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Registro Oficial. 28 de FEBRERO del 2003

viernes 28 de febrero del 2003 | 12:00
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


  MES DE FEBRERO DEL 2003

 

Viernes, 28 de febrero del 2003 - R. O. No. 32

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

FUNCION LEGISLATIVA

EXTRACTOS:

24-023 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley que Regula la Emisión de Cédulas Hipotecarias

24-024 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley de Régimen Tributario Interno

FUNCION EJECUTIVA

DECRETO:

1 Desarróllanse acciones conjuntas entre el Estado y los pueblos indígenas para impulsar la aprobación y adopción del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

ACUERDO:

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS:

029 Autorizase la emisión e impresión de las especies valoradas para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural

FUNCION JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL:

Recursos de casación en los juicios laborales seguidos por las siguientes personas:

14-2001 Rodrigo Edmundo Cajas en contra de ENPROVIT en liquidación

307-2001 Julio Martín del Rosario Barragán en contra de Importadora de Rulimanes Hivimar Cía. Ltda.

320-2001 Vicente Washington Lindao Contreras en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil

331-2001 Guillermo Solís Monge en contra de ECAPAG

336-2001 Juana María Esperanza Moreira Alcívar en contra de los herederos Vargas Pazzos

359-2001 Dolores Susana Moya Ibarra en contra de ECAPAG

10-2002 Fausto Efraín Falconí Valdez en contra de la Dirección General de Aviación Civil

66-2002 Eloy Paucar Navarrete en contra de Auto Importadora Galarza C. Ltda

69-2002 Luis Octaviano Barrera en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil

94-2002 Eduardo Figueroa Benavidez en contra de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado

95-2002 Segundo Tipán Quinatoa en contra de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado

124-2002 Carlos Flores Muñoz en contra de Robert Cevallos Sornoza

133-2002 Víctor Apreciano Andrade Mora en contra de INEPACA

ACUERDO DE CARTAGENA

RESOLUCIONES:

676 Dictamen 09-2002 de incumplimiento por parte de la República de Bolivia en la aplicación, de licencias previas a la importación

677 Dictamen 10-2002 que declara el incumplimiento de la República Bolivariana de Venezuela al discriminar en contra de productos originarios de la Subregión al aplicar el impuesto al valor agregado

678 Recurso de reconsideración presentado por el Gobierno de Venezuela contra la Resolución de la Secretaria General

ORDENANZA MUNICIPAL:

- Cantón Baba: Que contiene el Reglamento Orgánico y Funcional

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY QUE REGULA LA EMISION DE CEDULAS HIPOTECARIAS".

CODIGO: 24-023.

AUSPICIO: H. PASCUAL DEL CIOPPO.

INGRESO: 12-02-2003.

COMISION: DE LO TRIBUTARIO, FISCAL Y
BANCARIO.

FECHA DE ENVIO
A COMISION:
14-02-2003.

FUNDAMENTOS:

La Ley No. 59 del 23 de enero de 2002 y publicada en el Registro Oficial No. 503 de 28 de los mismos mes y año, contiene el texto legal que regula la emisión de cédulas hipotecarias que, entre otras, tiene la ventaja de erigirse como un instrumento seguro de inversión que cuenta con el respaldo de la entidad emisora.

OBJETIVOS BASICOS:

Existe la necesidad de reformar algunas disposiciones de la Ley No. 59, a fin de dar viabilidad a la generación y negociación de las cédulas hipotecarias, de tal suerte que se cumplan las finalidades para las cuales fue expedida.

CRITERIOS:

La mencionada ley fue expedida con el objeto de reactivar la industria de la construcción, coadyuvar a la solución del problema habitacional en el país, incentivar el ahorro nacional y contribuir a la captación de recursos externos.

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Prosecretario General del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO".

CODIGO: 24-024.

AUSPICIO: H. RAMIRO RIVERA MOLINA.

INGRESO: 13-02-2003.

COMISION: DE LO TRIBUTARIO, FISCAL Y BANCARIO.

FECHA DE ENVIO
A COMISION:
17-02-2003.

FUNDAMENTOS:

La Constitución Política de la República en su artículo 225, consagra importantes principios como son la descentralización y la desconcentración, especialmente de recursos económicos.

OBJETIVOS BASICOS:

Es imprescindible eliminar mecanismos que resultan engorrosos y que entorpecen la administración pública, más aún cuando existe la seriedad y confianza de que estos dineros van a ser emplea

CRITERIOS:

El espirite de este proyecto es el de facilitar que estos recursos lleguen en forma oportuna a sus beneficiarios y que no se queden retenidos en la Cuenta Unica del Tesoro Nacional y sean utilizados con fines distintos para los que Rieron creados.

f.) Dr. John Argudo Pesántez, Prosecretario General del Congreso Nacional.

No. 1

Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR

Considerando:

Que los pueblos indígenas de América en el marco del Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas (1995 - 2004) han alcanzado importantes avances constitucionales, legislativos y jurisprudenciales en aras de afianzar y desarrollar los derechos individuales y colectivos, e instituciones particulares de los pueblos indígenas;

Que el Estado Ecuatoriano,, es suscriptor de varios instrumentos internacionales sobre derechos humanos relacionados con los pueblos indígenas, entre ellos Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana, la Convención Internacional para la eliminación de todas las formas de discriminación racial;

Que el Estado Ecuatoriano, por su carácter de pluricultural y multiétnico, constitucionalmente reconoce a los pueblos indígenas como sujetos jurídicos y garantiza el ejercicio de los derechos individuales y colectivos;

Que el Estado Ecuatoriano en el marco de los reconocimientos constitucionales de los derechos de los pueblos indígenas, a través del H. Congreso Nacional ha aprobado en segundo y definitivo debate "La Ley de Ejercicio de los Derechos Colectivos de los Pueblos Indígenas", que a pesar de haber sido vetado por el ex - Presidente del. Ecuador, Dr. Gustavo Noboa, constituye un avance en el tratamiento jurídico sobre pueblos indígenas;

Que los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador han convertido en práctica diaria las reivindicaciones de los derechos como: tierra y territorios, autonomías internas, gobiernos locales, derecho indígena, formas de administrar justicia, educación propia, y formas de organización social y política;

Que el Estado Ecuatoriano y los pueblos indígenas han logrado implementar un proyecto de gobierno compartido e intercultural, y en tal virtud, el Estado está obligado a velar por el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales de todos los ecuatorianos y en particular de los pueblos y nacionalidades indígenas;

Que el Ecuador como suscriptor de la Carta Andina para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos, se halla comprometido en cumplir con el fortalecimiento y protección de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades de afrodescendientes;

Que el Estado Ecuatoriano ha participado y continúa participando activamente y de manera propositiva en todas las sesiones y debates de elaboración del borrador del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y es política del actual gobierno impulsar de manera conjunta con los pueblos Indígenas la a aprobación y adopción del Proyecto de Declaración;

Que la Asamblea Nacional de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Ecuador reunidos en Guayaquil del 16 al 18 de febrero de 2003, resolvió respaldar la aprobación y adopción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; y,

En ejercicio de la atribución que le confiere el Art. 11, letra f) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1.- Desarrollar acciones conjuntas entre el Estado y los pueblos indígenas para impulsar la aprobación y adopción del Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que está en un proceso de debate y de consenso liderado por el grupo de trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Estados Americanos "OEA".

Art. 2.- Generar un proceso interno de análisis y estudio amplio y profundo sobre temas que son motivo de conflicto y que dificultan la pronta adopción de la declaración: temas como la libre determinación, tierra y territorios, recursos naturales y otros que se consideren no resueltos en los anteriores debates.

Art. 3.- Presentar en las sesiones del grupo de trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros foros internacionales pronunciamientos consensuados entre el Gobierno Nacional y representantes de los pueblos indígenas del Ecuador.

Art. 4.- Recomendar al Presidente del grupo de trabajo encargado de elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a los delegados gubernamentales y a los representantes de los pueblos indígenas participantes en este proceso acelerar la adopción final al conjunto del Proyecto de Declaración, debido a que este reconocimiento fortalecerá procesos de legislación indígena en muchos otros países.

Art. 5.- Por ser ésta una propuesta de consenso entre el Gobierno Nacional y los pueblos indígenas del Ecuador, como un pronunciamiento oficial del país, hacemos un llamado a los estados miembros de la OEA para que apoyen y se adhieran a la posición del Ecuador.

Art. 6.- De la ejecución del presente acuerdo que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, encárgase a la señorita Ministra de Relaciones Exteriores, en coordinación con la CONAIE, CODENPE, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y otras Etnias del H. Congreso Nacional, miembro del Fondo Voluntario Específico de la OEA, Ecuador Sur América y Asesoría de Asuntos Indígenas de la Presidencia de la República.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 20 de febrero de 2003.

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.

f.) Francisco Proaño Arandi, Ministro de Relaciones Exteriores (E).

f.) Sr. Leonidas Iza Quinatoa, Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador "CONAIE".

f.) Lcdo. Marcelino Chumpí, Secretario Ejecutivo del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador "CODENPE".

f.) Diputado Ricardo Ulcuango. Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y otras Etnias, H. Congreso Nacional.

f) Dra. Lourdes Tibán, miembro del Fondo Voluntario Específico de la OEA, Ecuador - Sur América.

f.) Sr. Ricardo Guambo Chicaiza, asesor de la Presidencia de la República en Asuntos Indígenas.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración Pública.

No. 029

MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Considerando:

Que el artículo 118 de la Ley de Régimen Tributario Interno manifiesta que es facultad del Ministro de Economía y Finanzas fijar el valor de las especies fiscales, incluidos los pasaportes;

Que según lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo Ministerial No, 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978, es facultad del Ministro de Economía Finanzas, mediante acuerdo ministerial, autorizar a emisión de especies valoradas;

Que según lo prescrito en el Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978, del Instituto Geográfico Militar es el único organismo autorizado para que, en sus propios talleres imprima especies

Que mediante memorando No. 002 de 3 de enero de 2003, la responsable de la administración y custodia de especies fiscales de la Subsecretaria de Tesorería de la Nación del Ministerio le Economía y Finanzas, remite la propuesta sobre las especificación es que deben tener las especies valoradas para el instituto Nacional de Patrimonio Cultural;

Que con oficio No. STN-2002-0056 de 6 de enero de 2003, el Subsecretario de Tesorería de la Nación, manifiesta estar de acuerdo con la emisión o impresión de los timbres culturales de varios valores, declaración juramentada de no transportar bienes culturales y carnés para restauradores y arqueólogos; y, solicita la elaboración del acuerdo ministerial, contrato, y demás trámites que se requieran para la emisión de las especies valoradas referidas anteriormente, y,

En ejercicio de la facultad que le confieren los artículos 3 del Acuerdo Ministerial No. 488, publicado en el Registro Oficial No. 690 de 12 de octubre de 1978, 6 literal k) de la Ley de Contratación Pública y 1 de su reglamento general,

Acuerda:

Art. 1.- Autorizar la emisión e impresión de las especies valoradas para el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, de acuerdo al siguiente detalle:

TIMBRES CULTURALES
Valor Comercial Cantidad Numeración
Desde Hasta
$ 1,00 USD 30.000 1 30.000
$ 5,00 USD 55.000 1 55.000
$ 10,00 USD 7.000 1 7.000
$ 20,00 USD 7.000 1 7.000
$ 100,00 USD 1.000 1 1.000

DECLARACION JURAMENTADA DE NO TRANSPORTAR BIENES CULTURALES

Detalle Valor Comercial Numeración
Desde Hasta
Formulario "Declaración Juramentada de no transportar bienes culturales. $ 3.000 USD 001 800.000

CARNES PARA RESTAURADORES Y
ARQUEOLOGOS

Detalle Valor Comercial Numeración
Desde Hasta
Formulario "Declaración Juramentada de no transportar bienes culturales. $ 3.000 USD 001 800.000

Art. 2.- Exonerar de los procedimientos precontractuales a la impresión de las especies valoradas descritas en el artículo anterior.

Art. 3.- El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 6 de febrero de 2003.

f.) Econ. Mauricio Pozo Crespo, Ministro de Economía y Finanzas.

Es copia, certifico.- f.) Julio César Moscoso S., Secretario General del Ministerio de Economía y Finanzas.

No 14-2001

ACTOR: Rodrigo Edmundo Cajas.

DEMANDADA: ENPROVIT en liquidación.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 3 de diciembre de 2002; alas 10h45.

VISTOS: Ing. Walter López González, interventor liquidador especial de la Empresa Nacional de Productos Vitales, ENPROVIT en liquidación, a través de su mandatario especial, Dr. Eduardo Plazarte Arias, interpone recurso de casación de la sentencia expedida por la Tercera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Quito, que revoca la sentencia recurrida, y acepta parcialmente la demanda, con las reformas introducidas en dicha instancia, dentro del juicio que por reclamaciones de índole laboral sigan en su contra y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Rodrigo Edmundo Cajas. Admitido a trámite el recurso y cumplido el trámite respectivo, la causa se encuentra en estado de dictar resolución y para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer el recurso en mención, en razón de lo prescrito en el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 de II de agosto de 1998 y Art. 1 y 2 de la Ley de Casación, así como por el sorteo legal practicado, cuya razón obra de autos. SEGUNDO.- Fundamenta su recurso en las causales 1ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Asevere que se han violado las siguientes normas de derecho: Arts. 184, 185 y 592 del Código del Trabajo; Arts. 119 y 278 del Código de Procedimiento Civil; numerales 130 y 140 del Art. 24 de la Constitución Política de la República. En síntesis, manifiesta que la sentencia dictada por el Tribunal de alzada, se aparta de las normas de derecho antes citadas, de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, así como de las reglas de la sana crítica, dejando de aplicar los precedentes jurisprudenciales obligatorios sobre la materia. Afirma, que la Sala de apelación ha interpretado erróneamente los hechos sobre un despido intempestivo que jamás existió, ni que se perfeccionó, puesto que en el acta de finiquito consta la firma y rúbrica del Inspector del Trabajo como demostración de que las partes acudieron voluntariamente. El actor en ningún momento impugnó el documento de finiquito, pues lo suscribió de manera libre y voluntaria, sin presión de alguna naturaleza, expresando su decisión de terminar unilateralmente la relación laboral mediante el desahucio respectivo, de acuerdo con el Plan de Retiro Voluntario, como en efecto sucedió, por lo que las relacione, laborales terminaron de mutuo acuerdo y no por despido intempestivo como erradamente consta en la sentencia recurrida. TERCERO.- Realizada la confrontación que corresponde de la sentencia recurrida con el escrito de interposición del recurso que obra de fs. 21 a 23 del cuaderno de segunda instancia, y luego del estudio y análisis del proceso, la Sala procede a realizar las siguientes observaciones A) El motivo central de la controversia a dilucidar en esto fallo es determinar si las relaciones laborales entre las partes litigantes terminaron por despido intempestivo como siega el demandante, o desahucio y mediante la suscripción del acta de finiquito como lo sostiene la demandada, B) A fa. 41 del cuaderno de primer nivel, obra el acta de finiquito, en cuya cláusula primera dice: "...El trabajador, por intermedio de la Inspección del Trabajo ha notificado, mediante desahucio la voluntad de dar por terminado el contrato con la Empresa...". Acta suscrita entre los litigantes de que se desprende que la relación jurídico-laboral terminó en virtud del desahucio solicitado por el actor; C) 51 hubo el desahucio del trabajador contra su ex-empleadora "ENPRO VII", como él mismo admite, es evidente que no pudo haber al mismo tiempo despido intempestivo, porque son dos conceptos distintos y contrapuestos de la propia ley; y más aún, el desahucio, por lo dispuesto en el numeral nueve del Art. 169 del Código del Trabajo, es una de las causales para dar por terminado el contrato de trabajo, que por lo dicho, en el caso que se juzga, no concluyó por decisión unilateral, de la empleadora, como erróneamente lo sostiene el actor y el Tribunal de segunda instancia; y, D) En consecuencia, con lo anteriormente expresado y el contenido del recurso de casación, la parte demandada "ENPROVIT", debe pagar al actor los rubros a los que se refiere el considerando noveno de la sentencia que se impugna, excepto los identificados como numerales 10, 20 y 30, porque dichas indemnizaciones son admisibles para los casos de despido intempestivo. CUARTO.- Del análisis efectuado, llégase a la conclusión de que en la sentencia dictada por la Sala de apelación, se infringió el Art. 188 y parcialmente el Art. 185 del Código del Trabajo, en relación con el numeral 9 del Art. 169 ibídem. QUINTO.- Sobre la base de estas consideraciones; esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta parcialmente el recurso de casación interpuesto por la demandada y casa la sentencia recurrida en los términos que constan expresados en el literal d) del considerando tercero de este fallo. El Juez a-quo realizará la liquidación correspondiente, sin la intervención de perito. Notifíquese y devuélvase. Cúmplase con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Casación.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico.- f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las dos copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No 307-2001

ACTOR: Julio Martín del Rosario Barragán.

DEMANDADA: Importadora de Rulimanes Hivimar
Cía. Ltda.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 2 de diciembre de 2002; a las 14h40.

VISTOS: Alfredo Echeverría Mantilla, en su calidad de Presidente Ejecutivo y representante legal de Importadora de Rulimanes HIVIMAR Cía. Ltda., interpone recurso de casación de la sentencia expedida por la Cuarta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que confirma el fallo de primer nivel, con la reforma y ampliación que en ella se hace, que declara parcialmente con lugar la demanda, dentro del juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue en su contra, Julio Martín del Rosario Barragán. Admitido a trámite el recurso y cumplido el trámite respectivo, la causa se encuentra en estado de dictar resolución y para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer el recurso en mención, en razón de lo prescrito en el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 de 11 de agosto de 1998 y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación, así como por el sorteo legal practicado, cuya razón obra de autos. SEGUNDO.- Fundamenta su recurso en las causales 1ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Asevera que se han violado las siguientes normas de derecho: Arts. 375 y siguientes del Código de Comercio; Arts. 2047 y siguientes del Código Civil; y, Art. 203 del Código de Procedimiento Civil. En síntesis, manifiesta que la sentencia dictada por el Tribunal de alzada, adolece de una clara falta de aplicación y aplicación indebida de las normas de derecho citadas, las mismas que se apartan de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, así como de las reglas de la sana crítica, al confirmar y ampliar erróneamente el fallo de primer nivel, ordenando el pago de otros rubros en forma ilegal, cuando de autos está comprobado que el actor jamás tuvo la calidad de trabajador, puesto que éste se desempeñó como Comisionista Mercantil de la compañía; por lo tanto, al no existir relación de dependencia entre las partes, mal podía aplicarse las normas del Código del Trabajo, en especial las del Art. 8; sin embargo en la sentencia se dice que no existe duda alguna sobre la relación laboral. Finalmente, aduce que la retribución económica que existía, estaba concebida por la comisión del 5% sobre el total de las ventas, demostrándose así que la relación era estrictamente mercantil. TERCERO.-Realizada la confrontación que corresponde de la sentencia recurrida con el escrito de interposición del recurso constante de fs. 20 a 24 del cuaderno de segunda y última instancia, y luego del estudio y análisis del proceso, la Sala procede a realizar las siguientes puntualizaciones: A) Citados legalmente los demandados, comparecen a la audiencia de conciliación y contestación a la demanda (fs. 18 y 19 del cuaderno de primer nivel) y oponen las excepciones constantes de dicha acta. Trabada la litis, correspondió a las partes aportar pruebas al proceso en los términos de los Arts. 117 y 118 del Código Adjetivo Civil; B) Es prioritario en esta clase de juicios, establecer la existencia de la relación jurídico laboral entre los litigantes, que de acuerdo con el Art. 8 del Código del Trabajo, los elementos que lo constituyen son: acuerdo de voluntades, prestación de servicios lícitos, dependencia y, remuneración; C) Conforme lo prescribe el Art. 118 del Código de Procedimiento Civil, corresponde al actor acreditar la relación de trabajo, y según el Art. 211 ibídem, "los jueces y tribunales, apreciarán la fuerza probatoria de las declaraciones de los testigos, conforme a las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la razón que éstos hayan dado de sus dichos y las circunstancias que en ellos concurran". En la especie, en el proceso aparecen pruebas suficientes de que el actor prestó sus servicios a la empresa demandada "Importadora de Rulimanes Hivimar Cía. Ltda.". Así se desprende de las confesiones rendidas por los demandados Grace Paladines Proaño y por el Gerente General, Alfredo Echeverría Mantilla (fs. 858 y 860) de donde se colige que el actor prestó sus servicios bajo relación de dependencia de la empleadora en su calidad de Agente Vendedor, Zona 22 evidenciándose aún más la relación laboral, al entregar el importe de las ventas a la compañía demandada y percibir mensualmente su remuneración una vez que se liquidaba su comisión; sin que la parte demandada haya demostrado que el demandante laboraba simultáneamente al servicio de otras personas naturales o jurídicas; D) Aún más, por el contenido del Art. 311 del Código del Trabajo, se desprende que el actor fue un empleado privado, ya que éste puede percibir "sueldo, participación de beneficios o cualquier forma semejante de retribución y siempre que tales servicios no sean ocasionales", lo que aparece en esta causa, que hay prestación de trabajo desde 1º de enero de 1980 hasta el 2 de diciembre de 1997; que por lo mismo, sus labores han sido permanentes; y el Art. 319 ibídem, habla de los agentes de comercio y otros, como el agente residente que "son empleados privados, .sometidos a disposición de este Código". En consecuencia, hubo relación laboral, pues se cumplieron los requisitos puntualizados por el Art. 8 del Código del Trabajo, tanto más que el trabajador está protegido por la Legislación Laboral en su Art. 8 y por el numeral 6 del Art. 35 de la Constitución Política del Estado, que debe interpretarse "en el sentido más favorable a los trabajadores", cabalmente cuando en el caso que se juzga es un contrato de trabajo propiamente, el mal llamado "Comercial de Comisión"; en tal virtud, se ha justificado y comprobado la relación laboral habida entre las partes litigantes. CUARTO.- Es importante destacar que la Sala de alzada observó la actitud extraña del Juez de primer nivel, que ha contravenido a lo dispuesto en el Art. 851 del Código Adjetivo Civil, pues, ha dado a trámite escritos de prueba fuera de término, esto es, extemporáneamente, ya que la estación probatoria empezó el 29 de febrero y terminó el 8 de marzo de 2000. Tal conducta, debió ser debidamente censurada por la Sala de apelación, lo cual no ha ocurrido. QUINTO.- En la especie y del análisis pormenorizado, se concluye que en la sentencia expedida por el Tribunal ad quem hay una acertada y coherente aplicación de las normas legales contempladas tanto en el Código del Trabajo como en el Código de Procedimiento Civil, por lo que no existe aplicación indebida de las normas de derecho, ni falta de valoración de las pruebas, como aduce la demandada en su impugnación. SEXTO.- Sobre la base de estas consideraciones, no siendo innecesario perseverar en otros análisis, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE BELA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso de casación interpuesto por la parte demandada. El Juez a-quo efectuará la liquidación correspondiente sin la intervención de perito. En cumplimiento al Art. 17 de la Ley de Casación, entréguese al actor el valor total de la caución consignada. Amonéstase severamente al Secretario del Juzgado Primero del Trabajo del Guayas, abogado Danilo Meza Campuzano, por haber realizado diligencias fuera del término concedido por la ley, así como también al Juez, abogado Carlos Alfago Vite, por haber proveído escritos fuera de término. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las tres copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator

Nº 320-2001

ACTOR: Vicente Washington Lindao Contreras.

DEMANDADA: Autoridad Portuaria de Guayaquil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 3 de diciembre de 2002; a las 11h50.

VISTOS: Vicente Washington Lindao Contreras, interpone recurso de casación de la sentencia de segunda instancia emitida por la Cuarta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que confirma la dictada en primer nivel que declaró sin lugar la demanda, dentro del juicio verbal sumario de trabajo incoado por el recurrente contra la Autoridad Portuaria de Guayaquil. Verificado el trámite ante este Tribunal, que ordena la Ley de Casación, la causa se encuentra en estado de dictar sentencia y para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso en mención, en razón de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El actor ataca la sentencia del Tribunal de alzada, señalando que no se han aplicado las siguientes normas de derecho, artículos: 4, 5, 6, 7, 95, 569, 592 y 600 del Código del Trabajo; 122, 211 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; 35 numerales 3, 4, 5 y 6 de la Constitución Política de la República, antecedentes jurisprudenciales, publicados en los registros oficiales 34 del 25-8-98; R.O. 378-7-7-98; 369-27-6-98; 343-19-6-98; 329-1-6-98; 44, 47, 53, 74, 76 y 78 del contrato colectivo de trabajo; y, 1588 del Código Civil. Fundamenta su recurso en las causales uno y tres del Art. 3 de la Ley de Casación. Señala el impugnante en el escrito respectivo, que la Sala de apelación manifiesta en el considerando tercero que no procede la reliquidación del acta de finiquito, desde que se dio la reforma al Art. 95 del Código del Trabajo, contenida en el Art. 189 de la Ley para la Promoción, Inversión y Participación Ciudadana definió "lo que debe entenderse por beneficios de orden social, excluidos por tanto del concepto de remuneración para el pago de indemnizaciones". Agrega el casacionista que los ministros de la Corte Superior de Justicia consideran al acta de finiquito inimpugnable, sin tener en cuenta que si es posible impugnar dicho documento cuando existe renuncia de derechos por parte del trabajador, como en el caso subjúdice. TERCERO.- Hechas las confrontaciones y analizando en forma minuciosa el proceso, la Sala adviene: 1.- El aspecto básicamente controvertido en esta causa radica en la posibilidad jurídica de otorgarle carácter definitivo e inatacable a un acta de finiquito aun cuando en ella se evidencie que implique una renuncia de derecho. 2.- En su demanda, el actor reclama esencialmente, que se le reliquiden los valores correspondientes a los que se refiere el acta de finiquito que suscribió con su ex-empleadora, que fueron liquidados sobre una base remuneratoria mensual disminuida, con violación de lo dispuesto en los Arts. 95 del Código del Trabajo y cláusula 16 del Primer Contrato Colectivo Unión de Trabajo. 3.- de su parte, la entidad demandada al contestar la demanda expresa que el acta de finiquito a la que se refiere el demandante, por estar celebrada ante el Inspector Provincial del Trabajo del Guayas y contener la pormenorización de los rubros a que tenía derecho, no puede ser atacada. 4.- Es digno de resaltar que en la misma acta de finiquito (fs. 29-30) se contempla una declaración en la que expresamente se reconoce que el 8 de noviembre de 1993 el demandante quedó cesante por disposición superior, lo que significa que el vínculo contractual que existió entre los litigantes finalizó por voluntad unilateral del empleador. 5.- En numerosas ocasiones esta Sala en situaciones análogas ha declarado que el acta de finiquito es impugnable no solamente en los casos descritos en el Art. 592 del Código del Trabajo, sino además cuando se acreditare que hubo vicio del consentimiento de cualesquiera de los suscribientes de ella o cuando se demuestre que los valores que se entregan al trabajador, implican .una renuncia de sus derechos. En el caso subjúdice, teniendo en consideración que la base remuneratoria para el cálculo de lo percibido por el trabajador por concepto de indemnizaciones, es inferior a la que le correspondía, e s e vidente el perjuicio económico sufrido por el demandante, por lo que la impugnación del finiquito es admisible. 6.- El acta de finiquito en mención ha sido aceptada voluntariamente por las partes, se efectué ante el Inspector Provincial del Trabajo del Guayas y la liquidación contiene las indemnizaciones relativas al despido establecidas en la cláusula 16 del Primer Contrato Colectivo de Trabajadores de Autoridad Portuaria de Guayaquil y las indemnizaciones previstas en los artículos 185, 181 y 189 (actual 188) del Código del Trabajo, vacaciones proporcionales no gozadas, fondo vacacional, tanto el individual como el patronal, y los décimos tercero, cuarto y quinto sueldos.- Por último se deja constancia que el pago se lo hace mediante cheque Nº 18726 de la cuenta general número 0231003-5 del Banco Central del Ecuador por la cantidad de S/. 77'878.891,00. Sin embargo, esta liquidación no ha sido suficientemente pormenorizada, pues no se sujeta al contenido del Art. 95 del Código del Trabajo que regia a la fecha de determinación de la relación contractual entre los litigantes de texto casi idéntico al contenido en el numeral 14 del Art. 35 de la Constitución Política de la República que decía: "Art. 95.- Sueldo o salario y retribución accesoria.- Para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicio o en especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el empleador, o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio". Tampoco la liquidación aludida está acorde con lo estipulado en el Segundo Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Autoridad Portuaria de Guayaquil y sus trabajadores, en especial con la cláusula 44, relativa al subsidio familiar, con la cláusula 47, que se refiere al bono de productividad y tonelaje; con la cláusula 53 que fija el subsidio de alimentación, con la cláusula 76, que tiene que ver con el fondo vacacional; ni con la cláusula 78, que determina que cada empleado o trabajador recibirá mensualmente de la empleadora el cupo de compras mensuales. En consecuencia, la entidad demandada deberá incorporar estos rubros para la determinación de la remuneración que sirve de base para calcular las indemnizaciones del actor. CUARTO.- De lo manifestado, se infiere, que la sentencia recurrida viola el numeral 14 del Art. 35 de la Constitución Política de la República, en armonía con el Art. 4 del Código del Trabajo y el 592 del mismo cuerpo legal. Por las consideraciones manifestadas, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, casa la sentencia recurrida y ordena que la entidad demandada pague al actor los valores que se obtengan como consecuencia de la reliquidación de los rubros indemnizatorios del acta de finiquito, incluyendo como parte de su remuneración el subsidio de alimentación, el subsidio familiar, el bono de productividad y tonelaje, el fondo vacacional y el porcentaje del bono de comisariato, conforme lo determina el Art. 78 del contrato colectivo. El Juez a-quo realice la liquidación correspondiente sin la intervención de perito. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las tres copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Nº 331-2001

ACTOR: Guillermo Solís Monje.

DEMANDADA: ECAPAG.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 3 de diciembre de 2002; a las 09h00.

VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo propuesto por Guillermo Solís Monge contra la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG) el representante legal de la empresa demandada interpone recurso de casación de la sentencia de segunda instancia dictada por la mayoría de la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que confirma el fallo de primera instancia emitido por el Juez Quinto del Trabajo del Guayas que declara con lugar parcialmente la demanda: La causa se encuentra en estado de dictar resolución y para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en mención, en razón de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- Afirma la institución demandada en el escrito contentivo del recurso que en la sentencia se han infringido: El Art. 74 de la Constitución Política de la República vigente a la fecha de la demanda (actual 119); los Arts. 1, 4, 11 letras a) y g), 14 y quinta disposición transitoria de la Ley Nº 08 de Creación de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, publicada en el R.O. Nº 508 del 19 de agosto de 1994, los Arts. 1480 y 1505 del Código Civil; el Art. 611 del Código del Trabajo; y, la resolución de la Corte Suprema de Justicia, publicada en el R.O. Nº 138 del 1 de marzo de 1999. En su extensa fundamentación en torno al recurso de casación, la entidad impugnante manifiesta que en torno al paso de los activos de la Empresa Provincial de Agua Potable del Guayas que se encontraban fiera del cantón Guayaquil, cumplió estrictamente con lo que le ordenaba la Ley Nº 08 (RO. 508 del l9 de agosto de I994), en su Art. 1 lit. g), dentro del plazo determinado en la quinta disposición transitoria de la misma ley y que por tanto "al entregar los activos de su propiedad asentados en la jurisdicción del cantón Antonio Elizalde (Bucay), no hizo otra cosa, sino la de cumplir con lo estatuido en la Ley...". Agregar además, que la Sala de apelación al condenar a la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil al pago de una indemnización por despido, ignora el mandato legal previsto en la Ley de Creación de la ECAPAG y que por lo tanto el pago ordenado es ilegal. TERCERO.- A efectos de dilucidar las cuestiones planteadas, luego de las confrontaciones pertinentes y el análisis prolijo de los autos, la Sala formula las reflexiones siguientes: 1.- La cuestión neurálgica que corresponde esclarecer es si el hecho de la transferencia gratuita realizada por la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, de los activos que corresponden al servicio de agua potable del cantón General Antonio Elizalde (Bucay), a la respectiva Municipalidad, equivale a despido intempestivo, de lo cual se derivaría el derecho a las indemnizaciones correlativas. 2.- Tanto el fallo de primer nivel como el del Tribunal de alzada, otorgan al hecho de la transferencia de las instalaciones de su propiedad del campamento en Bucay al Municipio del mismo cantón, el efecto de despido intempestivo, con derecho a indemnización. 3.- La Ley que Crea la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (R.O. 508 de agosto 19 de 1994), señala en el Art. 11, lit. g), lo siguiente: "Las instalaciones e infraestructura que constituyen activos de la ECAPAG que se encuentren fuera del cantón Guayaquil, serán cedidos a título gratuito a las respectivas Municipalidades, mediante convenios en los que podrá establecerse la provisión de servicios de agua potable por parte de la ECAPAG, cuando fuere factible otorgar el servicio.", y en la quinta disposición transitoria de la misma ley se lee: "En un plazo de 90 días de establecida la ECAPAG, se llevará a cabo la transferencia a los restantes municipios de la provincia de los activos e instalaciones de cada jurisdicción cantonal y las alícuotas correspondientes de su presupuesto, proporcionalmente, a cada uno de ellos.". Consta de autos (fs. 124 y siguientes) la escritura pública que contiene el Convenio de entrega gratuita de activos e instalaciones que hace la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (ECAPAG) a favor de la Municipalidad del Cantón General Antonio Elizalde (Bucay), celebrada el 12 de diciembre de 1997, lo que refleja que al realizarse la susodicha transferencia la ECAPAG, demandada en este juicio, cumplió con el mandato contenido en la ley citada. 4.- En el proceso no aparecen acreditadas las circunstancias de un despido intempestivo, como el lugar o la fecha y hora en que se habría producido el hecho en mención. 5.- El actor fue declarado confeso conforme consta en providencia de fs. 219. El pliego respectivo, en sus preguntas 4 y 5 dice lo siguiente: "4. Diga el confesante, si la empresa ECAPAG le acreditó en su cuenta dé ahorro Nº 0098320062 la cantidad de S/. 894.359,oo por concepto de sueldo correspondiente a la segunda quincena del mes'de diciembre de 1997. 5.- Diga el confesante si es verdad que con fecha3 de enero de l998ustedretiródelbancola Previsora de su cuenta de ahorros en la cual la Empresa ECAPAG le acredita sus haberes, la cantidad de S/. 400.000,oo". Procesalmente tal declaración implica la aceptación de los dos hechos a los que se refieren las preguntas transcritas, lo que reflejaría que ECAPAG pagó al actor y éste cobré el valor equivalente a la remuneración de diciembre de 1997, que corresponde a fecha posterior de aquella en que se produjo la transferencia de los activos antes mencionados. 6.- de la pregunta d) del interrogatorio que el actor formula a sus testigos (fs. 24), queda demostrado que la empresa demandada planteé "la reubicación" del actor, lo que no mereció respuesta de éste. De lo manifestado en este considerando, la Sala infiere que no se produjo el hecho del despido intempestivo, que sirve de base a la condena de indemnizaciones dispuesta en el fallo recurrido y que por consiguiente es admisible el recurso por violación en la sentencia recurrida del Art. 11, lit. g) y transitoria quinta de la Ley de Creación de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Por las consideraciones expresadas, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, aceptando el recurso de casación interpuesto por la demandada declara sin lugar la demanda. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las dos copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Nº 336-2001

ACTOR: Jacinto Simeón Moreira Alcívar.

DEMANDADOS: Herederos Vargas Pazzos.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 5 de diciembre de 2002; a las 15h00.

VISTOS: Juana Maria Esperanza Moreira Alcívar, en su calidad de hija de Jacinto Simeón Moreira Alcívar, fallecido el 15 de abril del año 2001, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, que por no haberse demostrado la relación de trabajo que como Administrador de la hacienda ubicada en el punto Tacheve, cantón Chone, provincia de Manabí, de propiedad de lo herederos del Comandante Luis Antonio Vargas Yépez y la Sra. Ida Elba Pazzos Vera viuda de Vargas revoca la que dictara la Jueza Primera Provincial del Trabajo de Manabí, que declaró parcialmente con lugar la demanda que propuso Jacinto Simeón Moreira Alcívar contra los herederos Vargas Pazzos por el pago de prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral. Luego de agotado el trámite previsto en la Ley de Casación, corresponde resolver y, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso en mención, en razón de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1de la Ley de Casación. SEGUNDO.- La recurrente censura la sentencia dictada por la Sala de apelación por estimar que en ella se infringen las normas jurídicas siguientes: artículos: 23, numeral 27, 24, numeral 10 y 192 de la Constitución; 117, 119, 223 y 278 del Código de Procedimiento Civil; y, 5, 8, 36 y 590 del Código del Trabajo, fundamentando su impugnación en la causal 3 del Art. 3 de la Ley de Casación, relevando el texto que consta en el numeral 3.7 del escrito que contiene el recurso de casación, que dice: "Por último, el fallo de segunda instancia manifiesta que "los comprobantes adjuntados a fs. 38 y 39 no tienen ningún sello del Banco que determinen estos depósitos por lo que no tienen valor probatorio", sin embargo, soslaya la prueba testimonial y el propio informe del Banco del Pichincha que establece la cuenta de ahorro de la accionada perteneciente a ésta, de lo que se infiere que "la prueba no ha sido apreciada en su conjunto, de acuerdo a las reglas de la sana crítica" que determina el primer inciso del Art. 119 del C.P.C. y, precisamente, este yerro de apreciación ha conducido al quebrantamiento de los preceptos que guían la sentencia, por lo que existe la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, al no haber valorado la prueba presentada por el accionante y, fundamentalmente, al existir la errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba". Hace una dura crítica de lo que se expone en el considerando tercero de la sentencia que impugna: se señala que hay "declaraciones testimoniales contradictorias", pero no se especifica ni a cuáles declaraciones se está refiriendo, ni en qué consisten las contradicciones; que el criterio expuesto por la Jueza A-quo en relación con las declaraciones testimoniales rendidas por Marcos Andrade Zambrano y Marcos Andrade Arteaga (fs. 65 y 65 vta.) de que son pruebas indebidamente actuadas, por lo dispuesto en el Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, no es así y se las debió tomar en cuenta porque la parte actora "debió insistir en este particular y de no concurrir los testigos hacerlos comparecer con la fuerza pública, tal como lo señala el Art. 227 del Código de Procedimiento Penal", en virtud de que esta norma nada tiene que hacer con el proceso laboral; que la señora Ida Elba Pazzos viuda de Vargas a la muerte de Luis Vargas Yépez, quedó como propietaria del 50% y del otro 50% sus herederos, no existiendo un solo propietario sino varios pro indivisos, porque este argumento es irrelevante en materia laboral, y finalmente, que con la copia certificada de un pasaporte se probé que la señora Ida Elba Pazzos viuda de Vargas viajé por determinados períodos al exterior "por lo que ésta mal pudo ejercer la administración de la propiedad en que era dueña de un 50%", sin que, según lo expuesto en el mencionado considerando, se haya demostrado la calidad de Administrador a que se refiere el actor en su demanda. TERCERO.- Confrontada la sentencia con el escrito contentivo del recurso de casación interpuesto por la recurrente que obra de fs. 10 a 13 vta, del cuaderno de segunda y última instancia con las normas que se estiman violadas y los autos, la Sala formula las precisiones siguientes: El quid de la cuestión a resolver estriba en determinar si entre quien fuera el actor (Jacinto Simeón Moreira Alcívar) y quien fuera la señora Ida Elba Pazzos Vera viuda de Vargas, existió o no una vinculación jurídica de carácter laboral y, de haberla, las consecuencias jurídicas que de la misma se derivan, en relación con las pretensiones exhibidas en la demanda, las excepciones y las pruebas rendidas durante el proceso; 2.- El vinculo jurídico de carácter laboral a que se refiere el numeral que antecede, el tiempo de servicios, la remuneración percibida y el despido intempestivo, están demostrados en autos por varios medios, entre ellos, los siguientes: 2.1. Las declaraciones testimoniales de Jaime Zambrano García y Carlos Zambrano Vera (fs. 66 y 67 vta., cuaderno de primera instancia), aquél responde al interrogatorio de fs. 42 vta, y 43 que presentara el actor y a las repreguntas de fs. 32 y 33 que presentaran los demandados, de manera tal que de sus respuestas a las preguntas b), e), g), i), i) y repreguntas números 6), 7) y 13), se aprecia inequívocamente que el actor presté sus servicios lícitos y personales bajo relación de dependencia en beneficio de la señora Ida Elba Pazzos Vera viuda de Vargas, como Administrador de la propiedad ubicada en el punto Tacheve, cantón Chone, provincia de Manabí, y del ganado vacuno, de propiedad de aquélla y de los herederos del comandante Luis Vargas Yépez; que como tal, contrataba jornaleros para limpiar potreros y vendía a los vecinos del sector de Medio Mundo de la jurisdicción de Chone, todos los días, la leche que producía el ganado antes referido, así como que el 18 de agosto de 1997, aproximadamente a las 09h00, Luis Octavio Arteaga García le dijo al actor que por disposición de la señora Ida Elba Pazzos Vera viuda de Vargas ya no habla trabajo para él y que debía entregarle la propiedad y el ganado, como en efecto ocurrió y, además, que Arteaga García es Administrador de la hacienda "La Pradera" de propiedad de Ligia del Carmen Vargas Pazzos, hija de la señora Ida Elba Pazzos Vera viuda de Vargas, la misma que está ubicada en la parroquia San Antonio del cantón Chone. El otro testigo, Zambrano Vera, coincidiendo con lo que anteriormente se precisa, añade que el dinero producto de la venta de leche, él en su condición de taxista hizo carreras para entregárselo a terceras personas, parientes de la señora Ida Elba Pazzos viuda de Vera o para depositario en el banco. Ambos testigos conocieron de muchos años al actor y dan una respuesta adecuada a la razón de sus dichos que demuestra su idoneidad y permite al juzgador creerles y hacer su convicción; 2.2. Los testigos de la parte demandada: Marcos Antonio Andrade Zambrano y Marcos Antonio Andrade Arteaga, en sus declaraciones que obran de fs. 65 y 65 vta, se limitan a responder en forma escueta al interrogatorio de fs. 46 que, por otra parte tiene algunas preguntas que se refieren a más de un hecho, limitándose a dar como razón de sus dichos, el uno, Andrade Zambrano, por ser vecino y, el otro, Andrade Arteaga "por haber vivido allí y ser vecino", sin que el contexto de sus declaraciones y la razón que esgrimen respecto de las mismas sea lo suficientemente fuerte como para darle a sus testimonios credibilidad y confianza, elementos indispensables de que requiere el juzgador para tomar su decisión; todo esto, sin considerar que la Jueza deprecada para receptarles sus declaraciones, abogada Elisa María Alvarez Hidalgo, Jueza Undécima de lo Civil de Manabí, apartándose de lo dispuesto por la Jueza deprecante, no hizo valer el interrogatorio de repreguntas que les planteare el actor porque a su juicio "el presente escrito debió ser presentado en Portoviejo y proveído por la señora Juez deprecante por lo que se dispone se agregue el presente escrito a este deprecatorio" y la errada apreciación de la Sala de apelación que en el considerando 30 de la sentencia que se impugna determiné que tales testimonios si debían tomarse en cuenta bajo el argumento de que el actor debió hacerlos comparecer a los prenombrados testigos con el uso de la fuerza pública, invocando para tal efecto lo dispuesto en el Art. 227 del Código de Procedimiento Penal que evidentemente y sin ningún esfuerzo, resulta inaplicable para el caso en cuestión y en el evento de que la referencia hubiese sido al Art. 227 del Código de Procedimiento Civil, tampoco tal criterio seria acertado, puesto que esa norma se refiere a otra hipótesis que no es la que se configura en esta especie; 2.3. Durante la inspección judicial rindieron también su testimonio Pablo Cedeño Zambrano (fs. 99) y Quirino Castro Pazmiño (fs. 99 vta.), quienes al hacerlo corroboran lo que ya se señaló en el 2.1. del numeral 2 de este considerando; 2.4. Van en beneficio de las pretensiones del actor también los siguientes instrumentos: 2.4.1. Los comprobantes de depósito en una cuenta de ahorros del Banco del Pichincha C.A. (fs. 38 y 39) y. la comunicación de fs. 119 suscrita por la Jefa Comercial del banco mencionado, Mariana Maya D. que confirman que la señora Ida Elba Pazzos Vera viuda de Vargas "es propietaria de la cuenta de ahorro 11350762-8 desde el 11 de julio de 1983", sin que haya habido cambio de propietario en dicha cuenta desde su fecha de apertura; y, 2.4.2, el que obra a fs. 41 del cuaderno de primer nivel por el que consta que el 18 de agosto de 1997 se entregó a Luis Arteaga y éste recibió el ganado vacuno y herramientas de trabajo, en fecha que coincide con la que el actor señala como la de su despido intempestivo; 2.5. La parte actora no logró demostrar las pretensiones a que se refieren los numerales 7, 9, 10 y 14 expuestos en su libelo de demanda; y los demandados, no probaron el pago de las restantes prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral que el actor reclama en la demanda; 2.6. En el considerando 30 de la sentencia de primera instancia consta al detalle las buenas y acertadas razones que tuvo la Jueza a-quo para determinar como evidente la relación o vínculo jurídico de carácter laboral que hubo entre el actor y la señora Ida Elba Pazzos viuda de Vargas, así como en el considerando 50 de la misma sentencia las razones para estimar como existente el despido intempestivo alegado en la demanda, en criterios y valoraciones que esta Sala comparte; y, 2.7. El tiempo de servicios y la remuneración percibida están acreditados por el juramento deferido rendido por el actor que obra a fs. 90 del cuaderno de primer nivel, conforme a lo dispuesto en el Art. 590 del Código del Trabajo. CUARTO.- En virtud del análisis anteriormente efectuado conclúyese que en la sentencia dictada por la' Sala de apelación, existió una errónea interpretación de los artículos 119 del Código de Procedimiento Civil y 590 del Código del Trabajo. Sobre la base de tales consideraciones, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta el recurso de casación interpuesto, casa la sentencia recurrida y dispone que se esté a lo resuelto en la sentencia de primera instancia. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator, Certifico que las cuatro copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Nº 359-2001

ACTORA: Dolores Susana Moya Ibarra.

DEMANDADA: ECAPAG.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito
, a 3 de diciembre de 2002; a las 11h30.

VISTOS: Ing. José Luis Santos García, en su calidad de Gerente General y representante legal de la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, ECAPAG, interpone recurso de casación de la sentencia expedida por la Segunda Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que confirma la sentencia venida en grado, que declara con lugar la demanda, dentro del juicio que por reclamaciones de índole laboral sigue en su contra, Dolores Susana Moya Ibarra. Admitido a trámite el recurso y cumplido el trámite respectivo, la causa se encuentra en estado de dictar resolución y para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer el recurso en mención, en razón de lo prescrito en el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 de 11 de agosto de 1998 y Arts. 1 y 2 de la Ley de Casación, así como por el sorteo legal practicado, cuya razón obra de autos. SEGUNDO.- Fundamenta su recurso en las causales 1ª, 2ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación. Asevera que se han violado las siguientes normas: Arts. 95, 592 y 169 numeral 20 del Código del Trabajo; Arts. 1588 y 1610 ordinal 10 del Código Civil; Arts. 74, 168, 169, 180, 280, 299 y 849 del Código de Procedimiento Civil; Art. 17 del Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo; Art. 1 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, Art. 2 de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos; y, Arts. 2 y 3 del Reglamento General a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos. En síntesis, manifiesta que la sentencia dictada por el Tribunal de alzada, adolece de una clara falta de aplicación y aplicación indebida de las normas de derecho citadas, apartándose de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, así como de las reglas de la sana crítica, al no otorgar validez jurídica al acta de finiquito que puso fin a la relación laboral y que cumple con todos los requisitos contemplados y exigidos por el Código del Trabajo, sin que la accionante en su libelo inicial haya impugnado dicho documento; sin embargo, el Tribunal de alzada ignora la validez de dicho instrumento público. Igualmente, se le condena ilegalmente a su representada, al pago de valores sobre remuneraciones y beneficios que corresponden a una indemnización de índole contractual, establecida en el contrato colectivo de trabajo, y que no son producto de prestación de servicios, tales como subsidios: familiar, alimentación, antigüedad. Finalmente, se hace un análisis equivocado en cuanto a la remuneración que normalmente percibía la actora durante su relación laboral, puesto que se consideran rubros contemplados bajo el régimen de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, como son gastos de residencia, responsabilidad y representación. TERCERO.-Realizada la confrontación que corresponde de la sentencia recurrida con el escrito de interposición del curso constante de fs. 17 a 26 vta. del cuaderno de segunda instancia, y luego del estadio y análisis del proceso, la Sala procede a realizar las siguientes observaciones: A) No existe discusión alguna con respecto a la existencia de la relación labor innegable entre las partes contendientes. El motivo central de la controversia que le corresponde a este Tribunal dilucidar, es determinar si se aplicó o no el Art. 17, literal b) y último párrafo del mismo, del Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, ECAPAG, y el Comité de Empresa de sus Trabajadores así como también establecer la validez del acta de finiquito. B) A la audiencia de conciliación constante de fa. 25 a 27 del acuerdo de primer nivel, concurrieron ambas partes litigantes, las que, por lo dispuesto en el Art. 118 del Código Adjetivo Civil, quedaron obligadas a probar los hechos que alegaron, excepto los que se presume conforme a la ley. C) No es absolutamente verdadero que el acta de finiquito sea impugnable únicamente por no haber sido celebrada ante el Inspector del Trabajo o porque no se encuentran pormenorizados los respectivos rubros, pues ni siquiera las escrituras públicas escapan a la posibilidad de ser impugnadas, ya sea porque exista algún vicio legal en ellas o porque n o se observó en su conformación, alguna norma de derecho. D) En la especie, no se ha producido impugnación alguna del acta de finiquito, constante a fs. 51 y reproducida a fa. 105 del cuaderno de primer nivel. De lo que se trata, es de propiciar una reliquidación de los valores calculados, en razón de que la determinación de algunos de ellos, se han hecho sobre cantidades disminuidas, lo que entrañaría una implícita renuncia de derechos que está prohibido por la Constitución Política de la República, en su Art. 35, numeral 409 por el Art. 4 del Código del Trabajo, en razón del carácter protector que tiene el derecho del trabajo. E) El Art. 94 ibídem (actual Art. 95) ordena que en la remuneración que sirve de base para su aplicación, comprenda todo lo que el trabajador recibe en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que percibirá por trabajos extraordinarios, suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficio, aporte individual al IESS cuando lo asume el empleador o cualquier otra retribución que tenga carácter normal en la industria o servicio. Esto significa que la remuneración que debió servir de base para el pago de la bonificación por jubilación al actor, debió ser calculada teniendo en cuenta no sólo la remuneración básica sino también los subsidios de antigüedad, familiar, alimentación, así como lo percibido por trabajos extraordinarios y suplementarios, sin ninguna otra excepción que las que contempla el inciso 20 del mismo Art. 94 del Código del Trabajo (actual Art. 95), entre ellas: "...el beneficio que representan los servicios de orden social...", pero tal excepción no puede ser entendida como lo pretende la parte recurrente en el sentido de que los subsidios no forman parte de la remuneración, puesto que no son servicios de orden social, sino obligaciones dinerarias. CUARTO.- De lo manifestado, se colige que el fallo del Tribunal de alzada no violó ningún precepto contractual que señala el recurrente, ni norma sustantiva o adjetiva alguna, que hubieren sido determinantes en la decisión de la causa. QUINTO.- Sobre la base de estas consideraciones, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso de c asación interpuesto por la empresa demandada. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico.- f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las dos copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003.- f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Nº 10-2002

ACTOR: Fausto Efraín Falconí Valdez,

DEMANDADA: Dirección General de Aviación Civil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 3 de diciembre de 2002; a las 11h00.

VISTOS: El Brigadier General César Naranjo Anda, en su calidad de Director General de Aviación Civil, interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Quinta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que revoca la dictada por el Juez Primero del Trabajo del Guayas que declaró sin lugar la demanda y en su defecto declara parcialmente con lugar la misma, en el juicio propuesto por Fausto Efraín Falconí Valdez contra la entidad recurrente, por el pago de prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral. Luego de agotado el trámite previsto en la Ley de Casación, corresponde resolver y, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso en mención, en razón de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- La recurrente fundamenta su recurso de casación en las causales 1 y 5 del Art. 3 de la Ley de Casación, que éstas se producen por falta de aplicación de algunas normas jurídicas que invoca y las concreta así: Que existe omisión de la solemnidad sustancial a la que se refieren los ordinales 30 y 40 del Art. 355 del Código de Procedimiento Civil al no haberse citado al señor delegado de la Procuraduría General del Estado, como lo dispone el Art. 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, sosteniendo que esta omisión acarrea la nulidad del proceso. Sostiene que hay violación del Art. 73 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que dispone que las entidades adscritas o dependientes del Ministerio de Defensa Nacional y de las respectivas Fuerzas Armadas se regirán estrictamente por las leyes y reglamentos que regulan el ordenamiento jurídico de las Fuerzas Armadas y que sus funcionarios y empleados tendrán la calidad de empleados civiles. Reconoce que el Art. 125 de la Constitución de 1979 cambió el régimen jurídico al que estaban sometidos los trabajadores de las entidades del sector público, pero argumenta que esta disposición no se extiende a las Fuerzas Armadas y sus entidades adscritas o dependientes que se regulan por la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas por disponerlo así el Art. 183 de la Constitución, antes Art.. 129, hace hincapié en que no se declaró la nulidad del proceso y la incompetencia del Juzgado por la razón de la materia, por lo dispuesto en el Art. 577 del Código del Trabajo y crítica el considerando 70 de la sentencia que impugna en el que, según el recurrente, la Sala aceptó "los puntos planteados por mi representada" pero luego, incongruentemente, afirmó que no habla omisión de solemnidad sustancial alguna violentándose incluso el Art. 1042 del Código de Procedimiento Civil, por no haberse recabado la opinión del señor Ministro Fiscal del Guayas y Galápagos. Añade que se violaron los artículos: 4, 6, 15, 16 y 17 entre otros, de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, (R.O. S Nº 660 del 10 de abril de 1991), así como que no se consideró el Art. 2 de la Ley Nº 32 reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas. TERCERO.- Confrontada la sentencia con el escrito contentivo del recurso de casación interpuesto por la entidad demandada que obra de fs. 14 a 16, del cuaderno de segunda u última instancia con las normas que se estiman violadas y los autos, la Sala formula las precisiones siguientes: 1.- El Art. 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado (Ley Nº 91, R.O. 335: 9 de junio de 1998) que invoca el recurrente como omisión de solemnidad sustancial común a todos los juicios e instancias, por lo dispuesto en el Art. 335, 3ª 4ª solemnidad sustancial fijadas en el Código de Procedimiento Civil, decía: "Las citaciones o notificaciones judiciales por demandas contra el Estado o las dependencias u organismos que carezcan de personalidad jurídica, se harán al Procurador General del Estado, en la persona del funcionario de la Procuraduría que corresponda: o, a los delegados, Distritales o Provinciales de la Procuraduría de conformidad con el Reglamento Orgánico Funcional de la Institución". 2.- La Dirección General de Aviación Civil es una entidad de derecho público con personería jurídica y fondos propios y su representación legal le corresponde al Director General por lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley de Aviación Civil. 3.- De conformidad al Art. 12 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado anteriormente especificada "el ejercicio del patrocinio de las entidades con personalidad jurídica incumbe a sus representantes legales, directores, síndicos, asesores jurídicos o procuradores judiciales, quienes serán civil, administrativamente y penalmente responsables del cumplimiento de esta obligación, sin perjuicio de las atribuciones y deberes del Procurador". 4.- De la atenta lectura de los artículos 12 y 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado se infiere que la citación de la demanda contra el Estado o sus dependencias u organismos que carezcan de personalidad jurídica debe, en efecto, hacerse, pero esta situación jurídica no es la que acontece en el caso sub júdice, en virtud de que la Dirección General de Aviación Civil tiene personalidad jurídica, es decir, la aptitud legal para ser sujeto de derecho y obligaciones, incurriendo el recurrente en el error de confundir la personalidad jurídica con la ilegitimidad de personería, que en la especie no existe ni activa ni pasivamente, porque ésta supone falta o insuficiencia de poder o carencia de la facultad legal para intervenir en representación o a nombre de otro, como fluye del contenido del Art. 104 del Código de Procedimiento Civil, en forma tal que no se ha producido omisión de las solemnidades sustanciales comunes a todos los juicios e instancias a que se contrae la impugnación del recurrente, evidenciándose en el proceso que la Dirección General de Aviación Civil pudo ejercer a plenitud su derecho a la defensa, por lo que no cabe la declaratoria de nulidad en los términos que lo plantea y pretende quien recurre. 5.- El Art. 125 de la Constitución aprobada en referéndum del 15 de enero de 1978 y publicada en el R.O. Nº 800 de 27 de marzo de 1979, en su parte final decía: "Las relaciones entre los organismos comprendidos en las letras a) y b) de instituciones creadas por Ley para el ejercicio de la potestad estatal y sus servidores, se sujetan a las leyes que regulan la administración pública, salvo las que se refieren al sector laboral determinadas en el Código del Trabajo"; y el Art. 183 de la Constitución vigente que invoca el recurrente pero sin especificar a cuál de' los incisos o fracciones del mismo se está refiriendo, no varia en absoluto el alcance del principio de que las relaciones de las instituciones creadas por Ley para el Ejercicio de la Potestad Estatal y sus Servidores pueden regirse por el Código del Trabajo, según la naturaleza de dicha relación, con mayor razón aún si consideramos que el Art. 1 del Código del Trabajo al precisar el ámbito del mismo establece que sus preceptos se aplican a las diversas modalidades y condiciones de trabajo. 6.- Tampoco procede la pretensión de que se declare la nulidad del proceso por incompetencia del Juez del Trabajo por razón de la materia, no sólo por lo ya dicho, sino por las razones y fundamentos precisados en el considerando 20 de la sentencia de segunda y última instancia, en el mismo que se determinó con claridad: "orientan de manera inderogable a sostener que si el actor laboró como médico en el aeropuerto Simón Bolívar de Guayaquil, lo hizo como empleado civil, por lo que su vinculación jurídica con la entidad empleadora: La Dirección de Aviación Civil, estuvo sustraída al régimen de excepción contemplado para los miembros de las Fuerzas Armadas". .7.- La supuesta violación de los artículos 4, 6, 15, 16 y 17 "entre otros" de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y del Art. 2 de la Ley Nº 32 que la reformó, carece de relevancia jurídica en este proceso, en tanto que fue el actor quien alegó en su demanda que esta reforma es inconstitucional en cuanto a los trabajadores civiles, porque atenta al derecho a la estabilidad al fijarse los 65 años de edad como límite para prestar servicios en la institución, pretendiendo a base de dicho criterio el pago de indemnizaciones que corresponden al despido intempestivo, hecho éste que no ha sido probado y consta como desechado por los juzgadores de instancia. CUARTO.- En consecuencia, no aparecen en la sentencia que se está impugnando, las violaciones a las normas legales que precisa el recurrente en el recurso interpuesto. Sobre la base de tales consideraciones, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desecha el recurso de casación interpuesto. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las tres copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Nº 66-2002

ACTOR: Eloy Paucar Navarrete.

DEMANDADA: Auto Importadora Galana C. Ltda.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 3 de diciembre de 2002; a las 08h30.

VISTOS: Auto Importadora Galarza C. Ltda. y Herberth Rodrigo Galarza Martínez interpone recurso de casación de la sentencia de segunda instancia dictada por la mayoría de la Cuarta Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que aceptando la demanda revoca el fallo de primer nivel emitido por el Juez Tercero del Trabajo del Guayas (subrogante del segundo) que la declara sin lugar, dentro del juicio verbal sumario de trabajo propuesto por Eloy Paucar Navarrete contra Auto Importadora Galarza C. Ltda. y sus representantes Herberth Rodrigo Galarza Martínez y Wilfrido Galarza Campoverde. El estado de la causa es el de dictar resolución, y para hacerlo se hacen las consideraciones siguientes: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en mención, en razón de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El recurrente ataca la sentencia del Tribunal de apelación afirmando que en ella se transgredió la disposición contenida en el Art. 386 del Código de Procedimiento Civil, por errónea interpretación. Asevera también que en este proceso al contestar la demanda, los demandados opusieron la excepción de cosa juzgada, lo que a criterio del impugnante ha sido suficientemente acreditado, por lo cual la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil incurrió en una grave y equivocada interpretación al aplicar el principio indubio pro operario como un perjuicio en contra del demandado. TERCERO.- Hecha la confrontación entre el escrito contentivo del recurso. la mora jurídica invocada y las constancias procesales, caben las siguientes reflexiones: 1 . - En este proceso básicamente se han discutido dos cuestiones: a) La excepción de cosa juzgada propuesta por el demandado en la audiencia de conciliación, en relación con el hecho de la presentación de un escrito de desistimiento de la demanda, formulado por el mismo actor en un juicio análogo; y, b) La excepción de prescripción liberatoria de la acción, planteada por los demandados, a base de la afirmación hecha por el actor en el sentido de que fue despedido el 15 de marzo de 1995, acto que se habría producido tres años después de la citación de la demanda operada el 28 de mayo de 1998. Sin embargo, este pronunciamiento únicamente se remite a la primera cuestión planteada, en razón de que el recurso de casación se contrae exclusivamente a dicho asunto. 2 - Al tenor del libelo inicial, evidentemente la persona jurídica demandada es "Auto Importadora Galana C. Ltda.." lo que se infiere del siguiente texto: "FUNDAMENTOS DE DERECHO. Por los antecedentes antes expuestos, ante usted señor Juez comparezco, para demandar, como en efecto demando, al señor HERBERTH RODRIGO GALARZA MARTINEZ, por sus propios derechos, y por los derechos que representa de la compañía AUTO IMPORTADORA GALARZA C. LTDA ". 3.- De su parte, el instrumento de fs. 17-18 refleja que se presentó un escrito de desistimiento en un juicio tramitado en el Juzgado Primero del Trabajo del Guayas que tiene el Nº 658-96, planteado por Eloy Alfonso Paucar Navarrete contra la Empresa "Auto Importadora Galarza SA.". En este aspecto, el fundamento del cuarto considerando de la sentencia de apelación que desestima la excepción de cosa juzgada, es acertado. 4.- A lo dicho en el número inmediato anterior se debe agregar lo siguiente: el Art. 386 del Código de Procedimiento Civil, supuestamente transgredido, parte de la hipótesis de que el desistimiento formulado al que se le da el efecto de cosa juzgada, sea válido. Más conforme así lo señala el Art. 383, núm. 2 del mismo cuerpo legal procesal "Para que el desistimiento sea válido, se requiere:... 2. que conste en los autos y reconozca su firma el que lo hace; ...". En estos autos, no se halla acreditado el hecho del reconocimiento de la firma que el actor habría estampado en el escrito de desistimiento en el que se sustenta la excepción de cosa juzgada, lo que conduce a desestimar la susodicha excepción. En consecuencia, esta Sala concluye que no es admisible el recurso de casación. Por lo manifestado en los considerandos anteriores, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no acepta el recurso de casación planteado por el recurrente. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las dos copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Nº 69-2002

ACTOR: Luis Octaviano Barrera.

DEMANDADA: Autoridad Portuaria de Guayaquil.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 2 de diciembre de 2002; a las 14h45.

VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo que sigue Luis Octaviano Barrera en contra de Autoridad Portuaria de Guayaquil, la parte demandada interpone recurso de casación de la sentencia dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que con la reforma que en ella se introduce, confirma la del inferior que declaró con lugar la demanda. Admitido a trámite el recurso, elevados los autos a esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia,' en virtud del sorteo de ley y encontrándose la causa en estado de resolver, para hacerlo, se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso en mención en virtud de lo previsto por el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- La recurrente impugna la sentencia basándose en la supuesta violación de los Arts. 117, 118, 119 y 120 del Código de Procedimiento Civil; 95 y 592 del Código del Trabajo; cláusulas 40, 44, 47, 53, 76 y 78 del Segundo Contrato Colectivo Unico de los Trabajadores suscrito entre Autoridad Portuaria de Guayaquil y sus trabajadores; 173 de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, y, .19 de la Ley de Casación. Fundamenta su impugnación en las causales uno y tres del Art. 3 de la Ley de Casación. En resumen, la demandada afirma que el acta de finiquito cumple con todos los requisitos legales que exige el Art. 592 del Código del Trabajo, pues tal acta se celebró ante la autoridad administrativa correspondiente y la liquidación que se practicó fue debidamente pormenorizada, por lo que no cabe su impugnación. Agrega que "la prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica... Así reza el artículo Nº 119 del mismo cuerpo de leyes arriba indicado". TERCERO.- Confrontada la sentencia con el escrito de interposición del recurso de casación, y las disposiciones legales pertinentes, la Sala -hace las siguientes puntualizaciones: 1.- El finiquito es el documento por medio del cual un trabajador acepta la liquidación de sus haberes pendientes de pago y si fuere del caso, de las indemnizaciones a que tiene derecho. Por este medio es también posible establecer la forma de terminación de la relación laboral y el acta que la contiene, de no amoldarse a las exigencias establecidas por la ley, es impugnable. 2.- Es digno de resaltar que en el acta de finiquito (fs. 15 a 16) se contempla una declaración en la que expresamente se reconoce que el 8 de noviembre de 1993 el demandante quedó cesante por disposición superior lo que significa que el vínculo contractual que existió entre los litigantes terminó por voluntad unilateral del empleador. 3.- La cláusula 78 numeral 1 del contrato colectivo de trabajo que regla las relaciones entre los justificables a la fecha en que terminó el contrato de trabajo, determina que cada empleado o trabajador recibirá mensualmente de la empleadora el cupo de compra que respectivamente le corresponde, según la precisión que se hace a continuación, que le será asignado sin costo alguno por parte de la empleadora, para comprar cualquiera de los productos y artículos de subsistencia que se venden en cualquiera de los comisariatos que se pongan de acuerdo las partes en sustitución de los víveres subsidiados. Estos cupos de compra fijados en el numeral 1, serán incrementados automáticamente cada semestre en el 20/o, sin que conste el acta de finiquito (fs. 15 a 16) que se pagó dicho rubro, por lo que es procedente su pago, conforme a lo establecido en el numeral 1 de la cláusula contractual mencionada. 4.- El Art. 95 del Código del Trabajo que regía a la fecha de terminación de la relación contractual entre los litigantes, de texto casi idéntico al contenido del numeral 14 del Art. 35 de la Constitución Política de la República, decía: "Para el pago de indemnizaciones a que tiene derecho el trabajador, se entiende como remuneración todo lo que el trabajador reciba en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que percibiere por trabajos extraordinarios y suplementarios, a destajo, comisiones, participación en beneficios, el aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando lo asume el empleador, o cualquier otra retribución que tenga el carácter de normal en la industria o servicio. Se exceptúan el porcentaje legal de utilidades, los viáticos o subsidios ocasionales, la décima tercera, décima cuarta y décima quinta remuneraciones, la compensación salarial y la bonificación complementaria, y el beneficio que representan los servicios de orden social". En torno a la materia a que se refiere el caso sub júdice, del texto citado se extrae que los valores correspondientes al aporte individual pagado al IESS, el de-subsidio de alimentación y familiar, el cupo de compra en comisariato, bono de productividad, todos ellos previstos en el Segundo Contrato Colectivo de Trabajo, constituyen retribuciones de carácter normal en la institución demandada y no se encuentran comprendidos en ninguna de las excepciones que contempla la misma norma de derecho antes reproducida, pues no se trata de beneficios incuantificables en relación con el ex-trabajador accionante, ni corresponden a servicios que el empleador hubiere otorgado al conjunto o masa de trabajadores. 5.- La censura que formula la recurrente respecto de que el Tribunal ad-quem habría violado el Art. 173 de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, no es verdad, pues esta disposición fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional mediante resolución, publicada en el Registro Oficial Nº 234 del 29 de diciembre de 2000. 6.- En cuanto a la censure basada en el inciso 20 del Art. 19 de la Ley de Casación, esta Sala resalta que en numerosos casos anteriores y análogos, ha expresado su criterio en el sentido de que un acta de finiquito es impugnable no solamente cuando se han incumplido los requisitos formales del Art. 592 del código de la materia, sino también cuando del proceso o del documento de finiquito se encuentre acreditado que el acta correspondiente implica una renuncia de derechos o un perjuicio económico para el trabajador. En esta oportunidad la Sala reitera el susodicho pronunciamiento y por lo ya expresado en el número inmediato precedente, admite el fundamento de la pretensión de reliquidación. De otra parte, se recalca que la Corte Suprema de Justicia o cualquiera de sus salas, se encuentra exceptuada de la obligatoriedad a que se refiere el inciso 2 del Art. 19 de la Ley de Casación. Por las consideraciones antes manifestadas, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desestima el recurso de casación. Notifíquese y devuélvase. Cúmplase con lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de Casación.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros
Jueces.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las tres copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Nº 94-2002

ACTOR: Eduardo Figueroa Benavidez

DEMANDADA: ENFE.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 3 de diciembre de 2002; a las 11h30.

VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo propuesto por Eduardo Figueroa Benavides contra la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado, el actor interpone recurso de casación del a sentenciad e segunda instancia dictada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Ibarra, que declara sin lugar la demanda revocando el fallo de primer nivel emitido por el Juez Provincial de Imbabura que declara con lugar parcialmente la demanda. Encontrándose el proceso en aptitud de ser resuelto, para hacerlo me considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en mención, en razón de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El demandante ataca la sentencia del Tribunal de apelación afirmando que se han infringido las siguientes normas: de la Constitución Política del Estado: el Art. 35, núm. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 por falta de aplicación; del Código del Trabajo los Art. 4, 5, 6, 7 y el Art. 592, por aplicación indebida; y, del Código de Procedimiento Civil los Art. 119, 120 y 121 por falta de aplicación. Entre otros aspectos, en su desordenado memorial dice también el impugnante que se ha aplicado indebidamente el Art. 592 del Código del Trabajo, convalidando un acta transaccional que no es documento de finiquito. Que los señores integrantes de la Sala de apelación no analizan en forma debida las pruebas aportadas por las partes conforme lo ordena el Art. 120 del Código de Procedimiento Civil. Que la parte demandada deliberadamente no compareció ante el Juez a quo, a exhibir la documentación requerida en el término de prueba, para angustiar la defensa de la parte actora. También señala que los señores ministros de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Imbabura dan validez al simple informe del Contador de la empresa, que es parcializado. TERCERO.- Confrontado el escrito contentivo del recurso con las normas invocadas y las constancias procesales, se advierte: 1.- En este proceso la discusión gira alrededor de dos cuestiones fundamentales: la existencia de despido alegada por el trabajador,' del cual se derivarían sus derechos a percibir indemnizaciones; y, del incumplimiento de algunas obligaciones legales del empleador demandado. 2.- En cuanto al despido, no se ha demostrado en el proceso que haya ocurrido el acto violatorio del derecho a- la estabilidad, que se conoce con el nombre de - despido ilegal. La forma en que terminó la relación de trabajo, según el documento de fs. 22 a 25, suscrito por el accionante fue por acuerdo de las partes, sin que tenga relevancia el hecho de que constituye o n o d icho instrumento, un finiquito. En consecuencia, las reclamaciones formuladas sobre la base del hecho en mención, carecen de sustento. 3.- El cargo de violación del Art. 121 del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, se encuentra debidamente fundamentado, en relación con el documento de fs. 34 - 35, que no es prueba debidamente actuada, para efectos de la demostración de pagos supuestamente realizados por la empresa demandada, ya que se trata de afirmaciones formuladas por escrito por un empleado de confianza de la accionada, aún cuando para hacerlo, haya sido autorizado por el mismo Juez, que en este sentido obró al margen de la ley. El informe aludido no se ajusta a la hipótesis que describe el Art. 593 del Código del Trabajo puesto que dicha disposición por elemental lógica jurídica solo es aplicable para los casos de informes y certificaciones de entidades públicas que no son parte del mismo proceso en que se emiten dichos informes. -4.-No se ha demostrado en el proceso por parte del demandante, que trabajó hasta el día que él afirma en su demanda, pues resulta inaceptable la falta de precisión en el día en que supuestamente cesó la relación laboral al rendir su juramento deferido de fs. 38. En consecuencia, para los efectos pertinentes deberá entenderse que el tiempo de servicios se desarrolló entre julio 19 de 1971 y junio 30 de 1995. De lo manifestado se concluye que parcialmente es aceptable el recurso de casación interpuesto por el actor. Por las consideraciones expresadas, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLLCA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acepta parcialmente el recurso de casación interpuesto por el actor y ordena que la empresa demandada previa liquidación, que deberá ser formulada por el Juez a quo sin intervención de perito, pague lo, siguiente: la compensación por el costo de vida, hasta el 30 de junio de 1995; la compensación por transporte, hasta el 30 de junio de 1995; las partes proporcionales de las remuneraciones decimotercera, decimocuarta, decimoquinta y decimosexta y vacaciones, por el último periodo. Con intereses, en los términos del Art. 611 del Código del Trabajo. Se declara sin lugar las demás reclamaciones. Con costas. En el 10% del monto de la liquidación se señala como honorario del defensor del actor. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las dos copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Nº 95-2002

ACTOR: Segundo Tipán Quinatoa.

DEMANDADA: ENFE.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 3 de diciembre de 2002; a las 11h10.

VISTOS: Segundo Tipán Quinatoa interpone recurso de casación de la sentencia de segunda instancia dictada por la mayoría de la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito, que confirma el fallo de primera instancia emitido por la Jueza Quinta del Trabajo de Pichincha, que declara sin lugar la demanda, en el juicio verbal sumario de trabajo que tiene propuesto el recurrente contra la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado (ENFE). Agotado el trámite previsto en la Ley de Casación, la causa se encuentra en estado de dictar resolución, y para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en mención, en razón de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- En el extenso e incoherente escrito que contiene el recurso de casación, el impugnante afirma en el acápite "NORMAS DE DERECHO INFRINGIDAS" que en el fallo del Tribunal de apelación "se han infringido expresas disposiciones- constitucionales y legales vigentes, han aplicado indebida y erróneamente los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, las mismas que siendo inviolables, intangibles, ineluctables e ineludibles, como son los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Art. 35 de la Carta Magna; los Arts. 4, 5, 6 y 7 del Código del Trabajo, debían ser aplicadas en forma clara y precisa; no toman en cuenta las pruebas aportadas de mi parte según lo ordenado por el Art. 117 del Código de Procedimiento Civil. En el estudio de la prueba no se ha practicado que a la luz de lo preceptuado por los Arts. 119, 120 y 121 del citado código, han omitido la aplicación precisa de estas normas constitucionales y legales para sacrificar la administración de justicia, la aplicación y cumplimiento de la ley y más aún para castigar moralmente y económicamente, una vez más al trabajador litigante y a su familia a quien tiene que sustentar cuidado, protección, etc., y dama justicia ante los jueces y magistrados investidos del más alto grado el de juzgar correctamente a la luz de la ley, la justicia y la verdad.". Más adelante en el escrito que contiene el recurso, el accionante invoca también "La falta de aplicación correcta del Art. 592 del Código del Trabajo, es decir, sin reunir los presupuestos exigidos por esta disposición legal, al haber dado valor legal a la denominada Acta Transaccional, solo de conformidad con el Art. 52 de la Ley de Modernización del Estado...". TERCERO.- Hechas las comparaciones que proceden y analizados los preceptos mencionados en la censura formulada a la sentencia de alzada y las constancias procesales, la Sala advierte: 1 .- La cuestión esencial que se discute en este proceso se relaciona con el supuesto derecho que tiene el ex-trabajador demandante a percibir todos y cada uno de los valores que reclama en su demanda, que le han sido negados en los fallos de instancia, por estimarse en ellos que la entidad demandada ya cumplió con sus obligaciones al pagarle al actor la suma total de S/. 23 '709.169,00 conforme consta en los documentos de fs. 22 a 29, suscritos entre el 28 de diciembre de 1994 y el 30 de octubre de 1995. 2.- En cuanto a los documentos mencionados en el número precedente, aduce el actor en su confesión judicial (fs. 40) que lo obligaron a firmar la renuncia y que no firmó libre y voluntariamente, lo -cual entraña la obligación procesal para el confesante de acreditar de qué forma se afectó su consentimiento para provocar "la fuerza determinante" de la suscripción de tales instrumentos, lo que no aparece del proceso. 3.- La valoración de la prueba dentro de un proceso, solo corresponde a los juzgadores de instancia. A la Corte de Casación solo le está atribuida la posibilidad de revisar la sentencia en los casos en que en el proceso se adviertan violaciones de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que tales violaciones hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho. En el caso sub júdice, el cargo señalado es improcedente no solo porque en el recurso no se precisa la relación de causalidad antes mencionada, para provocar un pronunciamiento favorable, sino porque la Sala estima que tanto la Jueza de primera instancia como los ministros integrantes de la mayoría de la Sala de alzada han hecho una correcta evaluación de las pruebas, para arribar a la conclusión a la que llegaron. 4.- Por lo demás, no se observa la existencia de despido ni desahucio, que sirvan de base de las exigencias indemnizatorias, ni se ha acreditado conforme correspondía, la existencia de horas extras ni el trabajo efectivo hasta la fecha que menciona el actor. En cuanto a la diferencia de sueldos, supuestamente impaga, como consecuencia de las resoluciones 2 y 3 del Consejo Nacional de Salarios, débese tener en cuenta que el pronunciamiento de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en torno a dicho aumento fue expedido el 15 de marzo de 1995 y se publicó en el R.O. Nº 694 del 12 de mayo del mismo año, fecha a partir de la cual tuvo vigencia dicho aumento, pero que es posterior a la fecha en que terminó la relación de trabajo entre los litigantes. Lo manifestado nos lleva a la conclusión de que no se produjo la violación de ninguno de los preceptos mencionados por el recurrente, por lo cual el recurso resulta inadmisible. Por las consideraciones expresadas, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desestima el recurso de casación formulado por el demandante. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patillo, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico.

f) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las dos copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Nº 124-2002

ACTOR: Carlos Flores Muñoz.

DEMANDADO: Robert Cevallos Sornoza.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 3 de diciembre de 2002; a las 09h30.

VISTOS: En el juicio verbal sumario de trabajo propuesto por Carlos Flores Muñoz contra Robert Cevallos Sornoza, la parte demandada interpone recurso de c asación de la sentencia de segunda instancia dictada por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, que confirma el fallo de primer nivel emitido por la Jueza Primera del Trabajo de Manabí que declara con lugar parcialmente la demanda. Corresponde emitir resolución, atento el estado de la causa, y para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y resolver el recurso en mención, en razón de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El demandado Robert Cevallos Sornoza censura la sentencia del Tribunal de apelación afirmando que en ella se infringieron los Arts. 8 del Código del Trabajo; 34 y siguientes de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, por falta de aplicación. Afirma también que en ella se habrían violado "jurisprudencias dictadas por la Excma. Corte Suprema de Justicia, publicadas en el Diccionario de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (Tomo lx. Dr. Galo Espinosa M. pág. 175); y, Repertorio de Jurisprudencia (Tomo XVII. Dr. Juan Larrea Holguín. Pág. 329)". En la fundamentación de su recurso, el impugnante afirma que la Sala de alzada al estructurar la sentencia objeto del recurso lo hizo en forma diminuta, porque el actor al describir la supuesta relación laboral afirma en su demanda que trabajó para el recurrente como chofer del volquete de su propiedad, marca MACK, color rojo, de carrocería metálica, placa RBS-644, pero no acreditó en parte alguna su calidad de chofer ni los elementos que configuran el contrato individual de trabajo exigidos por el Art. 8 del código de la materia. TERCERO.- Luego de las confrontaciones correspondientes y del análisis de las constancias procesales, la Sala formula las siguientes observaciones: 1.- Esta resolución se contrae a decidir únicamente respecto a si se produjeron o no las infracciones que señala el accionante en el escrito de interposición del recurso. 2.- Dice el considerando tercero del fallo de primer nivel, que luego ratifica la sentencia de última instancia, que "Con las declaraciones juradas y libres de tacha de Guido Santiago Silva Alvarado -fs. 18 y 18 vta.-, Amado Arturo García -fs. 20- y Fredy Holanda Vera Zambrano -fs. 20 vta.-testigos que por no encontrarse incursos en las causales de los Arts. 217 y 220 del Código de proceder en lo civil son considerados idóneos por esta juzgadora, se han justificado dos hechos de suma importancia para la resolución de la causa. La efectiva prestación de servicios lícitos y personales del actor bajo la dependencia del accionado y que éste sin mediar justa causa, despidió intempestivamente al reclamante, pues los testigos en referencia deponen al interrogatorio del ordinal CUARTO.- del escrito de fa. 17 en forma circunstanciada, concordante y dando razones valederas y creíbles de su presencia en el lugar de los acontecimientos. En consecuencia, se declara la procedencia de la presente acción, aceptándose la relación de trabajo y el despido intempestivo aducidos". 3.- Es evidente que del texto citado en el número inmediato anterior se concluye que los juzgadores de instancia hicieron una valoración de la prueba para arribar a la conclusión manifestada en dicho texto. Por tanto, este Tribunal solo podría entrar a resolver una impugnación sustentada en el Nº 3 del Art. 3 de la Ley de Casación, esto es, por "aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba", lo que no ha ocurrido pues como se resume en el considerando segundo, la sentencia de segunda instancia ha sido impugnada por supuesta violación del Art. 8 del Código del Trabajo. 4.- Partiendo de la apreciación que hacen los juzgadores de instancia respecto de la prueba testimonial cuestión sobre la que este Tribunal no puede pronunciarse por la razón señalada en el número 3 de este considerando, este Tribunal no encuentra sustentación lógica ni valedera para aceptar el recurso de casación interpuesto por el cargo señalado. Tampoco se observa violación del Art. 34 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, pues el asunto que se ventila es de naturaleza laboral y no de tránsito. En cuanto a la jurisprudencia citada, débese tener en cuenta que la Ley de Casación en el numeral 1 de su Art. 3 se refiere a "Precedentes jurisprudenciales obligatorios", característica de la que carecen las ejecutorias de salas de la Corte Suprema que cita el impugnante. 5.- Causa extrañeza a este Tribunal la forma como la Jueza de instancia regula los honorarios inherentes al defensor del demandante, pues dispone que éste "será regulado oportunamente (el subrayado es de la Sala), de conformidad con el Art. 42, reformado de la Ley de Federación de Abogados del Ecuador,...". Más extrañeza causa todavía que la Corte Superior haya confirmado la sui géneris disposición de la Jueza de origen. Por lo manifestado en los considerandos anteriores, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, desestima el recurso de casación interpuesto por el demandado. Notifíquese devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango .Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las dos copias que anteceden son iguales a su original.- Quito, a 13 de enero de 2003,

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No 133-2002

ACTOR: Víctor Apreciano Andrade Mora.

DEMANDADA: INEPACA.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO LABORAL Y SOCIAL

Quito, a 3 de diciembre de 2002; a las 15h10.

VISTOS: El representante legal de la Empresa Industria Ecuatoriana Productora de Alimentos C.A. (INEPACA), interpone recurso de casación de la sentencia de segunda instancia dictada por la Tercera Sala de la H. Corte Superior de Justicia de Portoviejo que confirma el fallo de primer nivel emitido por la Jueza Segunda del Trabajo de Manabí, que declara parcialmente con lugar la demanda, dentro del juicio verbal sumario de trabajo propuesto por Víctor Apreciano Andrade Mora contra dicha empresa. La causa se encuentra en estado de dictar resolución, y para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Sala es competente para conocer y decidir el recurso formulado, en razón de lo prescrito por el Art. 200 de la Constitución Política de la República, publicada en el Registro Oficial Nº 1 del 11 de agosto de 1998 y el Art. 1 de la Ley de Casación. SEGUNDO.- El impugnante ataca la sentencia del Tribunal de apelación aseverando que en ella, por falta de aplicación según lo previsto en la causal primera del Art. 3 de la Ley de Casación, se han violado los Arts. 1588 y 1603 del Código Civil en relación con la cláusula ? del Décimo Sexto Contrato Colectivo de Trabajo suscrito entre INEPACA y sus trabajadores. Añade que también se ha violado el Art. 592 del Código del Trabajo y por falta de aplicación según la causal segunda del Art. 3 de la Ley de Casación, el Art. 119 del Código de Procedimiento Civil que conlleva a una errónea interpretación del Art. 19 de la Ley de Casación. En la fundamentación del recurso de la accionada, se afirma también que en la cláusula 5a del contrato colectivo de trabajo que regía las relaciones de los litigantes a la fecha en que terminaron su vinculación contractual se pactó una estabilidad por dos años para los trabajadores, señalando además que en caso de incumplimiento con dicha estabilidad se debería pagar al trabajador afectado una indemnización equivalente a los salarios que faltaren para completarse la estabilidad. Agrega el casacionista que del texto de la cláusula en referencia no se puede inferir la existencia a un derecho de indemnización por dos años, conforme los jueces de primera y segunda instancia lo han concedido bajo el supuesto de que el contrato "no es consumible". TERCERO.- Hechas las confrontaciones correspondientes y revisados los autos con minuciosidad, la Sala estima necesario formular las siguientes reflexiones: 1.- La materia fundamental sometida a decisión de este Tribunal en el recurso de casación interpuesto se contrae a establecer si del texto de la cláusula 5a del contrato colectivo de trabajo que regia la relación laboral entre los litigantes, al momento de finalizar su vinculación, se puede deducir la existencia del derecho del trabajador reclamante al pago de dos años de indemnización, conforme lo han ordenado los jueces de primera y segunda instancia en este proceso. Al respecto, dice la cláusula 5 en referencia: "El empleador garantiza a todos y cada uno de los trabajadores, amparados bajo este contrato colectivo, la estabilidad en sus respectivos puestos de trabajo, por un período de dos años, contados a partir de la terminación legal del anterior contrato, esto es el 15 de octubre del mil novecientos noventa y ocho, tiempo en el cual no podrá despedir ni desahuciar a ningún trabajador, de no cumplir con la estabilidad pactada pagará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la totalidad de los sueldos y salarios que faltaren para completarse la estabilidad señalada, indemnización que en ningún caso podrá ser menor de doce meses de sueldo, salvo lo dispuesto en el artículo 171 del Código del Trabajo, por cuyo caso la empresa se sujetará al trámite del visto bueno pertinente, sin perjuicio del pago de los beneficios de ley.". 2.- El texto transcrito en el número inmediato procedente establece con claridad meridiana en qué consiste la estabilidad y cuál es la sanción indemnizatoria que para el caso de violación, debe pagar el empleador. En este último aspecto, establece los parámetros que deben aplicarse para cuantificar el valor a pagarse, agregando un tope mínimo de doce meses de sueldo. 3.- Del acta de finiquito que aparece a fs. 1 de los autos, se infiere que la empresa demandada cumplió con el pago de la sanción por violación de la estabilidad con sujeción a lo dispuesto en la cláusula número cinco del Décimo Sexto Contrato Colectivo de Trabajo y lo que es más pagó, por el mismo concepto resarcitorio, las indemnizaciones que contemplan los Arts. 188 y 185 del Código del Trabajo, pese a que en el contrato colectivo no consta cláusula o pacto alguno que obligue al empleador a acumular las indemnizaciones contractuales y legales, por el mismo hecho del despido. 4.- Lo expresado exonera a este Tribunal del análisis de los cargos relativos a violaciones de los Arts. 1588 y 1603 del Código Civil. 5.- En cuanto al cargo de la supuesta violación del Art. 592 del Código del Trabajo, este Tribunal lo estima inadmisible, puesto que el acta de finiquito es impugnable no solo por razones formales sino también en el caso de que existiere una violación del principio de la irrenunciabilidad de derechos. Por lo expresado se concluye que es parcialmente aceptable el recurso deducido por la parte demandada. Por las consideraciones anotadas, esta Tercera Sala de lo Laboral y Social de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDADES LA LEY, acepta parcialmente el recurso de casación y ordena estar a lo resuelto en el fallo de primer nivel con excepción de la cantidad de USA 1.214,31, que corresponde a la diferencia de indemnizaciones por estabilidad, que se reclama en el número 6 de la demanda. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Nicolás Castro Patiño, Jorge Ramírez Alvarez y Angel Lescano Fiallo, Ministros Jueces.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico que las dos copias que anteceden son iguales a su original.

Quito, a 13 de enero de 2003.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

RESOLUCION 676

Dictamen 09-2002 de incumplimiento por parte de la
República de Bolivia en la aplicación de licencias previas a
la importación

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 30 literal a) y el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena sobre Programa de Liberación, los artículos 4 y 23 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General de la Comunidad Andina contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Resolución 638 de la Secretaria General; y,

CONSIDERANDO: Que mediante Resolución 638 de la Secretaria General, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 824 del 12 de agosto de 2002, se determinó que la exigencia por parte del Gobierno de Bolivia de licencias previas para la importación de los productos comprendidos en las subpartidas arancelarias NANDINA 0201.20.00, 0201.30.00, 0202.20.00, 0202.30.00, 0207.13.00, 0207.14 00, 0407.00.90, 1006.20.00, 1006.30.00, 1507.90.00, 1512.19.00, 1517.90.00,1701.9900, 1902 1100, 1902.2000, 1905.30.000, 2104.10.20 y 220421 00, constituye una restricción al comercio en los términos del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, que incide sobre la importación de productos originarios del territorio de los Países Miembros y vulnera el Programa de Liberación;

Que conforme a lo señalado por el literal e) del artículo 55 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General mediante la Resolución 638 antes aludida; la Secretaría General otorgó al Gobierno de Bolivia un plazo máximo de diez (10) días calendario para el levantamiento de la restricción existente para las importaciones originarias de los demás Países Miembros;

Que con fecha 11 de octubre de 2002, la Secretaria General de la Comunidad Andina, emitió la nota de observaciones SG-F/4.2.1/1783/2002, por medio de la cual se indicó al Gobierno de Bolivia que la aplicación de la referida restricción y el hecho de no haber cumplido con levantar tal medida, conforme a lo dispuesto por la Resolución 638, estaría generando un incumplimiento de normas emanadas del ordenamiento jurídico, en particular del artículo 4 id Tratado del Tribunal de justicia, del artículo 72 del Acuerdo de Cartagena y de la propia Resolución 638 de la Secretaria General. Para dar respuesta a la referida nota de observaciones, se concedió al Gobierno de Bolivia un plazo de diez (10) días hábiles;

Que mediante facsímil SG-X/4.2.1/1330/2002 de fecha 17 de octubre de 2002, la Secretaría General de la Comunidad Andina comunicó a los gobiernos de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela la emisión de la referida nota de observaciones;

Que a la fecha de emisión del presente dictamen, el Gobierno de Bolivia no ha informado a esta Secretaria General sobre la adopción de medidas dirigidas a levantar la restricción, ni ha contestado la nota de observaciones;

Que el artículo 3 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que: "...las Resoluciones de la Secretaria General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior";

Que, por mandato del artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia, los Países Miembros se encuentran obligados a adoptar la medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que la Resolución 638, por la cual se califica como restricción la aplicación de licencias previas a las importaciones de determinados productos, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, encontrándose obligada por consiguiente la República de Bolivia a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar su cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 4 del tratado del Tribunal;

Que sobre las presunciones de legalidad y ejecutoriedad de que gozan las resoluciones de la Secretaria General, el Tribunal de Justicia ha señalado que:

"Las Resoluciones que califican una medida interna como restricción al comercio, a los efectos del Capítulo y del Acuerdo de Cartagena... constituyen actos decisorios que crean en el País Miembro destinatario una obligación de cumplimiento inmediato, independientemente de que su validez, pueda ser cuestionada por la vía de la acción de nulidad. Por ello, la interposición del recurso administrativo comunitario de reconsideración, así como el judicial de anulación, en principio no afecta su ejecución, eficacia o vigencia, conforme lo establecen los artículos 21 del Tratado de Creación del Tribunal y 41 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General (Decisión 425). Excepcionalmente, la Secretaría General y el Tribunal disponen de la facultad de suspender provisionalmente los efectos del acto impugnado, mientras se tramitan el recurso de reconsideración y la acción de nulidad, respectivamente. Pero salvo que se produzca dicha orden de suspensión provisional, subsiste el obligatorio cumplimiento de las resoluciones de la Secretaria General hasta tanto se produzca un pronunciamiento en firme que revoque o anule el acto viciado de ilegalidad" (sentencia del 13 de octubre de 2000, Proceso 43-AI-99);

Que en el presente caso, ni el Tribunal de Justicia ni la Secretaría General han suspendido la ejecución de la Resolución 638 menos aún la han anulado o revocado, por lo que ésta resulta de obligatorio cumplimiento;

Que sobre el particular, el Tribunal de Justicia también se ha pronunciado en la sentencia de fecha 2 de junio de 2000 dentro del Proceso 2-AN-98, señalando que "la aplicación unilateral de una medida restrictiva implica un incumplimiento de las normas del ordenamiento jurídico andino";

Que en consecuencia, de conformidad con lo expuesto, la República de Bolivia está en la obligación de cumplir con la Resolución 638 a partir de la fecha en que ésta fue publicada en la Gaceta Oficial 824 esto es el 12 de agosto de 2002;

Que habiendo vencido el plazo para que cese en la aplicación de la restricción al comercio materia de la Resolución 638, la República de Bolivia no ha cumplido con su obligación hasta la fecha, constituyendo por tanto esta conducta un incumplimiento del ordenamiento jurídico andino;

Que conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, corresponde a la Secretaria General velar por la aplicación del acuerdo y por. el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que habiéndose demostrado la continuidad del incumplimiento aludido, así como vencido el plazo para contestar la nota de observaciones sin que se hubiera dado respuesta a la misma, conforme a lo establecido en el artículo 23 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, corresponde a la Secretaria General emiten dictamen de incumplimiento; y,

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, se informa que contra la presente resolución cabe el recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena,

Resuelve:

Artículo 1.- Determinar que la circunstancia que la República de Bolivia no haya levantado la restricción al comercio intrasubregional, representada por la exigencia de licencias previas para la importación de productos comprendidos en las subpartidas arancelarias NANDINA 0201.20.00, 020 1.30.00, 0202.20.00, 0202.30.00, 0207.13.00, 0207.14.00, 0407.00.90, 1006.20.00, 1006.30.00, 1507.90.00, 1512.19.00, 1517.90.00, 1701.99.00, 1902.11.00, 1902.20.00, 1905.30.00, 2104.10.20 y 2204.21.00, constituye un incumplimiento por parte de ese País Miembro de obligaciones emanadas de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y en particular del Capítulo V del Acuerdo de Cartagena, del artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y de la Resolución 638 de la Secretaria General.

Artículo 2.- De conformidad con el literal 1) del artículo 65 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General se concede a la República de Bolivia un plazo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la presente resolución, para que ponga fin al incumplimiento dictaminado.

Artículo 3.- Comuníquese a los Países Miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil dos.

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO
Secretario General

RESOLUCION 677

Dictamen 10-2002 que declara el incumplimiento de la
República Bolivariana de Venezuela al discriminar en
contra de productos originarios de la Subregión al aplicar
el impuesto al valor agregado

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El artículo 30, literal a) y el Capítulo V del Acuerdo de Cartagena sobre Programa de Liberación, los artículos 4 y 23 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Reglamento de Procedimientos Administrativos contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 21 de agosto de 2002, el Ministerio de Comercio Exterior de Colombia, mediante comunicación dirigida a esta Secretaria General, informó el posible incumplimiento del principio de Trato Nacional por parte de la República de Venezuela, al expedir la Ley de Reforma parcial a la Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), publicada en la Gaceta Oficial 37.480, y solicitó el respectivo inicio de investigación;

Que, en la referida comunicación, el gobierno colombiano señaló que mediante dicha ley se estada estableciendo una lista de bienes exentos del pago del impuesto al valor agregado disponiendo que tratándose de bienes o productos importados, la exención solo tendría lugar cuando no existiera producción nacional de esos bienes o productos, o cuando ésta existiera pero hiera insuficiente para atender la demanda;

Que, con fecha 4 de septiembre de 2002, la Secretaria General mediante fax SG-F/4.2.1/1 496/2002, dirigido al Ministerio de la Producción y del Comercio de Venezuela, comunicó el inicio de investigación por posible incumplimiento del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena, el cual establece que:

"En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales";

Que, mediante fax SG-F/4.2. 1/1497/2002 de fecha 4 de septiembre de 2002, la Secretaria General de la Comunidad Andina acusó recibo de la comunicación del Gobierno de Colombia de fecha 21 de agosto, informándole sobre el inicio de la investigación y requiriéndole la remisión de los elementos adicionales de información disponibles;

Que, mediante fax SG-X/4.2.1/1118/2002 de fecha 4 de septiembre de 2002, se puso en conocimiento a los gobiernos de Bolivia, Ecuador y Perú el inicio de la investigación;

Que, mediante comunicación VREI-DGIN-DCA/187/2002 de fecha 5 de septiembre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia precisó que, según la Reforma Parcial de la Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado, la exención de dicho impuesto solo procedería en caso de no existir producción venezolana de los bienes objeto del beneficio o cuando dicha producción fuera insuficiente, debiendo tales situaciones ser certificadas por el Ministerio correspondiente. A este respecto, el gobierno boliviano informó que el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Venezuela (SENIAT) habría establecido que, de no existir tal certificación, se debería constituir un depósito previo o una fianza bancaria por el equivalente a la alícuota del IVA, la cual es aplicable a la importación de ciertos productos que exporta Bolivia al mercado venezolano, tales como harina de frijoles, aceite de soya, tortas y demás residuos sólidos de soya. En ese sentido, el gobierno boliviano consideró que, siendo la alícuota del IVA aplicable solamente a las importaciones y no al comercio interno de los productos señalados en la mencionada ley, se constituiría en una medida de efecto equivalente a un gravamen contraviniendo los preceptos de libre comercio y trato igualitario establecidos en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena;

Que, mediante fax SG-F/4.2. 1/1530/2002 de fecha 6 de septiembre, la Secretaria General dio respuesta a la comunicación de la República de Bolivia, señalando que se había iniciado la investigación respectiva, y que sin prejuicio de ello, la información remitida seria tomada en cuenta al momento de resolver;

Que, mediante fax 401 DIN1N de fecha 4 de septiembre, el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad de Ecuador manifestó su preocupación sobre el hecho que las autoridades venezolanas habrían establecido un impuesto al valor agregado del 14.5 por ciento a todas las importaciones de productos similares a los productos que se fabrican en ese país, afectando las exportaciones ecuatorianas de productos análogos;

Que,, mediante fax SG-F14.2.1/136612002 de fecha 18 de septiembre, la Secretaría General comunicó al Gobierno de Venezuela la acumulación de la reclamación del Gobierno de Ecuador a la investigación iniciada por reclamación del gobierno colombiano;

Que, mediante fax SG-F/4.2.1/1239/2002 de fecha 26 de septiembre, la Secretaria General acusó recibo de la comunicación; del Gobierno de Ecuador y le informó sobre la acumulación;

Que, mediante facsímil SG-X/4.2. 1/1239/2002 de fecha 26 de septiembre de 2002, se puso en conocimiento a los gobiernos de Bolivia, Colombia y Perú la acumulación de la reclamación presentada por Ecuador a la investigación;

Que, con fecha 30 de septiembre de 2002, la Secretaria General considerando que la situación establecida por la Reforma Parcial de la Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado en Venezuela, podría constituir un acto discriminatorio contra los productos importados, emitió la nota de observaciones SG-F/4.2. 1/1680/2002. Señalando que, la República de Venezuela, al supeditar la exención del pago del impuesto al valor agregado de los bienes importados al hecho de que no exista producción nacional o que ésta sea insuficiente, estaría incurriendo en un incumplimiento de obligaciones emanadas de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, en particular del artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena concediendo un plazo no mayor a diez (10) días hábiles luego de su recepción, para dar respuesta a la misma;

Que, mediante fax SG-X/4.2. 1/1300/2002 de fecha 4 de octubre de 2002, se puso en conocimiento a los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú de la nota de observaciones enviada al Gobierno de Venezuela;

Que, mediante comunicación MCEIIVEIPIDGCE-E/7l6/2002 de fecha 3 de octubre, el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión de Bolivia señaló que la reforma de la Ley del IVA de Venezuela, al establecer una nómina de bienes a cuyas importaciones no se aplica el IVA en caso que no haya producción nacional o cuando dicha producción sea insuficiente, contradice el principio de Trato Nacional recogido en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena puesto que a los productos venezolanos no se les aplica el IVA mientras que los similares importado sí tendrían que pagar este impuesto;

Que, mediante comunicación 148 de fecha 14 de octubre, el Ministerio de la Producción y el Comercio de Venezuela respondió la nota de observaciones señalando que:

1. La Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada en la Gaceta Oficial 37.480 de fecha 9 de julio de 2002, se encuentra formalmente derogada, y habría sido sustituida por la publicada en la Gaceta Oficial 5.600 extraordinario de fecha 26 de agosto de 2002 y posteriormente por la Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado, publicada en la Gaceta Oficial 5.601 extraordinario de fecha 30 de agosto.

2. El texto de la nota de observaciones se estaría remitiendo a una ley que fue derogada antes de la fecha en que se le notificó del inicio de la investigación y no identifica cuál artículo de la ley es el que se considera como un posible incumplimiento. Tampoco menciona a qué subpartidas arancelarias NANDINA corresponden los productos supuestamente afectados por la medida. Por ello considera que la nota de observaciones formulada no cumpliría con los requisitos del artículo 61 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General de la Comunidad Andina y, en consecuencia, el procedimiento administrativo y la nota de observaciones estañan viciados de nulidad absoluta.

3. Finalmente, solicitó que la Secretaría General declarara la nulidad de sus actuaciones y ordenare el archivo del expediente;

Que, la investigación iniciada por esta Secretaria General está orientada a determinar si la conducta de la República de Venezuela al margen de la expresión formal normativa en que ésta se fundamente, consiste en fondo y en sustancia una vulneración del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena.

Que, con relación al primer alegato de Venezuela, cabe indicar que el tenor del artículo 17 de la Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado, el mismo que tipifica la conducta en cuestión, es idéntico tanto en el texto publicado en la Gaceta Oficial 37.480 de fecha 9 de julio de 2002 como en el publicado en la Gaceta Oficial 5.601 extraordinario de fecha 30 de agosto de 2002;

Que, con relación al segundo alegato de Venezuela, cabe señalar que en la presente investigación el universo de bienes afectados por la medida están identificados en el artículo 17 incisos 1 (remite al artículo 18) y 9 de la norma venezolana;

Que, la conducta señalada consiste en aplicar el impuesto al valor agregado a las importaciones, entre otras, de productos originarios de la Subregión, que sean similares a productos de fabricación local, sin que estos últimos se encuentren sujetos al mismo impuesto; supeditando la exención del impuesto a las importaciones al hecho de que no exista producción nacional o que ésta sea insuficiente y, obligando a la constitución de un depósito o fianza bancaria por el equivalente a dicha alícuota en caso de no existir pronunciamiento sobre la suficiencia de la producción nacional;

Que, mediante Providencia Administrativa SNAT/2002/l 172, de fecha 06/08/2002; publicada en la Gaceta Oficial 5.599 extraordinario de fecha 21 de agosto de 2002. el SENIAT de Venezuela, estableció el "Régimen Transitorio de Facturación para Contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado", el cual entró en vigencia el día 22 dé agosto de 2002. Este régimen regula la posibilidad de rectificar los documentos emitidos por los contribuyentes ordinarios en atención a la reforma de la Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado, publicada el 9 de julio de 2002 y vigente desde el 10 de agosto de 2002, que prevé una alícuota adicional de 10 por ciento aplicable a los bienes establecidos en su artículo 61 e incorpora nuevos contribuyentes ordinarios de este impuesto. Esta providencia da cuenta de la ejecución práctica de la disposición y da cuenta de la incorporación al régimen de nuevos contribuyentes, í.e los importadores;

Que, el artículo 17 de la Ley que Establece el Impuesto al Valor Agregado dispone en sus partes relevantes que "Están exentas del impuesto previsto en esta Ley".

1. Las importaciones de los bienes mencionados en el artículo 18 de esta ley (...).

9. Las importaciones de equipos científicos y educativos requeridos por las instituciones públicas dedicadas a la investigación y a la docencia. Asimismo, las importaciones de equipos médicos de uso tanto ambulatorio como hospitalario del sector público o de las instituciones sin fines de lucro, siempre que no repartan ganancias o beneficios de cualquier índole a sus miembros y, en todo caso, se deberá comprobar ante la Administración Tributaria, tal condición.

Parágrafo Unico: La exención prevista en los numerales 1 y 9 de este artículo solo procederá en caso de que no haya producción nacional de los bienes objeto del respectivo beneficio, o cuando dicha producción sea insuficiente, debiendo tales circunstancias ser certificadas por el Ministerio correspondiente";

Que, el artículo 18 de la citada ley establece que "Están exentas del impuesto previsto en esta Ley, las ventas de los bienes siguientes:

1. Los alimentos y productos para consumo humano que se mencionan a continuación:

a) Productos del reino vegetal en su estado natural, considerados alimentos para el consumo humano, y las semillas certificadas en general, material base para reproducción animal e insumos biológicos para el sector agrícola y pecuario.

b) Especies avícolas, los huevos fértiles de gallina, los pollitos, pollitas y pollonas para la cría, reproducción y producción de carne de pollo y huevos de gallina.

c) Arroz.

d) Harina de origen vegetal, incluidas las sémolas.

e) Pan y pastas alimenticias.

f) Huevos de gallinas.

g) Sal.

h) Azúcar y papelón, excepto los de uso industrial.

i) Café tostado, molido o en grano.

j) Mortadela.

k) Atún enlatado en presentación natural.

l) Sardinas enlatadas con presentación cilíndrica hasta ciento setenta gramos (170 gr).

m) Leche cruda, pasteurizada, en polvo, modificada, maternizada o humanizada y en sus fórmulas infantiles, incluidas las de soya.

n) Queso blanco duro.

o) Margarina y mantequilla.

p) Carne de pollo en estado natural refrigerada y congelada.

2. Los fertilizantes, así como el gas natural utilizado como insumo para la fabricación de los mismos.

3. Los medicamentos y agroquímicos y los principios activos utilizados exclusivamente para su fabricación, incluidas las vacunas, sueros, plasmas y las su5tancias humanas o' animales preparadas pata uso terapéutico o profiláctico, para uso humano, animal y vegetal.

4. Los combustibles derivados de hidrocarburos, así como los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina, tales como etanol, metano), metil -terbutil-eter (MTBE) etil-ter-butil-eter (ETBE) y las derivaciones de éstos destinados al fin señalado.

5. Las sillas de ruedas para impedidos y los marcapasos, catéteres, válvulas, órganos artificiales y prótesis.

6. Los diarios, periódicos y el papel para sus ediciones.

7. Los libros, revistas y folletos, así como los insumos utilizados en la industria editorial";

Que, el artículo 74 d el A cuerdo de Cartagena contiene una obligación de trato nacional expresada en los siguientes términos "En materia de impuestos, tasas y otros gravámenes internos, los productos originarios de un País Miembro gozarán en el territorio de otro País Miembro de tratamiento no menos favorable que el que se aplica a productos similares nacionales";

Que, no obstante que la conducta de la República de Venezuela puede constituir a los efectos prácticos un gravamen a las importaciones de origen subregional, el medio por el cual se impone dicho gravamen, es el de un tributo de carácter interno y general, siendo además que su base gravable, alícuota y método de aplicación se corresponden con este último por lo que se debe continuar el análisis bajo lo dispuesto en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena;

Que, el principio de trato nacional supone el compromiso de los Países Miembros de reconocer a los productos originarios de otro País Miembro un trato de menos favorable que el otorgado, en circunstancias equivalentes, a los productos nacionales similares. En tal sentido no puede presentarse una discriminación en el tratamiento de los bienes de Origen subregional en el territorio de los Países Miembros con respecto a los bienes nacionales;

Que, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha precisado el concepto de discriminación, entre otras en su sentencia del 16 de octubre de 1997, dentro del Proceso 4-Al-96, al manifestar que "la noción de discriminación implica tanto el manejo diferente de situaciones similares, como el manejo idéntico de situaciones diferentes";

Que, la aplicación de la medida en cuestión discrimina a los productos originarios de los demás Países Miembros en la medida que les otorga un trato diferente, ya que las importaciones de los productos contenidos en los numerales 1 (remite al artículo 18) y 9 del artículo 17 tendrían que pagar el impuesto al valor agregado cuando exista producción venezolana o cuando ésta sea suficiente para cubrir su mercado interno, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena;

Que, en 10 que se refiere a la exención del impuesto el valor agregado en favor de las importaciones de equipos científicos y educativos y de equipos médicos, prevista en el numeral 9 del artículo 17 de la ley, si bien ésta también se sujeta a la comprobación de que no existe producción nacional o de que dicha producción es insuficiente, la Secretaría General no dispuso de evidencias a lo largo del procedimiento en el sentido que las ventas nacionales de tales equipos estén exentas del impuesto por lo cual no se comprobó tratamiento discriminatorio en esta materia,

Que, el principio recogido en el artículo 74 del Acuerdo de Cartagena, constituye un elemento esencial dentro del Programa de Liberación;

Que, la competencia de la producción nacional con los productos importados de la Subregión constituye una situación normal de mercado que se busca fomentar con la zona de libre comercio y que, contrariamente a este fin, la norma bajo análisis busca encarecer;

Que, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 30 del Acuerdo de Cartagena, corresponde a la Secretaria General velar por la aplicación del Acuerdo y por el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, no siendo antendibles los alegatos de nulidad presentados por el Gobierno de Venezuela y habiéndose demostrado la continuidad del incumplimiento aludido, corresponde a la Secretaria General emitir Dictamen de Incumplimiento;

Que, de conformidad con lo establecida en el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General se informa que contra la presente Resolución cabe el recurso de reconsideración dentro de los 45 días siguientes a su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

RESUELVE:

Artículo 1.- Dictaminar que el hecho que la República de Venezuela supedite la exención del pago del impuesto al valor agregado de los bienes importados originarios de la Subregión a la condición de que no exista producción nacional a que ésta sea insuficiente, en tanto los bienes similares de origen nacional no están sujetos al pago del referido impuesto, constituye un incumplimiento por parte de ese País Miembro de obligaciones emanadas de normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y en particular del artículo 74 del Acuerdo de Cartagena y del artículo 4 del Tratado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Artículo 2.- de conformidad con el literal f) del artículo 65 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General se concede al Gobierno de Venezuela un plazo de veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de publicación de la presente Resolución, para que ponga fin al incumplimiento dictaminado.

Artículo 3.- Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil dos.

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO
Secretario General

RESOLUCION 678

Recurso de Reconsideración presentado por el Gobierno de Venezuela contra la Resolución 613 de la Secretaría
General

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Capítulo V del Acuerdo de Cartagena sobre Programa de Liberación, el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General contenido en la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores y la Resolución 613 de la Secretaría General; y,

CONSIDERANDO: Que, con fecha 8 de abril de 2002, la Secretaria General emitió la Resolución 613, publicada el 9 de abril de 2002 en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 780, mediante la cual se determinó que el cobro establecido por el Gobierno de Venezuela a la importación de textiles originarios de Países Miembros de la Comunidad Andina constituye un "gravamen" a los efectos del Capítulo V sobre Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena La Resolución 613 fue emitida como resultado de un procedimiento iniciado por denuncia del Gobierno del Perú quien se refirió al cobro de gravámenes a las importaciones de textiles procedentes de los Países Miembros, ascendente a tres dólares estadounidenses por kilogramo (US$ 31kg) de prendas;

Que, con fecha 24 de mayo de 2002, el Gobierno de Venezuela solicitó, dentro del término legal previsto en el artículo 44 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaría General, la reconsideración de la Resolución 613, bajo los siguientes argumentos:

1. La resolución conjunta del Ministerio de Finanzas 682 y del Ministerio de la Producción y el Comercio 004, mediante la cual se estableció el Sistema de Bandas de Precios Referenciales seria de fecha 7 de enero de 2002 y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela 37.372 del 25 de enero de 2002.

2. La resolución de la Secretaria General argumente que con la Resolución Conjunta venezolana se estaría legalizando el cobro de gravámenes a las importaciones procedentes de la Comunidad Andina; argumento que considera improcedente.

3. La posible situación ocurrida en una sola aduana de ese país no debería equipararse a una situación generalizada de supuesta imposición de gravámenes en todas las aduanas venezolanas y a todas las importaciones originarias de la Comunidad Andina.

4. El Gobierno del Perú estada confundiendo un procedimiento de determinación del valor en aduana con la imposición de un gravamen o un cobro no permitido de derechos arancelarios.

5. Antes de recurrir a la Comunidad Andina el Gobierno del Perú debió efectuar consultas con el servicio aduanero venezolano, para corregir los eventuales perjuicios ocasionados a algún importador que hubiera introducido, productos textiles o de la confección originadas de Perú. Estos perjuicios podrían haberse solucionado con la vía administrativa interna, a través de la interposición de recursos o de la solicitud de reintegro de impuestos pagados en exceso, en caso de determinarse la actuación arbitrada o discrecional de los funcionarios de esa u otras oficinas aduaneras;

Que, a continuación el Gobierno de Venezuela presentó una serie de descargos referentes a la aplicación, existencia y sentido de sistema de Bandas de Precios Referenciales;

Que, como resultado de consideraciones basadas en el Sistema de Bandas de Precios Referenciales, Venezuela concluye que no está exigiendo en las importaciones o productos textiles o de la confección ningún pago obligatorio que no sea el establecido en los instrumentos comunitarios y en la legislación nacional. Tampoco estada exigiendo recargos, ni sobre costos ni habría introducido una restricción a las importaciones o medidas de efecto equivalente;

Que, con respecto al primer alegato, la Secretaria General verificó la fecha de estrada en vigencia de la citada resolución conjunta, siendo esta el 26 de enero del presente año, día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela tal como lo dispone el artículo 12 de la misma por lo que el cobro de tres dólares por kilogramo bruto de peso aplicado a las importaciones pertinentes no estaba legalmente amparado en el señalado dispositivo;

Que, sin prejuzgar sobre la legalidad o procedencia del Sistema d e Bandas de Precios Referenciales en la normativa andina, asunto sobre el que la Secretaría General se reservó el derecho de analizar en procedimiento aparte, esta constatación reafirma el carácter de gravamen de la medida que se analiza;

Que, en relación a la segunda afirmación del gobierno venezolano, cabe resaltar que la Secretaria General no ha aseverado que con la resolución conjunta venezolana se estada legalizado el cobro de gravámenes a las importaciones procedentes de la Comunidad Andina ya que tal aseveración corresponde al gobierno peruano y figura consignada como parte de su alegato, tal como se aprecia en la propia Resolución 613;

Que, con respecto al tercer alegato cabe reiterar que el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena no distingue entre casos de aplicación puntual o general por lo que basta, para que una medida sea declarada como gravamen, que ésta suponga una exacción de carácter obligatorio sobre importaciones originadas de la Subregión. De otro lado cabe indicar que cualquier País Miembro tiene el derecho expedido a recurrir a la justicia subregional en el momento en que tenga conocimiento o considere que alguna autoridad de otro País Miembro unilateralmente haya aplicado medidas que lo afecten;

Que, en relación al cuarto alegato, cabe precisar que el Sistema de Bandas de Precios Referenciales no es materia de la presente resolución por lo que cabe reiterar la reserva expresada precedentemente;

Que, sobre el quinto alegato, cabe indicar que el acceso a los órganos comunitarios no se subordine en modo alguno al agotamiento de recursos internos en un País Miembro, ya que se trata de una vía de reclamación distinta. Adicionalmente, se observa que en sus alegatos el gobierno peruano señala que el aludido gravamen fue aplicado automáticamente, sin expresión de causa y sin conferir oportunidad de defensa a los perjudicados, lo que el Gobierno de Venezuela no ha desvirtuado;

Que, en conclusión, el Gobierno de Venezuela no ha contradicho los alegatos presentados por el gobierno peruano en el sentido que las importaciones de textiles han sido objeto de cobro de un derecho ascendente a tres dólares estadounidenses por kilogramo bruto de peso y, antes bien, ha pretendido justificar la aplicación de la medida en cuestión en una norma cuya vigencia es posterior al hecho reclamado;

Que, como lo señala el artículo 71 del Acuerdo de Cartagena, el Programa de Liberación tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originados del territorio de cualquier País Miembro;

Que, el artículo 72, primer párrafo, del Acuerdo de Cartagena considera como "gravámenes los derechos aduaneros y cualquier otros recargos de efectos equivalentes, sean de carácter fiscal, monetario o cambiado, que incidan sobre las importaciones";

Que, en virtud de lo indicado en los considerandos anteriores, la Secretaria General no encuentra elementos que justifiquen atender la solicitud de reconsideración presentada por el Gobierno de Venezuela en contra de la Resolución 613;

Que, conforme a lo previsto en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General, contra la presente resolución no puede interponerse un nuevo recurso de reconsideración, dejándose a salvo el derecho de las partes a recurrir ante el Tribunal, sin perjuicio del cumplimiento de lo que aquí se dispone;

RESUELVE:

Artículo 1.- Declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el Gobierno de Venezuela contra la Resolución 613 de la Secretaria General. En consecuencia, confirmar el contenido de la resolución impugnada.

Artículo 2.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de la Secretaria General, comuníquese a los Países Miembros la presente resolución, la cual entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiséis días del inca de noviembre del año dos mil dos.

GUILLERMO FERNANDEZ DE SOTO
Secretada General

EL CONCEJO DEL CANTON BABA

Considerando:

Que los objetivos esenciales del Municipio, de conformidad con la Ley de Régimen Municipal, son los siguientes:

1. Procurará el bienestar material de la colectividad del cantón, y contribuir al fomento y protección de los intereses locales.

2. Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón: áreas urbanas y rurales.

3. Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y la confraternidad de los asociados, para lograr el creciente progreso y la indisoluble unidad nacional.

Que para el logro de los fines esenciales, la Ley de Régimen Municipal, le asigne las siguientes funciones primordiales:

1. Dotar al cantón del sistema de agua potable y alcantarillado.

2. Construcción, mantenimiento, asco, embellecimiento, regulación del uso de los caminos, calles, parques, plazas y demás lugares públicos.

3. Recolección, procesamiento o utilización de residuos.

4. Dotación de los servicios indispensables a la comunidad.

5. Control de alimentos: forma de elaboración, manipuleo y expendio de víveres.

6. Ejercicio de la policía de moralidad y costumbres.

7. Control de construcciones, autorizar el funcionamiento de locales industriales, comerciales y profesionales.

8: Prestar el servicio de cementerio.

9. Fomentar el turismo.

10. Prestar los servicios de camal, plazas y mercados.

Que el Art.11 de la Ley Orgánica que la Contraloría General del Estado, publicado en el Registro Oficial Nº 595 del 12 de junio de 2002, señala la obligatoriedad de publicar en ese órgano del Estado, el Reglamento Orgánico y Funcional de las Entidades del Sector Público;

Que para el cumplimiento de sus funciones requiere de una adecuada estructura orgánica y funcional debidamente reglamentada; y,

En uso de las atribuciones que le confieren los Arts. Nos. 64, 1, 126 en concordancia con el Art. 72, numeral 27, respectivamente de la Ley de Régimen Municipal,

Expide:

La siguiente Ordenanza que contiene el Reglamento Orgánico y Funcional para la Municipalidad de Baba.

TITULO I

DE LA ESTRUCTURA ORGANICA

Art. 1.- La estructura orgánica de la Municipalidad del Cantón Baba está integrada por los siguientes niveles administrativos:

1. Nivel Superior.

2. Nivel Ejecutivo.

3. Nivel Asesor.

4. Nivel Auxiliar o de Apoyo.

5. Nivel Operativo.

NIVEL SUPERIOR

Art. 2.- Este nivel está conformado por el Concejo como cuerpo colegiado, integrado por concejales y presidido por el Alcalde Municipal.

NIVEL EJECUTIVO

Art. 3.- Este nivel está integrado por la Alcaldía Municipal como órgano ejecutivo de la gestión municipal.

NIVEL ASESOR

Art. 4.- Este nivel está constituido por las unidades de Asesoría Jurídica, Planificación Municipal y. las siguientes comisiones del Concejo:

ÿ Comisión de Mesa.

ÿ Comisión de Planeamiento, Urbano y Obras Públicas.

ÿ Comisión de Servicios Públicos.

ÿ Comisión de Servicios Financieros y Económicos.

ÿ Comisión de Educación y Cultura.

ÿ Comisión Administrativa.

ÿ Comisión de Parroquias.

Por las comisiones especiales que para estudiar asuntos específicos nombrará el Concejo y el Alcalde Municipal.

NIVEL AUXILIAR DE APOYO

Art. 5.- Este nivel está conformado por las unidades de Secretaria General y la Oficina de Personal.

NIVEL OPERATIVO

Art. 6.- Este nivel está integrado por los siguientes departamentos: Administrativos, con las secciones de Educación y Cultura, Biblioteca, Comisada y Policía Municipal, Adquisiciones, Servicios Generales; Financieros con la Sección de Contabilidad, Tesorería, Avalúos, Almacén y Bodegas; Obras Públicas, con las secciones de Saneamiento Ambiental, Agua Potable, Servicios Públicos, Construcciones de Obras y Vías.

DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

Art. 7.- El organigrama estructural anexo, presenta los niveles organizacionales con sus respectivos órganos, departamentos y secciones de la Municipalidad.

TITULO II

DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL

CAPITULO I

DEFINICIONES DE NIVELES ORGANICOS
FUNCIONALES

Art. 8.- Nivel Superior.- Constituye el primer nivel jerárquico y es el responsable de ejercer el Gobierno Municipal, cuyas funciones básicas son:

a) Determinar las políticas de acción institucional y fijar las metas en cada uno de las ramas propias de la Administración Municipal para alcanzar los objetivos municipales; y,

b) Normar mediante la expedición de ordenanzas y dictar resoluciones y acuerdos sobre los asuntos de su competencia.

Art. 9.- Nivel Ejecutivo.- Constituye el primer nivel jerárquico administrativo y es el encargado de dirigir y supervisar la gestión municipal inherentes al cumplimiento de las funciones específicas de la entidad.

Art. 10.- Nivel Asesor.- Constituido por las unidades técnicas, asesoras y las comisiones del Concejo, sus relaciones de autoridad son directas con los órganos directivos y ejecutivos, a través de proyectos, consejos, sugerencias, informes y en general trabajos presentados a consideración de dichos órganos, e indirectas respecto a los niveles auxiliares y de operación.

Art. 11.- Nivel Auxiliar o de Apoyo.- Se caracteriza por sus actividades complementadas para presentar ayuda material, de trámite, procedimientos internos y de servicios a todos los niveles administrativos a fin de que éstos cumplan con sus funciones específicas.

Art. 12.- Nivel Operativo.. Este nivel es el que ejecuta las políticas de acción bajo la dirección y supervisión del Nivel Ejecutivo para alcanzar las metas y objetivos propuestos en las diferentes áreas de la gestión municipal.

CAPITULO II

FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL NIVEL
SUPERIOR

Art. 13.- Son funciones del Concejo Municipal como cuerpo colegiado, las siguientes:

1. Expedir ordenanzas, reglamentos, acuerdos y resolucio-nes, de conformidad con la ley, sobre asuntos de su competencia.

2. Determinar las políticas de acción institucional a seguir y fijar las metas y objetivos en cada uno de las ramas propias de la Administración Municipal.

3. De conformidad con la ley, mediante ordenanzas, crear, suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y determinar sus linderos, con aprobación del Ministerio de Gobierno.

4. Designar los vocales principales y suplantes de las juntas parroquiales.

5. Acordar la convocatoria a sesiones del Cabildo Ampliado.

6. Decidir sobre la asociación con otros municipios o con entidades públicas.

7. Acudir al Congreso Nacional en caso a los que se refiere al Art. 18 de la Ley de Régimen Municipal.

8. Conocer y resolver de las reclamaciones que presenten las instituciones o personas particulares, excepto en materia tributada, respecto de las resoluciones de orden municipal que les afectaren y que se encuentren consideradas dentro de las disposiciones de la Ley del Régimen Municipal.

9. Establecer la Policía Municipal.

10. Intervenir, conforme a la ley, en la fijación y control de precios de los artículos de primera necesidad y en la imposición de penas por violación de las disposiciones pertinentes.

11. Organizar las comisiones permanentes y especiales, designar los miembros que las integran y reglamentar el funcionamiento de las comisiones permanentes, en todo lo que no esté previsto en la Ley de Régimen Municipal.

12. Considerar los informes de las comisiones y decidir lo que corresponda teniendo en cuenta los dictámenes de aquellas.

13. Aprobar los reguladores de desarrollo físico cantonal y los planes reguladores de desarrollo urbano, elaborados por el Departamento de Planificación o por consultores, sometidos a consideración por el Alcalde Municipal, previo los respectivos informes de las comisiones pertinentes.

14. Expedir las ordenanzas o reglamentos sobre el régimen urbanístico de la tierra, de las parcelaciones y reestructuraciones parcelarías, licencias de parcelaciones de terrenos y demás formalidades relativas al uso adecuado del territorio cantonal, en concordia con los Art. 239 al 243 de la Ley de Régimen Municipal.

15. Conocer y aprobar la programación técnica de corto y largo plazo elaborado por los respectivos departamentos municipales para la prestación de servicios y ejecución de obras y proyectos y por organismos contratados para el efecto, aprobada mediante informe, por las comisiones pertinentes y sometidas a consideraciones por el Alcalde Municipal.

16. Expedir la Ordenanza de Construcciones que comprenda las especificaciones y normas técnicas y legales por las cuales deban regirse la construcción, reparación, ampliación, transformación y demolición de edificios y sus instalaciones, presentada a consideración por el Alcalde Municipal.

17. Aprobar los planes y programas de obras locales contenidos en los planes reguladores de desarrollo urbano con que cuente el Municipio o los planes y programas de obras locales elaborados por los departamentos técnicos del Municipio, cuando éste no contare con planes de desarrollo municipal.

18. Decidir las obras públicas locales que deben realizarse por gestión municipal directa, por contrato, concesión y las que deban ejecutarse por gestión privada.

19. Decidir el sistema mediante el cual deben ejecutarse los planes de urbanismo y las obras públicas municipales.

20. Decidir, de acuerdo con la Ley de Contratación Pública y su reglamento y demás disposiciones legales pertinentes, las obras y adquisiciones que deben licitarse y adjudicarse.

21. Declarar mediante resolución, de utilidad pública o de interés social los bienes, materia de expropiación con sujeción a las disposiciones contempladas en los Arts. 251 al 260 de la Ley de Régimen Municipal.

22. Determinar de conformidad con la ley, mediante ordenanzas los perímetros urbanos y fijar los límites de las parroquias.

23. Conocer y resolver sobre las actuaciones del Alcalde, cuando éstas puedan afectar las disposiciones de la Constitución, de las leyes generales o de las disposiciones que con este carácter haya dictado el propio Concejo o puedan comprometer de alguna manera la programación técnica por el aprobada.

24. Decidir el ingreso de los servidores municipales al Sistema de Carrera Administrativa, de conformidad con la ley de la materia o dictar su propia ordenanza sobre la Carrera Administrativa Municipal y aprobar la clasificación de puestos del personal de la entidad, tomando como referencia las clasificaciones de personal de la Ley de Remuneración y de su reglamento.

25. Autorizar la participación de la Municipalidad en sociedad de economía mixta que persigan fines y objetivos municipales de conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 64 de la Ley de Régimen Municipal.

26. Reglamentar el uso de los bienes municipales de dominio público.

27. Reglamentar la programación, adquisición, control, distribución y uso de los bienes municipales de dominio privado.

28. Reglamentar la programación, adquisición, control, distribución y uso de los bienes municipales y aprobar el plan anual de adquisición el mismo que debe estar ceñido a la Ordenanza de Presupuesto Municipal.

29. Mediante resolución trasladar los bienes de una a otra categoría de las establecidas en el Art. 261 de la Ley de Régimen Municipal con el voto favorable de las terceras partes de sus miembros.

30. Mediante resolución hacer concesiones a las empresas públicas para el uso y ocupación de calles, aceras y demás espacios de dominio público, por período hasta de diez años.

31. Autorizar en forma expresa, de conformidad con la ley la ejecución de obras en las riveras de los ríos y quebradas o en sus lechos, salvo el caso de necesidad agrícola o industrial.

32. Acordar, de conformidad con la ley, la venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles municipales de dominio privado o la venta, cambio o prenda de los bienes muebles con el voto de los dos tercios de los concejales.

33. Donar al Gobierno Nacional terrenos para la construcción de hospitales y centros de salud, previo dictamen de los organismos correspondientes.

34. Disponer la compra de inmuebles con los propósitos y procedimientos establecidos en la Ley de Régimen Municipal.

35. Expedir las ordenanzas que reglamentan la determinación, administración, control, recaudación de los recursos financieros municipales, tributarios y no tributarios, de conformidad con las respectivas leyes que lo sustentan.

36. Expedir la Ordenanza de Presupuesto y sus reformas.

37. Conocer y observar los estados financieros anuales de la Municipalidad.

38. Decidir sobre la contratación de empréstitos internos o externos en base a la capacidad de endeudamiento del Municipio y aprobar al mismo tiempo los egresos necesarios para el pago de sus intereses y amortizaciones.

39. Aceptar herencias, legados o donaciones con beneficio de inventado y si fueren condicionales, modales u onerosa, los aceptará o repudiará atendiendo a las conveniencias corporativas.

40. Velar por la rectitud, eficiencia, legalidad de la administración y por la debida inversión de las rentas municipales, para lo cual ejercerá el control político y fiscal .sobre el desarrollo de la gestión administrativa.

41. Aprobar el Programa de Servicios Públicos .y reglamentar la prestación de los mismos.

42. Reglamentar de acuerdo con la ley, lo concerniente a la contratación y concesión de servicios públicos.

43. Dictar las medidas que faciliten la coordinación y complementación de la acción municipal con la que realiza el Gobierno Central en los campos de higiene y salubridad, servicios sociales y asistenciales.

44. Autorizar la constitución de empresas municipales en compañías de economía mixta, para la prestación de servicios públicos.

45. Ejercer las demás atribuciones que le confiere la ley y dictar las ordenanzas, resoluciones y acuerdos y demás actos legislativos necesarios para el buen gobierno del Municipio.

46. Autorizar los gastos al Alcalde del cantón cuando el monto sobrepase de los dos mil (2.000) salados mínimos vitales.

47. Dictar ordenanzas en las cuales se determinará los montos que deberán pagar a la Municipalidad, las empresas o cualquier tipo de entidad que se dediquen a la actividad de explotación en general.

48. Solicitar al Gobierno Nacional la adjudicación de las aguas subterráneas o de los recursos naturales que se necesita para establecer o incrementar los servicios de agua potable y alcantarillado.

49. Solicitar a las instituciones correspondientes del Estado las autorizaciones para la explotación de recursos naturales por parte de la Municipalidad.

CAPITULO III

DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL NIVEL EJECUTIVO

Art. 14.- Son funciones, deberes y atribuciones de la Alcaldía Municipal:

1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución y leyes de la República, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y acuerdos del Concejo.

2. Representar junto con el Procurador Síndico Municipal, judicial y extrajudicialmente a la Municipalidad.

3. Convocar a Concejo a sesiones ordinarias y extraordinarias de conformidad con lo que esta materia dispone la Ley de Régimen Municipal.

4. Presidir las sesiones del Concejo, dar cuenta de éste de cuánto le corresponda resolver y orientar sus discusiones.

5. Integrar y presidir la Comisión de Mesa.

6. Nombrar las comisiones permanentes que no hubieren integrado el Concejo o la Comisión de Mesa y las especiales que estime necesarias.

7. Aprobar con la Comisión de Mesa, las actas de las sesiones del Concejo cuando éste no lo hubiere hecho.

8. Intervenir en el trámite de los actos municipales cuya resolución corresponda al Concejo.

9. Suscribir las actas de las sesiones del Concejo y de la Comisión de Mesa.

10. Conceder licencia a los concejales para que no actúen en una comisión, de acuerdo con lo que dispone la Ley de Régimen Municipal.

11. Suscribir las comunicaciones de la corporación.

12. Efectuar la distribución de los asuntos que deban pasar a las comisiones y señalar el plazo en que deban ser presentados los informes correspondientes.

13. Formular el orden del día de las sesiones.

14. Coordinar la acción municipal con las demás entidades públicas y privadas.

15. Ejecutar los planes y programas de acción aprobados para cada uno de los ramos propios de la actividad Municipal por intermedio de las distintas dependencias de la administración ciñéndose al presupuesto vigente, siguiendo la política trazada y las metas fijadas por el Concejo.

16. Dirigir y supervisar las actividades de la Municipalidad, coordinando y controlando el funcionamiento de los distintos departamentos.

17. Considerar los informes de las comisiones y decidir lo que corresponda teniendo en cuenta los dictámenes de aquéllas.

18. Someter a consideración del Concejo los proyectos de planes y programas sobre el desarrollo físico y ordenación urbanística del territorio del cantón, obras y servicios públicos y sobre los demás ramos de la actividad de la entidad.

19. Determinar los limites de gastos y los que deberán ceñirse las dependencias para la formulación del anteproyecto de presupuesto; considerar la pro forma presupuestada elaborada sobre dicha base y someter el proyecto definitivo del presupuesto al' estudio y aprobación del Concejo.

20. Aprobar o vetar las modificaciones introducidas al proyecto de presupuesto por el Concejo.

21. Fijar las prioridades y cupos de gastos para cada programa presupuestado, con base en el calendado de desarrollo de actividades y en las proyecciones de ingresos.

22. Visitar las órdenes de pago cuando se trate de gastos superiores a diez mil sucres mensuales en cada uno de los siguientes conceptos: suministros y materiales, bienes muebles, reparaciones y repuestos, arriendos, motivaciones y transporte.

23. Autorizar los traspasos de crédito dentro de una misma función, programa, subprograma, actividad o proyecto, de conformidad con las normas legales y procedimientos técnicos.

24. Ordenar en forma privada, egresos por conceptos de viáticos y honorados.

25. Someter al Concejo ternas para que éste efectué los nombramientos de los directores departamentales señalados por la Ley de Régimen Municipal, así como del Tesorero, Secretario Municipal y gerentes de las empresas municipales.

26. Administrar al sistema de personal que adopte al Concejo, para lo cual lo corresponde aplicar la carrera administrativa y elaborar los proyectos sobre el plan de clasificación y nomenclatura y sobre el régimen de remuneraciones, clasificaciones y disciplinado.

27. Firmar los nombramientos, dar por terminado los contratos, conceder licencias, sancionar a los funcionados y empleados remisos en sus deberes y ejercer las demás acciones propias de la administración de personal, de conformidad con las normas legales sobre la materia.

28. Formular el Reglamento. Orgánico Funcional de la entidad, someterlo a la aprobación del Concejo y reformarlo cuando sea el caso.

29. Decidir con conflictos de su competencia entre dependencias, empresas, funcionarios o autoridades municipales.

30. Vigilar la Administración Municipal, dar cuenta de ello al Concejo y sugerir las medidas que estime necesarias para su mejoramiento.

31. Presentar al Concejo, en su sesión inaugural, un informe escrito a cerca de la gestión administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas realizadas en el año anterior, los procedimientos en su ejecución, los costos unitarios y totales y la forma como hubieren cumplido los planes y programas aprobados por el Concejo.

32. Sancionar y promulgar las ordenanzas aprobadas por el Concejo y devolver a la corporación las ordenanzas que estimare ilegales o inconvenientes exclusivamente cuando ellas se refieran a materias económicas, siguiendo el procedimiento y los planes señalados por dicha acción.

33. Dictar en caso de emergencia grave, bajo su responsabilidad, medida de carácter urgente y transitorio y dar cuenta de ellas al Concejo, cuando se reúna si a éste hubiera correspondido adoptarlas, para su ratificación.

34. Recomendar al Concejo prelación para el estudio y resolución de asuntos de su competencia que en su concepto tengan una alta prioridad para la buena marcha del Municipio y someter a consideración de la corporación el temario de asuntos a discutirse, cuando por convocatoria cuya sesión extraordinariamente.

35. Presentar al Concejo para su estudio y aprobación proyectos de ordenanzas, reglamentos, resoluciones y acuerdos necesarios para el progreso del cantón y para la racionalización y eficiencia de la administración.

36. Suscribir de acuerdo con la ley, los contratos y todos los documentos que obliguen a la Municipalidad.

37. Aprobar las adquisiciones de acuerdo a las leyes sobre la materia y al régimen que en consonancia con ellas establezca el Concejo.

38. Fijar según las normas sobre la materia, los jornales de los obreros municipales.

39. Resolver en primera o en segunda instancia, según el caso, los reclamos que se presentaren.

40. Solicitar a la Contraloría General del Estado, fiscalizaciones especiales, cuando a su juicio existan circunstancias que así lo requieran o cuando el Concejo así lo determine.

41. Ordenar la baja de títulos de créditos, especies valoradas incobrables, por muerte, desaparición, quiebra del deudor o por prescripción de la obligación u otra causa semejante que imposibilite su cobro, mensualmente informará al Contralor General del Estado las bajas ordenanzas, esto previa aprobación del Concejo.

42. Efectuar gastos o egresos hasta el monto de doscientos (200) salados mínimos vitales generales del trabajador sin autorización del Concejo.

43. Transigir en los juicios, si la cuantía del asunto litigioso puede exceder o comprometer rentas o bienes por el valor mayor que el equivalente al medio por mil de los recursos corrientes del Municipio, se requerirá la aprobación del Concejo. Para el efecto, el medio por mil se determinará en base a los ingresos corrientes del presupuesto vigente.

44. Conceder permisos para juegos, diversiones y espectáculos públicos, de acuerdo con las prescripciones y ordenanzas sobre la materia.

45. Resolver todos los asuntos que le competen con voz y voto dirimente.

46. Hacer efectiva la garantía constitucional de habeas, sustanciándolo conforme lo dispone la Ley de Régimen Municipal.

47. El Alcalde Municipal podrá delegar sus funciones a los funcionarios de la Municipalidad dentro de la esfera de su competencia y de acuerdo al orden jerárquico que a los mismos correspondan, siempre que las delegaciones que conceda no afecten al buen servicio público y se las ponga en conocimiento del Concejo.

CAPITULO IV

DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL
NIVEL ASESOR

Sección primera

DE LAS COMISIONES PERMANENTES

Art. 15.- De conformidad con la naturaleza específica del ramo municipal para el cual fueron organizadas, les corresponden:

1. Sesionar ordinariamente una vez por quincena y extraordinariamente, cuando lo convoque su Presidente o las haga convocar al Alcalde Municipal.

2. Estudiar los proyectos, planes y programas sometidos por el Alcalde para cada uno de las ramas propias de la actividad municipal.

3. Asesorarse cuando considere necesario, de técnicos o expertos nacionales o extranjeros y recabar de instituciones, funcionados y empleados públicos y de los particulares, los informes necesarios para el mejor desempeño de sus funciones.

4. Estudiar el proyecto de presupuesto presentado por el Alcalde Municipal y emitir el correspondiente informe de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Régimen Municipal, demás leyes sobre la materia y las de este reglamento.

5. Conocer y examinar los asuntos que le sean sometidos por el Alcalde, emitir los dictámenes a que hubiere lugar y sugerir soluciones alternativas cuando sea del caso.

6. Estudiar y analizar las necesidades de servicios a la población, estableciendo prioridades de acuerdo con la orientación trazada por el Concejo y proponer a la corporación proyectos de ordenanza que contengan medidas que se estime conveniente a los intereses de la Municipalidad.

7. Favorecer el mejor cumplimiento de los deberes y atribuciones del Concejo en las diversas materias que impone la división del trabajo.

Sección Segunda

DE LAS COMISIONES ESPECIALES Y DE MESA

Art. 16.- Son funciones de las comisiones especiales las siguientes:

1. Sesionar con la frecuencia que requiera el oportuno cumplimiento de su cometido.

2. Emitir los dictámenes y recomendaciones mediante informe por escrito, sobre asuntos, sometidos a su estudio y dictamen.

3. Informar verbalmente y por escrito al Concejo, a la Comisión de la Mesa o al Alcalde, si quisiere o tuviere necesidad de hacerlo.

Art. 17.- Son funciones de la Comisión de Mesa, las siguientes:

1. Dictaminar acerca de la calificación de los concejales dentro de los diez días siguientes a la posesión de los mismos, o respecto de sus excusas dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de las mismas.

2. Organizar las comisiones permanentes y especiales que sean indispensables y designar sus miembros, cuando no lo hubiere hecho el Concejo.

3. Decidir, en caso de conflicto sobre la comisión que debe dictaminar respecto del asunto que ofrezca dudas y sobre cuestiones que deban elevarse a conocimientos de la corporación.

4. Repartir a las distintas comisiones permanentes los asuntos de los cuales deben conocer cuando tal distribución no hubiere sido hecha por el Alcalde Municipal.

Sección Tercera

ASESORIA JURIDICA

Art. 18.- Son funciones de la Asesoría Jurídica:

1. Ejercer junto con el Alcalde del cantón la representación jurídica del Municipio.

2. Representándole con el carácter de mandatario, judicial y extrajudicialmente para reclamar o defender sus derechos de conformidad con la ley.

3. Emitir oportunamente dictámenes sobre los asuntos enviados a estudios y análisis jurídico por las autoridades de la institución.

4. Tramitar todos los asuntos legales de la entidad que son de su competencia.

5. Analizar desde el punto de vista jurídico las ordenanzas, reglamentos, resoluciones y acuerdos vigentes y los proyectos de estos documentos que se le sometieren a su consideración, estudio y proponer las reformas o modificaciones que fueren necesarias.

6. Formular proyectos de ordenanzas, reglamentos, resoluciones y acuerdos que redunden en beneficio de la Administración Municipal y someterlos a conocimiento del Alcalde Municipal para el trámite correspondiente.

7. Patrocinar los juicios de coactiva iniciados por el Tesorero Municipal.

8. Emitir dictamen jurídico en los contratos que celebre la Municipalidad con otras personas.

9. Elaborar las minutas de contratos a celebrar la Municipalidad precautelando los intereses de la institución.

10. Recopilar y mantener actualizadas las ordenanzas, reglamentos, resoluciones y acuerdos y demás normas legales concernientes a la Administración Municipal.

11. Ordenar y mantener un archivo clasificado de leyes, ordenanzas, reglamentos, resoluciones, acuerdos, contratos, convenios y demás documentación y asuntos de carácter legal que sean de interés municipal.

12. Coordinar permanentemente sus actividades con las que realiza el Departamento Financiero a fin de mantener actualizadas las ordenanzas relativas a los ingresos y demás disposiciones legales inherentes a la gestión financiera municipal y asesorará para la correcta aplicación de las mismas.

13. Elaborar informes anualmente sobre las actividades cumplidas y someterlos a consideración de la Alcaldía, y realizar con la debida oportunidad, los demás trabajos encomendados por la Alcaldía y el Concejo.

14. En general, velar por el cumplimiento de las disposiciones legales en todos los niveles de la Administración Municipal.

Sección Cuarta

DE LA SECCION DE PLANIFICACION

Art. 19.- Son funciones de la Sección de Planificación:

1. Asesorar a los órganos directivos y ejecutivos de la Municipalidad en los diferentes aspectos relacionados con la formulación, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos para el cumplimiento de las funciones municipales.

2. Proponer programas y proyectos de inversión de acuerdo con la planificación adoptada y las metas y objetivos por el Concejo y la Alcaldía.

3. Promover la realización de estudios de pre-inversión y preparar la documentación respectiva que justifique el apoyo del Gobierno Nacional sobre las obras de interés cantonal.

4. Proponer y participar en la conformación de grupos inter-institucionales de trabajo para los procesos de identificación, promoción, ejecución y evaluación de proyectos.

5. Controlar, coordinar y evaluar la ejecución de los convenios de asistencia técnica en el Area de Planificación, Programación y Ejecución de Obras y Servicios Municipales.

6. Participar activamente en el proceso de elaboración, ejecución y evaluación de la Ordenanza del Presupuesto General del Municipio en los aspectos de su competencia.

7. Informar al Alcalde del cantón el alcance de los programas y proyectos de inversión.

8. Determinar el ámbito de cobertura de los diferentes servicios municipales instalados, su calidad, la magnitud de los déficit y proponer soluciones alternativas para mejorarlos, ampliarlos o dotar de nuevas instalaciones para la prestación de los mismos.

9. Estudiar los planes nacionales, regionales, provinciales y cantonales para determinar la participación del Municipio y preparar informes al respecto para orientar las decisiones del Concejo en función de los intereses del cantón.

10. Controlar, evaluar, reajustar los programas y proyectos que estuvieren bajo su responsabilidad.

11. Recopilar y analizar la información necesaria para la ejecución de los programas y proyectos.

12. Proponer y organizar grupos de trabajo para la planificación general urbana y rural del cantón, elaboración de programas, proyectos y el diseño, de los mecanismos administrativos pertinentes para su aplicación y participar activamente en todo el proceso.

13. Proponer normas y reglamentos necesarios para ordenar el desarrollo físico del cantón, incluyendo sus áreas urbanas y rurales.

14. Elaborar los programas generales de equipamiento e infraestructura que forman parte de los planes de ordenamiento territorial.

15. Coordinar con los organismos públicos y privados que pudieren intervenir en el proceso de planificación territorial.

16. Coordinar acciones con la Sección de Avalúos y Catastros para elaborar y actualizar los catastros relativos a los ingresos municipales.

17. Estudiar y emitir el criterio técnico sobre solicitudes de aprobación de planos de urbanizaciones, de construcciones, ampliaciones y modificaciones de edificaciones, de acuerdo con la respectiva ordenanza.

18. Estudiar y emitir el criterio técnico sobre solicitudes de permisos de construcción de urbanización de construcciones, ampliaciones y modificaciones de edificaciones, de acuerdo con la respectiva ordenanza.

19. Formular proyectos de ordenanzas y reglamentos necesarios para el control de desarrollo de la ciudad y de los centros poblados.

20. Preparar proyectos de ordenanzas y reglamentos sobre aspectos urbanísticos, nuevas construcciones, ampliaciones, modificaciones y expropiaciones.

21. Vigilar que las carreteras y caminos vecinales del cantón y en las zonas urbanas o rurales protejan el paisaje, evitando la construcción de muros, avisos comerciales o cualquier otro elemento o construcción que afecte la belleza natural.

22. Emitir informe anual de las labores cumplidas por la sección al Alcalde del cantón.

23. Presentar informe anual de las labores cumplidas, por la sección al Alcalde del cantón.

24. Proponer al Alcalde del cantón para su aprobación y ejecución, programa de difusión de los diferentes aspectos relacionados con la planificación de desarrollo cantonal.

25. Cumplir con las disposiciones del Alcalde y del Concejo en relación con las funciones específicas de la sección.

26. Solicitar al Concejo que declare la utilidad pública o de interés social los bienes muebles o inmuebles que deben ser expropiados para la realización de los planes de desarrollo físicos cantonal y planes reguladores de desarrollo urbano de las obras y servicios municipales.

27. Aplicar el sistema de nomenclatura de calles, caminos, paseos vacantes, etc.

28. Y las demás que determine el Alcalde y las leyes pertinentes, propias de su función.

CAPITULO V

DE LAS FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL NIVEL AUXILIAR O DE APOYO

Sección Primera

DE LA SECRETARIA GENERAL

Art. 20.- Son funciones de la Secretaría General:

1. Programar, dirigir, coordinar y controlar el funcionamiento de la Secretaria General y de la unidad que la conforman.

2. Actuar como Secretario del Concejo y del Alcalde del cantón, dando fe de los actos de la corporación y de la Comisión de Mesa.

3. Llevar las actas de las sesiones del Concejo y de la Comisión de Mesa

4. Cuidar del oportuno trámite de los asuntos que debe conocer la corporación en pleno o las comisiones y atender el despacho de los asuntos resueltos por el Concejo.

5. Formar un protocolo encuadernado y sellado con su respectivo índice numérico de los actos decisorios del Concejo, de cada año y conferir copia de estos documentos a los interesados, previa autorización del Alcalde y conforme a la ley.

6. Tramitar las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias del Concejo.

7. Elaborar los textos de las comunicaciones para firma del Alcalde.

8. Llevar y mantener registro de la documentación que ingresa o sale de la Secretaría General.

9. Enviar dentro del plazo de ocho días, previa disposición del Alcalde, la documentación sobre asuntos que le compete atender y tramitar a las demás dependencias municipales.

10. Informar a las autoridades, funcionarios municipales, cuando lo requieran de conformidad con la ley y a particulares interesados, previa autorización del Alcalde, sobre asuntos que se encuentran en trámite.

11. Conferir copias o certificados de documentos y asuntos que se hayan tramitado o se encuentran en trámite, previa autorización del Alcalde.

12. Registrar y archivar la documentación cuyo trámite haya concluido.

13. Mantener en las mejores condiciones posibles los libros auténticos de ordenanzas, reglamentos, resoluciones, acuerdos .y demás actos decisorios del Concejo y de la Alcaldía Municipal.

14. Distribuir las ordenanzas, reglamentos, resoluciones, acuerdos y demás actos decisorios del Concejo y de la Alcaldía a las dependencias municipales en atención a sus respectivas competencias, previa autorización del Alcalde.

15. Difundir al público en general, los documentos municipales que de conformidad con la ley debe conocer.

16. Mantener el archivo definitivo de documentos correspondientes a la Administración Municipal.

17. Disponer la elaboración de documentos, preseas, diplomas que de conformidad con la ley, deban ser entregados a entidades y personas.

18. Coordinar las funciones y actividades de la Secretaría General con las de las demás dependencias municipales.

19. Elaborar informes mensuales sobre las actividades de la Secretaría General y presentarlos a consideración de la Alcaldía Municipal.

20. Cumplir con las disposiciones legales y administrativas inherentes a la sección que no estuvieran contempladas en el reglamento.

Sección Segunda

DE LA JEFATURA DE PERSONAL

Art. 21.- De la Jefatura de Personal.- Son funciones y actividades de la sección las siguientes:

1. Promulgar, supervisar, coordinar y controlar las funciones y actividades de la sección.

2. Formular y aplicar las políticas relativas a la Administración de Recursos Humanos.

3. Aplicar los subsistemas de personal como son Reclutamiento y selección; valoración y clasificación de puestos; capacitación; y, evaluación de los recursos humanes municipales.

4. Aplicar el Reglamento Interno de Personal y la Ordenanza de Carrera Administrativa Municipal.

5. Diseñar los formularios para el registro, control y movimiento del personal municipal.

6. Mantener actualizados los expedientes de los funcionarios, empleados y trabajadores municipales.

7. Cumplir y hacer cumplir la Ley de Régimen Municipal; Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; Ley de Remuneraciones; Ley de Escalafones; Ley de Código del Trabajo; reglamentos respectivos; y, más leyes relativas a la administración de personal.

8. Promover, fomentar e intervenir en programas de capacitación y asistencia técnica en beneficio del personal municipal.

9. Llevar un registro de nombramiento, vacantes, traslados, movilización y asistencia del personal.

10. Elaborar conjuntamente con las jefaturas departamentales, el calendario de vacaciones del personal municipal.

11. Elaborar proyectos y clasificación de revalorización de puestos del personal municipal.

12. Cumplir con las disposiciones legales y administrativas inherentes a la sección.

13. Coordinar las funciones y actividades de la sección con los demás departamentos y secciones municipales.

14. Presentar para el conocimiento del Alcalde, informes mensuales sobre las actividades de la sección.

DE LA SECCION DE EDUCACION
Y CULTURA

Art. 22.- Son funciones de la Sección de Educación y Cultura.

1. Promulgar, organizar y coordinar las actividades relacionadas con el campo de la educación y cultura.

2. Promocionar la relación de actividades recreativas, con participación de la comunidad.

3. Fomentar la instauración de bibliotecas públicas en la ciudad y las parroquias del cantón.

4. Estimular el fomento de la educación física y prácticas sanas de los deportes,

5. Contribuir a la exaltación de los valores cívicos e históricos de la localidad y de la nación.

6. Organizar y auspiciar exposiciones, concursos de dibujo, pintura y demás manifestaciones artísticas y culturales.

7. Organizar campañas con seminarios de formación cívica, de buenas costumbres y de relaciones humanas, dirigidas a la comunidad cantonal.

8. Colaborar con la Comisión de Fiestas Municipales en la programación, organización y coordinación de los eventos que conforman el programa de fiestas.

9. Presentar informes trimestrales de las actividades desarrolladas por la sección para conocimiento del Director Administrativo.

DE LA SECCION BIBLIOTECA MUNICIPAL

Art. 23.- Son las funciones y actividades de la Sección Biblioteca Municipal las siguientes:

1. Propiciar la lectura y conocimiento de las obras y publicaciones existentes.

2. Realizar gestiones para la adquisición e incremento de libros, textos de consultas y obras especializadas para mantener actualizada la biblioteca.

3. Atender al público lector que concurre a realizar consultas.

4. Organizar la distribución y ubicación correcta de los libros, periódicos, revistas, etc.

5. Llevar y mantener registros de los libros que ingresan al servicio.

6. Clasificar, catalogar los libros que ingresan al servicio.

7. Elaborar un catálogo de los libros existentes por materia y autores.

8. Absolver consultas de público, sobre la ubicación y contenido de los libros.

9. Proporcionar al público que concurre a la biblioteca instalaciones limpias y en orden.

10. Supervisar y controlar que el usuario dé buen trato al libro que recibió en préstamo.

11. Supervisar que los textos y enciclopedias de la biblioteca sobre cultura, general, educación, ciencias sociales, ciencias exactas, etc., se encuentren autorizados.

12. Registrar los préstamos de libros que se realizan a los lectores.

13. Orientar y guiar al lector dentro de las instalaciones de la biblioteca.

14. Cuidar la buena conservación y mantenimiento de los libros.

15. Llevar y mantener un inventario actualizado de los libros, colecciones, obras literarias, etc., y existentes en la biblioteca.

16. Actualizar sus técnicas de conservación y adoptar métodos modernos de bibliotecología.

17. Mantener registros y estadísticas del servicio de los lectores.

18. Preparar informes periódicos y anuales sobre las funciones y actividades de la sección y someterlos a consideración del Director Administrativo Municipal.

DE LA SECCION COMISARIA Y POLICIA
MUNICIPAL

Art. 24.- Son funciones de la Sección de Comisada Municipal las siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y reglamentos municipales.

2. Autorizar el funcionamiento de juegos y presentación de espectáculos públicos permitidos por la ley e impedir los que estén prohibidos y reprimir en los casos de infracción.

3. Controlar y organizar la exactitud de pesas y medidas, contando para el efecto con los patrones de pesas y medidas perfectamente calibrados.

4. Reglamentar previa aprobación del Concejo, el funcionamiento de ventas ambulantes, procurando reducir al mínimo este tipo de comercio y vigilar que las disposiciones legales sobre esta materia tengan cumplida ejecución.

5. Colaborar y coordinar acciones con la política nacional y obtener la colaboración de éstas para el mejor cumplimiento de las funciones.

6. Dirigir la investigación y esclarecer las infracciones a las leyes, ordenanzas, reglamentos y demás disposiciones municipales.

7. Imponer el orden y solucionar conflictos que se presenten en las relaciones entre los comerciantes y consumidores en los mercados y ferias.

8. Cuidar de que se cumplan las disposiciones legales específicas en materia de higiene y salubridad, obra pública y uso de vías y lugares públicos, mercados y saneamientos ambientales.

9. Ampliar las sanciones previstas en la Ley de Régimen Municipal, ordenanzas, y reglamentos municipales, siguiendo lo establecido en el Código de Procedimiento Penal para el juzgamiento de las contravenciones.

10. Ordenar las acciones legales pertinentes contra los infractores de las normas municipales.

11. Atender y resolver sobre los reclamos y denuncias sobre infracciones de la ley, ordenanzas y reglamentos municipales.

12. Velar por la seguridad de las personas y de sus intereses especialmente en los mercados municipales y ferias.

13. Controlar el aseo de las calles, mercados, plazas y espacios para ferias, establecimientos de servicios públicos, parques, campos deportivos, locales para exhibición de espectáculos públicos y en general de los lugares públicos y de reunión.

14. Controlar la documentación y requisitos establecidos para la adjudicación de puestos y locales en los mercados municipales, ferias y ventas ambulantes.

15. Controlar que los documentos otorgados o visados por la Municipalidad para construcciones particulares estén en orden y que la ejecución de las obras se ajusten a los planos aprobados.

16. Regular las zonas de ventas en los mercados según las características del expendio del producto y las normas municipales.

17. Preparar informes periódicos anuales sobre las funciones y actividades de la sección y someterlos a consideración del Director Administrativo Municipal.

DE LA SECCION DE PROVEEDURIA

Art. 25.- Son funciones y actividades de la Sección de Proveeduría las siguientes:

1. Programar, organizar, dirigir, controlar y coordinar las adquisiciones de bienes muebles y de consumo interno que sean requeridas por la Municipalidad.

2. Participar en la elaboración de un plan anual de adquisiciones.

3. Mantener actualizados los registros de proveedores, bienes muebles, suministros y materiales.

4. Obtener cotizaciones para la adquisición de bienes muebles, suministros y materiales, y preparar un informe analítico de las mismas.

5. Ejecutar planes de adquisiciones.

6. Tramitar con oportunidad y diligencias las solicitudes de pedidos de bienes muebles, equipos, repuestos, suministros y materiales.

7. Evaluar y seguir a los directivos para que se elija la cotización más conveniente.

8. Realizar las adquisiciones en forma oportuna de los bienes en general, suministros y materiales verificando que estos estén de acuerdo a las notas de pedido aprobadas por la Alcaldía o Dirección Administrativa.

9. Verificar que los bienes que' ingresan a la institución cumplan con las verificaciones contractuales.

10. Mantener un archivo actualizado de los registros y documentos que respaldan las actividades de la sección.

11. Presentar informes cuando sean requeridos por la Dirección Administrativa.

Sección Segunda

DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO MUNICIPAL

Art. 26.- Son funciones de la Dirección Financiera, las siguientes:

1. Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades financieras de la institución.

2. Supervisar y coordinar las actividades que desarrollan las diferentes secciones bajo su dirección.

3. Someter a consideración del Alcalde y del Concejo los planes y programas de las actividades financieras para su aprobación.

4. Asesorar a los diferentes niveles directivos de la institución en materia financiera.

5. Implantar procedimientos de control interno previo y concurrente y vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones relacionadas con la Administración Financiera.

6. Procurar la capacitación del personal del área Financiera.

7. Velar por el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la determinación y recaudación de los ingresos y supervisar que dichas recaudaciones sean depositadas en forma intacta e inmediata.

8. Administrar y controlar los recursos financieros en forma eficiente, efectiva y económica.

9. Proponer a la máxima autoridad alternativa para la inversión de recursos financieros, que temporalmente no se requieran para atender necesidades institucionales.

10. Recomendar y gestionar la contratación de créditos internos o externos para financiar operaciones o proyectos específicos.

11. Realizar estudios sobre el contenido de las ordenanzas mediante las cuales se regula la recaudación de los diversos ingresos y proponer reformas que tiendan a mejorar los ingresos respectivos.

12. Asegurar el financiamiento para cumplir oportunamente con las obligaciones contraídas.

13. Entregar en forma oportuna el anteproyecto de ordenanzas presupuestarias para la aprobación interna respectiva, así como la de reformas al presupuesto.

14. Elaborar y mantener al día estadísticas económicas de la entidad.

15. Fomentar los flujos financieros de ingresos en base a éstos elaborar los cupos de gastos por programas presupuestarios y someterlos a la aprobación del Alcalde.

16. Analizar, interpretar y emitir informes sobre los estados financieros municipales y someterlos a consideración del Alcalde; además, de presentar con oportunidad los correspondientes estados y anexos a los órganos rectores del sistema y gestión financiera.

17. Velar por el cabal cumplimiento de los sistemas de contabilidad y presupuestos, de conformidad con los manuales y normas emitidas por los órganos rectores del sistema y gestión financiera.

18. Dirigir y ejecutar la Administración Tributada Municipal; de conformidad con la Ley de Régimen Municipal, las leyes tributadas especificas, las ordenanzas y demás normas y procedimientos legales y técnicos vigentes, en materia tributaria.

19. Expedir de conformidad con la ley de resoluciones sobre reclamos y recursos presentados e interpuestos por los contribuyentes, en matosa tributaria.

20. Aplicar, de conformidad con la ley, el régimen de sanciones tributadas.

21. Refrendar los títulos de crédito y especies valoradas municipales emitidas.

22. Aprobar los boletines o parte de emisión de títulos de crédito, especies valoradas y de recaudaciones.

23. Controlar la correcta administración de los fondos rotativos y cajas chicas y autorizar su reposición y liquidación.

24. Participar en avalúos, remates, bajas, transferencias y entregas-recepciones de los bienes de la entidad.

25. Proporcionar información financiera a los niveles internos, cuando lo soliciten las autoridades y a las diversas unidades administrativas.

26. Proporcionar información financiera a los niveles internos, cuando lo soliciten las autoridades y a las diversas unidades administrativas.

27. Propender a que, los procesos de producción de información financiera se apoyen en medios automatizados modernos.

28. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, las políticas de acción, las normas y procedimientos técnicos vigentes en materia financiera municipal.

29. Participar como asesor en las sesiones que mantienen los miembros del Concejo Municipal para tratar asuntos económicos financieros de la entidad.

30. Elaborar el anteproyecto de ordenanza presupuestada y someterlo a la aprobación correspondiente.

31. Evaluar' la ejecución presupuestada a través de la medición de los resultados físicos y el análisis de los datos financieros suministrados por registros y control patrimonial, presupuestado y de costos, y los efectos productivos.

32. Recopilar la información relacionada con los ingresos, a fin de formular las diferentes proyecciones.

33. Recopilar los requerimientos de los recursos humanos, materiales y financieros, de las distintas unidades administrativas, en concordancia con el distributivo de sueldos, al Plan Anual de Adquisiciones y el Plan Anual de Inversiones.

34. Proyectar los egresos con sujeción a la estructura programática.

35. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, a base de los planes y requerimientos de las distintas unidades administrativas.

36. Tramitar la aprobación del presupuesto en las distintas instancias previstas por la ley.

37. Evaluar permanentemente el estado de ejecución del presupuesto y formular informes para uso de las unidades correspondientes.

38. Participar en la formulación del Plan Anual de Adquisiciones.

39. Mantener registros relacionados con la ejecución física y financiera del uso de los programas y proyectos de inversión y evaluar el cumplimiento de las metas previstas.

40. Sugerir y tramitar las modificaciones del presupuesto así como someterlas a la aprobación legal respectiva.

41. Coordinar con la Unidad de Contabilidad para formular hasta el 31 de enero de cada año, la liquidación del presupuesto, en la misma que se incluirá un detalle pormenorizado de la ejecución presupuestado del anterior año, los pagos de las obligaciones pendientes realizados durante los meses de enero a marzo y las correspondientes conclusiones y recomendaciones.

42. Elaborar el presupuesto mensual de caja.

43. Evaluar los informes de flujo en efectivo y formular los planes de inversiones temporales en base a los recursos que no se requieran para atender necesidades institucionales inmediatas, en coordinación con Tesorería.

DE LA SECCION DE CONTABILIDAD

Art. 27.- Son funciones básicas de la Sección Contabilidad, las siguientes:

a) Registro y control patrimonial y presupuestado;

b) Control y registro de bienes; y,

c) Control de remuneraciones.

A. REGISTRO Y CONTROL PATRIMONIAL Y PRESUPUESTARIO

Esta función comprende las siguientes sub-funciones principales:

1. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controlar las actividades contables.

2. Asesorar a los diversos niveles, sobre aspectos contables.

3. Implantar y mantener actualizado sistemas de contabilidad, descrito en el manual especializado y las demás normas relacionadas con esta materia, cuidando que exista una adecuada separación de función.

4. Verificar la documentación fuente de origen interno y externo para determinar si se han cumplido los procedimientos vigentes.

5. Presentar un informe diario de disponibilidad del efectivo que contenga el saldo inicial, las recaudaciones, egresos efectuados y el saldo final obtenido.

6. Interpretar y contabilizar las diversas transacciones utilizando los registros contemplados en el presente manual.

7. Participar en la elaboración del presupuesto de la entidad y su reforma.

8. Efectuar los registros contables y ejecutar el control presupuestario previo, relacionado con el compromiso, obligación y pago, a fin de determinar la propiedad, legalidad, veracidad y conformidad de las operaciones y la documentación de soporte.

9. Formular informes periódicos que incluya los estados financieros mensuales y los informes de flujo de efectivos que serán entregados a la Dirección Financiera.

10. Formular los estados financieros con sus a nexos y notas aclaratorias requeridas por los organismos de control y someterlas a conocimientos y aprobación del Director Financiero y del Alcalde del Concejo para su envío dentro de los plazos establecidos en las disposiciones vigentes.

11. Llevar el registro y control del movimiento de las cuentas bancarias.

12. Conciliar mensualmente los saldos de los mayores generales con los mayores auxiliares.

13. Elaborar los análisis financieros que permitan oportunamente determinar las variaciones significativas de los planes financieros y sus causas, que sean solicitadas por los niveles directivos.

14. Velar por la permanente capacitación y actualización de conocimientos del personal de la sección, principalmente en la aplicación de procesos automatizados.

15. Preparar y emitir los cheques-comprobantes, para el pago de las obligaciones legalmente contraídas.

16. Formular proyectos de procedimientos, instructivos y otras normas específicas relacionadas con el desenvolvimiento de las actividades contables especialmente en base a procesos autorizados y someterlos a conocimiento de los niveles jerárquicos superiores, previo a la aprobación de la Contraloría.

17. Mantener actualizados los archivos de la documentación sustentatoria y de los registros patrimoniales y presupuestarios.

18. Actualizar y mantener las debidas protecciones de los archivos automatizados que contengan información financiera.

19. Participar en la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones.

20. Clausurar y liquidar el presupuesto respectivo.

B. CONTROL Y REGISTRO DE BIENES

Esta función comprende las siguientes actividades principales:

1. Mantener registros actualizados sobre los artículos para stock (suministros, materiales y repuestos), que permitan establecer la ubicación de los bienes, los responsables de

la custodia, así como los costos unitarios y totales por cada clase de bienes y verificar periódicamente estos registros.

2. Participar en la toma física, baja, remates, transferencias y donaciones de activos fijos e inventarios, velando por el cumplimiento de lo que determina el Reglamento General de Bienes del Sector Público.

3. Determinar conjuntamente con la Unidad de Bodega, los niveles máximos y mínimos de las existencias.

4. Suministrar los informes periódicos, relacionados con las existencias.

5. Mantener el control y actualizar los registros sobre los activos fijos de la entidad, de acuerdo a la estructura presentada en el plan de cuentas especificas y conciliar periódicamente sus saldos con el subsistema de administración y control de activos fijos.

6. Recabar la información pertinente sobre los siniestros ocurridos, a fin de efectuar el correspondiente registro contable.

7. Codificar los activos fijos de conformidad al sistema específico de manera que se permita identificar la ubicación en función de la Unidad Administrativa, el servidor responsable de la custodia, las diversas clases de bienes y el bien específico.

8. Elaborar informes sobre la depreciación y revalorización de los activos fijos y llevar a cabo los ajustes por corrección monetaria.

C. CONTROL DE REMUNERACIONES

A esta función corresponde las siguientes actividades principales:

1. Verificar la información relacionada con los beneficios a favor de los funcionarios y servidores de la entidad.

2. Obtener de la Jefatura de Personal, la documentación sustentatoria sobre sueldos, salarios, retenciones judiciales, descuentos y deducciones de los funcionados y empleados de la entidad, para la elaboración del rol de remuneraciones.

3. Verificar previo al pago que las remuneraciones del personal se hayan liquidado con las variaciones establecidas en leyes, derechos, acuerdos, legalmente aprobados.

DE LA SECCION DE TESORERIA

Art. 28.- Son funciones de la Sección de Tesorería las siguientes:

1. Programar, organizar, dirigir y controlar la recaudación de los ingresos, de comunidad a las leyes, ordenanzas, reglamentos, contratos y convenios.

2. Recaudar los fondos que le corresponden a la Municipalidad,' así como aquellos que pertenecen a terceros, conforme a lo señalado en las disposiciones vigentes.

3. Depositar oportunamente los valores recaudados en forma intacta e inmediata.

4. Presentar los partes diarias de recaudación a la Sección de Contabilidad, adjuntando los respectivos documentos de respaldo y las notas de depósitos, para su registro.

5. Entregar los cheques directamente al beneficiario previo la verificación de la documentación sustentatoria y del cumplimiento de las disposiciones legales.

6. Efectuar la custodia de los valores recaudados pendientes de depósito y de otros conceptos tales como: especies valoradas, títulos de crédito y demás documentos que amparan los ingresos municipales, verificando su contenido, cómputo y legalidad.

7. Ejercer la jurisdicción coactiva para efectuar la recaudación de los tributos de la Municipalidad.

8. Establecer salvaguardas físicas para proteger los recursos financieros y demás documentos bajo su custodia.

9. Suscribir los cheques, conjuntamente con el Director Financiero o el Alcalde.

10. Emitir y suscribir conjuntamente con el Director Financiero las notas de crédito, en el caso de reclamación resulte en tal sentido.

11. Suscribir los títulos de crédito, especies valoradas y demás documentos para el cobro de tributos, que debe percibir la Municipalidad conjuntamente con el Director Financiero.

12. Preparar informes sobre las garantías, pólizas y demás documentos bajo su custodia y que se encuentren próxima a su vencimiento, con 20 días de anticipación.

13. Participación en bajas de títulos de crédito, especies valoradas y otros valores que se encuentren bajo su custodia, de conformidad a las disposiciones legales y efectuar las entregas-recepciones respectivas.

14. Observar por escrito y dentro del plazo establecido, ante el Director Financiero, las órdenes de pago que considere ilegales o que contravienen disposiciones normativas.

15. Ejercer, de conformidad con la ley, las funciones y actividades inherentes a los agentes de retención.

16. Coordinar las funciones y actividades con las de las demás secciones de la Dirección Financiera.

En general cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales, procedimientos técnicos y administrativos inherentes a la Tesorería y emanadas de autoridad competente.

DE LA SECCION DE AVALUOS Y CATASTROS

Art. 29.- De la Sección de Avalúos y Catastros.- Son funciones y actividades de la sección, las siguientes:

1. En base a la política financiera municipal determinada, programar, dirigir y ejecutar las funciones y actividades de la sección.

2. Coordinar sus labores con la Oficina Nacional de Avalúos y Catastros y velar por el cumplimiento de todas las normas catastrales para la emisión de los catastros relacionados con el impuesto predial rústico.

3. Prestar asesoría técnica al Concejo en los campos de su especialización.

4. Elaborar y mantener actualizados el sistema catastral conformado por los siguientes catastros:

· Del impuesto a los predios urbanos.

· Del impuesto a los predios rurales.

· Del impuesto de patentes municipales.

· Del impuesto sobre los activos totales.

· Del impuesto a los espectáculos públicos.

· Del impuesto a los vehículos.

· Del impuesto al juego.

· De la tasa por aferición de pesas y medidas.

· De la tasa por servicio de agua potable.

· De la tasa por servicio de alcantarillado.

· De la tasa por servicio de recolección de basura y aseo público.

· De las construcciones especiales de mejoras.

· De los predios urbanos y rústicos municipales.

· De arrendamiento de edificios y terrenos.

· Por arrendamiento de locales y puestos de mercados.

· De bóvedas y sitios en el cementerio.

· De ocupación o arrendamiento de cualquier otro bien municipal.

· De ocupación de la vía pública.

· De cualquier otro ingreso que permita el registro y control de su determinación.

5. Mantener el archivo clasificado de los expedientes catastrales de los diferentes ingresos municipales.

6. Practicar los avalúos quincenales de los predios urbanos de conformidad con el plan general programado.

7. Practicar avalúos quincenales de los predios urbanos de conformidad con el plan general programado.

· Expropiaciones (zona urbana), permutas y/o compensaciones.

· Cuando el avalúo realizado en el plan general sea parcial, equivocado o deficiente.

8. Estos avalúos sólo podrán hacerse en forma sectorial y una vez cada año respecto de un mismo predio y mediante la aplicación de coeficiente de un mismo predio y mediante la aplicación de coeficientes de actualización establecidos en la Ordenanza del impuesto a los predios urbanos.

9. Previa autorización de la Dirección Financiera, conferir certificados de avalúos de los predios urbanos y rurales a solicitud de los interesados.

10. Practicar o rectificar el avalúo de los predios urbanos con ajuste a la ley, a solicitud de sus propietarios, previa autorización de la Dirección Financiera.

11. Aplicar las modificaciones a que hubiera lugar en los catastros por efecto de las resoluciones o sentencias ejecutoriadas consecuencia de reclamos o recursos presentados o interpuestos por los contribuyentes.

12. Preparar con la oportunidad requerida en la ley, los catastros y demás documentos que sustentan la emisión de títulos de crédito y que amparan la recaudación de los diferentes ingresos municipales.

13. Emitir los boletines o partes de emisión de los títulos de crédito, especies valoradas y demás documentos que amparan la recaudación de los ingresos municipales y someterlos, a través de la Dirección Financiera, al trámite correspondiente para su refrendación, contabilización y recaudación.

14. Ejecutar y verificar los actos de determinación para el cobro de los distintos impuestos, tasas, contribuciones especiales de mejoras, espectáculos públicos, a las utilidades en la compra-venta de predios urbanos, de alcabalas y de registro, entre otros legalmente establecidos.

15. Mantener el archivo clasificado y cronológico de las emisiones de boletines o partes de títulos de crédito, especies valoradas y demás documentos que amparan los ingresos municipales.

Coordinar las funciones y actividades de la sección con las demás de la Dirección Financiera. Municipal.

DE LA SECCION DE ALMACEN - BODEGA

Art. 30.- Son funciones de la Sección Almacén-Bodega, las siguientes:

1. Realizar las gestiones necesarias a fin de tramitar oportunamente la reposición de los bienes muebles dados de baja que lo ameriten.

2. Informar al Director Financiero y al Alcalde las observaciones que se presenten en la administración, control y custodia de los bienes a fin de que se tomen las acciones correspondientes necesarias.

3. Mantener actualizados el inventario físico de bienes muebles, suministros y materiales.

4. Ejecutar la recepción, almacenamiento, custodia, control de los bienes muebles, materiales y equipos que deben estar bajo su responsabilidad.

5. Mantener actualizado el kardex para el control de existencias en cantidades.

6. Efectuar la entrega de los bienes con oportunidad y diligencia mediante actas de entrega recepción debidamente legalizada con las firmas del Jefe de la unidad y de la custodia.

7. Intervenir en las constataciones físicas de inventarios.

8. Participar en bajas, remates, donaciones, transferencias y entregas-recepciones de los bienes que conforman los inventados para consumo interno y para la venta.

9. Mantener las salvaguardas físicas para precautelar la seguridad y conservación de los bienes bajo su responsabilidad.

10. Entregar a Contabilidad el inventario anual actualizado de activos fijos para la conciliación correspondiente.

11. Efectuar la codificación de los bienes de conformidad al sistema de control implantado en la entidad.

12. Cumplir y hacer cumplir, de conformidad con la ley, las funciones y actividades propias de Bodega.

EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

Art. 31.- Son funciones de la Dirección de Obras Públicas Municipales las siguientes:

1. Planear, programar, supervisar y proyectar las obras públicas locales necesarias y que interesen al vecindario y al Gobierno Municipal para el desarrollo físico cantonal.

2. Organizar, dirigir, coordinar y controlar las funciones asignadas a las diferentes secciones del departamento.

3. Llevar a cabo la construcción de las obras aprobadas por administración directa o por contratación y de acuerdo con las disponibilidades presupuestaria y los procedimientos establecidos.

4. Dirigir, coordinar y controlar la realización de las obras que se ejecutan por administración directa y vigilar el cumplimiento por parte de los contratistas de las obligaciones y especificaciones contractuales.

5. Contribuir al cumplimiento de las ordenanzas y reglamentos municipales relativos al tránsito de calles, caminos y paseos públicos.

6. Cuidar que las vías públicas se encuentren libres de obras y obstáculos que lo deterioren, o estorben a su libre uso y proporcionar lugares apropiados para el estacionamiento de vehículos.

7. Realizar la apertura, conservación mantenimiento de los caminos que no han sido declarados de carácter nacional, ubicados dentro de la jurisdicción nacional y rectificar, ensanchar y mantener los caminos vecinales.

8. Inspeccionar las obras civiles, ejecutadas por particulares bajo el permiso municipal correspondiente y determinar si se realizan de acuerdo a las normas vigentes.

9. Cumplir con las disposiciones del Concejo y las normas administrativas y técnicas sobre obras públicas y construcciones.

10. Coordinar las funciones y actividades del departamento con las de los demás departamentos municipales.

11. Preparar informes sobre las funciones y actividades del Departamento de Obras Públicas y someterlos a consideración del Alcalde del cantón.

Art. 32.- Son funciones y actividades de la Sección de Construcción, Mantenimiento y Vías, las siguientes:

1. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las funciones y actividades de la sección.

2. Ejecutar los planes de obras públicas de las parroquias urbanas y rurales del cantón.

3. Elaborar normas y especificaciones técnicas que se ejecuten por la Municipalidad ya sea por administración directa o por contrato.

4. Efectuar la supervisión y fiscalización de las obras que ejecute la Municipalidad ya sea por administración directa o por contrato

5. Planificar las obras a construirse y preparar los presupuestos de obras.

6. Elaborar los proyectos de obras a ejecutarse en las parroquias del cantón.

7. Realizar levantamiento topográfico y favorecer el crecimiento armónico de comunas, caseríos, recintos y parroquias rurales del cantón.

8. Entregar oportunamente los materiales y herramientas necesarias para la realización de las obras; llevar el control de los materiales y reportar sobre su utilización en cantidades, volúmenes y áreas construidas o reparadas.

9. Administrar la explotación de minas y materiales de construcción en los predios de propiedad municipal, evaluar su potencial e informar periódicamente los volúmenes extraídos.

10. Ejercer las fiscalizaciones y supervisión de los trabajos por administración directa, contrato o concesión.

11. Ejecutar las obras públicas municipales, utilizando los siguientes documentos: planes generales y específicos, especificaciones adoptadas, programas y cronogramas y cronograma de trabajo, lista de personal técnico y trabajadores, lista de equipo utilizado y otros documentos técnicos relacionados con la obra en mención.

12. Formular el plan vial a ejecutarse en el cantón.

13. Aplicar los sistemas de mantenimientos de carreteras y caminos vecinales de conformidad con la programación prevista.

14. Realizar el mantenimiento de los equipos, herramientas y vehículos que están bajo su cuidado.

15. Elaborar informe mensual de las actividades que ejecuta.

16. Cumplir con las disposiciones del Director de Obras

Públicas y demás actividades de sección.

DE LA SECCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Art. 33.- Son funciones y actividades de la Sección de Agua Potable y Alcantarillado, las siguientes:

1. Programar, ejecutar, supervisar y evaluar las funciones y actividad de la sección.

2. Proveer de agua potable a las poblaciones del cantón; aplicar y hacer cumplir la ordenanza respectiva para su uso; disponer lo necesario para asegurar el abastecimiento, distribución de agua, de calidad adecuada suficiente para el consumo de la colectividad.

3. Llevar acabo la construcción de los sistemas de agua potable; realizar el mantenimiento y reparación de los sistemas de agua potable.

4. Programar las obras señaladas como prioritarias y de realización manual y llevarlas acabo de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias y los procedimientos establecidos.

5. Intervenir en la elaboración de programas y proyectos específicos de agua potable a realizarse en el cantón a fin de determinar cuáles se van a realizar por administración directa, contratos o concesión.

6. Inspeccionar y controlar las fuentes de captación de agua potable.

7. Otorgar permisos para instalaciones domiciliarias.

8. Llevar el control de las redes de agua potable y de su consumo y coordinar las actividades con el Departamento Financiero encargado de la recaudación y cobro del consumo particular y público de agua potable.

9. Protección de las fuentes de capacitación, conducción, planta de tratamiento, tanques de almacenamiento, distribución y consumo domiciliario.

10. Monitoreo y evaluación de los pequeños sistemas de agua potable que funcionan en las parroquias.

11. Preparar estudios para la realización de nuevos sistemas de agua potable.

12. Proveer de repuestos y accesorios a los sistemas de agua potable.

13. Proveer de alcantarillado a las poblaciones del cantón.

14. Llevar a cabo la construcción, el mantenimiento, la reparación y la limpieza de las alcantarillas y cloacas para el desagüe de las aguas lluvias y servidas.

15. Elaborar informes mensuales de las actividades propias a las actividades de la sección.

DE LA SECCION DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

Art. 34.- Son funciones y actividades de la Sección de Saneamiento Ambiental, las siguientes:

1. Cuidar la higiene y salubridad del cantón, coordinando las actividades con las autoridades de la salud, de conformidad con lo dispuesto en las leyes respectivas.

2. Reglamentar todo lo relativo al manipuleo de los alimentos; inspeccionar los mercados, almacenes, mataderos, carnicerías, panaderías, bares o restaurantes, locales en general donde se fabriquen, guarden comestibles o bebidas de cualquier naturaleza y cuidar de que en estos sitios se cumplan los preceptos sanitarios.

3. Vigilar desde el punto de vista de la higiene que los acueductos, alcantarillados, baños públicos, servicios higiénicos, depósitos de basura, solares no edificados, canales, pozos, bebederos y toda otra instalación.

4. Controlar que todos los edificios públicos y privados y los sitios destinados a los espectáculos públicos reúnan y mantengan de manera constante condiciones de salubridad.

5. Efectuar diariamente el barrido, limpieza y recolección de basura de las calles, plazas, parques y demás lugares públicos del cantón de acuerdo con la zonificación y los horarios establecidos.

6. Mantener en buen estado los vehículos, herramientas y demás implementos que se utilizan para cumplir con las labores propias de la sección.

7. Transportar con las debidas precauciones la basura recolectada en los lugares de depósitos y/o procesamientos.

8. Efectuar la optimización de las rutas y frecuencias de la recolección de basura.

9. Impulsar la construcción del relleno sanitario.

10. Supervisar la información y promoción de horarios, selección de desechos sólidos reciclables.

11. Establecer mecánicos eficaces para el control de la contaminación sobre el agua, aire y suelo del cantón.

12. Coordinar las actividades de la sección con el resto del departamento.

DE LA SECCION DE SERVICIOS PUBLICOS

Art. 35.- Son funciones y actividades de la Sección de Servicios Públicos, las siguientes:

1. Atender los servicios de inhumación y exhumación de acuerdo con la ley.

2. Mantener y cuidar los parques y jardines del cementerio.

3. Atender y cuidar las instalaciones físicas.

4. Regular y controlar las visitas de deudos y familiares con el fin de evitar daños en el ornato y construcciones de este campo sagrado.

5. Vigilar que se dé cumplimiento a las regulaciones dictadas por la Municipalidad tanto de carácter administrativo como sanitario.

6. Procurar atender con los servicios funerarios a las personas de escasos recursos económicos.

7. Cumplir con las demás disposiciones legales y administrativas inherentes a las actividades de la sección.

SERVICIO DE CAMAL

Art. 36.- Son funciones y actividades de la Sección de Servicios de Camal, las siguientes:

1. Prestar un servicio eficiente a la comercialización del ganado en pie y en los servicios de faenamiento y comercialización de los productos derivados.

2. Llevar el control y registros de proveedores de ganado así como de comerciantes.

3. Controlar que se hayan cancelado en Tesorería las respectivas tasas que se cobran de acuerdo a la ordenanza respectiva por el servicio del camal.

4. Mantener y aplicar las normas sanitarias relacionadas con el servicio así como cuidar que se aplique el buen comportamiento por parte de introductores de ganado, comerciantes y público en general.

5. Administrar eficientemente los servicios e instalaciones municipales, pesas, medidas, etc. cuidando de su mantenimiento y buen funcionamiento.

6. Garantizar la compra dé los productos cárnicos a los precios convenidos con pesas y medidas exactas.

7. Controlar la calidad, cantidad, precio de los productos que se expenden en el mercado.

8. Organizar el ingreso, permanencia y salida del ganado, así como los productos faenados en el camal.

9. Cumplir con las demás disposiciones legales y administrativas propias de la actividad.

Art. 37.- Derogatoria.- Quedan derogadas todas las disposiciones reglamentarias que por este concepto se hayan expedido con anterioridad a la presente.

Art. 38.- Vigencia.- La presente Ordenanza que contiene el Reglamento Orgánico y Funcional para la Municipalidad de Baba, entrará en vigencia sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones del Ilustre Municipio de Baba, a los 9 días del mes de agosto de 2002.

f.) Sr. Jaime Guerrero Rodríguez, Alcalde.

f.) Ab. César Romero Cano, Secretario.

Certifico: Que la Ordenanza que contiene el Reglamento Orgánico Funcional para la Municipalidad de Baba, fue discutida y aprobada por los miembros del Concejo, en las sesiones ordinarias del Concejo, celebradas los días 1 y 9 de agosto de 2002.

f.) Ab. César Romero Cano, Secretario del Concejo.

Alcaldía de Baba.- De conformidad con los artículos 64, 72, 126, 128, 129, sanciono la Ordenanza que contiene el Reglamento Orgánico Funcional de esta Municipalidad, el mismo que entrará en vigencia en forma inmediata, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Ejecútese.- Baba, 9 de agosto de 2002.

f.) Sr. Jaime Guerrero Rodríguez, Alcalde.

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