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Registro Oficial. SEPTIEMBRE20 de SEPTIEMBRE del 2001

miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


  MES DE SEPTIEMBRE DEL 2001

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República

Jueves 20 de Septiembre del 2001

REGISTRO OFICIAL No. 416

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

FUNCION LEGISLATIVA

EXTRACTOS:

23 - 734 Proyecto de Ley de Sociedades de Vigilancia y Seguridad Privada

23 - 735 Proyecto de Ley de Creación del Puerto Libre de San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas

FUNCION EJECUTIVA

ACUERDOS:

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS:

220 Autorizase la exoneración de los documentos precontractuales para la emisión e Impresión de varias especies valoradas

MINISTERIO DE SALUD:

0573 Nombrase al señor Ingeniero Washington Manabí Parrales Muñiz, como delegado ante el Directorio de la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras Básicas de los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López .

0604 Otórgase este acuerdo ministerial de agradecimiento y felicitación a la "Ecuadorian Volunteers Associaton".

FUNCION JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes personas:

254 - 2001 Jorge Vicente Peláez Bravo en contra del Procurador General y otros

256 - 2001 Víctor Hugo Macas Avilés y otra en contra de Luis Humberto Barnuevo Valarezo y otra.

258 - 2001 Germania Catalina Taco Pérez en contra de Jaime Ramiro Yánez Salcedo.

260 - 2001 Miriam Yustin Jaya Loaiza en contra de Gabriel Ricardo Caamaño Gangotena

262 - 2001 Daniel Reinaldo Carpio Riera en contra de Blanca Luzmila Carpio Carpio

ACUERDO DE CARTAGENA

RESOLUCIONES:

537 Suspensión de efectos de la Resolución 532 de la Secretaria General.

538 Por la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno de Colombia contra la Resolución 519.

539 Reclamación presentada contra el Gobierno de Colombia por supuesto incumplimiento del articulo 74 del Acuerdo de Cartagena en materia de Impuesto al consumo de cigarrillos.

540 Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios para la primera quincena de septiembre del 2001, correspondientes a la Circular N0 155 del 20 de agosto del 2001 .

ORDENANZAS MUNICIPALES:

- Cantón Rocafuerte: Que reglamenta la emisión de actos decisorios del Concejo.

- Cantón Celica: Que establece la estructura y funciones de la Unidad Municipal de Manejo Ambiental y Desarrollo Agropecuario (UMMADA).

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "DE SOCIEDADES DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA".

CODIGO: 23-734.

AUSPICIO: H. WILFRIDO LUCERO.

INGRESO: 03-09-2001.

COMISION: DE LO CIVIL Y PENAL.

FECHA DE ENVIO
A COMISION: 06 - 09 - 2001.

FUNDAMENTOS:

El articulo 183, inciso 4 de la Constitución Política de la República, encarga a la Policía Nacional la misión fundamental de garantizar la seguridad y el orden público, sin embargo de lo cual es innegable que la violencia y la delincuencia han recrudecido en la última década, en sus diversas formas y manifestaciones, haciéndose indispensable la adopción de otras medidas de cooperación al objetivo de la seguridad ciudadana.

OBJETIVOS BASICOS:

El Congreso Nacional debe expedir las normas apropiadas y necesarias para que las organizaciones de seguridad privada que vienen funcionando en el país, se sujeten a un marco jurídico que esté acorde con la importancia social que tienen.

CRITERIOS:

En el país existen varias organizaciones que se dedican exclusivamente a la prestación de servicios de seguridad de carácter privado, orientadas a prevenir y conjurar el delito y la violencia, vigilando y protegiendo a personas, instituciones y bienes, sin que tengan una norma jurídica adecuada ya que, solamente las ampara un simple reglamento que se halla publicado en el Registro Oficial N° 257 de 13 de febrero de 1998.

f) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "DE CREACION DEL PUERTO LIBRE DE SAN LORENZO EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

CODIGO: 23 - 735.

AUSPICIO: H. IVAN LOPEZ SAUD.

INGRESO: 03-09-2001.

COMISION: DE ASUNTOS AMAZONICOS, DESARROLLO FRONTERIZO Y DE GALAPAGOS.

FECHA DE ENVIO
A COMISION: 06 - 09 - 2001.

FUNDAMENTOS:

La vigente Constitución Política de la República, en su trigésima octava disposición transitoria, disponen que "En las provincias de Esmeraldas y El Oro, se establecerás puertos libres conforme las normas que se expidan al efecto". Además, por Decreto 469 - A, publicado en el Registro Oficial No. 165 de 25 de mayo de 1962 se dispone el inmediato funcionamiento del puerto de San Lorenzo.

OBJETIVOS BASICOS:

El puerto de San Lorenzo, con su ubicación geográfica y estratégica, es el sitio más favorable para la creación de un puerto libre que pueda ser utilizado en condiciones de seguridad para entrada o salida de productos, para almacenamiento y transformación, como base de operaciones de intercambio comercial y para la apertura al comercio y la industria.

CRITERIOS.

La creación y establecimiento de un puerto libre contribuye a la superación de la crisis económica que atraviesan fundamentalmente ciertos sectores de la población que han vivido en la marginalidad, objetivo que debe cumplirse con la participación del Estado, la empresa privada y la ciudadanía, para conseguir el desarrollo integral del país.

f) Dr. Andrés Aguilar Moscoso, Secretario General del Congreso Nacional.

No. 220

Jorge Gallardo

MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Considerando:

Que el artículo 118 de la Ley de Régimen Tributario Interno, faculta al Ministro de Economía y Finanzas fijar el valor de las especies fiscales, incluidos los pasaportes;

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial No. 92 de 27 de marzo de 1967, reformado por el artículo 9 del Decreto Supremo No. 1065 - A, publicado en el Registro Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, Acuerdo Ministerial No. 68, publicado en el Registro Oficial No. 251 de 21 de febrero de 1973; y en concordancia con lo previsto en el articulo 1 del Reglamento para la Emisión de Especies Valoradas expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978, el Instituto Geográfico Militar es el único organismo autorizado para que, en sus propios talleres y con la intervención de un delegado del Ministerio de Economía y Finanzas o del Ministerio de Obras Públicas, en su caso, imprima timbres, papel sellado, estampillas y más especies valoradas que la administración pública requiera;

Que al tenor de lo prescrito en el artículo 2 del Decreto Legislativo No. 014 antes mencionado, los contratos de impresión de las especies referidas serán suscritos entre el ministerio correspondiente y el Instituto Geográfico Militar;

Que según lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978, es facultad del Ministro de Economía y Finanzas, mediante acuerdo ministerial autorizar la emisión de especies valoradas;

Que mediante Acuerdo Ministerial 196 de 8 de agosto del 2001, el Ministro de Economía y Finanzas autoriza la emisión e impresión de veinte y cinco mil formularios para Informe Empresarial sobre Decimotercera Remuneración e Informe Individual sobre el pago de la Decimotercera Remuneración, de veinte y cinco mil formularios para Informe Empresarial sobre Decimocuarta Remuneración e Informe Individual sobre el pago de la Decimocuarta Remuneración; y veinte y cinco mil formularios para Informe Empresarial sobre Participación de Utilidades e Informe Individual sobre el pago del 15% de Utilidades; Que mediante oficio No. SA 4877 CRMYS - 2283 - 2001 de 5 de septiembre del 2001, el Subsecretario Administrativo del Ministerio de Economía y Finanzas solicita la exoneración de los documentos precontractuales para la impresión y emisión de los setenta y cinco mil formularios señalados en el considerando anterior, y.

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 1 del Decreto Legislativo No. 014, publicado en el Registro Oficial No. 92 de 27 de mano de 1967, reformado por el artículo 9 del Decreto Supremo No. 1065 - A, publicado en el Registro Oficial No. 668 de 28 de octubre de 1974, en concordancia con lo previsto en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978,

Acuerda:

Art. 1. - Autorizar la exoneración de los documentos precontractuales para la emisión e impresión de las especies valoradas que se detallan a continuación:

CANTIDAD DENOMINACION

25 000 Informe Empresarial sobre Decimotercera Remuneración e Informe individual sobre el pago de la Decimotercera Remuneración.

25.000 Informe Empresarial sobre Decimocuarta Remuneración e Informe Individual sobre el pago de la Decimocuarta Remuneración.

25.000 Informe Empresarial sobre Participación de Utilidades e Informe Individual sobre el pago del 15% de Utilidades.

Art. 2. - El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.'

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 10 de septiembre del 2001.

f) Jorge Gallardo, Ministro de Economía y Finanzas. Es copia, certifico.

f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio de Economía y Finanzas.

11 de septiembre del 2001.

N° 0573

EL MINISTRO DE SALUD PUBLICA

Considerando:

Que mediante decreto legislativo, publicado en el Registro Oficial No. 48 de 19 de octubre de 1979, se restablece la Junta de Recursos Hidráulicos, Fomento y Desarrollo de los cantones de Jipijapa y Paján;

Que en el Registro Oficial No. 693 de 11 de mayo de 1995, se publica la Ley Reformatoria al Decreto Legislativo promulgado en el Registro Oficial No. 48 de 19 de octubre de 1979, que sustituye la "JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS, FOMENTO Y DESARROLLO DE LOS CANTONES DE JIPIJAPA Y PAJAN", por "JUNTA DE RECURSOS HIDRAULICOS Y OBRAS BASICAS DE LOS CANTONES DE JIPIJAPA, PAJAN Y PUERTO LOPEZ";

Que la letra g) del artículo 5 del decreto legislativo, publicado en el Registro Oficial No. 48 de 19 de octubre de 1979, que no ha sido reformado, dispone que el Directorio de la Junta estará integrado por un representante designado por el Ministerio de Salud Pública;

Que para los fines establecidos en los programas de este Portafolio, se hace necesario designar un delegado del Ministerio de Salud Pública, como representante ante la Junta de Recursos Hidráulicos y Obras Básicas de los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López; y,

En ejercicio de sus atribuciones legales,

Acuerda:

Art. 1 Nombrar al señor ingeniero Washington Manabí Parrales Muñiz, para que represente a esta Cartera de Estado, ante el Directorio de la Junta de Recursos
Hidráulicos y Obras Básicas de los cantones de Jipijapa, Paján y Puerto López, como representante principal.

Art. 2 Derógase todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente acuerdo.

Art. 3 El presente acuerdo entrará en vigencia, a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese en Quito, a 31 de agosto del 2001.

f) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario. Lo certifico en Quito, a 12 de septiembre del 2001.

f.) Jefe de Documentación y Archivo. - Ministerio de Salud Pública.

N0 0604

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Considerando:

Que 'Ecuadorian Volunteers Associaton" E.V.A. ha donado máquinas de diálisis y varias cajas de piezas que fueron enviadas para uso de los hospitales del Ministerio de Salud Pública del Ecuador y un remanente de dicha donación al Hospital de la Policía y al Hospital de la Cruz Roja de Manta;

Que la "Ecuadorian Volunteers Associaton" ha donado 30 máquinas de diálisis y varias cajas de piezas para ser distribuidas en las diferentes unidades de salud del país;

Que el Ministerio de Salud, tiene la obligación de reconocer a las instituciones y personas que han dedicado sus mayores esfuerzos en favor de la salud pública ecuatoriana como es el caso de la distinguida "Ecuadorian Volunteers Associaton" por su aporte en beneficio de los más necesitados; y,

En ejercicio de las atribuciones concedidas por el Art. 176 de la Constitución Política de la República y el Art. 16 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1. - Otorgar este acuerdo ministerial de AGRADECIMIENTO Y FELICITACION a la "ECUADORIAN VOLUNTEERS ASSOCIATON", como reconocimiento al valioso aporte para con los que menos tienen el mismo que se ha cristalizado en la donación de bienes para varias casas asistenciales que funcionan en el país, significando éste un aporte excepcional a favor del mejoramiento de la calidad de vida y de la salud de los ecuatorianos más desposeídos.

Art. 2. - El presente acuerdo ministerial se lo entregará en el acto que se realizará para el efecto.

Art. 3. - De la ejecución del presente acuerdo que entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción encargase a la Dirección Nacional de Comunicación Social de este Portafolio.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 5 de septiembre del 2001.

f.) Dr. Patricio Jamriska Jácome, Ministro de Salud Pública.

Es fiel copia del documento que consta en el archivo del Departamento de Documentación y Archivo al que me remito en caso necesario. Lo certifico en Quito, a 12 de septiembre del 2001.

f.) Jefe de Documentación y Archivo. - Ministerio de Salud Pública.

No. 254 - 2001

Dentro del juicio especial No. 198 - 2000 por resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios, que sigue Jorge Vicente Peláez Bravo Gerente y representante de la compañía Aduanas Privadas del Austro ADUAUSTRO S.A. en contra de el Procurador General, como representante legal del Estado, el Subsecretario Nacional de Aduanas, el Director Nacional del Servicio de Aduanas y el Ministro de Finanzas y Crédito Público, se ha dictado lo siguiente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

Quito, julio 5 del 2001, las 10h00

VISTOS: Aduanas Privadas del Austro, ADUAUSTRO SA., por medio de su Gerente y representante legal, Jorge Vicente Peláez Bravo, deduce recurso de casación contra el auto dictado por la Primera Sala de la Corte Superior de Cuenca, en el juicio que sigue contra el Procurador General, como representante legal del Estado, el Subsecretario Nacional de Aduanas, el Director Nacional del Servicio de Aduanas, el Ministro de Finanzas y Crédito Público, por resolución de contrato de concesión y el pago de indemnizaciones. - Aduce que en el auto se violan las siguientes normas de derecho: el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado; el artículo 98 del Reglamento Sustitutivo a la Ley de Modernización; los artículos 25 y 30, numeral segundo del Código de Procedimiento Civil y el articulo 24, ordinal undécimo de la Constitución Política de la República del Ecuador. - El recurso lo fundamenta en la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación. - Concedido el recurso, sube a la Corte Suprema de Justicia, y, por el sorteo de ley, se radica la competencia en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la que en providencia de 20 de septiembre del 2000 acepta a trámite el recurso. Concluida la sustanciación, atento el estado de la causa para resolver se considera: PRIMERO. - El 15 de agosto de 1995, el Estado Ecuatoriano, por medio de la Subsecretaria de Aduanas del Ministerio de Finanzas y Crédito Publico, por una parte, y, por otra, la empresa Aduanas Privadas del Austro ADUAUSTRO S.A. celebraron contrato de concesión. La concesionaria, ADUAUSTRO S.A., aduciendo que el Estado Ecuatoriano ha incumplido sus obligaciones contractuales, demanda al Subsecretario Nacional de Aduanas del Ministerio de Finanzas, al Director Nacional del Servicio de Aduanas, al Ministro de Finanzas y Crédito Público y al Procurador General la resolución del contrato y, consecuentemente, el pago de indemnización por perjuicios en el que se comprenderán los de lucro cesante y daño emergente. - Esta demanda la presentan ante el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Cuenca. Dicho Tribunal acepta a trámite la demanda y lo prosigue normalmente hasta el momento de dictar sentencia; en este estado, se inhibe de conocer la causa y remite el proceso para que asuma su competencia uno de los jueces de lo Civil, de acuerdo'con el sorteo respectivo. El Juez Decimosexto de lo Civil del ~ en auto de 18 de abril del 2000, se inhibe de conocer la causa. - Este auto, subido por apelación de la actora, es confirmado en todas sus partes por la Primera Sala de la Corte Superior de Cuenca, con los siguientes fundamentos: "TERCERO. - El artículo 30 del Código de Procedimiento Civil en su numeral 2do. establece que además del Juez del domicilio del demandado, son competentes asimismo, el del lugar en donde se celebró el contrato pero bajo la condición establecida en el sentido de que tal competencia rige si es que al tiempo de la demanda está en él presente el demandado o su procurador general o especial para el asunto a tratarse, pero en el caso que conocemos el demandado fue citado en la ciudad de Quito. CUARTO. - Para este caso en consecuencia de lo señalado tiene plena aplicación lo establecido por el artículo 25 del indicado cuerpo adjetivo de leyes y que dice: "Toda persona tiene derecho para no ser demandado 'sino ante el juez de su fuero". QUINTO. - Débese igualmente considerar lo ordenado por el artículo 24 ordinal undécimo de la Constitución Política del Estado el mismo que dice expresamente: "Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes y la jurisprudencia... Numeral 11, ninguna persona podrá ser distraída de su juez competente ni juzgada por tribunales de excepción o por comisiones especiales que se creen para el efecto...". SEGUNDO. - La jurisdicción, esto es el poder de administrar justicia, dice el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, en una materia determinada potestad que corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las leyes. Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de las cosas, de las personas y de los grados. El inciso octavo del artículo 3 del mismo código agrega: "Jurisdicción legal es la que nace únicamente de la ley". En esta virtud, hemos de buscar en la ley a cual Juez o Tribunal le correspondía conocer y resolver la demanda propuesta por ADUAUSTRO SA., que concierne a una controversia derivada de un contrato de concesión celebrado con el Estado. - A la fecha en que se presentó la demanda: 20 de diciembre de 1996, se hallaba vigente el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la iniciativa privada, cuyo inciso primero decía: "Procesos. - Los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo y Fiscal, dentro de la esfera de su competencia, conocerán y resolverán de todas las demandas y recursos derivados de actos, contratos y hechos que hayan sido expedidos, suscritos o producidos por el Estado y otras entidades del sector público. El administrado afectado por tales actividades, presentará su denuncia o recurso ante el tribunal que ejerce jurisdicción en el lugar de su domicilio. El procedimiento aplicable será el previsto en la ley de la materia". En vista de que la actora - administrada - tenía su domicilio en la ciudad de Cuenca, es incuestionable que el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo con sede en esa ciudad, era competente cara conocer resolver la controversia. Mientras se estaba tramitando el proceso, el Plenario de las Comisiones Legislativas, en ejercicio de sus facultades constitucionales, expidió la Ley No. 77, publicada en eL Suplemento del RO. No. 290 de 3 de abril de 1998; en la cual se reforma tácitamente el artículo 38 de la Ley de Modernización del Estado cuando dice: "Art. las causas por controversias derivadas de contratos suscritos por el Estado u otros organismos o entidades del sector público, serán conocidas y resueltas por los juzgados y cortes superiores y los recursos que en ella se interpusieren, para ante la Corte Suprema de Justicia por las salas especializadas en las respectivas ramas. Estos procesos que actualmente se encuentran en. trámite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se remitirán a los jueces y cortes superiores respectivas para que continúen la sustanciación de la causa y dicten las resoluciones correspondientes". Por haberse presentado dudas en la aplicación de la Ley No. 77, la Corte Suprema de Justicia, en uso de la atribución que le concede el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, dicta la resolución con carácter general y obligatorio, publicada en el RO, No. 120 de 1 de febrero de 1999, que continúe las siguientes disposiciones: "PRIMERA. - Las causas por controversias derivadas de contratos suscritos por el Estado y otras entidades del sector público serán conocidas y resueltas: en primera instancia, por los jueces de lo civil, y en segunda instancia, por las cortes superiores. Los recursos de casación serán conocidos y resueltos por las Salas de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia... En forma transitoria, se observarán las modalidades contenidas en las reglas siguientes: Segunda. - Las causas que, actualmente, se hallan en trámite en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Cortes Superiores y tribunales distritales, esto es cii las que aún no se ha pronunciado sentencia o auto definitivo, se remitirán a los jueces de lo civil correspondientes, directamente o previo el respectivo sorteo según el caso. El juez de lo civil, una vez que avoque conocimiento de una causa, continuará el trámite inherente hasta su terminación en primera instancia. De la sentencia o auto definitivo habrá recurso de apelación o de consulta, según la ley ante la corte superior respectiva .. . SEXTA. - El cambio de competencia en razón del grado o del trámite a que se refieren las reglas precedentes no será causa para declaratoria de nulidad de los procesos, por consiguiente, el nuevo juez o tribunal que avoque conocimiento de los mismos continuará el trámite que corresponda". - "Esta resolución transitoria de la Corte Suprema de Justicia es confirmada por el inciso segundo del articulo 29 de las Reformas a la Ley de Modernización del Estado, publicadas en el Suplemento del RO). 144 de 18 de agosto del 2000, que dice: "Los procesos para la solución de controversias iniciados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, que actualmente se encuentran en trámite ante los jueces de lo civil y cortes superiores, continuarán sustanciándose hasta su terminación y ejecución en esos mismos órganos judiciales. Los recursos de casación interpuestos serán resueltos por las mismas salas que los conocen a la vigencia de esta Ley". TERCERO. - En el caso sub lite, el proceso concierne a la controversia generada en las relaciones jurídicas del contrato de concesión anteriormente mencionado. El contrato de concesión es un contrato típicamente administrativo y, por tanto, se rige por las reglas del derecho público y, en forma supletoria, por las normas del derecho civil privado. - Este contrato de concesión está normado por la Ley de Modernización del Estado y su Reglamento y, además, por las normas específicas de la Ley Orgánica de Aduanas y el Reglamento al artículo 81 de esta ley. - El articulo 38 de la Ley de Modernización del Estado, establece una competencia territorial especial para los contratos suscritos por el Estado y las demás entidades y organismos del sector público: el lugar del domicilio del administrado; es decir sienta un concepto diametralmente opuesto al del articulo 27 del Código de Procedimiento Civil, que establece que el Juez del lugar donde tiene su domicilio el demandado es el competente para conocer de las causas que contra este se provoquen. Igual oposición mantiene con el ordinal segundo del artículo 30 del mismo código. CUARTO. - En acatamiento de lo dispuesto por la Ley No. 77, aclarado por la resolución de la Corte Suprema de Justicia, transcritas en el considerando precedente, el Tribunal Distrital No. 3 de lo Contencioso Administrativo actuó correctamente al remitir el proceso a los jueces de lo Civil del Azuay, para que avoque conocimiento al que le tocare por sorteo. A este Juez, o sea al Decimosexto de lo Civil del Azuay, le correspondía asumir el conocimiento de la causa y dictar la sentencia respectiva; pero contrariando los mandatos legales mencionados, se inhibe de conocer la causa por considerar que es incompetente en razón de lo dispuesto por los artículos 25, 27 y 30 numeral 2do. del Código de Procedimiento Civil. 'Este auto es confirmado por la Primera Sala de la Corte Superior de Cuenca, con similares argumentos del inferior, como consta del auto que se reproduce en el considerando primero. El artículo segundo de la Ley No. 77 y la resolución aclaratoria dictada por la Corte Suprema de Justicia tienen una finalidad eminentemente práctica: Evitar que los procesos o controversias derivados de contratos suscritos por el Estado y demás entidades y organismos del sector público, en vista de la inestabilidad legislativa sobre la competencia, estuvieren pasándose de los juzgados de lo Civil a los tribunales contenciosos administrativos, o viceversa, en una suerte de juego de llorón en que el proceso pasa de manó en imano sin llegar a resolverse el fondo o mérito de la controversia; con las demoras y exasperaciones consiguientes de los litigantes; de allí, que resulta censurable la inhibición para conocer de esta litis del Juez Decimosexto de lo Civil del Azuay y la confirmación de esa inhibición por la Primera Sala de la Corte Superior de Cuenca. QUINTO. - Por lo explicado en los considerados precedentes, en el auto dictado por la Corte Superior de Cuenca, el 27 de junio del 2000 (fojas 7 del cuaderno de segundo nivel) se ha aplicado indebidamente los artículos 30, numeral 2do. del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 25 ibídem; en cambio, se ha dejado de aplicar lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1 de la Ley No. 77, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 290 da 3 de abril de 1998, y la resolución de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el Registro Oficial No. 120 de 1 de febrero del 1999, en correspondencia con el articulo 38 de la Ley de Modernización del Estado. - Por todo lo dicho, procede el recurso de casación interpuesto por ADUAUSTRO S.A. y, con arreglo al artículo 14 de la misma ley, a esta Sala le toca dictar la sentencia que corresponde en lugar del auto mencionado, dictado por la Primera Sala de la Corte Superior de Cuenca. SEXTO. - Aduanas Privadas del Austro, ADUAUSTRO S.A., en su libelo de demanda (fojas 30 a 32 del cuaderno de primer nivel) afirma: Que en virtud del contrato de concesión aduanera, suscrito el 15 de agosto de 1995, por el Estado, a través de la Subsecretaria General de Aduanas, con ADUAUSTRO SA., esta empresa privada quedó facultada para el almacenamiento temporal de mercaderías de importación y exportación por el tiempo de cinco años. Que durante un año ADUAUSTRO ejerció plenamente sus obligaciones contractuales, mas la decisión unilateral de la. Subsecretaría de Aduanas de prohibir el tránsito de mercancías desde Guayaquil a Cuenca, adoptada en el mes de agosto de 1996, impidió de hecho la continuación de las actividades en la concesionaria, y la continuación del contrato mismo, reduciéndolo en cuatro años. Que ha sido la administración la que ha incumplido en sus obligaciones contractuales, una en especial: la de brindar facilidades y asistencia técnica a la empresa para el cabal funcionamiento de la concesión, señalada en el quinto inciso del artículo 81 de la Ley Orgánica de Aduanas y en la letra h) del articulo 6 del reglamento para la aplicación de la norma principal. Que evidentemente, al ordenar la suspensión del envío de mercaderías que debían ser almacenadas y custodiadas por la concesionaria, no es facilitarle su trabajo sino impedirlo. Es una franca violación de las obligaciones legales y contractuales por parte del Servicio de Aduanas. Que esa decisión constituye además una virtual revocación y terminación unilateral del contrato, cuando restan cuatro años para que expire el plazo de la concesión. Que por el contrario ADUAUSTRO S.A. cumplió a cabalidad sus obligaciones contractuales, entre ellas la presentación y renovación de las garantías. Que tales hechos causan enormes perjuicios a la concesionaria, que por una parte ha realizado cuantiosas erogaciones para equiparse, instalarse y funcionar, otras más para enfrentar emergentemente los desfases provocados por la decisión administrativa. Que tales perjuicios deben ser resarcidos por el Estado en conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 23 de la Codificación de la Constitución Política de la República y en el artículo 1532 del Código Civil. Con estos antecedentes formula las siguientes pretensiones: "a. La resolución del contrato de concesión de servicios aduaneros celebrado el 15 de agosto de 1995 entre el Estado Ecuatoriano representado por el Subsecretario de Aduanas del Ministerio de Finanzas y Crédito Público y la empresa Aduanas Privadas del Austro Aduaustro S.A. para el almacenamiento temporal de mercaderías de importación y exportación, por incumplimiento de las obligaciones legales y contractuales del primero. b. Como consecuencia, el pago de indemnizaciones por perjuicios en el que se comprenderán los de lucro cesante y daño emergente". - Citado el Procurador General, que es el representante judicial del Estado y por ende de las entidades y organismos del sector público sin personalidad jurídica, no contesta la demanda, falta de contestación que, de acuerdo con el artículo 107 del Código de Procedimiento Civil, se considera como negativa simple de los fundamentos de la demanda. - Así queda trabada la litis, y para resolverla se hacen los razonamientos constantes en los considerados siguientes: SEPTIMO. - La pretensión de la actora está fundada en el artículo 1532 del Código Civil que dice: "En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero, en tal caso, podrá el otro contratante pedir, a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato, con indemnización de perjuicios". - Se trata, pues, de la condición resolutoria tácita, que para su procedencia debe reunir los siguientes presupuestos: 1. - El contrato debe ser bilateral; esto es, en el contrato deben estipularse obligaciones reciprocas, conforme define el artículo 1482 del Código Civil. No hay condición resolutoria tácita en los contratos unilaterales. 2. - Incumplimiento imputable al deudor de una obligación. - El incumplimiento no siempre acarrea responsabilidades para el deudor, porque hay casos en que éste deja de cumplir sin que por ello deba indemnización. Es preciso, por tanto, que el incumplimiento dañoso sea imputable al deudor, y lo es, cuando de su parte hay dolo, o sea la intención de no cumplir su obligación, o culpa, cuando de su parte hay falta de diligencia o cuidado para cumplir. No le será imputable en los casos liberatorios de responsabilidad, de los cuales el más importante es el caso fortuito o fuerza mayor. 3. - El deudor debe estar en mora. Sin mora no hay indemnización de perjuicios, como establece el articulo 1600 del Código Civil que dice: "Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o si la obligación es de no hacer desde el momento de la contravención.". El elemento de la mora resulta de primordial importancia en el presente juicio, porque del contenido de la demanda se infiere que la pretensión medular de ADUAUSTRO SA., no es propiamente la resolución del contrato, ya que a su decir: "Se ha producido una virtual terminación del contrato por decisión unilateral de la Subsecretaría Nacional de Aduanas sin existencia de causa legal o contractual que lo justifique y ello causa enormes perjuicios a la empresa . - De acuerdo con el artículo 1594 del Código Civil el deudor está en mora: "1) Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor para constituirle en mora". Es la llamada mora contractual expresa, por cuanto en el contrato las partes fijan el momento del cumplimiento, con 'lo cual se considera que el acreedor ha manifestado explícitamente a su deudor que hasta esa fecha puede esperarlo, y que desde que se vence el incumplimiento le ocasionará pago de perjuicios. Es una aplicación del aforismo: "De que el día requiere por el hombre". - "2) Cuando la cosa no ha podido ser dada o ejecutada sino dentro de cierto espacio de tiempo, y el deudor lo ha dejado pasar sin darla o ejecutarla". - Es la llamada mora contractual tácita, porque hay un verdadero plazo sobrentendido; no se fija un plazo determinado, pero el plazo se supone o sobrentiende del contexto de las declaraciones la voluntad de las 'partes. El daño aparece de manifiesto si así no se hace. - "3) En los demás casos, cuando el deudor ha sido judicialmente reconvenido por el actor". - El ordinal tercero del articulo 1594 contiene en verdad una regla general en materia de mora, aunque el legislador la haya colocado en tercer lugar,' porque cualquier situación no comprendida en los ordinales primero y segundo necesita para la constitución en mora del deudor el requerimiento judicial. Si no hay requerimiento judicial no hay mora. - Hay que tomar en cuenta que el ordinal tercero del articulo 1594 del Código Civil exige que la reconvención ha de ser judicial, por consiguiente, cualquier requerimiento extrajudicial, por serio y público que sea (como la publicación en un periódico de amplia circulación), y aún el reconocimiento del deudor de estar en retardo no lo coloca en mora. Ciertamente, que esta exigencia del requerimiento judicial es muy rigurosa y en algunos casos puede resultar injusta, pero dada la imperatividad de la norma, el requisito de requerimiento judicial no puede omitirse. Por suerte, el ordinal quinto del artículo 101 del Código de Procedimiento Civil ha dejado en claro, al tratar sobre los efectos de la citación, que la citación con la demanda constituye al deudor en mora. En muchas resoluciones judiciales todavía se prescinde del ordinal quinto del articulo 101 del Código de Procedimiento Civil, para calificar la mora siguiendo la doctrina de tratadistas extranjeros cuyas legislaciones no contemplan la citación de la demanda como constitutiva de mora del deudor. Al respecto, el doctor Juan Isaac Lovato dice: "La mora es la tardanza en el cumplimiento de una obligación desde que es exigible por lo común de pagar cantidad líquida y vencida... La disposición que estudiamos se refiere al numeral 3ero. que acabamos de transcribir. La frase "judicialmente reconvenido", equivale a demandado o con mayor precisión "citado con la demanda" (Programa Analítico de Derecho Procesal Ecuatoriano, tomo V. Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito. 1962. Pág. 71). 4. - El acreedor, a su vez, debe haber cumplido, al tiempo de proponerse la acción, sus obligaciones, o allanado a cumplirlas en la forma y tiempo debidos. Así dispone, en forma clara y terminante, el articulo 1595 del Código Civil que dice: "En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos". - Sobre este requisito Luis Claro Solar al comentar el Código Civil Chileno, que es igual al nuestro, dice: "La constitución en mora del deudor es, por lo mismo, indispensable para que pueda prosperar la acción resolutoria del contrato. Quien puede demandar la resolución es el acreedor de la obligación no cumplida, el otro contratante que, por su parte, ha cumplido lo pactado, o se allana a cumplirlo en la forma y tiempos debidos. En los contratos bilaterales, y más generalmente, en los contratos a titulo oneroso, ambos contratantes deben cumplir oportunamente con las obligaciones que han contraído; y ninguno de ellos puede considerarse moroso silos Otros no se manifiestan dispuestos a cumplir las que ha ellos les corresponde. "En los contratos bilaterales, dice el articulo 1552 (1595 del Código Civil Ecuatoriano), ninguno de los contratantes está en mora mientras el otro no lo cumple por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos". Si el demandante no hubiere cumplido sus propias obligaciones ¿Cómo podría exigir que el demandado cumpliera las suyas, y por los mismo, pedir la resolución del contrato?". (Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado. Volumen y. De las Obligaciones. Editorial Nomos. Bogotá. 1988. Págs. 184 y 185). OCTAVO. - En el contrato de concesión celebrado entre el Estado, por medio del Subsecretario de Aduanas del Ministerio de Finanzas y Crédito Público, por una parte, y ADUAUSTRO SA., por otra, se establecen obligaciones tanto para la una como la otra parte; esto es, son acreedores y deudores recíprocos de prestaciones determinadas. - Para efectos del presente juicio, destacamos las siguientes obligaciones: a) El contrato fue celebrado el 15 de agosto de 1995, fecha en la cual se hallaba vigente la Ley Orgánica de Aduanas, publicada en el RO. No. 396 de 10 de marzo de 1994 (actualmente derogada) cuyo articulo 81 inciso quinto dice: "El Estado prestará a las empresas encargadas de hacer el servicio aduanero, toda la ayuda que ésta requiera para el cumplimiento de sus funciones y especialmente en el caso de ilícitos y para efectos de vigilancia". Esta norma legal quedó incorporada al contrato en mérito de la regla 188 del artículo 7 del Código Civil que dispone: "En todo contrato se entenderán incorporadas las leyes vigentes al tiempo de su celebración". En consecuencia, el Estado por medio de la Subsecretaría de Aduanas quedó como deudor de ADUAUSTRO S.A. acreedora, de lo señalado expresamente por el inciso quinto del artículo 8 de la Ley Orgánica de Aduanas anteriormente transcrito. Esta obligación del Estado ha sido incumplida el momento en que el Subsecretario Nacional de Aduanas ha enviado a la Administradora de Aduanas del Primer Distrito, el oficio incorporado a fojas 23 del cuaderno del primer nivel, en la que dispone: "Vista las necesidades del servicio y en atención a mejorar la administración de la aduana, dispongo que usted no autorice el tránsito de ninguna clase de mercadería hasta el distrito de la ciudad de Cuenca, hasta segunda orden que de manera oportuna impartiré.". b) A su vez, ADUAUSTRO S.A. ha quedado como deudora del Estado, acreedor, de la siguiente prestación estipulada en la cláusula tercera del contrato (fojas 17 a 20 del cuaderno del primer nivel): "La concesionaria para responder ante la aduana por los eventuales daños o pérdidas de las mercancías, así como por el pago de los tributos aduaneros, presentará una garantía por cuatrocientos millones de sucres (S/. 400'000.000), la misma que deberá ser aceptada por el administrador central respectivo y contendrá de manera expresa la estipulación que autorice a la aduana, sin restricción, condición o limitación alguna, a hacerla efectiva cuando la obligación garantizada se incumpla total o parcialmente . ADUAUSTRO S.A., el 18 de agosto de 1995 ha presentado la garantía bancaria del Banco del Pacífico S.A. El plazo de vigencia 'de esta garantía es por trescientos noventa días, que ampara al garantizado sus derechos ante la administración de aduanas, que incluyen los treinta días adicionales para efectos de la ejecución de esta garantía. Vencido este plazo, la garantía quedó caducada y, consiguientemente, ADUAUSTRO SA. estuvo obligada a renovarla lo cual no ha llegado a hacerlo. Del documento agregado a 62 vlta. fojas del cuaderno de primer nivel aparece que se iniciaron los trámites para la renovación de la garantía, y el Quinto Distrito de Aduanas de Cuenca, el 8 de octubre de 1996, fijó como monto de la garantía que debe rendir dicha concesionaria en la suma de SI. 120'000.000. Pero ADUAUSTRO SA., en vez de rendir la caución a que estaba obligada, propone la demanda de resolución del contrato y el pago de indemnización de daños y perjuicios el 20 de diciembre de 1996. Es decir ADUAUSTRO SA. propone la demanda no obstante haber dejado de cumplir la prestación pactada en la cláusula tercera del contrato, no haberse allanado a cumplirlo. - En esta virtud falta el elemento constitutivo el de mora establecido por el artículo 1595 del Código Civil, y por esta razón las pretensiones de la actora devinieron en improcedentes. NOVENO. - Vale mencionar que el último inciso del artículo 8 del Reglamento para la Aplicación del artículo 81 de la Ley Orgánica de Aduanas, vigente al tiempo de la celebración del contrato y presentación de la demanda, disponía lo siguiente: "La empresa concesionaria' podrá solicitar la rescisión del contrato, por incumplimiento del Ministerio de Finanzas y Crédito Público de su obligación de otorgar las facilidades y asistencia, establecidas en el contrato, según el artículo 6, letra h) de este Reglamento". Esta acción de rescisión contemplada en el derecho administrativo tiene las mismas características jurídicas que la condición resolutoria tácita prevista por el articulo 1532 del Código Civil. La rescisión según nuestro derecho civil privado tiene el significado de nulidad relativa, de allí que para evitar la confusión entre los alcances de los términos "rescisión" y "resolución", en el Reglamento Sustitutivo a la Ley de Modernización del Estado se ha reemplazado la acción de rescisión, como originalmente constaba, con la acción de resolución. Ni la Ley de Modernización del Estado ni ninguna otra de derecho público establece los elementos jurídicos de la acción resolutoria tácita en los contratos bilaterales administrativo; por ello son aplicables en forma supletoria las reglas del Código Civil al respecto; como manda el articulo 4 de ese código. - En los contratos de tracto sucesivo, como el de concesión celebrado entre el Estado y ADUAUSTRO S.A., la acción de resolución tiene efectos especiales que difieren de los de la resolución común por tal motivo en estos supuestos la doctrina le llama con más propiedad "de terminación de contrato" en lugar de "resolución de contrato". Lo que caracteriza a los contratos de trato sucesivo es que las obligaciones de las partes se van cumpliendo y renovando periódicamente y por ello la terminación opera hacia el futuro. El contrato se extingue, deja de producir efectos, pero no se alteran los ya generados, ellos quedan firmes. Lo que difiere la terminación de la resolución es que ésta tiene efectos retroactivos mientras que aquella no tiene efecto retroactivo. Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, caso el auto recurrido dictado por la Primera Sala de la Corte Superior de Cuenca y, en su reemplazo, rechaza la demanda. Sin costas. Notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto Albán Gómez, Ministros Jueces.

RAZON: Esta copia es igual a su original.

Certifico.

Quito, 5 de julio del 2001.

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

No. 256 - 2001

Dentro del juicio ordinario por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio No. 180 - 2000, que sigue Víctor Hugo Macas Avilés y Carmen Zambrano en contra de Luis Humberto Barnuevo Valarezo y Julia Esperanza Romero Mora, se ha dictado lo siguiente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

Quito, julio 9 del 2001; las 10h00.

VISTOS: Víctor Hugo Macas Avilés y Carmen Zambrano deducen recurso de casación contra la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte Superior de Machala, en el juicio ordinario que, por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, siguen los recurrentes en contra de Luis Humberto Barnuevo Valarezo y Julia Esperanza Romero Mora. Aducen que en la sentencia se han infringido los artículos 117, 118 y 119 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 734 y 2435 del Código Civil, así como también el articulo 23, numeral 27 de la Constitución Política de la República del Ecuador. Fundamentan el recurso en las causales primera y tercera del artículo 3 de la Ley de Casación. Concedido el recurso sube a la Corte Suprema de Justicia, y por el sorteo de ley, se radica la competencia en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la que en providencia de 25 de julio del 2000, acepta a trámite el recurso. Concluida la sustanciación, atento el estado de la causa, para resolver se considera: PRIMERO. - En los considerados de la sentencia recurrida se expresa lo siguiente: "Cuarto. - La parte demandada ha presentado copia certificada de la escritura de compraventa realizada ante el Notario Segundo del cantón Pifias en la cual los cónyuges señores Sergio Orellana Carrión y Rosalía Ramírez dan en venta al señor Humberto Barnuevo Valarezo el 15 de agosto de 1984 la propiedad que consta en esta escritura, cuyos linderos y dimensiones constan agregados al proceso. Según se aprecia de la escritura de compraventa, esta fue realizada el 16 de agosto de 1984 y la presentación de la demanda que ocurre en la ciudad de Balsas, el 08 de marzo de 1999, cuando no cumplía 15 años conforme determina el artículo 2424 del Código Civil, regla cuarta numeral primero que manifiesta: Que quien se pretende dueño no puede probar que en los últimos quince años se ha reconocido expresa y tácitamente su dominio por quien alega su prescripción. Si los demandados adquieren en el año de 1984 por compraventa el predio materia de ésta contienda y no han transcurrido quince años de este hecho se considera que los actores de esta demanda no se encuentra en posesión durante el tiempo que la ley requiere para solicitar la prescripción adquisitiva. - Quinto: Según . se aprecia las dimensiones constantes en el libelo de la demanda y las dimensiones constantes en la escritura de compraventa a favor del señor Luis Humberto Barnuevo Valarezo difieren entre sí, por lo que no se encuentra debidamente singularizado el bien materia de esta prescripción". De los considerados transcritos se advierte que en la sentencia se da un errado sentido y alcance a la posesión, que es uno de los presupuestos esenciales de la acción de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio; puesto que para rechazar la demanda se toma como ,sustento central el título adquisitivo de dominio de los demandados. Posesión, dice el articulo 734 del Código Civil, es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por si mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo. Este artículo consagra la teoría sobre la posesión de Savigny, que establece dos elementos de la posesión: el corpus y el animus, analizados con propiedad por el Juez Decimotercero de lo Civil de El Oro en su sentencia de primera instancia. El corpus es el elemento físico, la posibilidad material de hacer de la cosa lo que se quiere, impidiendo toda injerencia extraña; pero no basta el corpus sino que para que una persona sea realmente poseedora debe tener la cosa con año de señor y dueño; si tiene la cosa reconociendo el derecho de propiedad ajena, si la tiene por otro o en representación de otro, es un simple detentador, definido por el artículo 788 del Código Civil. Es pues, el animus domini lo que distingue al poseedor y al tenedor. La posesión y la propiedad son instituciones jurídicas significativamente distintas. La propiedad o dominio es el derecho real que una persona tiene sobre una cosa, de modo que ésta le está jurídicamente sometida. El dominio es un poder jurídico que faculta a su titular para aprovechar ampliamente una cosa; sin embargo, el propietario no podría ejercer sus facultades que le otorga no derecho si la cosa no estuviere a su disposición, es decir, si de hecho no le estuviese sometido. La propiedad es el derecho o el poder jurídico sobre una cosa. La posesión es el poder de hecho, físico o material sobre la misma cosa. En el estado jurídico normal, el dueño es poseedor, propiedad y posesión van ordinariamente juntos, hasta tal punto que la posesión puede considerarse como la exteriorización de la propiedad. Sin embargo, no siempre van unidas la propiedad y la posesión, uno es el dueño de la cosa y otro el poseedor, es decir, en una persona radica el poder de derecho y en otra persona radica el poder de hecho sobre la misma cosa. Esto es justamente lo que ocurre en la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio en que uno es el propietario del inmueble y otro es el poseedor; por eso, en el juicio en que se debate la pretensión de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, debe examinarse la situación de hecho, sin indagar si ésta corresponde o no a una situación de derecho. Así lo dispone de manera clara y expresa el numeral 20 del articulo 2434 del Código Civil que dice: "Para la prescripción Extraordinaria adquisitiva de dominio oo"no es necesario titulo alguno", basta la posesión material en los términos del artículo 734". Ciertamente, en la pretensión de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, es necesario el título adquisitivo de dominio inscrito del demandado para justificar que este es el legítimo contradictor o legitimado en causa; pero una cosa es que ese título sirva para justificar quien es el legitimo contradictor y .otra muy distinta que sirva para justificar la posesión. Se debe probar la posesión del suelo, dice el artículo 989 del Código Civil, por hechos positivos, de aquellos a que solo el dominio da derecho, como la corta de madera, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión. Siendo la posesión una situación esencialmente de hecho puede justificarse por cualquiera de los medios establecidos por la ley, entre ellos la declaración de testigos. Los títulos son útiles únicamente en las acciones posesorias de conservación o de recuperación, conforme prevé el artículo 987 del Código Civil. SEGUNDO. - En el caso sub lite, por lo explicado anteriormente, nada tiene que ver el título .adquisitivo de dominio de los demandados, con la posesión de los actores del predio objeto de la demanda. Resulta un verdadero dislate el fallo dictado por la Segunda Sala de la Corte Superior de Machala cuando en su motivación sostiene que el plazo de la posesión de los actores ha de contarse desde la fecha del titulo adquisitivo de dominio de los demandados. Igualmente, nada tiene que ver que haya diferencia de la superficie del predio señalado en el titulo con la señalada en la demanda. Es evidente, entonces que en la sentencia recurrida, al ser incongruente la valoración de la prueba, se ha transgredido reglas de la sana crítica previstas en el articulo 119 .del Código de Procedimiento Civil, que han conducido a una equivocada aplicación de las normas sustantivas contenidas en los artículos 734 y 2435 del Código Civil invocados por los recurrentes. Por lo dicho procede el recurso de casación apoyado en la causal tercera del artículo 3 de la ley de la materia. Con arreglo al artículo 14 de la misma ley, a esta Sala le toca asumir momentáneamente las atribuciones de Tribunal de tercera instancia y expedir la sentencia que corresponde en reemplazo de la expedida por la Segunda Sala de la Corte Superior de Machala. TERCERO. - Víctor Hugo Macas Avilés y Carmen Zambrano Sivisaca, en su libelo de demanda (fojas 2 del cuaderno de primer nivel) afirman: que desde el cuatro de febrero de 1983 vienen poseyendo, en forma pacífica, pública e interrumpida, un predio ubicado en la ciudadela San Vicente, cantón Marcabelí, provincia de El Oro; cuyos linderos, dimensiones y más detalles se determinan en dicha demanda: Con tales antecedentes, con fundamento en lo previsto en los artículos 2416, 2435 y más aplicables del Código Civil, formulan la pretensión de que se declare a su favor la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio del inmueble mencionado. La demanda la dirigen contra los cónyuges Luis Humberto Barnuevo Valarezo y Julia Esperanza Romero Mora. - Los demandados, en su contestación a la demanda, oponen estas siguientes excepciones: "a. - Niego pura y simple los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. b. - Falta de derecho de los actores para proponer dicha acción. c. - Falsedad en la demanda, por cuanto ellos han sido inquilinos y no posesionarios. d. - Incompetencia del juzgado, por cuanto es un asunto de inquilinato y no ordinario civil, e. - Con relación a la demanda alegamos la falta de requisito estipulado para la prescripción adquisitiva, ya que fue en el mes de agosto de 1984 en que recién adquirí la casa y el terreno conforme lo justificaré el respectivo término de prueba, por lo tanto es improcedente la solicitud de prescripción. f. - Improcedencia de la acción porque éste lo hace cuando lo reconvine en la demanda laboral que me hace en contra mía y solicité en audiencia me pague los valores que me adeuda". - Así trabada la Iitis para resolver se hacen los razonamientos constantes en los considerados siguientes: CUARTO. - Del análisis del proceso se desprende que la controversia del presente juicio se refiere a la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, que es materia netamente civil; de manera que la alegación de los demandados de que se trata de un asunto de inquilinato, para el cual no tiene competencia el Juez de lo Civil, carece de todo sustento. Además, en el proceso no se advierte omisión de solemnidad sustancial alguna ni violación del trámite correspondiente a la naturaleza del asunto o de la causa que se está juzgando. QUINTO. - Del certificado del Registrador de la Propiedad del cantón Piñas (fojas 27 del cuaderno de primer nivel) en correspondencia con la escritura de compraventa incorporada al proceso (fojas 16 del cuaderno de primer nivel), aparece que los demandados son los titulares del derecho de dominio inscrito del predio cuya prescripción se pretende; el proceso es seguido, por tanto, contra legítimos contradictores, es decir contra quienes son los legitimados en causa para contradecir u oponerse a la pretensión de los actores. SEXTO. - En virtud de la carga de la prueba impuesta por el articulo 117 del Código de Procedimiento Civil, a los actores les correspondía probar las afirmaciones sobre los hechos narrados en la demanda. Valorada la prueba aportada al juicio, se encuentra que los actores han justificado los siguientes elementos fácticos: a) Que están en posesión del predio cuya prescripción pretenden, con la inspección judicial practicada por el Juzgado Decimotercero de lo Civil de El Oro (fojas 29 y 30 vlta. del cuaderno de primer nivel); el informe pericial complementario de la inspección (fojas 31 a 33 del cuaderno de primer nivel), y las declaraciones testimoniales de Herber Alberto Collaguazo Jara (fojas 22); Margarita Ramón Toro (fojas 22 vlta.), José Félix Rodríguez Ordóñez (fojas 23) y José Angel Cueva Vega (fojas 24); b) Que los actores están en esta posesión, libre de vicios, por más de quince años, con las declaraciones de los mismos testigos anteriormente nombrados todos los cuales dan razones convincentes de sus afirmaciones; y, c) Del certificado del Departamento Financiero, Sección Catastros de la Municipalidad de Marcabelí (fojas 25), y del certificado del Registrador de la Propiedad de Piñas (fojas 27) aparece que el inmueble cuya prescripción se pretende está en el comercio; esto es, no se trata de un inmueble perteneciente al dominio público ni comprendido en los casos de prohibición de inajenabilidad señalados por la ley. De la valoración de los medios de prueba mencionados, esta Sala llega a la conclusión de que los actores han probado fehacientemente los presupuestos para la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, previstos en los artículos 2422, 2425, 2433 y 2435 del Código Civil. Por las consideraciones expuestas, la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia pronunciada por la Segunda Sala de la Corte de Machala y, en su reemplazo. acepta la demanda. - En consecuencia, se declara que Víctor Hugo Macas Avilés y Carmen Zambrano Sivisaca han adquirido por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio el lote de terreno situado en la ciudad de Marcabelí, cantón del mismo nombre, provincia de El Oro; circunscrito dentro de estos linderos y dimensiones: Al Norte, en una dimensión de 19 m., con terrenos de Rafael Machanya. al Sur, en un dimensión de 24 m. con propiedad de Celia Armijos; al Este, en una dimensión de 16.30 m., con avenida Río Puyango, y, al Oeste, en una dimensión de 17 m., con alcantarillado de aguas lluvias. Esta sentencia, conjuntamente con el croquis que forma parte del informe pericial (fojas 32 del cuaderno de primer nivel), protocolícese en una de las notarías públicas e inscríbase en el Registro de la Propiedad del Cantón Marcabelí, previa la cancelación de la inscripción de la demanda realizada el 12 de marzo de 1999. Sin costas. Notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto Albán Gómez, Ministros Jueces.

Esta copia es igual a su original.

Certifico.

Quito, 9 de julio del 2001.

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

No. 258 - 2001

En el juicio verbal sumario (Recurso de Casación) No. 88 - 2001 que, por divorcio, sigue Germania Catalina Taco Pérez en contra de Jaime Ramiro Yánez Salcedo, se ha dictado lo siguiente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

Quito, 11 de julio del 2001; las 09h40.

VISTOS: Jaime Ramiro Yánez Salcedo deduce recurso de casación contra la sentencia de mayoría pronunciada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Quito, en el juicio verbal sumario de divorcio seguido por Germania Catalina Taco Pérez en contra del recurrente. - Dicho recurso es concedido, por lo que el proceso sube a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia y, por el sorteo de ley, se radica la competencia en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la que en auto de 4 de abril del 2001, acepta a trámite el recurso. Concluida la sustanciación, atento el estado de la causa, para resolver se considera: PRIMERO. - El recurrente fundamenta su recurso en la causal segunda del articulo 3 de la Ley de Casación, y dice que en el fallo impugnado se ha omitido lo que dispone la solemnidad sustancial cuarta del articulo 355 del Código de Procedimiento Civil, así como alega: "En el presente caso no se citó con la demanda al suscrito pese a que como esposo que soy de la actora conoció perfectamente donde vivo, cual es mi domicilio, donde trabajo... Tenía ella toda posibilidad de indagación, y al tiempo de rendir el juramento que consta del proceso, no indicó que le ha sido imposible «DETERMINAR EL DOMICILIO E INDIVIDUALIDAD DE MI RESIDENCIA» vale decir que ella debió haber agotado todos los esfuerzos para ubicarme dentro de un cantón que como el de Rumiñahui todos nos conocemos y podía encontrarme Es decir, la actora no agotó los esfuerzos para ubicarme, conforme lo provee el Art. 86 del Código de Procedimiento Civil.". En virtud del principio dispositivo, el Tribunal de Casación únicamente puede conocer los vicios señalados por el recurrente, conforme lo ha declarado esta Sala en innumerables fallos. Por lo tanto, en la presente causa, se limitará a conocer de la transgresión fundamentada en la causal segunda del artículo 3 de la ley de la materia. - SEGUNDO. - Respecto a esta acusación, este Tribunal reitera lo que ya sostuvo en su fallo No. 159 - 2001 de 9 de abril del 2001, publicado en el Registro Oficial 353 de 22 de junio del mismo año, en el que se anota: "Citación es el acto procesal del juez, realizado a través del secretario o del citador, mediante el cual se pone por escrito en conocimiento del demandado la demanda y la providencia recaída en ella. Toda demanda ha de citarse necesariamente a la parte contra quien se dirige, para dar efectiva vigencia al principio del debido proceso preceptuado por la Constitución Política de la República del Ecuador. La citación es un presupuesto procesal fundamental; por eso el artículo 355 del Código de Procedimiento Civil la coloca entre las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias, cuya omisión acarrea la nulidad del proceso; siempre, por supuesto, que no se haya saneado o convalidado, porque por lo general las nulidades procesales son susceptibles de convalidación en la forma señalada por la ley. - Según nuestro Código de Procedimiento Civil eximen diversos tipos de citaciones, siendo las más comunes: la personal y por boleta. La citación personal puede hacerse en cualquier lugar en que el secretario o citador encuentre al demandado, previa la identificación correspondiente. Si no se encuentra personalmente al demandado la citación ha de hacerse por tres boletas, dejadas en tres días distintos en la habitación del demandado, en la forma contemplada en el artículo 81 del Código de Procedimiento Civil. La habitación en que se ha de dejar las boletas es la señalada por el actor, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 71, ordinal 7mo. del Código de Procedimiento Civil, con la obligación del secretario o citador de cerciorarse de la verdad de que se trata de la respectiva habitación para hacer allí la citación en forma legal (último inciso del artículo 81 del Código de Procedimiento Civil). En la segunda parte del artículo 81 y en el artículo 82 se establecen modalidades en la forma de citación a los comerciantes y a los ministros plenipotenciarios y agentes diplomáticos; así como también en el articulo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado se regula la forma de citación de las demandas contra el Estado o las dependencias u organismos que carezcan de personalidad jurídica. - El Código de Procedimiento Civil ha previsto la citación por la prensa como un medio extremo cuando es imposible determinar la residencia del demandado. Es indudable que en un conglomerado social en donde habitan tantas personas en muchos casos sea difícil conocer el lugar donde habita la persona contra quien se va a dirigir una demanda; pero ese simple desconocimiento no le exonera al actor de la carga de acudir a fuentes de información factibles, tales como guías telefónicas, Registro Civil, Cedulación e Identificación, para obtener los datos necesarios para ubicar la residencia del que va ha ser demandado. Por eso el articulo 86 del Código de Procedimiento Civil establece categóricamente: «La afirmación de que es imposible determinar la individualidad o residencia de quien debe ser citado, lo hará el solicitante bajo juramento sin el cumplimiento de cuyo requisito el juez no admitirá la solicitud».". La resolución citada continúa: "Adviértase que la exigencia de la ley no es la afirmación que el actor desconoce el domicilio del demandado, sino específicamente que es imposible determinar su residencia, y lo uno y lo otro son conceptos jurídicos distintos. Así mismo el articulo 86 del Código de Procedimiento Civil utiliza la palabra «residencia», no «domicilio». - Domicilio y residencia son conceptos que, para fines procesales son diversos y no siempre coincidentes. El domicilio consiste, dice el artículo 45 del Código Civil, en la residencia, acompañada, real o presuntivamente, del ánimo de permanecer en ella. Divídese en político y civil. - Y el artículo 48 agrega, «el lugar donde un individuo está de asiento, o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determinará su domicilio civil o vecindad». La residencia es el lugar de morada, habitación donde vive un individuo; el domicilio es más amplio aunque puede coincidir con residencia; pues es aquella en donde el individuo realiza la actividad de sus negocios, es el lugar donde ha establecido la sede de sus negocios e intereses. El domicilio no coincide necesariamente con el lugar del trabajo del demandado, pues solo si la persona labora en su propio domicilio puede haber coincidencia de ambos. El juez debe ser muy cuidadoso para admitir que la citación se haga al demandado por la prensa, porque se está extendiendo el abuso en su utilización como un artificio para impedir que el demandado pueda ejercitar su derecho de defensa...". Igual criterio ha sostenido en la Resolución No. 398 - 2000 de 4 de octubre del 2000, publicada en el Registro Oficial 224 de 14 de diciembre del 2000. - SEGUNDO. - En la especie, la actora manifiesta en su demanda (fojas 4 - 4 vta, del cuaderno de primera instancia): "Bajo juramento declaro que desconozco el domicilio actual del demandado señor JAIME RAMIRO YANEZ SALCEDO, por lo que amparada en la disposición contenida en el Art. 86 del Código de procedimiento Civil solicito se disponga la citación por la prensa del demandado."; es decir, que la actora en su demanda no declara bajo juramento que es imposible determinar la residencia del demandado, como exige el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, sino que simplemente afirma con juramento que desconoce la dirección domiciliaria actual. Una vez aceptada a trámite verbal sumario la demanda de divorcio, el Juez de primer nivel dispone que, de conformidad con el artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, se cite al demandado por la prensa en uno de los periódicos de circulación en la ciudad de Quito. Las tres publicaciones se efectúan en distintas fechas en el diario "La Hora" de Quito (fojas 7 - 8 de primera instancia); una vez terminado el trámite en el proceso, se dicta sentencia el 15 de junio del 2000 en contra del demandado y en rebeldía de éste (fojas 26 y 26 vta. ibídem). Respecto a la naturaleza de las citaciones efectuadas por la prensa, en casos como éste, la Sala dijo ya en su Resolución No. 83 - 99, publicada en la Gaceta Judicial Serie XVI, Nos. 9359 a 9371 que "cuando, mediante maniobras contrarias a la buena fe y a la lealtad procesal, utilizando los mecanismos legales previstos para supuestos de excepción en que se justifica su empleo, se ha colocado al demandado en situación de verdadera indefensión, resulta temerario, por decir lo menos, pretender que el juzgador aprecie como indicio en contra del demandado aquello que él físicamente estuvo en imposibilidad de hacer; no debe perderse. de vista que el proceso, para su efectiva realización y para que pueda alcanzar su fin, que es la heterocomposición de las pretensiones de los litigantes como vía para la armonía social y el logro del ideal de justicia, impone a los contendientes el deber de adoptar actitudes que se compadezcan con el alto fin que persigue, lo cual implica el proceder con lealtad y con buena fe, y sin lugar a dudas que quien, conociendo el lugar del domicilio o de la residencia del demandado, declara con juramento ignorarlo a fin de conseguir que la citación se realice por la prensa, con el evidente propósito de que, por la índole misma de las publicaciones y sus características, tal emplazamiento pase desapercibido, no está actuando con lealtad ni demuestra buena fe. En nuestro sistema procesal, el citar al demandado por la prensa afirmando que se desconoce su identidad o residencia cuando en realidad sí se la conoce, si es que con este arbitrio desleal se logra que el demandado no tome debido y oportuno conocimiento de la acción incoada en su contra, colocándolo en indefensión, sí provocaría nulidad procesal en el evento de que el demandado no haya podido ejercer su derecho de contradicción porque, aunque formalmente haya citación practicada de conformidad con la ley, sin embargo se habrá atentado directamente contra el debido proceso ya que utilizando este mecanismo en fraude de la ley, (práctica innoble por desgracia tan frecuente en nuestro medio) se logra con frecuencia que la citación pase desapercibida; en efecto, el proceso de acelerada urbanización de nuestra sociedad, la existencia de múltiples medios de prensa, las características de las publicaciones reducidas al mínimo y ocupando lugares nada destacados por sus costos, la sustitución de la prensa en la comunicación social por otros medios más rápidos y efectivos como la televisión, etc., determinan el que, si bien la citación por la prensa brinde al juez la certeza de que la publicación se realizó, sin embargo no le da de modo alguno la seguridad de que la demanda ha llegado efectivamente a conocimiento del demandado, por lo que con frecuencia se coloca a éste en situación de verdadera indefensión, pues el desconocimiento real de la existencia de la demanda en su contra le coloca en imposibilidad de ejercer en debida forma su derecho de defensa proponiendo en su oportunidad las excepciones y más medios de defensa de los que se halle asistido, de manera que no se cumple con la garantía constitucional del debido proceso y sin lugar a dudas que quien procede de esta manera esto es, afirmando desconocer el domicilio del demandado cuando en realidad si lo conoce y este hecho lo llega a comprobar el juzgador, no está actuando con lealtad ni demuestra buena fe . El fallo de mayoría impugnado dice en su considerando tercero que "Si bien es cierto que la actora, al prestar su juramento, no se ha sujetado, estrictamente, a lo dispuesto en el Art. 86 del Código de Procedimiento Civil, para solicitar que se cite por la prensa al demandado, no es menos cierto que se trata de una simple omisión de forma, por lo que debe estarse a lo preceptuado en el Art. 192 de la Constitución Política de la República del Ecuador, según el cual «El sistema procesal será un medio para la realización de la justicia... No se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades...». Por consiguiente, se declara bien hecha la citación al demandado..." (fojas 27 vta, y 28 de segunda instancia), razonamiento que precisamente contradice el espíritu de la misma norma constitucional que se invoca como fundamento para convalidar la citación por la prensa, por las reflexiones recabadas anteriormente. Por lo dicho, al omitirse la solemnidad sustancial cuarta del artículo 355 del Código de Procedimiento Civil respecto del demandado, la sentencia adolece del vicio in procedendo contemplado en la causal segunda del artículo 3 de la Ley de Casación, y procede el recurso interpuesto. En consecuencia, esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia de mayoría dictada por la Quinta Sala de la Corte Superior de Quito, y en su reemplazo, de conformidad con lo previsto en el artículo 11 de la ley s/n publicada en el Registro Oficial 39 de 8 de abril de 1997, reformatoria de la Ley de Casación, declara la nulidad de todo lo actuado a partir de la providencia pronunciada por el señor Juez Undécimo de lo Civil de Pichincha, 31 de marzo de 1999 (fojas 6 del cuaderno de primera instancia) a costa de dicho Juez, Dr. Felipe Granda Aguilar, y de los señores ministros jueces de la Quinta Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito que dictaron la sentencia de mayoría, doctores Jorge Washington Cevallos Salas y Ruth Amores Salgado. Se ordena remitir el proceso al órgano judicial correspondiente a fin de que conozca la causa desde el punto en que se produjo la nulidad, sustanciándolo con arreglo a derecho. Notifíquese y devuélvase.

Fdo..) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto Albán Gómez, Ministros Jueces.

Certifico. - Doctora Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

RAZON: Las copias que anteceden son iguales a sus originales.

Certifico. - Quito, 11 de julio del 2001.

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

No. 260 - 2001

En el juicio ordinario (Recurso de Casación) No. 97 ­ 2001 que, por indemnización por daño moral, sigue Miriam Yustin Jaya Loaiza en contra de Gabriel Ricardo Caamaño Gangotena, se ha dictado lo siguiente:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

Quito, 11 de julio del 2001; las 11h05.

VISTOS: Miriam Yustin Jaya Loaiza interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Primera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Zamora, que confirma la de primer nivel que rechaza la demanda, dentro del juicio ordinario que, por indemnización por daño moral, sigue la recurrente en contra de Gabriel Ricardo Caamaño Gangotena; la competencia, por el sorteo de ley, se radicó en esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, la que mediante auto de fecha 11 de abril del 2001 lo aceptó a trámite; una vez terminada la etapa de sustanciación de este proceso de casación, para resolver se considera: PRIMERO: Se ha dado cumplimiento en este proceso a lo dispuesto por el articulo 8, reformado de la Ley de Casación. - SEGUNDO: La recurrente acusa al fallo de última instancia de haber infringido los artículos 2 de la Ley Reformatoria al Código Civil, publicada en el Registro Oficial 779 de 4 de julio de 1984; 23 numeral 8 de la Constitución Política de la República; 2241 y 2258 del Código Civil; 16 y 245 del Código de Procedimiento Penal, y 494 del Código Penal, y alega inaplicación de unas normas y errónea interpretación de otras, al amparo de lo previsto por la causal primera del articulo 3 de la Ley de Casación. Estos son los limites dentro de los cuales se desenvolverá la actividad jurisdiccional de este Tribunal de Casación. - TERCERO: En su escrito de fundamentación, la recurrente señala: "El señor Juez A quo, en el considerando segundo de la sentencia, cita el Art. 2258 del Código Civil, el Art. 2241 del mismo cuerpo legal y nada expresa sobre el contenido del Art. 2 que consta en la Ley Reformatoria del Código Civil sobre reparación de daños morales.., en el cual con claridad meridiana e inobjetable da derecho a plantear la acción de daño moral contra un ciudadano, cuando esté ha hecho levantar procesamientos injustificados en contra de otra persona .". Dice la recurrente que, en la especie, no es aplicable el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal, porque la prejudicialidad que en el caso del Art. 16 del C.P.P. se trata, se refiere a que sin antes que el Juez de lo Civil resuelva un asunto, no hay como o es improcedente plantear la acción penal... En este caso señores Ministros, en ningún momento he demandado a la contraparte ningún juicio de indemnización de daños y perjuicios en la vía verbal sumaría, porque para ello sí era requisito ineludible la calificación de la acusación particular de maliciosa y temeraria... lo que he demandado es en juicio de daño moral, en el trámite ordinario.., al habérseme procesado injustificadamente.". La recurrente dice además que el fallo impugnado viola el numeral 8 del articulo 23 de la Constitución Política de la República, porque esta norma, en estrecha vinculación con el articulo 2 de la Ley Reformatoria al Código Civil, publicada en el Registro Oficial 779 de 4 de julio de 1984, protege la honra, la buena reputación y la intimidad personal y familiar, derechos fundamentales de todas las personas. - CUARTO: Al respecto, la Sala reitera el criterio expresado en su Resolución No. 189 - 2000 de 2 de mayo del 2000, publicado en el Registro Oficial 108 de 28 de junio del mismo año: "Según nuestro ordenamiento legal, el que ha cometido un hecho ilícito que ha inferido daño a la persona o propiedad de otro incurre en la responsabilidad civil de pagar indemnización al agraviado. El hecho ilícito puede constituir las figuras jurídicas del delito o del cuasidelito. Delito es el hecho cometido con la intención de dañar, esto es, con dolo o malicia, que según la definición del último inciso del artículo 29 del Código Civil es la intención positiva de irrogar injuria a la persona o propiedad de otro. Cuasidelito es el hecho ilícito cometido con culpa, que según el inciso tercero del mismo artículo es la falta de aquella diligencia que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. El mismo hecho ilícito, entonces, puede constituir delito o cuasidelito puede ser penal o civil. El delito o cuasidelito es penal cuando el hecho ilícito está tipificado como infracción penal por la ley, y es civil en los demás casos. Por lo común el delito es penal, puesto que el dolo o malicia es uno de los elementos constitutivos de la acción penal; sin embargo, existen hechos dolosos que no están tipificados como infracciones por la ley penal, en cuyo caso, el hecho ilícito no obstante ser malicioso o doloso constituye únicamente delito civil...". Más adelante, el fallo citado continúa: "El ejercicio abusivo del derecho que ocasiona daño a la persona o patrimonio de otro puede constituir delito si dicho ejercicio se lo ha hecho con malicia y cuasidelito si lo ha hecho con culpa. Dentro del abuso del derecho, el Código de Procedimiento Penal contempla los casos de la denuncia y de la acusación particular maliciosa o temeraria. El tribunal o juez de lo penal, en la sentencia absolutoria o en el auto de sobreseimiento definitivo está obligado a calificar si la denuncia o acusación particular ha sido maliciosa o temeraria, según corresponda. Así lo disponen expresamente los artículos 245, 248 y 330 del Código de Procedimiento Penal. El condenado por temeridad pagará las costas judiciales así como las indemnizaciones y perjuicios, y si el juez también las hubiere calificado de maliciosas, el acusador o el denunciante responderá además con la infracción prevista en el artículo 494 del Código Penal, esto es prisión de dos meses a dos años y multa de 40 a 160 sucres (artículo 445 del Código de Procedimiento Penal)... De acuerdo con la doctrina, consagrada por nuestro derecho positivo, los daños que puede sufrir una persona por un hecho ilícito se clasifican en dos grandes categorías: daños patrimoniales y daños morales, que no es sino la consecuencia lógica de la clasificación de los derechos subjetivos en patrimoniales y extrapatrimoniales. Son derechos patrimoniales aquellos que poseen un valor pecuniario, o sea los que son susceptibles de ser apreciados adecuadamente en dinero. Son derechos extrapatrimoniales aquellos inherentes a la personalidad, como los de integridad física, integridad moral, afecciones, etc.; se adquieren o pierden con independencia a la voluntad y no admiten apreciación adecuada en dinero, así como también son inalienables e imprescriptibles. En cuanto a las características de los daños patrimoniales no hay discrepancias en la doctrina, no así en cuanto a los daños extrapatrimoniales en que las opiniones de los tratadistas se hallan divididas; algunos las caracterizan por los efectos que produce el hecho ilícito, otros, por la naturaleza del bien lesionado y, los más, con el criterio de que son daños morales todos aquellos que no pueden ser patrimoniales. Nuestro Código Civil, en el artículo 2241 establece la regla general de que: «El que ha cometido un delito o cuasidelito que ha inferido daño a otro, está obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o el cuasidelito». En el articulo innominado incorporado por la Ley No. 171, Título XXXIII del Libro IV De los delitos y cuasidelitos, caracteriza a los daños morales como los que provoquen sufrimientos psíquicos o físicos, como angustia, ansiedad, humillaciones u ofensas semejantes. Enumera, especialmente, entre los delitos y cuasidelitos que ocasionan daño moral a aquellos que manchen la reputación ajena, mediante cualquier forma de difamación, las lesiones, la violación, el estupro, los atentados contra el pudor, los arrestos ilegales o arbitrarios y los procedimientos injustificados...". Estos criterios ya fueron expresados antes por esta misma Sala en la Resolución No. 334 - 99, publicada en el Registro Oficial No. 257 de 18 de agosto de 1999, y en la Resolución No. 350 - 2000, publicada en el Registro Oficial 203 de 14 de diciembre del 2000. Pues bien, las conductas señaladas en la ley como causa eficiente del daño moral, son todas ilícitas, contrarias al ordenamiento jurídico. No causa daño moral que pueda originar el deber de indemnizarlo, quien actúa conforme a derecho, ajustando su conducta a los mandatos de la ley y en cumplimiento de los deberes que ella le impone o que son propios de su actuación como miembro de un conglomerado social. El ejercicio de la acción penal no es, de suyo, contraria a derecho, ya que es una forma de ejercitar el derecho constitucional de petición; por lo tanto, no puede de modo alguno concluirse que el ejercicio dentro de los parámetros legales de un derecho puede originar un deber indemnizatorio. El ordenamiento legal ha querido que sea expresamente declarado por el juzgador penal que conoce del proceso en que se ha deducido la acusación particular o se ha presentado la denuncia quien, al calificarla, establezca si se ha actuado o no ilícitamente (sea por temeridad o malicia) y, por lo tanto, si existe o no el derecho a reclamar las indemnizaciones de daño patrimonial y de daño moral. Cuando el legislador, en el articulo tercer innumerado que se mandó agregar a continuación del artículo 2258 del Código Civil por la Ley N0 171 promulgada en el Registro Oficial 779 de 4 de julio de 1984, dijo que las indemnizaciones por daño moral son independientes por su naturaleza, de las que, en los casos de muerte, de incapacidad para el trabajo u otros semejantes, regulan otras leyes, no dijo ni podía decir que se deba indemnización por daño moral como resultado de acciones u omisiones lícitas; lo que dijo en esta norma es que la reparación del daño moral no se halla comprendida en la reparación del daño patrimonial, que una y otra son obligaciones independientes entre si de manera que la suerte que corra la una no afecta a la otra por lo que, inclusive, puede reclamarse el daño moral aunque se haya satisfecho la indemnización patrimonial como, por ejemplo, el pago de un seguro de vida, de enfermedad, etcétera; sin embargo, las dos se originan en una misma causa de la cual son dependientes, de tal manera que si la causa no existe no es exigible ni una ni otra. En consecuencia, no cabe reclamar indemnización de daño moral (coima tampoco de daño patrimonial) por haberse presentado una denuncia o una acusación particular dentro de un proceso penal, si es que la denuncia o acusación particular no ha sido calificada como temeraria o maliciosa por el Juez de la causa mediante resolución definitiva; calificación que, de conformidad con lo que dispone el inciso segundo del articulo 16 del vigente Código de Procedimiento Penal, es prerequisito para que prospere la acción indemnizatoria tanto de los daños patrimoniales como de los morales, conforme se concluye del análisis que antecede.- QUINTO: La sentencia antes transcrita, dictada por este Tribunal el 2 de mayo del 2000 continúa tratando el tema, de la siguiente manera: "Al tratarse de una sentencia o auto en que el Juez o tribunal penal declara la denuncia o la acusación particular de temeraria, es necesario dilucidar cuál es el juez competente para conocer y resolver la demanda en que se pretenda el pago de indemnización por daño moral. Según la definición del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil: «La jurisdicción, esto es, el poder de administrar justicia, consiste en la potestad pública de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a los magistrados y jueces establecidos por las leyes. Competencia es la medida dentro de la cual la referida potestad está distribuida entre los diversos tribunales y juzgados, por razón del territorio, de las cosas, de las personas y de los grados», la jurisdicción o potestad de administrar justicia es única, por tanto lo ideal sería que exista un solo tribunal y juez para administrar justicia en todo el territorio nacional; pero esto es prácticamente imposible, de allí que el legislador haya tenido que distribuir la jurisdicción en numerosas porciones. Esta medida o porción de la jurisdicción distribuida - entre los jueces y tribunales es lo que se llama competencia. La ley señala con precisión los límites del ámbito, esfera o campo de acción dentro del cual el juez o tribunal ha de ejercer su potestad jurisdiccional. Para Chiovenda, «Competencia es el conjunto de causas sobre las cuales puede el órgano ejercer la fracción de jurisdicción». Una de las fracciones o porciones en que se distribuye la jurisdicción es por razón de la materia, que se refiere a la naturaleza del asunto sometido al juez o tribunal; naturaleza que, a su vez, está determinada por las leyes sustanciales o materiales. La porción de jurisdicción por razón de la materia se subdivide a su vez en: competencia civil y penal; y en virtud de la cual los jueces civiles deben conocer los asuntos civiles y mercantiles y los jueces de lo penal, los asuntos penales. La indemnización por daños morales es un asunto eminentemente civil, sin embargo, por excepción a la regla, a los jueces de lo penal les corresponde conocer la indemnización por daños y perjuicios ocasionados por el ejercicio abusivo del derecho por parte del denunciante o acusador particular. Así lo dispone clara y categóricamente, el artículo 162 el Código de Procedimiento Penal, que dice: «En caso de sentencia absolutoria o de sobreseimiento definitivo, si la acusación o denuncia han sido calificadas de temerarias, la demanda de indemnización de daños y perjuicios se sustanciará en la vía verbal sumaría y en cuaderno separado ante el presidente del tribunal penal o ante el juez penal según el caso...». La Ley No. 171, publicada en el Registro Oficial 779 de 4 de julio de 1984, que mandó a agregar tres artículos innominados al Título XXXIII De los delitos y cuasidelitos, del Libro IV del Código Civil, llenó el vacío que existía en nuestra legislación concerniente al daño moral; pero todas estas disposiciones son de carácter sustantivo o material; en ninguna de sus partes reguló la competencia para conocer y resolver las demandas por daño moral, así como tampoco lo hizo acerca del procedimiento a seguirse. Es decir dejó intocadas las disposiciones procesales vigentes acerca de la competencia y el procedimiento a - seguirse. Es sabido que la jurisdicción legal nace de la ley y ni en la Ley No. 171 ni en otro cuerpo legal se otorga competencia al juez de lo civil para conocer y resolver las demandas de indemnización por daño moral en el caso de que la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento definitivo hubiesen calificado como temeraria la denuncia o la acusación particular...". Finalmente, el fallo citado dice: "Se ha argumentado que las demandas por indemnización por daños materiales en el caso del abuso del derecho de la referencia deben ser conocidas por un juez de lo penal, y las denominadas indemnizaciones por daño moral son completamente deleznables por. estas razones: a) El artículo 162 del Código de Procedimiento Penal se refiere, en forma general a la indemnización de daños y perjuicios, no lo limita exclusivamente a los daños materiales, y donde la ley no distingue no puede distinguir el juzgador, b) Un mismo hecho ilícito, por lo común ocasiona simultáneamente daño material y daño moral, la frontera entre el uno y el otro frecuentemente es difícil de diferenciar porque el daño material o patrimonial coexiste comúnmente con el daño moral o extrapatrimonial. Una lesión o menoscabo en la integridad física, en el honor o en otro bien inherente a la personalidad, no solo produce inevitablemente y de manera directa un daño moral, sino que es susceptible de ocasionar perjuicios de manera mediata sobre el patrimonio de la misma. Al respecto Roberto H. Brebbia dice: «.. . la extrapatrimonialidad de los daños morales deben entenderse en el sentido de que son susceptibles de incidir de una manera indirecta sobre el patrimonio de las personas, en cuanto a los bienes personales menoscabados por el hecho ilícito poseen generalmente un determinado valor económico y como tal influyen en la capacidad productiva del sujeto pasivo del agravio. La distinción entre valor económico y valor pecuniario viene a constituir la clave de la clasificación de los daños en patrimoniales y extrapatrimoniales. Los primeros son aquellos agravios configurados por la lesión de un bien con valor pecuniario, es decir, de un bien patrimonial; en cambio, los segundos son aquellos conformados por el menoscabo de algunos de los bienes personales que no poseen traducción adecuada en dinero y, por tanto, carecen de valor pecuniario, pero, en cambio, son susceptibles de tener valor económico porque suelen incidir sobre la capacidad productiva del sujeto. Los agravios patrimoniales inciden de una manera directa sobre el patrimonio del sujeto, formado exclusivamente por bienes con valor pecuniario; los daños morales inciden indirectamente sobre el patrimonio por cuanto los bienes con valor pecuniario que forman el mismo solo se ven influidos por la lesión a un bien personal en la medida de que este menoscabo redunda en desmedro de la capacidad del sujeto para producir o conservar esa clase de bienes» (El Daño Moral, segunda edición, Editorial Orbir, Córdoba, Argentina, 1967, p. 83)...". En la especie, el fallo impugnado dice en sus considerandos cuarto y quinto: "La querellante en su escrito de prueba - fs. 80 - , reproduce su demanda y la documentación que adjunta - fs. 1 a 53 - , documentación en la que consta el auto resolutorio dictado por el Juez Cuarto de lo Penal de Zamora Chinchipe, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve - fs. 53 - , declarando el abandono de la acusación particular propuesta por Gabriel Ricardo Caamaño Gangotena en contra de la querellante y declarando también que la misma no es maliciosa ni temeraria... Lo expuesto en la cláusula anterior significa que si el Juez Penal ha declarado que la acusación particular no es maliciosa ni temeraria, no ha nacido la razón legal o la causa legítima indispensable para demandar la reparación del daño moral...", por lo que, de conformidad con lo expuesto en los considerandos precedentes, el fallo de última instancia no ha infringido ninguna de las liornas legales citadas por la recurrente, ya que en este caso no procedía la demanda ordinaria de indemnización de daño moral propuesta por la recurrente. - SEXTO: Finalmente, del análisis que precede se concluye que tampoco ha infringido el fallo de última instancia en forma alguna el derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal de la recurrente, porque en este caso no se ha probado que se conculcó ninguno de estos derechos personalísimos, ya que la acusación particular que estuvo dirigida en contra de la actora fue declarada como no maliciosa ni temeraria mediante auto de 23 de junio de 1999, dictado por el señor Juez Cuarto de lo Penal de Zamora Chinchipe, declaración que no fue impugnada por la actora habiendo permitido que se ejecutoríe, con lo que demostró su conformidad con la misma, por lo que no procede la indemnización - por daño moral reclamada. - Por las consideraciones que anteceden, esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, rechaza el recurso de casación interpuesto por Miriam Yustin Jaya Loaiza por carecer de fundamento legal, y ordena devolver el proceso al Tribunal de origen para los fines de ley. - Sin costas. - Notifíquese y publíquese.

Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto Albán Gómez, Ministros Jueces.

Certifico. - Doctora Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora.

RAZON: Las copias que anteceden son iguales a. sus originales. - Certifico. - Quito, 11 de julio del 2001.

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

No. 262 - 2001

Dentro del juicio ordinario No. 128 - 2001 que por prescripción adquisitiva de dominio sigue Daniel Reinaldo Carpio Riera en contra de Blanca Luzmila Carpio Carpio, se ha dictado lo que sigue:

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
PRIMERA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

Quito, 12 de julio del 2001; las 11h30.

VISTOS: Daniel Reinaldo Carpio Riera interpone recurso de casación de la sentencia dictada el 20 de febrero del 2001, por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, dentro del juicio ordinario que por prescripción adquisitiva de dominio sigue en contra de Blanca Luzmila Carpio Carpio. Concedido el recurso, su conocimiento correspondió por el sorteo legal a esta Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, que lo admitió mediante auto expedido el 29 de mayo del 2001. Una vez cumplido el trámite previsto en la Ley de Casación, estando la causa en estado de resolverla, se considera lo siguiente: PRIMERO: El recurrente señala que la causal en que se funda el recurso es la tercera del artículo 3 de la Ley de Casación y afirma que se ha infringido el artículo 119 del Código de Procedimiento Civil. - SEGUNDO: El artículo presuntamente infringido tiene el siguiente texto: "La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos. - El juez no tendrá obligación de expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que fueren decisivas para el fallo de la causa". En su escrito, el recurrente sostiene que el Tribunal de instancia no ha valorado la prueba en su conjunto ni la ha apreciado conforme a las reglas de la sana crítica y expone, citando a Coutoure, como el Juez debe entender y aplicar este sistema de valoración de la prueba, criterios doctrinarios respetables, pero que no son pertinentes para el caso que se está examinado. En efecto, en la sentencia impugnada no se ha entrado a analizar la prueba y, por tanto, no se la ha valorado, porque el Tribunal rechaza la demanda al no habérsela dirigido contra quien debía enderezársela, es decir contra quien constare como propietario del inmueble, cuya prescripción se persigue, en el correspondiente Registro de la Propiedad, conforme lo ha dicho esta Sala de Casación en fallos de triple reiteración. De tal manera que si el recurrente quería fundamentar su recurso debió impugnar esta consideración que consta en la sentencia y contra la cual nada manifiesta. Por esta razón la alegación de haberse infringido el articulo 119 del Código de Procedimiento Civil y haberse incurrido en el vicio de error de derecho en la valoración de la prueba no tiene asidero alguno. - TERCERO: Por otra parte esta Sala considera que la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, al fundamentar su sentencia en un precedente jurisprudencial obligatorio, ha aplicado correctamente la disposición del segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Casación que determina que la triple reiteración de un fallo de casación constituye precedente jurisprudencial obligatorio y vinculante para la interpretación y aplicación de las leyes. En la Gaceta Judicial, Serie XVI, No. 14 (páginas 3876 - 3881) constan las resoluciones 754 - 97, 129 - 99 y 265 - 99, en las cuales se establece que cuando se demanda la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, la acción debe dirigirse contra quien conste en el Registro de la Propiedad como titular del dominio sobre el bien que se pretende ha escrito, lo cual solo puede establecerse con el certificado extendido por el Registrador de la Propiedad actualizado al tiempo de la presentación de la demanda. No basta entonces que se presente una escritura pública, aunque en ella conste la razón de la inscripción, pues entre la fecha de la inscripción y la demanda puede haberse producido una transferencia de dominio. Y, como es obvio, este criterio ha sido mantenido por la Sala en fallos posteriores. Por las consideraciones señaladas, ADM., se rechaza el recurso de casación interpuesto por Daniel Reinaldo Carpio Riera. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Galo Galarza Paz, Santiago Andrade Ubidia y Ernesto Albán Gómez, Ministros Jueces.

Certifico. - Doctora Isabel Garrido Cisneros, Secretaría Relatora.

RAZON: Es fiel copia de su original.

Certifico.

Quito, 13 de julio del 2001.

f) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria Relatora de la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

RESOLUCION 537

Suspensión de efectos de la Resolución 532 de la Secretaria General

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 30, literal a) del Acuerdo de Cartagena, el artículo 70 de la Decisión 436 de la Comisión que aprueba la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, los artículos 1, 8 y 11, literal b) del Reglamento de la Secretaría General contenido en la Decisión 409 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; el articulo 12 y el Capitulo II del Titulo IV del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Resolución 532 de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 24 de julio del 2001 y en cumplimiento del artículo 70 de la Decisión 436 de la Comisión, la Secretaría General de la Comunidad Andina emitió la Resolución 532, por medio de la cual se adoptó el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola para su aplicación en los Países Miembros, que consta en el Anexo de la Resolución. Dicha resolución fue publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 692 del 31 de julio del 2001;

Que, con fecha 9 de agosto del 2001, la Secretaría General recibió el fax No. 255 - 2001 - MITINCI/VMINCI del Viceministro de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales del Perú le la misma fecha, por medio del cual solícita, por las razones que allí se expresan, que la Secretaría General se abstenga de publicar la Resolución 532 en la Gaceta Oficial del Acuerdo y proceda a la revisión de oficio de la citada resolución;

Que, la revisión de oficio de un acto de la Secretaría General sólo procede por razones excepcionales y cuando el mismo no afecte derechos adquiridos por Países Miembros o particulares. No obstante, según lo dispone el artículo 38 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General, independientemente de la calificación que se haga en un escrito, la Secretaria General está obligada a tramitar los recursos de acuerdo con el carácter que se deduzca de la solicitud. En tal sentido, del escrito presentado por el Gobierno del Perú se deduce que se está solicitando a la Secretaria General que reconsidere la Resolución 532 adoptada, por las razones que se exponen en el recurso. Por tal razón, en opinión de la Secretaría General, se deduce que la solicitud del Gobierno del Perú debe ser tramitada como un recurso de reconsideración,

Que, por las razones indicadas, la Secretaria General ha admitido a trámite el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno del Perú en contra de la Resolución 532;

Que, en su escrito, el Gobierno del Perú ha indicado que la resolución impugnada estaría viciada, toda vez que la Secretaria General habría contravenido el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, al haber supuestamente excedido las facultades atribuidas por el artículo 70 de la Decisión 436. El gobierno recurrente ha señalado asimismo que, de ponerse en vigencia el reglamento, "se estarían estableciendo barreras al acceso al mercado nacional y subregional de (plaguicidas)" generándose "grandes perjuicios a los sectores productivos nacionales de vados Países Miembros";

Que, de conformidad con lo que establece el artículo 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General, "el ejercicio de un recurso no suspenderá la ejecución del acto impugnado, salvo disposición expresa en contrario. Sin embargo, de oficio o a petición del interesado, el Secretario General podrá disponer mediante auto la suspensión de los efectos del acto recurrido, mientras dure el procedimiento, cuando su ejecución pueda causar un perjuicio irreparable o de difícil reparación al interesado, no subsanable por la Resolución definitiva..."; y,

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a), del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, corresponde a la Secretaría General velar por la aplicación del acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,

Resuelve:

Artículo 1. - Se suspenden los efectos de la Resolución 532, por medio de la cual se adoptó el Manual Técnico Andino para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola para su aplicación en los Países Miembros, mientras se resuelve el recurso interpuesto.

Articulo 2. - Comuníquese a los Países Miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los trece días del mes de agosto del año dos mil uno.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General

RESOLUCI0N 538

Por la cual se resuelve el recurso de reconsideración presentado por el Gobierno de Colombia contra la Resolución 519

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 30, literal a) y el Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena, los artículos 4 y 24 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 416, que contiene las Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías, el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Resolución 519; y,

Considerando:

Que, con fecha 13 de junio del 2001, la Secretaria General de la Comunidad Andina emitió la Resolución 519, por medio de la cual se dictaminó que el Gobierno de Colombia, al constituir garantías por un período superior al contemplado en el artículo 16 de la Decisión 416, y al ejecutar garantías sobre exportaciones no vinculadas a la Resolución 410, ha incurrido en un incumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, en particular del articulo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina,

Que, en los considerandos de la Resolución 519, la Secretaria General indicó que el Gobierno de Colombia no había dado respuesta a la Nota de Observaciones SG - F/2. 1/00196/2001 del 6 de febrero de 2001;

Que, con fecha 4 de junio de 2001, el Gobierno de Colombia remitió la comunicación S/N, mediante la cual manifestó que en la referida Resolución 519 no se tomaron en cuenta los argumentos esgrimidos por ese País Miembro sobre el asunto. En efecto, sostiene el Gobierno de Colombia que si se dio respuesta a la Nota de Observaciones SG-F/2. 1/00096/2001 dentro del término establecido, por lo cual el Dictamen de Incumplimiento fue emitido "con base en consideraciones equivocadas, toda vez que se basó en una premisa falsa cual es la de que Colombia no dio respuesta a la Nota de Observaciones ". Señala además el referido Gobierno que "esta consideración equivocada privó a Colombia del derecho a la defensa puesto que sus argumentos no fueron tenidos en cuenta (...) al momento de valorar los hechos y pruebas aportadas al expediente "~ En tal sentido, el Gobierno de Colombia solícita a la Secretaria General "disponer lo necesario para que la situación anormal que se ha presentado en el presente caso, sea subsanada a la mayor brevedad";

Que, con fecha 27 de julio de 2001, el Gobierno de Colombia presentó formalmente recurso de reconsideración contra la Resolución 519 de la Secretaria General;

Que, en su recurso de reconsideración el Gobierno de Colombia manifiesta lo siguiente:

1. "El mantenimiento físico de las garantías por el Gobierno de Colombia 50 días más del término de los 80 días consagrado en el artículo 16 de la Decisión 416, fue en cumplimiento de la Resolución 410 de la Secretaria General".

2. "La República de Colombia no hizo efectiva ninguna garantía, por lo cual, se concluye que Colombia en ningún momento ejecutó garantías constituidas sobre exportaciones no vinculadas al procedimiento administrativo que culminó con la expedición de la Resolución 410".

3. No hay vulneración de la Decisión 416 por cuanto no se ha impedido el desaduanamiento de las mercancías sino solo se exigió la constitución de garantías. Si el plazo de vigencia de estas garantías fue superior en 50 días al permitido por la propia Decisión 416, el Gobierno de Colombia afirma que esos días de exceso fueron justificados y convalidados por la Secretaría General mediante Resolución 410";

Que, tal y como lo ha señalado el gobierno recurrente en sus escritos, la Secretaria General ha verificado que efectivamente el día 26 de febrero del 2001, se recibió la comunicación S/N del Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, como respuesta a la Nota de Observaciones SG-F/2. 1/00196/2001 del 6 de febrero del 2001. Por tal razón, debe entenderse que la respuesta del Gobierno de Colombia fue recibida en tiempo hábil y debió haber sido considerada para la adopción del dictamen de incumplimiento contenido en la Resolución 519;

Que, en consecuencia, corresponde a este órgano comunitario revocar la Resolución 519 y tomar en consideración los alegatos presentados por el Gobierno de Colombia en su respuesta a la nota de observaciones. En tal sentido, esta Secretaria General manifiesta lo siguiente:

1. Tal como lo ha señalado el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en reiterada jurisprudencia, las normas del ordenamiento jurídico andino son de aplicación inmediata en los Países Miembros, generando efectos jurídicos desde la fecha de su aprobación o publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. En el caso de las resoluciones de la Secretaria General, sus efectos se suspenden sólo si así lo expresa esta institución, por lo cual no se encuentran razones jurídicas para aceptar el argumento de Colombia en el sentido que la Secretaría General - a través de la Resolución 410 - , habría convalidado el incumplimiento de ese País Miembro señalado en la Resolución 519.

2. De la información remitida por las partes respecto a la posible ejecución de garantías, no ha quedado demostrado de manera fehaciente que en efecto el Gobierno de Colombia haya ejecutado dichas garantías de manera indebida, por lo que efectivamente ese cargo debe desestimarse.

3. Con relación al incumplimiento de la Decisión 416, se reitera el argumento señalado, en lo referente a la obligación que tienen los Países Miembros de acatar lo dispuesto en las normas comunitarias. En el presente proceso ha quedado demostrado que el Gobierno de Colombia exigió la constitución de garantías por encima del plazo previsto en la Decisión 416. contra lo cual no puede pretender justificar dicha conducta en una presunta "convalidación" por parte de la Secretaría General; y,

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, corresponde a la Secretaria General velar por la aplicación del acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,

Resuelve:

Articulo 1. - Revocar la Resolución 519 que contiene el Dictamen 07 - 2001 de Incumplimiento por parte del Gobierno de Colombia de la Decisión 416 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Articulo 2. - Dictaminar que el Gobierno de Colombia, al constituir garantías por un periodo superior al contemplado en el artículo 16 de la Decisión 416, ha incurrido en un incumplimiento de las obligaciones derivadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, en particular del artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Decisión 416 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Articulo 3. - Comuníquese a los Países Miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil uno.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General

RESOLUCION 539

Reclamación presentada contra el Gobierno de Colombia por supuesto incumplimiento del articulo 74 del Acuerdo de Cartagena en materia de impuesto al consumo de cigarrillos

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 30, literal a); el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena que contiene el Programa de Liberación, el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el Reglamento de procedimientos Administrativos contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones,

Considerando:

Que, mediante facsímil N0 351 - 2001 - MITINCI/VMINCI del 10 de mayo del 2001, el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales de Perú, presentó a la Secretaria General de la Comunidad Andina una reclamación por el supuesto incumplimiento del articulo 74 del Acuerdo de Cartagena por parte del Gobierno de Colombia, al haber estipulado un trato diferencial para efecto de la aplicación del "Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Elaborado", entre los cigarrillos producidos en Colombia y los importados mediante la Ley 223 de 1995;

Que, por todo sustento a su reclamación, el Gobierno Peruano adjuntó el texto del referido dispositivo;

Que, el articulo 210 de la Ley 223 de Colombia dispone que la base gravable del Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Elaborado está constituida por el precio de venta al detallista en la siguiente forma:

a) Para los productos nacionales, el precio de venta al detallista, que se define como el precio facturado a los expendedores en la capital de departamento donde está situada la fábrica, excluido el impuesto al consumo; y,

b) Para los productos extranjeros, el precio de venta al 'detallista que se determina como el valor en aduana de la mercancía, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionado con un margen de comercialización equivalente al 30%.

Agrega en parágrafo el mencionado dispositivo que "En ningún caso el impuesto pagado por los productos extranjeros será inferior al promedio del impuesto que se cause por el consumo de cigarrillos y tabaco elaborado, de igual o similar clase según el caso, producidos en Colombia"

Que, con fecha 11 de junio del 2001, la Secretaria General emitió la Nota de Observaciones SG - F/4.2. 1/1076/2001, indicando al Gobierno de Colombia que al establecer un trato diferente para los productos nacionales y los productos importados en la aplicación del Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Elaborado, pudiera estar incurriendo en un posible incumplimiento de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena, para lo cual concedió un plazo de respuesta para el señalado gobierno no mayor a treinta (30) días calendario;

Que, mediante comunicación SG - F/4.2. 1/1200/2001 de fecha 27 de junio del 2001, la Secretaría General de la Comunidad Andina informó al Gobierno de Perú el inicio de la investigación y la emisión de la respectiva nota de observaciones;

Que, mediante comunicación SG - X/4.2. 1/0878/2001 de fecha 27 de junio del 2001, la Secretaria General puso en conocimiento a los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Venezuela la nota de observaciones, otorgándoles un plazo de treinta (30) días calendado para remitir cualquier comentado o información sobre el particular;

Que, a la fecha, no se han recibido comentarios adicionales del recurrente, ni opiniones de los demás Países Miembros;

Que, con fecha 12 de julio del 2001, él Gobierno de Colombia respondió la Nota de Observaciones SG-F/4.2. 1/1076/2001 de la Secretaria General presentando sus descargos y alegando lo siguiente:

1. No seria acertado afirmar que el artículo 210 de la Ley 223 de 1995, que establece la base gravable del impuesto al consumo de tabaco elaborado, dispone un tratamiento diferencial entre los productos nacionales y los extranjeros, puesto que las disposiciones de dicha ley relativas al consumo del tabaco, buscan establecer un procedimiento de recaudo independientemente de que se trate de un producto nacional o extranjero.

A tal efecto se hace referencia al Concepto N0 51 del 15 de abril de 1996, emitido por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia que señala que "En el caso del impuesto al consumo, el hecho generador de la obligación es ... el consumo de un producto específico, independiente de las circunstancias individuales de quien ejecute el acto gravado. Por tanto se puede afirmar que es un impuesto anónimo o impersonal sin consideración del individuo gravado...". Por ello, en opinión del Gobierno de Colombia, al momento de generarse el impuesto no se hace diferencia alguna entre los productos nacionales o extranjeros, ya que el impuesto se exige a ambos.

Se explica a continuación que para establecer la responsabilidad en el pago del Impuesto al Consumo de Cigarrillo y Tabaco Elaborado, basta que se configure el hecho generador en las jurisdicciones departamentales para estar frente a la obligación tributaria. En el caso de los productos extranjeros, el impuesto se causa en el momento en que los mismos se introducen al país, a excepción de los productos en tránsito hacia otro país; en tal sentido, no habría un tratamiento diferencial sobre los productos nacionales o extranjeros para exigir el cobro del impuesto, pues sólo se tiene en cuenta la naturaleza de los mismos y la adecuación de la norma para cumplir con su objetivo.

2. Agrega el señalado Gobierno que para los productos nacionales y extranjeros, la base gravable del impuesto está constituida por el precio de venta al detallista.

En el caso de los productos nacionales, se remite a lo dispuesto en el literal a), del articulo 210 de la Ley 223 de 1995, el cual es complementado por el articulo 1 del Decreto 2141 de 1996, que entiende por precio de venta al detallista: "aquel que, sin incluir el valor del impuesto al consumo, fija el productor, según la calidad, contenido y presentación de los productos a los vendedores o expendedores al detal, en la capital del departamento donde está situada la fábrica. Dicho precio debe reflejar los siguientes factores, valuados de acuerdo con las condiciones reales de mercado: el precio de fábrica o a nivel del productor y el margen de comercialización desde la salida de fábrica hasta su entrega al expendedor al detal.".

En el caso de los productos extranjeros, el Decreto 1640 de 1996, en desarrollo de lo dispuesto en el literal b) del articulo 210 de la Ley 223 de 1995, prevé la forma de calcular la base gravable de los productos extranjeros, al establecer en el artículo 11 que "La base gravable está constituida por el precio de venta al detallista, el cual se determina como el valor de aduana de los productos, incluyendo los gravámenes arancelarios, adicionado con un margen de comercialización equivalente al 30%. Este porcentaje, a su turno, según lo manifiesta el Gobierno colombiano, constituye un estimado de los gastos de transporte, carga, descarga y manipulación hasta el puerto de importación.

3. Concluye el señalado Gobierno que no existe tratamiento diferencial ni discriminatorio para el cobro del impuesto al consumo de tabaco elaborado, pues tanto para el producto nacional, como para el producto extranjero, se tienen en cuenta criterios similares para determinar el precio de venta al detallista, como son los aspectos relacionados entre la salida de la fábrica y el destino del producto.

Al respecto, precisa el Concepto 207 del 30 de diciembre de 1997 de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia: "un producto procedente de un País Miembro del Pacto Andino por el hecho de tener un tratamiento equivalente con los productos nacionales para efectos de liquidar el impuesto al consumo de cigarrillos y tabaco elaborado no pierde su naturaleza de extranjero.".

Así las cosas, indica el Gobierno de Colombia, no es posible tener en cuenta los mismos criterios a la hora de determinar la base gravable de uno u otro producto, ya que las circunstancias en cada caso son diferentes, sin perjuicio de lo cual, estos aspectos se asemejan en la medida en que toman en consideración las distintas fases a que se somete el producto, desde su creación y salida de la. fábrica, los pasos para llegar a su destino y finalmente el lugar de entrega del producto.

4. En lo que se refiere a la tarifa, indica el Gobierno de Colombia que ésta es idéntica tanto para el producto nacional como para el extranjero. Sus porcentajes son del 55% como "Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Elaborado" y del 10% como "Impuesto con destino al Deporte";

Que, mediante comunicación SG - F/4.2. 1/1366/2001 de fecha 19 de julio del 2001, la Secretaria General de la Comunidad Andina comunicó al Gobierno de Perú la respuesta del Gobierno colombiano a la Nota de Observaciones SG-F/4.2. 1/1076/2001;

Que, mediante comunicación SG - F/4.2. 1/1381/2001 de fecha 20 de julio del 2001, la Secretaria General de la Comunidad Andina solicitó al Gobierno peruano la presentación de elementos de información que sustenten la posible discriminación entre los cigarrillos producidos en Colombia y los importados;

Que, el Gobierno peruano no ha presentado los elementos de información requeridos por la Secretaria General;

Que, el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena contiene una obligación de trato nacional expresada en los siguientes términos "En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originados de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales";

Que, en el caso materia de la presente resolución, el tratamiento discriminatorio por parte del Gobierno colombiano para los productos extranjeros a efectos de la aplicación del Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabaco Elaborado no ha sido demostrado por el recurrente;

Que, sin perjuicio de lo anterior, el concepto de "discriminación" es uno que debe apreciarse conforme a las circunstancias objetivas de funcionamiento de la norma o conducta analizada y no únicamente por su contenido abstracto y general, de allí que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado el concepto de discriminación dentro del proceso 4 - AI - 96 (Gaceta Oficial N0 308 del 28 de noviembre de 1997), al manifestar que: "la noción de discriminación, implica tanto el manejo diferente de situaciones similares, como el manejo idéntico de situaciones diferentes";

Que, en tal sentido, el análisis para determinar la existencia de discriminación en los términos del articulo 74 del Acuerdo de Cartagena ".. es menester tener en cuenta criterios analíticos tales como los de objetividad y neutralidad fiscal; alteración de la competitividad entre bienes nacionales e importados; competencia leal y afán proteccionista, entre otros, por lo que una reclamación por infracción del artículo 74 del Acuerdo deberá demostrar la existencia de la discriminación (o cuando menos de que en efecto exista una situación de desventaja competitiva artificialmente generada por el régimen tributado aplicable) y no limitarse a meramente alegarla...", como ha sido precisado en la Resolución 237 de la Secretaria General (Gaceta Oficial N0 449 del 15 de junio de 1999);

Que, en el presente caso, la Secretaria General aprecia que las únicas diferencias en cuanto a tipo legal y administración del impuesto radican en los criterios considerados para el establecimiento de la base gravable del Impuesto al Consumo de Cigarrillos en Colombia. Aprecia asimismo que estas diferencias se derivan exclusivamente de la naturaleza distinta de las operaciones de comercio que las generan, esto es, la producción y distribución local, vis a vis, la importación y despacho a consumo, las cuales por lo demás homologan el concepto gravable en ambos tipos de operación;

Que, no obstante lo anterior, llama la atención la diferencia en cuanto al margen de comercialización que se establece para el caso de la importación, habida cuenta que éste se fija en un porcentaje del 30%. Sin embargo, teniendo en cuenta que a la luz de la reglamentación especifica, dicho porcentaje estada compuesto por gastos normales que se generan por la puesta en el mercado de productos importados y que no existen elementos en el expediente que permitan evaluar su efecto discriminatorio, la Secretaria General se ve impedida de observar este hecho. En tal sentido, se deja a salvo el derecho de los particulares o de los Países Miembros de intentar una nueva acción ante esta Secretaria General, debiéndose tener presente que, en general, corresponde a éstos demostrar si la aplicación práctica de cualquiera de los elementos de este impuesto resulta en una discriminación entre los productos nacionales y los productos similares originados de otros Países Miembros; y,

Que, en función de lo expuesto, y en uso de la atribución prevista en el artículo 64 de la Decisión 425 de la Comunidad Andina, corresponde, a esta Secretaria General emitir resolución determinando si la medida o situación reclamada constituye o no un incumplimiento de obligaciones emanadas de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina,

Resuelve:

Artículo 1. - Declarar infundada por falta de pruebas, la reclamación presentada por el Gobierno de Perú por supuesto incumplimiento del articulo 74 del Acuerdo de Cartagena por parte del Gobierno de Colombia en virtud de lo señalado en la parte considerativa de esta resolución.

Articulo 2. - Comuníquese a los Países Miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los catorce días del mes de agosto del año dos mil uno.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General

RESOLUCION 540

Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios para la primera quincena de septiembre del 2001, correspondientes a la Circular N0 155 del 20 de agosto de 2001

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Decisión 371 de la Comisión sobre el Sistema Andino de Franjas de Precios y las resoluciones 461 y 500 de la Secretaría General,

Considerando:

Que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 22 de la Decisión 371, y para efectos de la aplicación de las Tablas Aduaneras publicadas en las resoluciones 461 y 500 o de efectuar los cálculos establecidos en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Decisión 371, la Secretaría General debe comunicar quincenalmente a los Países Miembros los Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios;

Que, es necesario facilitar a las autoridades aduaneras nacionales la aplicación oportuna de los Precios de Referencia, evitando la necesidad de someter dichos precios a ratificación mediante disposiciones internas y publicación en diarios oficiales;

Que, en virtud del articulo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, las resoluciones de la Secretaría General hacen parte del ordenamiento jurídico andino, y,

Que, de acuerdo al artículo 4 del Tratado citado, los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, y se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación,

Resuelve:

Articulo 1. - Se fijan los siguientes Precios de Referencia del Sistema Andino de Franjas de Precios correspondientes a la primera quincena de septiembre del 2001:

(Anexo 20SET1)

Articulo 2. - Los Precios de Referencia indicados en el artículo anterior, se aplicarán a las importaciones que arriben a puertos de la Comunidad Andina entre el primero y el quince de septiembre del año dos mil uno.

Articulo 3. - Para la determinación de los derechos variables adicionales o las rebajas arancelarias que correspondan a los Precios de Referencia indicados en el artículo 1, se podrán utilizar las Tablas Aduaneras publicadas en las resoluciones 461 y 500 de la Secretaría General, o se efectuarán los cálculos que se establecen en los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Decisión 371.

Articulo 4. - En cumplimiento del artículo 17 de la Decisión 425, comuníquese a los Países Miembros la presente resolución.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veinte días del mes de agosto del año dos mil uno.

SEBASTIAN ALEGRETT
Secretario General

I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON ROCAFUERTE

Considerando:

Que, es necesario establecer una mayor coordinación técnica y administrativa entre los organismos municipales relacionados con el ejercicio de la competencia en el ámbito cantonal;

Que, la I. Municipalidad requiere agilizar el proceso de emisión de actos decisorios y regular los procesos de aprobación, sanción y promulgación de los mismos;

Que, es imperativo establecer procedimientos que permitan una programación adecuada y un seguimiento y evaluación permanentes en la creación y aplicación de los actos legislativos de la administración local; y,

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 136 de la Ley de Régimen Municipal,

Expide:

La siguiente Ordenanza que reglamenta la emisión de actos decisorios del Concejo.

TITULO I

DE LOS ACTOS DECISORIOS

Art. 1. - El órgano legislativo de la Municipalidad del Cantón Rocafuerte es el Concejo Municipal.

Art. 2. - El Concejo Municipal decidirá sobre las cuestiones de su competencia y las providencias que debe dictar a través de actos decisorios, según lo señalado por la Ley de Régimen Municipal.

Art. 3. - Las decisiones del Concejo se las tomará por medio de:

a) Ordenanzas;

b) Acuerdos; y,

c) Resoluciones.

Art. 4. - Las ordenanzas son los actos decisorios del Concejo de carácter general y que tienen fuerza obligatoria en todo el Municipio, por lo que se asimilan a la categoría de verdaderas leyes, pues emanan de un órgano específicamente legislativo reconocido como tal por la ley.

Art. 5. - Los acuerdos o resoluciones son actos de carácter eminentemente administrativo municipal y versan sobre asuntos de interés particular o especial, obligando a las personas a las que van dirigidos.

Las resoluciones tienen carácter imperativo, los acuerdos no.

TITULO II

DE LA ELABORACION DE LOS ACTOS DECISORIOS

Art. 6. - Es atribución y deber de los niveles directivos, técnicos y administrativos municipales elaborar proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos o resoluciones necesarias para el progreso del cantón y para la eficiencia de la administración local.

Art. 7. - Es derecho y atribución del Alcalde presentar al Concejo para su estudio y aprobación, proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos o resoluciones destinadas a la consecución de los objetivos propuestos por la Municipalidad.

Art. 8. - Las comisiones permanentes o sus miembros en forma independiente, propondrán a la corporación proyectos de ordenanzas que contengan medidas tendientes a satisfacer las necesidades de la población.

Art. 9. - Las direcciones o departamentos municipales, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 520 de la Ley de Régimen Municipal, deberán preparar hasta el 20 de junio de cada año, el programa de ordenanzas y reglamentos requeridos para el cumplimiento de sus funciones específicas.

Estos programas serán presentados a través de sus titulares, a la Asesoría Jurídica, conjuntamente con una síntesis del contenido técnico de las normas propuestas.

De igual manera, someterán a consideración de este organismo, los proyectos de ordenanzas que elaboren.

Art. 10. - La Asesoría Jurídica de la Municipalidad revisará obligatoriamente y emitirá informe sobre todos los proyectos de ordenanzas, reglamentos, acuerdos o resoluciones, previa a su presentación y aprobación por el Concejo Municipal.

TITULO II

DE LA APROBACION Y EXPEDICION, SANCION Y PROMULGACION DE LAS ORDENANZAS

CAPITULO 1

DE LA APROBACION Y EXPEDICION

Art. 11. - El Concejo asume el carácter de órgano legislativo cuando se encuentra constituido en sesión e integrado por el quórum legal respectivo.

Art. 12. - Es obligación del Concejo, en el transcurso de sus sesiones ordinarias, conforme a lo dispuesto en el articulo 122, numeral 09 de la Ley de Régimen Municipal, conocer y resolver sobre la expedición de ordenanzas.

Art. 13. - Es obligación del Concejo, en el transcurso de sus sesiones ordinarias o extraordinarias, conocer y resolver sobre la expedición de reglamentos, acuerdos o resoluciones para favorecer la realización de planes y programas y para agilizar y hacer'más eficientes la gestión municipal.

Art. 14. - Los actos decisorios del Concejo se aprueban mediante votación.

El Alcalde participa con voz y voto dirimente.

Art. 15. - Las votaciones son nominales y los concejales votarán por orden alfabético de sus apellidos y no podrán abstenerse de votar o retirarse del salón de sesiones una vez dispuesta la votación por el Alcalde. En caso de empate en la votación, ésta se volverá a efectuar en la sesión siguiente y de continuar el empate, el voto del Alcalde será dirimente.

Art. 16. - La expedición de las ordenanzas se someterá al siguiente procedimiento:

a) La discusión de las ordenanzas se la realizará en dos debates del Concejo Municipal en sesiones distintas y verificadas cuando menos con 48 horas de intervalo;

b) Si fueren aprobadas serán remitidas dentro de los tres días hábiles siguientes al Alcalde para su sanción; y,

c) Una vez aprobadas las ordenanzas tributarias en primera instancia, serán remitidas al organismo correspondiente, para el dictamen respectivo; luego de lo cual, el I. Municipio conocerá y aprobará las mismas en segunda y definitiva instancia con las observaciones realizadas, para su publicación en el Registro Oficial.

Para efectos de la sanción, se remitirán tres ejemplares suscritos por el Vicealcalde y Secretario del Concejo con la certificación de las sanciones y los días en los que se hubiere discutido.

CAPITULO II

DE LA SANCION

Art. 17. - La sanción es una atribución que la ley concede al Alcalde para que, en ejercicio de su competencia, confirme o vete la vigencia legal de las ordenanzas que regirán en el territorio de su jurisdicción.

Art. 18. - Las ordenanzas serán sancionadas por el Alcalde dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción.

Art. 19. - Para la sanción de las ordenanzas se observarán las siguientes normas:

a) El Alcalde cuidará que se haya observado el trámite legal y que el contenido de las normas esté acorde con la Constitución y las leyes vigentes;

b) En los casos expresamente determinados en la ley, el Alcalde podrá devolver a la corporación y con las observaciones pertinentes, dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, las ordenanzas de carácter económico que estime ilegales o inconvenientes;

c) Las ordenanzas devueltas serán consideradas nuevamente por el Concejo, el mismo que conocerá de las observaciones en una sola sesión,

d) En caso de que se ratifique la aprobación por parte del Concejo Municipal, para lo cual se requieren los votos de las dos terceras partes de los miembros concurrentes, el Alcalde mandará a ejecutarse la ordenanza;

e) Si el Alcalde la considera ilegal, la elevará al Consejo Provincial, dentro de las 48 horas hábiles siguientes;

f) Del fallo del Consejo Provincial se podrá apelar en última y definitiva instancia al Tribunal Constitucional; y,

g) Si dentro de los ocho días hábiles siguientes a su recepción, el Alcalde no la objetare o no haya dispuesto su ejecución, la norma se considerará sancionada y se la mandará a promulgar.

CAPITULO III

DE LA PROMULGACION

Art. 20. - La promulgación consiste en hacer público un acto decisorio del Concejo.

Art. 21. - Para efectos. de la promulgación de ordenanzas y reglamentos, el Concejo Municipal de Rocafuerte crea la Gaceta Municipal (Cartelera), en la que serán promulgadas obligatoriamente estos instrumentos.

La Gaceta Municipal que contiene los actos decisorios del Concejo, para su conocimiento, podrá llevarse a cabo por la imprenta o por cualquier otro medio de difusión local o provincial.

Art. 22. - Las ordenanzas tributarias, así como las de los planes de desarrollo, las que creen, fusionen o supriman parroquias urbanas o rurales y otras determinadas específicamente por ley, entrarán en vigencia únicamente cuando sean promulgadas en el Registro Oficial.

Art. 23. - Las ordenanzas entrarán a regir en todo el territorio del cantón al día siguiente de su aprobación.

Art. 24. - El Secretario del Concejo tiene la obligación legal de formar y mantener el libro auténtico de ordenanzas y que constituirá en un protocolo encuadernado y sellado con su respectivo índice numérico de los actos decisorios del Concejo de cada año. Así mismo conferirá copia de estos documentos conforme a la ley.

CAPITULO IV

DE LAS ORDENANZAS DE TRAMITE ESPECIAL

SECCION I

DE LAS ORDENANZAS ESPECIALES EN GENERAL

Art. 25. - Las ordenanzas que crean, suprimen o fusionan parroquias urbanas o rurales, requieren para su expedición el siguiente trámite:

Población residente no menor de diez mil habitantes, de los cuales por lo menos dos mil deberán estar domiciliados en la cabecera de la nueva parroquia.

Aren territorial susceptible de una demarcación natural, que no implique colisión con las parroquias colindantes y con recursos suficientes para llenar su cometido.

Existencia de un centro poblado que haga de cabecera parroquial, de características topográficas capaces de favorecer el ensanche apropiado de la población.

Solicitud firmada por la mayoría de los vecinos mayores de 18 años, informe del respectivo Consejo Provincial, de la Comisión de Límites Internos de la República, sobre el área territorial y sus límites y aprobación de la ordenanza de creación de la parroquia por el Ministerio de Gobierno.

En el caso del informe del Consejo Provincial éste deberá ser favorable.

Art. 26. - Para la expedición de ordenanzas que fijan o revisan impuestos, tasas, retribuciones de servicios y contribuciones especiales de mejoras, se requerirá el dictamen favorable previo del Ministerio de Finanzas.

Art. 27. - Para la determinación de los límites de las zonas urbanas, las ordenanzas correspondientes requieren el informe de la Dirección de Obras Públicas. A esta comisión se integrará un representante del Centro Agrícola Cantonal sin voto y sólo con voz informativa.

Art. 28. - Las ordenanzas que establezcan un régimen alternativo al dispuesto por el Art. 318 de la Ley de Régimen Municipal, en lo que concierne a la determinación del valor imponible para la liquidación del impuesto de la propiedad urbana, se sujetarán al informe favorable del Ministerio de Finanzas.

Art. 29. - Para la determinación del valor de las obras y construcciones destinadas a experimentación agrícola para efecto de la exención del impuesto a los predios rurales, las ordenanzas para su expedición requieren informe previo del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

Art. 30. - Las resoluciones que aprueben o autoricen la creación de nuevas urbanizaciones o lotizaciones se protocolizarán en una Notaría y se inscribirán en el correspondiente Registro de la Propiedad y se hará la transferencia de dominio de lote municipal de ser el caso.

SECCION II

DE LAS ORDENANZAS DE LOS PLANES DE DESARROLLO URBANO

Art. 31. - Los planes de desarrollo urbano con sus normas y ordenanzas serán objeto de divulgación conforme dispone la ley.

Art. 32. - La modificación de los planes de desarrollo urbano podrán adoptarse por el Concejo Municipal de oficio o a petición de parte interesada.

Art. 33. - Cuando por circunstancias especiales, expresamente calificadas por el Concejo, fuere necesario modificar las disposiciones del plan, el Concejo aprobará su reforma siempre que previamente la Dirección de Obras Públicas haya dictaminado favorablemente sobre la modificación propuesta.

Art. 34. - Para la modificación de los planes reguladores de desarrollo urbano, el Concejo observará el mismo procedimiento que el seguido para su aprobación y, las limitaciones y regulaciones especiales pe establezcan las ordenanzas que promulguen dichos planes.
Art. 35. - Las ordenanzas que sancionen y promulguen los planes de desarrollo urbano establecerán un régimen de sanciones espaciales aplicable a los particulares y los funcionarios públicos que contravengan las normas urbanísticas que ellos crearen.

SECCION III

DE LA ORDENANZA DE APROBACION DEL PRESUPUESTO

Art. 36. - Para efectos de la aprobación y sanción de la ordenanza presupuestaria, el Concejo se remitirá a las disposiciones contenidas en el Capítulo V del Título X de la Ley de Régimen Municipal.

TITULO IV

DE LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES

Art. 37. - La aprobación de los acuerdos y resoluciones requieren un solo debate por simple mayoría de votos de los concurrentes a la sesión.

Art. 38. - Los acuerdos y resoluciones surtirán efectos desde el momento que sean comunicados a los interesados.

Art. 39. - La comunicación al interesado se la realizará directamente o por cualquier medio disponible y, si esto no fuera posible, mediante cartel fijado en el sitio destinado para el efecto en la casa de Gobierno Municipal.

Art. 40. - Las resoluciones sobre descalificación o separación de concejales expedidas por el Concejo se notificarán a los interesados dentro de tres días, por medio del Notario que designe el Alcalde.

TITULO V

DE LA MODIFICACION, DEROGATORIA O REVOCACION DE LOS ACTOS DECISORIOS

Art. 41. - Para modificar, derogar o revocar los actos municipales se observará el mismo procedimiento establecido para su expedición.

Art. 42. - Si la derogatoria, modificación o revocatoria del acto decisorio se efectúa antes de la renovación parcial del Concejo que lo aprobó, se requerirá del voto de las terceras partes de los miembros concurrentes.

Art. 43. - Si las decisiones mencionadas en el artículo anterior se efectuaren luego de hecha la renovación parcial del Concejo, será necesaria la mayoría absoluta de votos de los concurrentes.

TITULO VI

DE LA APELACION DE LOS ACTOS DECISORIOS

Art. 44. - La apelación es el derecho que le asiste a toda persona natural o jurídica que se crea perjudicada por una decisión del Concejo Municipal a elevar su reclamo al mismo.

Art. 45. - El Concejo Municipal resolverá obligatoriamente los reclamos presentados, en el plazo máximo de 15 días. Se exceptúan los asuntos materia de lo contencioso administrativo y de lo contencioso tributario, los mismos que se regirán por las normas especiales existentes para el efecto.

Art. 46. - De no ser resuelto el reclamo en este plazo o en caso de decisión desfavorable, el interesado podrá recurrir ante el Consejo Provincial, el mismo que tramitará el recurso en el plazo que estime conveniente, a partir de la presentación de la solicitud de apelación, excepto en los reclamos tributarios que se sujetarán en lo dispuesto por la ley.

Art. 47. - Cuando la apelación se origine en la violación de los preceptos constitucionales, el interesado podrá acudir ante el Tribunal Constitucional, el que resolverá la reclamación dentro del plazo que estime conveniente contados a partir de la fecha de su recepción.

Art. 48. - Al tratarse de apelación sobre el acuerdo de ocupación o declaratoria de utilidad pública, el procedimiento se sujetará a lo dispuesto en el Art. 253 de la Ley de Régimen Municipal.

TITULO VII

DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LOS ACTOS DECISORIOS

Art. 49. - Es obligación de la Municipalidad cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resoluciones, aplicar sanciones en caso de que se las contravenga y realizar una evaluación periódica de su aplicación y resultados.

Art. 50. - Mensualmente cada uno de los departamentos, a través de sus directores, emitirá informe escrito, para conocimiento del Concejo, sobre el cumplimiento de las resoluciones, en cada uno de los casos.

Art. 51. - El incumplimiento a lo dispuesto en el Art. 49, será sancionado de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa Municipal, su reglamento general y ordenanza respectiva.

Si el incumplimiento se diera por parte de los trabajadores amparados por el Código del Trabajo, se aplicarán las normas contempladas en dicho cuerpo legal.

Art. 52. - La Asesoría Jurídica realizará cada dos años una evaluación general de las ordenanzas y reglamentos que se encuentren en vigencia. Para el efecto deberá, solicitar a todos los jefes departamentales un informe sobre la aplicación de las normas relacionadas con su gestión específica. Este informe contendrá:

a) Observancia de la norma por parte de la ciudadanía;

b) Problemas detectados en su aplicación;

c) Problemas detectados en el contenido sustantivo o adjetivo de las normas; y,

d) Sugerencias de reformas.

Art. 53. - La Asesoría Jurídica de la Municipalidad se reunirá cada año con el Departamento de Justicia, Policía y Vigilancia, a fin de evaluar la aplicación de la normativa municipal y detectar y corregir los problemas que existan en el contenido sustantivo o adjetivo de la misma y aquellos que limiten el ejercicio de la función de policía y control.

Art. 54 - La Asesoría Jurídica elaborará cada dos años, un informe sobre los procesos de evaluación y el programa respectivo para actualizar las normas y corregir las deficiencias en su aplicación, que serán conocidos y aprobados por el 1. Concejo Municipal.

Art. 55. - En lo que no se encuentre estipulado en el presente reglamento, se sujetarán a lo dispuesto en las demás ordenanzas y leyes conexas.

Art. 56. - Quedan derogadas todas las disposiciones que contravengan el presente reglamento, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Es dado en la sala de sesiones del Concejo Municipal de Rocafuerte, a los dos días del mes de junio del año dos mil uno.

Rocafuerte, 2 de junio del 2001.

f.) Doctor Xavier Vélez Alcívar, Vicealcalde del Municipio de Rocafuerte.

f.) Señor Ubil Romero Mendieta, Secretario del Municipio.

CERTIFICO. - Que la presente ordenanza fue discutida y aprobada con el Concejo Municipal de Rocafuerte, en sesión ordinaria del 28 de mayo y extraordinaria del 2 de junio del 2001.

Rocafuerte. 2 de junio del 2001.

f.) Sellar Ubil Romero Mendieta, Secretario del Municipio.

CONCEJO MUNICIPAL DE ROCAFUERTE. - A los 2 días del mes de junio del 2001, por cuanto esta ordenanza reúne los requisitos determinados por la Ley de Régimen Municipal vigente. sanciónese para los efectos legales correspondientes. Ejecútese y publíquese.

Rocafuerte, 6 de junio del 2001.

f.) Dimas Pacífico Zambrano Vaca, Alcalde del cantón Rocafuerte.

Proveyó y firma el decreto anterior el sellar don Dimas Pacífico Zambrano Vaca, Alcalde del cantón Rocafuerte, el día de hoy 6 de junio del 2001.

f.) Señor Ubil Romero Mendieta, Secretario del Municipio.

EL ILUSTRE MUNICIPIO DE CELIA

Considerando:

Que, el deterioro ambiental por el que atraviesa el cantón Celica, está causando serios impactos sociales, económicos y ambientales que repercuten directamente en la disminución de los niveles de salubridad y baja calidad de vida de los habitantes de este cantón Suroccidental de la provincia de Loja y a su vez, tienden a convertirse en un freno para el desarrollo;

Que, la falta de diagnóstico y acción integrada hacen que el Municipio y el resto de actores sociales desconozcan la verdadera problemática de los recursos naturales, agua potable, salud y saneamiento ambiental;

Que, hay una limitada capacitación de talentos humanos en la problemática ambiental y agropecuaria;

Que, hace falta de una política de coordinación entre el Municipio e instituciones afines para velar por el manejo sostenible del ambiente;

Que, los planes de trabajo municipales tradicionales no recogen la gestión integral de cuencas hidrográficas y manejo adecuado de los servicios, que posibiliten la participación institucional, interinstitucional y comunitaria con enfoque de género;

Que, falta atención a los graves problemas, en operación, mantenimiento y administración de los sistemas de agua potable y riego para el sector rural y urbano marginal;

Que, hace falta una verdadera conciencia ambiental y sanitaria en la población, por lo que se hace deber del Estado y de esta Municipalidad crear las reglas pertinentes para superar este problema. Por lo tanto es deber del Estado a través de la Constitución de la República y sus leyes de: Modernización, Descentralización y Participación Social, Régimen Municipal, Gestión Ambiental, etc., e Ilustre Municipio de Celica, con la participación de la sociedad civil,, están en la obligación de desarrollar programas de gestión ambiental para mejorar y fortalecer los servicios de agua potable, saneamiento y salud ambiental, manejo sostenible y equitativo de los recursos naturales en el ámbito urbano, suburbano y rural; lo cual exige una rápida intervención que atienda las debilidades existentes;

Que, es obligación prioritaria de la Municipalidad de Celica impulsar la arborización y forestación de las áreas de dominio público y/o comunal del sector urbano y rural del cantón, proteger la cubierta vegetal existentes, o cualquier otro espacio que beneficie el equilibrio ecológico y el bienestar colectivo y velar por el cumplimiento de la obligación que tienen los ciudadanos de manejar al ambiente de la zona;

Que, es necesario impulsar la búsqueda de alternativas de desarrollo sostenible de las organizaciones sociales de los barrios, parroquias, del cantón a través de su participación activa, tomando en cuenta que los recursos ambientales son su propio patrimonio;

Que, entre las alternativas se encuentran el manejo de las inicio cuencas existentes, que garanticen mejorar la cantidad y calidad de agua para la población;

Que, es deber de la ilustre Municipalidad de Celica, impulsar programas de concientización en salud, saneamiento, promoción e impactos ambientales que permitan a su cantón mejorar su calidad de vida;

Que, el uso irracional de insumos químicos en la producción agropecuaria hacen que se generen productos contaminados poniendo en grave peligro la salud de los consumidores;

Que, muchas de las enfermedades de salud pública y zoonosicas en nuestro medio son producto de la falta de conocimiento y criterio técnico;

Que, hace falta una adecuada atención al sector agropecuario en promoción económica y asistencia técnica a nivel rural a través de políticas públicas dirigidas a dinamizar la economía local;

Que, es deber de la Municipalidad de Celica mantener un nivel de coordinación inter-institucional y sectorial que impulsen el manejo sustentable de los recursos naturales;

Que, es deber de la Municipalidad de Celica coordinar y planificar acciones que ayuden a mejorar los problemas de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable y riego para el sector rural y urbano marginal;

Que, solo una visión equitativa del desarrollo podrá dirigir sus esfuerzos a los sectores más vulnerables de la sociedad. la mujer, los niños y el sector rural; y,

Que, es deber de los organismos de desarrollo potencializar en los ámbitos productivos al sector agrícola y ganadero de nuestro cantón,

Expide:

LA ORDENANZA QUE ESTABLECE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE MANEJO AMBIENTAL Y DESARROLLO AGROPECUARIO (UMMADA).

CAPITULO I

Art. 1.- Se establece con esta ordenanza la Unidad Municipal de Manejo Ambiental y Desarrollo Agropecuario del cantón Celica (UMMADA), como una dependencia administrativa de carácter técnico; e incorporándose la misma al orgánico funcional de este Municipio dentro de la Dirección de Obras. Públicas, y sus atribuciones, deberes establecidos expresamente en la presente ordenanza.

Art. 2.- Son fines de la Unidad Municipal de Manejo Ambiental y Desarrollo Agropecuario de Celica:

1. Proteger y conservar el ambiente y los recursos de este cantón.

2. Promover el desarrollo productivo en el área agrícola y ganadera del cantón a través de la implementación de actividades sustentables que permitan mejorar el nivel de vida de sus habitantes.

3. Atender, colaborar y coordinar acciones con organismos estatales, organizaciones de base, ONG's, y juntas parroquiales, encaminadas al mejoramiento y optimización de la gestión productiva y calidad ambiental del cantón.

4. Implementar un plan de capacitación anual dirigido a los técnicos y trabajadores de la institución que estén inmersos en la temática.

5. Capacitación continua y permanente a los agricultores y ganaderos del cantón.

6. Impulsar estudios e investigaciones de carácter técnico y científico, que permitan contar con información confiable y actualizada sobre el estado del ambiente; y técnicas actualizadas en el manejo de las actividades agropecuarias cantonales.

7. Propender en el seno del ilustre Municipio las medidas y acciones convenientes a fin de evitar o mitigar procesos de deterioro ambiental que reduzcan los impactos negativos sobre la naturaleza y la salud de la población.

8. Velar, en general por la conservación del medio físico del cantón, a fin de asegurar a sus habitantes el derecho a vivir un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

9. Exigir el cumplimiento de la ordenanza respectiva creada para este fin a través de las autoridades correspondientes.

CAPITULO II

DEL ÁMBITO, COMPETENCIAS Y FUNCIONES

Art. 3.- Para el cumplimiento de los fines establecidos en el articulo anterior, la UMMADA organizará su gestión orientándola a la consecución progresiva de los mismos; teniendo como prioridad las siguientes áreas:

a. Control de calidad ambiental;

b. Planificación de la gestión ambiental concertada;

c. Administración de los recursos naturales;

d. Estudios ambientales;

e. Desarrollo agropecuario;

f Saneamiento ambiental, y,

g. Salud pública.

.El Area de Control de la Calidad Ambiental comprenderá:

1. El control, fiscalización y vigilancia de la ampliación de las normas técnicas de control de los recursos agua, aire suelo y vegetación.

2. Los procedimientos administrativos de evaluación de impactos ambientales que deberán acatar los responsables de las actividades, obras o proyectos que puedan generar riesgos o delios ambientales en el cantón.

3. La aplicación de sanciones por incumplimiento de esta ordenanza o demás normativas de la gestión ambiental cantonal.

4. El brindar apoyo técnico a las juntas parroquiales del cantón para el control da la contaminación ambiental.

El Aren de Planificación de la Gestión Ambiental Concertada Cantonal comprende:

1. La elaboración del plan de gestión ambiental del cantón en forma participativa en coordinación con el Comité de Desarrollo Cantonal CDC.

2. El establecimiento de los mecanismos de coordinación con el CDC y otros actores presentes en la zona para la elaboración de agendas, planes de desarrollo y de ordenamiento territorial cantonal, en lo referente al ambiente.

3. La elaboración de planes específicos de manejo de áreas naturales protegidas, bosques y vegetación protectores, áreas de amortiguamiento, cuencas y micro cuencas hidrográficas y demás ecosistemas frágiles.

4. La elaboración de proyectos, normativas y reglamentos referidos a la gestión ambiental del cantón.

5. El diseño y elaboración de proyectos de convenios de transferencia de competencias ambientales del gobierno central, entidades dependientes de la Función Ejecutiva, sean estas nacionales, regionales o provinciales al gobierno local descentralizado.

El Area de Administración Ambiental comprenderá:

1. El manejo, seguimiento y control de las áreas naturales protegidas.

2. La administración, manejo y control de los bosques protectores, áreas de amortiguamiento, cuencas y micro cuencas hidrográficas y demás ecosistemas frágiles.

3. La administración, manejo y control de los sectores eco turísticos y arqueológicos del cantón.

El Area de los Estadios Ambientales comprenderá:

1. El desarrollo de estudios e investigaciones de carácter técnico y científico sobre el ambiente del cantón.

2. El desarrollo de sistemas de información geográfica que permita contar con datos confiables y actualizados sobre el estado del ambiente cantonal.

3. La búsqueda de cooperación técnica nacional e internacional por la aplicación de programas y proyectos del ambiente.

4. La elaboración de un sistema de indicadores ambientales del cantón.

5. La promoción de la educación ambiental así como del uso de energías alternativas no contaminantes, orientadas al desarrollo sustentable del cantón.

Las funciones de esta área serán de apoyo transversal a la otra área de la UMMADA. Así como lo serán los mecanismos de consulta y participación ciudadana y la mancomunidad en la gestión ambiental con otros municipios y demás actores que intervienen en la conservación del entorno cantonal y regional.

El Area de Desarrollo Agropecuario comprenderá:

1. El impulso de convenios con entidades de desarrollo agropecuario tanto públicos como privados con la finalidad de diagnosticar, planificar y desarrollar proyec-tos agropecuarios y ganaderos, piscícolas y apícolas.

2. Fomentar la participación activa de la comunidad en actividades de desarrollo productivo a través de mecanismos e iniciativas que promuevan la autogestión.

3. Desarrollar planes de capacitación y promoción en cada una de las actividades indicadas en el numeral 1 de este párrafo.

4. Buscar mecanismos de complementariedad entre las inversiones del gobierno municipal y del sector privado que generen condiciones que favorezcan el desarrollo de estos sectores.

5. Impulsar la articulación de actores para la promoción del desarrollo agropecuario.

En el Area de Saneamiento y Salud Ambiental:

1. Coordinar con los departamentos afines del Municipio y con instituciones públicas y privadas, el desarrollo de programas participativos de: agua potable, alcantarillado, manejo de desechos sólidos y líquidos, letrinización, reciclaje de desechos, manejo de mercados, camales, cementerios, etc.

2. Implementar planes para mitigar la contaminación por quemas, ruidos, polvo, uso irracional de insumos agropecuarios, etc.

3. Desarrollar planes de promoción y educación ambiental que incorporen la participación ciudadana.

Art. 4. - Sin perjuicio de otras que le sean asignadas por la ley o nuevas ordenanzas, son funciones de la UMMADA las siguientes:

a. Control de calidad ambiental

1. Ser la responsable de la política ambiental del Municipio.

2. Aplicar y velar, porque se cumplan las disposiciones legales pertinentes relativas a la protección y conservación del ambiente.

3. Calificar los proyectos, obras o actividades que puedan generar impactos ambientales a nivel cantonal, así como sus respectivos Estudios de Impacto Ambiental EIA y planes de contingencia.

4. Vigilar y regular el cumplimiento de los mecanismos de calificación, evaluación y auditoría e impactos ambientales para cualquier actividad o proyecto u obra que pueda deteriorar los recursos naturales y el ambiente del cantón, con sujeción a las políticas y normas nacionales pertinentes.

5. Recibir y orientar adecuadamente las demandas de las comunidades del cantón, sus quejas, peticiones relacionadas con el manejo y protección del ambiente.

6. Llevar adelante los procedimientos de juzgamiento e imponerlas canciones correspondientes por infraccio-nes a esta ordenanza como de las normas nacionales de esta materia, en lo que sea de su competencia.

7. Establecer un programa de monitoreo y vigilancia a cumplirse en forma periódica a fin de constatar el estado del entorno y la sujeción a las normas ambientales.

b. Para la planificación de la gestión ambiental:

1. Elaborar la agenda cantonal de gestión ambiental concentrada, considerando los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, cantonal si existieren, y establecer la estrategia ambiental, los programas y proyectos, así como, sus respectivos cronogramas de ejecución para someterlos a la aprobación del Concejo Cantonal.

2. Coordinar y cooperar con los organismos nacionales e internacionales, públicos y privados competentes para la gestión ambiental, siempre buscando el fortalecimiento de su capacidad en el tratamiento de problemáticas ambientales y el financiamiento oportuno de los proyectos necesarios.

3. Definir las políticas y mecanismos de protección de las áreas naturales, vida silvestre, recursos forestales y ecosistemas frágiles en general que se hallen a su cargo, sujetándose a las políticas y lineamientos del sistema nacional de áreas naturales protegidas y su ley competente.

4. Implementar un plan de capacitación anual dirigido a los empleados y trabajadores de la institución que estén inmersos en la temática ambiental.

5. Proponer al Concejo Cantonal la aprobación de políticas y normas necesarias para el establecimiento de mecanismos eficientes de administración y manejo de recursos naturales del cantón.

6. Canalizar los mecanismos de consulta a la comunidad, previo al otorgamiento del permiso o autorizaciones ambientales, así como la planificación y manejo socialmente participativo de las actividades de aprovechamiento de los recursos naturales existentes.

c. Para la administración de los recursos no renovables:

1. Proponer la suscripción de los convenios de cooperación interinstitucional y de delegación o transferencia de funciones que sean necesarias para la administración, manejo y control de los bosques y vegetación - protectores, así como para el manejo y control de las áreas naturales protegidas del cantón.

2. Viabilizar el manejo participativo de la corresponsabilidad con la comunidad en el' control de las áreas naturales a su cargo, así como de sus recursos forestales con sujeción a los mecanismos legales correspondientes.

3. Desarrollar los mecanismos de consulta en respecto a la diversidad cultural étnica, política, religiosa de género y generacional etc, del cantón para una adecuada intervención, administración, manejo y control de las áreas naturales.
d. Para el estudio y la investigación del ambiente:

1. Desarrollar un sistema de información ambiental, que comprendo información cartográfica, estadística y documental como una herramienta indispensable para la planificación del desarrollo del cantón, así como una valoración ambiental de los recursos naturales en procura de su adecuado mantenimiento y rehabilitación.

2. Elaborar un inventario, a través del sistema de información de los recursos naturales y el estado del ambiente del cantón que sirva como base para la planificación cantonal.

3. Realizar los estudios técnicos del diagnóstico, seguimiento y evaluación ambiental que sean necesarios para la determinación de la calidad ambiental del cantón.

4. Llevar el catastro, registro y archivo de los expedientes correspondientes a las actividades potencialmente deteriorantes del ambiente cantonal y en general de la documentación que se origina en el desempeño de sus labores.

5. Promover programas de investigación, y educación ambiental que involucren a los diferentes sectores sociales del cantón a fin de concientizar sobre el uso de energías alternativas y tecnológicamente limpias.

6. Organizar campañas de difusión, educación y concientización dirigida a los diversos sectores sociales del cantón, a fin de promover la protección del entorno y el uso sustentable de sus recursos.

e. Para la promoción del desarrollo agropecuario:

1. Impulsar convenios de cooperación con organismos nacionales e internacionales tanto públicos como privados, para la promoción de proyectos agrícolas y ganaderos.

2. Coordinar la participación ciudadana para el fomento de actividades de desarrollo productivo.

3. Desarrollar planes de capacitación y promoción en cada una de las actividades contempladas en esta ordenanza.

4. Buscar mecanismos de complementariedad entre las inversiones del gobierno municipal y del sector privado que generen condiciones que favorezcan el desarrollo de estos sectores.

5. Impulsar la articulación de actores ligados a estas actividades para la participación y planificación.

6. Promover el desarrollo de organizaciones económicas que se articulen para la cadena productiva, a nivel local, regional, nacional e internacional.

f. Para el saneamiento y salud ambiental:

1. Desarrollar programas participativos de agua potable, alcantarillado, manejo de los desechos sólidos y líquidos, letrinización, reciclaje de desechos, manejo de mercados, camales, cementerios, etc.

2. Coordinar estrategias para el control de la contaminación ambiental (por humo, ruidos, polvo, uso irracional de insumos agropecuarios, aguas servidas, etc.).

3 Desarrollar planes de promoción y educación ambiental que incorporen la participación ciudadana.

CAPITULO III

DE SU COMPOSICION

Art. 5. - La Unidad Municipal de Manejo Ambiental y Desarrollo Agropecuario, mantendrá la estructura básica, prevista en la ordenanza de su creación, sin perjuicio que la misma sea modificada de acuerdo a las necesidades institucionales y a la decisión del Concejo.

Para el cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de ampliar su capacidad administrativa, esta unidad se integrará con:

1. El Concejal de la Comisión del Medio Ambiente.

2. Un técnico agroforestal.

3. Un ingeniero agrónomo, con conocimientos ambientales.

4. Un médico veterinario, con conocimientos de salud pública.

5. El Comisario Municipal.

El Concejo Cantonal nombrará entre ellos al Coordinador de la UMMADA.

Art. 6. - Los perfiles profesionales y requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a desempeñar los cargos mencionados en el Art. anterior, serán determinados en el respectivo instructivo, teniendo siempre como base vinculación de su profesión con la conservación del medio ambiente y el desarrollo agropecuario así como también experiencia en los ámbitos de su profesión.

Art. 7. - Las atribuciones y deberes del coordinador de la UMMADA son:

1. Dirigir y supervisar la ejecución de las actividades asignadas a ésta.

2. Representar a la UMMADA en las relaciones de trabajo y coordinación con los demás órganos de la Administración Municipal así como, en general con las personas naturales o jurídicas sujetas a su control.

3. Delegar funciones de carácter operativo a sus subalternos de acuerdo a las ordenanzas y reglamentos cantonales.

4. Suscribir todos los informes y documentos oficiales que emita la UMMADA.

5. Las demás que le asignen la ley, la ordenanza y reglamentos.

Art. 8. - A los técnicos de la UIMMADA les compete:

1. Técnico agroforestal: - Asesorar con su criterio y conocimientos especializados al coordinador de la UMMADA y al equipo técnico de esta dependencia, en lo relacionado con actividades de manejo de recursos naturales (gestión concertada de recursos naturales y desarrollo agropecuario, etc.).

2. Técnico en saneamiento ambiental. - Asesorar con su criterio y conocimientos especializados al coordinador de la UMMADA en todo cuanto éste último le solicitare y también a los demás funcionarios de esta dependencia, en lo relacionado a las actividades con el saneamiento ambiental (agua potable, tratamiento de desechos sólidos y líquidos, mercados, camal, cementerio, reciclaje de desechos, contaminación por ruido, polvo, quemas, uso irracional de insumos agropecuarios, etc.) además.

3. Apoyar administrativamente al coordinador de la UMMDA en los trámites y procedimientos que éste se halle realizando, de acuerdo a las disposiciones pertinentes del Municipio y a la necesidad de la unidad.

4. Encargar temporal u ocasionalmente de las responsabilidades administrativas asignadas al coordinador de la UMMADA, cuando éste último se hallare ausente y hasta que se reintegre o se designe a un nuevo coordinador.

5. Cumplir con las demás funciones que le sean encomendadas dentro del ámbito de sus competencias.

Art. 9. - Al Inspector de la UMMDA le corresponde:

1. Realizar las diligencias de inspección que sean encomendadas por el coordinador de la UMMADA y/o que se hallen previstas en el programa de inspecciones de esta unidad.

2. Desarrollar planes de promoción, educación ambiental y desarrollo agropecuario para la comunidad en coordinación con otros actores de la localidad.

3. Elaborar y presentar al coordinador de la UMMADA los correspondientes informes técnicos de las inspecciones que se les hubiere asignado.

4. Apoyar al Coordinador de la UMMADA en las tareas de carácter administrativo que se requiera para el eficiente despacho de los trámites a cargo de la unidad.

5. Colaborar y coordinar con el Comisario Municipal para la realización y seguimiento de la vigilancia, juzgamiento y sanción de las actividades que puedan poner en riesgo o dañen al ambiente.

6. Las demás responsabilidades que le asigne las normas del Municipio.

Art. 10. - Al Comisario Municipal le corresponde:

1. Realizar la vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones previstas en las ordenanzas ambientales del Municipio y de las normas nacionales en lo atinente a las atribuciones que le otorgue a este organismo.

2. Juzgar y sancionar, acorde con las ordenanzas respectivas y con sujeción a la Ley de Régimen Municipal, las infracciones o a la normatividad ambiental aplicable en el cantón.

3. Apoyar las inspecciones y visitas que debe realizar el Inspector y demás funcionarios de la UMMADA, para el monitoreo de las actividades, obras y proyectos que generen riesgos ambientales al alcance cantonal.

4. Cumplir con las demás funciones que se le asigne a través de otras ordenanzas, o con las disposiciones que, dentro del ámbito de sus competencias, provengan del Coordinador de la UMMADA y demás autoridades del Municipio.

CAPITULO IV

DE LOS MECANISMOS DE GESTION

Art. 11. - Para la adecuada ejecución de sus actividades y de acuerdo a las áreas señaladas en el artículo 4 de esta ordenanza, la UMMADA programará sus tareas en base de la agenda cantonal de gestión ambiental, así como sus proyectos, instructivos y estudios varios, que estarán enmarcados por los fines y funciones señalados en otras ordenanzas afines.

La ejecución de las herramientas antes, mencionadas se sujetarán al Plan Operativo Anual que deberá elaborar la UMMADA.

Art. 12. - Los mecanismos y actividades que desarrolle la UMMADA deberán mantener una adecuada coordinación con las autoridades municipales y guardarán sujeción a las respectivas políticas nacionales e institucionales.

Para el desarrollo de su gestión, la UMMADA podrá apoyarse en la Comisión Municipal del Ambiente, por la Comisión de Apoyo Técnico (CAT) conformada por representantes de instituciones técnicas, públicas y privadas que hacen gestión ambiental en el cantón y otros talentos humanos que particularmente se integren a la CAT, apoyo con materiales y equipos que asigne el Municipio de acuerdo al ámbito de su competencia.

Art. 13. - Sin perjuicio de otros, es responsabilidad de la UMMADA elaborar y someter a la aprobación del Concejo los programas de actividades correspondientes a las seis áreas en que se divide su gestión, incluyendo sus respectivos cronogramas de ejecución.

CAPITULO V

DEL JUZGAMIENTO DE INFRACCIONES

Art. 14. - Los procedimientos de juzgamiento de las conductas infractoras de la presente ordenanza está a cargo de la Comisaría Municipal debiendo proseguir con el trámite previsto en el Capítulo II del Titulo I, Libro III del Código de Salud y demás leyes competentes.

En caso de existir impugnaciones a las resoluciones del Comisario, conocerá las mismas en última y definitiva instancia el Concejo Cantonal.

En todo caso, para fundar sus actos y decisiones en los procedimientos de juzgamiento, el Comisario Municipal requerirá de los respectivos informes técnicos.

Art. 15. - Las sanciones que corresponda imponer a las infracciones, serán de carácter administrativo pudiendo variar entre multas, suspensión de permisos de funcionamiento, decomiso de especies y otras amparadas en las leyes ecuatorianas.

El Comisario solicitará al Alcalde y Procurador Síndico del Municipio, iniciar las acciones legales pertinentes en contra de los infractores ante la justicia ordinaria.

CAPITULO VI

DEL FINANCIAMIENTO

Art. 16. - La estructura administrativa y logística y los servicios ambientales que presta la UMMADA para el cumplimiento de funciones, serán financiados con cargo a:

- El presupuesto anual que asigna el Concejo Cantonal a la Unidad Municipal de Manejo Ambiental.

- Los ingresos percibidos por las tasas ambientales derecho por otorgamiento de permisos ambientales, así como la recaudación de multas impuestas en la aplicación de la presente ordenanza.

- Cualquier otro ingreso que en calidad de donación o crédito nacionales o internacionales gestione y obtenga el Municipio para el cumplimiento de estos fines.

Art. 17. - También será un ingreso para esta unidad el valor equivalente al 10% del monto total de cada planilla de agua que por consumo cobre el Municipio. Para este efecto, el Director Financiero del Municipio remitirá a la UMMDA un informe pormenorizado por los conceptos aludidos en el párrafo anterior.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 18. - El Concejo Cantonal se encargará de incorporar a la UMMDA dentro del orgánico funcional y la incluirá en los gastos operativos del presupuesto institucional.

Art. 19. - Todos los miembros que conforman la Unidad de Manejo Ambiental y Desarrollo Agropecuario UMMADA, más la Comisión de Apoyo Técnico CAT. elaborarán un reglamento interno para formar la operatividad que deberían cumplir cada uno de sus integrantes.

Art. 20. - Son perjuicios del cumplimiento del procedimiento de designación del personal de la UMMADA que se haga constar en el instructivo, de existir la justificación administrativa, legal y financiera pertinentes, el Concejo podrá disponer que se cubran dichos cargos a través del traslado administrativo, fundados en la experiencia y vinculación con la temática ambiental que posea el personal disponible del Municipio.

Art. 21. - Todo aquello que no está previsto en la presente ordenanza se sujetará a la Ley de Régimen Municipal. Ley de Descentralización y Participación Social, Ley de Modernización del Estado, Ley Forestal y Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, Ley de Gestión Ambiental, Ley de Aguas y Código de Salud.

Art. 22. - La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su promulgación en el Registro Oficial y de inmediato la Unidad de Manejo Ambiental y Desarrollo Agropecuario será incorporado al organigrama municipal.

Art. 23. - Todos los miembros que conforman la Unidad de Manejo Ambiental y Desarrollo Agropecuario, estarán prestos a apoyar de manera desinteresada e inmediata a las acciones emprendidas, dando muestras de ejemplo e iniciativa en cada una de las obras que realicen sus instituciones en beneficio de la comunidad.

Art. 24. - Glosario. - Para la cabal aplicación y comprensión del alcance de esta ordenanza y por sobre cualquier otra interpretación, tómese en cuenta las siguientes definiciones:

Auditoría ambiental. - Conjunto de métodos y procedimientos de carácter técnico que tiene por objeto verificar el cumplimiento de las normas de protección del ambiente en obras y proyectos de desarrollo y en el manejo sustentable de los recursos naturales, forma parte de la auditoría gubernamental.

EIA. - Evaluación de Impacto Ambiental.

ESIA. - Estudio de Impacto Ambiental.

Gestión ambiental. - Conjunto de políticas, normas, actividades operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control estrechamente vinculados, que deben ser ejecutadas por el Estado y la sociedad para garantizar el desarrollo sustentable y una óptima calidad de vida.

Instructivo. - Instrumento administrativo diseñado para la aplicación de las políticas y normas del Municipio a través de su adecuación a los procedimientos y trámites propios de las dependencias del Municipio.

Unidad o jefatura. - Instancia administrativa básica del nivel operativo, especializada en un tema particular de la administración.

Es dado en la sala de sesiones del ilustre Concejo Municipal de Celica a los 22 de días del mes de marzo del año dos mil uno.

f) Egdo. Rigoberto Cevallos, Vicealcalde.

f) Lic. Berónica Irigoyen Curay, Secretaria Municipal.

Certifico que la ordenanza que antecede fue aprobada por el Concejo Municipal de Celica, en las sesiones ordinarias realizadas en los días 22 de febrero y 22 de marzo del 2001.

f) Lic. Verónica Irigoyen C., Secretaría Municipal.

Sanciónese y ejecútese. - Celica, 16 de julio del 2001.

f) Dr. Alonso Ríos Hidalgo, Alcalde del cantón Celica.

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