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Registro Oficial. 13 de FEBRERO del 2002

miércoles 13 de febrero del 2002 | 12:00
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


  MES DE FEBRERO DEL 2002

 REGISTRO OFICIAL
ORGANO DEL GOBIERNO DEL ECUADOR
Administración del Sr. Dr. Gustavo Noboa Bejarano
Presidente Constitucional de la República
Miércoles, 13 de Febrero del 2002

REGISTRO OFICIAL No. 513

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DR. JOSE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

FUNCION EJECUTIVA
DECRETOS:
 
2295 Autorizase al señor Ministro de Economía y Finanzas para que asigne a la Policía Nacional la cantidad de US$ 2.488.240,33, valor que corresponde al pago del impuesto al consumo especial, FODINFA y tasa de modernización aduanera y que deben ser cancelados previa la nacionalización de los vehículos importados
 
2296 Incorpórase una nota complementaria dentro del capítulo 85 del Arancel de Importaciones.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

PRIMERA SALA RESOLUCIONES:
 
064-2001-HC Confirmase la resolución del señor Alcalde del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito,  encargado y deséchase el hábeas corpus interpuesto  por el doctor Iván Durazno C.
 
434-2001-RA Revócase la resolución venida en grado y deséchase la acción de amparo formulada por el señor Roberto Alejandro Lascano Cepeda.
 
441-2001-RA Revócase la resolución dictada por el señor Juez Primero de Io Civil de Portoviejo y deséchase  la acción de amparo formulada por el ingeniero Galo Vélez Alcívar y otros Revócasela resolución venida en grado y admítese la acción de amparo formulada por Pedro Maria Yascaribay y otro.
 
554-01 RA Confirmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por la señora licenciada Norma  Piedad Calderón Argüello.
 
562-01-RA Confirmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por la señora licenciada María Esther Carrillo Rivadeneira.
 
591-RA-01-I.S. Deniégase por improcedente el amparo interpuesto por el señor Germán Patricio de la Torre Galarza y confirmase la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.
 
626-2001-RA Confirmase en los términos de esta resolución la que ha venido en grado y acéptasela acción de amparo constitucional formulada por el ingeniero Tito René Ruiz Vega .
 
656-2001-RAConfirmase la resolución subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Bill Silfredo Mieles Joza ..
 
710-2001-RA Confirmase la resolución subida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por el señor Juan Manuel Jaramillo Castillo y otro.
 
719-2001-R.A. Confirmase la resolución subida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por la señora Martha Elida Rojas Estrella y otra.
 
727-01-R.A.   Confirmase la resolución venida en grado e Inadmítese la acción de amparo propuesta por el señor William David Galarza Abarca.
 
731-2001-RA Confirmase la resolución subida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional planteada por el señor Carlos Olmedo Mero Delgado.
 
808-2001-RA Revócasela sentencia subida en apelación y niégase la acción de amparo propuesta por el señor Holger Arturo Sarango, por improcedente.
 
812-2001Confírmase la resolución subida en grado y niégase la acción de amparo interpuesta por el señor Omar Patricio Rosero Brand, por improcedente.
 
826-2001-RA Confírmase la resolución subida en  grado y niégase la acción de amparo propuesta por la señora Silvia Marlene Jaime Chicaiza.
 
842-2001-RA Confírmase la resolución subida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional propuesta por la señora Fani Melida Romero Castillo, por ser procedente.
 
896-2001-RA Confirmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por el señor Hugo Segura Hurtado y otros.
 
907-2001-RA Confirmase la resolución subida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por el señor Mario Cárdenas Villegas.
 
909-2001-RA Ratificase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por el señor Angel Polivio Paladines Jiménez.
 
923-2001-RA Confirmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por el Mayor de Policía Iván Darío Silva Altamirano.
 
933-2001-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por el señor Gregorio Ulpiano Andrade Ferrín.
 

No. 2295

Gustavo Noboa Bejarano
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que, el Estado Ecuatoriano se encuentra en la obligación de proveer a la Policía Nacional de la infraestructura, medios, equipos y armamento necesarios para que ésta cumpla con su misión de garantizar el orden público y la seguridad interna del Estado;

Que, el Gobierno Nacional se encuentra empeñado en dotar a la Policía Nacional de los bienes y medios indispensables para el cumplimiento de sus fundamentales tareas;

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 416-A de junio 27 de 1997 se declara el estado de emergencia de la Policía Nacional;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 20 de 22 de junio de 1999 se declara prioritario y de seguridad interna del Estado el contrato de adquisición de 1.280 vehículos para la Policía Nacional, por un monto aproximado de hasta cuarenta y cuatro millones de dólares (US$ 44.000.000.oo);

Que, mediante oficio No. 335-99 de 10 de febrero de 1999, la Oficina de Planificación de la Presidencia de la República emitió el dictamen de prioridad favorable para la ejecución del proyecto "Renovación del Parque Automotor para la Policía Nacional;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 658 de 9 de agosto del 2000, se autoriza al Ministro de Economía y Finanzas proceda a instrumentar el crédito de proveedor ofrecido por la empresa SILEX TRADING S.A., adjudicataria para la provisión de vehículos inherentes al proyecto "Renovación Parque Automotor Policía Nacional' por la suma total de US$ 33.287.496,oo. crédito que se concedió a través del Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social BNDES; y,

Que, la Policía Nacional no cuenta con recursos económicos para la cancelación del impuesto a los consumos especiales, impuesto FODINFA y tasa de modernización aduanera, que se gravan a la importación de los vehículos y no existe ley que faculte la exoneración de los mismos,

Decreta:

Art. 1.- Autorizase al señor Ministro de Economía y Finanzas para que asigne a la Policía Nacional la cantidad de US$ 2.488.240,33, valor que corresponde al pago del impuesto al consumo especial, FODINFA y tase de modernización aduanera y que deben ser cancelados previa la nacionalización de los vehículos importados.

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto, encárguese el Ministro de Economía y Finanzas y al señor Comandante General de la Policía Nacional.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito Distrito Metropolitano, a 28 de enero del 2002.

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República.

f.) Marcelo Merlo Jaramillo, Ministro de Gobierno y Policía.

f) Carlos Julio Emanuel Morón, Ministro de Economía y Finanzas.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración Pública.

No. 2296

Gustavo Noboa Bejarano
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que, en base a la necesidad de establecer mecanismos para frenar el auge delincuencial en el país, el Gobierno Nacional ha organizado un Plan Emergente de Seguridad Ciudadana incorporando al sistema de prevención de actos delincuenciales la acción comunitaria de los taxistas a nivel nacional, como patrulleros honorarios del sistema de comunicación y advertencia;

Que, es necesario facilitar y abaratar la importación de los equipos de comunicación a instalarse en los vehículos de taxi que van a operar como patrulleros honorarios en el Plan Emergente de Seguridad Ciudadana;

Que, la Comisión Ejecutiva del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones, COMEXI, mediante Resolución 132 de 20 de diciembre del 2001, emitió dictamen favorable para la inclusión en el Capítulo 85 del Arancel Nacional de Importaciones de una nota complementaria, la misma que determina que las importaciones de equipos de radiotelefonía o radiotelegrafia, comprendidos en la posición arancelaria 8525.20.10 realizada por las federaciones y cooperativas de taxis del Ecuador se sujetarán a la tarifa 0% sobre él valor CIF de dicha mercancía; y,

En ejercicio de las facultades que le confiere el último inciso del artículo 257 de la Constitución Política de la República y el Art. 15 de la Ley Orgánica de Aduanas,

Decreta:

Art. 1- Incorpórase una nota complementaria dentro del Capítulo 85 del Arancel de Importaciones en los siguientes términos:

"Fijase en cero por ciento el arancel a aplicarse sobre el valor CIF en la importación de equipos de radio comunicación: bases y móviles vehiculares, en el rango de frecuencias UHF; con potencia de salida mínima de 20 wats, frecuencia modulada, comprendida en la posición arancelaria 8525.20.10 que efectúen los socios de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte en Taxis del Ecuador y sus filiales, legalmente registradas. Para hacer uso de este derecho se requerirá de la autorización del Ministro de Gobierno y Policía, en los términos que se determinen en el acuerdo ministerial correspondiente, lo mismo que será comunicado a la Corporación Aduanera Ecuatoriana".

Art. 2.- Los equipos de comunicación adquiridos al amparo de este decreto, no podrán destinarse a otra finalidad que no sea el servicio de comunicación en unidades de taxi en coordinación con la Policía 'Nacional para realizar tareas de prevención del delito.

Art. 3.- El plazo durante el cual regirá la aplicación de esta tarifa arancelaria para la importación de los equipos de comunicación, destinados a las unidades de transporte público de taxi que cuenten con la correspondiente certificación, será de 360 días calendario, contados a partir de la expedición de este decreto.

Art. 4.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguense a los señores ministros de Gobierno y Policía, Economía y Finanzas y Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 28 de enero del 2002.

f.) Gustavo Noboa Bejarano, Presidente Constitucional de la República.

f) Marcelo Merlo Jaramillo, Ministro de Gobierno y Policía.

f) Richard Moss Ferreira, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad.

f) Dr. Carlos Julio Emanuel Morán, Ministro de Economía y Finanzas.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f) Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración Pública.

No. 064-2001-HC

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 064-2001-HC

Antecedentes:

El doctor Iván Durazno C. comparece ante el señor Alcalde del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito e interpone recurso de hábeas corpus a nombre de la señora Blanca Benavides Nastar. El compareciente manifiesta que la nombrada ciudadana se encuentra privada de su libertad en forma ilegal, ya que ninguna mujer embarazada puede estarlo por disposición del artículo 58 del Código Penal vigente. Con este fundamento, solicita que se disponga la inmediata libertad de la detenida.
El señor Alcalde encargado del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito dispone que se le presente a la detenida con la correspondiente orden de privación de la libertad, el día 19 de noviembre del 2001 a las 15h00 horas. Realizada la audiencia, el mencionado funcionario rechaza el recurso interpuesto considerando que se ha dictado orden de prisión preventiva en contra de la detenida y se ha emitido la boleta constitucional de encarcelamiento respectiva, por el supuesto delito de homicidio. Además, señala que el señor Jefe Provincial Antinarcóticos informa que ha puesto a la detenida a órdenes del Juez de lo Penal de Pichincha de turno, y a su vez, de la Fiscalía Distrital de la Unidad Antinarcóticos de Pichincha, por el supuesto cometimiento de infracciones tipificadas en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. y por, los delitos de "muerte". "robo agravado", y "tenencia ilegal de armas".
Considerando:

Que, esta Sala es competente para conocer y, resolver sobre el recurso de hábeas corpus interpuesto por el doctor Iván Durazno C., a nombre de la señora Blanca Susana Benavides Nastar, de conformidad con el artículo 276, número 3, de la Constitución de la República, y los artículos 12, número 3, y 62 de la Ley del Control Constitucional;

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la resolución de la causa, por lo que el proceso es válido y así se lo declara;

Que, si bien el artículo 58 del Código Penal dispone que "Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad, ni será notificada con sentencia que le imponga penas de prisión o de reclusión, sino 90 días después del parto ", se debe distinguir la sanción penal que es la que se regula en la disposición legal citada, de las medidas cautelares que se pueden ordenar dentro de un proceso penal, como es la que se le ha aplicado a la afectada, en razón de habérsele dictado en su contra una orden de prisión preventiva;

Que, respecto de la prisión preventiva, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 171, dispone, como alternativas a esta medida cautelar: el arresto domiciliario la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o tribunal o ante la autoridad que él designe; y, la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez o tribunal;

Que, respecto de los sujetos beneficiarios y las condiciones para acceder al arresto domiciliario el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal señala que, para la generalidad de personas, el juez puede ordenar esta medida alternativa "Siempre que se trate de un delito sancionado con pena que no exceda de cinco años y que e! imputado no haya sido condenado con anterioridad por delito" y, sin importar el delito que se le imputa o acusa, cuando el afectado sea "una persona mayor de sesenta y cinco años de edad o que se trate de una mujer embarazada y hasta noventa días después del parto", situación en la que se afirma se encuentra la afectada;

Que, en consecuencia, en tratándose de mujeres embarazadas, y hasta noventa días después del parto, no se puede ordenar como medida cautelar la prisión preventiva, sino que, imperativamente, se debe aplicar, como alternativa, el arresto domiciliario, como lo señala el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal;

Que, no consta de autos prueba científica, practicada con todos los requisitos legales, que ponga en evidencia que la afectada se encuentra efectivamente embarazada, por lo que el juez se encuentra plenamente facultado para ordenar su prisión preventiva, de conformidad con los artículos 167 y 168 del Código de Procedimiento Penal, tal como ha ocurrido en la especie; y,

Por los considerandos expuestos, y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve

1.- Confirmar la resolución del señor Alcalde del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito encargado, y por consiguiente, desechar el hábeas corpus interpuesto por el doctor Iván Durazno C., a nombre de la señora Blanca Benavides Nastar.

2.- Devolver el expediente al señor Alcalde del I. Municipio del Distrito Metropolitano de Quito para los fines legales consiguientes.- Notifíquese.

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional a los treinta días del mes de enero del año dos mil dos.- Lo certifico

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 434-2001-RA

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 434-2001-RA

Antecedentes:

Roberto Alejandro Lascano Cepeda, comparece ante el Juez Tercero de lo Civil de El Oro y plantea acción de amparo constitucional en contra del Director Nacional de Minería y del Subsecretario de Minas. Al respecto, el peticionario señala:

Que los accionados, sin tener competencia para actuar en forma individual o conjuntamente, han enviado el Memorando No. 095 SM 2001 de 14 de mayo del 2001, dirigido a los Directores Regionales de Minería, el cual contiene el "Manual de Procedimientos para la aplicación del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería". Dicho manual -se dice- ha creado figuras legales y atribuciones no previstas en las leyes y reglamentos pertinentes y vulnera de esta manera el derecho a la seguridad jurídica.

Que ni la Ley de Minería ni el Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de dicha ley, establecen la atribución de la Dirección Nacional de Minería o de la Subsecretaría de Minas para dictar un manual de procedimientos

Que en el Manual de Procedimientos aludido (Memorando Nro. 095 SM 2001) en el apartado denominado "12. Procedimiento para el Cumplimiento de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Minería Vigente". introduce trámites y resultados no previstos en la Ley ni en el Reglamento General, y los funcionarios demandados crean normas de carácter general y observancia obligatoria en perjuicio de los mineros, a más de que centralizan la administración pública minera en los funcionarios de ámbito nacional.

Que en el apartado "3. De la Prioridad y del Derecho Preferente", el Manual cambia el concepto de la prioridad, e invoca el artículo 7 del Reglamento General de la Ley de Minería, cuerpo reglamentario que no existe en el Ecuador, y si se ha querido referir al actual, éste se denomina "Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la ley de Minería" (Decreto Ejecutivo Nro. 1415. Registro Oficial Nro. 307, de abril del 2001).

Que sobre el punto anterior, el señor Procurador General del Estado, mediante oficio Nro. 17405 de 25 de abril del 2001 dirigido al señor Presidente Constitucional de la República, con relación al antedicho Reglamento expresa que la prioridad en la presentación de solicitudes de concesiones mineras da derecho preferente para su otorgamiento, y que introducir otro concepto del derecho preferente, no guarda conformidad con la norma legal que se pretende reglar. Además, el Procurador se ha pronunciado en el sentido que "La oferta y la puja que no constan en la Ley, no pueden ser mecanismos idóneos para alcanzar el derecho preferente en el trámite de adjudicación de la concesión minera en el Ecuador; restringir el horario de recepción de solicitudes, bien puede vulnerar o por Lo menos obstaculizar e! derecho constitucional de petición. En conclusión, todo lo referido al Reglamento General de la Ley de Minería, Art. 7; del primer inciso las palabras y números siguientes 'hasta las 13h00 ('trece horas)';y del segundo inciso: 'contadas y registradas en el lapso de una hora de un determinado día, mes y año finalmente los incisos tercero, cuarto y quinto; son ilegales".

Que en el apartado "9. Sustitución de Títulos", el Manual pretende mantener vigente el pago de regalías que ha sido derogado, y al respecto, el Procurador General del Estado se ha pronunciado en el sentido de que todas las personas naturales y jurídicas comprendidas en el artículo 161 (derogado) de la Ley de Minería están obligadas al pago de 3% sobre el valor de la producción bruta en todas las sustancias minerales obtenidas hasta el 18 de agosto del 2000, y no hasta el 31 de diciembre del 2000;.criterio que se fundamenta en el principio de la ley en el tiempo.

Por todo lo expuesto, se solicita que se suspenda definitivamente el acto administrativo contenido en el Memorando No. 095 SM 2001, del Subsecretario de Minas y Director Nacional de Minería, fechado en Quito el 14 de mayo del 2001, y dirigido a los "Directores Regionales de Minería".

En la audiencia pública celebrada el 22 de mayo del 2001, la parte demandada alega que la acción de amparo es improcedente por cuanto el accionante debió acudir a la demanda de inconstitucionalidad de los parágrafos que cita en su escrito; Que el Manual de Procedimientos impugnado es el resultado de una reunión de trabajo efectuada entre el Subsecretario de Minas, la Dirección Nacional de Minería y las siete Regionales de Minería existentes en el país, como se señala en la primera parte del documento, es decir, que responde a un acto administrativo interno que no hace otra cosa que procesos internos que permitan que los funcionarios de las instituciones actúen uniformemente dentro de lo estrictamente señalado en la Ley de Minería vigente y su Reglamento General Sustitutivo; Que el actor señala que el mencionado Manual está en contraposición de lo señalado en la Ley de Minería, lo cual es absurdo, por cuanto la disposición Transitoria Primera de las reformas introducidas a la Ley de Minería, publicadas en el Suplemento del R.O. Nro. 144 de agosto 18 del 2000. determina que las solicitudes tendientes a obtener concesiones mineras deben sujetarse al procedimiento allí establecido; mientras que la Primera Disposición Transitoria del Reglamento General Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Minería, publicado en el Registro Oficial No. 307 del 17 de abril del 2001, únicamente señala las áreas cuya titularidad pertenece al Estado, y que de existir solicitudes sobre estas áreas, sean archivadas por encontrarse superpuestas totalmente. Por lo expuesto solicita desechar el amparo constitucional planteado por el señor Roberto Alejandro Lascano Cepeda.

El señor Procurador General del Estado, a través de su abogado defensor manifiesta: Que en el presente amparo constitucional se están impugnando varios aspectos sobre los cuales se han pronunciado el señor Procurador, y al comparecer a esta diligencia se ratifica en el contenido del criterio contenido en el oficio Nro. 16155 de fecha 1 de febrero del 2001, y en la solicitud formulada por el señor Presidente Constitucional de la República, que consta en el oficio Nro. 17405 de fecha 25 de abril del 2001, documentos que contienen un pronunciamiento vinculante y por lo tanto obligatorio.

Por su parte el accionante, en lo principal, se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de sus pretensiones, y agrega que el acto administrativo impugnado es producto de una reunión entre el Subsecretario de Minas, el Director Nacional de Minería y los Directores Regionales de Minería, pero olvidan que en derecho público solamente se permite hacer lo que la Constitución y la ley manda, y que los funcionarios demandados, sin tener atribución constitucional, legal ni reglamentaria, han creado figuras seudolegales y se han autoconcedido atribuciones no establecidas en la ley de Minería, de forma que se ha vulnerado el derecho a la seguridad jurídica.

El Juez Tercero de lo Civil de El Oro, concede el amparo constitucional formulado por cuanto considera que el presente caso se trata de un amparo constitucional y ha tomado en cuenta que el acto de la administración pública impugnado no tiene la jerarquía de una ley orgánica, ley ordinaria, decreto-ley, decreto, ordenanza, estatuto, reglamento o resolución, y en consecuencia, no se trata de un caso que deba resolverse por medio de la demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional

Considerando:

Que esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con los artículos 276 numeral 3 de la Constitución de la República, y los artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control Constitucional;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la resolución de la causa, por lo que el proceso es válido y así se lo declara;

Que la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución de la República se caracteriza por su naturaleza cautelar de los derechos constitucionales, de tal manera que únicamente suspende los efectos de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública, que por violar dichos derechos, causen un daño grave e inminente. Por todo ello, a la acción de amparo no le cumple resolver el fondo del asunto controvertido ni suplir los procedimientos que el ordenamiento jurídico ha establecido para la solución de una controversia;

Que la Doctrina más autorizada enseña que la Administración Pública no está simplemente infraordenada a las normas jurídicas, sirio que ella misma tiene potestad de crearlas. Ahora bien, un problema capital del ordenamiento jurídico-administrativo es el de la coexistencia y articulación de la Ley con las normas de formulación administrativa, y dicha coexistencia y articulación se ordenan alrededor del Principio de Jerarquía que determina la supremacía de un tipo de normas sobre otras, como sucede en el caso de la Ley frente al Reglamento. En suma, es una notable característica del ordenamiento administrativo esa convergencia sobre un mismo objeto de normas escritas de desigual valor normativo:

Que a más de lo dicho en el considerando precedente, el Derecho Administrativo no sólo regula las relaciones entre la Administración Pública y los administrados, sino que también lo hace en las relaciones entre aquélla y los funcionarios o empleados. De esta manera, dentro del sistema de fuentes del Derecho Administrativo también se incluyen, a más de las que enumera la Teoría General del Derecho, a normas internas como son las circulares e instructivos y, en lo que concierne al presente caso, a lo que se ha denominado como un "Manual de Procedimientos";

Que el "Manual de Procedimientos" impugnado, por su naturaleza normativa, y por ende, su alcance general e impersonal, no constituye materia de la acción de amparo, pues para que ella sea procedente es menester que el acto de autoridad pública tachado de ilegítimo esté dirigido a una persona o conjunto perfectamente determinado de personas, de tal forma que sea posible detectar cii la especie, no sólo la violación de un derecho constitucional, sino también un daño grave e inminente ante el cual se pueda aplicar las medidas cautelares que son propias y naturales de dicha garantía constitucional;

Que la acción de amparo, como ya se dijo anteriormente, no le cumple. suplir los procedimientos específicos que el ordenamiento jurídico ha previsto para la solución de una controversia. En tal virtud, existiendo como existe la demanda de inconstitucionalidad prevista en el artículo 276 numeral I de la Constitución de la República, y regulada por el Capítulo III del Título I de la Ley del Control Constitucional, la impugnación del susodicho "Manual de Procedimientos" por vía de acción de amparo la hacen a esta improcedente; y,

Por las consideraciones expuestas y en uso de sus facultades constitucionales y legales,

Resuelve:

1.- Revocar la resolución venida en grado, y por consiguiente, desechar la acción de amparo formulada por el señor Roberto Alejandro Lascano Cepeda.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución de esta resolución. - Notifíquese.

f) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON. - Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil dos.- Lo certifico.

f) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f) Secretario de la Sala.

No. 441-2001-RA

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 441-2001-RA

Antecedentes:

Los ingenieros Galo Vélez Alcívar, Presidente de la Cámara de la Construcción del cantón Rocafuerte; Luis Alfonso Moreno Vera, Presidente de la Cámara de la Construcción de Jipijapa; Jorge Andrade Muñoz, representante de la Cámara de la Construcción de Chone; David Leonardo Zambrano Cevallos, Presidente de la Cámara de la Construcción de Bolívar; y el arquitecto Ignacio Mendoza Ureta, Presidente de la Cámara de la Construcción de Bahía de Caráquez, comparecen ante el Juzgado Primero de lo Civil de Portoviejo y formulan acción de amparo constitucional en contra del Presidente del Directorio de la Corporación Ejecutiva para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Fenómeno del Niño (Corpecuador). Los accionantes manifiestan:

Que mediante publicación hecha por la prensa el día 6 de abril del 2001, la autoridad accionada convocó, fundamentándose en el artículo 6 de la Ley de Creación de Corpecuador, a las personas naturales y jurídicas para que conformen los colegios electorales encargados de elegir a los miembros que integran el Directorio de la Delegación de Manabí.

Que en el numeral 3 de la convocatoria se dice que "De acuerdo a lo establecido en el Art. 20 reformado del Reglamento a la Ley de Corpecuador, cada Cámara tendrá derecho a un voto si su número de afiliados es inferior o igual a cien. Las Cámaras que tengan más de cien afiliados tendrán derecho a un voto por cada cien afiliados

Que por lo dicho anteriormente, se demuestra que ni siquiera se necesita conformar colegios electorales ni realizar elecciones, porque la Cámara de la Construcción de Portoviejo, con 1200 afiliados 'y derecho a 12 votos, tendrá de por vida el control de la Delegación, y se prescindirá de las seis restantes cámaras de la provincia, que con un solo voto cada una y aunque se unan y decidan contar con un solo candidato, se quedarán con 6 votos y nunca podrán acceder a representación alguna.

Que todo lo analizado proviene de la aplicación que se quiere hacer del artículo 20 reformado del Reglamento de la Ley de Corpecuador, lo cual es ilegítimo e inconstitucional por violar las siguientes normas jurídicas: el artículo 272 de la Constitución de la República, especialmente porque debió aplicarse la norma jerárquicamente superior y no la reglamentaria; el artículo 273 ibídem porque el Presidente del Directorio de Corpecuador tiene la obligación de aplicar las normas de la Constitución que sean pertinentes, aunque no se las invoque expresamente; y el artículo 274 de la Constitución de la República, por no haber declarado inaplicable la norma del artículo 20 del Reglamento de la Ley de dicha corporación.

Que los artículos 16 y 18 de la Constitución de la República disponen, respectivamente, que el más alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos humanos; que éstos son directa e inmediatamente aplicables por x ante cualquier juez, tribunal o autoridad y que las leves, y peor un reglamento, no podrán restringir dichos derechos.

Que se está violando el derecho de igualdad ante la ley, al privilegiar a una sola cámara; el derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos, a más de acceder en condiciones de igualdad a las funciones públicas.

Que el artículo 20 reformado del Reglamento de la Ley de Creación de Corpecuador es inconstitucional por contravenir y alterar dicha Ley, de manera que se incurre en el numeral 5 del artículo 171 de la Constitución de la República.

En audiencia pública celebrada el 23 de mayo del 2001, la parte accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión. No comparece la parte accionada.

El señor Juez Primero de lo Civil de Portoviejo resuelve aceptar la acción de amparo propuesta por los accionantes, considerando la naturaleza cautelar del amparo, y que la autoridad accionada ha violado el artículo 23 numeral 3 de la Constitución de la República.

Considerando:

Que esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 276 numeral 3 de la Constitución de la República, y los artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control Constitucional;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la resolución de la causa, por lo que el proceso es válido y así se lo declara;

Que la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución de la República se caracteriza por su naturaleza cautelar de los derechos constitucionales, de tal manera que únicamente suspende los efectos de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública que por violar dichos derechos, causen un daño grave e irreparable. Por todo ello, a la acción de amparo no le cumple resolver el fondo del asunto' controvertido ni suplir los procedimientos que el ordenamiento jurídico ha establecido para la solución de una controversia. Por último, la naturaleza cautelar de la acción de amparo implica que la autoridad accionada, respetando los derechos constitucionales y corrigiendo los vicios en que pudo haber incurrido, pueda dictar un nuevo acto apegado a derecho y sobre la misma cuestión;

Que del texto constitucional y de la normativa singularizada en 'la Ley del Control Constitucional, se establece de manera concluyente que la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto u omisión ilegítimos, en principio de autoridad pública; b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional; c) cause o amenace causar un daño grave e inminente en perjuicio del accionante, es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado pon una autoridad que no tiene competencia para ello, o no se han observado los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico, o cuando se ha infringido el ordenamiento jurídico, o bien, cuando se lo ha dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que el artículo 6 literal b) de la Ley de Creación de Corpecuador dispone que el Directorio de las Delegaciones de dicha corporación estará integrado por "Un delegado de la cámara de la construcción de la provincia donde funcione la Delegación; si en una de estas sedes existiere más de una cámara, se conformará el Colegio Electoral para que designe su delegado";

Que de conformidad con el artículo 10 literal d) del Reglamento de la Ley de Creación de Corpecuador, competen al Presidente del Directorio convocar a los Colegios Electorales para la designación de los integrantes de los Directorios de las Delegaciones (Unidades Ejecutoras);

Que el inciso cuarto del artículo 20 del citado Reglamento dispone que "Para la designación de los representantes principal y suplente por las Cámaras de la Construcción y Comercio e Industrias, el Presidente de CORPECUADOR hará la convocatoria al Colegio Electoral para su designación, y las Cámaras deberán acreditar los documentos debidamente legalizados que demuestren su existencia jurídica, su representación y el número de afiliados que tiene la institución que representan, mediante la lista de afiliados, debidamente certificada por el Secretario de la Cámara respectiva. Por su parte, el inciso quinto del mismo artículo dice: "Al igual que en las elecciones de los representantes para el Directorio Principal a que se refiere el artículo 3 de la Ley No. 120, cada Cámara tendrá derecho a un voto si su número de afiliados es menor o igual a cien. Las Cámaras que tengan más de cien afiliados tendrán derecho a un voto por cada cien afiliados

Que en la especie, la convocatoria de 6 de abril del 2001 que consta a fojas 14 de los autos, no hace otra cosa que llamar a los colegios electorales encargados de elegir a los miembros que integrarán el Directorio de la Delegación de Corpecuador en Manabí; convocatoria que se ajusta a las normas jurídicas que se han citado, por lo cual no constituye un acto ilegítimo de autoridad pública;

Que el artículo 23 numeral 3 de la Constitución de la República reconoce el derecho a la igualdad ante la ley, en virtud del cual la persona puede gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades ante unas mismas condiciones 'y circunstancias jurídicas. Al respecto, debe tenerse presente que aquél derecho implica el reconocimiento de la igualdad esencial de la persona o de un ente frente a sus semejantes, pero ello no significa -y absurdo sería afirmarlo- que el derecho de igualdad pueda invocarse considerando las particularidades de un individuo. La aclaración se hace necesaria, por cuanto es evidente que existen en la sociedad personas, grupos humanos o entidades que son distintos y deben recibir un trato legal igualmente distinto, no por segregación alguna, sino por factores objetivos, como son sus capacidades, necesidades, finalidades, etc., los cuales determinan una diferenciación sustentada en su situación jurídica;

Que en el caso que nos ocupa, el artículo 20 del Reglamento de la Ley de Creación de Corpecuador ha configurado un sistema de votación que se basa en el número de afiliados a las respectivas cámaras, es decir, con fundamento en un dato objetivo que no significa discriminación alguna de las cámaras minoritarias, pues aberrante seria poner a aquéllas, so pretexto del derecho de igualdad ante la ley, en la misma posición que las mayoritarias, las cuales, a pesar de tener la misma igualdad esencial, tienen una diferente representatividad por el número de sus afiliados, y en éste radica la legitimidad de la elección del delegado cuando ha sido designado por una mayoría conforme;

Que no habiendo acto ilegitimo como se ha demostrado, y no existiendo violación a derecho constitucional alguno, la acción de amparo propuesta por los accionantes resulta improcedente; y,

Por los considerandos expuestos, y en uso de sus facultades constitucionales y legales,

Resuelve:

1.- Revocar la resolución dictada por el señor Juez Primero de lo Civil de Portoviejo, y en consecuencia, desechar la acción de amparo formulada por los ingenieros Galo Vélez Alcívar, Presidente de la Cámara de la Construcción del cantón Rocafuerte; Luis Alfonso Moreno Vera, Presidente de la Cámara de la Construcción de Jipijapa; Jorge Andrade Muñoz, representante de la Cámara de la Construcción de Chone; David Leonardo Zambrano Cevallos, Presidente le la Cámara de la Construcción de Bolívar, y el arquitecto Ignacio Mendoza Ureta, Presidente de la Cámara de la Construcción de Bahía de Caráquez.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución de esta resolución.- Notifíquese.

f) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f) Dr. Mareo Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, a los veintinueve días del mes de enero del año dos mil dos.-Lo certifico.

f) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f) Secretario de la Sala.

No. 505-2001-RA

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 505-2001-RA

Antecedentes:

Pedro María Yascaribay y Luis Eduardo Torres Quiridumbay, en sus calidades de Gerente y Presidente respectivamente de la compañía anónima de carga liviana "Manuel Antonio Piña SA.", comparecen ante el señor Juez Segundo de lo Civil de Azogues y formulan acción de amparo constitucional en contra de la señora Gobernadora de la Provincia del Cañar, Presidenta del Consejo Provincial de Tránsito de Cañar, y del señor Procurador General del Estado. Los accionantes manifiestan:

Que la compañía de transportes "Manuel Antonio Piña SA" se constituyó mediante escritura pública de 21 de julio de 1999, la cual fue otorgada ante el señor Notario Sexto del cantón Cuenca, y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Azogues el 21 de diciembre de 1999.

Que previamente a la constitución de la compañía, el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres emitió informe favorable, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres. De igual forma, la Superintendencia de Compañías aprobó la constitución de la compañía, mediante resolución que está insertada en la escritura antes referida.

Que habiendo cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, presentaron su solicitud ante el Consejo Provincial de Tránsito de Cañar, a fin de que se les otorgue el respectivo permiso de operaciones.

Que el 17 de mayo del 2001, mediante oficio No. 027-CPTTTC, suscrito por la señora Gobernadora de Cañar y Presidenta del Consejo Provincial de Tránsito de la misma provincia, se les comunica que el Directorio de dicho Consejo había resuelto negar su solicitud de permiso de operación, de manera que se les ha dejado en total incapacidad legal para el inicio de sus operaciones.

Que han cumplido con el requisito del artículo 145 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, pues cuentan con el informe favorable del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, entidad que constató la necesidad del servicio y por ello emitió dicho informe favorable para la constitución de la compañía, de tal forma que este momento no puede argumentar la sobreoferta del servicio para negar un permiso de operación.

Que el artículo 12 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres manifiesta que la transportación terrestre pública y privada de personas y bienes goza de la protección del Estado quien ejercerá el control y vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de seguridad y calidad.

Que si el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, en uso de sus facultades y atribuciones, pretende frenar el nacimiento de nuevas organizaciones de transporte público, debería prohibir la constitución de empresas y no actuar como lo hace, esto es, autorizando la creación de nuevas empresas y negando posteriormente su permiso de operación.

Que Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres y los Consejos Provinciales de Tránsito no tienen la facultad para negar un derecho protegido y tutelado por las leyes y la Constitución de la República, pues una resolución emitida por el Consejo Nacional, por su Directorio en pleno, no tiene la fuerza de Ley, no la puede reformar, ni violar la Constitución de la República.

Que las presiones ejercidas por parte de las federaciones de transportistas para que se mantenga la suspensión de los permisos de operación, no tiene la potestad necesaria para violar derechos legales y constitucionales, más aún cuando el artículo 47 de la Ley de Modernización del Estado prohíbe la existencia de monopolios.

Que la Constitución de la República tutela el derecho a la libre organización, el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad jurídica.

Que la resolución del Consejo Provincial de . Tránsito de Cañar no tiene fundamento alguno y carece de motivación.

Con los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, los accionantes solicitan que se deje sin efecto jurídico alguno el acto ilegitimo de autoridad emitido por el Consejo Provincial de Tránsito de Cañar, se de' trámite y emita el respectivo Permiso de Operaciones a favor de la compañía de transportes de carga liviana "Manuel Antonio Piña S.A.", a fin de que ésta pueda operar y prestar el servicio de transporte de carga liviana, en el sector Leonán de la parroquia Luis Cordero del cantón Azoguez, el cual que carece totalmente del tipo de servicio que prestarla la compañía.

En audiencia pública celebrada el día 11 de junio del 2001, los accionantes se ratifican en los fundamentos de hecho y de derecho de sus pretensiones. Por su parte, la autoridad accionada, por intermedio de su abogado defensor, manifiesta: Que en ningún momento el Consejo Provincial de Tránsito de Cañar ha impedido que la compañía anónima de carga liviana "Manuel Antonio Piña S.A." se conforme como tal, ni a sus integrantes se les ha privado de su derecho al trabajo, a la libre asociación y a la seguridad jurídica, Que el artículo 252 de la Constitución de la República determina que el Estado ejercerá la regulación del transporte terrestre mediante entidades autónomas civiles, y con fundamento en esta disposición, se ha creado el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, cuyas resoluciones son obligatorias y, según el artículo 23 de la Ley de Tránsito, confiere a este organismo la atribución de dictar políticas generales sobre tránsito y transporte terrestres; Que la resolución No. 001-DIR-2001-CNTTT de 1 de febrero del 2001, basándose en la resolución del Consejo Nacional de Tránsito adoptada el 19 de abril de 1999, con resolución No. 005-PDE-2001-CNTTT de fecha 12 de abril del 2001, se ratifica en mantener la suspensión del otorgamiento de permisos de operación en todas las modalidades de transporte terrestre, excepto en el transporte escolar y en el incremento de cupos a las organizaciones ya existentes, razón por la cual el Consejo Provincial de Tránsito de Cañar debe acatar dichas disposiciones; Que además, el Consejo Provincial de Tránsito de Cañar, al dictar su resolución, se fundamenté también en los informes técnicos y estadísticos, por lo cual no se considera que exista necesidad del servicio, pues está cubierto; Que ante la consulta elevada al señor Procurador General del Estado, se contestó que el Consejo Provincial de Tránsito de Cañar puede suspender a nivel provincial la concesión de permisos dé operación con sujeción a las regulaciones dictadas por el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres; Que si bien el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres ha emitido criterio favorable para la constitución de la compañía, no ha levantado la suspensión del otorgamiento de permisos de operación, Que las resoluciones dictadas por el Consejo Provincial de Tránsito de Cañar son completamente apegadas a la Constitución y a la Ley.

El señor Juez Segundo de lo Civil de Azogues resuelve denegar la acción de amparo constitucional, considerando que si bien los accionantes han obtenido el informe favorable para la constitución de su compañía de transporte, posteriormente a ello se suspendieron los permisos de operación, y que el amparo es procedente cuando se ocasiona un daño grave, inminente e irreparable. Por esto último, se debió acudir al Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres para que, en última instancia, este organismo resuelva sobre la reclamación de los accionantes, y en consecuencia, después de un pronunciamiento de dicho ente podría interponerse la acción de amparo. Al no haber formulado reclamación alguna, el amparo es prematuro.

Considerando:

Que esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 276 numeral 3 de la Constitución de la República, y los artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control Constitucional;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la resolución de la causa, por lo que el proceso es válido y así se lo declara;

Que la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución de la República se caracteriza por su naturaleza cautelar de los derechos constitucionales, de tal manera que únicamente suspende los efectos de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública, que por violar dichos derechos, causen un daño grave e inminente. Por todo ello, la acción de amparo no le cumple resolver el fondo del asunto controvertido ni suplir los procedimientos que el ordenamiento jurídico ha establecido para la solución de una controversia. Por último, la naturaleza cautelar de la acción de amparo implica que la autoridad accionada, respetando los derechos constitucionales y corrigiendo los vicios en que pudo haber incurrido, pueda dictar un nuevo acto apegado a derecho y sobre la misma cuestión;

Que del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera concluyente que la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a).existe un acto u omisión ilegítimos, en principio de autoridad pública; b) que siendo violatorios de un derecho subjetivo constitucional; c) causen o amenacen causar un daño grave e inminente en perjuicio del accionante, es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o no se han observado los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico, o cuando se ha infringido el ordenamiento jurídico, o bien, cuando se lo ha dictado sin fundamento o suficiente motivación,

Que la negativa de conceder el permiso de operación a la compañía de los accionantes se fundamenta en las facultades que tiene el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres para dictar las políticas generales de tal materia, regular las actividades de tránsito y transporte terrestre automotor, realizar los estudios técnicos y económicos para la racional utilización de la flota vehicular y establecer las condiciones de oferta y de demanda en las diferentes modalidades de transporte terrestre, de conformidad con lo que dispone el artículo 23 literales b), k) y l). A más de todo ello, al Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres del Cañar, quien se sujeta a las políticas generales del Consejo Nacional del ramo, le compete "Conocer, modificar, revocar o suspender los permisos de operación de Las empresas de transporte terrestres de servicio masivo, de acuerdo can esta Ley y sus reglamentos", al tenor del literal g) del artículo 31 de la Ley citada,

Que a fojas 61 de los autos consta el Oficio No. SUB-AJ-99-CIR-CNTTT de 27 de agosto de 1999, suscrito por el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres y dirigido al Director Administrativo del Consejo Provincial de Tránsito de Cañar, en el cual se indica que en sesión ordinaria de 19 de abril de 1999, el primero de los entes mencionados suspendió a nivel nacional el otorgamiento de permisos de operación en todas las modalidades de transporte terrestre, excepto en el transporte escolar, por un período de dos años. En dicho documento puede leerse, además, que respetando del derecho constitucional de libre asociación y reunión con fines pacíficos reconocido en el artículo 23 numeral 29 de la Constitución de la República, no se podía "[...] negar las Constituciones Jurídicas; por lo que al estar vigente la norma constitucional y las normas Legales se debe seguir receptando y resolviendo las peticiones que se efectuaren con el fin de que se conceda el informe favorable previo a la Constitución Jurídica de organizaciones de transporte terrestres ". Esta resolución se mantiene en virtud de la resolución No. 005-PDE-2001-CNTTT de 12 de abril del 2001, que consta a fojas 50 de los autos;

Que en la especie el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres emitió informe favorable para la constitución de la compañía de los accionantes el 17 de noviembre de 1998, como consta de la copia del documento de fojas 25 de los autos, y dicha compañía fue inscrita el Registro Mercantil el 21 de diciembre de 1999, de manera que los accionantes cumplieron a cabalidad lo dispuesto por el inciso segundo del artículo 145 de la Ley de Tránsito al obtener dicho informe favorable. Ahora bien, aunque invocando el derecho constitucional de libre asociación y reunión con fines pacíficos se disponga que no se puede negar la constitución de las compañías o cooperativas de transporte: tal orden no hace ningún favor para que dichas compañías o cooperativas puedan operar, y hacen que el artículo constitucional citado no tenga en la práctica aplicación alguna, pues quien se asocia siempre lo hará con un fin, que en el presente caso, es el laborar en la prestación del servicio público de transporte;

Que por lo dicho anteriormente, si se han cumplido con todos los requisitos legales para la constitución de la compañía de transportes de carga liviana "Manuel Antonio Piña S.A.", y con la seguridad de dicho cumplimiento, habiendo sus socios realizado inversiones para trabajar en una empresa que legalmente podía funcionar, resulta del todo arbitrario e injusto negarles su permiso de operación, aún cuando el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, en uso de sus facultades legales, haya decidido suspender el otorgamiento de dicho permiso. En efecto, las resoluciones que dicho ente ha dictado no pueden afectar a quienes ya habían obtenido con anterioridad a aquéllas el informe favorable, y con confianza en éste, han constituido sus empresas de transporte. Lo contrario configura una evidente violación del derecho a la seguridad jurídica, reconocido en el artículo 23 numeral 19 de la Constitución de la República, por retrotraer los efectos de una resolución posterior a una situación jurídica anterior. En tal virtud, el acto que niega el permiso de operación de la compañía de los accionantes es ilegitimo;

Que a más de haberse violado el derecho a la seguridad jurídica, se lo ha hecho también con el derecho al trabajo, y se produce como efecto un daño grave e inminente por privar a los accionantes de los medios lícitos que, dentro de giro de sus negocios, les permiten satisfacer sus necesidades vitales; y,

Por las consideraciones expuestas, y en uso de sus facultades constitucionales y legales,

Resuelve:

1.- Revocar la resolución venida en grado, y por consiguiente, admitir la acción de amparo formulada por los señores Pedro María Yascaribay y Luis Eduardo Torres Quiridumbay, en sus calidades de Gerente y Presidente respectivamente de la compañía anónima de carga liviana "Manuel Antonio Piña SA.".

2.- Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución de esta resolución.

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional a los veintiocho días del mes de enero del año 2002.- Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 554-01-RA

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 554-2001-RA

Antecedentes:

La señora Norma Piedad Calderón Argüello, comparece ante la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, e interpone acción de amparo constitucional en contra de los señores Director General del IESS y Procurador General del Estado. La accionante en lo principal manifiesta:

Que, ingresó a laborar en el Instituto el 1 de agosto de 1980, siendo ascendida hasta ocupar el puesto de Asistente de Oficina 7 categoría BK 2000. Declara que siempre estuvo protegida por el Código del Trabajo y la Contratación colectiva.

Que, el 30 de octubre del 2000 fue notificada con el oficio No. 02320-3467 de 27 de octubre del 2000 que contenía la supresión de su puesto y el cese de sus funciones, recibiendo sus indemnizaciones recién el 9 de noviembre del mismo.

Que, el 28 de noviembre del 2000 presentó su reclamo administrativo, el que no ha sido contestado hasta la fecha, por lo que ha operado el silencio administrativo por lo que se entiende que su reclamo ha sido resuelto favorablemente, pero que el empleador no ha procedido a pagarle lo reclamado.

Fundamenta su reclamación en la Quinta Disposición Transitoria de la Constitución y en la Resolución No. 880, emitida el 14 de mayo de 1996, por el ex Consejo Superior del IESS cuyo Art. 1 establece que "los derechos económicos y beneficios sociales de orden individual adquiridos por los trabajadores del IESS, incluida la jubilación patronal se mantiene en beneficio de todos los actuales trabajadores del Instituto que cumplan los requisitos establecidos por la ley. Los servidores sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que ingresaren a la Institución a partir de la fecha de expedición de la presente resolución no estarán amparados por este último beneficio".

La recurrente estima que han sido violadas las siguientes normas constitucionales: Art. 16; Art. 23, numerales 3, 20 y 26; Art. 35, numerales 1, 3, 4, 6 y 12; Arts. 120 y 272; y. la Disposición Transitoria Quinta; además de la disposición legal contenida en el Art. 75 del Segundo Contrato Colectivo Unico de Trabajo.

Con tales antecedentes, la accionante interpone Recurso de Amparo del acto ilegitimo en que ha incurrido la autoridad del IESS, contenido en el boletín No. 155335 de 8 de diciembre del 2000; concretamente solicita que reconociéndole su derecho se conmine al Director General del IESS al pago inmediato de sus indemnizaciones y haberes que realmente le corresponden hasta la fecha efectiva del cese de funciones (9 de noviembre del 2000).

La audiencia pública se llevó a cabo el 21 de julio del 2001, como consta en la razón sentada por el Secretario Relator, dejando las partes constancia de sus intervenciones por escrito.

Al respecto, el accionado por intermedio de su abogado argumente entre otras cosas lo que sigue: Que, la actora impugna el acto administrativo contenido en el boletín de pago No. 155335 de 8 de diciembre del 2000; siendo suprimido su cargo de acuerdo a la Ley y la Resolución No. CI. 105, dictada por la Comisión Interventora del IESS el 24 de octubre del 2000; Que, por efectos de las reformas constitucionales publicadas en el R.O. No. 863 de 16 de enero de 1996, los servidores del IESS quedaron sometidos unos al Código del Trabajo y otros, como la actora, a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; Que, la Resolución No. 879 dictada por el ex-Consejo Superior del IESS el 14 de mayo de 1996, en su artículo único dispuso que las relaciones del IESS y sus servidores se regulas por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, con excepción de los obreros que estarán amparados por el Código del Trabajo, de acuerdo al Art. 31, inciso 3ro. del literal g) de la Norma Suprema, por lo que se colige que, desde las referidas reformas constitucionales, la recurrente se encontraba sujeta a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Que, la Resolución No. 882 dictada por el ex Consejo Superior del IESS de 11 de junio de 1996, en su Art. 1 hace un listado de cargos para los servidores que están subordinados al Código del Trabajo; mientras que el Art. 3, señala que los servidores cuyos cargos no constan en el Art. 1 de esta Resolución, están sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; encontrándose la recurrente bajo el amparo de esta última ley. La Procuraduría General del Estado manifiesta que existe improcedencia total de la acción por lo siguiente: porque la accionante pretende el reconocimiento de supuestos derechos que tienen su fundamento en el Código del Trabajo, cuerpo legal al que no estaba sujeta la actora; porque no existe daño grave e inminente ya que, como bien reconoce la actora, su separación del IESS se debió a la supresión de su puesto previo el pago de una indemnización; y, porque el boletín No. 155335 que contiene la liquidación de haberes es un acto de simple administración que no crea, modifica o extingue derechos subjetivos, por lo que no existe acto ilegítimo de autoridad pública. Por su parte, la recurrente, con su exposición ratifica los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.

El Tribunal de instancia niega el amparo constitucional interpuesto, por considerar que las pretensiones de la actora constituye una cuestión que es de compendia de otros órganos de la Función Judicial.

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3. de la Constitución,

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, la acción de amparo previste en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave;

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegitimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca,

Que, un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que la accionante impugna la liquidación hecha por el IESS, por supresión de partida presupuestaria, por no encontrarse conforme con el monto recibido. Por otra parte, manifiesta que no se le ha pagado la indemnización por supresión de partida, conforme lo establece la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución Política de la República;

Que, como lo ha indicado en ocasiones anteriores esta Sala, la acción de amparo es eminentemente cautelar, y como tal, no resuelve el fondo del asunto. No es procedente realizar mediante esta acción la declaración de un derecho, no es un proceso de carácter declarativo o de conocimiento. Por la naturaleza misma de la acción es que la Constitución y la Ley del Control Constitucional establecen que el procedimiento es sumario, dentro del mismo no se pueden actuar el tipo de pruebas que en un juicio de conocimiento para establecer un determinado derecho de la accionante. El efecto que producen las resoluciones en este tipo de acción, es la suspensión de los efectos de un acto administrativo, no su anulación, ni tampoco cabe ordenarse el tipo de medidas que pretende la accionante se dispongan;

Que, sin embargo de lo dicho, cabe analizar lo que establece el literal d) del Art. 59 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa: "Recibir la indemnización por supresión de puestos, equivalente a la remuneración mensual promedio de todos sus ingresos en el último año, multiplicada por cuatro y por el número de años o fracción de altos de servicio en el sector público, hasta un máximo de ciento sesenta millones de sucres ". Del análisis del proceso se establece, que la Comisión Interventora y el Director General del IESS, han observado todas las normas Constitucionales y legales que rigen a esa Institución;

Que, hay que señalar que el reclamo de la accionante no se dirige a establecer la ilegitimidad de un acto administrativo de la autoridad que lo dictó, o por no haberse seguido los procedimientos legales establecidos para tal acto, o por contradecir dichos procedimientos, o por carecer de motivación. El asunto del reclamo es la cantidad materia de la liquidación, es decir, debe analizarse los datos con los cuales se hizo dicha liquidación, lo cual no es competencia de este organismo;

Que, con respecto a la indemnización solicitada por supresión de partida, el determinar el monto al que tiene derecho la accionante tampoco es factible mediante este tipo de acción, pues, cabe indicar, que la acción de amparo constitucional no resuelve el fondo del asunto ni tampoco es un proceso declarativo de derechos de los particulares;

Que, por lo tanto, lo solicitado por la accionante debe reclamarse en la respectiva vía judicial, pues se requieren presentar pruebas especificas sobre el asunto mismo (el monto que debía recibir como indemnización) lo que debe ser analizado por el juez competente y en la vía pertinente; y,

Por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones legales,

Resuelve:

1.- Confirmar la Resolución venida en grado y por tanto negar la acción de amparo propuesta por la señora Licenciada Norma Piedad Calderón Arguello.

2.- Dejar a salvo los derechos de la accionante para hacerlos valer en las instancias pertinentes.

3.- Devolver el expediente al inferior para los fines del artículo 55 de la Ley del Control Constitucional.- Notifíquese".

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el treinta de enero del dos mil dos.- Lo certifico. -f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 562-01-RA

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 562-2001-RA

Antecedentes:

La señora María Esther Yolanda Carrillo Rivadeneira, comparece ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, e interponen acción de amparo constitucional en contra de los señores Director General del IESS y Procurador General del Estado. La accionante en lo principal manifiesta:

Que, ingresó a laborar ene el Instituto el 19 de agosto de 1980, siendo ascendida hasta ocupar el puesto de Auxiliar de Abogacía 3 categoría AS. Declara que siempre estuvo protegida por el Código del Trabajo y la Contratación colectiva.

Que, el 30 de octubre del 2000 fue notificada con el oficio No. 02320-3468 de 27 de octubre del 2000 que contenía la supresión de su puesto y el cese de sus funciones, recibiendo sus indemnizaciones recién el 9 de noviembre del mismo.

Que, el 28 de noviembre del 2000 presentó su reclamo administrativo, el que no ha sido contestado hasta la fecha, por lo que ha operado el silencio administrativo por lo que se entiende que su reclamo ha sido resuelto favorablemente, pero que el empleador no ha procedido a pagarle lo reclamado.

Fundamenta su reclamación en la Quinta Disposición Transitoria de la Constitución y en la Resolución No. 880, emitida el 14 de mayo de 1996, por el ex Consejo Superior del IESS, cuyo Art. 1 establece que "los derechos económicos y beneficios sociales de orden individual adquiridos por los trabajadores del IESS, incluida la jubilación patronal se mantiene en beneficio de todos los actuales trabajadores del Instituto que cumplan los requisitos establecidos por la ley. Los servidores sujetos a
la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que ingresaren a la Institución a partir de la fecha de expedición de la presente resolución no estarán amparados por este último beneficio".

La recurrente estima que han sido violadas las siguientes normas constitucionales: Art. 16; Art. 23, numerales 3, 20 y 26; Art. 35, numerales 1, 3, 4, 6 y 12; Arts. 120 y 272; y, la Disposición Transitoria Quinta; además de la disposición legal contenida en el Art. 75 del Segundo Contrato Colectivo Unico de Trabajo.

Con tales antecedentes, la accionante interpone Recurso de Amparo del acto ilegitimo en que ha incurrido la autoridad del IESS, contenido en el boletín No. 55225 de 4 de diciembre del 2000; concretamente solicite que reconociéndole su derecho se conmine al Director General del IESS al pago inmediato de sus indemnizaciones y haberes que realmente le corresponden hasta la fecha efectiva del cese de funciones (9 de noviembre del 2000).

La audiencia pública se llevó a cabo el 25 de junio del 2001, como consta en la razón sentada por el Secretario Relator, dejando las partes constancia de sus intervenciones por escrito.

Al respecto, el accionado por intermedio de su abogado argumente entre otras cosas lo que sigue: Que, el acto administrativo que impugna la actora como acto ilegítimo es la liquidación de haberes constante en el boletín No. 55225 de 4 de diciembre del 2000, en el que no se incluyen beneficios de la contratación colectiva y aumentos del CONADES, lo que resulta, absurdo, puesto que ella es una empleada pública; Que, por efectos de las reformas constitucionales publicadas en el R.O. No. 863 de 16 de enero de 1996, los servidores del IESS fueron trasladados del régimen laboral a la Ley, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, entre ellos la actora, y, que por ello, la Resolución No. 880 pretendió regularizar el sistema remunerativo y más beneficios sociales y económicos para que no se provoque distorsiones, por lo tanto, no significa que esos derechos reconocidos por el IESS originados en pactos laborales puedas aplicarse a infinito; Que, la Resolución No. 879 dictada por el ex-Consejo Superior del IESS el 14 de mayo de 1996, en su artículo único dispuso que las relaciones del IESS y sus servidores se regulas por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, con excepción de los obreros que estarán amparados por el Código del Trabajo, de acuerdo al Art. 31, inciso 3ro. del literal g) de la Norma Suprema, por lo que se colige que, desde las referidas reformas constitucionales, la recurrente se encontraba sujeta a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Que, la Resolución No. 882 dictada por el ex Consejo Superior del IESS de 11 de junio de 1996, en su Art. 1 hace un listado de cargos para los servidores que están subordinados al Código del Trabajo; y el Art. 3, señala que los servidores cuyos cargos no constan en el Art. 1 de esta resolución, están sujetos a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, encontrándose la recurrente bajo el amparo de esta última ley, Que, la accionante ha transgredido la norma del Art. 57 de la Ley de Control Constitucional, ya que ha presentado otro recurso de amparo de la misma naturaleza y objeto ante el mismo Tribunal, como lo demuestra con las copias respectivas (caso No. 7909-2001-L.Y.M.) y, más aún, sobre lo mismo ha deducido recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción o subjetivo (causa No. 7913 MHM). La Procuraduría General del Estado manifiesta entre otras cosas:

Que no ha operado el silencio administrativo por no haberse cumplido con lo dispuesto en él inciso agregado a continuación del primer inciso del Art. 28 de la Ley de Modernización; Que, la recurrente impugna el acto contenido en el boletín No. 55225 de 4 de diciembre del 2000 y reclama supuestas indemnizaciones contempladas en la contratación colectiva, por lo que debe observarse el Art. 577 del Código del Trabajo que dispone que los jueces del trabajo ejercen jurisdicción provincial y tienen competencia privativa para conocer y resolver los conflictos individuales provenientes de relaciones de trabajo, y que no se encuentren sometidos a la decisión de otra autoridad; Que se rechace la acción de amparo ya que no cumple con los presupuestos para la procedencia del amparo previstos en la ley. Por su parte, la recurrente, con su exposición ratifica los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.

El Tribunal de instancia niega el amparo constitucional interpuesto, por considerar que no se ha demostrado cuales son los valores no pagados, sus rubros, fundamentos legales del derecho a ello, montos, etc., ni tampoco de que manera el IESS ha omitido su pago o se ha negado a efectuarlo.

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3, de la Constitución;

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave:

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegítimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que, un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que la accionante impugne la liquidación hecha por el IESS, por supresión de partida presupuestaria, por no encontrarse conforme con el monto recibido. Por otra parte, manifiesta que no se le ha pagado la indemnización por supresión de partida, hasta el 9 de noviembre del 2000, fecha en la que legalmente terminó su relación administrativa en el Instituto, conforme lo establece la Disposición Transitoria Quinta de la Constitución Politice de la República;

Que, como lo ha indicado en ocasiones anteriores esta Sala, la acción de amparo es eminentemente cautelar, y como tal, no resuelve el fondo del asunto. No es procedente realizar mediante esta acción la declaración de un derecho, no es un proceso de carácter declarativo o de conocimiento. Por la naturaleza misma de la acción es que la Constitución y la Ley del Control Constitucional establecen que el procedimiento es sumario, dentro del mismo no se pueden actuar el tipo de pruebas que en un juicio de conocimiento para establecer un determinado derecho de la accionante. El efecto que producen las resoluciones en este tipo de acción, es la suspensión de los efectos de un acto administrativo, no su anulación, ni tampoco cabe ordenarse el tipo de medidas que pretende la accionante se dispongan;

Que, sin embargo de lo dicho, cabe analizar lo que establece el literal d) del Art. 59 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa: "Recibir la indemnización por supresión de puestos, equivalente a la remuneración mensual promedio de todos sus ingresos en el último año, multiplicada por cuatro y por el número de años o fracción de años de servicio en el sector público, hasta un máximo de ciento sesenta millones de sucres. Del análisis del proceso se establece, que la &omisión Interventora y el Director General del IESS, han observado todas las normas Constitucionales y legales que rigen a esa Institución;

Que, hay que señalar que el reclamo de la accionante no se dirige a establecer la ilegitimidad de un acto administrativo de la autoridad que lo dictó, o por no haberse seguido los procedimientos legales establecidos para tal acto, o por contradecir dichos procedimientos, o por carecer de motivación. El asunto del reclamo es la castidad materia de la liquidación, es decir, debe analizarse los datos con los cuales se hizo dicha liquidación, lo cual no es competencia de este organismo;

Que, con respecto a la indemnización solicitada por supresión de partida, el determinar el monto al que tiene derecho la accionante tampoco es factible mediante este tipo de acción, pues, cabe indicar, que la acción de amparo constitucional no resuelve el fondo del asunto ni tampoco es un proceso declarativo de derechos de los particulares;

Que, por lo tanto, lo solicitado por la accionante debe reclamarse en la respectiva vía judicial, pues se requieren presentar pruebas específicas sobre el asunto mismo (el monto que debía recibir como indemnización) lo que debe ser analizado por el juez competente y en la vía pertinente; y,

Por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones legales,

Resuelve:

1.- Confirmar la Resolución venida en grado y por tanto negar la acción de amparo propuesta por la señora Licenciada Maria Esther Carrillo Rivadeneira.

2.- Dejar a salvo los derechos de la accionante para hacerlos valer en las instancias pertinentes.

3.- Devolver el expediente al inferior para los fines del artículo 55 de la Ley del Control Constitucional. -Notifíquese".

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el treinta de enero del dos mil dos.- Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 591-RA-01-IS

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 591-2001-RA

Antecedentes:

El señor Germán Patricio de la Torre Galarza, comparece ante el la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito, e interpone acción de amparo constitucional en contra del Director General del IESS, con el fin de que se disponga el pago inmediato del valor proporcional correspondiente a la Jubilación Patronal proporcional.

El accionante manifiesta que ingresó a laborar en el IESS el 1 de octubre de 1980, es decir ha laborado en el IESS 20 años 6 meses, hasta cuando fue notificado con la cesación de funciones a través de la supresión de cargos y partidas presupuestarias, tal como consta en los documentos fechados el 27 de octubre del 2000 suscritos por el Director General en su calidad de autoridad nominadora. Así también señala tener derecho a la jubilación patronal proporcional, ya que samas veinte silos seis meses de haber prestado sus servicios en el IESS, pese a lo enunciado el Director General del IESS en omisión deliberada no dispone el trámite y concesión de dicha jubilación patronal proporcional, aduciendo que ésta es propia y privativa de quienes se encuentras bajo el régimen del Código del Trabajo y que ellos se encuentran en el régimen de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Al respecto consta la resolución No. 879 dictada por el ex-Consejo Superior el 14 de mayo de 1996 determinando el peso de los trabajadores institucionales a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, hay que tomar en cuenta que en esa fecha regía el Segundo Contrato Colectivo Unico de Trabajo de fecha 25 de agosto de 1994, el mismo que por mandato de la resolución No. 880 tomó con el carácter de indefinido para quienes se encontrabas antes del 14 de mayo de 1996 bajo la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en el artículo 75 del mencionado Contrato se previó la posibilidad de cambio del régimen jurídico que normaba las relaciones laborales entre el IESS y los trabajadores, disponiendo que de suceder se mantendrá la vigencia de los derechos consagrados en el presente Contrato Colectivo.

Se realiza la audiencia pública el 4 de julio del 2001, ante la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito, en donde el accionado señala que la acción de amparo propuesta no procede ya que el IESS en ningún momento ha violado norma Constitucional proveniente de acto ilegítimo, además manifiesta que no se cumplen con los presupuestos del artículo 95 de la Constitución por lo que solicita se deseche por improcedente la presente acción. Por otra parte, el accionante ratifica con su intervención los fundamentos dé hecho y de derecho de su petición.

La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito, resuelve declarar inadmisible la acción propuesta por el señor Germán Patricio de la Torre Galarza, en vista de que en lo principal la Sala considera que el accionante para reclamar lo propuesto en esta acción de amparo debió hacerlo a través de los jueces competentes en materia laboral.

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3. de la Constitución,

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que puada incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutele los derechos, garantía y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave;

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de masera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegítimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amanece o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca,

Que, un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación,

Que, el accionante impugne la omisión del Director General del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de no disponer el trámite y concesión de su alegada jubilación patronal proporcional, pues ha prestado sus servicios en el IESS, hasta la supresión de las partidas presupuestarias correspondientes a su cargo, por el lapso de veinte años seis meses;

Que, el hecho controvertido en el presente caso es la determinación de si el accionante tiene derecho a la jubilación patronal proporcional, lo que es solicitado por el accionante y negado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social;

Que, la jubilación patronal es un derecho que el Código del Trabajo reconoce a los trabajadores en sus artículos 219 y siguientes y el derecho a la jubilación patronal proporcional se establece en el artículo 188 del mismo cuerpo normativo;

Que, el peticionario, en su relación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se sometía a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de conformidad con la Resolución N0 879 de 14 de mayo de 1996 dictada por el Consejo Superior del IESS, en ejercicio de la atribución prevista en la letra a) del artículo 11 de la Ley del Seguro Social Obligatorio;

Que, mediante resolución N0 880 del Consejo Superior del IESS, de 14 de mayo de 1996, se determinó que los derechos económicos, beneficios sociales de orden individual adquiridos por los trabajadores del IESS, incluida la jubilación patronal, se mantienen en beneficio de los actuales servidores del IESS, esto es, al personal sometido a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. mas no a quienes ingresan a partir de la expedición de esta resolución, encontrándose el peticionario en el primer caso;

Que, para resolver, esta Sala hace presente las diferencias entre la jubilación patronal y la jubilación patronal proporcional, con la finalidad de determinar si el peticionado, quien se beneficia de la citada resolución N0 880 de 14 de mayo de 1996, tiene derecho a la segunda;

Que, de conformidad con el artículo 219 del Código del Trabajo, tiene derecho a la jubilación a cargo del empleador, o jubilación patronal, el trabajador que hubiere prestado sus servicios por veinticinco años o más, continuada o interrumpidamente;

Que, al haberse suprimido la partida presupuestada correspondiente al cargo que ocupaba el accionante, luego de haber prestado sus servicios por el lapso de veinte años y seis meses, no tiene derecho a dicha jubilación patronal, reconocida por la resolución N0 880 de 14 de mayo de 1996, por lo que el peticionado alega el pago de la jubilación patronal proporcional;

Que, la jubilación patronal proporcional prevista en el artículo 188 del Código del Trabajo tiene una naturaleza jurídica distinta a la jubilación patronal reconocida en el artículo 219 del mismo cuerpo normativo, pues la primera, a diferencia de la segunda, no es un derecho que se adquiere por el transcurso del tiempo, sino que ésta se genere por el hecho de haberse verificado despido intempestivo con la condición de que el trabajador hubiere cumplido con el empleador más de veinte y menos de veinticinco años de trabajo continuado o interrumpido;

Que, de conformidad con el artículo 188 del Código del Trabajo, la jubilación patronal proporcional es parte de la indemnización que debe cancelar el empleador al empleado por despido intempestivo, aplicándose para su cálculo las reglas de la jubilación patronal;

Que, la figura del despido intempestivo se presenta cuando el empleador, por propia cuenta, da por terminado el contrato de trabajo, separando al empleado, de modo general, sin haberse presentado las causales de terminación de contrato previstas en el Código del Trabajo;

Que, por efecto de la resolución N0 879 de 14 de mayo de 1996, el peticionado se encontraba amparado por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, cuerpo normativo que no prevé la figura del despido intempestivo, la que, además, es distinta al caso de la supresión de partida que ha afectado al accionante y mediante la cual ha cesado definitivamente en sus funciones, de conformidad con la letra d) del artículo 109 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, la que no ha sido impugnada por el peticionario,

Que, a pesar de lo señalado en el considerando precedente, incluso en el caso de que el peticionado se hubiese encontrado amparado por el Código del Trabajo y le fueran aplicables las normas relativas al despido intempestivo, no aparece del proceso que se ha presentado esta condición para que el accionante tenga derecho a la jubilación patronal proporcional, a lo que se debe agregar el hecho que no es de competencia de este Tribunal ni de la acción de amparo constitucional determinar si, en la especie, eventualmente se presenta el caso de despido intempestivo;

Que, no habiéndose determinado acto u omisión ilegítima en el caso de negar o no conceder la pretendida jubilación patronal proporcional, no se hace necesario continuar con el análisis de los demás requisitos de procedencia previstos para la acción de amparo; y,

En ejercicio de sus atribuciones y por las consideraciones expuestas,

Resuelve:

1.- Denegar, por improcedente, el amparo interpuesto por el señor Germán Patricio de la Torre Galarza, y confirmar la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese.

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el día treintiuno de enero dos mil dos.- Lo certifico.

f) El Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 626-2001-RA

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 626-2001-RA

Antecedentes:

El ingeniero Tito René Ruiz Vega, comparece ante el señor Juez Décimo Sexto de lo Penal del Guayas y formula acción de amparo constitucional en contra del señor Director Nacional de Hidrocarburos encargado. El accionante manifiesta:

Que es propietario de la estación de expendio de combustibles denominada Daule-Texaco, que está ubicada en la vía Daule-Guayaquil.

Que desde vados ellos a la fecha, ha celebrado un contrato de provisionamiento de combustibles con la comercializadora Lubricantes y Tambores del Ecuador CA., Lyteca.

Que Lubricantes y Tambores del Ecuador Lyteca CA. ordenó a sus funcionados que laboran en el terminal de Pascuales que no sean atendidas las peticiones de facturación para la adquisición de combustibles destinados al expendido en la. estación Daule-Texaco. Luego, Lyteca CA, comparece ante la Dirección Nacional de Hidrocarburos a denunciar que el accionante está trabajando en el expendio de combustible sin contar con dicha comercializadora, ante lo cual, mediante fax 546-DNH-C-D-0 10793 de 4 de mayo del 2001, suscrito por el Director Nacional de Hidrocarburos encargado, se dispuso que Petrocomercial y Lubricantes y Tambores del Ecuador S.A. Lyteca, suspenda la facturación al señor Tito Ruiz Vega, propietario de la estación de servicio Daule que está ubicada en la carretera Daule-Guayaquil.

El accionante considera violados los derechos constitucionales de libertad de empresa, libertad de trabajo, de propiedad y de seguridad jurídica. Además, manifiesta que se ha transgredido el artículo 68 de la Ley de Hidrocarburos.

Con los argumentos expuestos, el accionante solicita la suspensión total de lo descrito en el fax 546-DNH-C-D-010793, y que se disponga "[....] que la Dirección Nacional de Hidrocarburos, ordene, que la comercializadora denominada LUBRICANTES Y TAMBORES DEL ECUADOR S.A. LYTECA, cumpla con lo dispuesto en el contrato de suministros de combustible, a favor del señor TITO RUIZ VEGA, en calidad de propietario de la estación de expendio de combustible denominada DAULE, debiendo ser facturado para que PETROCOMERCIAL, le venda combustible en las cantidades requeridas por el señor TITO RUIZ VEGA [...]. Sin perjuicio de ello, en caso de se niegue la comercializadora a la facturación a favor del señor TITO RUIZ VEGA, que se ordene que por medio de la Dirección Nacional de Hidrocarburos, se ordene directamente a PETROCOMERCIAL, con la finalidad de que se le abra un Código para que sea facturado a favor del señor TITO RUIZ VEGA"(sic).

En audiencia pública celebrada el 18 de mayo del 2001, el accionante, en lo principal, se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de sus pretensiones. Por su parte, la autoridad accionada, por intermedio de su abogado defensor manifiesta: Que mediante comunicación sin número de 2 de abril del 2001, Lyteca SA. pone en conocimiento de la Dirección Nacional de Hidrocarburos que el señor Tito Ruiz Vega, propietario de la estación de servicio Daule, no está adquiriendo los combustibles a dicha comercializadora con la cual mantiene una relación contractual para realizar el expendio de combustible; Que mediante memorando No. 304-DIRDHI-G-10234 de 22 de mayo del 2001, la Dirección Regional de Hidrocarburos de Guayaquil informa que en la estación del accionante se está expendiendo combustible sin que se indique la procedencia del mismo; Que el artículo 21 literales b) y f) del Acuerdo Ministerial No. 247, publicado en el Registro Oficial No. 998 de 29 de julio de 1996, dispone que para efectuar la distribución de derivados de petróleo al consumidor, las personas naturales y jurídicas deberán contar con un contrato escrito con una comercializadora, y que debe adquirirse los derivados de petróleo únicamente a la comercializadora con la cual se formalizó la relación contractual; Que en caso de incumplimiento de estas normas, la Dirección Nacional de Hidrocarburos notificará a Petrocomercial y a la comercializadora la suspensión de la facturación del distribuidor, sin perjuicio de las sanciones que establece la ley, Que por incumplir el accionante las mencionadas normas, se notificó la suspensión de la facturación, para lo cual la Dirección de Hidrocarburos ordenó al propietario evacuar el combustible almacenado en el término no mayor de 5 días; Que la acción de amparo es un recurso extraordinario que sólo puede hacerse efectivo cuando la justicia ordinaria no puede garantizar plenamente los derechos del accionante y que existe por parte de éste un abuso de dicha garantía, y, Que no existe acto ilegitimo de autoridad pública.

El señor Juez Décimo Sexto de lo Penal del Guayas admite el amparo propuesto, considerando que no se hizo conocer al accionante la comunicación de Lyteca C.A. de 2 de abril del 2001, por la cual se informa que Tito Ruiz Vega no estaba adquiriendo el combustible a dicha comercializadora, de forma tal que se ha violado el derecho al debido proceso. Además, se considera que no se otorgabas cupos de combustible a la estación de servicio del accionante y no se le facturaba por parte de Lyteca S.A., lo cual ratifica la denuncie hecha ante la Sub-Dirección de Hidrocarburos de Guayaquil que no obtuvo respuesta, y por ello, se transgredió el derecho a una tutela efectiva, imparcial y expedita de los derechos del accionante.

Considerando:

Que esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 276 numeral 3 de la Constitución de la República, y los artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control Constitucional;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la resolución de la causa, por lo que el proceso es válido y así se lo declara;

Que la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución de la República se caracteriza por su naturaleza cautelar de los derechos constitucionales, de tal manera que únicamente suspende los efectos de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública, que por violar dichos derechos, causen un daño grave e irreparable. Por todo ello, a la acción de amparo no le cumple resolver el fondo del asunto controvertido ni suplir los procedimientos que el ordenamiento jurídico ha establecido para la solución de una controversia. Por último, la naturaleza cautelar de la acción de amparo implica que la autoridad accionada, respetando los derechos constitucionales y corrigiendo los vicios en que pudo haber incurrido, pueda dictar un nuevo acto apegado a derecho y sobre la misma cuestión;

Que del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera concluyente que la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto u omisión ilegítimos, en principio de autoridad pública;. b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional; c) cause o amenace causar un daño grave e inminente en perjuicio del accionante, es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca,

Que un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o no se han observado los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico, o cuando se ha infringido el ordenamiento jurídico, o bien, cuando se lo ha dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que el artículo 21 literal b) y f) del Acuerdo Ministerial No. 347, publicado en el Registro Oficial No. 998 de 29 de julio de 1996 dispone que 'Rara efectuar la actividad de distribución de derivados al público consumidor, las personas naturales o jurídicas deberán: [...] b) contar con el contrato escrito con la comercializadora que evidencia su vínculo comercial: [...] f) adquirir los derivados del petróleo únicamente de la comercializadora con la cual formalizó la relación contractual para realizar esta actividad. En caso comprobado de esta disposición, la Dirección Nacional de Hidrocarburos notificará a PETROCOMERCIAL,. y a la Comercializadora la suspensión de la facturación a ese distribuidor, sin perjuicio de las sanciones de Ley";

Que a fojas 5 de los autos se encuentra copia del fax 546-DNH-C-D-010793 de 4 de mayo del 2001, suscrito por el Director Nacional de Hidrocarburos encargado -fax al cual hace referencia el accionante en su escrito-, en el cual se indica que "Mediante comunicación s/n de 2 de abril del 2001, la comercializadora Lyteca pone en conocimiento de esta Dirección Nacional que el señor Tito Ruiz Vega propietario de la estación de servicio "Daule" [...] no está adquiriendo los combustibles a dicha comercializadora con la cual mantiene una relación contractual para realizar el expendio de combustible [...]". Se agrega que la Dirección Regional de Hidrocarburos de Guayaquil informa que se ha verificado que la estación de servicio del accionante está expendiendo combustibles sin que se indique la procedencia de los mismos. Por último, luego de invocar el artículo 21 del Acuerdo Ministerial No. 347, se notifica a Petrocomercial, a la comercializadora Lyteca C.A. y al accionante la suspensión de la facturación a dicho distribuidor, y se ordena evacuar el combustible almacenado en el término no mayor a cinco días contados desde la notificación, y que se proceda a desgasificar los respectivos tanques de almacenamiento;

Que no consta de autos la comunicación dirigida por la comercializadora Lyteca C.A., a la Dirección Nacional de Hidrocarburos, ni prueba alguna que demuestre que
efectivamente la Dirección Regional de Hidrocarburos de Guayaquil haya realizado un procedimiento de verificación respecto de que la estación de servicio del accionante esté comercializando combustibles "sin que se indique la procedencia de los mismos". Ante estas circunstancias, y como bien lo ha denotado el Juez a quo, el accionante no tuvo conocimiento ni de la comunicación, ni de la diligencia de verificación de que se habla en el acto impugnado, por lo cual se le privó del derecho al debido proceso que necesariamente debió ejercer para oponerse a una eventual sanción por parte del Director Nacional de Hidrocarburos encargado;

Que el no contar con los argumentos y pruebas de descargo del directamente afectado, constituye simultáneamente una violación del derecho de defensa y una infracción al ordenamiento jurídico que reconoce dicho derecho, por lo cual el acto del señor Director de Hidrocarburos encargado viene a ser ilegítimo;

Que resulta importante señalar, por otra parte, que a fojas 1 de los autos consta la escritura pública otorgada el 17 de octubre del 2000 por el Notario Trigésimo Sexto del cantón Guayaquil, en la que se dice que dicho fedatario se trasladó "[...] hasta el Terminal de Petrocomercial en Pascuales con el 'suscrito llegando a las once horas diez minutos de día de hoy diecisiete de octubre del año dos mil; a la Agencia del Banco del Pacífico que existe en dicho lugar procediendo el Ingeniero Tito Rene Ruiz Vega, a presentar el cheque número cero cero cero doscientos trece de la cuenta corriente número cero dos tres cinco cero cinco cuatro tres uno del Banco del Pichincha, la señorita empleada del Banco, supo indicar luego de verificar en su computador que estaba cerrado el despacho para dicho código, lo que fue oído por el suscrito agregando a la misma petición [...] de todo ¡o cual doy fe". Por otra parte, a fojas 3 de los autos obra la escritura pública otorgada por el mismo Notario en la que se indica que el "[...] diecisiete de agosto del año dos mil, llegando a la Agencia del Banco del Pacifico a las diez horas con cinco minutos, presentado el peticionario a la señorita de la Agencia Bancaria el cheque número cero cero cero dos tres cero de la cuenta corriente número cero dos tres cinco cero cero uno tres cinco perteneciente a la señorita Carolina Ruiz Fuentes, contestando la mencionada funcionaria del Banco del Pacifico que no tiene cupo. Pasando hacia el frente a la oficina número seis de Texaco en donde el empleado señor Sócrates Falcones, indicó que trate con la oficina principal. De todo lo que doy fe";

Que de la lectura de la cita anterior, es claro que el accionante tuvo problemas desde agosto del 2000 al no habérsele dado cupo ni facturado el combustible a su favor, sin que conste de autos razón o documento alguno que justifique tal comportamiento que, a no dudarlo, estaba ocasionando perjuicios económicos al accionante por no contar con la mercancía cuya distribución es el objeto de sus negocios. Este daño grave se consolida con el acto administrativo del Director Nacional de Hidrocarburos, que en ningún momento tuvo en cuente los hechos antes constatados, y al haber dictado el acto ilegitimo que se impugna, se has reunido los requisitos de procedencia de la acción de amparo;

Que la acción de amparo, como ya se ha dicho en esta resolución, procede contra actos ilegítimos de autoridad pública, a los cuales suspende sus efectos por violar los derechos constitucionales del accionante, de modo que se le cause un daño grave e inminente. En tal virtud, no compete a este Tribunal ordenar, ni al accionante ni a la compañía Lubricantes y Tambores del Ecuador C.A., que continúen con su relación mercantil nacida en virtud del contrato suscrito por ellos, ya que el artículo 23 numeral 18 de la Constitución de la República garantiza la libertad de contratación. Sin embargo, se aclare que es la Dirección Nacional de Hidrocarburos, en uso de sus atribuciones legales, la que deberá arbitrar las medidas necesarias para remediar los perjuicios ocasionados al accionante por el acto administrativo impugnado; y,

Por las consideraciones expuestas, y en uso de sus facultades constitucionales y legales,

Resuelve:

1.- Confirmar, en los términos de esta resolución, la que ha venido en grado, y por consiguiente, aceptar la acción de amparo constitucional formulada por el ingeniero Tito René Ruiz Vega.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución de esta resolución.- Notifíquese

f) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, a los veintiocho días del mes de enero del año dos mil dos.-Lo certifico.

f) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PRIMERA SALA.

Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.

f) Secretario de la Sala.

No. 656-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 656-2001-RA

Antecedentes:

Bill Silfrido Mieles loza, comparece ante el Juez Octavo de lo Civil de Manabí e interpone acción de amparo constitucional en contra el Concejo cantonal de Pedernales. El accionante manifiesta:

Que, desde el 10 de noviembre de 1993, viene prestando sus servicios en calidad de Director Financiero de la Municipalidad de Pedernales, siendo ratificado en su cargo por el Concejo Cantonal el 24 de agosto del 2000 y que, consecuentemente, pasó a cumplir sus labores por el período fijo de cuatro años, conforme a lo dispuesto en el Art. 192 de la Ley de Régimen Municipal.

Que, en forma inesperada, sin constar en el orden del día y sin que exista proposición alguna del Alcalde en funciones para que se lo remueva del cargo, los señores Concejales Carlos Bermúdez García, Pedro López Pita, Alfredina Palacios López, Mariana Santana Párraga. Sara Vásquez Guanga y Johnny Vera Espinoza resolvieron cesarle en sus funciones, sin que se le concediera el derecho a la defensa.

El accionante considera que se has violentado sus derechos constitucionales: al trabajo, previsto en el Art. 35; a la defensa Art. 24, numeral 10; al debido proceso y seguridad jurídica, Art. 23 numerales 26 y 27, de la Constitución.

En base a lo expuesto, solicite la suspensión del acto dañoso, esto es la resolución de destitución, tomada en sesión del Concejo Cantonal de Pedernales el 16 de abril del 2001.

En la audiencia pública, llevada a cabo el 6 de julio del 2001, los accionados en lo principal manifiestan que se ratificas en el acto administrativo de la destitución por no haber violación a norma constitucional alguna; que debió demandarse a los representantes legales del Municipio, esto es, al Alcalde y al Procurador Síndico; que todos los directores de las instituciones públicas del país se encuentran excluidos de la carrera administrativa, lo que los convierte en funcionarios de libre remoción, y, que el acto administrativo de destitución debió impugnarse ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Por su parte, la accionante, con su comparecencia, ratifica los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión.

El Juez Octavo de lo Civil de Manabí, resuelve negar el recurso de amparo constitucional por considerar que no se ha justificado el acto ilegítimo impugnado.

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3, de la Constitución,

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez,

Que, la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenacen con causar o causen un daño grave;

Que, un acto es ilegitimo cuando no ha sido dictado por autoridad competente, o que no se hayan observado los procedimientos que establece el ordenamiento jurídico, o que su contenido sea contrario al ordenamiento jurídico, o bien que se hayan dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que, el accionante interpone acción de amparo constitucional para que se deje sin efecto la resolución dictada por el Concejo cantonal de Pedernales el 16 de abril del 2001, en la parte que lo destituye de su puesto de Director Financiero de la Municipalidad de Pedernales;

Que, de la revisión del expediente, y específicamente de la audiencia celebrada dentro de la presente acción ante el Juez Octavo de lo Civil de Manabí, se desprende que la decisión del Concejo se fundamenta en que el accionante ejerce un cargo de confianza por lo que se halla excluido de la carrera administrativa, y en consecuencia es un funcionario de libre remoción;

Que, el Art. 90 literal b) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa excluye de la Carrera Administrativa a los funcionarios que ejerzan cargos de confianza, entre los que se incluye a los directores generales y a los directores;

Que, de conformidad a la resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 9 de marzo de 1992, las autoridades administrativas nominadoras se hallan facultadas para remover libremente de sus cargos, a los servidores públicos determinados en el literal b) del Art. 90 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; añade, que el ejercicio de la mencionada facultad no constituye destitución, ni sanción disciplinaria de ninguna naturaleza, razón por la cuál no son aplicables a dicha remoción, las formalidades y requisitos señalados en las disposiciones sobre el régimen disciplinario del Reglamento General a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;

Que, el Art. 72 de la Ley de Régimen Municipal, que se refiere a los deberes y atribuciones de los alcaldes, en su numeral 24 textualmente dice: "Someter al Concejo, temas para que éste efectúe los nombramientos de los jefes de las direcciones señaladas por esta ley... " en concordancia con el Art. 462 inciso tercero del mismo cuerpo legal que dice: 'La Dirección Financiera estará a cargo de un jefe que será designado por el Concejo de la tema que le presente el Alcalde o el Presidente "; de lo que se desprende que la autoridad nominadora de los directores financieros municipales es el Concejo cantonal;

Que, en el caso, el Director Financiero del Municipio de Pedernales, ejerce un cargo de confianza en relación directa al Concejo cantonal de Pedernales que es su autoridad nominadora, por lo que éste tiene total libertad de removerlo del cargo sin que esto constituya destitución ni sanción disciplinaria de ninguna naturaleza, y por la naturaleza de la situación, sin estar obligado a seguir el procedimiento sobre el régimen disciplinario establecido para los servidores de carrera,

Que, el Art. 192 inciso segundo de la Ley de Régimen Municipal, confiere una. mera facultad al Alcalde para solicitar al Concejo la remoción de un funcionario elegido por éste, sin que se torne obligatorio para la autoridad nominadora, es decir el Concejo, la solicitud expresa del Alcalde,

Que, por lo analizado, la resolución del Concejo cantonal de Pedernales de 16 de abril del 2001, por la que se le destituye al señor Bill Silfrido Mieles Joza, es legítima puesto que ha sido dictada por autoridad competente, sin violar normas o procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, en uso de sus atribuciones, y sin que se hayas violado derechos fundamentales del accionante;

Por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones legales,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, y en consecuencia negar la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Bil Silfrido Mieles Joza, por improcedente.

2.- Devolver el proceso al inferior.- Notifíquese".

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional a los treinta días del mes de enero del año dos mil dos.- Lo certifico.

f) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 710-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 710-2001-RA

Antecedentes:

Los señores Juan Manuel Jaramillo Castillo y Manuel Ortiz, extrabajadores de la EMAPA Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ibarra, comparecen ante el Juez Quinto de lo Civil de Ibarra, e interpone acción de amparo constitucional en contra del Gerente de EMAPA de Ibarra, con el fin de que se disponga su reliquidación, de conformidad con el artículo 54 de la Ley No: 99-24 para la Reforma de las Finanzas Públicas.

Los accionantes manifiestan que el Estado ecuatoriano desde el año de 1992 introdujo normas para el cálculo de indemnizaciones por la supresión de puestos. Dicen que al reformarse la letra d) del artículo 59 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se fortalece al incorporarse una reforma a la letra d) del artículo 71 de la Ley de presupuesto del sector público, el 30 de noviembre de 1995 el Gobierno Nacional puso en marcha el Plan de Transformación de Puestos y Racionalización de Recursos en todo el sector público, basado en la Ley de Modernización del Estado en su artículo 52 en concordancia con el artículo 25 del Reglamento. El 16 de junio de 1998 se publica en el Registro Oficial No. 340, el cual contiene la Ley Reformatoria a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, por lo que la letra d) del artículo 59 de la mencionada Ley, es reformado por la letra d) del artículo 71 de la Ley de Presupuesto del Sector Publico, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 76; el 11 de agosto del 2000 se publica la resolución del CONAREM No. 017 en el Registro Oficial No. 139, la cual manifiesta que el monto mínimo de indemnización por supresión de puesto es de diez mil dólares, es así que mediante oficio No. 5796 de 24 de junio de 1999 el Procurador General del Estado se dirige a la Ministra de Educación, manifestándole que se sienta jurisprudencia en base a que los ex funcionarios del Ministerio de Educación tienen derecho a recibir el monto mencionado en el artículo 59 reformado de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; concluyen expresando que este acto y omisión en que ha incurrido el accionado les ha causado daño inminente grave e irreparable, ya que se está vulnerando los derechos contenidos en los artículos 17; 18; 19; 23 números 3, 7, 15, 19 y 26; 35 números 4 y 6 de la Constitución.

Se realiza la audiencia pública ante el Juez Quinto de lo Civil de Ibarra el 22 de agosto del 2001, en la cual los accionantes se ratifican en los fundamentos de hecho y de derecho de su acción. Por otra parte el accionado manifiesta que impugna en su totalidad el recurso planteado ya que sus planteamientos son absurdos e ilegales por encontrarse falta de personería de los accionantes, incompetencia por la materia, y cosa juzgada, también dice que los accionantes estaban amparados al Código del Trabajo y no a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, por lo que solicita se deseche y se rechace la presente acción.

El Juez Quinto de lo Civil de Ibarra resuelve rechazar la acción presentada por los señores Juan Manuel Jaramillo Castillo y Manuel Ortiz, en vista de que en lo principal, se ha demostrado que los accionantes estaban regidos por el Código de Trabajo y no por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa,

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3, de la Constitución:

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave;

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegitimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que, un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que, los accionantes impugnan el acto y omisión incurridas por el Gerente de la EMAPA de Ibarra por no dar trámite a la petición de reliquidación de las indemnizaciones, conforme a la letra d) del artículo 59 de la Ley Reformatoria de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y artículo 54 de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las Finanzas Publicas;

Que, a la época de supresión de partidas estas se realizaron de conformidad con la normativa jurídica vigente; se procedió a la separación voluntaria de acuerdo con los artículos 52 y 53 de la Ley de Modernización del Estado;

Que, este Tribunal establece que la relación jurídica de los servidores públicos de modo general concluye con la cesación de funciones, así mismo, la cesación de funciones tiene lugar por renuncia muerte, destitución, jubilación, invalidez permanente, supresión de la partida, auto de apertura de juicio plenario, etc., conforme los dichos de los accionantes ellos presentaron sus renuncias, en el sistema de venta de renuncias, y recibieron sus liquidaciones, conforme las disposiciones vigentes a las fechas de la renuncia, fecha en la que los vínculos con la administración pública en general desaparecieron o se extinguieron;

Que, la pretensión de los recurrentes es de que se considere su renuncia como supresión de puestos, y aspiran que la resolución No. 17 del CONAREM, que rige a partir del 11 de agosto del 2000, tenga carácter retroactivo, atentando contra el principio de irretroactividad; además cabe indicar que si las accionantes consideraban que las liquidaciones por compensación voluntaria les perjudicaban, debieron reclamarlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo;

Que, por lo manifestado en los considerandos anteriores, ha quedado establecido que no existe acto ilegitimo de autoridad de la administración pública, ya que de la acción de amparo que se ha presentado, se pide que se proceda al cálculo de pagos de diferencias respectivas al monto total de diez mil dólares americanos, determinados en la resolución Nro. 17 expedida por el Consejo Nacional de Remuneraciones, publicadas en el Registro Oficial Nro. 139 de 11 de agosto del 2000; así como de la documentación que se acompañó al mismo se puede establecer que la indemnización pagada a los accionantes, estaba acorde con la Ley, por lo tanto no atenta contra la disposición contenida en la Carta Política del Estado, así como tampoco causa un daño grave e inminente a los accionantes;

Que, como queda demostrado el reclamo realizado por los accionantes, no tiene sustento jurídico constitucional alguno, por lo que, no cabe o no procede la acción de amparo, la misma que se da por acto ilegítimo de autoridad pública, y como en la especie no habiendo acto ilegitimo impugnable, la acción de amparo no procede;

Que, al ser legítimo el acto impugnado, no se hace necesario el análisis de los otros elementos que se requieren para la procedencia de la acción de amparo constitucional;

En ejercicio de sus atribuciones y por las consideraciones expuestas,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia negar la acción de amparo propuesta por los señores Juan Manuel Jaramillo Castillo y Manuel Ortiz.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese.".

f) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue pos la Primera Sala del Tribunal Constitucional el día veintiocho de enero del dos mil dos.- Lo certifico.

f.) El Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 719-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 719-2001-RA

Antecedentes:

Martha Elida Rojas Estrella y Lidy Eugenia Digard Córdova, exfuncionarias del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, comparecen ante el Juez Décimo de lo Civil de Pichincha, e interponen acción de amparo constitucional en contra de los señores Director General del INEC y Ministro de Finanzas, con el fin de que se disponga su reliquidación, de conformidad con el artículo 54 de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las Finanzas Publicas.

Las accionantes manifiestan que por varios alías han venido prestando sus servicios en el INEC hasta que se dispuso la supresión de sus puestos, al respecto dicen las recurrentes que se les debió liquidar de conformidad con lo que dispone la Ley 93 publicada en el Registro Oficial No. 340 de 16 de junio de 1998, la misma que reforma el artículo 71 de la Ley de Presupuestos del Sector Publico y esta a su vez a la letra d) del artículo 59 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

Se realiza la audiencia pública ante el Juez Décimo de lo Civil de Pichincha el 3 de julio del 2001, en la cual los accionantes se ratifican en los fundamentos de hecho y de derecho de su acción. Por otra parte el Ministro de Finanzas niega los fundamentos de hecho y de derecho de la presente acción ya que no reúne los requisitos contemplados en el artículo 46 de la Ley del Control Constitucional, también manifiesta que el Ministerio no ha intervenido en las liquidaciones de los recurrentes por consiguiente se encuentra ilegitimidad de personería de la parte demandada, además dice que las accionantes cesaron de sus cargos en 1994, por lo que no existe inminencia en el supuesto daño y también indica que la norma legal en que se fundamentan las accionantes no es posible aplicarla ya que la Ley no tiene efecto retroactivo, por lo tanto solicita se rechace la presente acción. El Procurador General del Estado señala que la acción planteada es improcedente en razón de la materia, además de que no se cumple con los requisitos del artículo 95 de la Constitución y artículo 46 de la Ley del Control Constitucional.

El Juez Décimo de lo Civil de Pichincha resuelve desechar la acción presentada por las señoras Martha Elida Rojas Estrella y Lidy Eugenia Digard Córdova, en vista de que en lo principal, frente al reclamo de reliquidación sobre el monto de sus indemnizaciones, debieron las accionantes acudir ante los jueces competentes.

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave;

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegitimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que, un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia pera ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que, las accionantes solicitan se disponga la reliquidación, de conformidad con el artículo 54 de la Ley No. 99-24 para la Reforma de las Finanzas Publicas;

Que, a fojas 38 y 39 del expediente subido en grado constan las acciones de personal Nos. 311-DIRH y 341-DIRH, mediante las cuales se resuelve suprimir los puestos de trabajo de las accionantes a partir del 28 de febrero de 1994;

Que, a fojas 5 y 10 del expediente constan copias de los cheques que fueron emitidos a favor de las accionantes por el pago de la indemnización a la tenían derecho por la supresión de sus puestos de trabajo;

Que, este Tribunal establece que la relación jurídica de los servidores públicos de modo general concluye con la cesación de funciones, así mismo, la cesación de funciones tiene lugar por renuncia, muerte, destitución, jubilación, invalidez permanente, supresión de la partida, auto de apertura de juicio plenario, etc., conforme los dichos de las accionantes ellas recibieron sus liquidaciones, conforme las disposiciones vigentes a las fechas de la supresión de puestos, fecha en la que los vínculos con la administración publica en general desaparecieron o se extinguieron;

Que, la pretensión de las recurrentes es de que la resolución No. 17 del CONAREM, que rige a partir del 11 de agosto del 2000, tenga carácter retroactivo, atentando contra el principio de irretroactividad; además cabe indicar que si los accionantes consideraban que las liquidaciones por supresión de puesto les perjudicaban, debieron reclamarlo ante el Tribunal Contencioso Administrativo;

Que, por lo manifestado en los considerandos anteriores, ha quedado establecido que no existe acto ilegitimo de autoridad de la administración pública, ya que de la acción de amparo que se ha presentado, se pide que se proceda al cálculo de pagos de diferencias respectivas al monto total de diez mil dólares americanos, determinados en la resolución Nro. 17 expedida por el Consejo Nacional de Remuneraciones, publicadas en el Registro Oficial Nro. 139 de 11 de agosto del 2000; así como de la documentación que se acompañó al mismo se puede establecer que la indemnización pagada a las accionantes, estaba acorde con la Ley; por lo tanto no atenta contra la disposición contenida en la Carta Política del Estado, así como tampoco causa un daño grave e inminente a las accionantes;

Que, como queda demostrado el reclamo realizado por las accionantes, no tiene sustento jurídico constitucional alguno, por lo que, no cabe o no procede la acción de amparo, la misma que se da por acto ilegítimo de autoridad pública, y como en la especie no habiendo acto ilegítimo impugnable, la acción de amparo no procede;

Que, al ser legítimo el acto impugnado, no se hace necesario el análisis de los otros elementos que se requieren para la procedencia de la acción de amparo constitucional;

En ejercicio de sus atribuciones y por las consideraciones expuestas,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia negar la acción de amparo prepuesta por las señoras Martha Elida Rojas Estrella y Lidy Eugenia Digard Córdova.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese.".

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el día veintiocho de enero del dos mil dos.- Lo certifico.

f.) El Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original - Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 727-01-RA

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 727-01-RA,

Antecedentes:

El señor William David Galarza Abarca, en su calidad de Presidente de la Cooperativa de Taxis "28 de Agosto", comparece ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1, e interpone acción de amparo constitucional en contra de los señores Secretario y Presidente del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI). El accionante manifiesta:

Que el 23 de agosto del 2000 solicitó al presidente del COMEXI se le confiera autorización para importar vehículos usados de transporte público, de conformidad con lo establecido en el artículo 160 de las reformas a la Ley de Tránsito y Transpone Terrestre, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto del 2000. Mediante oficio No. 2000-113 DOC-MICIP, de 1 de septiembre del 2000 se le comunicó que la Secretaría del COMEXI "se encuentra preparando el correspondiente instructivo que permitirá la correcta aplicación y administración de la disposición anteriormente citada".

Que en varias fechas se volvió a insistir que se atienda el pedido inicial, sin embargo, el 4 de diciembre del 2000, mediante oficio No. 2001-141 -DOC-MICIP se le comunica que "el gobierno nacional se encuentra elaborando el Reglamento que regulará y determinará el cupo o cantidad de unidades usadas que podrán ser importadas". Además, el accionante manifiesta que en su oficio de 20 de diciembre del 2000, solicitó se le entregue la certificación correspondiente de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado y el artículo 12 de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana.

Que formuló una queja en la Defensoría del Pueblo, la cual corrió traslado al Secretario del COMEXI. El Subsecretario de Comercio Exterior e Integración del MICIP mediante oficio No. 797CXC de 17 de abril del 2001 comunica que: 'De conformidad con el numeral 5 del Art. 171 de la Constitución Política de la República y mediante oficio No. 645 CXC de 22 de noviembre del 2000, cuya copia anexo, la Presidencia del COMEXI elevó a consideración del Presidente Constitucional de la República el proyecto de Reglamento que permita aplicar las disposiciones legales contenidas en los artículos 158 y 160 de la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana"

Por todo lo anotado, el recurrente interpone acción de amparo en contra de la omisión administrativa del COMEXI, que puede verse en los oficios No. 2000-11 3-DFC-MICIP, de 1 de septiembre del 2000 y oficio No. 2000-141-DOC-MICIP, del 4 de diciembre del mismo año, a fin de que cese, se evite, y se remedie inmediatamente las consecuencias de dicha omisión ilegítima de autoridad pública. El accionante considera que dicha omisión viola los derechos reconocidos en la Constitución de la República en sus artículos 18; 23, numerales 16, 17, 26 y 27, además de los artículos 242, 244, 246 y 271.

En audiencia pública llevada a efecto el 16 de agosto del 2001 las autoridades accionadas presentaron por escrito sus excepciones, y en lo principal, manifiestan: Que por el contenido especial de la disposición que permite la importación de vehículos usados, se requería la expedición de un reglamento que lo norme, a fin de obtener su correcta y legal aplicación, Que el COMEXI, atento a dicha exigencia elevó a consideración del Presidente de la República el Proyecto de Reglamento, el mismo que permitiría aplicar las disposiciones de los artículos 158 y 160 de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, sin que hasta ese momento se cuente con dicho instrumento legal, razón por la cual la solicitud presentada por el actor no pudo ser atendida oportunamente, lo que exime al COMEXI de responsabilidad; Que el accionante nunca acompañó los documentos que justifiquen el cumplimiento de los requisitos señalados en el Art. 160 de la referida Ley, como era su obligación; y, Que la acción de amparo constitucional no está prevista para hacer cumplir una disposición legal y menos de carácter transitoria. El accionante, por su parte, se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho constantes en su demanda.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 inadmite la acción amparo, considerando que la Ley de Cooperativas dispone que el representante legal de una cooperativa es el Gerente y no el Presidente, quien en el presente caso es el que formula la acción de amparo.

Considerando:

Que esta Sala es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 276 numeral 3 de la Constitución de la República, y los artículos 12 numeral 3 y 62 de la Ley del Control Constitucional;

Que el artículo 43 de la Ley de Cooperativas dispone que "El Gerente es el representante legal de la cooperativa y su administrador responsable, y estará sujeto a las disposiciones de esta Ley, del Reglamento General, y del Estatuto";

Que a fojas 51 de los autos consta el oficio No. 00861 DNC-PC-2001 de 14 de marzo del 2001, suscrito por el señora Secretaría General de la Dirección Nacional de Cooperativas, en el cual se indica que el accionante ostenta el cargo de "Presidente del Consejo de Administración y de la Cooperativa";

Que en virtud de la norma legal transcrita y del documento antes señalado, no existe legitimación activa por parte del accionante;

Por los considerandos expuestos y en uso de sus facultades constitucionales y legales,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución venida en grado, y por consiguiente, inadmitir la acción de amparo propuesta por el señor Willian David Galarza Abarca, sin que esto impida que el legítimo personero y representante legal de la Cooperativa .de Taxis "28 de Agosto" pueda proponer nuevamente una acción de amparo.

2.- Devolver el expediente al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 para la ejecución de esta resolución.- Notifíquese.

f) Dr. Luis Chacón Calderón. Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil dos.-Lo certifico

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

PRIMERA SALA.

Es fiel copia del original.

Quito, a 4 de febrero del 2002.

f.) Secretario de la Sala.

No. 731-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 731-2001-RA

Antecedentes:

El señor Carlos Olmedo Mero Delgado, en su calidad de Presidente de la Comuna el Chorrillo, comparece ante el Juez Décimo Segundo de lo Civil de Manabí e interpone acción de amparo constitucional en contra de la compañía Agregados Rocafuerte, con el fin de que se disponga la cesación de las actividades de explotación de la cantera denominada "Canteras Manabitas", ubicadas en el sector aledaño a la comuna El Chorrillo de la provincia de Manabí.

El accionante manifiesta que desde hace años atrás, en el sector aledaño a la comuna "El Chorrillo" de la parroquia y cantón de Montecristi, el accionado se encuentra explotando la mina de piedra, bajo la denominación de canteras manabitas, de esta manera la compañía Agregados Rocafuerte ha venido explotando de modo desmedido, haciendo uso indiscriminado de explosivos, provocando fisuras en las viviendas, desestabilizando el suelo y atentando contra de la salud de la población, causando además un desequilibrio ecológico ya que con estas actitudes el accionado incumple las disposiciones contenidas en la resolución No. 00024 de 13 abril de 1996 emitida por el entonces INEFAN, en la cual se declaró bosque y vegetación protectora, al entorno del cerró Montecristi; es así que la explotación del cerro está afectando los derechos constitucionales contenidos en los artículos 86; 88; 90; y, los números 6 y 20 del artículo 23 de la Constitución.

Se realiza la audiencia pública el 29 de agosto del 2001, ante el Juez Décimo Segundo de lo Civil de Manabí, en la cual, el accionante con su intervención ratifica los fundamentos de hecho y de derecho de su acción. Por otra parte el accionado alega ilegitimidad de personería de la parte accionante, ya que de acuerdo al artículo 14 de la Ley de Comunas, quien representa judicial y extrajudicialmente a la comuna es el cabildo y en el presente caso se trata de una pre-comuna, es decir no tiene personería jurídica, además la presente acción está interpuesta en contra de una persona jurídica; así también manifiesta que la compañía Agregados Rocafuerte no es la propietaria ni la concesionaria del titulo de explotación minera El Chorrillo, por lo que no tiene nada que ver en la presente causa y solicite se niegue el presente recurso por improcedente.

El Juez Décimo Segundo de lo Civil de Manabí resuelve aceptar la acción de amparo propuesta por el señor Carlos Olmedo Mero Delgado, Presidente de la Comuna el Chorrillo, en vista de que, en lo principal el accionante ha demostrado y justificado los presupuestos para la procedencia de la acción de amparo.

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave;

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegitimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que, la acción de amparo constitucional de acuerdo al Art. 95 de la Constitución, es procedente cuando existe un acto ilegítimo de autoridad pública que, siendo violatorio de un derecho constitucional, amenace con causar o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario; se puede interponer también contra particulares "cuando su conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso ";

Que, de conformidad al Art. 48 de la Ley de Control Constitucional, el Amparo puede ser interpuesto por cualquier persona, natural o jurídica, cuando se trata de la protección del medio ambiente;

Que, el accionante solicite a través de la acción de amparo, que se disponga la suspensión de las actividades de explotación de la cantera denominada "Canteras Manabitas" ubicada en el sector aledaño a la comuna El Chorrillo de la provincia de Manabí; por cuanto se está haciendo uso indiscriminado de explosivos, provocando fisuras en las viviendas, desestabilizando el suelo y atentando contra de la salud de la población, causando además un desequilibrio ecológico, con lo cual se atenta contra el bosque y vegetación protectora, y el entorno del cerro Montecristi;

Que, de la documentación adjuntada al proceso se establece que el ex-INEFAN mediante resolución Nro. 00024 de fecha 13 de abril de 1996, declaró como bosque y vegetación protector cerro de Montecristi con una superficie de 501.25 hectáreas, pero dentro de esta área se encuentra ubicada una cantera, realizando una sobreexplotación de recursos, lo cual mantiene en zozobra a las comunidades aledañas y a la propia ciudad de Montecristi;

Que, la parte accionada alega que no hay legitimación pasiva, que Agregados Rocafuerte AGREFORT S.A., no es titular de ningún derecho minero; a fojas 42 a 46, constan varios oficios cursados entre la Municipalidad de Montecristi y la Empresa Agregados Rocafuerte SA.; en las que se solicitaba que se envíen copias de las Ordenanzas que reglamentan la concesión de permiso para la explotación de material pétreo y arena en las canteras; así como también constan las contestaciones;

Que, a fojas 47 consta la certificación del Ing. Félix G. Chiriboga R., Jefe de Rentas de la I. Municipalidad de Montecristi, en la que se indica: "CERTIFICO: En mi calidad de Jefe de Rentas que la Empresa Agregados Rocafuerte S.A., .está registrada en este Departamento con una actividad de Explotación de Material Pétreo, la misma que no ha cancelado su permiso de Explotación de Canteras aprobada por el I. Consejo Cantonal, en sus sesiones ordinarias del diez y nueve y veinte y seis de diciembre de mil novecientos noventa y siete";

Que, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos establecidos en la Constitución, y, a este Tribunal, con potestad para ejercer la jurisdicción constitucional le compete velar por el cumplimiento de las normas constitucionales;

Que, el artículo 23 numeral 6 de la Constitución establece: "El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación. La Ley establecerá las restricciones al ejercicio de determinados derechos y libertades, para proteger el medio ambiente", lo que es corroborado con lo estatuido en el artículo 86 ibídem;

Que, del análisis del proceso y de las fotografías adjuntas, se establece que dentro del perímetro que ha sido declarado Bosque y Vegetación Protector del medio ambiente al cerro de Montecristi, se encuentra la denominada Canteras Manabitas, la misma que está causando graves daños ecológicos, de vida silvestre, enfermedades y destrucción de viviendas de los comuneros de El Chorrillo;

Que, por lo manifestado se violan las disposiciones constantes en los artículos 23, numerales 6 y 20 y artículo 88 de la Carta Política;

En ejercicio de sus atribuciones y por las consideraciones expuestas,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia aceptar la acción de amparo constitucional planteada por el señor Carlos Olmedo Mero Delgado, Presidente de la Comuna "El Chorrillo" del cantón Montecristi.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese.".

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el día veinte y cinco de enero del dos mil dos.- Lo certifico.

f.) El Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f) Secretario de la Sala.

No. 808-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 808-2001-RA

Antecedentes:

El señor Hólger Arturo Sarango, comparece ante la Jueza Octava de lo Civil de Pichincha e interpone acción de amparo constitucional en contra de los señores Alcalde y Procurador Síndico del Distrito Metropolitano de Quito, con el fin de que se deje sin efecto la Acción de Personal No. 2001S3323 por la cual se le destituye al accionante.

El accionante manifiesta que el señor Alcalde, mediante acto ilegitimo y arbitrario, contenido en la acción de personal No. 2001S3323 notificado el 5 de marzo del 2001, dispone su destitución del cargo de Policía Metropolitano, el cual lo ha venido desempeñando desde hace más de 20 años, además la sanción que se le impone está fuera de término, según lo establece el inciso segundo del artículo 126 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, violando de esta manera los siguientes derechos: de igualdad ante la ley; de defensa; debido proceso; a la honra y buena reputación; presunción de inocencia; entre otros, contenidos en los números 3, 8, 19, 26, 27 del artículo 23; números 1. 2, 3, 5, 7,10,11,12,13,14,17 del artículo 24 de la Constitución.

Se realiza la audiencia pública el 17 de mayo del 2001, ante la Jueza Octava de lo Civil de Pichincha, en la cual, el accionante con su intervención ratifica los fundamentos de hecho y de derecho de su acción. Por otra parte, los accionados manifiestan que no existe acto ilegitimo de autoridad pública, ya que ha sido dictado por autoridad competente y para llegar a la destitución del cargo se han realizado todos los procedimientos señalados en la Ley; por tales motivos manifiestan que este recurso es ilegal, por consiguiente solicitan se niegue el presente recurso por improcedente.

La Jueza Octava de lo Civil de Pichincha resuelve aceptar la acción de amparo propuesta por el señor Hólger Arturo Sarango, en vista de que, en lo principal el accionante ha demostrado y justificado la existencia de un acto ilegítimo el cual viola los derechos consagrados en los números 19, 26 y 27 del artículo 23 de la Constitución, y numerales 1, 7, 11 del mismo cuerpo normativo:

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de masera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave;

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegítimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que, un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que, de la revisión del proceso aparece el sumario administrativo seguido en contra del accionante, que en lo principal contiene: Providencia de 12 de enero del año 2001 del Director de Recursos Humanos del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito instaurando el sumario administrativo en contra de Hólger Arturo Sarango y otro, en la que ordena se cite de manera legal a los procesados concediéndoles el término de seis días para presentar pruebas o alegatos de descargo a su favor (fojas 19 y 20); Declaración rendida por el señor Hólger Arturo Sarango dentro del sumario administrativo (fojas 107 a 109); Declaraciones de testigos (fojas 128 a .137); Oficio No. 0772 de 22 de febrero de 2001, de la Dirección de Recursos Humanos, dirigido al señor Alcalde Metropolitano de Quito, debidamente motivado, y que en su parte principal recomienda destituir al señor Hólger Arturo Sarango (fojas de 283 a 298); y, Acción de Personal No. 2001S3323, firmado por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito destituyendo al señor Hólger Arturo Sarango, y que rige a partir del 23 de febrero del 2001;

Que, la acción de destitución impugnada se la dicta por haberse violado los artículos 1.144 literal a), 1.95 literales a), b), c) y f). y 143 del Código Municipal, 224 de la Ley de Régimen Municipal, 371 y 376 numerales 4 y 5 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, que en lo principal se fundamentan en haber usado el nombre de la Asociación de la Policía Metropolitana y abusado de bienes municipales para fines personales;

Que, del trámite del sumario administrativo seguido en contra del accionante, no se observa que se hayan violado las normas del debido proceso garantizadas en la Constitución;

Que, la acción impugnada ha sido debidamente motivada y dictada de conformidad al procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico que rige para el efecto;

Que, el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito como autoridad nominadora de los empleados y funcionarios de la institución es la competente para nombrarlos y destituirlos de conformidad con las leyes que rigen al Municipio de Quito,

Que, al no existir acto ilegitimo de autoridad pública ni haberse violado derechos fundamentales consagrados en la Constitución, no se hace necesario analizar ningún otro elemento;

En ejercicio de sus atribuciones y por las consideraciones expuestas,

Resuelve:

1.- Revocar la sentencia subida en apelación y en consecuencia negar la Acción de Amparo propuesta por el señor Hólger Arturo Sarango, por improcedente.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen. -Notifíquese.".

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el día veinte y cinco de enero del dos mil dos.- Lo certifico.

f.) El Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 812-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 812-2001-RA

Antecedentes:

El señor Omar Patricio Rosero Brand, comparece ante el Juez Sexto de lo Civil del Guayas, e interpone acción de amparo constitucional en contra del Consejo de Disciplina de Oficiales Subalternos de la Comisión de Tránsito del Guayas, en la persona de su Presidente y Director Ejecutivo, con el fin de que se deje sin efecto la resolución emitida por el Consejo de Disciplina, por la cual se le da la Baja de las filas del Cuerpo de Vigilancia, conforme consta en la resolución de 12 julio del 2001.

El accionante manifiesta que se encontraba cumpliendo arresto disciplinario en la Escuela de Formación de Oficiales y Tropa de la CTG y sucede que el 12 de julio del 2001 fue llevado, en contra de su voluntad, hasta el seno del Consejo de Disciplina para realizarle la audiencia de juzgamiento, la misma que se instala una hora más tarde de la convocada, pese a esto, se realiza la audiencia en la cual no se le indica cuáles son los cargos, faltes disciplinarias o delitos en los que ha incurrido, remitiéndose solamente a dar lectura del informe realizado por el Departamento de Asuntos Internos de la CTG, referente a la denuncia presentada por los señores Jhonny Valero y Javier Maya, sobre un supuesto maltrato físico, en donde no se toma en cuenta que los mencionados señores presentaron la denuncia ante los Jueces del IV Distrito de la Policía Nacional, quienes previnieron el ejercicio de la acción investigativa de forma inmediata, por consiguiente el Consejo de Disciplina no es el competente para juzgarle porque la competencia la tenían los Jueces mencionados; dice también que el 17 de julio del 2001 fue notificado con la resolución emitida por el Consejo de Disciplina de 12 de julio del 2001 a las 11h15, cuando la audiencia recién se instala a las 12h30 en donde tampoco se presentó ninguna prueba formal incriminatoria, de esta masera se ha violado el número 27 del artículo 23; números 10, 12 y 16 del artículo 24 del texto constitucional.

Se realiza la audiencia pública el 20 de agosto del 2000, ante el Juez Sexto de lo Civil del Guayas, en la cual, el accionado niega los fundamentos de hecho y de derecho presentados por el accionante ya que la acción planteada es improcedente. Por otra parte el accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su acción.

El Juez Sexto de lo Civil del Guayas, resuelve denegar la acción de amparo propuesta por el señor Omar Patricio Rosero Brand, en vista de que, en lo principal, el accionante debió acudir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, la acción de amparo previste en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave;

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegitimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera univoca;

Que, un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, ó que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que, en la presente acción, el actor solicita dejar sin efecto la resolución emitida por el Consejo de Disciplina el 12 de julio del 2001, por la cual se le da la Baja de las filas del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas;

Que, la decisión del Consejo de Disciplina tiene como antecedente el Informe de Investigación de 25 de junio del 2001, elaborado dentro del caso No. 2 172-DAI-CTG, en el que se determina que el Tnte. Omar Rosero Brand ordenó sacar del calabozo 5 de la prevención a dos detenidos, los obligó a realizar ejercicios físicos y los golpeó con un objeto contundente;

Que, el informe de investigación mencionado ha sido debidamente motivado y elaborado luego de un procedimiento legal en el cual rindieron declaración varios testigos del hecho conforme aparece de folios 145 a 152 vuelta; así como la declaración del Tnte. Rosero Brand constante en folio 144 y vuelta del proceso, que la rinde en presencia de abogado designado para et efecto;

Que, fundamentado en estos antecedentes, se emite el Memorándum No. 395-DEJ-CTG de 27 de junio de 2001, suscrito por el Ing. Ind. Octavio Jarrín Rivadeneira, Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, en la que convoca al Consejo de Disciplina para conocer y juzgar la conducta del señor Tnte. Omar Patricio Rosero Brand;

Que, instaurado el Consejo de Disciplina, y luego de haber convocado al Tnte. Omar Rosero Brand para que ejerciera su derecho a la defensa, a pesar de que éste se acogió al derecho al silencio, su abogado defensor argumentó sobre la ilegalidad del acto que se llevaba adelante, luego de lo cual, el Consejo, en resolución debidamente motivada, resolvió la baja del servicio activo de las filas del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas al hoy recurrente, por encontrarlo autor responsable de la falta disciplinaria tipificada en el literal a) del Art. 65 en concordancia con el Art. 111 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal de la Institución. Añade dar a conocer la resolución al Directorio cumpliendo de este manera la consulta obligatoria que señala el Art. 95 del cuerpo legal mencionado;

Que, con fecha 2 de agosto del 2001, y de conformidad al Art. 77 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, el Directorio de la Comisión de Tránsito de la Provincia confirma la resolución del Consejo de Disciplina. Se encarga al Director Ejecutivo de la ejecución de la resolución;

Que, de conformidad con los considerandos expuestos, puede verse que se ha dado cumplimiento al procedimiento de sanciones establecido en el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal tantas veces mencionado, específicamente a lo que disponen los artículos 95 y 77, por los cuales la resolución del Consejo de Disciplina que conlleva como sanción la pena de baja es consultada al Directorio, confirmada por éste y ejecutada por el representante legal de la institución;

Que, al no existir acto ilegítimo, puesto que la resolución ha sido dictada por autoridad competente luego de seguir el procedimiento legal, ni haberse violado derechos fundamentales establecidos en la Constitución, no se hace necesario analizar ningún otro elemento;

En ejercicio de sus atribuciones y por las consideraciones expuestas,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, y en consecuencia negar la acción de amparo interpuesta por el señor Omar Patricio Rosero Brand, por improcedente.

2.- Llamar la atención al señor Juez Sexto de lo Civil del Guayas por cuanto la resolución dictada en la presente causa adolece de motivación.

3.- Enviar copia del expediente al Consejo Nacional de la Judicatura para los fines legales pertinentes.

4.- Devolver el expediente al Juez de origen. -Notifíquese"

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el día veinte y cinco de enero del dos mil dos.- Lo certifico.

f.) El Secretario

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 826-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 826-2001-RA

Antecedentes:

La señora Silvia Jaime Chicaiza, comparece ante el Juez Trigésimo Primero de lo Civil del Guayas, e interpone acción de amparo constitucional en contra de la Directora Regional del IESS, con el fin de que se deje sin efecto su destitución contenida en el oficio 2000101-1556 de 14 de agosto del 2001.

La accionante manifiesta que ha venido laborando en el IESS como oficinista desde hace 11 años y sucede que la Directora Regional del IESS, dispone la tramitación de un sumario administrativo por supuestas denuncias infundadas, sin tomar en cuenta que la relación laboral que mantenía con el IESS, estaba regulada por el Código de Trabajo y no por la Ley de Servicio Civil y Carrera, por lo tanto no procedía el sumario administrativo, sino un visto bueno, pero en el supuesto de que hubiese estado amparada por la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se le debió notificar de conformidad a lo dispuesto en la letra c) del artículo 63 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, como no se cumplió con la mencionada disposición se atento contra los derechos constitucionales contenidos en los números 10 y 12 del artículo 24; números 2, 3, 4 y 9 del artículo 35 de la Constitución.

Se realiza la audiencia pública el 13 de septiembre del 2001, ante el Juez Trigésimo Primero de lo Civil del Guayas, en cual la accionada manifiesta que la separación del cargo se dio por responsabilidades administrativas, recogiendo las denuncias realizadas por el Jefe encargado del Departamento de Afiliación y Control Patronal y por el Subdirector de Servicios al Asegurado, las que indican que la accionante no ha desempeñado con eficiencia las labores a ella encomendadas, con el agravante de que existe un reportaje del diario El Universo de 23 de agosto del 2001, en donde se resalta el maltrato dado al público por parte de la accionante, inconducta que se encuentra estipulada en las letras b), e) y g) del artículo 58 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, por lo que se le notificó según lo estipulado en la Ley, es así que se realizó la audiencia con la presencia de un abogado defensor de oficio, para luego disponer la destitución del cargo. Por otra parte la accionante con su intervención ratifica los fundamentos de hecho y de derecho de su acción, recalcando que no se le notificó legalmente pese a tener señalado su domicilio.

El Juez Trigésimo Primero de lo Civil del Guayas, resuelve negar la acción de amparo propuesta por la señora Silvia Jaime Chicaiza, en vista de que, en lo principal, se encuentra ilegitimidad de personería ya que la accionada no es quien suscribe el oficio No. 2000101-1556 de 14 de agosto del 2001.

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que, no se ha omitido solenmidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave;

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegítimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que, un acto se torna ilegitimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación,

Que, de conformidad con la Resolución No. 882 del 11 de junio de 1996 dictada por el Consejo Superior del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, las relaciones del IESS con sus servidores se regulan por la Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa, excepto los obreros que están amparados por el Código del Trabajo;

Que, no se ha llegado a determinar que exista ilegitimidad del acto impugnado dictado por el Director General del IESS, por el cual se destituye a la señora Silvia Jaime Chicaiza, plasmado en el Oficio No. 2000101-1556 de 14 de agosto del 2001, ya que la mencionada autoridad tiene competencia para proceder a la destitución de funcionarios, si se ha seguido el procedimiento correspondiente;

Que, el Art. 62 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, al establecer las sanciones que se pueden imponer a los funcionarios públicos, en la letra e) señala la destitución. Por otra parte, en lo que se refiere a la destitución de los servidores públicos, la misma Ley establece en el Art. 114 las correspondientes causales, señalándose entre ellas la contemplada en el literal g) que se remite a las letras e) y g) del Art. 58, materia del sumario administrativo seguido por el IESS en contra de la señora Silvia Jaime Chicaiza;

Que, el Art. 64 del Reglamento a dicha Ley señala que pera proceder a sancionar a los servidores públicos, se les dará la oportunidad de defenderme y se les escuchará en audiencia de lo que se dejará constancia por escrito;

Que, en folios 38 a 105 del expediente, consta documentación de la que se observa que para proceder a la destitución de la accionante, se instauró el correspondiente sumar o administrativo, así: mediante providencia de 20 de julio del 2001 se inicia el trámite en contra de la accionante y se dispone concederle seis días hábiles para que presente pruebas en su defensa (folio 39); en folio 39 y vuelta constan las notificaciones realizadas a la accionante mediaste tres boletas dejadas en su domicilio, por lo que se establece que fue legalmente citada, en folios 75 a 80 consta la declaración rendida por la accionante dentro del sumario instaurado, que la realiza en presencia de su abogado defensor, diligencia efectuada el 1 de agosto del 2001; finalmente, en folios 96 a 104 se encuentra la Resolución tomada, la misma que es debidamente motivada, y se mencionan las normas legales que se aplicaron al caso, esto es, el Art. 58, letras b), e) y g), y el Art. 114, letra g) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;

Que, se observa además que en el trámite administrativo seguido en contra de la accionante, se siguió el procedimiento establecido en el Art. 63 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil'y Carrera Administrativa, que establece las normas para el sumario administrativo en contra de los servidores de carrera,

Que, esta Sala advierte que para la destitución materia de este amparo se actuó conforme a lo establecido en la Ley y Reglamento de Servicio Civil y Carrera Administrativa, siguiendo el procedimiento previsto para tomar la decisión dictada, y en esta virtud, el acto impugnado es legitimo, por lo tanto, no se hace necesario analizar ningún otro elemento;

En ejercicio de sus atribuciones y por las consideraciones expuestas,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, por consiguiente negar la Acción de Amparo propuesta por la señora Silvia Marlene Jaime Chicaiza, por improcedente.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen. -Notifíquese.".

f) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el día veinte y cinco de enero del dos mil dos.- Lo certifico.

f.) El Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 842-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 842-2001-RA

Antecedentes:

La señora Fani Melida Romero Castillo, comparece ante el Juez Segundo de lo Civil del Cañar, e interpone acción de amparo constitucional en contra de la Presidenta del Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres del Cañar, con el fin de que se deje sin efecto la resolución de 12 de septiembre del 2001, emitida por el Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres del Cañar, contenido en el oficio No. 074-CPTTTC de 13 de septiembre del 2001.

La accionante manifiesta que es propietaria del vehículo de placas HAE-875, matriculado en el año 1996 en la Jefatura Provincial de Tránsito de Chimborazo, así como del respectivo puesto correspondiente a la cooperativa de transportes "Jahuay" del cantón El Tambo, provincia del Cañar, el mencionado vehículo lo adquirió al señor Carlos Eduardo Jiménez Verdugo el 29 de noviembre del 2000; para ser aceptada como socia en la cooperativa de transportes "Jaguay", canceló la castidad de mil doscientos dólares, es así que luego de cumplir con todos los requisitos, trabajó por un año tres meses hasta que se le hace conocer de la resolución contenida en el oficio No. 074-CPTTTC de 13 de septiembre del 2001, emitida por el Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres del Cañar, la cual suspende la operación del vehículo de la accionante, violando el artículo 35 de la Constitución.

Se realiza la audiencia pública el 19 de septiembre del 2001, ante el Juez Segundo de lo Civil del Cañar, en la cual la accionada manifiesta que la acción es improcedente ya que el permiso de operación es intransferible por contrato de compra venta, señala también que el motivo de la negación del permiso de operación es porque la accionante no posee el tipo de licencia apropiado, por lo tanto como no existe acto ilegitimo ni tampoco se ha violado ninguna disposición constitucional, solicita se rechace la presente acción. Por otra parte interviene la accionante quien se ratifica en lo expuesto en su demanda.

El Juez Segundo de lo Civil del Cañar, resuelve aceptar la acción de amparo propuesta por la señora Fani Melida Romero Castillo, en vista de que, en lo principal, se le ha causado a la accionante un daño grave e irreparable, sin tomar en cuenta la disposición contenida en el artículo 35 de la Constitución.

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;
Que, la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave;

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegítimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que, un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que, la señora Fani Melida Romero Castillo interpone acción de amparo con el fin de que se deje sin efecto la resolución de 12 de septiembre del 2001 emitida por el Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres del Cañar, contenido en el oficio No. 074-CPTTTC de 13 de septiembre del 2001;

Que, la resolución mencionada tiene como antecedente el oficio No. 1817-SG-2001-CNTTT, de 15 de agosto del 2001, que en su numeral 3 manifiesta que todo vehículo nacional o extranjero debe estar debidamente habilitado para efectuar la transportación pública de pasajeros o de carga;

Que, la resolución del Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres del Cañar materia de la presente acción, también se fundamenta en que la señora Fani Romero no ha obtenido la licencia tipo D, requisito exigido por el Manual de Procedimientos Administrativos, por lo que no puede disponer que el vehículo de propiedad de la accionante preste el servicio de transporte de pasajeros dentro de la Cooperativa JAHUAY;

Que, de la revisión del mencionado oficio No. 1817-SG-2001-CNTTT de 15 de agosto del 2001, se colige que su espíritu es el de evitar el funcionamiento de empresas que se encuentras fuera de la ley, específicamente se refiere a compañías y empresas fantasmas que no dan las respectivas protecciones y seguridad a los usuarios;

Que, la Cooperativa "Jahuay" a la que legalmente se pertenece la señora Fani Romero se encuentra constituida de conformidad con la ley; y, mediante resolución Nro. 004-RPO-003-2000-CNTTT, ha obtenido la Renovación del Permiso de Operación, mismo que ha sido concedido por cinco años. La misma resolución en su numeral 5, textualmente dice: "El incremento de cupos, el cambio de unidades, variación del servicio, y más actividades de tránsito y transporte, solo podrá realizar la Cooperativa de Transporte de Pasajeros en buses "JAHUAY" mediante resolución del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres";

Que, la mencionada Cooperativa solicitó al Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres que se incorpore en el Permiso de Operación de la Cooperativa "Jahuay" a la socia Fanni Melida Romero Castillo;

Que, en fojas 52 del expediente aparece el Oficio de 20 de julio del 2001 fumado por el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres en el que indica que la señora Romero Castillo se encuentra realizando los trámites pertinentes, estando en suspenso el cambio de categoría en su licencia de manejo profesional para que corresponda al tipo 2, trámite que en el Consejo se efectúa de forma favorable y que en corto tiempo podrá adjuntar su licencia con la categoría legal respectiva. En el mismo oficio solicite facilitar el trabajo de la unidad que posee la señora Romero Castillo y no impedir su circulación a través de la Jefatura de Tránsito del Cañar, hasta el momento en el cual la documentación se encuentre complete;

Que, la accionante ha demostrado que la unidad de su propiedad es trabajada en calidad de chofer profesional por el señor Carlos Eduardo Jiménez Verdugo, quien porta licencia tipo especial para ejercer tal labor;

Que, si bien es verdad que el Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres del Cañar tiene competencia para conceder, cumplidos los requisitos del Manual de Procedimientos Administrativos, la autorización para la transportación pública en su jurisdicción, no es menos cierto que en el presente caso la señora Fanni Romero Castillo ha realizado los trámites pertinentes para obtener tal autorización, faltando únicamente el cambio de licencia al de tipo D, trámite que se realiza en el Consejo Nacional, a decir de esta institución de masera favorable, por lo que el impedir el funcionamiento laboral de su vehículo afecte al derecho al trabajo establecido en el artículo 35 de la Constitución, derecho que lo ha venido ejerciendo de manera efectiva por el lapso de un año y tres meses;

Que, el Art. 18 de la Constitución indica que en materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Añade que las leyes no podrán restringir el ejercicio de tales derechos y garantías constitucionales;

Que, al impedirse el funcionamiento de la unidad de su propiedad, se le ocasiona de manera inminente un daño grave puesto que, deja de percibir los ingresos de su única fuente laboral, además de que manifiesta haberse endeudado para la compra del vehículo debiendo cancelar tal deuda con los ingresos que reciba del mencionado trabajo;

Que, la circulación de la unidad de transporte de pasajeros de la señora Romero Castillo no afecte en nada a la ciudadanía, por el contrario la favorece ya que tiene el respaldo de una cooperativa legalmente reconocida que posee el correspondiente Permiso de Operación;

Que, en el presente caso, al prohibirse la circulación del mencionado transporte se establece la ilegitimidad del acto de autoridad pública puesto que contraría el ordenamiento jurídico que protege el derecho al trabajo de la accionante que lo venía ejerciendo de manera efectiva, ocasionándole además un daño grave;

En ejercicio de sus atribuciones y por las consideraciones expuestas,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia aceptar la acción de amparo constitucional propuesta por la señora Fani Melida Romero Castillo, por ser procedente.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese."

f) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el día treinta de enero del dos mil dos.- Lo certifico.

f.) El Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f) Secretario de la Sala.

No. 896-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 896-2001-RA

Antecedentes:

Julio Delgado González y otros comparecen ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, e interponen acción de amparo constitucional en contra de los señores Gerente General de la Corporación. Aduanera Ecuatoriana (CAE) y Procurador General del Estado.

Manifiestan que, mediante actos administrativos ilegítimos, han sido destituidos de sus cargos, habiéndose violado sus derechos. Que han prestado sus servicios en la entidad aduanera muchos años con eficiencia, y que la autoridad contra quien presentan el amparo se abstuvo de dar respuesta a sus pedidos, por lo que invocan el Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado. Que se ha irrespetado su derecho a la estabilidad consagrado en el número 3 del Art. 35 de la Constitución y en el Art. 108 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, así como el número 3 del Art. 23 de la Norma Suprema; que han sido removidos o destituidos de sus cargos enviándolos a la desocupación, sin que sean funcionarios de libre remoción ni se haya instaurado sumario administrativo alguno en su contra como para haberlos destituido, por lo que se ha violado también el número 10 del Art. 24 de la Constitución. Mencionan también lo establecido en el Art. 59 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, letra d), referente a la supresión de partida presupuestaria, señalando que para ello debía preceder el informe respectivo, en concordancia con el Art. 132 de la misma ley. Con estos antecedentes, solicitan que se tomen medidas urgentes para hacer cesar las consecuencias de las remociones efectuadas, así como piden que se ordene el reintegro a sus puestos, que se respeten sus derechos, y que se declare que tienen derecho al pago de una indemnización.

En la audiencia pública los accionantes se ratifican en sus fundamentos de hecho y de derecho: los demandados manifiestan que no existe acto ilegitimo, que la Corporación Aduanera Ecuatoriana no mantuvo ni mantiene relación alguna con los accionantes, pues fue creada por ley el 18 de julio de 1998 mientras que el acto que impugnan los accionantes es del año 1994, que no existen los requisitos de daño grave e irreparable; por todo esto solicitan se rechace la acción.

El Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil desecha la acción considerando que en el expediente no se encuentran los actos impugnados por lo que no se hace posible calificar su naturaleza; y por otra parte, consideras que existe un conflicto de intereses que debe ser resuelto ante la justicia ordinaria.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que del Art. 95 de la Constitución y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto administrativo ilegítimo, b) que siendo violatorio de un derecho constitucional, c) amenace causar o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que los accionantes manifiestan en el escrito de demanda que han sido destituidos de sus cargos, más adelante hablan de remoción o destitución, y finalmente citan la norma referente a la supresión de partida, por lo que no queda claro para esta Sala cuál es el acto que se está impugnando en la presente acción;

Que, sin embargo de lo anotado, en el expediente conste en folios 15 a 18, varias certificaciones de la CAE, de fechas 17 y 23 de agosto, y 4 de septiembre del 2001, según las cuales los accionantes salieron de la Policía Militar Aduanera el 28 de abril de 1994, "de acuerdo a la Ley de Modernización del Estado";

Que de acuerdo a lo señalado en las certificaciones mencionadas se advierte que los accionantes fueron miembros de la Policía Militar Aduanera hasta 1994, año en el cual se aplicaron las normas de la Ley de Modernización id Estado. No se señala exactamente en base a qué artículo cesaron en sus cargos, pero se deduce, por lo señalado en los certificados mencionados, que los accionantes se separaron voluntariamente de acuerdo a lo establecido en el Art. 52 de la Ley de Modernización del Estado;

Que el Art. 52 de la Ley de Modernización del Estado, en su primer inciso establece: "COMPENSACIONES.- Créase la compensación para los servidores, trabajadores y funcionarios que no sean de libre remoción del sector público que, dentro de los procesos de modernización y de conformidad a los planes que se establezcan para cada entidad u organismo se separen voluntariamente de cualquiera de las instituciones de las funciones del Estado a la que pertenezcan, dentro del plazo de 18 meses contados a partir de la publicación del reglamento a la presente Ley"; el Art. 53, inciso segundo, de la misma Ley señala lo siguiente: "Las partidas correspondientes a las personas que se separen voluntariamente del servicio público, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 52. serán suprimidas";

Que, por lo dicho, la figura a la cual se acogieron los accionantes fue la de renuncia voluntaria establecida en el artículo 52 de la Ley de Modernización del Estado, la misma que es de naturaleza distinta a la supresión de partida prevista en el Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. para la cual el Art. 59, letra d), de dicha ley prevé una indemnización especial, pues ésta es una figura jurídica que se produce por decisión unilateral de la administración pública, por lo cual, lo establecido en la norma últimamente citada no podría aplicarse al caso de los accionantes;

Que los accionantes aducen haber sido removidos o destituidos, como si las dos figuras tuvieran la misma naturaleza. Por una parte, la remoción de funcionarios públicos es factible únicamente con aquellos que no son funcionarios sujetos a la carrera administrativa de acuerdo a lo establecido en la letra b) del Art. 90 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y por ello no constituye sanción; la destitución en cambio, es en si misma una sanción pues opera cuando los servidores públicos hubieren incurrido en faltas disciplinarias, o infracciones a la ley y a los reglamentos internos, y para que proceda y surta efectos, debe ser ordenada en virtud del respectivo procedimiento administrativo que asegure el respeto al derecho de defensa, en cumplimiento de lo establecido en los Arts. 63 y 64 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;

Que, en el presente caso, cabe mencionar primeramente que los accionantes no adjuntaron las correspondientes acciones de personal a través de las cuales se les separó de sus cargos; en segundo lugar, hay que tomar en consideración que de las certificaciones constantes en autos, dichos funcionarios pertenecían a la Policía Militar Aduanera y fueron separados de sus cargos en abril de 1994; y, finalmente, del texto de tales certificaciones se puede concluir que los mismos no fueron destituidos ni removidos de sus funciones, tampoco se les suprimió las partidas de acuerdo a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, sino que se separaron voluntariamente acogiéndose a lo previsto en la Ley de Modernización del Estado, y en tal virtud, no existe acto ilegítimo alguno que justifique la presente acción;

Por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve:

1.- Confirmar la Resolución venida en grado y por tanto negar la acción de amparo propuesta por los señores Hugo Segura Hurtado, Julio Delgado González; Gilmer Napa Quiñónez y Luis Chevez Unda.

2.- Devolver el expediente al inferior para los fines del artículo 55 de la Ley del Control Constitucional.- Notifíquese".

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la Resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el día veinticuatro de enero del dos mil dos. - Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro. Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original - Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 907-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 907-2001-RA

Antecedentes:

El señor Mario Cárdenas Villegas, en su calidad de Presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo, comparece ante el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, e interpone acción de amparo constitucional en contra del Ministro de Energía y Minas, con el fin de que se suspende la propaganda televisiva, escrita y radial que se difunde en los medios de comunicación social del país, ya que le está causando daño.

El accionante manifiesta que el Ministerio de Energía y Minas según la Ley de Hidrocarburos está facultado para controlar la calidad y cantidad de los derivados de los hidrocarburos, los cuales son expendidos por las estaciones de servicio del país, pero sucede que con la propaganda televisiva, escrita y radial, han manchado la reputación de los Distribuidores de Derivados de Petróleo, afectando de este manera sus derechos constitucionales contenidos en el número 8 del artículo 23 y artículo 24 de la Constitución.

Se realiza la audiencia pública el 18 de octubre del 2001, ante el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, en la cual el accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su acción. Por otra parte el accionado manifiesta que la campaña publicitaria no es acto administrativo y por consiguiente no ocasiona daño alguno, ya que le único objetivo es precautelar el derecho del consumidor.

El Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, resuelve negar la acción de amparo propuesta por el señor Mario Cárdenas Villegas, en vista de que, en lo principal, la propaganda impugnada no constituye acto ilegítimo, ya que el objetivo de la misma es precautelar los derechos del consumidor

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución,

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave;

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegitimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de masera unívoca;

Que, un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que, en el presente caso se impugna una propaganda televisiva, escrita y radial que se difunde en los medios de comunicación, según consta a fojas 12 y vuelta, 13 y vuelta y catorce del expediente subido en grado; por tanto como se ve no se impugna un acto de autoridad pública, que consiste en la manifestación de voluntad o comportamiento realizado por un órgano o funcionario en ejercicio del poder público; siendo el hecho cuestionado ajeno al ámbito de aplicación de la acción de amparo de conformidad con el artículo 95 de la Constitución;

Que, bastaría este predicamento para rechazar por improcedente el amparo propuesto, sin embargo de lo cual este Tribunal estima realizar las siguientes puntualizaciones;

Que, el número 9 del artículo 23 de la Constitución Política reconoce el derecho de libertad de opinión y de expresión, a través de cualquier medio de comunicación social, sin censura previa, y sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores; lo que se manifiesta en el hecho impugnado;

Que, para mayor abundamiento el artículo 249 de la Constitución señala que el Estado es responsable de controlar los servicios públicos, lo que se complementa con la disposición contenida en el número 7 del artículo 23 del texto constitucional que dice que el Estado garantizará el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad;

Que, la propaganda impugnada tiene por finalidad que, en el caso que hubiere desproporción entre el volumen y el valor que cobre por la venta de combustibles, se denuncie el hecho para establecer responsabilidades a través de la fiscalización estatal respectiva, lo que se encuentra en plena concordancia con lo dispuesto en el número 14 del artículo 97 de la Constitución;

En ejercicio de sus atribuciones y por las consideraciones expuestas.

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia negar la acción de amparo propuesta por el señor Mario Cárdenas Villegas, en su calidad'de Presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese.".

f.) Dr. Luis Chacón Calderón. Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el día treinta y uno de enero del dos mil dos.- Lo certifico.

f.) El Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f) Secretario de la Sala.

No. 909-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 909-2001-RA

Antecedentes:

Angel Polivio Paladines Jiménez comparece ante el Juez Vigésimo Segundo de lo Civil de Pichincha, e interpone acción de amparo constitucional en contra del Eco. Ramiro González Jaramillo, Prefecto Provincial de Pichincha.

Manifiesta que el 17 de septiembre del 2001, cinco trabajadores en forma abusiva y arbitraria, del H. Consejo Provincial de Pichincha ingresaron a su propiedad aduciendo que tienen orden de realizar trabajos para rectificar la carretera Puerto Quito - La Independencia. Luego, el 6 de octubre del mismo año, proceden a incendiar la paja seca que separa el cerco con la carretera y el 9 de octubre, un tractor cuyo operador dijo ser del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, llega a manifestarle que tiene orden de desbancar su terreno.

Alega que, si desbancas el terreno por donde han indicado, los daños y perjuicios que le ocasionarán, entre estos la destrucción de una bomba de extracción de agua subterránea para consumo humano y abrevadero de animales, un tanque de reserva de agua potable y un tendal encementado que es fuente de ingresos suya ya que los pobladores le pagan por el uso para secar productos agrícolas, ascenderán a treinta mil dólares. Considera que la actitud arbitraria de realizar trabajos sin notificación de autoridad competente viola los Arts. 18,20,23 números 3, 12, 23 y 26 de la Constitución.

En la audiencia pública, el demandado se excepciona alegando que el Consejo Provincial, con el afán de brindar un servicio diciente a la comunidad de Pichincha, se encuentra legítimamente facultado para construir una variante en el Km. 142 de la vía principal Calacalí - La Independencia, y que, de acuerdo a la Ley de Caminos, Art. 3, ha considerado un derecho de vía de 30 metros. Haciendo uso del mismo, previo acuerdo y notificación a los propietarios, se han realizado trabajos preliminares, y por la naturaleza de los mismos, no se ha ingresado a ninguna propiedad privada ni se ha vulnerado ningún derecho. Añade el demandado que el actor no ha demostrado cuál es el acto ilegítimo, sin el cual no puede hablarse de violación de derechos. Por su parte el accionante se ratifico en los fundamentos de su pretensión.

El Juez Vigésimo Segundo de lo Civil de Pichincha desecha la acción de amparo porque considera que el recurrente no establece en forma clara el acto u omisión proveniente de autoridad pública, que ni siquiera existe acto firme, y que de ninguna resolución se desprende violación constitucional,

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenacen con causar o causen un daño grave;

Que el accionante impugna varios actos cometidos por un grupo de trabajadores que, según la información que tiene, son del Consejo Provincial de Pichincha 'y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército; por otra parte demanda al Prefecto Provincial de Pichincha, con el fin de que a través de la acción de amparo se impida realizar trabajos que supuestamente destruirían parte de su propiedad;

Que en folios 1 a 7 del expediente se encuentra la protocolización de la adjudicación del terreno hecha por el INDA en favor del accionante, terreno sobre el cual el mismo aduce que se encuentran trabajando en una obra que, según él es innecesaria, y que dallaría su propiedad; en folios 9 y 10 consta un escrito dirigido por el accionante al Prefecto Provincial de Pichincha, en el que expone los mismos hechos relatados en la demande y manifiesta su oposición al trabajo que se pretende realizar en mi propiedad para ocasionarme perjuicios ", según señala en dicha comunicación; en folio 3 del expediente tramitado en esta Sala, se encuentra una nota de aviso de la Prefectura de Pichincha, dirigida al accionante, en la cual se señala que se procederá a la ocupación de una parte de su propiedad, para la rectificación de la vía Calacalí - La Independencia. La nota tiene fecha 1 de noviembre del 2001, y se señala que el 9 de noviembre del 2001 a las 13h00 se realizará dicha ocupación y se procederá a levantar el acta respectiva;

Que el Art. 29 de la Ley de Régimen Provincial, entre las atribuciones del Consejo Provincial, señala la siguiente: "1) Ejercer las atribuciones que le concede la Ley de Caminos, en las vías que construya o mantenga"; el Art. 23 de la Ley de Caminos establece: "Sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Ministro de Obras Públicas, del Director General del Ramo y de las entidades respectivas, todas las autoridades administrativas, provinciales, cantonales y parroquiales, cada una en su jurisdicción, cuidarán de la conservación de los caminos públicos, y. en general, de los servicios de vialidad";

Que el Art. 3 de la Ley de Caminos establece lo siguiente: "Establécese el derecho de vía, que consiste en la facultad de ocupar, en cualquier tiempo, el terreno necesario para la construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación de caminos. En el acuerdo de aprobación del provecto de una obra vial se determinará el derecho de vía correspondiente. Cuando menos ocho días antes de la ocupación, se dejará la respectiva nota de aviso en la propiedad, bien sea al dueño, o a uno de sus familiares o a cualquier persona morador del inmueble. Si no se encontrare a persona alguna, la nota se dejará a uno de los más cercanos vecinos del predio. La constancia del cumplimiento de este requisito, sentada por el correspondiente empleado, no será susceptible de impugnación. En el día y hora indicados para la ocupación en la nota de aviso, se constituirá en el lugar el representante de la Dirección General de Obras Públicas o de la entidad a cuyo cargo este la obra, pudiendo concurrir los interesados y hacer sus observaciones. Se levantará acta en la que se describirá el terreno materia de la ocupación, sus cultivos, construcciones y demás detalles que se estimen necesarios para calcular los perjuicios. Podrán omitirse la aprobación del proyecto, la nota de aviso y la diligencia prevista en el inciso que antecede, en los casos de ocupación provisional o de obras urgentes para evitar la interrupción del tránsito, pero el empleado que realizare la ocupación provisional o que dirigiere la obra urgente, llevará una relación a la respectiva autoridad, indicando el terreno a ocuparse, sus cultivos, construcciones y demás detalles que' se estime necesarios. Una vez reparado el daño del camino, se reestablecerán las cosas al estado anterior.";

Que el Art. 13 de la Ley de Caminos, establece lo siguiente: "Si solo se tratare de ocupaciones temporales y sus daños, apenas la autoridad o entidad encargada de la obra reciba el acta o relación de que trata el Art.3, nombrará perito para que determine la cuantía de las indemnizaciones";

Que del texto de las normas anotadas, se puede observar primeramente que para hacer rectificaciones o realizar obras de conservación de los caminos públicos, las autoridades encargadas de la obra (en el caso presente el Consejo Provincial de Pichincha), tienen plena facultad para ocupar terrenos privados o parte de los mismos, con la finalidad de realizar los trabajos que se requieran para tal obra; por otra parte, la misma ley establece un procedimiento para proceder a dicha ocupación, el mismo que'debe iniciar con una nota de aviso, tal como ocurre en el caso que nos ocupa (folio 3 del expediente tramitado en esta Sala); finalmente, se establece también en la ley que si se ocasionan daños en los terrenos ocupados temporalmente, la entidad encargada de los trabajos, deberá nombrar un perito para establecer el monto de la indemnización;

Que, por lo tanto, en el presente caso existe el inicio de un trámite de ocupación por parte del Consejo Provincial, acto para el cual dicho organismo está legalmente facultado; por otra parte, con los documentos constantes en el expediente, presentados por el accionante, no se prueba de ninguna manera que los trabajos a realizarse vayan a ocasionarle el dado que señala en la demanda, ni tampoco se puede deducir cuántos metros de su propiedad se van a ocupar, ni si esa ocupación dañaría las construcciones realizadas dentro de la propiedad en cuestión, lo cual hace que la acción presentada sea improcedente, pues no existe un acto ilegítimo que viole los derechos del accionante y le ocasione daño grave e inminente, es decir, no se cumple con ninguno de los requisitos de la acción de amparo;

Por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones legales,

Resuelve:

1.- Ratificar la resolución venida en grado y por tanto negar la acción de amparo propuesta por el señor Angel Polivio Paladintes Jiménez.

2.- Devolver el proceso al inferior.- Notifíquese"

f) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente. Primera Sala

f.) Dr. Marco Morales Tobar. Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal. Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional a los treinta días del mes de enero del año dos mil dos.- Lo certifico.

f) Dr. Jaime Pozo Chamorro. Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f) Secretario de la Sala.

No. 923-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 923-2001-RA

Antecedentes:

El Mayor de Policía Iván Darío Silva Altamirano comparece ante el Juez Segundo de lo Civil de Pichincha e interpone acción de amparo constitucional en contra del Consejo de Generales de la Policía Nacional.

Manifiesta que el 19 de junio del 2001 recibió el oficio 2001-652-CGPN de 15 de junio del 2001, mediante el cual le comunican que se le ha calificado con la nota de ascenso de 16.738, ubicándole en la lista de clasificación No. 2, y que de acuerdo a los Arts. 7 y 11 del Reglamento de Evaluaciones para los ascensos de los Oficiales de la Policía Nacional, no podía ascender al grado inmediato superior de acuerdo a la Resolución 2001-1 98-CGPN de 11 de junio del 2001, emitida por el Consejo de Generales de la Policía Nacional. Al conocer este hecho presentó una reconsideración a tal Resolución, después de la cual se le informó el 27 de julio del 2001, que por Resolución 2001 -746-CGPN. se le había procedido a calificar con un puntaje de 16.893, y luego por Resolución No.. 2001 -249-CGPN se ratifica la Resolución 198 del Consejo de Generales de la Policía Nacional, calificándole como no idóneo para ascender al grado superior. Dice que lo sorprendente es que en el. formulario de Recopilación de Datos No. FRD-42-24-D tiene una calificación final en el grado de Mayor de 19.5, sin que sepa por qué se le calificó primero con 16.738 y luego con 16.893, para aplicar injustamente el Art. 37. inciso tercero, del Reglamento de Evaluaciones para el Ascenso de los señores Oficiales de la Policía Nacional. Con estos antecedentes y con fundamento en el Art. 95 de la Constitución y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional, interpone acción de amparo y solicita se deja sin efecto la Resolución 2001-198-CGPN. y la Resolución 2001 -249-CGPN, por considerar que violan su derecho al trabajo y a la estabilidad profesional; y que le causan un grave daño pues al no ascender al grado inmediato superior posteriormente le darán de baja, separándolo de las filas policiales.

En la audiencia pública el accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.. Por su parte, el demandado manifiesta que el acto impugnado es legitimó pues ha sido dictado por la autoridad competente y respetando los procedimientos legales del caso, añadiendo que no se toma en cuenta para la calificación de los miembros de la Policía solamente la evaluación anual correspondiente al último grado, sino una serie de datos más, méritos, deméritos y la calificación de concepto.

El Juez Segundo de lo Civil de Pichincha niega la acción por considerar que las Resoluciones impugnadas se encuentras encuadradas en el Reglamento de Evaluación para el Ascenso de los oficiales de la Policía Nacional, por lo que se trata de actos legítimos.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenacen con causar o causen un daño grave;

Que el accionante solicita se deje sin efecto las Resoluciones Nos. 2001-198-CGPN, de 12 de junio del 2001; y 2001-249-CGPN, de 16 de julio del mismo alio, por medio de las cuales el Consejo de Generales de la Policía Nacional emite la calificación correspondiente al accionante y le clasifica en la lista No. 2;

Que tales Resoluciones se dictaron en cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo II del Reglamento de Evaluación para el Ascenso de la Policía Nacional, referente al Procedimiento de Calificación;

Que el Art. 10 de dicho Reglamento, en su inciso segundo, establece lo siguiente: "La clasificación es atribución de los respectivos Consejos y precede a la elaboración de las listas definitivas de ascenso ". El Art. 4, letra e) del Reglamento del Consejo de Generales de la Policía Nacional señala: "e,) Calificar la conducta profesional de Oficiales Generales y Superiores de la Institución para su ascenso de acuerdo con la Ley y Reglamentos pertinentes ": por tanto, de acuerdo a las normas anotadas el Consejo de Generales de la Policía Nacional actuó dentro de sus facultades al emitir la Resolución No. 2001-1 98-CGPN;

Que la Resolución No. 2001-249-CGPN fue dictada en virtud de una reconsideración interpuesta por el accionante; al respecto, el Art. 38 del Reglamento de Evaluación establece lo siguiente: "El Oficial que mediante la respectiva resolución no haya sido calificado para su ascenso, podrá plantear la reconsideración de la citada resolución, dentro del plazo de quince días, contados a partir de la publicación en la Orden General de la Policía Nacional. Además, podrá solicitar ser recibido en el respectivo Consejo en comisión general, a fin de argumentar, fundamentar y presentar las pruebas que estime necesarias, en defensa de sus intereses profesionales";

Que en folio 2 del expediente se encuentra el Oficial No. 792-CGPN de 8 de agosto del 2001, mediante el cual se le notifica al accionante la Resolución No. 2001 .249.CGPN, en cuyo texto consta: "El Consejo de Generales de la Policía Nacional, en atención a la solicitud formulada por el señor Mayor de Policía IVAN DARlO SILVA ALTAMIRANO de fecha 26 de junio del 2001, en sesión extraordinaria de fecha 16 de julio del 2001, se constituyó en comisión general a fin de escuchar la exposición del antes indicado señor Oficial Superior. - "; del texto señalado se observa que se aplicaron debidamente las normas sobre competencia y procedimiento para dictar la Resolución No. 2001 -249-CGPN; por lo tanto, el Consejo de Generales de la Policía Nacional tiene competencia para dictar los actos impugnados;

Que el Título III del Reglamento de Evaluación para el Ascenso de la Policía Nacional, referente al Procedimiento Matemático, contiene las normas en base a las cuales se realiza la calificación de los miembros de la Institución. El Art. 61 establece: "Para obtener la nota definitiva que permitirá clasificar al Oficial en una de las listas establecidas en la Ley, se suman los resultados obtenidos de conformidad a los Arts. 55, 56 y 57 del presente Reglamento, y el producto de dicha suma se dividirá para la suma de los coeficientes utilizados en el procedimiento, resultado que equivaldrá al 75% de la nota definitiva: y el 25% restante corresponde a la nota de concepto, obtenida según lo dispuesto en los Arts. 59 y 60, según el caso.

Que los Arts. 55, 56 y 57, se refieren a la calificación profesional anual, los cursos de promoción de ley y los méritos y deméritos; y los Arts. 58 y 59 se refieren a la calificación de concepto. El Art. 58 señala claramente: "Para obtener la calificación preliminar con la que los Consejos iniciarán la calificación de 'concepto, se sumarán las siguientes notas: calificación promedio anual, la calificación promedio del curso de ascenso y la calificación promedio de méritos y deméritos, multiplicados por sus respectivos coeficientes y divididos por la sumatoria de los mismos. "; el Art. 59 establece que la calificación de concepto tendrá algunos indicadores como disciplina, lealtad, manejo de los recursos de la institución, juicio y criterio y cualidades intelectuales, técnico-profesionales y personales;

Que, sin embargo, cabe aclarar que, por lo señalado en los considerandos anteriores, la nota de calificación para la clasificación de los Oficiales Superiores de la Policía Nacional es el producto de una serie de calificaciones, dentro de las cuales se encuentras ciertos factores que dependen inclusive de la personalidad de cada miembro. Si bien el accionante menciona en su demanda que no se explica por qué primero le califican con una nota, luego con otra, y que en su formulario de recopilación de datos tiene una nota más alta, él mismo debe saber que no cuenta solamente esa nota sino muchos otros elementos de juicio para obtener la calificación definitiva de la cual depende la clasificación en la lista correspondiente, lo cual está dispuesto por los artículos del Reglamento de Evaluación para el Ascenso de la Policía Nacional citados anteriormente;

Que, por lo expuesto, se establece que las resoluciones impugnadas fueron adoptadas con apego a la normativa que rige para estos casos, por lo tanto son legítimas, y en tal virtud, no se hace necesario analizar los otros elementos que requiere la procedencia de la acción de amparo constitucional; y,

En uso de sus atribuciones legales,

Resuelve:

1.- Confirmar la Resolución venida en grado y por tanto negar la acción de amparo propuesta por el Mayor de Policía Iván Darlo Silva Altamirano.

2.- Devolver el proceso al inferior,.- Notifíquese".

f.) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional a los veintiocho días del mes de enero del alio dos mil dos.- Lo certifico.

f) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

No. 933-2001-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 933-2001-RA

Antecedentes:

Gregorio Ulpiano Andrade Ferrín comparece ante el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha, e interpone acción de amparo constitucional en contra de los señores Ministra del Ambiente y Director de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente.

Manifiesta que en la Jefatura del Distrito Forestal de Esmeraldas se inició en su contra el trámite No. 005-2000 imputándole la tala de una hectárea y media de manglar. Luego del procedimiento seguido y en virtud de las pruebas presentadas fue absuelto del cargo. La Resolución se ejecutorió, pero el Representante Legal de FUNDECOL interpuso recurso de revisión de la misma, de acuerdo a los Arts. 102, 103 y 106 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, en virtud del cual mediante auto de 27 de julio del 2001 se dispuso que el Jefe del Distrito Forestal de Esmeraldas en un plazo de siete días presente informe al respecto, omitiéndose contar con el accionante contradiciendo lo establecido en el Art. 115 literal c) del mencionado Estatuto, y el Art. 24, numerales 10, 12 y 14 de la Constitución, privándole del legítimo derecho a la defensa. Al resolver dicho recurso el Director de Asesoría Jurídica del Ministerio del Ambiente, por delegación de la señora Ministra, deja sin efecto la Resolución dictada dentro del trámite 005-2000, e impone la multa del cien por ciento del valor de la restauración del área talada o destruida, que equivale a 19.592,76. Con estos antecedentes, y por adolecer de violaciones constitucionales el trámite en mención, interpone acción de amparo y solicita suspender la imposición de la sanción económica en su contra. Considera vulnerados sus derechos constitucionales garantizados en los Arts. 18, 19 y 24 numerales 10, 12 y 14 de la Constitución.

En la audiencia pública el accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda. El demandado no asiste a la misma. El Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha resuelve aceptar la acción, en virtud de que en el trámite del recurso de revisión no se tomó en cuenta al accionante, violándose así su derecho a la defensa y al debido proceso.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenacen con causar o causen un daño grave;

Que el accionante impugna la Resolución de 6 de septiembre del 2001, emitida por el Asesor Jurídico del Ministerio del Ambiente en representación de la Ministro, mediante la cual se deja sin efecto una Resolución del Jefe del Distrito Forestal de Esmeraldas, imponiendo al accionante una multa por la infracción de tala de manglar;

Que al accionante le siguieron un procedimiento administrativo por tala de manglar, en virtud del dial el Jefe del Distrito Forestal de Esmeraldas dictó Resolución con fecha 2 de octubre del 2000 (folios 138 y 139), absolviendo al accionante por la infracción que se le imputaba; en dicha resolución se señala que se realizó una inspección judicial en "...el área denunciada por fundecol... ", de lo que se deduce que la Fundación de Defensa Ecológica FUNDECOL realizó la denuncia en virtud de la cual se siguió el trámite en contra del accionante,

Que FUNDECOL interpuso recurso extraordinario de revisión de la Resolución del Jefe Distrital de Esmeraldas (según consta en folios 103 a 108 del expediente), y es en virtud de dicho recurso que se emitió el acto administrativo impugnado en la presente acción. Por lo tanto, debe señalarse que dicha Fundación fue parte del procedimiento administrativo seguido en contra del accionante por tala de manglar, pues su denuncia sirvió de base al trámite instaurado, es decir, FUNDECOL fue parte procesal del mencionado trámite;

Que el Art. 106 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva establece lo siguiente: "RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION.- Los Ministros de Estado, en el caso de resoluciones expedidas por ellos, por sus subordinados o por entidades adscritas a los Ministerios que ellos dirigen que les competa tutelar o controlar podrán revisar de oficio o a petición de parte actos o resoluciones firmes cuando concurran alguna de las causas siguientes:

a) Que hubieren sido dictados con evidente error de hecho o de derecho que aparezca de los documentos que figuren en el mismo expediente o de disposiciones legales expresas: b) Cuando con posterioridad aparecieren documentos de valor trascendental ignorados al expedirse el acto o Resolución que se trate; c) Cuando en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios falsos declarados en sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución: y, ch) Que la resolución se hubiere expedido como consecuencia de uno o varios actos cometidos por funcionarios o empleados públicos tipificados como delito y así declarados en sentencia judicial firme. El recurso de revisión se podrá interponer en el plazo de tres años a partir del inicio de su vigencia en los casos de los literales a) y b), y de tres meses a partir de la ejecutoría de la sentencia condenatoria, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde el inicio de la vigencia del acto de que se trate en los otros casos

Que el Art. 115 del mismo Estatuto establece: "Art. 115.-CAPACIDAD DE OBRAR.- Se consideran legitimados para intervenir en el procedimiento administrativo: a) Quienes lo promuevan como titulares de derechos o intereses legitimas individuales o colectivos; b) Cualquier ciudadano que inicie, promueva o intervenga en el procedimiento administrativo alegando la vulneración de un interés comunitario, en especial, la protección del medio ambiente: c) Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte: y, ch) Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses sociales y económicos en tanto tengan personalidad jurídica.

Que de acuerdo a la disposición anotada, en el caso presente, la Fundación Ecológica FUNDECOL, como denunciante del hecho por el cual se le siguió el procedimiento administrativo que dio origen a la Resolución impugnada, estaba legalmente legitimada para interponer el recurso de revisión;

Que en la Resolución impugnada se mencionan documentos que no fueron tomados en cuenta en el procedimiento No. 005-2000, de los cuales se puede observar claramente que el accionante cometió la infracción que se le había imputado, y al no tomarse en cuenta dichos documentos, la Resolución fue dictada con evidentes errores de hecho y de derecho, es decir, se configuró la causal contenida en la letra a) del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva;

Que el recurso de revisión es un recurso extraordinario y como tal no sujeto a formalidades; no se establece en el Estatuto mencionado un procedimiento a seguirse en estos casos, sin embargo, el Art. 113 señala que si la autoridad requiere informes, podrá solicitarlos para que sean presentados en un plazo de 7 días, tal como consta haberse hecho en el texto de la Resolución impugnada. Por otra parte, como lo indica el nombre mismo del recurso, al tratarse de la revisión de un acto, de acuerdo a la causal establecida .en el caso presente la constante en. la letra a) del Art. 106 del mismo cuerpo normativo-, lo que se analiza es su se tomaron en cuenta todas las pruebas constantes en el proceso, hecho que fue precisamente lo que llevó, a la autoridad demandada a dictar la Resolución que se impugna a través de la presente acción;

Que, por lo dicho anteriormente, esta Sala observa que la autoridad demandada actuó con competencia, en base a lo establecido en la normativa que rige para el tipo de actos como el impugnado;

Que el Art. 81 de la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre, señala: "Quien pode, tale, descortece, destruyo, altere, transforme, adquiera, transporte, comercialice o utilice los bosques de áreas de mangle, los productos forestales o de vida silvestre o productos forestales diferentes de la madera, provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, sin el correspondiente contrato, licencia o autorización de aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o que, teniéndolos, se exceda de lo autorizado, será sancionado con multas equivalentes al valor de uno, a diez salarios mínimos vitales generales y el decomiso de los productos, semovientes, herramientas, equipos, medios de transporte y demás instrumentos utilizados en estas acciones sin perjuicio de la acción penal correspondiente y en los términos del artículo 65 del Código Penal. Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación escasa o de ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros determinados en la Ley y reglamentos: o si ésta altera el régimen climático, provoca erosión, o propensión a desastres, se sancionará con una multa equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del área talada o destruida.

Que la Resolución impugnada establece precisamente la sanción contenida en el artículo antes mencionado, por tratarse de una infracción de tala de manglar. En el considerando tercero de dicha Resolución se señala que de la revisión de los autos se establece que del informe de la inspección del área se evidencia que existió tala de manglar, y en la consideración quinta se señala: 'Es evidente que el Jefe del Distrito Forestal de Esmeraldas, al emitir la Resolución analizada en el considerando anterior, prescindió del estudio y análisis de pruebas trascendentales, como son las contenidas en el informe de inspección No. 021 O.T.M, suscrito por el Perito Forestal Vicente Castillo...";

Que en folio 124 del expediente consta el Memorando No. 021 O.T.M. de 24 de mayo del 2000, suscrito por el Perito Forestal Vicente Castillo, en , cuyos resultados se señala: "Existe la tala de manglares, reforestado por FUNDECOL, que fue inspeccionado por parte del Ministerio del Ambiente en Muisne: la tala de manglar talado es en una extensión de 1.50 Has. El infractor de esta talo de manglar es el Sr. Gregorio Andrade ': consta también en el expediente otro informe del mismo Perito Forestal, de fecha 29 de septiembre del 2000, en cuyos resultados, punto 4 se señala: "Sé observó que existe en el sitio de la piscina, la presencia de troncos de manglar en estado de deterioro y descomposición desde hace tiempos anteriores (7.0 años) ": en el punto 5 se dice: "Se observó que existe en un lado y dentro de la piscina, un rótulo de madera que indicaba. (Area de Reforestación Capitanía de Esmeraldas)

Que, por lo anotado en el considerando anterior, se advierte que existían dentro del procedimiento administrativo documentos que probaban la tala de manglar, que evidentemente no se tomaron en cuenta al dictar la Resolución sometida al recurso de revisión. Por otra parte, dentro de ese procedimiento, se contó con el accionante, el mismo que pudo defenderse al punto que consiguió obtener una resolución favorable a su persona. Finalmente, dentro del recurso de revisión, por su naturaleza, no era necesario contar con el accionante, pues solamente se analiza el procedimiento llevado a cabo, la documentación constante del mismo, y si la Resolución tomó o no en cuenta todas las pruebas aportadas, lo que en el caso presente, aparece que no fue así:

Que el acto impugnado es legítimo y no se observa que se hayan violado los derechos constitucionales señalados por el accionante en su demanda, por lo que la acción es improcedente;

Por todo lo expuesto y en uso de sus atribuciones legales.

Resuelve:

1.- Revocar la Resolución venida en grado y por tanto negar la acción de amparo propuesta por el señor Gregorio Ulpiano Andrade Ferrín.

2.- Devolver el proceso al inferior.- Notifíquese".

f) Dr. Luis Chacón Calderón, Presidente, Primera Sala.

f) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Vocal, Primera Sala.

RAZON,- Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el primero de febrero del año dos mil dos,- Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito. a 4 de febrero del 2002.- f.) Secretario de la Sala.

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