO CORRAL.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 7 de febrero del 2001 las diez horas.

VISTOS: Me aparto del criterio de la mayoría y salvo mi voto por las consideraciones siguientes: PRIMERO. - El Tribunal Penal expidió la sentencia condenatoria sustentándose en la declaración preprocesal rendida por Miguel Angel Ortiz Pérez sin la presencia de un abogado que patrocine su defensa, declaración carente de valor probatorio por lo dispuesto en el numeral 5 del articulo 24 de la vigente Constitución Política de la República (inciso tercero del literal f del numeral 19 del artículo 22 de la anterior Carta) como lo reconocen los señores magistrados que suscriben el voto de mayoría de esta Sala, violación de la Ley Suprema que es el fundamento del Agente Fiscal para interponer el recurso de casación a favor del procesado; quien al rendir su testimonio indagatorio se limitó a negar el cometimiento del delito; sin que ante esta negativa contundente tenga asidero alguno lo supuestamente afirmado ante los agentes de investigación policial en ausencia de abogado defensor, por mas que se haga aplicación de las reglas de la sana crítica, las cuales deben emplearse solo para valorar las pruebas válidas y no las que carecen de eficiencia probatoria. - SEGUNDO. - Del análisis de la sentencia impugnada en relación con las pruebas que obran de autos se desprende que el juzgador solo examinó la inválida declaración preprocesal dejando de considerar otros medios de prueba válidos, por debidamente actuados, que analizados según las reglas de la sana crítica llevan a declarar comprobada en grado de certeza tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del imputado, como se desprende en forma incontrastable de la declaración instructiva de la víctima, corroborada por las certificaciones médicas incorporadas al proceso, así como por el hecho de que la menor ofendida fugó de su hogar y fue entregada a su madre por intervención del Tribunal de Menores del Cañar, y finalmente por la información de la Visitadora Social de ese órgano judicial de menores que relata la situación en que se encontraba la víctima cuando fue entrevistada por ella, a quien le describió las circunstancias en que se perpetró la infracción, coincidiendo tal descripción con lo narrado por la menor ofendida en la declaración instructiva. - TERCERO. - Si el Agente Fiscal interpuso el recurso obrando a favor del reo como quedó dicho, para que se case la sentencia por haber el juzgador dado equivocadamente valor de prueba a la ineficaz declaración preprocesal de Miguel Angel Ortiz Pérez, esta Sala no puede agravar su situación por la prohibición, elevada a garantía constitucional de debido proceso, conocida como "non reformatium in pejus", contenida en el numeral 13 del artículo 24 de la Carta Política. - Por lo expuesto, estimando procedente el recurso, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, consigno mi voto en el sentido de que existe violación de la ley en la sentencia al haberse fundado el Tribunal Penal únicamente en la declaración preprocesal del imputado, carente de valor probatorio y no haberse valorado las otras pruebas anteriormente mencionadas que acreditan la existencia de la infracción y la responsabilidad del procesado, y en mérito de las cuales le encuentro culpable del delito de violación que tipifica el articulo 512 del Código Penal, debiendo mantenerse la pena de diez años de reclusión mayor, que es la sanción que el Tribunal Penal determina en su sentencia por aplicación del artículo 515 ibídem, sanción que no puede agravarse, ni aún por causa de error, en cumplimiento de lo preceptuado en el numeral 13 del articulo 24 de la Constitución Política. - Notifíquese.

Fdo.) Dres. Carlos X. Riofrío Corral, Magistrado, Eduardo Brito Mieles, Magistrado Presidente, y Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico. - f.) El Secretario Relator.

Corte Suprema de Justicia, P Sala de lo Penal.

Es fiel copia de su original. - Quito, 15 de marzo del 2001.

Certifico.

f.) Secretario Relator.

N° 46 ­ 99 - JO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 20 de febrero del 2001; las 08h50.

VISTOS: El acusador particular José Gaibor Silva plantea recurso de casación de la sentencia expedida por el Primer Tribunal Penal de Los Ríos con la cual en el juicio por asalto y robo absuelve a Jorge Eduardo Barrera y declara maliciosa y temeraria la acusación particular del recurrente. El proceso ha subido en grado por sorteo a esta Sala que asume competencia para decidir sobre el recurso, amparada por el artículo 200 de la Constitución Política del Estado y las vigentes normas del Código de Procedimiento Penal, en relación con la norma vigésima del artículo siete del Código Civil; y, atento el estado procesal de la causa, para dictar sentencia, considera: PRIMERO. - Que el recurso ha sido sustanciado con arreglo a la Constitución y la ley, sin omisión alguna de solemnidad que pueda afectar su validez. - SEGUNDO. - José Luis Gaibor Silva fundamente su recurso en extenso manifiesto de folios 7 a 14 y luego de relatar el contenido del proceso a partir de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Penal de Los Ríos, concrete su impugnación afirmando que se encuentra establecida procesalmente la existencia de la infracción y la responsabilidad penal de Jorge Eduardo Barrera y por ello, en su opinión, la sentencia contraviene expresamente a dicho acervo probatorio y que en el fallo, dicho Tribunal "ha hecho falsa aplicación o ha interpretado erróneamente", violando los artículos, 61 al 68, 69, 70, 78, 88, 99, 105, 106, 124, 127, 157, 215, 292, 326, 333 y 380 del Código de Procedimiento Penal y los artículos, 119, 120, 121, 125, 184, 280, 1062 y 1067 del Código de Procedimiento Civil, así como las normas de los artículos 192, 23 y 24 de la Constitución Política del Estado", exposición con la cual pide cazar la sentencia para que se condene a Jorge Eduardo Barrera conforme al numeral 2 del artículo 552 del Código Penal. - TERCERO. - A la fundamentación del recurso, el señor Ministro Fiscal General subrogante, conteste observando que el impugnante pretende revalorar la prueba ya actuada por el juzgador que expidió la sentencia; sostiene que el reçurrente "no señala ni demuestra en cuál de los tres supuestos del artículo 373 funda su recurso, incumpliendo así elementales normas de procedimiento que obligan la determinación clara y precisa del artículo o norma legal base del recurso" y concluye que no existe error de derecho que deba emnendarse en la sentencia. - CUARTO. - La sentencia sometida á casación llega a la Sala con indebida foliatura de las diez fojas que la integran, con redacción carente de sintaxis, sin claridad ni precisión conceptual, especialmente a partir del considerando tercero y comienzo del octavo, falencias que sin embargo, permiten a este Tribunal apreciar que el órgano judicial inferior que expidió aquel fallo, juzgó el presunto asalto y robo del automotor hecho denunciado y acusado por José Gaibor Silva y valoró con sana crítica las pruebas aportadas por las partes, destacando en el considerando octavo de la sentencia razonamientos de orden lógico en relación con aquel hecho y las diligencias probatorias actuadas en la causa, que el Tribunal Penal de Los Ríos analiza y sobre las cuales concluye, que "repugna al entendimiento la narración del denunciante - acusador de haber sido asaltado por Marco Antonio Barrera y Jorge Eduardo Barrera", en las circunstancias que describe la denuncia inicial de folios tres, ampliada a fojas ocho y en la acusación particular del folio cuarenta y cinco. Es sobre este análisis que contiene el considerando octavo del fallo impugnado, que el juzgador inferior asume conciencia, convicción y certeza de la verdad de los hechos, ámbito en el cual dicte sentencia absolutoria en favor del procesado Jorge Eduardo Barrera, pronunciamiento judicial que en forma alguna configura violación de derecho. - QUINTO. - Entre las garantías del debido proceso penal la parte final del numeral 13 del articulo 24 de la Constitución Política preceptúa que al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá empeorar la situación del recurrente. Así mismo, el articulo 347 del Código de Procedimiento Penal ordena que ningún Tribunal Superior podrá empeorar la situación jurídica del procesado, si éste ha sido el único recurrente. En ambas normas, la suprema y la subalterna de la ley adjetiva, establecen una prohibición imperativa de no agravamiento de la situación jurídica tanto del que recurre, como del procesado cuando éste es el único impugnante. Para el caso en juzgamiento, es recurrente el denunciante - acusador particular y no el procesado, cuya situación jurídica absolutoria no ha lugar a modificarse, porque el fallo recurrido es legal. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Sala, con aplicación del articulo 358 del Código de Procedimiento Penal estima improcedente el recurso de casación propuesto por José Gaibor Silva; lo declara así y dispone devolver el proceso al Tribunal Penal de origen para los fines de ley. - Notifíquese y cúmplase.

Fdo.) Dres. Eduardo Brito Mieles, Magistrado Presidente, Carlos Riofrío Corral, Magistrado y Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico.

f.) El Secretario Relator.

Corte Suprema de Justicia, 1ª Sala de lo Penal.

Es fiel copia de su original.

Quito, 19 de marzo del 2001.

Certifico.

f) Secretario Relator.

N° 53 ­ 99 - JO

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 14 de diciembre del 2000; las 10h00.

VISTOS: Rosa Elvira Espinoza Guanga en la acusación particular de fojas 1 manifiesta al Juez de lo Penal del Azuay que Carlos Ayabaca, Carmen Nivicela, Rosario Nivicela y Rosendo Nivicela, el 18 de noviembre de 1995 invadieron un fundo de su propiedad de nombre Quiro Shuma, jurisdicción de la parroquia de Baños, sector Nero del cantón Cuenca en la provincia del Azuay, ingresando a los terrenos de la compareciente con dos yuntas de bueyes y luego de iniciar tareas agrícolas, inicialmente arrasaron todos los sembríos que habla en la propiedad causándole por tal motivo serio perjuicio. Con estos antecedentes, solicite que se inicie el juicio penal, una vez que se ha cometido por parte de los invasores la infracción prevista y reprimida en el Art. 409 del Código Penal, esto es la destrucción de sembríos, solicitando además que se les imponga la pena prevista por la ley. Al concluir la primera instancia el Juez Primero de lo Penal del Azuay sobreseyó provisionalmente a los sindicados y la acusadora particular Rosa Elvira Espinoza Guanga solicitó que la Corte Superior revoque lo resuelto, como así en efecto ocurrió una vez que la Primera Sala de este Tribunal dictó auto de apertura del plenario incriminándoles la comisión del delito previsto en el Art. 409 del Código Penal, y fenecida esta etapa el Segundo Tribunal Penal del Azuay en fallo de 9 de noviembre de 1998 expidió sentencia condenatoria contra Manuel Carlos Ayabaca Sigua, María Rosario Nivicela Ayabaca, María Carmela Nivicela Ayabaca y José Rosendo Nivicela Ayabaca, reconociéndoles como coautores y responsables del delito de destrucción de un campo sembrado, violando así la garantía que se contiene en el Art. 409 del Código Penal, por lo que se les impuso la pena de treinta días de prisión correccional, habiéndolos sentenciado e interpuesto de inmediato el recurso de casación, por lo cual el proceso se halla en la Sala. Para decidir se formulan las siguientes consideraciones de orden jurídico: PRIMERO. -Este Tribunal dispone de las facultades jurisdiccionales suficientes para resolver el recurso por el cual el proceso ha sido remitido. - SEGUNDO. - El juicio se ha tramitado conforme a las reglas que le son propias, sin que exista causa alguna de nulidad que lo invalide. - TERCERO. - Dada la - naturaleza específica del recurso de casación, no compete al Tribunal entrar al análisis pormenorizado que se hace en la sentencia recurrida y en la cual se valora con criterio de sana lógica todo el aporte probatorio de la acusadora particular y de los acusados. De éste se infiere que los hechos por los que ha proseguido el presente enjuiciamiento contra los condenados se han probado de modo suficiente y ha quedado en evidencia la destrucción de sembríos que sufrió la acusadora por parte de los infractores, siendo el delito el que se señala en el Art. 409 del Código Penal, norma según la cual será reprimido con prisión de un mes a dos años y multa de 50 a 100 sucres el que hubiere talado o destruido un campo sembrado, o roto o descompuesto instrumentos de agricultura, parques de animales o las cabañas de los guardianes. De este modo el recurso de casación aparece inadmisible, toda vez que no existe error de derecho ni violación de la ley. - CUARTO. - El señor Ministro Fiscal en su dictamen manifiesta a la Sala que el recurso interpuesto por los sentenciados debe ser declarado improcedente, por considerar que la sentencia no se encuentra viciada por error de derecho que daba ser enmendado, debiendo devolverse el proceso al inferior para la ejecución de la sentencia. Con estos antecedentes, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Sala Especializada de la Corte Suprema en acatamiento de lo que dispone el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 360 de enero 13 del 2000, declara improcedente el recurso interpuesto por Manuel Ayabaca. María Rosario, Maria Carmela y José Rosendo Nivicela Ayabaca, en el presente juicio que por destrucción de sembríos siguió en su contra Rosa Elvira Espinoza Guanga, una vez que no existe violación de derecho que daba enmendare a través del recurso de casación, limitándose, a ordenar que se devuelvan los autos al Juez de primera instancia para la ejecución de la sentencia. Notifíquese.

Fdo.) Dres. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado, Eduardo Brito Mieles, Magistrado y Carlos Riofrío Corral, Magistrado.

Certifico. - f.) El Secretario Relator.

Es copia igual a su original. - Quito, 15 de marzo del 2001.

f.) Secretario Relator.

N° 157 - 99 - MA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 8 de diciembre del 2000; las 14h30.

VISTOS: John Trajano López Paredes en su calidad de procesado y Roberto Cunalata Lara como acusador particular interponen recurso de casación de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Penal de Tungurahua mediante la cual se condena al procesado por el delito de estupro a una hija menor de edad del acusador particular y se le impone la pena de tres años de prisión correccional. - El acusador particular a foja 4 del cuaderno de actuaciones de esta Sala, desiste de su recurso que lo acepte la Sala con providencia de 7 de julio de 1999, quedando en consecuencia para resolver el recurso interpuesto por el procesado, y para hacerlo considera: PRIMERO. - La Sala tiene potestad y competencia para decidir la impugnación por lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución Política del Estado y en el Código de Procedimiento Penal, al amparo de cuyas disposiciones ha sido sustanciado el recurso sin omisión de solemnidad sustancial alguna ni violación de trámite, por lo que declara su validez. - SEGUNDO. - El procesado alega en el escrito de fundamentación del recurso, que en la sentencia se ha violado la ley, concretamente del articulo 157 del Código de Procedimiento Penal, por habérsele condenado sin comprobación conforme a derecho de la existencia material de la infracción. - Examinada la sentencia esta Sala encuentra que la condena a tres, años de prisión correccional ha sido impuesta por el cometimiento del delito de estupro, esto es por la cópula con una mujer honesta menor de dieciocho años, empleando la seducción o engaño para alcanzar su consentimiento. - Los elementos constitutivos de esta infracción según el artículo 509 del Código Penal son: a) Las relaciones sexuales; b) Que la ofendida sea una mujer honesta, y, c) Que se emplee la seducción o el engaño por parte de quien comete la infracción. Según la sentencia consta de autos comprobada la minoría de edad de la agraviada, su condición de mujer honesta y el haber tenido relaciones sexuales con el acusado. Al respecto en la declaración preprocesal rendida por la menor en presencia de su padre como representante legal, manifiesta que conoce a John López desde cuando tiene uso de razón ya que "vivía con nosotros"; que a los doce años fue su enamorada y mantuvo relaciones sexuales en forma libre y voluntaria, habiendo perdido su virginidad en una relación que la tuvieron en el comedor de su casa, que nunca le ofreció matrimonio. Aclara que hace tres años López Paredes se casó con otra chica, pero a pesar de eso continuaba teniendo relaciones con él en forma libre. Esta declaración preprocesal es ratificada por la menor en su declaración instructiva que consta a foja 27 del cuaderno del sumario, pues afirma: Que su primera relación sexual la tuvo en el comedor de su domicilio, a la edad de doce años, con John Trajano López Paredes, sin que haya habido intimidación de ninguna clase y sin la utilización de droga, declara que no hubo violación ya que se encontraba enamorada de él y que continúo manteniendo relaciones con él en forma voluntaria no obstante que él ya se casó. No hay constancia en autos de prueba o referencia alguna en la sentencia sobre engaño o seducción del procesado, siendo la propia declaración de la agraviada la que demuestra que la cópula con John López Paredes no fue resultado de seducción o engaño, sino de su enamoramiento y libre consentimiento que pese, a la minoría de edad, reafirma la inexistencia de arte y maña para persuadir a dicha menor y vencer su voluntad, aspectos que no han sido probados en esta causa, por lo que se estima procedente el recurso, al no haberse comprobado conforme a derecho la existencia del elemento esencial para configurar la infracción acusada, esto es la seducción o engaño a la menor de edad, hija del acusador particular, para obtener su consentimiento. La base del juicio penal según el artículo 157 del Código de Procedimiento Penal, es la comprobación conforme a derecho de la existencia material de la infracción, así como la responsabilidad del imputado, norma legal concordante con el articulo 326 ibídem el cual preceptúa que para condenar a una persona se requiere que esté comprobada la existencia del delito o la responsabilidad del procesado. Si no lo estuviere o existiere duda sobre tales hechos debe dictarse sentencia absolutoria. - Como el Tribunal Penal de Tungurahua ha condenado al procesado sin estar debidamente comprobada conforme a derecho la existencia de la infracción, en todos sus elementos, esta Sala declara que hay violación de la ley en la sentencia y por ello para enmendar el error de derecho que vicia el fallo, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, promulgado el 13 de enero del año en curso, esta Primera Sala de Casación Penal, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia impugnada, declarando absuelto a John Trajano López Paredes del delito de estupro que le ha sido indebidamente imputado. - Como el acusador particular le imputó el delito de violación, que fue desestimado por el Tribunal Penal que como queda dicho tipificó equivocadamente la infracción como estupro sin estar probados sus requisitos esenciales y peor para imputar violación, esta Sala estima que no hay malicia ni temeridad en la acusación particular, considerando que el querellante, como padre de la menor, creyó de su derecho acusar lo que estimó un delito que su propia hija se encarga de desvanecer. - Con costas. - Fijase en ochenta dólares el honorario del abogado defensor del procesado. Devuélvase el proceso al Tribunal de origen. - Notifíquese.

Fdo.) Dres. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado Presidente, Eduardo Brito Mieles, Magistrado y Carlos Xavier Riofrío Corral, Magistrado.

Certifico. - f.) El Secretario Relator.

Corte Suprema de Justicia, 1ª Sala de lo Penal.

Es fiel copia de su original. - Quito, 15 de marzo del 2001.

Certifico.

f) Secretario Relator.

N° 171 - 99 - JOC

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO PENAL

Quito, 20 de febrero del 2001; las 08h30.

VISTOS: En el juicio penal por lesiones incoado por Ana Silva Villagómez en contra de Lidia Narcisa Sánchez el Segundo Tribunal Penal de Chimborazo impone a ésta la pena modificada de quince días de prisión correccional, multa de doscientos sucres, costas, daños y perjuicios. De la sentencia recurren en casación la acusadora particular y la procesada cuya impugnación quedó desierta por no fundamentarla según el auto ejecutoriado expedido por este Sala el 30 de junio de 1999 - folios 3 - . Por su parte la acusadora Ana Silva Villagómez sustenta su recurso afirmando que el Tribunal ha aplicado falsamente los artículos 464, 29 y los numerales 1, 4, 5 y 6 del 450 del Código Penal, dejando de aplicar también el artículo 64 del Código de Procedimiento Penal relativo a valorar la prueba con sana crítica y el 122 idem, por no ordenar la detención de testigos sospechosos de faltar a sabiendas a la verdad variando o discordando consigo mismo, dando respuestas evasivas o vacilando de modo equívoco en su atestación. En su fundamentación pide por estas presuntas violaciones legales en la sentencia, que se acepte su recurso y se imponga a la procesada el máximo de la pena de prisión y multa por las heridas o golpes que ella sufrió como agraviada. El estado procesal es para resolver el recurso bajo las consideraciones siguientes: PRIMERO. - La competencia de este Tribunal, con amparo en el artículo 200 de la Constitución Política de la República y el Código de Procedimiento Penal. - SEGUNDO. - La validez de este trámite que declara por cumplidas las exigencias y solemnidades de la ley, sin omisión alguna. - TERCERO.. A la fundamentación del recurso la señora Ministra Fiscal General, responde que en lo relativo a agravantes que invoca la impugnante, en la parte final del considerando séptimo de la sentencia, el Tribunal Penal precisa las atenuantes 6 y 7 del artículo 29 del Código de Procedimiento Penal y la inexistencia de agravantes. El considerando sexto del fallo, desestima la prueba testimonial de descargo por falta de credibilidad sin que los testigos hayan sido falsos y sus deponentes perjuros, razón por la que no se ordenó el enjuiciamiento penal de aquellos deponentes, como para el caso de Rosa Mariana Guanga e Ivonne Elizabeth Ronquillo, por lo que el Ministerio Público estima que el recurso crece de fundamento. - CUARTO. - Al examen de la sentencia este Tribunal establece que el órgano judicial que la expidió obró conforme a la ley, pues valorando cl acervo probatorio de las partes procesales, expide el pronunciamiento condenatorio en el nivel punitivo resultante de la aplicación acertada del articulo 464 del Código Penal, en relación con los artículos 73 y 60 idem, por corresponder a los hechos juzgados; la prueba valorada lógica y congruentemente, y la inexistencia de agravantes constitutivas o modificatorias a la acción delictual, todo lo cual genera la condena, que este Tribunal de Casación confirma. No hay en consecuencia, error de derecho que amerite rectificarse en la sentencia por la conformidad existente del hecho calificado y declarado por el Tribunal Penal como verdadero y la ley aplicada a la transgresión que se sanciona en el nivel modificatorio que el fallo contiene, acorde con el articulo 73 del Código Penal, aspecto eminentemente legal en razón de atenuantes y la discresionalidad que aquella norma permite al juzgador. Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, aplicando el vigente artículo 358 del Código de Procedimiento, la Sala declara improcedente el recurso de casación de Ana Silva Villagómez y ordena la devolución del proceso al Juzgado de origen para ejecutar la sentencia que condena a Lidia Narcisa Sánchez por el delito de lesiones. -Notifíquese y cúmplase.

Fdo.) Dres. Eduardo Brito Mieles, Magistrado Presidente, Carlos Riofrío Corral, Magistrado y Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado.

Certifico. - f) El Secretario Relator.

Quito, veinte de febrero del dos mil uno a las diez horas, mediante boletas con la sentencia, que antecede notifico a la señora Ministra Fiscal General, en el casillero judicial N 1207; a Lidia Sánchez en el casillero N0 181; a Ana Silva en el casillero N° 1901.

Certifico.

f.) El Secretario Relator.

Corte Suprema de Justicia, 18 Sala de lo Penal. Es fiel copia de su original.

Quito, 19 de marzo del 200I. Certifico.

f.) Secretario Relator.

EL I. CONCEJO DEL CANTON EL EMPALME

Considerando:

Que la Ordenanza que regula el servicio de agua potable en el cantón El Empalme ha dado cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes;

Que mediante oficio No. 0217 SGJ - 2001 - TCF del 6 de febrero del 2001 emitido por el Dr. Edgar Acosta Grijalva, Subsecretario General Jurídico del Ministerio de Finanzas, otorga dictamen favorable a la ordenanza; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal vigente,

Expide:

La siguiente: ORDENANZA QUE REGULA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

CAPITULO I

NORMAS GENERALES

Art. 1. - El agua potable, es de uso público, a su utilización y debido aprovechamiento están autorizados los particulares, con sujeción a las prescripciones de la presente ordenanza.

Art. 2. - El uso del agua potable se otorgará para beneficio exclusivo de los habitantes del cantón El Empalme, en la provincia del Guayas.

DEL OTORGAMIENTO DEL SERVICIO

Art. 3. - Quien desee disponer de conexión de agua potable en una casa o predio de su propiedad, presentará la solicitud respectiva en el formulario que proporcionará la Oficina de Agua Potable de la Municipalidad, en el que se designarán los siguientes datos:

a. El nombre o razón social del propietario del predio;

b. La dirección, del predio, con indicación del nombre de la calle, el número correspondiente y el nombre de otras vías transversales de la propiedad;

c. El número de llaves que vayan a ser instaladas; y,

d. La descripción y clase de los servicios que se servirán de la conexión solicitada.

Art. 4. - Recibida la solicitud, la unidad administrativa de agua potable la estudiará y resolverá de acuerdo con la reglamentación respectiva, la resolución será comunicada al interesado en un plazo no mayor a ocho días laborables.

Art. 5. - Si la solicitud fuere aceptada, el interesado suscribirá en el formulario correspondiente un contrato con la Municipalidad en los términos y condiciones prescritas en esta ordenanza.

Art. 6. - Establecido el servicio, el contrato, tendrá fuerza obligatoria hasta treinta días después de que el propietario o su representante debidamente autorizado, notifique por escrito su deseo de no continuar en el uso del mismo.

Art. 7. - La unidad administrativa de agua potable establecerá el diámetro y más características de las tuberías y conexiones, de acuerdo con las características del inmueble y el servicio para el que se destine el agua. El valor de la conexión será determinado de acuerdo con el presupuesto que será aprobado por la oficina respectiva.

Art. 8. - Cuando el inmueble a beneficiarse tenga frente a dos o más calles, la unidad administrativa de agua determinará el frente y el sitio por la cual se realizará la conexión, con sujeción al reglamento. Se preocupará, en todo caso, que las instalaciones sean realizadas de la manera menos onerosa para el usuario del servicio.

Art. 9. - Concedido el uso del servicio de agua potable, la unidad administrativa correspondiente incorporará al usuario al catastro de abonados, en el mismo que constarán, entre los datos necesarios, su nombre o razón social. el número de la cédula de identidad o de la patente municipal, el número y marca del medidor instalado en cada conexión y la ubicación del predio.

Art. 10. - Toda conexión será instalada con el respectivo medidor de consumo, de cuyo mantenimiento y conservación será responsable el propietario del inmueble; el mantenimiento y conservación en perfecto estado de servicio se refiere tanto al medidor, como a la tubería y llaves; en caso de pérdida o daño de cualquiera de los bienes integrantes de la instalación, el propietario del inmueble está obligado a pagar el costo de las reparaciones que fueren necesarias, de los bienes que deban reponerse para el establecimiento del servicio y su buen funcionamiento.

Art. 11. - Todo medidor llevará un sello de seguridad, que por ningún concepto podrá ser abierto o cambiado sino por el personal autorizado de la Municipalidad, cuando sea necesario o conveniente para el mejor servicio.

Si el propietario observare el medidor en mal funcionamiento o presumiere alguna falsa indicación de consumo, solicitará a la unidad administrativa de agua potable, la revisión o cambio del medidor.

El medidor se instalará en un lugar visible y de fácil acceso a los empleados encargados de la lectura o reparación.

Art. 12. - En caso de que se comprobaren desperfectos notables en las instalaciones interiores de un inmueble, no acordes con las prescripciones sanitarias o con la marcha normal del servicio, la unidad administrativa de agua potable lo suspenderá hasta que sean subsanados los desperfectos.

Art. 13. - La instalación de tuberías para la conducción de aguas lluvias o de aguas servidas, se efectuará a una distancia mínima de un metro de la tubería de agua potable. Cualquier cruce entre ellas, necesitará la aprobación de la unidad administrativa de agua potable.

En caso de infracción de la disposición del inciso anterior, el jefe de la unidad administrativa de agua potable podrá ordenar la suspensión del servicio hasta que cumpla lo ordenado, sin perjuicio de la imposición de las sanciones administrativas por la autoridad competente.

Art. 14. - Cuando se produzcan desperfectos en la conexión domiciliaria, desde la tubería de la red hasta el medidor o en éste último, el propietario está obligado a notificar inmediatamente a la unidad administrativa de agua potable, para la reparación respectiva.

Art. 15. - Es obligatorio para todos los moradores de la ciudad de El Empalme, contar con conexiones domiciliares de agua potable, así como pagar las planillas de consumo en la Tesorería Municipal, por períodos mensuales vencidos de acuerdo con las tarifas establecidas para el efecto.

La suspensión del servicio, por cualquier motivo, no exime al propietario de continuar pagando mensualmente la tarifa básica de consumo.

Art. 16. - Además de los casos señalados en otras disposiciones de esta Ordenanza, se procederá a la suspensión del servicio de agua potable, en los siguientes casos:

a) Por petición del abonado, cuando el inmueble fuere a permanecer deshabitado en forma temporal;

b) Cuando hubiere peligro de que el agua potable pueda ser contaminada por substancias nocivas a la salud, previo informe del Inspector de Sanidad. En este caso, la reparación y adecuación de las instalaciones las efectuará el personal técnico nombrado por la Municipalidad a costa del abonado; y,

c) Cuando la unidad administrativa de agua potable estimare conveniente hacer reparaciones o mejoras en las instalaciones del servicio, en cuyo caso la Municipalidad no será responsable por la suspensión hecha, con previo aviso o sin él, por la urgencia de las circunstancias que así lo requieran, por cualquier daño o perjuicio que se derivare de estas circunstancias para los usuarios del servicio.

De las suspensiones ordenadas, en cualquier caso, se dará aviso a la Comisaría Municipal y a la Inspección Cantonal de Sanidad, para que tomen las medidas que estimen necesarias.

CAPITULO II

DE LAS INSTALACIONES

Art. 17. - La unidad administrativa de agua potable, por medio de los técnicos que designare, efectuará las instalaciones necesarias desde la tubería matriz hasta la línea de fábrica de la propiedad o hasta el medidor, reservándose el derecho de determinar el material a emplearse en cada uno de los casos, de acuerdo con sus necesidades, previo el visto bueno de la respectiva unidad.

Los trabajos ejecutados por cualquier persona no autorizada, hará responsable al propietario del inmueble de todos los daños y perjuicios que ocasione a la Municipalidad o al vecindario, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Art. 18. - En los casos que sea necesario prolongar la tubería matriz para el servicio de uno o más usuarios, fuera del límite urbano, aceptado para el servicio de uno o más usuarios, la unidad administrativa de agua potable vigilará que las dimensiones de la tubería a extenderse se determinen por cálculos técnicos que garantice un buen servicio, de acuerdo con el futuro desarrollo urbanístico y que el o los solicitantes hayan suscrito el correspondiente contrato y pagado por adelantado el costo total de la prolongación de conformidad con la planilla respectiva.

Art. 19. - La unidad administrativa de agua potable aprobará y autorizará la construcción de las instalaciones necesarias en los barrios nuevos, localizados dentro del límite urbano, construidos por los particulares o por instituciones públicas o privadas ajenas a la Municipalidad. Para el efecto, los interesados presentarán los planos correspondientes de conformidad con las disposiciones de la Ordenanza de Urbanizaciones y Parcelaciones. Los costos de los estudios y de la construcción de estos servicios serán de cargo de los interesados.

CAPITULO III

TARIFAS

Art. 20. - Los abonados del servicio de agua potable que se encuentren ubicados en las zonas urbanas en la jurisdicción del cantón El Empalme, llámese residencial o doméstica, servicio comercial que comprenden, bares, restaurantes, heladerías, salones de bebidas alcohólicas, frigoríficos, hospitales, dispensarios médicos, oficinas, establecimientos educacionales particulares y estaciones de servicio.

El abastecimiento de agua a toda clase de edificios o locales destinados a actividades Industriales, incluyéndose fábricas de bloques, baños públicos, lavadoras de vehículos y otros afines que guarden relación, pagarán por consumo de agua potable la siguiente tarifa:

CONSUMO MENSUAL POR M3 DE AGUA POTABLE

POR M3 DE AGUA TARIFA BÁSICA

De 0 m3 a 15 m3 $0.18 por cada m3
De 16 m3 a 30 m3 $ 0.20 por cada m3
Dc 31 m3 a 60 m3 $ 0.23 por cada m3
De 61 m3 a 120 m3 $ 0.26 por cada m3
Del 121 m3 a 310 m3 $030 por cada m3
De 311 m3 en adelante $ 0.35 r cada m3

Art. 21. - Las tarifas de agua potable constituyen tasa y, por consiguiente, en ningún caso, podrán conceder exoneraciones total de su pago, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 408 de la Ley de Régimen Municipal y 34 del Código Tributario.

Art. 22. - Los derechos de instalación, reparación, desconexión y otros servicios se establecerán en la Ordenanza que regula el pago, de tasas por servicios administrativos y se pagarán de acuerdo con el valor de la mano de obra y materiales utilizados según planilla que se presentará en cada caso.
Sin embargo hasta que se instale el medidor, la tarifa será fijada por la unidad administrativa de agua potable.

Art. 23. - El pago de consumo de agua se hará por mensualidades vencidas, previa la medición pertinente que sea practicada dentro de los ocho primeros días de cada mes, practicado por el departamento respectivo.

Cualquier reclamo sobre medición del consumo se aceptará sólo dentro de los ocho días posteriores a la misma, vencido este plazo, no habrá lugar a reclamo alguno.

Art. 24. - El pago se hará obligatoriamente en la Tesorería Municipal dentro de los 15 días posteriores a la medición, el Tesorero otorgará el comprobante de pago respectivo.

Art. 25. - El propietario del predio es responsable del pago a la Municipalidad por el consumo de agua potable, de acuerdo a la medición correspondiente. Por el valor respectivo, se extenderán títulos de créditos a cargo de los abonados.

Art. 26. - La unidad administrativa de agua potable, podrá instalar piletas, surtidores y grifos públicos, de conformidad con los planes de ornato de la ciudad, aprobados por el Concejo.

El servicio al público, a través de grifo, será gratuito, pero se restringirá al máximo en el área urbana, por considerarse un medio de desperdicio de agua y por constituir un atentado contra el mejor desarrollo urbanístico de la ciudad.

CAPITULO IV

DE LAS PROHIBICIONES Y SANCIONES

Art. 27. - La mora en el pago del servicio de agua potable por más de tres meses será motivo suficiente para que la Tesorería Municipal recurra al cobro por la vía coactiva, sin perjuicio de la suspensión del servicio, que ordenará la unidad administrativa correspondiente.

Art. 28. - El servicio que se hubiere suspendido por parte de la unidad administrativa de agua potable no podrá ser reinstalado sino por los empleados del ramo, una vez que se haya realizado el pago del valor del consumo y de los derechos de reconexión, si hubiere lugar.

Cualquier abonado que interviniere ilícitamente en la reconexión, será sancionado con la multa de 10 salarios mínimos vitales, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar.

Art. 29. - Prohíbese la conexión de la tubería del agua potable con cualquier otra tubería o depósito de abasto que altere o pueda afectar la potabilidad del agua.

Quienes abrieren boquetes, canales o realizaren perforaciones en las tuberías o en los tanques de agua potable, o trataren de perjudicar en cualquier forma el sistema, estarán obligados a pagar el valor de las reparaciones y serán sancionados con el 15% del salario mínimo vital.

Art. 30. - Si se encontrare alguna instalación fraudulenta de agua, el dueño del inmueble, pagará una multa de 10 salarios mínimos vitales del trabajador en general, sin perjuicio de que la conexión sea cortada inmediatamente y de la acción judicial a que hubiere lugar.

Art. 31. - Por el daño de un medidor la violación del sello de seguridad o la interrupción fraudulenta de su funcionamiento, a más de tarifas señaladas en esta ordenanza, deberá pagarse 10 salarios mínimos vitales del trabajador en general, en concepto de multa. Además de la sanción anterior, cuando un medidor fuere dañado intencionalmente o interrumpido de manera fraudulenta, la unidad administrativa de agua potable determinará la tarifa que debe pagarse en el período correspondiente, que será el duplo del promedio de consumo del trimestre anterior.

Art. 32. - Prohíbese a los propietarios o personas que no estén autorizados por la Municipalidad, manejar los medidores de llaves guías, de las cañerías y especialmente, las llaves guías y la válvula de acceso a conexiones.

Quienes infringieren esta prohibición, serán sancionados con multa de 20 salarios mínimos vitales del trabajador en general, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar.

Art. 33. - Los abonados no podrán transferir sus derechos de uso sobre las instalaciones domiciliarias sino en el caso de la enajenación del inmueble, el nuevo propietario será solidariamente responsable con el propietario anterior.

Art. 34. - Se deroga toda norma o disposición municipal que se opongan al texto y vigilancia de la presente ordenanza.

Art. 35. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de El Empalme, a los cinco días del mes de enero del alío 2001.

f.) Dr. Eduardo Franco Mora, Vicepresidente del Concejo.

f.) Sra. Olga Chan Kuffó, Secretaria.

Certifico que la presente ordenanza fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de El Empalme en dos discusiones realizadas en sesiones celebradas los días 29 de mes de diciembre del 2000, y a los 5 días del mes de enero del 2001.

f) Sra. Olga Chan Kuffó, Secretaria Municipal.

Ejecútese y promúlguese el 6 de enero del 2001.

f.) Sr. Mario Ernesto Sabando Macis, Alcalde del cantón El Empalme

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DE EL EMPALME

Considerando:

Que la Ordenanza para la determinación, recaudación y control del impuestos de patentes municipales en el cantón El Empalme, ha dado cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes;

Que mediante oficio No. 0216 SGJ - 2001 - TCF del 6 de Febrero del 2001 emitido por el Dr. Edgar Acosta Grijalva, Subsecretario General Jurídico del Ministerio de Finanzas, otorga dictamen favorable a la ordenanza; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal vigente,

Expide:

La siguiente Ordenanza para la determinación, recaudación y control del impuestos de patentes municipales en el cantón El Empalme.

Art. 1. - OBJETO DEL IMPUESTO. - (Materia Imponible). - Establécese el impuesto anual y mensual de patentes municipales que se aplicarán sobre las actividades económicas de carácter comercial e industrial que se realicen dentro de la jurisdicción cantonal.

Art. 2. - SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO. - El sujeto activo del impuesto anual y mensual, es la Municipalidad del El Empalme, dentro de los límites de la jurisdicción del cantón El Empalme.

Art. 3. - SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO. - Son sujetos pasivos tanto del impuesto anual como del impuesto mensual de patentes, todas las personas naturales, jurídicas y sociedades de hecho que ejercen actividades económicas de carácter comercial e industrial dentro de la jurisdicción del cantón El Empalme.

Art. 4. - OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS PASIVOS. - Los sujetos pasivos de los impuestos de patentes están obligados a cumplir con los deberes formales establecidos en el Código Tributario en todo cuanto se relaciona con este impuesto, y específicamente con los siguientes:

a) Inscribirse en el catastro del impuesto de patentes que para la determinación de este impuesto llevará la Oficina Municipal de Avalúos y Catastros;

b) Presentar la declaración del capital en giro con que operan, en los formularios entregados por la Administración Tributaria Municipal, proporcionando los datos necesarios relativos a su actividad, y comunicar oportunamente los cambios que se operen;

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con las actividades económicas que ejerzan, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Régimen Tributario Interno;

d) Facilitar a los funcionarios autorizados de la Administración Tributaria Municipal, las inspecciones o verificaciones tendientes al control o determinación del impuesto de patentes municipales, exhibiendo las declaraciones, informes, libros, registros y documentos proporcionados para tales efectos y formular las declaraciones que les fueren solicitadas, y,

e) Concurrir a la oficina de la Administración Tributaria Municipal, cuando su presencia sea requerida por autoridad competente.

Art. 5. - DEL DOMICILIO TRIBUTARIO. - Para todos los efectos tributarios relativos al impuesto de patentes municipales, la Administración Tributaria exigirá a los contribuyentes que fijen domicilio en esta ciudad de El Empalme, para facilitar la determinación y recaudación de estos tributos.

Art. 6. - PLAZOS PARA OBTENER LA PATENTE. - Para ejercer una actividad económica de carácter comercial e industrial, dentro de la jurisdicción del cantón El Empalme, se requiere obtener la respectiva patente anual, previa inscripción en el registro, que para estos efectos, mantendrá la Oficina de Avalúos y Catastros.

Dicha patente se deberá obtener dentro de los treinta días siguientes al final del mes en el que se inicien las actividades gravadas con este impuesto, o durante el mes de enero de cada año para los negocios ya establecidos.

Art. 7. - DEL REGISTRO DE PATENTES. - La Oficina Municipal de Avalúos y Catastros, llevará el catastro de patente, el mismo que contendrá los siguientes datos básicos proporcionados por el sujeto pasivo de acuerdo con su declaración de capital o su contabilidad.

1. Número de orden asignado al contribuyente.

2. Nombre del contribuyente o razón social.

3. Número de cédula de identidad o del RUC.

4. Número de patente anual.

5. Domicilio del contribuyente: calle, No.

6. Clase de establecimiento o actividad.

7. Ubicación del establecimiento: calle, No.

8. Monto del capital con que se opera (según declaración o determinado por la Autoridad Tributaria Municipal).

9. Valor de la patente municipal.

10. Valor del impuesto mensual, resultante de la aplicación de la respectiva alícuota impositiva sobre la base imponible ( capital en giro).

a) Total de impuesto de patente.

12. Columna para observaciones.

- Todo aumento de capital, cambio de denominación o transmisión de dominio de establecimiento deberá ser notificado por el contribuyente al Director Financiero o a quien haga sus veces para que disponga la anotación correspondiente.

Art. 8. - DETERMINACION DEL CAPITAL EN GIRO (BASE IMPONIBLE). - En las actividades económicas de carácter comercial e industrial, dentro de la jurisdicción del cantón El Empalme, el capital en giro será el total de los activos menos el pasivo circulante con el que se inicie el ejercicio económico fiscal o las actividades del negocio.

Las personas jurídicas obligadas al control de la Superintendencia de Compañías liquidarán su impuesto de acuerdo a la declaración que conste en el documento correspondiente. Las personas naturales determinarán la cuantía del impuesto de patentes, de acuerdo a la declaración fiscal o en base de su declaración efectuada a la propia Municipalidad.

Art. 9. - CUANTIA DE LOS DERECHOS DE PATENTE ANUAL. - La cuantía de los derechos de patente anual se establecerá conforme el inciso final del Art. 383 de la Ley de régimen Municipal.

CAPITAL EN HASTA DERECHO DE
GIRO MAS DE PATENTE
0 1.500 $ 0.01
1.501 en adelante $ 0.02

Art. 10. - CUANTIA DEL IMPUESTO MENSUAL DE PATENTE. - Independientemente de la patente anual, los establecimientos comerciales, industriales, así como los que ejerzan cualquier actividad de orden económico que opera dentro de la jurisdicción del cantón El Empalme, pagarán el impuesto mensual de patentes, que se establecerá sobre el capital en giro, de acuerdo a la siguiente tabla.

CAPITAL EN HASTA IMPUESTO
GIRO MAS DE MENSUAL
0 1.000 0.1%
1.001 2.000 0.14%
2.001 4.000 0.14%
4.001 en adelante 0.16%

El impuesto mensual tiene un tope de $ 95 mensuales.

Art. 11. - DE LAS REBAJAS. - Quienes demuestren haber sufrido pérdidas conforme a la declaración aceptada por la Dirección General del Servicio de Rentas Internas o por la Municipalidad del Empalme, el impuesto se reducirá a la mitad. Así mismo, se reducirá el impuesto en la tercera parte si se produjera un descenso en la utilidad de más del cincuenta por ciento (50%) en relación con el promedio obtenido en los tres inmediatos anteriores años.

Los pagos que se hagan en el transcurso del primer semestre de cada año, del 1 de enero al 30 de junio, serán beneficiados con las rebajas de ley, de acuerdo a la siguiente escala.

PORCENTAJE PERIODO
20% Del 1 al 31 de enero
16% Del 1 al 28 de febrero
12% Del 1 al 31 de marzo
8% Del 1 al 30 de abril
4% Del 1 al 31 de mayo
1% Del 1 al 30 de junio

Art. 12. - DE LAS EXENCIONES. - Estarán exentos de pago de este impuesto únicamente los artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano, así como las actividades comerciales que se encuentren exoneradas conforme al Código Tributario y la Ley de Régimen Municipal.

Las nuevas empresas que se establezcan en el cantón El Empalme, estarán exonerados del tributo de patente durante los dos primeros altos.

En los casos de que las empresas comerciales o industriales en el ejercicio económico hayan tenido pérdidas, demostrarán presentando el estado de situación financiera o los documentos del SRI o de la Superintendencia de Compañías con el objeto de hacer una rebaja pertinente por la pérdida sufrida en el ejercicio económico.

Art. 13. - RECAUDACION DE LOS DERECHOS DE PATENTES. - La Dirección Financiera Municipal emitirá los correspondientes títulos de crédito del impuesto anual y mensual de Patentes, dentro de los diez primeros días de cada año.

Para efectos de la ejecución y control de este tributo, se otorga expresamente a la Dirección Financiera las siguientes facultades:

a) Solicitar mensualmente a la Superintendencia de Compañías y de Bancos, la lista actualizada de las compañías, cuya constitución ha sido aprobada;

b) Solicitar mensualmente a las diversas Cámaras de la Producción, la nómina actualizada de sus afiliados, con indicación de actividad, dirección, representante, domicilio y capital de operación; y,

c) Requerir del Servicio de Rentas Internas, copias de las declaraciones de impuesto a la renta de los contribuyentes.

Art. 14. - INTERESES A CARGO DEL SUJETO PASIVO. - Los intereses por las liquidaciones tributarias no satisfechas serán liquidados y pagados de conformidad con el artículo 20 del Código Tributario, a partir del 1 de enero del año siguiente al de la emisión. Dichos intereses, con exclusión de los recargos que serán cobrados en su valor neto.

Art. 15. - DE LOS RECLAMOS. - En caso de errores en la determinación del impuesto, el contribuyente tiene derecho a solicitar al Director Financiero o quien haga sus veces, la revisión del proceso de determinación y por ende la rectificación de la cuantía del impuesto a que hubiere lugar, también podrá solicitar la exclusión de su nombre del registro de contribuyentes de este impuesto, en los casos de enajenación, liquidación o cierre definido del negocio.

Art. 16. - MULTAS. - La falta de inscripción, la declaración fraudulenta, así como la falta de información sobre aumento de capital, cambio de domicilio, cambio de denominación o enajenación del establecimiento y toda trasgresión a las disposiciones de la presente ordenanza, serán, sancionadas con una de las multas puntualizadas en el Art. 386 y siguientes del Código Tributario, sin perjuicio del cobro del tributo al que hubiere lugar.

En general todo caso de contravenciones tributarias relacionadas con este impuesto, será sancionado con aplicación a las normas del Código Tributario.

Art. 17. - En todo los procedimientos y aspectos no señalados en esta ordenanza se aplicarán las pertinentes disposiciones del Código Tributario y de la Ley de Régimen Municipal.

Art. 18. - VIGENCIA. - La presente ordenanza entrará en vigencia desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de El Empalme, a los veintidós días del mes de diciembre del año 2000.

f.) Dr. Eduardo Franco Mora, Vicepresidente del Concejo Municipal.

f.) Sra. Olga Chan Kuffó, Secretaria.

Certifico, que la presente ordenanza fue discutida y aprobada por el Concejo de la Municipalidad de El Empalme en dos discusiones realizadas en sesiones celebradas los días 15 y 22 de diciembre del año 2000.

f.) Sra. Olga Chan Kuffó, Secretaria Municipal.
Ejecútese y promúlguese, 23 de diciembre del 2000.

f.) Sr. Mario Ernesto Sabando Macías, Alcalde del cantón El Empalme.

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE SAQUISILI

Considerando:

Que el Municipio de este cantón, necesita dictar las ordenanzas necesarias para continuar con la vida jurídica, en la cual tiene competencia el ilustre Concejo Municipal;

Que por lo mismo, es necesario reglamentar en legal y debida forma el aseo y la salud pública de todo el cantón al cual se extiende sus parroquias;

Que es deber de la I. Municipalidad del Cantón Saquisilí, velar por el mantenimiento del aseo de su ciudad y parroquias;

En ejercicio de las facultades que le confiere la Ley de Régimen Municipal, en su Art. 64, numerales 1 y 23; y, en su Título VIII;

Que la Constitución Política vigente de la República del Ecuador en su Art. 225 establece que el Estado impulsará mediante la descentralización y la desconcentración, el desarrollo armónico del país, el fortalecimiento de la participación ciudadana y de las entidades seccionales, transfiriendo progresivamente funciones, atribuciones competentes, responsabilidades y recursos a las entidades seccionales autónomas;

Considerando que mediante el dictamen favorable otorgado por el señor Subsecretario General Jurídico del Ministerio de Finanzas con el oficio No. 0123 - SGJ - 2001 - TCF del 23 de enero del 2001, faculte la publicación de la presente ordenanza en el Registro Oficial del Ecuador, y,

En uso de las atribuciones que le concede la Ley de Régimen Municipal,

Expide:

La siguiente Ordenanza que reglamente el cobro de la lasa por el servicio de recolección de basura, así como para el mantenimiento de la limpieza y aseo de calles, avenidas, plazas, parques, aceras, candaras, terrenos sin edificación, jardinerías, monumentos públicos, etc. en general y de todo lugar público o de uso privado.

CAPITULO I

Art. 1. - El objeto de la lasa que se reglamenta en la presente ordenanza está constituido por la prestación del servicio de recolección de basura y aseo público que la 1 Municipalidad de Saquisilí concede a los habitantes del cantón.

Art. 2. - Están sujetos a la presente ordenanza todos los habitantes o personas del cantón Saquisilí y, toda persona avecinada en lo relativo al mantenimiento de limpieza, aseo, recolección, transporte de basura provenientes de la limpieza urbana, así como lo producido en los domicilios establecimientos industriales, comerciales, educacionales u otros de cualquier índole.

Esta sujeción se extiende inclusive a las personas jurídicas.

Art. 3. - Están sujetos a las sanciones por contravenciones a las disposiciones contenidas en la presente ordenanza toda clase de personas, ya sean naturales o jurídicas que se encuentran dentro de la circunscripción territorial del cantón Saquisilí.

Art. 4. - Las autoridades competentes para conocer todo lo prescrito en la presente ordenanza son: El Alcalde del cantón o quien haga sus veces, el Concejal Presidente de la Comisión de Servicios Públicos y, el Comisario Municipal

CAPITULO II

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS

Art. 5. - Los usuarios del servicio tienen las siguientes obligaciones:

1.- Es obligación de todas las personas habitantes del cantón Saquisilí, que para deshacerse de los desechos, residuos o cualquier objeto deberán hacerlo estrictamente bajo las estipulaciones de esta ordenanza.

2. - Asear diariamente la acera en la parte correspondiente a su domicilio. Esta obligación incumbe al ocupante del inmueble, por cualquier titulo.

3. - Mantener en buen estado de conservación la acera en la parte correspondiente a su domicilio.

4. - Los comerciantes e industriales, las mismas obligaciones respecto a las aceras de sus negocios o industrias.

5. - Todos los usuarios sin excepción deberán recoger los residuos sólidos que se produzcan en su domicilio comercio o industria y los que recojan de la limpieza de su parte de acera y depositarIos en recipientes rígidos o blandos que se hayan aprobada para el efecto.

6. - Los días y horas de recolección se harán conocer públicamente a través de los medios que juzguen más convenientes; los recipientes deberán colocarse para ser recolectados por el servicio de aseo de calles.

7. - Es obligación para todos los habitantes el dotarse de recipientes especiales para recoger los residuos. Las personas que venden en la vía pública deberán proveerse de recipientes de su actividad, siendo personalmente responsables del aseo diario y permanente del sitio asignado para ejercer su comercio.

8. - Pagar las tasas que determine la presente ordenanza por el servicio de recolección y transporte de los desechos sólidos domiciliarios, comerciales e industriales no peligrosos, y por la limpieza urbana.

CAPITULO III

TARIFA DE LA TASA POR SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA Y ASEO PUBLICO

Art. 6. - Se establece una lasa por concepto del servicio de recolección de basura y, aseos de las calles de la ciudad de Saquisilí, de las parroquias rurales del cantón que se grabara a los predios urbanos que constan catastrados en la Oficina de Avalúos y Catastros de la I. Municipalidad y que sean objetos de impuestos.

Art. 7. - El valor que se fija mediante esta ordenanza por el cobro de la lasa correspondiente, es el equivalente a veinte centavos de dólar mensual, el mismo que será emitido conjuntamente con el título de crédito para el pago por el consumo de agua potable.

Art. 8. - Las personas naturales o jurídicas que ocuparen ocasionalmente las plazas, parques, vías públicas, así como lugares privados con la finalidad de llevar a cabo actividades recreativas al aire libre o en las que se produzcan aglomeraciones de personas previa la obtención del permiso pagarán por una sola vez en la Tesorería Municipal del cantón Saquisilí, las siguientes cantidades:

De 1 hasta ocho días el 5% del salario mínimo vital.

De 9 hasta quince días el 8.5% del salario mínimo vital.

De 16 hasta treinta días el 10% del salario mínimo vital.

Art. 9. - Exenciones. - De conformidad con lo previsto en el inciso primero del Art. 34 del Código Tributario y en el Art. agregado a continuación del Art. 397 de la Ley de Régimen Municipal, no existe exenciones de la presente lasa a favor de persona natural o jurídica alguna. En consecuencia, el Estado y más entidades del sector público, deben satisfacer los valores por concepto de este tributo de conformidad con lo establecido en la presente ordenanza.

Art. 10. - De los reclamos. - En caso de errores de la determinación de la tasa por el servicio de recolección de basura y aseo público, el usuario tiene derecho a solicitar al Director Financiero o quien haga sus veces, la revisión del proceso de determinación y, por ende la rectificación de la cuantía de la lasa a que hubiere lugar, también para solicitar la exclusión de su nombre del catastro correspondiente a esta lasa, en los casos de: enajenación, permute, compra venta, etc.

Art. 11. - Intereses a cargo del usuario del servicio. - Los usuarios - de este servicio deberán cancelar sus respectivos títulos de crédito dentro del plazo establecido para el pago del impuesto de agua potable, de no hacerlo causarán el interés equivalente al máximo convencional permitido por la ley, desde la fecha de exigibilidad de la obligación tributaria hasta su extinción, calculado de acuerdo a los tipos de interés vigente en los correspondientes períodos conforme a lo dispuesto en el Art. 20 del Código Tributario. Los intereses se cobrarán junto con la obligación tributaria.

CAPITULO IV

PROHIBICIONES

Art. 12. - Queda absolutamente prohibido:

1.- Arrojar en las calles o cualquier otro sitio, desechos, residuos u objetos.

2. - Arrojar papeles, vasos de cartón, plástico y demás desperdicios similares, en las calles y lugares señalados en esta ordenanza.

3. - Arrojar residuos de cualquier otra índole en las aceras, calzadas, parques, plazas, terrenos sin edificación, puentes, monumentos públicos, jardineras, parterres, carreteras, riberas, ríos, lagos, canales, quebradas, laderas de los cerros en general, en cualquier lugar público o de uso público.

4. - Depositar, acumular o dejar abandonados en las calles, aceras y demás lugares públicos o de uso público, materiales de construcción, escombros y materiales provenientes de demoliciones.

5. - Quema de desechos u otras materias en el área urbana, salvo mediante incinerados instalados en legal forma y con permiso de la autoridad.

6. - Arrojar a la acera o a la calzada o lugares públicos o de uso público, aguas servidas y desperdicios líquidos aún cuando provengan del aseo o limpieza de los inmuebles.

7. - Arrojar los desperdicios de la comida preparada, lavazas, orinarse, vomitar y defecar en las calles y más lugares que se indican en esta ordenanza.

8. - Arrojar residuos provenientes de la limpieza interior de los inmuebles, artefactos de vidrio o loza, maderos, colchones, clavos, ropa usada y sacudir alfombras hacia las calles o lugares públicos o de uso público.

9. - Pegar afiches u hojas de papel o cartón conteniendo propaganda en las paredes o columnas de edificios, casas o viviendas en las paredes de muros o cerramientos y similares.

CAPITULO V

ORGANISMOS A CARGO DE LOS SERVICIOS

Art. 13. - La Municipalidad del cantón tendrá a su cargo la dirección técnica y administración del servicio que prestará directa o indirectamente por intermedio de. la Comisaría Municipal.

Art. 14. - La Municipalidad del cantón está obligada a cumplir con el servicio de recolección, transpone, el de limpieza en los términos de esta ordenanza y demás disposiciones municipales vigentes en la materia.

Art. 15. - La Comisaría Municipal para el logro del servicio que esta a su cargo, tendrá las siguientes atribuciones:

1.- Dirigir y controlar su personal de obreros y empleados.

2. - Supervisar las actividades relativas.

3. - Organizar la frecuencia, horario, recorridos y demás aspectos relativos a la recolección y transporte de los residuos sólidos y su vaciado de acuerdo a las normas previstas de esta ordenanza y sus reglamentos.

4. - Preparar y presentar al Ilustre Concejo Cantonal los programas para la adquisición de los equipos necesarios, así como los proyectos de presupuestos anual del servicio.

5. - Determinar responsabilidades e imponer las sanciones previstas en las disposiciones legales respectivas, a los causantes de deterioro o inutilización de los equipos y materiales del servicio sea por dolo, negligencia e imprudencia por acción o por omisión, en el cuidado y manejo de los mismos.

6. - Determinar las responsabilidades de los usuarios del servicio por violación de las disposiciones legales respectivas.

7. - Disponer las ocasiones en que el transporte de los residuos se haga directamente al relleno, vertedero o lugar de disposición final según la naturaleza de aquellos.

8. - Aprobar los tipos de recipientes de esta ordenanza.

9. - Determinar la localización de los vertederos sanitarios o lugares de disposición final de los residuos.

10. - Organizar y mantener en eficientes condiciones el servicio encargado de la recolección y transporte de los residuos sólidos de la limpieza urbana.

Esta última incluye el barrido, recogido de los residuos y lavado, al menos con suficiente frecuencia, de los locales, calles, cunetas, plazas, parques, monumentos y sus aceras de los edificios públicos y demás lugares públicos o de uso público.

11. - Dar participación a las asociaciones de servicios organizados para que colaboren y fomenten la participación de la población en el servicio.

12. - Todas las demás atribuciones inherentes a la prestación del servicio y las que fueren prestadas por el señor Alcalde y las recomendaciones por el ilustre Concejo Cantonal.

CAPITULO VI

PROHIBICIONES Y SANCIONES

Art. 16. - Queda terminantemente prohibido arrojar a las vías públicas residuos sólidos, hacer depósitos de basura en solares desocupados, arrojar basura en las corrientes de los ríos y cunetas de las carreteras. Prohibición que se amplía a lugares públicos, plazas, parques, etc. Las violaciones de estas reglas serán juzgadas y sancionadas por el Comisario Municipal, con multa de hasta 1 salario mínimo vital vigente, según la gravedad de las faltas y, en caso de reincidencia 2 salarios mínimos vitales.

Art. 17. - Los peatones están obligados a coadyuvar a la conservación de las vías públicas, evitando ensuciarlas con papeles, envases de bebidas, cáscaras de frutas, realizando necesidades fisiológicas, etc., quienes fueran sorprendidos por la Policía Municipal en este caso serán sancionados por el Comisario Municipal con una multa del 10% del salario mínimo vital vigente.

Art. 18. - Es obligación de los arrendatarios de puestos o covachas de los mercados de la ciudad, depositar basura en los sitios destinados para el objeto, la infracción a esta disposición será sancionada por el Comisario Municipal con una multa del 20% del salario mínimo vital vigente, en cada ocasión.

Art. 19. - La reincidencia en contravenir a las disposiciones de esta ordenanza será sancionada con el doble de la pena señalada por cada contravención o infracción.

Art. 20. - Para el estricto control y juzgamiento de los reincidentes, se llevará una estadística de los mismos, la que estará a cargo del Comisario Municipal.

Art. 21. - En la ciudad y con jurisdicción cantonal, el Comisario Municipal tendrá bajo su responsabilidad la función de cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta ordenanza.

Art. 22. - El Comisario en mención, conocerá y juzgará las infracciones de esta ordenanza y sus reglamentos, dictando las órdenes que sean necesarias para hacer efectivas las sanciones.

Art. 23. - El Comisario Municipal, visitará cuando crea necesario, todos los lugares que se indica en esta ordenanza. A fin de comprobar la existencia de las condiciones de limpieza y aseo exigidas por esta ordenanza.

Art. 24. - Si el sujeto de la infracción a las disposiciones de esta ordenanza fuera un menor impúber, la sanción se impondrá al padre de familia o a quien lo represente. Si el infractor fuera menor adulto, sin ninguna otra solenmidad será puesto a órdenes del Tribunal de Menores de la provincia.

Art. 25. - Los propietarios de establecimientos comerciales, industriales, talleres, etc., que permitan o no controlaren a sus trabajadores en el cumplimiento de las disposiciones de esta ordenanza, serán juzgados de acuerdo a la contravención cometidas y, en caso de reincidencia se ordenará la clausura temporal del local donde funciona el establecimiento en mención.

Art. 26. - Los actos de toda persona que expresamente no se indicaren en la presente ordenanza como contravención, pero por naturaleza tiendan a ensuciar las calles y más lugares señalados en esta ordenanza, serán juzgados por el Comisario Municipal de acuerdo a su sana crítica.

Art. 27. - Se podrá apelar ante el señor Alcalde, si hubiere sido juzgado por una contravención leve y, al Concejo por una contravención grave.

Art. 28. - El Comisario Municipal, cuando llegare a tener conocimiento de que se ha cometido entre los límites de su jurisdicción alguna contravención contemplada en esta ordenanza, mandará a comparecer inmediatamente al acusado para su juzgamiento. La citación se hará por medio de una bolete que entregará al acusado el agente de policía o de la Comisaría. Si aquello no fuere encontrado, la bolete se dejará en manos de cualquier persona, familiar o servidumbre del contraventor. A falta de éstos, la bolete se dejará en la puerta de la habitación del encausado.

Art. 29. - En las contravenciones de esta ordenanza, convencido el Comisario Municipal por cualquier medio, de la existencia de ella expedirá la resolución del caso, sin más formalidad que la de dejar constancia en un libro que se llevará para este objeto, mediante acta en la que expresará la fecha de juzgamiento, el nombre del contraventor, la constancia de haberlo citado, la contravención reprimida y la sanción impuesta. El acta autorizada con las firmas del Comisario y del Secretario de la dependencia.

Art. 30. - La presente ordenanza entrará en vigencia desde el día siguiente al de su publicación en el Registro Oficial.

DISPOSICIONES GENERALES

UNICA

Art. 31. - El monto de la recaudación que produzca mediante la aplicación de esta ordenanza, servirá exclusivamente para el mantenimiento y reparación de los vehículos que realizan el trabajo de recolección de basura de este cantón.

Art. 32. - Disposición final.

Derógase todas las ordenanzas que por este concepto exista anteriormente.

f) Sr. Segundo Jami, Vicepresidente del Concejo.

f) Tlga. Idilia Reinoso, Secretaria General del I. Concejo.

Certificación: Certifico que la presente ordenanza fue discutida y aprobada por el ilustre Concejo del Cantón Saquisilí en sesiones de los días 30 de noviembre y 7 de diciembre del dos mil.

f.) Tlga. Idilia Reinoso, Secretaria General del l. Concejo. Ejecútese.

f.) Sr. José Antonio Llumitásig, Alcalde del cantón Saquisilí.

Ilustre Municipalidad del Cantón Saquisilí, Alcaldía.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON QUIJOS

Considerando:

Que, por Acuerdo N0 918 de 23 de agosto de 1985, publicado en el Registro Oficial N0 258 del 27 de los mismos mes y año, el Contralor General del Estado expidió un Reglamento General de Bienes del Sector Público;

Que, conforme lo establece las normas de restricción y austeridad en el gasto público, expedidos por decreto ejecutivo, publicado en el Suplemento al Registro Oficial N0 265 del 13 de febrero del 2001;

Que, es indispensable reglamentar el uso de los vehículos de la institución, para que sean utilizados en las actividades específicas para las que fueron adquiridas; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal,

Expide:

El siguiente REGLAMENTO PARA EL USO, CONTROL MANTENIMIENTO Y ADMiNISTRACION DE VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUIJOS.

Art. 1. - El presente reglamento tiene por objeto regular el uso, control, mantenimiento y administración de los vehículos de la Municipalidad del cantón Quijos.

Art. 2. - La administración, el control y mantenimiento de los vehículos se ejercerá a través de la Dirección de Obras Públicas, las mismas que se sujetarán en sus procedimientos a las nominas legales aplicables y a las disposiciones impartidas por las autoridades de la Municipalidad, así como de aquellas que emitiere la Contraloría General mediante acuerdos o resoluciones.

Art. 3. - La Dirección Financiera planificará la adquisición de vehículos, de conformidad a las necesidades de cada una de las unidades administrativas, la naturaleza de sus funciones y de su correcta distribución. Asimismo, dará el trámite correspondiente, cuando fuere necesaria la baja o remate de los vehículos.

Art. 4. - Los vehículos de propiedad de la Municipalidad estarán identificados con las respectivas placas correspondientes a la matrícula extendida por las autoridades de tránsito, placas que deben portar en la parte delantera y posterior del automotor, así como el respectivo logotipo municipal, pintado en las puertas laterales.

Art. 5. - De conformidad con la Ley de Regulación Económica y Control de Gasto Público, cuando el Alcalde disponga de un vehículo municipal, asignado permanentemente a su uso, contará con una tarjeta de identificación del vehículo en la que conste la autorización de movilización, sin limitación alguna, por todo el territorio nacional. La tarjeta de identificación contendrá las características del vehículo, color, placas, nombre del conductor, nombre del funcionario al cual está asignado el vehículo y la firma del Alcalde del Concejo.

CAPITULO II

DEL USO DE LOS VEHICULOS

Art. 6. - Los vehículos de la Municipalidad se destinará exclusivamente para el cumplimiento de las labores oficiales de la institución y no podrán, por ningún motivo, destinarse o utilizarse para uso personal o en actividades ajenas a los objetivos de la Municipalidad.

Art. 7. - Los vehículos serán conducidos por los respectivos conductores que tengan licencia profesional de manejo o por el servidor que hubiere sido autorizado en forma escrita por la máxima autoridad del Concejo o su delegado. De ninguna manera podrá conducir los vehículos los servidores que no tengan licencia profesional y no cuenten con la expresa autorización.

Art. 8. - Prohíbese a personas particulares conducir vehículos de la institución. Quien incumpliere esta disposición, será responsable pecuniariamente por los daños y perjuicios que se produjeren al vehículo y a terceras personas.

Art. 9. - Los vehículos asignados a cumplir comisiones de servicio fuera de la ciudad, portarán el formulario denominado "Orden de Movilización", que tiempo de duración; lugar de destino; nombre del conductor nombre del funcionario responsable de la comisión; número de ocupantes; recorrido de ruta; fecha, hora de salida y de retorno; y la firma de la autoridad máxima de la Municipalidad, o quien haga sus veces.

Art. 10. - Una vez concluida la comisión, el conductor entregará al señor Alcalde la orden de movilización adjuntando el informe escrito con las novedades producidas durante la comisión.

Art. 11. - Cada vehículo será entregado a su respectivo conductor, o funcionario, mediante la correspondiente acta de entrega - recepción. Las personas que reciban de esta manera los vehículos serán responsables absolutos del uso, cuidado, conducción y mantenimiento del vehículo y sus accesorios.

Art. 12. - La Dirección de Obras Públicas Municipales mantendrá actualizados los datos referentes a los conductores y vehículos, para un eficiente control, y actualizará matrículas, placas y demás requisitos de circulación.

Art. 13. - El Director de Obras Públicas Municipales elaborará la correspondiente "hoja de vida" de cada uno de los vehículos, en donde se registrarán los cambios de repuestos, lubricantes y reparaciones que se efectuaren con los respectivos kilometraje y fechas de ejecución, y anticipará a su conductor las fechas de cambio de lubricantes y otros servicios de mantenimiento.

El Director de Obras Públicas Municipales, tendrá bajo su responsabilidad, el control de los repuestos y bienes que ingresen a bodega por cambios suscitados en los vehículos de la institución, que por su valor e importancia deban recibir este tratamiento. Estos bienes serán dados de baja de conformidad con lo que dispone el Reglamento de Bienes del Sector Público, cada seis meses por lo menos, o antes, de ser necesario.

Art. 14. - El conductor, antes de iniciar su labor diaria debe verificar que el vehículo que tiene asignado se halle en óptimas condiciones mecánicas. Es de responsabilidad de dicho conductor el cuidado, mantenimiento y limpieza exterior e interior.

CAPITULO III

DEL CONTROL DE VEHICULOS

Art. 15. - La Dirección de Obras Públicas es la responsable de controlar el uso, cuidado y mantenimiento correcto, eficaz y económico de los vehículos, para lo cual efectuará periódicamente la supervisión o inspección ocular de las condiciones en que se encuentran, luego de lo cual actualizará los registros e inventarios, mediante la anotación de las novedades encontradas, establecerá responsabilidades y sugerirá soluciones a los problemas a fin de que se tomen las medidas correctivas que sean necesarias. De esto comunicará oficial y periódicamente al Departamento Financiero para la actualización del inventario de bienes a su cargo.

Art. 16. - Las novedades encontradas que fueren producidas por negligencia, descuido o irresponsabilidad en la utilización de los vehículos y que deliberadamente se hubieren ocultado, será de responsabilidad absoluta del conductor o funcionario causante de los hechos que hubieren provocado las situaciones indicadas. Los gastos que originen las reparaciones serán cubiertas por quienes sean los responsables, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias que el caso amerite, previo el proceso administrativo correspondiente.

Art. 17. - Los vehículos, al término de la jornada diaria de trabajo y en los días no laborables serán guardados en los estacionamientos señalados para el efecto por la Municipalidad, sin perjuicio de que, si las circunstancias lo exigen, puedan pernoctar en el lugar que ordenare el jefe de la unidad al servidor a cuyo cargo se encuentre el vehículo, bajo responsabilidad de éste. En ambos casos, se llevará un registro de control.

CAPITULO IV

DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

Art. 18. - Los vehículos serán revisados diariamente por los conductores responsables de cada unidad, fundamentalmente en lo relativo a lubricantes, gasolina, neumáticos, sistema eléctrico y frenos. Si encontraren deficiencias o desperfectos, notificarán de inmediato al Director del Departamento de Obras Públicas a fin de que registre el daño en la tarjeta de control y mantenimiento del vehículo, y solicite la orden de reparación.

Los conductores serán los responsables del seguimiento de la reparación y permanecerán en el taller durante el tiempo necesario hasta cuando el vehículo sea reparado, para verificar y alcanzar un trabajo eficiente en el menor tiempo posible.

Art. 19. - Al momento del ingreso de un vehículo a un taller, deberán llenar la hoja de inventarios del vehículo, en la que constará las condiciones y características del automotor, así como los accesorios del mismo; esta hoja se llenará por duplicado y será firmada por el Jefe de Taller, como constancia de recepción, y por el conductor, previa revisión del inventario.

Art. 20. - La Dirección de Obras Públicas Municipales programará, controlará y evaluará las acciones de mantenimiento periódicas que deban llevarse a cabo en cada uno de los vehículos de la Municipalidad; en igual forma llevará un registro de cotizaciones de repuestos y costos de reparación de los diferentes establecimientos comerciales del ramo y en los talleres mecánicos. Además, analizará con el Director Financiero las planillas por adquisición de repuestos, mantenimiento o reparación de los vehículos, a fin de que se ajusten a los precios más convenientes y reales.

Art. 21 - Los daños materiales que se ocasionaren en los vehículos durante los días feriados, no laborables o fuera de la jornada de trabajo, salvo que estén de comisión de servicios, son de responsabilidad del servidor que lo hubiere utilizado, sin perjuicio de ejercitar la acción legal para que el causante de los daños restituya el valor de los mismos o los repare por su cuenta.

Art. 22. - El Director del Departamento de Obras Públicas, entregará la respectiva orden de "suministro de combustible", de acuerdo con el consumo por kilometraje del vehículo.

El conductor será el responsable de que el suministro de combustible sea completo y para constancia firmará la recepción en la orden o en el comprobante.

Art. 23. - El Director del Departamento de Obras Públicas realizará evaluaciones sobre consumo de combustible y lubricantes por cada vehículo y en base de ello presentará mensualmente a la Alcaldía, los cuadros de necesidades para que ordene la adquisición directa o contratación de servicios.

Art. 24. - El Alcalde con el Director Financiero establecerán un cupo de combustible para cada vehículo de acuerdo a las necesidades comprobadas; cuando fuere necesario podrá autorizar cupos especiales con los justificativos correspondientes.

Art. 25, - Los vehículos municipales serán matriculados y asegurados anualmente, conforme dispone la ley.

Corresponde a la Dirección Financiera realizar las gestiones necesarias para la contratación de las pólizas de seguro correspondiente.

Art. 26. - Los conductores que incurrieren en delitos o contravenciones de tránsito estarán sujetos a las sanciones de la ley, sin perjuicio de las sanciones administrativas que la Municipalidad pueda adoptar.

Art. 27. - La Comisión Permanente de Obras Públicas y la Dirección de Obras Públicas se encargarán de vigilar la aplicación de este reglamento.

Art. 28. - El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su promulgación.

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de Quijos, el 17 de marzo del 2001.

f.) Prof. Raúl Pazos, Vicealcalde del Concejo.

f.) Lic. Efraín Torres, Secretario General.

Certifico que la presente ordenanza fue discutida y aprobada por el Gobierno Municipal de Quijos, en dos discusiones realizadas en las sesiones celebradas los días 24 de febrero y 17 de marzo del 2001.

f.) Lic. Efraín Torres Betancourt, Secretario General del Gobierno Municipal de Quijos.

Ejecútese y promúlguese, Baeza, 22 de marzo del 2001.

f.) Renán Balladares Bolaños, Alcalde de Quijos.

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Precio no incluye IVA.


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