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Registro Oficial. 22 de JULIO del 2003

martes 22 de julio del 2003 | 12:00
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


  MES DE JULIO DEL 2003

 

Martes, 22 de julio del 2003 - R. O. No. 130

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR
FUNCIÓN LEGISLATIVA

LEY:

2003-12 Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.

FUNCIÓN EJECUTIVA

DECRETOS:

571 Expídese el Reglamento para el pago de las remuneraciones de los servidores públicos a través del Sistema de Pagos Interbancarios del Banco Central del Ecuador

572 Refórmase el Decreto Ejecutivo N0 44 de 22 de enero de 2003, publicado en el Registro Oficial No 11 de 30 de enero de 2003

573 Refórmase el Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista......12

574 Créase la Comisión Asesora en Materia Petrolera (CAMP).

575 Refórmase el Decreto Ejecutivo N0 17, publicado en el Registro Oficial N0 14 de 4 de febrero de 2003.

583 Dispónese que el Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, lleve a cabo el proceso de reforma y modernización de la Función Ejecutiva, central e institucional del Estado Ecuatoriano

ACUERDOS:

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA:

0163 Intégrase la Comisión Técnica para calificar, seleccionar, negociar y adjudicar el contrato para la contratación de una firma independiente que realizará el seguimiento operativo del Programa de Apoyo al Sector Vivienda II, Fase 1 -Préstamo 1416/OC-EC

MINISTERIO DE GOBIERNO:

Expídese el Reglamento para el arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de la Gobernación de la Provincia de Bolívar.

SUBSECRETARIA DE RECURSOS PESQUEROS:

030 Establécese veda en el período de muda de los cangrejos de manglar, rojo y azul y el tamaño mínimo de comercialización

RESOLUCIONES:

CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA:

364 Autorízase la realización de la feria internacional denominada: "Misión y Muestra Comercial de Empresas de la Zona Libre de Colón", a realizarse en las instalaciones del Hotel Milton Colón de la ciudad de Guayaquil del 7 al 10 de julio de 2003.

379 Autorízase a Expoplaza-Centro de Exposiciones del Ecuador de la ciudad de Guayaquil, la realización de varios eventos al amparo del régimen especial aduanero de ferias internacionales.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

RESOLUCIONES:

039-2002-TC Acéptase parcialmente la demanda y declarase la inconstitucionalidad por el fondo de la frase "de tasas" constante en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada.

018-2003-TC Deséchase la demanda de inconstitu-cionalidad propuesta contra la Resolución N0 001 de la Unidad de Planificación y Gestión del Transporte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

033-2003-TC Declárase la inconstitucionalidad por la forma del Acuerdo Ministerial No 0148, publicado en el Registro Oficial N 696 de 16 de mayo de 1995, por medio del cual el Ministro de Agricultura y Ganadería expidió el Reglamento de Control de la Instalación y Funcionamiento de las Granjas Avícolas..

0140-2003-RA Inadmitir la acción de amparo cons-titucional propuesta por el señor Santiago Tanguila y otros.

151-03-RA Confirmase la resolución del Juez Undécimo de lo Civil de Guayaquil y concédese el amparo solicitado por el señor Roberto Aguirre Román.

EL CONGRESO NACIONAL

Quito, 14 de julio de 2003
Oficio N0 0598-PCN

Doctor
Jorge Morejón Martínez
Director del Registro Oficial
En su despacho

Señor Director:

Para la publicación en el Registro Oficial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política de la República, remito a usted copia certificada del texto de la LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA que el Congreso Nacional del Ecuador discutió, aprobó y se ratificó en su texto original.

También adjunto la certificación suscrita por el señor Secretario General del Congreso Nacional, sobre las fechas de los respectivos debates.

Atentamente.

f.) Dr. Ramiro Rivera Molina, Primer Vicepresidente del Congreso Nacional, encargado de la Presidencia.

CERTIFICACIÓN

Quien suscribe. Secretario General del Congreso Nacional del Ecuador, certifica que el Proyecto de LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, fue discutido, aprobado y ratificado en su texto original, de la siguiente manera:

PRIMER DEBATE: 02 y 09-05-2002.

SEGUNDO DEBATE: 05-09-2002 y 12-06-2003.
RATIFICACIÓN DEL

TEXTO ORIGINAL: 14-07-2003.

Quito, 14 de julio de 2003.

f.) Dr. Gilberto Vaca García.

N0 2003-12

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que en el país existen innumerables compañías que se dedican a la prestación de servicios de vigilancia y seguridad privada;

Que por la naturaleza e importancia de dichos servicios, es indispensable que el Estado cuente con un marco jurídico adecuado, que permita la regulación y control de las compañías de vigilancia y seguridad privada;

Que la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada debe orientarse a disminuir las amenazas que puedan afectar la vida, la integridad personal y el pleno ejercicio de los legítimos derechos sobre la propiedad y bienes de las personas que reciban tales servicios, sin invadir la órbita de competencia privativa reservada a la fuerza pública; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

CAPITULO I

DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula las actividades relacionadas con la prestación de servicios de vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores, por parte de compañías de vigilancia y seguridad privada, legalmente reconocidas. Se entiende por prestación de dichos servicios la que sea proporcionada, dentro del marco de libre competencia y concurrencia, a cambio de una remuneración.

Art. 2.- Modalidades.- Los servicios de vigilancia y seguridad podrán prestarse en las siguientes modalidades:

1. Vigilancia fija.- Es la que se presta a través de un puesto de seguridad fijo o por cualquier otro medio similar, con el objeto de brindar protección permanente a las personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles y valores en un lugar o área determinados.

2. Vigilancia móvil.- Es la que se presta a través de puestos de seguridad móviles o guardias, con el objeto de brindar protección a personas, bienes y valores en sus desplazamientos.

3. Investigación privada.- Es la indagación del estado y situación de personas naturales y jurídicas; y, bienes con estricta sujeción a lo previsto en la Constitución Política de la República y la ley.

CAPITULO II

DE LAS COMPAÑÍAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Art. 3.- No podrán ser socios de las compañías vigilancia y seguridad privada, ni formar parte de sus órganos de gobierno y administración, las personas incursas en las siguientes prohibiciones:

a) Quienes hayan recibido sentencia condenatoria ejecutoriada;

b) Los miembros de la Fuerza Pública y de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, en servicio activo, sus cónyuges y parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y afinidad;

c) Los funcionarios, empleados y trabajadores civiles al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Gobierno, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Superintendencia de Compañías;

d) Quienes hayan sido socios de compañías de vigilancia y seguridad privada, cuyo permiso de funcionamiento haya sido cancelado en forma definitiva; y,

e) Los ex-miembros de la Fuerza Pública que hayan sido dados de baja por la comisión de infracciones debidamente comprobadas por los órganos competentes.

Art. 4.- Requisitos para el personal.- El personal que preste sus servicios en esta clase de compañías, como guardias e investigadores privados, deberá cumplir con los siguientes requisitos:

a) Ser calificado y seleccionado previamente por la compañía empleadora, de acuerdo a su idoneidad, competencia, experiencia y conocimientos respecto de la función o actividad a desempeñar. La contratación del personal de vigilancia se efectuará con sujeción al Reglamento de la presente Ley;

b) Tener ciudadanía ecuatoriana;

c) Haber completado la educación básica;

d) Acreditar la Cédula Militar; y,

e) Haber aprobado cursos de capacitación en seguridad y relaciones humanas, que incluyan evaluaciones de carácter físico y psicológico que serán dictados por profesionales especializados.

El personal de las compañías de seguridad y vigilancia privada será denominado como guardias o investigadores privados, según la clase de actividad que realicen; y, su calidad será acreditada con la respectiva credencial de identificación, que será otorgada por la compañía contratante.

Art. 5.- Impedimentos para la contratación de personal.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada no podrán contratar personal que se encuentre incurso en las siguientes prohibiciones:

a) Los incapaces absolutos y relativos, determinados en el Código Civil, para las funciones de guardias e investigadores privados;

b) Los guardias, investigadores privados y personal administrativo que hayan sido separados, de una o más compañías de vigilancia y segundad privada, por la comisión de delitos debidamente comprobados de conformidad con la ley;

c) Quienes hayan recibido sentencia condenatoria penal, debidamente ejecutoriada;

d) Los miembros de la Fuerza Pública y de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, en servicio activo;

e) Los funcionarios, empleados y trabajadores civiles al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Gobierno, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas y de la Superintendencia de Compañías; y,

f) Los ex-miembros de la Fuerza Pública que hayan sido dados de baja por la comisión de infracciones debidamente comprobadas por los órganos competentes.

Art. 6.- Los representantes legales y administradores de las compañías de vigilancia y seguridad privada serán los responsables del proceso de calificación y selección del personal que labore bajo sus órdenes y dependencia, estando obligados a capacitarlo mediante cursos y seminarios dictados por profesionales especializados. En el caso de que estas compañías creen establecimientos de formación para tal efecto, deberán contar con la asesoría y supervisión periódica de la Policía Nacional.

Art. 7.- Constitución.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada se constituirán, bajo la especie de compañía de responsabilidad limitada, de acuerdo a la Ley de Compañías y la presente Ley.

Art. 8.- Objeto Social.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada tendrán por objeto social la prestación de servicios de prevención del delito, vigilancia y seguridad a favor de personas naturales y jurídicas, instalaciones y bienes; depósito, custodia y transporte de valores; investigación; seguridad en medios de transporte privado de personas naturales y jurídicas y bienes; instalación, mantenimiento y reparación de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad; y, el uso y monitoreo de centrales para recepción, verificación y transmisión de señales de alarma. En consecuencia, a más de las actividades señaladas en su objeto social, las compañías de vigilancia y seguridad privada solamente podrán realizar las que sean conexas y relacionadas al mismo.

Art. 9.- Razón Social.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada no podrán registrar como razón social o denominación, aquellas propias de las instituciones del Estado y las referidas a la Fuerza Pública.

Art. 10.- Registro Mercantil.- Las escrituras de constitución de las compañías de vigilancia y seguridad privada se inscribirán en un libro especial que, para dicho efecto, abrirá el Registro Mercantil.

Art. 11.- Registro de funcionamiento,. Las compañías de vigilancia y seguridad privada legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil, se deberán inscribir en los registros especiales que, para el efecto, abrirán separadamente el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de Policía Nacional, previa notificación de la Superintendencia de Compañías.

Art. 12.- Permiso de operación.- Registrada la compañía en la forma establecida en los artículos anteriores, le corresponde al Ministerio de Gobierno, otorgar el correspondiente permiso de operación.

El permiso de operación será concedido en un término no mayor a quince días, contado a partir de la fecha de presentación de los siguientes documentos:

a) Copia certificada de la escritura de constitución de la compañía debidamente registrada e inscrita en la forma prevista en esta Ley;

b) Nombramiento del representante legal de la compañía, debidamente inscrito en el Registro Mercantil; y,

c) Reglamento Interno de la Compañía, aprobado por, la Dirección General del Trabajo.

Art. 13.- Sujeción al Código del Trabajo.- El personal de las compañías de vigilancia y seguridad privada, en sus relaciones laborales, estará sujeto a las disposiciones del Código del Trabajo.

CAPITULO III

AUTORIZACIÓN, REGISTRO, UTILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE ARMAMENTO

Art. 14.- De la autorización y registro para tener y portar armas.- De conformidad con lo previsto en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, registrará y extenderá los permisos para tener y portar armas, determinando las características, calibre y más especificaciones técnicas de las armas de fuego, que podrán ser utilizadas por las compañías de vigilancia y seguridad privada. La dotación del armamento se autorizará en estricta proporción a la capacidad de cobertura de dichas compañías.

Art. 15.- Reportes periódicos.- Los representantes legales de las compañías de vigilancia y seguridad privada, entregarán periódicamente la siguiente información:

a) Un reporte anual acerca del armamento disponible, con la determinación de sus características y estado de funcionamiento, que será entregado al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; y,

b) Un reporte semestral acerca de los socios y del personal que se encuentre prestando sus servicios, así como de las separaciones producidas con sus respectivas causas, que será entregado a la Comandancia General de la Policía Nacional.

Art. 16.- Utilización, almacenamiento y registro de armas y equipos.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada utilizarán su armamento y equipo autorizado, de uso exclusivo para el personal de vigilancia y seguridad, en los lugares y horas de prestación de servicios establecidos en los respectivos contratos.

El almacenamiento del armamento y equipo autorizado se sujetará a las disposiciones de la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios.

CAPITULO IV

DEL CONTROL DE LAS COMPAÑÍAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

Art. 17.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada estarán sujetas al control y vigilancia del Ministerio de Gobierno y Policía, conjuntamente con la Superintendencia de Compañías de conformidad con la Ley de Compañías.

Art. 18.- La Superintendencia de Compañías notificará, en forma inmediata, la disolución de las compañías de vigilancia y seguridad privada al Ministerio de Gobierno y Policía para los fines legales pertinentes.

Art. 19.- La Secretaría Nacional de Telecomunicaciones autorizará a las compañías de vigilancia y seguridad privada la utilización de equipos y frecuencias de radiocomunicación; y, la Superintendencia de Telecomunicaciones realizará el control técnico de los mismos. La concesión de frecuencias se efectuará siempre y cuando no interfieran con las de la Fuerza Pública, de conformidad con lo establecido en la Ley Especial de Telecomunicaciones.

CAPITULO V

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 20.- Sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal, la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios y otras leyes, los representantes legales y/o administradores de las compañías de vigilancia y seguridad privada, que incumplan las disposiciones de esta Ley incurrirán en infracciones de carácter administrativo.

Art. 21.- Toda persona podrá denunciar ante el Ministerio de Gobierno y Policía la violación a las disposiciones de la presente Ley.

Art. 22.- Organismo competente para el juzgamiento de las infracciones.- El Ministerio de Gobierno y Policía es el organismo competente para conocer y resolver acerca de la imposición de sanciones por las infracciones administrativas previstas en esta Ley.

Art. 23.- Sanciones.- Sin perjuicio de las acciones civiles o personales a que hubiere lugar, las infracciones administrativas serán sancionadas con:

a) Amonestación escrita;

b) Malta de doscientos a seiscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica;

c) Suspensión temporal de quince a treinta días del permiso de operación; y,

d) Cancelación definitiva del permiso de operación y, multa de cuatrocientos a mil doscientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Estas sanciones serán aplicadas de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida.

Art. 24.- Procedimiento.- El Ministerio de Gobierno y Policía notificará a los representantes legales de las compañías presuntamente responsables de una o más infracciones para que, dentro del término improrrogable de quince días, presenten los justificativos y pruebas de descargo que sean del caso. Dentro de ese lapso se llevarán a cabo todas las investigaciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Concluido el término antes señalado, el Ministerio de Gobierno y Policía dictará la resolución correspondiente dentro del término de ocho días.

De las resoluciones que el Ministerio de Gobierno y Policía dicte al amparo de esta disposición se podrá recurrir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Si el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo previsto en la Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, Municiones, Explosivos y Accesorios, llegare a suspender o cancelar los permisos de las compañías de vigilancia y seguridad privada para tener y portar armas, comunicará dicha resolución al Ministerio de Gobierno y Policía, que procederá en forma inmediata a suspender el correspondiente permiso de operación hasta que la compañía subsane la causa que dio lugar a la sanción y así lo ratifique el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Art. 25.- Responsabilidad Civil y Solidaridad Patronal.-Las compañías de vigilancia y seguridad privada serán civilmente responsables por daños a terceros, que provengan de los actos u omisiones del personal que se encuentre a su servicio. Serán también solidariamente responsables respecto de las personas que presten sus servicios a su favor en los términos del numeral II del artículo 35 de la Constitución Política de la República.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada, emplearán uniformes, logotipos y distintivos que las identifiquen, diferentes a los de uso privativo de la Fuerza Pública.

SEGUNDA.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada no podrán utilizar los grados jerárquicos de la Fuerza Pública, para denominar al personal que labora en las mismas.

TERCERA.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada prestarán colabora-ción inmediata a la Policía Nacional en apoyo a la seguridad ciudadana.

CUARTA.- El Ministerio de Gobierno y Policía podrá descentralizar y delegar las facultades que le han sido conferidas en la presente Ley.

QUINTA.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada contratarán obligatoriamente una póliza de seguro de responsabilidad civil contra daños a terceros, que puedan resultar perjudicados por la prestación de sus servicios; y pólizas de seguro de vida y de accidentes para el personal que preste sus servicios en estas compañías, desde el inicio de su relación laboral.

El Presidente Constitucional de la República en la expedición del Reglamento correspondiente, fijará los montos de las pólizas de los seguros contemplados en esta Disposición General.

SEXTA.- En todo lo que no estuviere previsto en la presente Ley se estará a lo dispuesto
en la Ley de Compañías y demás leyes en todo lo que fueren aplicables.

SÉPTIMA.- El personal de las compañías de vigilancia y seguridad privada desempeñará sus funciones dentro del área correspondiente a cada empresa, industria, edificio, conjunto habitacional, local comercial o establecimiento, con los que se haya suscrito el correspondiente contrato de prestación de servicios, con excepción de aquellos contratos que involucren la custodia de personas, bienes y valores
fuera de tales áreas.

OCTAVA.- Las empresas que no estén constituidas legalmente y que, en forma clandestina, presten servicios de vigilancia y seguridad privada serán clausuradas en forma definitiva, sus propietarios y/o administradores serán sancionados de conformidad con la ley; y, sus armas y equipos serán confiscados.

NOVENA.- Las compañías de vigilancia y seguridad privada garantizarán la estabilidad laboral del personal que actualmente trabaja en ellas, pero estarán obligadas a adecuar su nómina a las disposiciones de esta Ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En el plazo de ciento ochenta días, contado a partir de la promulgación de la presente Ley, las compañías de vigilancia y seguridad privada legalizarán su situación jurídica y adecuarán sus estatutos a las disposiciones de esta Ley.

SEGUNDA.- El Presidente de la República, dentro del plazo de noventa días y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 171 de la Constitución Política de la República, expedirá el correspondiente reglamento para la aplicación de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en el Distrito Metropolitano de San Francisco de Quito, en la sala de sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los catorce días del mes de julio del año dos mil tres.

f.) Dr. Ramiro Rivera Molina, Primer Vicepresidente, encargado de la Presidencia.

f.) Dr. Gilberto Vaca García, Secretario General.

CONGRESO NACIONAL.- Certifico que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaría General.- DIA: 15-07-03.- HORA: 15h15.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

No 571

Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que es objetivo del Gobierno Nacional, fomentar el uso de la tecnología de la información y de comunicaciones en la gestión del sector público, para mejorar los niveles de transparencia, eficiencia y seguridad en los procesos;

Que es prioridad del Gobierno Nacional, la optimización de los procesos operativos relacionados con la gestión de cobros y pagos de las entidades del sector público, a través de la utilización de medios electrónicos;

Que los servidores públicos tienen el derecho de recibir sus remuneraciones a través de mecanismos de pago eficientes y seguros, como las transferencias electrónicas de fondos con acreditación a las cuentas corrientes o de ahorros que mantengan en las instituciones del sistema financiero nacional:

Que el Directorio del Banco Central del Ecuador, mediante Regulación N0 097-2002 estableció la base normativa para el funcionamiento del Sistema de Pagos Interbancarios SPI, que se constituye en un nuevo medio de pago y que permite a través del Banco Central del Ecuador y en el ámbito nacional, la transferencia electrónica de fondos entre cuentas corrientes o de ahorros de clientes de instituciones financieras diferentes;

Que el Sistema de Pagos Interbancarios SPI implementado por el Banco Central del Ecuador, funciona desde el mes de septiembre de 2002 y es utilizado actualmente por instituciones del sistema financiero y del sector público;

Que las instituciones del sistema financiero nacional disponen de una infraestructura computacional y de comunicaciones que les ha permitido agregar valor a los servicios de las cuentas corrientes y de ahorros, mediante la implementación de esquemas de pagos basados en medios electrónicos; y,

En ejercicio de la facultad establecida en el numeral 9 del Art. 171 de la Constitución Política de la República,

Decreta:

EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE LAS REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR.

Art. 1.- Todas las instituciones del Sector público deberán utilizar el Sistema de Pagos interbancarios SPI del Banco Central del Ecuador, para realizar los pagos correspon-dientes a remuneraciones de los servidores públicos.

Art. 2.- El Sistema de Pagos Interbancarios SPI puede utilizarse desde las cuentas de transferencias que las entidades públicas mantienen en el Banco Central del Ecuador o desde las cuentas rotativas de pagos que mantienen en los bancos corresponsales locales.

Art. 3.- Los servidores públicos deberán acreditarse como titulares de una cuenta comente o de ahorros en cualquier institución bancaria, mutualista o cooperativa de ahorro y crédito, que mantengan cuenta en el Banco Central del Ecuador y que se encuentren legalmente habilitadas para operar en el país y bajo control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Art. 4.- Las entidades del sector público ordenarán las transferencias de fondos, por concepto del pago de remuneraciones, únicamente a las cuentas corrientes o de ahorros cuya titularidad corresponda a los servidores públicos beneficiarios de dichos pagos.

Art. 5.- Las entidades del sector público remitirán los detalles de pago de remuneraciones al Banco Central del Ecuador, en forma directa o a través de sus bancos corresponsales. El detalle de pagos deberá estar contenida en los formatos y diseños requeridos por el Sistema de Pagos interbancarios SPI.

Art. 6.- El Ministerio de Economía y Finanzas, la Contraloría General del Estado y el Banco Central del Ecuador, se encargarán de la coordinación operativa y normativa que corresponda para la implementación del nuevo mecanismo de pago de remuneraciones de los servidores públicos.

Art. 7.- Los recursos correspondientes al pago de remuneraciones según consten en el Presupuesto General del Estado, serán transferidos por el Ministerio de Economía y Finanzas a las cuentas de transferencias de las entidades públicas en el Banco Central del Ecuador, únicamente cuando éstas se hayan incorporado al nuevo esquema de pagos, en los plazos previstos en el presente decreto ejecutivo se excepciona a las entidades públicas que por problemas operativos o logísticos, debidamente justificados ante el Ministerio de Economía y Finanzas, no puedan incorporarse inmediatamente al nuevo mecanismo de pagos a través del Sistema de Pagos interbancarios SPI.

Art. 8.- Las entidades públicas incursas en los casos de excepción mencionados en el artículo anterior, deberán realizar los pagos de remuneraciones desde las cuentas rotativas de pagos, que mantienen en los bancos corresponsales del Banco Central del Ecuador.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- Las entidades del sector público deberán incorporarse al nuevo esquema de pago de remuneraciones, establecido en el presente decreto ejecutivo, hasta el 31 de octubre de 2003.

Art. Final.- De la ejecución y cumplimiento del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, en el ámbito de sus respectivas responsabilidades y competencias, encárguese el Ministro de Economía y Finanzas, Gerente General del Banco Central del Ecuador y Contralor General del Estado.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de julio de 2003.

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.

f.) Gilberto Pazmiño, Ministro de Economía y Finanzas, Enc.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración Pública.

No 572

Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 44 de 22 de enero de 2003, publicado en el Registro Oficial No. 11 de 30 de enero de 2003, se expidieron las Normas para el Incentivo Patriótico al Ahorro, a fin de establecer una política de austeridad en el gasto público;

Que a fin de cumplir con los objetivos y finalidades que motivaron la expedición del antes referido decreto ejecutivo, se hace necesaria una reforma al mismo, a efectos de disponer de una política más exigente en lo atinente al número de trabajadores y servidores públicos; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171, numerales 5 y 9 de la Constitución Política de la República,

Decreta:

LAS SIGUIENTES REFORMAS AL DECRETO EJECUTIVO No. 44 DE 22 DE ENERO DE 2003, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL No. 11 DE 30 DE ENERO DE 2003.

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 1, por el siguiente:

"Art. 1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones del presente Decreto son de aplicación obligatoria para todas las instituciones y organismos del Estado descritos en el artículo 2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y, en las sociedades mercantiles en las que el Estado o sus instituciones tengan participación accionaria mayoritaria. Se exhorta a las máximas autoridades de las demás funciones e instituciones del sector público señaladas en el artículo 118 de la Constitución Política de la República a la aplicación de las disposiciones de este Decreto.".

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 6, por el siguiente:

"Art. 6.- NUMERO DE TRABAJADORES Y SERVIDORES PÚBLICOS.- En todas las instituciones y organismos descritos en el artículo 2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, se prohíbe el incremento del número de empleados, servidores y trabajadores a cualquier título, en consecuencia el número de tales empleados, servidores y trabajadores en cada entidad no superará, en ningún caso, aquel que en los roles respectivos constaba al 24 de noviembre de 2002.

Prohíbese la creación de nuevas plazas o puestos de trabajo; y, aquellos que se encuentren vacantes no podrán ser ocupados con el ingreso de nuevo personal. Así mismo no se podrá extender o emitir nuevos nombramientos.

Se prohíbe la contratación de personal para que preste sus servicios bajo relación de dependencia. La ausencia temporal de un trabajador o servidor deberá ser cubierta con personal de la respectiva entidad pública.

En todas las entidades definidas en el inciso primero de este artículo se reducirá en un diez por ciento (10%) el ingreso de personal de libre nombramiento y remoción.

A partir de enero de 2004, y hasta la terminación del presente mandato presidencial, se reducirá el número de servidores y trabajadores en todas las entidades del sector público en función de un análisis de eficiencia y optimización que, para esta finalidad, deberán realizar las respectivas entidades. Para el efecto, durante el presente ejercicio económico, las instituciones públicas deberán realizar los estudios correspondientes a fin de determinar el tamaño adecuado de cada institución.

A partir de la vigencia de este decreto se prohíbe la contratación de asesores, salvo expresa autorización del Secretario General de la Administración Pública.

Prohíbese la contratación de servicios a través de empresas tercerizadoras o intermediadoras de personal. Solo en casos de excepción, previa autorización del Secretario General de la Administración Pública se celebrarán este tipo de contratos.

En ningún caso se renovarán o ampliarán los plazos de vigencia de los contratos temporales u ocasionales que se encuentren a esta fecha vigentes."

Art. 3.- Al final del literal e) del artículo 7, a continuación de la frase "funciones administrativas" agréguese: "o permanentes".

Art. 4.- lnclúyase eL siguiente artículo innumerado a continuación del artículo 7:

"Art. - En los contratos de servicios profesionales especializados señalados en el literal e) del Art. 7 del Decreto Ejecutivo No. 44, publicado en el Registro Oficial No. 11 de 30 de enero de 2003, prohíbese la estipulación como objeto la prestación de servicios que involucren trabajos en los cuales se suponga la existencia de relación de dependencia, contrariando la calidad de contratos civiles.".

Art. Final.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución y cumplimiento encárgase al Ministerio de Economía y Finanzas.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de julio de 2003.

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.

f.) Gilberto Pazmiño, Ministro de Economía y Finanzas, Enc.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración Pública.

N0 573

Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que mediante Decreto Ejecutivo 593. publicado en el Registro Oficial 134 de 23 de febrero de 1999, se dictó el Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista, MEM, el cual fue reformado por Decreto Ejecutivo No. 3489. publicado en el Registro Oficial 737 de 31 de diciembre de 2002;

Que el artículo 1 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico dispone que el suministro de energía eléctrica es un servicio de utilidad pública de interés nacional; por tanto, es deber del Estado satisfacer directa o indirectamente las necesidades de energía eléctrica del país;

Que es deber del Estado regular la prestación del servicio público de suministro de energía eléctrica a fin de asegurar la efectiva protección de los consumidores, preservando los derechos de los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista, MEM; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución Política del Ecuador,

Decreta:

Expedir las siguientes reformas al Reglamento para el Funcionamiento del Mercado Eléctrico Mayorista, contenido en el Decreto Ejecutivo 593, publicado en el Registro Oficial 134 de 23 de febrero de 1999 y Decreto Ejecutivo No. 3489, publicado en el Registro Oficial 737 de 31 de diciembre de 2002.

Art. 1.- El artículo 36 dirá:

"Art. 36.- facturación mensual.- de conformidad con el Art. 49 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico, cada mes y una vez completado el proceso de reporte de transacciones comerciales correspondiente al mes anterior, el CENACE elaborará y emitirá una liquidación a cada uno de los agentes del MEM. En la liquidación se reportará todas las transacciones que hayan sido liquidadas durante los días del mes inmediatamente anterior, así como los pagos y saldos correspondientes, incluyendo los del transmisor, deducidas las aportaciones para el funcionamiento del CENACE y los cargos que el CONELEC hubiese determinado por incumplimiento de la calidad del servicio.

Los plazos para que el CENACE emita la liquidación, considerando también las transacciones internacionales de electricidad, serán establecidos por el CONELEC en la regulación correspondiente.

Para asegurar el pago de las liquidaciones emitidas por el CENACE por las transacciones de potencia, energía y transmisión realizadas, las personas naturales o jurídicas dedicadas a la prestación del servicio público de distribución, deberán constituir obligatoriamente un fideicomiso de todos sus ingresos por venta de energía, de acuerdo con las siguientes prioridades de pago:

a) Pago por transacciones internacionales de energía (TIE);

b) Pago de la energía suministrada por generadores térmicos que compran combustible a la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR, pudiendo y según el caso, previa la cesión de los derechos de los generadores pagar directamente a PETROECUADOR las ventas de combustible realizadas por dicha empresa estatal;

c) Pago de la energía suministrada por generadores térmicos en general;

d) Pago de la energía a las demás centrales de generación y a Transelectric; y,

e) Valor agregado de distribución correspondiente a cada empresa.

Este fideicomiso, tendrá prioridad ante cualquier otra obligación similar que hayan adquirido las empresas de distribución por cualquier concepto y se formalizará en un plazo máximo de 15 días a partir de la vigencia del presente decreto.

Art. final.- De la ejecución del presente decreto que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al Ministerio de Energía y Minas, Gerente del Fondo de Solidaridad, del Director Ejecutivo del CONELEC y del Director Ejecutivo del CENACE.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de julio de 2003.

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.

f.) Carlos Arboleda Heredia, Ministro de Energía ~ Minas. Es fiel copia del original.

Lo certifico.

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración Pública.

N0 574

Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el sector hidrocarburos juega un papel fundamental en la economía nacional y constituye un factor indispensable para el progreso y desarrollo del país;

Que es de interés nacional crear las condiciones necesarias para ampliar la base de recursos hidrocarburíferos del país e incrementar los volúmenes de producción y exportación;

Que es indispensable crear las condiciones para atraer el capital privado a este sector para el logro de los objetivos antes indicados;

Que es necesario coordinar la participación de todas las autoridades gubernamentales involucradas y sociedad en pleno de manera que las propuestas y medidas que se tomen para el logro de los objetivos antes mencionados sean producto del consenso de las partes involucradas; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el Art. 171 numeral de la Constitución Política de la República y Art. 11 literal g) del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
Decreta:

Art. 1.- Créase la Comisión Asesora en Materia Petrolera (CAMP) cuyo objeto será asistir y asesorar directamente al Presidente de la República y a las instituciones relacionadas con este sector en la evaluación integral del sector hidrocarburífero y en la formulación de políticas y medidas concretas que busquen maximizar su potencial petrolero.

Art. 2.- La Comisión Asesora en Materia Petrolera (CAMP) estará integrada por el Ministro de Energía y Minas, quien la presidirá; el Ministro de Economía y Finanzas; el Presidente del Directorio del Banco Central del Ecuador.

Art. 3.- La Comisión Asesora en Materia Petrolera (CAMP) tendrá las siguientes atribuciones:

1. Evaluar y recomendar en torno de la política petrolera del Ecuador.

2. Evaluar y recomendar sobre la organización del sector petrolero.

3. Crear las bases para vigorizar el sector petrolero por medio de una apertura con la participación del sector privado.

4. Evaluar el portafolio de activos del sector para determinar su naturaleza y jerarquizarlos en función de criterios tendientes a su optimización.

5. Plantear las bases conceptuales y su normativa, los modelos de contratos y bases de licitación de las áreas.

6. Identificar y proponer medidas que aseguren un desarrollo armónico socio-ambiental en la implementación de los planes del sector petrolero.

7. Asegurar y apoyar la implementación del proceso de apertura.

8. Cualquier otra actividad relacionada que asegure la consecución de los objetivos.

Art. 4.- A los fines previstos en el presente decreto, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR y el Banco Central prestarán su colaboración y proporcionarán la información que sea necesaria a la Comisión Asesora en Materia Petrolera (CAMP).

Art. 5.- La Comisión Asesora en Materia Petrolera(CAMP) contará igualmente con el apoyo de un comité técnico de trabajo.

Art. 6.- El Ministro de Economía prestará el apoyo presupuestario y procurará la cooperación de los organismos multilaterales de crédito a fin de que se brinde la asistencia técnica requerida.

Art. 7.- La Comisión Asesora en Materia Petrolera (CAMP) se reunirá cuando así lo solicite cualquiera de sus miembros. Sus recomendaciones serán adoptadas por mayoría absoluta de votos de sus miembros.

Art. 8.- La Comisión Asesora en Materia Petrolera (CAMP) deberá cumplir su cometido dentro del plazo de un año, el cual puede ser prorrogado. No obstante lo anterior, la Comisión Asesora en Materia Petrolera (CAMP) informará regularmente por lo menos una vez al mes, al Presidente de la República de los avances logrados por la comisión, resultados de análisis hechos y medidas o propuestas que se consideren conveniente adoptar.

Art. 9.- La Comisión Asesora en Materia Petrolera (CAMP) es de naturaleza asesora. Su actuación no sustituye las atribuciones y funciones que la Constitución y leyes le otorgan a las distintas instituciones del sector.

Art. 10.- De la ejecución del presente decreto que entrará en vigencia a partir de su publicación el Registro Oficial, encárguese el Ministro de Energía y Minas.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 11 de julio de 2003.

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.

f.) Carlos Arboleda Heredia, Ministro de Energía y Minas.

f.) Gilberto Pazmiño, Ministro de Economía y Finanzas (E). Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración Pública.

No 575

Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos, le corresponde al Presidente de la República regular los precios de venta al consumidor de los derivados de los hidrocarburos;

Que mediante Decreto Ejecutivo N0 17, publicado en el Registro Oficial N0 14 de 4 de febrero de 2003, se expidió el Reglamento para la regulación de los precios de los derivados de los hidrocarburos;

Que es necesario regular los precios de venta en terminal y/o depósitos de PETROCOMERCIAL y el margen de comercialización, de los derivados de los hidrocarburos, sin afectar al consumidor final ni a los entes involucrados en la comercialización, corrigiendo distorsiones en la política de precios; y,

En ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 72 de la Ley de Hidrocarburos,

Decreta:

Expedir las siguientes reformas al Decreto Ejecutivo N0 17, publicado en el Registro Oficial N0 14 de 4 de febrero de 2003.

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 1, por el siguiente:

"Art. 1.- Se establecen los siguientes precios de venta en los terminales y depósitos operados por PETROCOMERCIAL para los derivados de hidrocarburos:

COMBUSTIBLES PRECIO TERMINAL
(US$ dólares)

Gasolina Pesca Artesanal 0,7135
Gasolina Extra 1,1689
Gasolina Super 1,5000
Diesel 1 (kérex) 0,8042
Diesel 2 0,8042
Diesel Premiun 0,8042
Jet Fuel 1,0400
Fuel oil 0,6200
Spray oil 1,0300
Solventes Industriales 1,4600
Avgas 2,2000
Absorver 0,8600

En los precios antes indicados se incluyen los costos de refinación, comercialización interna e importación, así como el costo por facturación y despachos a 600 Fahrenheit y no se incluye el impuesto al valor agregado".

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 2, por el siguiente:

"Art. 2.- El precio máximo de venta al público por galón de la gasolina para pesca artesanal, la gasolina extra, el diesel 1, el diesel 2 y el diesel premiun, que se comercialicen en el mercado nacional, será equivalente a la suma del precio por galón de estos derivados a nivel de terminal y/o depósitos, más el valor correspondiente al impuesto al valor agregado sobre el precio por galón de terminal y/o depósitos, más el margen de comercialización que se aplique a cada galón de los derivados antes mencionados, fijado de acuerdo a la siguiente tabla:

Combustible Margen de Comercialización
(US$ dólares)

Gasolina Pesca Artesanal 0.126
Gasolina Extra 0,171
Diesel 1 (kérex) 0,137
Diesel 2 0,137
Diesel Premiun 0,137

El margen de comercialización incluye el valor correspondiente al impuesto al valor agregado (IVA) generado en el proceso de comercialización.".

Art. 3.- A continuación del artículo 2, agréguese el siguiente:

"Art. 3.- La facturación del despacho de combustibles al granel a las compañías comercializadoras en los terminales, depósitos y refinerías, debe realizarse con el ajuste por temperatura a 600 Fahrenheit de conformidad con la norma ISO 5024 y a la regulación que para el efecto expida el Ministerio de Energía y Minas".

Art. 4.- De la ejecución de este decreto que entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los ministros de Economía y Finanzas y de Energía y Minas.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 11 de julio de 2003.

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.

f.) Gilberto Pazmiño, Ministro de Economía y Finanzas (E)

f.) Carlos Arboleda Heredia, Ministro de Energía y Minas. Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración Pública.

Nº 583

Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que es política prioritaria del gobierno ecuatoriano optimizar la gestión de los órganos que integran la Función Ejecutiva, central e institucional, con el fin de mejorar los servicios a la ciudadanía y su interrelación con las instituciones públicas;

Que la reforma y modernización de la Función Ejecutiva debe consistir en un proceso global y altamente técnico, sin ninguna injerencia de intereses personales o políticos;

Que los artículos 17 de la Ley de Modernización del Estado y II del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, determinan la competencia del Presidente de la República para crear, suprimir, fusionar y reorganizar organismos de la Función Ejecutiva;

Que de acuerdo con el artículo 9 de la Ley de Modernización del Estado, corresponde al CONAM, definir las estrategias, normas y procedimientos para dirigir, coordinar, ejecutar y controlar los procesos que se establecen en esa ley, como la racionalización y eficiencia administrativa;

Que según los artículos 1 y 2 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado, el CONAM, es el organismo administrativo y técnico, encargado de planificar, dirigir, ejecutar, en los casos que determine el Presidente de la República, y evaluar el proceso de modernización del Estado en las áreas de desconcentración administrativa, desburocratización, eficiencia administrativa y económica, y racionalidad administrativa;

Que el artículo 12 de la Ley de Modernización establece como función del CONAM, impulsar los mecanismos necesarios para obtener y canalizar los recursos financieros privados nacionales e internacionales para llevar a efecto la modernización del Estado;

Que el CONAM, con la participación de personal técnico de la Presidencia de la República, ha realizado el planteamiento inicial para el cambio, hacia una administración pública eficaz, participativa, transparente y que rinda cuentas a los administrados; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley,

Decreta:

Art. 1.- El Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM, llevará a cabo el proceso de reforma y modernización de la Función Ejecutiva, central e institucional, del Estado Ecuatoriano, hasta la implementación y ejecución de las estructuras y procedimientos institucionales, sobre la base de las propuestas de los marcos legales que se requieran para su instrumentalización.

Este proceso será dirigido por una comisión integrada por las siguientes personas:

a) El Presidente del Consejo Nacional de Modernización del Estado, quien la presidirá;

b) Un delegado técnico nombrado por el Presidente de la República; y,

c) Por la máxima autoridad del organismo estatal motivo de reforma y modernización. Cuando la reforma y modernización involucre a más de un organismo, éstos designarán a un solo representante ante la comisión.

La comisión coordinará su gestión con todas las instituciones de la Función Ejecutiva, de acuerdo con las prioridades de reforma y modernización establecidas.

El Presidente del CONAM dictará el instructivo para el funcionamiento de la comisión en un plazo no mayor a quince días.

La Dirección de Asesoría Jurídica del CONAM, actuará como la Secretaria Ejecutiva de la comisión.

Art. 2.- La reforma y modernización de la Función Ejecutiva tendrá como responsabilidad básica, lograr una administración ágil y moderna del Estado Ecuatoriano, estructurado de acuerdo a las funciones que sirve en la sociedad, con altos grados de autonomía en sus niveles tácticos y operacionales, que elaboren y ejecuten las estrategias necesarias para el cumplimiento de las políticas de gobierno; que mantiene interacciones estrechas en los proyectos que por su carácter multidisciplinario así lo requieren, que interactúen a través de un sistema de información y control funcional, basado en la correcta utilización de las tecnologías más avanzadas de información incluida la modalidad de internet protocol (IP); que utilicen sistemas comunes de manejo de los recursos humanos, físicos (contratación, operación y mantenimiento) y financieros (tanto internos como externos); que sus procesos sean transparentes y que permitan la presentación directa y oportuna de cuentas a los organismos de control y fiscalización correspondientes, así como a la sociedad en general.

Art. 3.- La metodología que se utilizará en el proceso de reforma y modernización de la Función Ejecutiva, contempla la interacción del CONAM con todos y cada uno de los entes gubernamentales a través de sus unidades de Desarrollo Organizacional o equivalentes; para a través de los mismos, y con la dirección y coordinación del CONAM, llevar adelante la reforma interinstitucional, de manera que integre los conceptos de calidad total, reingeniería de procesos, gerencia por objetivos y resultados, teoría de sistemas, entre otros. Esta metodología enfatizará los aspectos sociales, sistémicos avanzados y cibernéticos de la organización; así como la cultura organizacional y las prácticas de trabajo; que el contexto del presente siglo; esto es, de la era del conocimiento y de la información.

Art. 4.- Toda reforma organizacional en la Función Ejecutiva, se enmarcará en el proceso global que realiza el CONAM, por lo que todas las propuestas de reforma y organización, incluidos los llamados reforzamientos institucionales, deberán contar con la participación del CONAM.

El CONAM impulsará los mecanismos necesarios para obtener y canalizar los recursos financieros nacionales e internacionales para la reforma y modernización de la Función Ejecutiva.

Art. 5.- Este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 14 de julio de 2003.

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración Pública.

No. 00163

Arq. Ermel Fiallo Grunaguer
MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Considerando:

Que el Gobierno Ecuatoriano, por intermedio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, es el ejecutor del Programa de Apoyo al Sector Vivienda II, para cuyo efecto se cuenta con el financiamiento parcial del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, formalizado en el contrato de préstamo No. 1416 OC/EC suscrito entre la República del Ecuador y el BID el 16 de diciembre de 2002;

El contrato de crédito estipula que "el programa financiará actividades de apoyo a la ejecución entre otros en (ii) seguimiento operativo; que al igual que en el primer programa se efectuará cada seis meses un seguimiento externo, del funcionamiento del programa en su Componente 1 y en la actividad de Urbanización Integrada del Componente 2. El proceso de seguimiento servirá para identificar problemas y cambios necesarios en la ejecución y metas del programa. Para tal efecto el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda debe seleccionar y contratar una firma independiente que realice el seguimiento operativo del programa;

Que para viabilizar legalmente el proceso de la contratación mencionada en el considerando anterior, es necesario que el MIDUVI cuente con una Comisión Técnica que tome a su cargo los procedimientos de contratación sujetos al régimen del contrato de préstamo antes mencionado; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

Acuerda:

Art. 1. Intégrase la Comisión Técnica del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, MIDUVI, para calificar, seleccionar, negociar y adjudicar el contrato para la contratación de una firma independiente que realizará el seguimiento operativo del Programa de Apoyo al Sector Vivienda II, Fase 1 - Préstamo 1416/OC-EC de conformidad con las normas del convenio de préstamo que financia el Programa, bases y términos de referencia y más documentos precontractuales.

La Comisión Técnica estará integrada por los siguientes miembros:

(a) Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, o su delegado, quien la presidirá;

(b) El Asesor Jurídico Ministerial o su delegado; y,

(c) El Coordinador General del programa o su delegado.

Actuará como Secretario el funcionario de la entidad que designe la comisión.

Los miembros de la comisión tendrán el carácter de permanentes durante todo el proceso y únicamente podrán ser cambiados por circunstancias de fuerza mayor, debidamente justificadas ante el BID.

El quórum se establece con la participación de todos los miembros de la comisión.

Las sesiones del comité serán convocadas por el Presidente o sus miembros podrán constituirse en sesión por propia decisión, circunstancia que deberá constar en la respectiva acta. El quórum se constituirá con la asistencia de todos los miembros. La comisión adoptará sus resoluciones con el voto conforme al menos dos de sus miembros, quienes están obligados a consignar su voto afirmativa o negativamente sobre los temas sometidos a su consideración y decisión.

Las resoluciones y aspectos relevantes tratados por la comisión en cada sesión constarán en actas que serán suscritas por todos sus miembros y el Secretario. La comisión, podrá asesorarse con el apoyo de técnicos del MIDUVI o de fuera de él, para analizar y resolver temas específicos.

Art. 2. Corresponde a la Comisión Técnica conocer y resolver sobre el trámite previo a la contratación de los servicios de consultoría objeto de este concurso, hasta su fase final; es decir, le compete calificar, seleccionar, negociar y adjudicar el respectivo contrato de conformidad con las normas del convenio de préstamo que financia el proyecto, bases, términos de referencia y más documentos precontractuales. Consecuentemente, durante el proceso del concurso, la comisión cumplirá las siguientes funciones:

(a) Establecer la lista corta de las firmas consultoras a las que invitará a participar en el concurso;

(b) Aprobar las bases del concurso y efectuar las invitaciones correspondientes;

(c) Absolver las consultas de los oferentes;

(d) Abrir en actos públicos los sobres que contienen los documentos de las ofertas técnicas y económicas y suscribir las actas correspondientes;

(e) Solicitar por escrito cualquier aclaración a los documentos presentados por los oferentes;

(f) Analizar y evaluar la información presentada por los oferentes y asignar los puntajes que merezcan;

(g) Notificar el Informe de Evaluación de las Ofertas Técnicas a los oferentes y analizar sus observaciones para la preparación del informe final;

(h) Establecer el orden de méritos o prelación de los oferentes que resultaren calificados;

(i) Negociar la oferta del oferente que obtenga la primera prioridad y suscribir la correspondiente acta de negociación;

(j) Adjudicar el contrato;

(k) Obtener las aprobaciones del BID en las distintas fases del proceso, según se establece en estas bases, en armonía con las disposiciones del contrato del préstamo o convenio que financia esta contratación;

(l) Dar a conocer a los oferentes los resultados finales del concurso; y,

(m) Llevar los correspondientes registros de todas las actividades del proceso.

La comisión está facultada para designar subcomisiones de apoyo a su trabajo, y podrá además asesorarse con los técnicos o especialistas que considere necesario.

La comisión tendrá total autonomía para ejercer sus atribuciones y desarrollar sus actividades dentro del proceso de contratación.

Art. 3. Los miembros del comité tendrán total autonomía para ejercer sus atribuciones y desarrollar sus actividades dentro del proceso de contratación, siendo responsables de sus actuaciones dentro del ámbito de las funciones encomendadas.

Art. 4. El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano a 4 de julio de 2003.

f.) Arq. Ermel Fiallo Grunaguer, Ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Certifico que este documento es fiel copia del original.

f.) Secretaria General.

Fecha: 15 de julio de 2003.

Carlos Vinicio Bonilla Bonilla
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BOLÍVAR

Considerando:

Que en uso de las facultades que le confiere la ley y con el fin de contar con un Reglamento Interno para el arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de la Gobernación de la Provincia de Bolívar,

Acuerda:

Expedir el Reglamento para el arrendamiento de bienes inmuebles de propiedad de la Gobernación de la Provincia de Bolívar, contenido en las siguientes estipulaciones:

Art. 1.- Previo al arrendamiento de cualquiera de los locales del edificio de propiedad de la Gobernación de la Provincia de Bolívar, ubicado en las calles Sucre y García Moreno, del cantón Guaranda, se deberá contar obligatoriamente con los siguientes requisitos:

a.- Informe del Departamento Financiero de la Gobernación, en el que se indique la disponibilidad del local, las condiciones y la ubicación del mismo;

b.. La exhibición de un cartel por el plazo de ocho días calendarios en el local desocupado, en un lugar visible, conteniendo la leyenda "SE ARRIENDA";

c.- El Departamento Financiero de la Gobernación establecerá el precio de los locales a arrendarse, según la condición y ubicación del mismo, para lo cual fijará los siguientes montos: para los locales de la primera y segunda planta alta la base mínima será de 20 salarios mínimos vitales generales vigentes; y, para los locales de la planta baja 40 salarios mínimos vitales generales vigentes a la fecha de arrendamiento; y,

d.- Los interesados presentarán su oferta en sobre cerrado, en el Departamento Financiero de la Gobernación de la Provincia de Bolívar, en un plazo máximo de 8 días, contados a partir de la exhibición del cartel.

Art. 2.- Recibidas las ofertas procederán los señores: del Departamento Financiero, señor Gobernador y abogado de la Gobernación a la apertura de las mismas y luego de su análisis, se adjudicará al mejor postor, dejando constancia de lo actuado en un acta que será suscrita por los intervinientes.

Art. 3.- Cumplido con el procedimiento contenido en el Art. 2. el señor Gobernador dispondrá inmediatamente al Departamento Jurídico la elaboración del contrato respectivo, para su suscripción definitiva.

Art. 4.- El arrendatario que suscriba el contrato, deberá entregar una garantía determinada en el artículo 77 y siguientes de la Ley de Contratación Pública.

Art. 5.- El plazo de los contratos de arrendamiento por ningún concepto podrá ser mayor a dos años.

Art. 6.- Por ningún concepto se podrá dar en comodato los locales u oficinas del edificio de la Gobernación de la Provincia de Bolívar.

Art. 7.- Todo lo que no estuviese expresamente señalado en el presente reglamento interno, se estará a lo dispuesto a las normas contenidas en la Ley de Contratación Pública, reglamento y Ley de Inquilinato.

Art. 8.- El presente reglamento entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de que sea publicado en el Registro Oficial pertinente.

Dado en el despacho de la Gobernación de la Provincia de Bolívar; a los veinte y siete días del mes de junio de 2003.

f.) Lcdo. Carlos Vinicio Bonilla Bonilla, Gobernador de la provincia de Bolívar.

N0 030

LA SUBSECRETARIA DE RECURSOS PESQUEROS

Considerando:

Que los recursos bioacuáticos existentes en el mar territorial, en las aguas marítimas interiores, en los ríos, en los lagos o canales naturales y artificiales, son bienes nacionales cuyo racional aprovechamiento será regulado y controlado por el Estado de acuerdo con sus intereses;

Que el Estado exigirá que el aprovechamiento de los recursos pesqueros contribuya al fortalecimiento de la economía nacional, al mejoramiento social y del nivel nutricional de la población;

Que la satisfacción de las necesidades actuales no comprometa la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones, la utilización de los recursos pesqueros debe efectuarse permitiendo su renovación sin distorsionar la estructura del ecosistema, evitando las contradicciones de intereses entre lo social y la ecología;

Que el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero queda facultado para resolver y reglamentar los casos especiales y no previstos que se suscitaren en la aplicación de esta ley;

Que mediante Acuerdo Ministerial N0 373, publicado en el Registro Oficial N0 489 de julio 30 del año 1986, se expidió el Reglamento de veda para la captura, procesamiento y la comercialización interna y externa del recurso cangrejo de las especies Ucides occidentales Ortmann (cangrejo rojo) y Cardisona crassum Smith (cangrejo azul);

Que mediante Acuerdo Ministerial N0 171, publicado en el Registro Oficial N0 453 de noviembre 14 del año 2001, se expidió la veda para la captura, procesamiento y la comercialización interna y externa del recurso cangrejo de las especies Ucides occidentales Ortmann (cangrejo rojo) y Cardisona crassum Smith (cangrejo azul) en el periodo comprendido del 15 de enero al 28 de febrero de cada año por efectuarse el periodo reproducción (precortejo y cópula) de este crustáceo;

Que mediante Decreto Ejecutivo N0 3056, publicado en el Registro Oficial N0 660 de septiembre 1 de 2002, fue derogado el Acuerdo Ministerial N0 373, publicado en el Registro Oficial N0 489 de julio 30 del año 1986, donde se expidió el Reglamento de veda para la captura, procesamiento y la comercialización interna y externa del recurso cangrejo rojo y azul, por recomendación de la Comisión Jurídica de Depuración Normativa, sin la consulta técnica al Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, Subsecretaría de Recursos Pesqueros o al Instituto Nacional de Pesca; siendo ésta una normativa en uso que se aplicaba anualmente al efectuarse en ese periodo la muda del cangrejo, fase en la cual no es apto para el consumo humano;

Que el Instituto Nacional de Pesca ha emitido sus recomendaciones en el informe "El porqué de la veda del cangrejo rojo de manglar Ucides occidentalis en época de muda";

Que el artículo 12 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, faculta al Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero, entre otras a orientar la política pesquera del país, dictaminar sobre los proyectos de leyes y reglamentos que deberán expedirse de acuerdo con la política pesquera del país;

Que el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero en sesión celebrada en la ciudad de Guayaquil el 12 de junio de 2003, ha emitido su dictamen favorable para la expedición del presente acuerdo para salvaguardar la salud de los consumidores y el normal desarrollo de la fase de muda de este crustáceo;

Que mediante Acuerdo Ministerial número 01389, publicado en el Registro Oficial número 550 del 8 de abril de 2002, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, delegó al Subsecretario de Recursos Pesqueros, la facultad de expedir las normas, reglamentos, acuerdos y resoluciones relacionados con la dirección y control de la actividad pesquera en el país, así como la facultad de resolver y reglamentar los casos especiales y los no previstos que se suscitaren en aplicación de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 1 del Acuerdo Ministerial número 01389, publicado en el Registro Oficial número 550 del 8 de abril de 2002 y los Arts. 20 y 28 de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero y su reglamento,

Acuerda:

ESTABLECER VEDA EN EL PERIODO DE MUDA DE LOS CANGREJOS DE MANGLAR ROJO Y AZUL Y EL TAMAÑO MÍNIMO DE COMERCIALIZACIÓN.

Art. 1.- Establecer en todo el territorio nacional una veda para la captura transporte, posesión, procesamiento y comercialización interna y externa del recurso cangrejo de las especies Ucides occidentales Ortmann (cangrejo rojo) y Cardisona crassum Smith (cangrejo azul), durante el periodo comprendido desde las 0 (cero) horas del primero de septiembre hasta las 24 horas el 15 de octubre de cada año, por ser la fase de muda de estos organismos, condición en la cual no es apto para el consumo humano.

Art. 2.- Después de los periodos de veda de la muda y de la reproducción se establece en 60 mm (6 cm) de longitud del cefalotórax el tamaño mínimo de comercialización para los cangrejos rojo y azul.

Art. 3.- Se prohíbe la captura de todo espécimen hembra de los cangrejos rojo y azul en cualquier estado biológico que ésta se encontrase.

Art. 4.- En el estuario del río Chone, provincia de Manabí, declárese la veda permanente del recurso cangrejo hasta que el Instituto Nacional de Pesca mediante estudio técnico determine el estado actual de recuperación de la especie, e informe sobre el índice que permita su racional explotación.

Art. 5.- Los organismos vivos capturados en violación a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3 y 4 de la presente normativa, de acuerdo a las circunstancias serán restituidos a su hábitat natural, o incinerados; en cualquiera de los casos se levantará las actas para el retiro, y la restitución a su medio natural o incineración.

Art. 6.- Quienes infringieren las disposiciones del presente acuerdo, serán sancionados por las infracciones tipificadas en el artículo 46, literal b) de la Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero, con las sanciones establecidas en el artículo 79 de la misma ley, sin perjuicio de las sanciones que establezcan otras normativas.

Art. 7.- Encárguese al Instituto Nacional de Pesca, el establecer y ejecutar un programa de monitoreo, para establecer la incidencia de estas medidas en el manejo de estos recursos bioacuáticos, cuyos resultados deberán ser puestos a consideración del señor Subsecretario de Recursos Pesqueros y la Dirección General de Pesca y conocidos obligatoriamente por el Consejo Nacional de Desarrollo Pesquero mediante la presentación de informes anuales.

Art. 8.- De la ejecución del presente acuerdo encárguense a la Dirección General de Pesca, el Instituto Nacional de Pesca en coordinación con la Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral, y demás instituciones estatales que estén interrelacionadas con la actividad pesquera, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Guayaquil, a 4 de julio de 2003.

f.) Sra. Lucía Fernández de De Genna, Subsecretaria de Recursos Pesqueros.

Certifico que es fiel copia del original que reposa en archivo.

f.) Jefe Administrativo, Subsecretaría de Recursos Pesqueros.- 10 de julio de 2003.

Nº 364

EL GERENTE GENERAL DE LA CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA

Considerando:

Que mediante comunicación ingresada con hoja de trámite N0 03-03403, suscrita por el señor Morice Dassum, Gerente General de la Empresa Hotel Colón Guayaquil, solicita la autorización para que se declare Zona Primaria Aduanera a las instalaciones del HOTEL HILTON COLON, ubicado en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Kennedy Norte, avenida Francisco de Orellana, local donde de realizará la Feria Internacional denominada "MISIÓN Y MUESTRA COMERCIAL DE EMPRESAS DE LA ZONA LIBRE DE COLON", la misma que se llevará a cabo durante los días del 7 al 10 de julio de 2003;

Que para el efecto, mediante oficio N0 1687-GGA-CAE-2003 del 1 de julio de 2003, suscrito por el Econ. Marco Arias Rivadeneira, Gerente de Gestión Aduanera, remite el informe técnico de inspección a las instalaciones del Hotel Hilton Colón de Guayaquil, constante en oficio N0 012/MAQ/2003 del 27 de junio de 2003, elaborado por la Ing. María Luisa Álvarez Q., funcionaria de dicha unidad, mediante el cual se determina que la empresa sí cumple con los requisitos para la autorización de funcionamiento como Zona Primaria Aduanera, en razón de la Feria Internacional Misión y Muestra Comercial de Empresas de la Zona Libre de Colón;

Que es deber del Estado Ecuatoriano, incentivar y promover actividades tendientes al aprovechamiento y mejoramiento productivo, así como la diversificación de las actividades comerciales, como factores indispensables para impulsar el desarrollo económico y social del país; y,

En uso de la facultad determinada en el literal e) de la segunda disposición operativa del artículo III de la Ley Orgánica de Aduanas y en virtud de los informes jurídicos constantes en oficios Nos. 2535-2003-GAJ-CAE y 2534-2003-GAJ-CAE,

Resuelve:

Art. 1.- Autorizar la realización de la Feria Internacional denominada: "MISIÓN Y MUESTRA COMERCIAL DE EMPRESAS DE LA ZONA LIBRE DE COLON", al amparo del Régimen Especial Aduanero de Ferias Internacionales, a las instalaciones del HOTEL HILTON COLON, ubicado en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Kennedy Norte, avenida Francisco de Orellana, el mismo que se llevará a cabo durante los días del 7 al 10 de julio de 2003.

Art. 2.- De conformidad con lo establecido en los artículos 68 y 135 de la Ley Orgánica de Aduanas y de su reglamento general respectivamente, declárese como Zona Primaria Aduanera, sujeta a la potestad aduanera, a las instalaciones del HOTEL HILTON COLON, ubicado en la ciudad de Guayaquil, ciudadela Kennedy Norte, avenida Francisco de Orellana, mientras dure el evento de conformidad con las condiciones previstas en la presente resolución.

Art. 3.- Las mercancías a importarse con destino al recinto ferial, ingresarán al país bajo el Régimen Especial Aduanero de Ferias Internacionales con suspensión del pago de tributos, debiendo para el efecto, venir manifestadas a este régimen, ser plenamente identificables y además, constar con la leyenda "MISIÓN Y MUESTRA COMERCIAL DE EMPRESAS DE LA ZONA LIBRE DE COLON".

Art. 4.- En forma previa al despacho de las mercancías y aceptación del presente régimen especial por el Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil, las importaciones o exportaciones deberán satisfacer la tasa de control prevista para la importación temporal con reexportación en el mismo estado vigente a la fecha de presentación del servicio aduanero. Cuando las mercancías admitidas a la presente feria internacional, cuenten con el auspicio oficial de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, siempre que dicho auspicio, sea certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no están sujetas al pago de la tasa de control de conformidad con el Acuerdo Ministerial N0 268, publicado en el R.O. N0 221 de fecha 28 de junio de 1989.

Art. 5.- La Gerencia Distrital de Aduana de Guayaquil, supervisará la realización de la feria, tendiente a comprobar y exigir el cumplimiento de las disposiciones reglamentarias previstas en el artículo 135 del Reglamento a la Ley Orgánica de Aduanas.

Art. 6.- Corresponde al Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil, conceder la importación temporal con reexportación en el mismo estado de las mercancías con destino final a la feria en mención, cuyo plazo de permanencia será el de la duración del evento descrito en el artículo primero de la presente resolución, más quince días adicionales, después de finalizados los mismos de conformidad con el artículo 136 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas en vigencia.

Las importaciones que se realicen dentro del plazo autorizado en el inciso anterior, deberán reexportarse o nacionalizarse, previo el cumplimiento de las normas previstas en la Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento. Las mercancías que no han sido nacionalizadas o reexportadas dentro de los plazos previstos, deberán ser puestas a órdenes del Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil o permanecer en el recinto ferial, bajo potestad de la autoridad aduanera con las debidas seguridades. Fenecido dicho plazo, si las mercancías no han sido reexportadas o nacionalizadas serán declaradas en abandono por parte del Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil.

Art. 7.- Prohíbase al Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil aceptar la declaración aduanera al Régimen Especial de Ferias Internacionales, respecto de mercancías que ingresen al país con posterioridad a los plazos fijados en el artículo primero de la presente resolución. Su incumplimiento ocasionará responsabilidades administra-tivas, de conformidad con las normas pertinentes determinadas en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento vigente.

Art. 8.- Las importaciones con destino al presente régimen, deberán satisfacer la correspondiente garantía aduanera, en la forma, plazos y montos, conforme a lo previsto en los artículos 147 y 149 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas, la misma que será aprobada por el Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil, de conformidad con la atribución señalada en el literal f) del artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas.

Art. 9.- De existir eventuales pérdidas, daños o extravíos de las mercancías importada al amparo del presente régimen, por incumplimiento de lo establecido en la presente resolución, se fijará las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que diere lugar en contra de los representantes legales de la Cámara de Comercio de Guayaquil.

Art. 10.- Las muestras perecibles y artículos de propaganda, promoción y decoración, tales como: afiches y productos de degustación, ingresarán al país bajo el Régimen de Consumo Libre de Tributos, siempre que sean muestras sin valor comercial y en cantidades no comerciales, las mismas que deberán ser aprobadas por el Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil.

Art. 11.- En todo lo no contemplado en la presente resolución se procederá de conformidad con la Ley Orgánica de Aduanas, su reglamento general vigente y demás leyes conexas.

Art. 12.- En caso de conflictos, los representantes legales y organizadores de la feria, se someterán en lo administrativo, a las decisiones de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y para las controversias por las infracciones constitutivas de delito aduanero, a las decisiones de los jueces competentes en esta materia.

Art. 13.- Conozcan de la presente resolución, la Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Sistemas, Gerencia Distrital de Aduana de Guayaquil y su Departamento de Regímenes Especiales y Garantías.

Art. 14.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en Guayaquil, a. 3 de julio de 2003.

f.) Crnl. E.M.C. Guillermo Vásconez Hurtado, Gerente General, Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Corporación Aduanera Ecuatoriana.- Secretaria General.- -Certifico que es fiel copia de su original.- f.) Bernardita Abarca de Cabal, Secretaria General de la CAE.

Nº 379

LA GERENCIA GENERAL DE LA CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA

Considerando:

Que el economista Ricardo Baquerizo, Gerente General de Expoplaza -Centro de Exposiciones del Ecuador, solicita la autorización para que se declare Zona Primaria Aduanera al Recinto Ferial Expoplaza, Centro de Exposiciones del Ecuador, ubicado en la ciudadela Kennedy Norte, avenida Francisco de Orellana. manzana N0 106 de la ciudad de Guayaquil, lugar donde se realizarán los eventos denominados IX Exposición Construyendo 2003, COMPU--2003, IX Exposiciones Mueble-2003, I Exposición Alimentos, I Exposiciones Alimentos & Bebidas-2003, I Exposición Internacional del Libro y La Palabra-2003, VII Exposición Estudios Superiores-2003, IX Exposición Hábitat-2003, III Exposición IPLAS International-2003; II Exposición DECO-2003 y IX Exposición Autoshow-2004;

Que es deber del Estado Ecuatoriano, incentivar y promover actividades tendientes al aprovechamiento y mejoramiento productivo, así como la diversificación de las actividades comerciales, como factores indispensables para impulsar el desarrollo económico y social del país; y,

En uso de la facultad determinada en el literal e) de la segunda disposición operativa del artículo 111 de la Ley Orgánica de Aduanas.

Resuelve:

Art. 1.- Autorizar a Expoplaza-Centro de Exposiciones del Ecuador, la realización de eventos denominados COMPU--2003 de junio 30 a julio 6 de 2003; IX Exposiciones Mueble-2003 del 11 al 20 de julio de 2003; 1 Exposición Alimentos & Bebidas-2003 del 5 al 10 de agosto de 2003; 1 Exposición Internacional del Libro y La Palabra-2003 del 19 al 24 de agosto de 2003; VII Exposición Estudios Superiores-2003 del 1 al 7 de septiembre de 2003; IX Exposición Híbitat-2003 del 16 al 21 de septiembre de 2003; III Exposición IPLAS Internacional -2003 del 30 de septiembre al 4 de octubre de 2003; II Exposición DECO-2003 del 4 al 9 de noviembre de 2003; y, IX Exposición Autoshow -2004 del 25 al 30 de noviembre de 2003, al amparo del Régimen Especial Aduanero de Ferias Internacionales, en las instalaciones del recinto ferial ubicado en la ciudadela Kennedy Norte, avenida Francisco de Orellana, manzana N0 106 de la ciudad de Guayaquil.

Art. 2.- De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Ley Orgánica de Aduanas en concordancia con el artículo 135 de su reglamento general de aplicación, declárese como Zona Primaria Aduanera, sujeta a la potestad aduanera a las instalaciones del Recinto Ferial Expoplaza, Centro de Exposiciones del Ecuador, mientras duren los eventos, de conformidad con las condiciones previstas en la reciente resolución.

Art. 3.- Las mercancías a importarse con destino al recinto ferial, ingresarán al país bajo el Régimen Especial Aduanero de Ferias Internacionales con suspensión del pago de tributos, debiendo para el efecto, venir manifestadas a este régimen, ser plenamente identificables y, además constar con la leyenda IX Exposición Construyendo 2003, COMPU-2003, IX Exposiciones Mueble-2003, 1 Exposición Alimentos, I Exposiciones Alimentos & Bebidas-2003, 1 Exposición Internacional del Libro y La Palabra-2003, VII Exposición Estudios Superiores-2003, IX Exposición Hábitat-2003, III Exposición IPLAS International-2003; II Exposición DECO-2003; y. IX Exposición Autoshow-2004.

Art. 4.- En forma previa al despacho de las mercancía; y aceptación del presente régimen especial por el Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil, las importaciones o exportaciones deberán satisfacer la tasa de control prevista para la importación temporal con reexportación en el mismo estado vigente a la fecha de presentación del servicio aduanero.

Cuando las mercancías admitidas a la presente feria internacional, cuenten con el auspicio oficial de gobiernos extranjeros u organismos internacionales siempre que dicho auspicio, sea certificado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, no están sujetas al pago de la tasa de control de conformidad con el Acuerdo Ministerial N0 268, publicado en el R.O. N0 221 de fecha 28 de junio de 1989, caso contrario deberá cancelar las tasas por la prestación de servicios aduaneros conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 1 de la Resolución Nº 118-2002-RE, expedida por el Directorio de la Corporación Aduanera Ecuatoriana el 22 de noviembre de 2002 y publicada en el Registro Oficial N0 729 del 20 de diciembre de 2002.

Art. 5.- La Gerencia Distrital de Aduana de Guayaquil, supervisará la realización de la feria, tendiente a comprobar y exigir el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias previstas para el presente Régimen Especial de Ferias Internacionales.

Art. 6.- Corresponde al Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil, conceder la importación temporal con reexportación en el mismo estado de las mercancías con destino final a la feria en mención, cuyo plazo de permanencia será el de la duración de los eventos descritos en el artículo 1 de la presente resolución, más quince días, luego de finalizados los mismos, de conformidad con el artículo 136 del Reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas en vigencia.

Las importaciones que se realicen dentro del plazo autorizado en el inciso anterior, deberán reexportarse o nacionalizarse, previo el cumplimiento de las normas previstas en la Ley Orgánica de Adunas y su reglamento. Las mercancías que no han sido nacionalizadas o reexportadas dentro de los plazos previstos, serán declaradas en abandono y deberán ser puestas a órdenes del Gerente Distrital de Aduana respectivo o permanecer en el recinto ferial, bajo potestad de la autoridad aduanera con las debidas seguridades.

Art. 7.- Prohíbase al Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil, aceptar la declaración aduanera al Régimen Especial de Ferias Internacionales, respecto de mercancías que ingresen al país con posterioridad a los plazos fijados en el artículo primero de la presente resolución. Su incumplimiento ocasionará responsabilidades administrativas de conformidad con las normas pendientes determinadas en al Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Ley Orgánica de Aduanas y su reglamento vigente.

Art. 8.- Las importaciones con destino al presente régimen deberán satisfacer las correspondientes garantías aduaneras, en las formas, plazos y montos, conforme a lo previsto en los artículos 147 y 149 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Aduanas, la misma que será aprobada por el Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil de conformidad con la atribución señalada en el literal f) del artículo 114 de la Ley Orgánica de Aduanas.

Art. 9.- De existir eventuales pérdidas, daños o extravíos de las mercancías importadas al amparo del presente régimen, por incumplimiento de lo establecido en la presente resolución, se fijará las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales a que diere lugar en contra de los representantes legales de Expoplaza-CENTRO DE EXPOSICIONES DEL ECUADOR.

Art. 10.- Las muestras perecibles y artículos de propaganda, promoción y decoración, tales como: afiches y productos de degustación, ingresarán al país bajo el Régimen de Consumo Libre de Tributos, siempre que sean muestras sin valor comercial y en cantidades no comerciales, las mismas que deberán ser aprobadas por el Gerente Distrital de Aduana de Guayaquil.

Art. 11.- En todo lo no contemplado en la presente resolución se procederá de conformidad con la Ley Orgánica de Aduanas, su reglamento general vigente y demás leyes conexas.

Art. 12.- En caso de conflictos, los representantes legales y organizadores de la feria, se someterán en lo administrativo a las decisiones de la Corporación Aduanera Ecuatoriana y para las controversias por las infracciones constitutivas del delito aduanero, a las decisiones de los jueces competentes en esta materia.

Art. 13.- Notifíquese a la Gerencia Distrital de Aduana de Guayaquil, para que dé fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente resolución, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia Financiera, Gerencia de Organización y Sistemas, departamentos de Regímenes Especiales, Garantías, Nacionalización.

Art. 14.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en Guayaquil. a 8 de julio de 2003.

f.) Crnl. E.M.C. Guillermo Vásconez Hurtado, Gerente General, Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Corporación Aduanera Ecuatoriana.- Secretaria General.- Certifico que es fiel copia de su original.- f.) Bernardita Abarca de Cabal, Secretaria General de la CAE.

Nro. 039-2002-TC

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso Nro. 039-2002-TC

ANTECEDENTES:

El Dr. Edgar Terán Terán, Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Quito, y el señor Leonardo Federico Ponce Mateus, Presidente de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, amparados en el Art. 276, numeral 1 de la Constitución Política de la República presentan demanda de inconstitucionalidad del artículo innumerado agregado a continuación del Art. 17 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, mediante el Art. 11 de la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto de 2000, así como del literal i) del Art. 110 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, emitido mediante Decreto No. 1790, publicado en el Registro Oficial No. 404 de 4 de septiembre de 2001, con el respectivo informe de procedibilidad del Defensor del Pueblo.

Que el Art. 11 señala: "A continuación del artículo 17 agréguese un innumerado que diga: Las instituciones del Estado podrán establecer el pago de tasas por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin de recuperar los costos en los que incurrieren para este propósito".

Que es una delegación inconstitucional de atribuciones privativas del Congreso Nacional y viola el principio de legalidad que impera en materia tributaria. Que por su parte el Art. 110 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, en su texto señala: "La Superintendencia de Telecomunicaciones es el organismo técnico responsable de ejercer la función de supervisión y control de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas del sector de las telecomunicaciones a fin de que sus actividades se sujeten a las obligaciones legales reglamentarias y las contenidas en los títulos habilitantes. Corresponde a la Superintendencia: i) Fijar los valores que deban cobrarse por concepto de tasa de servicios de control para aquellas prestadoras de servicios que no tienen concesión de frecuencias, para los medios, sistemas y servicios de radiodifusión y televisión, así como para los prestadores de servicios que no aportan para el presupuesto de la Superintendencia, fijar los valores por concepto de servicios administrativos; y, efectuar su recaudación". Es inconstitucional por conceder al Superintendente de Telecomunicaciones una atribución que no le compete.

Que en el Art. innumerado agregado a continuación del Art. 17 de la Ley de Modernización se posibilita a las instituciones públicas la creación de tasas por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza. Que el control estatal ejercido por las diferentes entidades públicas no puede ser considerado como un servicio, sino como una obligación de dichas entidades, financiarla, como todas las otras actividades públicas obligatorias, mediante los impuestos que se pagan al Fisco. Que las tasas creadas inconstitucionalmente se pretende aplicar a los diferentes medios de comunicación del país, lo que atenta contra los derechos consagrados en los artículos 23, numeral 10; 81; 119; y. 130, numeral 6 de la Constitución Política de la República.

La delegada del Procurador General del Estado, manifiesta que el Tribunal Constitucional el 12 de diciembre de 2000 con Resolución No. 193 declaró la inconstitucionalidad de varios artículos, palabras, frases e incisos de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, sin considerar el Art. 11 que agregó un inciso al Art. 17 de la Ley de Modernización. Que el Congreso se abstuvo de tramitar el proyecto de Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, con lo cual ejerció un derecho negativo respecto de ese proyecto. Que el efecto de esa conducta, previsto y sancionado en el Art. 156 de la Constitución Política de la República es permitir que el proyecto económico urgente remitido por el Presidente de la República entre en vigencia. Que mediante ley (tributaria) constitucionalmente aprobada, se determinó lo que señala el Código Tributario. Que el artículo 110 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, emitido mediante Decreto No. 1790 y publicado en el Registro Oficial No. 404 de 4 de septiembre de 2001, desarrolla el principio contemplado en la Ley Trole II, en el Código Tributario y en la Ley Especial, que reconoce las facultades de la Superintendencia de Telecomunicaciones, como organismo de supervisión encargado de fijar los valores por los servicios que presta. Que no existe inconstitucionalidad y se ha dado cumplimiento a "los presupuestos establecidos en el artículo 136 de la Constitución y 4 del Código Tributario". Que no existe violación a los artículos 23, numeral 10 y 81 de la Constitución, lo que existe es el hecho de imponer tasas como una módica retribución por un bien público que favorece el lucro empresarial.

El Presidente del Congreso Nacional, expresa que la norma impugnada consta en el Decreto Ley 2000-1 expedido en forma unilateral por el Presidente de la República, publicación dispuesta mediante Decreto Ejecutivo No. 690 de 17 de agosto de 2000, bajo el argumento que el Congreso Nacional no aprobó, negó o modificó el proyecto enviado por el Ejecutivo. Que tanto la norma legal como la reglamentaria son actos provenientes de la Función Ejecutiva y no del Congreso Nacional, por lo que es errónea la afirmación realizada por los accionantes en el segundo párrafo de la antepenúltima página de su demanda.

El Subsecretario Jurídico de la Presidencia de la República, manifiesta que la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, en su artículo II al agregar un artículo innumerado al artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, reforma en parte a la citada Ley Modernizadora, a fin de que se cumpla el espíritu con el que fue expedida y dispone: "Las instituciones del Estado podrán establecer el pago de tasas por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin de recuperar los costos en los que incurrieren para este propósito". Que mediante Decreto Ejecutivo No. 1790, publicado en el Registro Oficial No. 404 de 4 de septiembre de 2001, se expidió el Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, en cuyo artículo 110, letra i) dispone que "La Superintendencia de Telecomunicaciones es el Organismo técnico responsable de ejercer la función de supervisión y control de las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas del sector de las telecomunicaciones a fin de que sus actividades se sujeten a las obligaciones legales reglamentarias y las contenidas en los títulos habilitantes.". Y la letra i) establece que le corresponde a la Superintendencia de Telecomunicaciones: "Fijar los valores que deban cobrarse por concepto de tasa de servicios de control para aquellas prestadoras de servicios que no tienen concesión de frecuencias. Que la Superintendencia de Telecomunicaciones, mediante Resolución No. ST-2001-0642, publicada en el Registro Oficial No. 465 de 30 de noviembre de 2001, expidió el Reglamento de Tasas por los Servicios de Control e Inspecciones, las que se aplican en todo el territorio nacional, para los medios, sistema.; y servicios de radiodifusión y televisión, a fin de recuperar los costos en los que incurre la Superintendencia de Telecomunicaciones. Que la AER y la Asociación de Canales de Televisión del Ecuador, propusieron una acción de amparo constitucional en el Juzgado Noveno de lo Penal del Guayas en la que solicitaron la cesación del Reglamento de Tasas por el Control e Inspecciones emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones mediante Resolución No. ST-2001 -0642, acción que fue aceptada por el Juez en Guayaquil e inadmitida por el Tribunal Constitucional por improcedente en Resolución No. 067-2002-RA de 9 de julio de 2002. Que las mismas asociaciones plantearon ante el Tribunal Constitucional se declare la inconstitucionalidad del Reglamento de Tasas por los Servicios de Control e Inspecciones para los Medios, Sistemas y Servicios de Radiodifusión, organismo que desechó la demanda.- Que la demanda planteada no es procedente, en razón de que al aceptarla se violentaría el precepto constitucional contenido en el inciso quinto del Art. 259 de la Carta Magna y se daría paso a la inseguridad jurídica. Que los valores que se recaudarían por los servicios de inspección y vigilancia son valores que La ley permite cobrar a los organismos del Estado a fin de recuperar los costos de esos servicios. Por lo expuesto solícita se deseche la injurídica demanda de inconstitucionalidad planteada.

Considerando:

Que el Tribunal Constitucional es competente para resolver la acción de inconstitucionalidad al tenor de lo que dispone el Art. 276, número 1 de la Constitución Política y el Art. 12, número 1 de la Ley del Control Constitucional;.

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que los actores solicitan se declare la inconstitucionalidad del artículo innumerado agregado al artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, mediante el artículo 11 de la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto de 2000, así como del literal i) del artículo 110 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 1790 y publicado en el Registro Oficial No. 404 de 4 de septiembre de 2001;

Que el principal deber del Estado es el de respetar y hacer respetar las normas constitucionales y los derechos humanos, las que deben cumplirlas los distintos órganos del poder público, y las personas naturales y jurídicas. La fuerza normativa de la Constitución no puede ser eludida en ninguna circunstancia ya que sus preceptos prevalecen sobre las demás, sean éstos referentes al derecho público o al derecho privado. La Constitución Política, al referirse a la supremacía de la Constitución, en su artículo 272 es muy clara: "La Constitución prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos-leyes, decretos, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos de los poderes públicos, deberán mantener conformidad con sus disposiciones y no tendrán valor si, de algún modo, estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones". El inciso segundo del Art. 18 ibídem señala: "En materia de derechos y garantías constitucionales, se estará a la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia. Ninguna autoridad podrá exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley, para el ejercicio de estos derechos";

Que en virtud de los principios de limitación positiva de las competencias y de legalidad, el artículo 119 de la Constitución Política establece: "Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la ley, y tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución del bien común";

Que la legislación tributaria en general y la emisión de tributos en particular se encuentran regidas fundamentalmente por el principio de legalidad tributaria; a éste respecto, la Constitución Política en el numeral 6 del artículo 130 atinente a los deberes y atribuciones del Congreso Nacional señala: "Establecer, modificar o suprimir, mediante ley, impuestos tasas u otros ingresos públicos, excepto las tasas y contribuciones especiales que corresponda crear a los organismos del régimen seccional autónomo". Dicha disposición se halla plenamente corroborada por el también mandato constitucional dispuesto en el artículo 257 que recoge el principio de "reserva de Ley" al señalar: "Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrá establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes";

Que para mayor abundamiento los artículos 2, 3, 4 y 7 del Código Tributario, ratifican el principio de "reserva de ley", que como hemos señalado es la facultad privativa y excluyente del Congreso Nacional de establecer, modificar o suprimir tributos;

Que sin embargo, el artículo 11 de la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana que se impugna señala: "A continuación del artículo 17 (Ley de Modernización del Estado) agréguese un innumerado que diga: Las instituciones del Estado podrán establecer el pago de tasas por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin de recuperar los costos sen los que incurrieren para este propósito". Es decir, se operativiza una atribución propia de la Función Legislativa, pues como se ha demostrado, es el único ente competente para crear tributos tales como, impuestos, tasas y contribuciones especiales. En definitiva, el artículo innumerado agregado al artículo 17 de la Ley de Modernización que posibilita a las instituciones del Estado la creación de tasas por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones, permisos, licencias u otros de similar naturaleza; no es ni puede ser considerado como un servicio, al contrario, es obligación de tales entidades financiarse, como es el caso de todas las otras actividades públicas obligatorias mediante los impuestos que se pagan al erario fiscal;

Que si partimos del concepto doctrinario de tasa, ésta consiste en: "Los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización del dominio público o la prestación de un servicio público". Es decir, el concepto de tasa se halla estrechamente vinculado al servicio público, el cual a su vez es definido como aquel que se presta por la misma administración o por los particulares, con contrato o concesión administrativa. Esto a su vez supone, que el servicio público es aquel que se contrata como tal y por consiguiente es un acto de voluntad susceptible de ser revocado. En definitiva, facultar a las instituciones públicas la emisión de tasas, permite que las mismas impongan tributos en menoscabo del ordenamiento jurídico y particularmente de la seguridad jurídica;

Que de igual modo, el literal i) del artículo 110 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, emitido mediante Decreto No. 1790 y publicado en el Registro Oficial No. 404 de 4 de septiembre de 2001, que se funda en la norma anteriormente transcrita faculta a la Superintendencia de Telecomunicaciones: "Fijar los valores que deban cobrarse por concepto de tasa de servicios de control para aquellas prestadoras de servicios que no tienen concesión de frecuencias, para los medios, sistemas y servicios de radiodifusión y televisión, así como para los prestadores de servicios que no aportan para el presupuesto de la Superintendencia fijar los valores por concepto de servicios administrativos; y, efectuar su recaudación". Con lo cual, se atribuye al Superintendente de Telecomunicaciones una capacidad jurídica que no le corresponde, con ello se transgrede el principio de reserva legal que en materia tributaria es una facultad privativa del Congreso Nacional;

Que no es pertinente asegurar que el Congreso Nacional habría delegado su facultad de crear, extinguir o modificar los tributos, toda vez que la norma legal como la reglamentaria impugnadas son actos provenientes de responsabilidad de la Función Ejecutiva, en razón, de que el Congreso Nacional se abstuvo de tramitar el Proyecto de Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, ejerciendo un derecho negativo respecto de ese Proyecto, cuyo efecto, es permitir que el proyecto económico urgente remitido por el Presidente de la República, entre en vigencia en virtud de lo dispuesto en los artículos 155 y 156 de la Constitución Política;

Que por otro lado, es preciso recordar, que si bien es cierto, el Tribunal Constitucional resolvió respecto de la inconstitucionalidad de varios artículos y frases de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana en la parte que corresponde a la Ley de Modernización; no es exacto "que consideró que era perfectamente constitucional" respecto de las normas que se impugnan en esta acción, por cuanto, una vez revisados los expedientes de la referencia, se establece que los mismos no fueron impugnados en aquella oportunidad; como tampoco la norma del literal i) del artículo 110 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada; y,

En ejercicio de sus atribuciones;

Resuelve:

1. Aceptar parcialmente la demanda y declarar la inconstitucionalidad por el fondo de la frase "de tasas" constante en el artículo innumerado agregado a continuación del artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, mediante el artículo 11 de la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, publicada en el Suplemento del R.O. No. 144 de 18 de agosto de 2000; así como el literal i) del artículo 110 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, emitido mediante Decreto No. 1790, publicado en el R.O. No. 404 de 4 de septiembre de 2001.

2. Publíquese la presente resolución en el Registro Oficial. -Notifíquese.

f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la resolución que antecede fue aprobada con seis votos a favor correspondientes a los doctores Milton Burbano, Miguel Camba, Enrique Herrería, Jaime Nogales, Luis Rojas. Simón Zavala y tres votos salvados de los doctores René de la Torre, Mauro Terán y Oswaldo Cevallos, en sesión de miércoles veinticinco de junio de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario General.

VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES OSWALDO CEVALLOS BUENO, RENE DE LA TORRE ALCÍVAR Y MAURO TERÁN CEVALLOS

En el caso signado con el No. 0039-2002-TC, con los antecedentes constantes en la resolución tomada, nos apartamos de la misma por las siguientes consideraciones:

Que, ante este organismo, se presentó demanda de inconstitucionalidad del Reglamento de Tasas por los Servicios de Control e Inspecciones para los Medios. Sistemas y Servicios de Radiodifusión, expedido mediante Resolución No. ST-2001-0642. publicado en el Registro Oficial No. 465 de 30 de noviembre de 2001, emitido por la Superintendencia de Telecomunicaciones; el cual tuvo como fundamento las normas legal y reglamentaria que se impugnan en la presente causa. El Tribunal Constitucional en Resolución No. 01 7-2002-TC de 1 de octubre de 2002, desechó la demanda de inconstitucionalidad;

Que, como el Tribunal Constitucional ya sostuvo en la Resolución 017-2002-TC. al tenor de lo dispuesto por el artículo 1 de la Constitución Política, el Ecuador es un estado social de derecho, noción que está conformada por tres principios que deben presentarse simultánea y unívocamente: "juridicidad, responsabilidad y control.

Que, la actividad de control no se concibe realizada por particulares, por su íntima relación con la noción de soberanía. Dicha actividad se concreta, en el caso de los organismos de control, en actos jurídicos administrativos como autorizaciones, permisos, licencias e inspecciones.

Que, la doctrina es unánime en aceptar que éstos servicios de control son en principio gratuitos, sin embargo, por ser indispensable su financiamiento, es necesario gravarlos por medio de actos de imperio del Estado, es decir, de tributos establecidos con ocasión de estos servicios, llamados tasas.

Que, nuestra Norma Suprema en el Titulo X, desarrolla el principio de control, dotando de una estructura a esta actividad del Estado. En el Capítulo 5, del mismo título, se refiere a las superintendencias como las encargadas de "controlar instituciones públicas y privadas con el fin de que las actividades económicas y los servicios que prestan se sujeten a la ley y atiendan el interés general". Adicionalmente vale precisar que el artículo 244 de la Carta Política al referirse al sistema de economía social de mercado consigna que al Estado le corresponderá: "4. Vigilar que las actividades económicas cumplan con la ley y regularlas y controlarlas en defensa del bien común. Finalmente, el artículo 245 de la Norma Constitucional, dispone que el Estado está en la obligación de reconocer, garantizar y "regular" las empresas económicas privadas, públicas, mixtas, comunitarias o de autogestión.

Que, el artículo 222 de la Constitución Política reserva a la ley, la determinación de las áreas de actividad que requieran de control y vigilancia en el ámbito de acción de cada superintendencia, lo cual en la materia presente ha sido desarrollado por el artículo 35 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, en concordancia con el artículo 13 del mismo cuerpo normativo que incluyen entre las funciones de esta Superintendencia, el control y monitoreo del espectro radioeléctrico, el control de los operadores que exploten servicios de telecomunicaciones y la supervisión del cumplimiento de los contratos de concesión para la explotación de los servicios de telecomunicaciones. Actividades que la Superintendencia de Telecomunicaciones tiene la obligación jurídica de realizar, en virtud de las normas constitucionales y legales citadas, sin perjuicio de que éstas se graven con obligaciones correlativas a cargo de determinadas personas vinculadas de alguna manera a las mismas, obligaciones que se enmarcan en el concepto jurídico de tasa. El hecho generador de las tasas puede consistir, como en el presente caso, en una actividad administrativa que afecta especialmente a un administrado.

Que, al ser la tasa un tributo, debe enmarcarse en los principios constitucionales aplicables a la materia, los cuales se encuentran consagrados en el Capítulo 3 del Título XII de la Norma Suprema. Es uno de ellos el Principio de Legalidad, previsto en el artículo 257 en concordancia con los artículos 130 número 6 y 141 número 3 de la Constitución Política, normas que deben ser interpretadas a la luz del principio de la "Unidad de la Constitución" por cuanto estamos frente a un ordenamiento homogéneo de la vida política y social de una comunidad, el cual impide analizarías aisladamente e impone considerar que éstas se encuentran entre si en una relación global. Dicho criterio de interpretación obliga a nivelar las discrepancias en la aplicación de las normas constitucionales, sin dar a ninguna un carácter absoluto, por cuanto si bien todas están en el mismo rango, hay normas constitucionales de mayor peso en determinado asunto concreto que se debe resolver.

Que, la interpretación de la Constitución como unidad supone analizar el precepto consagrado en el artículo 130, número 6 en armonía con el artículo 257 inciso segundo, de manera que esta última disposición tenga una aplicación efectiva. De esta manera, si bien en principio, según lo previsto en la primera norma citada, corresponde al Congreso crear, modificar u suprimir tributos, el artículo 257 inciso segundo dispone que las "tasas y las contribuciones especiales" se crearán y regularán de acuerdo con la ley, lo cual abre la posibilidad de que sea la ley, por el principio de legalidad, la que establezca el marco en el que se ejercerá la "potestad tributaria" tratándose de estos dos tributos vinculados.

Que, el Tribunal Constitucional ya se pronunció en el caso 017-02-TC, en el sentido de que es la disposición del inciso segundo del artículo 257 de la Constitución, la que ha servido de fundamento para que la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana introduzca el artículo innumerado a continuación del artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado, el cual ha sido impugnado en el presente caso, a fin de poder cumplir con la función primordial del Estado de controlar a las instituciones públicas y privadas.

Que, por su parte, el literal i) del artículo 110 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, emitido mediante Decreto 1790 y publicado en el Registro Oficial No. 404 de 4 de septiembre del 2001, que también se impugna, lo que hace es, normar la facultad de la Superintendencia de Telecomunicaciones, para que en su calidad de Organismo de Control pueda fijar y cobrar los valores por tasa de control para aquellas prestadoras de servicios que no tienen concesión de frecuencias, para los medios, sistemas y servicios de radiodifusión y televisión, todo ello, en absoluta conformidad con la norma del artículo 11 de la Ley para la Promoción de la Inversión y la Participación Ciudadana, que agrega un innumerado a continuación del artículo 17 de la Ley de Modernización.

Que, por las consideraciones que anteceden, no se encuentra inconstitucionalidad alguna en las normas impugnadas, pues han sido expedidas en concordancia con los principios constitucionales referentes a la creación y regulación de tasas.

Por los argumentos expuestos se debe:

1. Desechar la demanda de inconstitucionalidad del artículo innumerado agregado a continuación del artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado, por el artículo 11 de la Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 144 de 18 de agosto de 2000, así como del literal i) del artículo 110 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, publicado en el Registro Oficial No. 404 de 4 de septiembre de 2001; y, consecuentemente, disponer el archivo de la causa.

2.- Publicar en el Registro Oficial.

f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal.

f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Vocal.

f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito, a 15 de julio de 2003.- f.) El Secretario General.

Nro. 018-2003-TC

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el Nro. 018-2003-TC

ANTECEDENTES:

El señor Gonzalo Aníbal Chávez Quintero y más de mil ciudadanos, comparecen ante este Tribunal y proponen acción de inconstitucionalidad contra la Resolución No. 001 de la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.

Manifiestan lo siguiente: Que la Ley Nro. 46, promulgada en el Registro Oficial Nro. 345 de 27 de diciembre de 1993, que creó el Distrito Metropolitano de Quito, le confirió la potestad de planificar, regular y coordinar todo lo relacionado con el transporte público y privado dentro de su jurisdicción, para lo cual expediría las normas necesarias. Que el numeral 1 del artículo 8 de dicha ley, asignó al Concejo del Distrito Metropolitano de Quito la facultad de dictar ordenanzas para decidir sobre los asuntos de interés general, como para la prestación de servicios públicos y privados, entre ellos, el de transporte. Que las facultades otorgadas conforme a disposición legal expresa, no son delegables y solo las puede ejercer el Alcalde como Presidente del Concejo. Que además de las competencias privativas que le asignó la Ley 46 al Distrito Metropolitano, éste tiene también las contempladas en el inciso primero del Art. 2 de la Ley de Régimen Municipal y en el numeral 1 del Art. 65 ibídem, que prohíbe que los concejos municipales deleguen las funciones que le asignan la Constitución y esa ley. Que el inciso segundo del Art. 228 de la Constitución, establece que los concejos ejercen su actividad legislativa a través de ordenanzas. Que la Ley de Compañías le da a la Superintendencia de Compañías, la facultad de otorgar personería jurídica a quienes decidan conformar una compañía, al igual que la Ley de Cooperativas le asignan a la Dirección de Cooperativas del Ministerio de Bienestar Social, la facultad de aprobar las organizaciones cooperativas. Que la competencia de los órganos públicos nace de la Constitución y la ley, según el Art. 119 de la Carta Magna; al igual que el numeral 4 del Art. 23 de la misma, establece que nadie podrá ser obligado a dejar de hacer algo no prohibido por la ley. Que los números 16, 17, 18 y 19 de la norma constitucional citada, protegen las libertades de empresa, trabajo, contratación y asociación, cuyos límites solo puede fijarlos la ley, siendo el trabajo además un derecho y un deber social, conforme al Art. 35 de la Constitución. Que el número 17 del Art. 23 ibídem, confiere el derecho a la seguridad jurídica. Que para normar el ejercicio de las libertades reconocidas en la Constitución, se requiere de ley, según el Art. 141 de la Constitución, la cual además debe ser orgánica conforme al numeral 3 del Art. 143 ibídem. Que el 15 de enero de 1996, la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dicta la Resolución No. 001 mediante la cual suspende temporalmente los trámites de creación de las empresas de transporte público, para lo cual informará a la Superintendencia de Compañías y a la Dirección Nacional de Cooperativas. Que para dictar dicha resolución, la UPGT se sustenta en una Resolución de Alcaldía No. 051, de 23 de noviembre dc 1995, mediante la cual le facultan para planificar todo lo relacionado con el transporte, y en estudios técnicos de transporte público de pasajeros según los que se estableció que existe una sobre oferta de dicho servicio. Que la Resolución No. 001 es inconstitucional por la forma, porque solo a través de ordenanzas, y no de resoluciones de la Alcaldía, se pueden expedir actos municipales, objetivos, vinculantes. Además, si a los concejos se les yeta la delegación de sus funciones, y al Alcalde del Distrito Metropolitano se le prohíbe expresamente delegar las facultades que tiene como Presidente del Concejo, no podía él por su propia cuenta, crear la UPGT para el ejercicio de las facultades que la ley le había conferido al Concejo del Distrito Metropolitano. Que, respecto de este asunto, se debe tomar en cuenta que posteriormente el Municipio de Quito creó la EMSAT para reemplazar a la UPGT, mediante ordenanza, por lo que para crear la unidad mencionada, también debió existir la correspondiente ordenanza. Que la resolución impugnada es inconstitucional por el fondo, porque el Alcalde no podía ni crear la UPGT ni transferir a ésta facultades que no tenía y que le corresponden de manera privativa al Distrito Metropolitano, según la Ley 46, que lo creó, por lo que la resolución referida viola el Art. 119 de la Constitución. Que según las disposiciones del Art. 244 de la Constitución, en el Ecuador rige la economía social de mercado, y se prohíbe el monopolio, lo cual está siendo incumplido por la resolución impugnada.

El 2 de abril de 2003, la Comisión de Recepción y Calificación del Tribunal Constitucional califica la demanda y se procede al sorteo, en virtud del cual, el 24 de abril de 2003 la Segunda Sala en su calidad de Comisión, avoca conocimiento y corre traslado a los señores Alcalde, Procurador Sindico del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito y al Gerente de la EMSAT, a fin de que contesten la demanda en el término de 15 días.

Los demandados contestan la demanda en los siguientes términos: Impugnan la calificación efectuada con fecha 24 de abril de 2003, dado que de conformidad con el Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional, previamente a la calificación se deben constatar la legitimación activa de los mil ciudadanos, ya que no se adjuntó a la misma las cédulas de ciudadanía de los accionantes, por lo que solicitan se remita al Registro Civil la documentación de respaldo a fin de que compruebe la identidad de los demandantes, así como también el cumplimiento del requisito establecido en el Art. 277, numeral 5 de la Constitución, y de ser el caso, se declare improcedente la acción. Que el accionante hace referencia más a vicios legales y reglamentarios, por lo que debió acudir con su reclamo al Tribunal Contencioso Administrativo. Que en relación a los aspectos de fondo de la demanda, manifiesta que no existe ni ilegalidad ni inconstitucionalidad en la Resolución No. 001 de la UPGT, unidad que fue creada de acuerdo a las normas constitucionales, en especial, al Art. 228 de la Constitución. Que no es verdad que no haya habido ordenanza que faculte al Alcalde emitir la Resolución No. 051 de creación de la UPGT, pues sí se respaldé dicha facultad en los Arts. 5 y 6 de la Ordenanza No. 3076. Que, por lo dicho, se constata que la resolución cumplió con los requisitos de forma establecidos. Que la unidad mencionada tenía facultad para expedir actos delegados por el Alcalde, en virtud del Art. 2, numeral 2 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y el Decreto 3304, publicado en el Registro Oficial 840 de 12 de diciembre de 1995, facultad no privativa del Alcalde. Que el Art. 238 de la Constitución determina que la ley puede crear distritos metropolitanos y regular cualquier tipo de organización especial, consagra la existencia de regímenes especiales de administración territorial por consideraciones demográficas y ambientales, permitiendo dentro de los mismos la limitación de los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad que pueda afectar al medio ambiente. El Art. 234 de la Constitución asigna a los concejos municipales competencia para planificar, organizar, regular el tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión; autorización u otras formas de contratación de acuerdo con las necesidades de la comunidad. En concordancia, la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, establece que el Municipio planificará, regulará y coordinará todo lo relacionado con el transporte público y privado dentro de su jurisdicción; mediante decretos 3304 y 3305, se transfirieron al Municipio de Quito competencias relacionadas con el transporte en aplicación de la ley antes mencionada, lo cual fue ratificado por el Decreto 51, entre ellas, organizar, reglamentar, planificar y fiscalizar técnicamente las actividades, operaciones y servicios de transporte terrestre público y privado. Que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, creó la UPGT dándole todas las facultades para planificar, regular y coordinar todos los asuntos relacionados con el transporte en su jurisdicción, en aplicación de las. disposiciones constitucionales y legales vigentes. Que el 15 de enero de 1996, la unidad antes mencionada resuelve suspender temporalmente los trámites de creación de empresas de transporte; y, por su parte el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres mediante oficio circular 679-SG-99-CNTTT de 22 de abril de 1999, pone en conocimiento las resoluciones del Directorio de 23 de marzo y 19 de abril del mismo año, mediante las cuales se suspende el otorgamiento de permisos de operación para todo tipo de transportación, excepto la escolar, a nivel nacional, por dos años, por sobreoferta de servicios. Posteriormente, el mismo Consejo Nacional de Tránsito dicta una resolución el 12 de abril de 2001, manteniendo la suspensión antes mencionada y suspende también la concesión de incrementos de cupos a las organizaciones de taxis. Que el Municipio de Quito actué con plena competencia para delegar las funciones antes mencionadas a la UPGT, no violó el Art. 119 de la Constitución. Que los accionantes señalan las facultades que tienen la Superintendencia de Compañías y la Dirección Nacional de Cooperativas, olvidando que el Municipio de Quito tiene plenas facultades para no solamente regular el transporte público y privado, sino también para otorgar y renovar los permisos de operación; y, que la Ley de Tránsito establece en el Art. 145 que no se podrá autorizar la creación de compañías o cooperativas de transporte, sin previo informe del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, informe que, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, compete al Municipio a través de la EMSAT, ex UPGT, de acuerdo al Art. 2 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y al Decreto Ejecutivo 3304. Que los accionantes expresan que la Resolución 001 limita las libertades de asociación, empresa, trabajo, seguridad jurídica y de contratación, derechos que no son absolutos sino que se reconocen siempre que cumplan con el ordenamiento legal vigente; hay que destacar que la obligación principal del Municipio es proteger los derechos constitucionales de todos los habitantes de la jurisdicción, y las limitaciones al incremento de nuevas operadoras de transporte público está justificada por cuanto Quito no está en capacidad de absorber el incremento de nuevas unidades ya que los niveles de contaminación ambiental, saturación del tráfico vehicular, ruido, ya están en niveles críticos, por lo que sería una irresponsabilidad seguir incrementando dichos parámetros. Que no se atenta contra la libertad de trabajo, la misma que puede ser ejercida por quienes han cumplido con los requisitos legales, además de que existen 8778 unidades de taxis que circulan por la capital, por lo que tampoco es cierta la afirmación de que se está promoviendo un monopolio; además de que al no existir incremento de dichas unidades se propende al equilibrio económico para las empresas de transporte público y se favorece al usuario. Que el Municipio ha dado otra alternativa para las personas que desean dar servicio de transporte público, como es el transporte escolar, ya que las tramitaciones para obtenerlo no se encuentran suspendidas. Con estos fundamentos, solicitan se deseche la demanda.

Considerando:

Que, el Tribunal Constitucional es, de manera privativa, el órgano competente para resolver la acción de inconstitucionalidad, al tenor de lo que dispone el artículo 276, número 1 de la Constitución, y el artículo 12, número 4 de la Ley del Control Constitucional;

Que, no existe omisión de solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la decisión de la causa, por lo que el proceso es válido y así se lo declara,

Que, los accionantes solicitan que se declare inconstitucional por el fondo y por la forma, la Resolución Nro. 001 de la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, mediante la cual se dispone lo siguiente: "Suspender temporalmente los trámites de creación de nuevas empresas de transporte público. Oficiar en este sentido tanto a la Superintendencia de Compañías como a la Dirección Nacional de Cooperativas". Se señala en la demanda que solo a través de ordenanzas, y no de resoluciones de la Alcaldía, se pueden expedir actos municipales objetivos y vinculantes. Al respecto, la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, establece en su artículo 7 lo siguiente: "El gobierno del Distrito se ejerce por el Concejo o Cabildo, integrado por los concejales o ediles y presidido por el Alcalde Metropolitano, quien además dirige la administración distrital como su más alta autoridad jerárquica y es responsable de la gestión de ésta. El Concejo organizará, mediante Ordenanza, los diferentes ramos de la administración y establecerá la estructura funcional para cada uno de ellos". Conforme a esta norma, el Concejo del Distrito Metropolitano de Quito, expidió la Ordenanza No. 3076, el 27 de enero de 1994, vigente a la época en que se creó la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte, mediante la cual se establecían los diferentes ramos de la Administración Municipal y se definía su estructura funcional. El artículo 1 de dicha ordenanza establecía que para el cumplimiento de sus fines, el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, ejecutará sus funciones a través de siete ramos de actividad, entre ellos el transporte público y privado. El Art. 6 ibídem, disponía lo siguiente: "NIVEL DE EMPRESAS Y UNIDADES DESCENTRALIZADAS.- Integran este nivel las empresas creadas por el Concejo mediante Ordenanza, y las unidades descentralizadas y desconcentradas que establezca el Alcalde Metropolitano mediante resolución, en las que determinará el nivel de descentralización que concede y se otorgarán las delegaciones que fueren necesarias para su adecuado funcionamiento" (el resaltado es del Tribunal);

En uso de la facultad antes citada, el Alcalde de Quito en funciones en el año 1995, dicté la Resolución No. 051 de 23 de noviembre de 1995, mediante la cual dispuso en el Art. 1 lo siguiente: "Transformar la Unidad de Estudios del Transporte en la Unidad Descentralizada de Planificación y Gestión de Transporte para que se encargue de la planificación, gestión, coordinación y administración del transporte público y privado dentro del Distrito Metropolitano de Quito";

Se debe tener presente que el Art. 17 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, vigente a la época en que se dicté la Resolución 001, establecía las atribuciones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, entre ellas el número 8 señalaba: "Conferir, modificar, revocar o suspender los permisos para la utilización de las vías públicas por parte de las empresas de transporte terrestres de servicio público, en conformidad con las regulaciones establecidas por la Ley y reglamentos, sin perjuicio de las atribuciones concedidas en el número 19 del Art. 64 de la Ley de Régimen Municipal" (el resaltado es. del Tribunal). Dicha norma de la Ley de Régimen Municipal, establece lo siguiente: "Reglamentar la circulación en calles, caminos y paseos dentro de los limites de las zonas urbanas y restringir el uso de las vías públicas para el tránsito de vehículos";

Que, de acuerdo a las atribuciones conferidas por el Art. 7 de la Ley de Modernización del Estado, vigente a la época, el Presidente de la República dicté en el mes de noviembre de 1995, el Decreto Ejecutivo No. 3304, publicado en el Registro Oficial No. 840 de 12 de diciembre de 1995. El Art. 1 de dicho decreto dispone: "Transfiérese al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para que las ejerza de manera exclusiva y privativa, dentro de los límites de su jurisdicción, a partir del día 2 de diciembre de 1995, las siguientes atribuciones: a) Organizar, reglamentar, planificar y fiscalizar técnicamente las actividades, operaciones y servicios del transporte terrestre, público y privado; b) Determinar y otorgar las rutas y frecuencias del transporte público; c) Conferir, modificar, renovar, revocar o suspender los permisos para la utilización de las vías públicas por parte de las empresas de transporte terrestre de servicio público, de conformidad con las regulaciones establecidas por la Ley reglamentos y ordenanzas; y, d) Establecer el Registro Metropolitano de permisos de operación del transporte terrestre de pasajeros y carga. Y conceder y renovar los permisos de operación" (el resaltado es del Tribunal);

Que, del análisis de las normas anteriormente citadas, se colige que la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (cuyas funciones actualmente las ejerce la EMSAT), fue creada en base a una competencia asignada legalmente al Alcalde, y en virtud de las respectivas ordenanzas dictadas para el efecto. Igualmente, la unidad mencionada utilizó las atribuciones que le fueron conferidas tanto por medio de la resolución que la creó, como por la delegación que hiciera el Presidente de la República a favor del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, el cual, conforme a lo establecido en la Ordenanza que regula sus ramos de administración, no ejerce sus atribuciones solamente a través del Alcalde y el Concejo, sino que, para mayor eficacia, se encuentra dividido en varios niveles y cada uno de ellos compuesto de direcciones, unidades y empresas a través de las cuales se ejercen las funciones propias del Municipio en la búsqueda del bien de la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito.

Por lo dicho, no se advierte violación al Art. 119 de la Constitución pues la resolución impugnada fue dictada en base a las competencias establecidas tanto en la ley como en las ordenanzas respectivas;

Que, sobre la inconstitucionalidad por la forma, en la demanda se señala que, a través de la resolución impugnada, se limitan las libertades de contratación, empresa, trabajo y asociación, lo que puede ser hecho solamente mediante ley y no a través de una simple resolución. Cabe indicar que en lo que se refiere a resoluciones administrativas de un Municipio, no se encuentran regulados en la Constitución los procedimientos que se deben seguir para dictar este tipo de resoluciones, las cuales deben atenerse a lo dispuesto por la ley y por las ordenanzas respectivas, por lo que no cabe hablar de inconstitucionalidad por la forma, pues en estos casos el no haber respetado los procedimientos para dictar dichas resoluciones, es un problema de legalidad que debe ser resuelto vía contencioso administrativa.

Respecto a las libertades antes mencionadas, las mismas se encuentran establecidas en el Art. 23 de la Carta Magna, de la siguiente manera: "16. La libertad de empresa, con sujeción a la ley. 17. La libertad de trabajo. Ninguna persona podrá ser obligada a realizar un trabajo gratuito o forzoso. 18. La libertad de contratación, con sujeción a la ley. 19. La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos" (el resultado es del Tribunal). Se debe tener presente que las libertades de que gozan las personas no son absolutas, deben ser ejercidas de conformidad con la ley según la propia Norma Suprema, y -se las debe interpretar en concordancia con el resto de derechos previstos en la Constitución, tomando en cuenta que se consagran en ella también derechos colectivos.

Este Tribunal no advierte que la resolución que se impugna en la presente acción, atente de alguna manera contra la libertad de trabajo, toda vez que dicho acto no obliga a ninguna persona a realizar un trabajo forzoso o gratuito y tampoco establece una prohibición al respecto. Tampoco se observa violación a la libertad de contratación, toda vez que las personas que se sientan afectadas por la resolución cuya inconstitucionalidad se solicita, no están siendo obligadas a contratar con determinada o determinadas personas o a pertenecer a determinada empresa; por otra parte, tampoco se advierte violación a la libertad de asociación con fines pacíficos, pues la resolución de la referencia tampoco exige a ninguna persona pertenecer o no a determinada asociación, ni contiene prohibición que se traduzca en no poder organizar una asociación;

Que, en lo que se refiere a la libertad de empresa, se deben hacer las siguientes consideraciones: la resolución suspende temporalmente los trámites para la creación de empresas de transporte público, es decir, se refiere a un tipo específico de empresas. La motivación de dicha resolución contiene la mención a estudios técnicos de los que se infiere que hay una sobreoferta de dicho transporte en la ciudad de Quito, existiendo en el expediente a folios 64 a 70, un diagnóstico actualizado al 19 de noviembre de 2002 en el cual se mencionan en las conclusiones tanto la Resolución No. 001 de la UPGT, como las resoluciones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres que suspendieron el otorgamiento de los permisos de operación a partir del año 1999. Por otra parte, entre las mismas conclusiones, se señala lo siguiente: "El incremento de taxis causa un efecto de no sustentabilidad económica del sector y un paulatino deterioro del parque automotor de este servicio público, que finalmente determina la imposibilidad de renovación de flotas y un consecuente deterioro del servicio y perjuicios para el usuario". Es decir, la resolución se dicté y se mantiene vigente, en base a estudios técnicos que se han actualizado, en función del beneficio que él servicio público de transporte en taxis proporciona a la comunidad y de los efectos económicos que produce en el sector; además consta en el proceso a folio 52, un cuadro que resume las cantidades de unidades de transporte público legalizadas existentes en Quito, en el que se señala que existen 8.778 taxis, cuando en el informe antes referido se establece que de acuerdo a los estudios realizados, el Distrito Metropo-litano de Quito requiere de aproximadamente 5.000 taxis.

Por otra parte y, en virtud de que la Resolución 001 no ha perdido vigencia, respecto a los permisos de operación que otorgan los organismos de regulación del tránsito para la prestación del servicio público de transpone, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres actual, establece en su Art. 145 lo siguiente: "Prohíbese toda forma de monopolio en el servicio de transporte terrestre. El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres a través del Reglamento regulará el ingreso de choferes profesionales que, siendo propietarios de unidades que reúnan las condiciones exigidas para la clase de servicio que van a prestar, deseen ingresar en cooperativas o empresas de transporte terrestre; y, velará por que no existan impedimentos injustificados y sean sancionados los abusos que se cometan para permitir dicho ingreso, pudiendo suspender o cancelar los permisos de operaciones si el caso lo amerita, poner a los infractores a órdenes de los jueces comunes para su enjuiciamiento penal. La Superintendencia de Compañías y la Dirección Nacional de Cooperativas, no podrán autorizar la creación de sociedades o cooperativas de transporte, sin el previo informe favorable del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres. Tampoco podrán otorgarse ni inscribir escrituras públicas de conformación de empresa de transporte, sin el informe a que se refiere el inciso precedente" (el resaltado es del Tribunal).

Conforme al reglamento a la ley antes citada, Art. 253, "El Consejo Nacional de Tránsito emitirá dictamen favorable para la constitución de compañías y cooperativas de transporte, al que se refiere el Art. 145 de la Ley, si la demanda del servicio propuesto en la respectiva zona de influencia lo justifica".

Además de lo señalado, se debe considerar que la propia Constitución establece como una de las atribuciones de los municipios la siguiente: "Art. 234, inciso tercero.- El concejo municipal, además de las competencias que le asigne la ley, podrá planificar, organizar y regular el tránsito y transporte terrestre, en forma directa, por concesión, autorización y otras formas de contratación administrativa, de acuerdo con las necesidades de la comunidad" (el resaltado es del Tribunal).

De manera que, es evidente que para la creación de las empresas que prestan el servicio público de transporte, debe contarse previamente con la autorización de los organismos que regulan dicho servicio, tanto a nivel nacional como lógicamente a nivel cantonal, pues se trata de un servicio público prestado por particulares a través de una autorización estatal, con lo cual queda desvirtuado el argumento de los accionantes en el sentido de que dicha autorización compete únicamente a la Superintendencia de Compañías o a la Dirección de Cooperativas en su caso.

En este sentido, el servicio mencionado debe someterse a las regulaciones de los entes públicos encargados del tránsito y transporte terrestres, como en el caso que nos ocupa, del Municipio Metropolitano de Quito a través de la empresa correspondiente;

Que, en cuanto al tema de las libertades personales, se debe tener presente que cuando el Estado somete determinadas actividades particulares relacionadas con servicios a la comunidad, a la necesidad de obtener una autorización, la misma habilita al particular para ejercer el servicio por derecho propio, pero condicionado a la autorización estatal. En doctrina, estas autorizaciones tienen que ver con el llamado poder de policía del que gozan las autoridades estatales (o los gobiernos seccionales), mediante el cual es factible imponer limites a ciertas libertades en función del orden público y de la seguridad de la comunidad siempre y cuando la limitación, por cualquier medio que se establezca -ley o reglamento con base en una ley-, no sea arbitraria, es decir, que tenga relación con el orden público, la seguridad, la salubridad e inclusive con la economía pública, así como debe encontrarse acorde con la finalidad que la reglamentación establecida busca.

En el caso de los municipios, ese poder puede ser establecido mediante ordenanzas que son la manifestación legislativa de estos gobiernos seccionales las cuales pueden limitar determinadas actividades que tienen que ver con ciertas libertades, en función del bien común. De lo señalado es fácil colegir y comprender que- las libertades personales no son absolutas, no solamente porque la propia Constitución no las establece de esa forma, sino porque la labor del Estado en la búsqueda del bien común lo exige.

En la especie, se señala en la demanda que se está limitando la libertad de empresa reconocida y consagrada en la Constitución, sin embargo, hay que recalcar que se trata de la suspensión de trámites para constituir empresas de transporte que prestan un servicio público impropio, a saber, el servicio de transporte público. En tal virtud, el Municipio de Quito a través de la UPGT ha ejercido legítimamente su atribución de regular e imponer limitaciones respecto del otorgamiento de autorizaciones para que los particulares, asociados o no, tengan la posibilidad de prestar un servicio público.

En la demanda también se señala que las limitaciones a los derechos y libertades: consagrados en la Constitución, solamente proceden vía ley. El Art. 141 de la Constitución establece: "Se requerirá de la expedición dé una ley para las materias siguientes: 1. Normar el ejercicio de libertades y derechos fundamentales, garantizados en la Constitución". En la especie, la resolución impugnada tiene como fin evitar el aumento desmedido de unidades de transpone en taxi, en consideración al excesivo número de dichas unidades que operan en el Distrito Metropolitano de Quito, y no fue dictada con la finalidad de formar las libertades de empresa, trabajo, asociación o contratación, sino de regular el servicio público de transporte, en ejercicio de las atribuciones que la UPGT tenía como organismo encargado de la planificación y gestión del mismo, funciones propias del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de cuya organización se encontraba la unidad mencionada; y que, además, establece una suspensión temporal de trámites que tiene que ver con la eficacia de dicho servicio y su utilidad para la comunidad del Distrito Metropolitano de Quito,

Los accionantes además señalan que según el Art. 143, número 3 de la Constitución, no solo se requiere de ley sino que además la misma debe ser orgánica; sobre este punto, la norma citada establece lo siguiente: "Serán leyes orgánicas: 3. Las que regulen las garantías de los derechos fundamentales y los procedimientos para su protección". En el caso que nos ocupa, la resolución en cuestión no regula ninguna garantía a un derecho fundamental y menos aún tiene la finalidad de establecer procedimientos para su protección, lo cual resulta obvio.

En consecuencia, no existe regulación alguna que limite una libertad consagrada en la Constitución en el acto impugnado, y desde ese punto de-vista, no hay la violación constitucional alegada por los accionantes;

Que, respecto a la inconstitucionalidad por el fondo solicitada en la demanda, cabe señalar que se mencionan dos razones de sustento: la primera tiene que ver con la competencia del Municipio y de sus unidades y empresas para establecer este tipo de disposiciones; y, la segunda se fundamenta exactamente en las mismas razones alegadas para la inconstitucionalidad de forma, lo que constituye un contrasentido.

Respecto a la competencia, ya se analizó que la UPGT dictó la resolución mencionada con base en las atribuciones delegadas a ella por parte del Alcalde del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de las cuales se encontraba en forma general la de encargarse de la planificación, gestión, coordinación y administración del transporte público y privado en el Distrito Metropolitano de Quito. Posteriormente, mediante decreto ejecutivo, se transfirieron al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, las funciones que de acuerdo a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres les corresponde a los organismos de tránsito a nivel nacional, debiendo tomarse en cuenta lo que establecía la Ley de Tránsito vigente a la época en que se dicté la resolución en análisis, disposición ya transcrita anteriormente. Sobre la limitación a las libertades constitucionales de empresa, trabajo, contratación y asociación, esto se analizó en las consideraciones anteriores.

En lo que se refiere a la mención que se hace en la demanda del Art. 244 de la Constitución, específicamente a la prohibición de crear monopolios, no se observa que con la suspensión dispuesta se favorezca un monopolio, toda vez que en el informe de la EMSAT anteriormente citado, se señala que existen un total de 218 organizaciones de taxistas, con 8.778 unidades de taxis;

Por las consideraciones hechas y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, este Tribunal,

Resuelve:

1. Desechar la demanda de inconstitucionalidad propuesta contra la Resolución No. 001 de la Unidad de Planificación y Gestión del Transporte, del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, dictada el 15 de enero de 1996.

2. Exhortar al Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, para que revise y actualice sus normas sobre transportación pública, tomando en cuenta las aspiraciones de los accionantes.

3. Publicar la presente resolución en el Registro Oficial. -Notifíquese.

f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la resolución que antecede fue aprobada con 7 votos a favor correspondientes a los doctores - Miguel Camba, René de la Torre, Enrique Herrería, Jaime Nogales, Luis Rojas, Mauro Terán y Oswaldo Cevallos y dos votos salvados de los doctores Milton Burbano y Simón Zavala, en sesión del día martes primero de julio dedos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario General.

Caso N0 018-2003-TC

VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MILTON BURBANO BOHÓRQUEZ Y SIMÓN ZAVALA GUZMÁN

Nos apartamos del criterio de mayoría por las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- La resolución impugnada en esta causa, emitida por la Unidad de Planificación y Gestión de Transporte, UPGT; del Distrito Metropolitano de Quito, el 15 de enero de 1996, dispone "Suspender temporalmente los trámites de creación de nuevas empresas de transporte público", resolución que tiene efectos generales, pues, el objetivo de la misma se orienta a que, de manera obligatoria en todo el territorio municipal, se limite la creación de organizaciones destinadas a brindar el servicio de transportación al público. Siendo éste su carácter; de conformidad con lo que dispone en el artículo 126 de la Ley de Régimen Municipal, debió haberse emitido como ordenanza, pues así preceptúa la norma mencionada cuando señala que "los actos decisorios de carácter general, con fuerza obligatoria en todo el Municipio se denominan ordenanzas", a diferencia de los acuerdos o resoluciones que, según la misma disposición, son actos que versan sobre asuntos de interés especial o particular.

SEGUNDA.- El artículo 129 de la Ley de Régimen Municipal, prevé que las ordenanzas deben observar el trámite legal (establecido en el Capitulo VII de la misma ley) y guardar armonía con la Constitución, requisitos que deben ser observados por el Alcalde, al momento de la sanción de la ordenanza. La resolución impugnada tiene carácter objetivo y vinculante, lo cual, debió ser materia de ordenanza. Puesto que la resolución impugnada, debió ser aprobada como ordenanza y no lo fue, no observó el procedimiento establecido para el efecto por la ley de la materia.

TERCERA.- El artículo 119 de la Constitución Política establece que las atribuciones de las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y funcionarios públicos, deben ser ejercidas de conformidad a la Constitución y la ley.

La atribución legislativa de los gobiernos municipales para dictar ordenanzas se encuentra establecida en el artículo 228 de la Constitución Política, atribución que se encuentra recogida en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Régimen Municipal. El artículo 8, numeral 1 de la Ley de Régimen del Distrito Metropolitano de Quito, confiere expresa atribución para decidir sobre la prestación de servicio públicos, mediante ordenanzas, servicios entre los que se encuentra el transporte público y privado, lo cual se halla en armonía con la potestad prevista en el artículo 2, número 2 de la misma ley, para planificar, regular y coordinar el transporte público y privado, dentro de su jurisdicción, para lo cual expedirá con competencia exclusiva, las normas que sean necesarias, por tanto, era mediante ordenanza que debía expedirse una regulación de carácter general en el transpone que contiene la resolución impugnada, por consiguiente, la Resolución N0 001, adolece de inconstitucionalidad, por la forma, pues ha sido emitida por un organismo que no tenía competencia para dictarla, pues las competencias nacen de la ley, y , en el caso de análisis, la UPGT, según el mismo Municipio, fue creada por el Alcalde, en virtud de la delegación que le confirió el Concejo Metropolitano de Quito, para crear unidades administrativas para que actúen mediante delegación, tanto más si se considera que, de conformidad a lo dispuesto en el número 1 del artículo 65 de la Ley de Régimen Municipal, los concejos municipales tienen prohibición de delegar facultades propias.

CUARTA.- La prestación del servicio público de transporte, no solo constituye una actividad que satisface la necesidad de la colectividad de movilizarse para el cumplimiento de sus tareas diarias y otras necesidades, sino también es una fuente de trabajo e ingresos de las personas que se dedican a la misma.

La Constitución Política de la República, en el artículo 16 reconoce al trabajo como derecho de las personas. En el artículo 35 prevé la protección estatal al trabajo, disponiendo además que se asegurará el respeto a la dignidad del trabajador, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. En este reconocimiento, la Constitución, señala que la legislación del trabajo se sujetará a los principios del derecho social y propenderá el Estado a eliminar la desocupación y subocupación, medida tanto más importante cuanto el mercado laboral se halla atravesado por una grave crisis que demanda una atención preferente para solucionar o aliviar los problemas de las personas que se ven expulsadas del trabajo formal a las filas de la desocupación.

QUINTA.- El artículo 23, numeral 19 de la Constitución, protege la libertad de asociación con fines pacíficos, en el numeral 16, la libertad de empresa y en el numeral 18, la libertad de contratación, derechos éstos que se encuentran relacionados con la libertad de trabajo, pues en el caso de análisis, es a través de una organización, ya sea cooperativa, ya se compañía, que los trabajadores del transporte pueden ejercer esta actividad, en ejercicio del derecho a asociarse, con fines pacíficos, como es el desarrollo de una actividad y un servicio a la colectividad; y, es a través de la conformación de una verdadera empresa, entendida como la agrupación que persigue fines determinados, con una planificación y organización que les permite conseguirlos, así como para la prestación del servicio, pueden realizar determinados actos contractuales, ya con instituciones, ya con personal especializado. De allí que estas actividades que tienen fundamento y protección constitucional se encuentran vulneradas al limitarse la constitución de empresas para la prestación del servicio público de transporte que conlleva la Resolución N0 001 de la UPGT, materia de esta acción; consecuentemente, la resolución contraría estas disposición constitucionales.

SEXTA.- El artículo 430 de la Ley de Compañías confiere atribución a la Superintendencia de Compañías para vigilar y controlar la organización, actividades, funcionamiento y liquidación de compañías, lo que vales decir, para su creación y privación de personería jurídica. Por otra parte, la Ley de Cooperativas, en los artículos 7 y 94, establecen competencia exclusiva para el Ministerio de Bienestar Social, y, en su representación, la Dirección Nacional de Cooperativas, para estudiar los estatutos y conceder personería jurídica a las cooperativas que se organicen el país, es decir, igualmente, para su creación y otras actividades de control. La resolución impugnada al suspender los trámites de creación (cooperativas y compañías) y disponer que se comunique de esta decisión a los organismos encargados de la creación de las mismas, como son la Superintendencia de Compañías y Dirección Nacional de Cooperativas, evidentemente ha actuado invadiendo competencias de otras instituciones estatales, al pretender regular aspectos relacionados con el transporte en el Distrito Metropolitano, y, al haber actuado en esa forma, ha inobservado en artículo 119 de la Constitución que determina el ejercicio de las funciones de los organismos estatales, de acuerdo a las competencias legalmente establecidas.

SÉPTIMA.- Por cuanto la resolución cuya constitucionalidad se cuestiona en esta acción vulnera derechos reconocidos por la Carta Fundamental en los artículos 23 y 35, así como evidencia una arrogación de funciones prohibida por el artículo 119 de la misma carta, se concluye que la resolución impugnada adolece de inconstitucionalidad de fondo.

Por las consideraciones que anteceden, es nuestro criterio que la Resolución N0 001, adoptada por la UPGT el 15 de enero de 1996, debe ser declarada inconstitucional por la forma y por el fondo

f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Vocal.

f.) Dr. Simón Zavala Guzmán, Vocal.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito, a 15 de julio de 2003.- f.)El Secretario General.

Nro. 033-2003-TC

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el Nro. 033-2002-TC

ANTECEDENTES:

El doctor Bolívar Ernesto Villarreal Fueltala, con fundamento en el artículo 276, numeral 1 de la Constitución Política de la República y previo informe favorable del Defensor del Pueblo, presenta demanda de inconstitucionalidad por el fondo y por la forma del Reglamento de Instalación y Funcionamiento de Granjas Avícolas dictado mediante Acuerdo Ministerial No. 0148 de 2 de mayo de 1995 y publicado en el Registro Oficial No. 696 de 16 de mayo de 1995, el cual fue expedido por el Ministro de Agricultura y Ganadería. El demandante, en lo principal, manifiesta:

Que el referido acuerdo ministerial es una copia en su forma y contenido del anterior Reglamento de Control de la Instalación y Funcionamiento de Granjas Avícolas, dictado por Acuerdo Ministerial No. 0400 de 30 de septiembre de 1976, publicado en el Registro Oficial No. 190 de 11 de octubre de 1976, el mismo que fue derogado por inconstitucional por el artículo 10, numeral 19 del Decreto Ejecutivo No. 1572, emitido el 11 de marzo de 1994 y publicado en el Registro Oficial No. 402 de 18 de marzo de 1994.

Que a los 14 meses de estar derogado el reglamento referido, el Ministro de Agricultura y Ganadería (E), sin observar principios y garantías constitucionales vigentes y sin tener presente que el Decreto Ejecutivo No. 1572 reconocía expresamente que se violaban derechos constitucionales, dicté el Acuerdo Ministerial No. 148 por el que se expedía el Reglamento de Control de la Instalación y Funcionamiento de Granjas Avícolas, supuestamente al amparo de las disposiciones de la Ley de Sanidad Animal.

Que el tercer inciso del considerando del Reglamento derogado es idéntico al del reglamento vigente, y en él se invoca a la Ley de Sanidad Animal como fundamento para dictar dichos reglamentos, mas ni la ley anterior ni la vigente facultaban al Ministro de Agricultura y Ganadería para dictar reglamentos, lo cual es privativo del Presidente de la República.

Que el artículo 4 del reglamento expedido en 1995 es copia del reglamento derogado, pero el actual establece distancias mayores que deben existir entre granja y granja, de modo que se limita arbitrariamente el derecho de propiedad de la tierra de los propietarios que quedan en este espacio, "[...] es decir ya no pueden dar el uso o destino que a bien tenga su propiedad por tanto ya no tiene el dominio total de su bien real, así ya no tienen la calidad total de señores y dueños se les ha limitado su libre disposición, su libre uso; violándose así una garantía constitucional del derecho de propiedad, se violentan también los derechos de trabajo en o sin relación de dependencia, a la libertad de empresa, a la libertad de contratación, el derecho de igualdad y oportunidades para los inversionistas, conforme lo garantizaba la Constitución vigente de ese entonces en su Art. 19 numerales 5, 11, 12 y 14 y Arts. 48, 49, 50 y 51; hoy previstos en la actual Constitución Política en el Art. 23, en sus numerales 3, 16, 17, 18, 20 y 23 en concordancia con los Arts. 30, 242, 243, 244, 266, 269 y 271 del cuerpo legal citado; hoy con este reglamento se quebranta el mandato constitucional de proteger la propiedad agraria y la pequeña industria agrícola" (sic).

Que con las disposiciones del reglamento de 1995 se crea un derecho preferencial que garantiza una situación monopólica y de concentración de la propiedad de la tierra, en oposición a los principios y garantías constitucionales y al espíritu del Decreto Ejecutivo 1572.

Que se violenta la disposición contenida en el artículo 267 de la Constitución Política de la República porque se orienta al acaparamiento y concentración de la propiedad de las tierras, sin buscar la optimización de su uso.

Que no se deben establecer distancias absurdas en el sector rural, ya que la sanidad no depende de la distancia que existe entre granjas sino de la higiene y profilaxis.

Que el artículo 7 del reglamento derogado y el del reglamento vigente son idénticos y se contraponen a lo establecido en el artículo 24 numeral 11 de la Constitución Política de la República y en el artículo 5 del Decreto Ejecutivo 1572 de 11 de marzo de 1994.

Que con la disposición del artículo 7 del reglamento vigente, los funcionarios del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria se dan la calidad de jueces y ordenan la suspensión de los trabajos de las granjas avícolas o no les conceden los permisos de funcionamiento, en la mayoría de los casos, por no cumplir con las distancias por ellos establecidas, sin reparar en los daños que causan a los inversionistas con las consecuencias de pérdidas económicas cuantiosas y de plazas de trabajo.

Que hubo y hay exceso de autoridad al reglamentar una ley con un acuerdo ministerial y al volver a poner en vigencia un reglamento mediante un acuerdo ministerial cuando fue derogado con un decreto ejecutivo.

Que el Reglamento de Control de la Instalación y Funcionamiento de las Granjas Avícolas, es inconstitucional tanto por la forma como por el fondo, porque es función privativa del Presidente de la República expedir reglamentos, de conformidad con el artículo 171 numeral 5 de la Constitución Política de la República, por lo que lo obrado por el Ministro de Agricultura y Ganadería es nulo, ya que se arrogó funciones que no le competían.

Que es inconstitucional por desconocerse la jerarquía de las normas legales y, de manera especial, de la constitucional, pues el reglamento no es superior a la ley ni el acuerdo ministerial al decreto ejecutivo, como lo dispone el artículo 122 de la Ley de Modernización del Estado.

La Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, niega que exista inconstitucionalidad por la forma del reglamento impugnado, ya que no es un reglamento general de aplicación a la Ley de Sanidad Animal, puesto que se trata de un instrumento normativo especializado sobre granjas agrícolas. Afirma, además, lo siguiente:

Que el Reglamento de Control de las Granjas Avícolas fue expedido por el Ministro de Agricultura y Ganadería por ser necesario para la gestión ministerial y de acuerdo al artículo 179 numeral 6 de la Constitución de la República.

Que a la fecha de expedición del Decreto Ejecutivo No. 1572 se encontraba vigente el Acuerdo Ministerial No. 626, publicado en el Registro Oficial No. 575 de 5 de diciembre de 1990, el cual contiene el Reglamento de Control y Establecimiento de Granjas Avícolas, cuyo texto es casi idéntico al Reglamento de Control de las Granjas Avícolas, reglamento que está vigente.

Que las normas contenidas en el Reglamento de Control de las Granjas Avícolas no son contrarias a la Constitución de la República, pues las limitaciones y los requisitos para el establecimiento de este tipo de granjas constituyen actos administrativos dictados en ejercicio de la función de regulación y control que le corresponde al Estado con respecto a las actividades que realizan los ciudadanos.

Que la Ley de Sanidad Animal contempla infracciones y normas especiales de sanidad agropecuaria y faculta al Ministerio de Agricultura y Ganadería para realizar inspecciones necesarias, imponer sanciones y adoptar las medidas preventivas necesarias.

Que en el Decreto Ejecutivo 1572 se enfatiza frecuentemente que se deroga todo lo que viole una ley o rebase sus límites, lo que no sucede con el actual reglamento ni con el similar de 1990.

Que la Ley de Sanidad Animal vigente es la que da competencia al Ministro de Agricultura y Ganadería y a los funcionarios competentes de ese Ministerio para controlar las granjas avícolas.

Por lo expuesto solicita se rechace por improcedente la demanda.

El Ministro de Agricultura y Ganadería expresa que el memorando No. 0306 DVEEZ/SESA establece la necesidad de racionalizar, disciplinar y regular el desarrollo avícola sobre la base de normas reglamentarias que brinden excelentes resultados, regulaciones estas que deben ser de carácter sanitario y orientadas a beneficiar la producción de alimentos de origen pecuario.

Que el Código Sanitario Internacional, del cual el Ecuador es partícipe y consignatario, establece disposiciones y medidas de higiene y seguridad sanitaria en las explotaciones avícolas.

Que los argumentos expuestos en la demanda no proceden, ya que con tal acción se pretende destruir la producción avícola y no fomentarla para bien del país. Se niega los fundamentos de hecho y de derecho de la acción, se alega improcedencia de la demanda por no reunir los requisitos determinados en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil y se acusa ilegitimidad de personería del demandado por no tener personería jurídica. Por lo expuesto solicita se rechace la demanda por ilegal, ilegítima e improcedente.

Considerando:

Que el Tribunal Constitucional es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con el artículo 276 numeral 1 de la Constitución de la República, y el artículo 12 numeral 1 de la Ley del Control Constitucional;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la decisión de la causa, por lo que el proceso es válido y así se lo declara;

Que el reglamento impugnado, esto es, el de Control de la Instalación y Funcionamiento de las Granjas Avícolas contiene normas que pretenden garantizar la calidad e higiene de los productos que se obtienen en dichas establecimientos. Al efecto, entre otras disposiciones, se ha establecido, con fines estrictamente sanitarios, un aislamiento entre granjas avícolas, según el destino al que se les dé (artículos 4 y siguientes); y la posibilidad de que los - funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería puedan suspender de los trabajos de los planteles avícolas que no se sometan a lo previsto en el reglamento, sin perjuicio de que se impongan las sanciones determinadas en la Ley de Sanidad Animal (articulo 7).

Este reglamento fue dictado por Acuerdo Ministerial No. 0148, suscrito por el Ministro de Agricultura y Ganadería y publicado en el Registro Oficial No. 696 de 16 de mayo de 1995;

Que la constitucionalidad de un reglamento implica que su contenido sea conforme con los preceptos de la Norma Suprema, pero además que haya sido expedido por el competente funcionario, habida cuenta que el principio de legalidad y juridicidad ha sido reconocido en nuestro ordenamiento jurídico como fundamento que rige la actuación de la autoridad pública. Al respecto, tanto el artículo 39 de la Codificación de la Constitución de 1993, como el artículo 119 de la Constitución expedida por la Asamblea Constituyente de 1998, han dispuesto que los funcionarios públicos únicamente puedan ejercer las atribuciones expresamente otorgadas por la Norma Suprema o por la ley.

De esta manera, puede suceder que una norma sea constitucional en sus disposiciones, mas peque de vicios de inconstitucionalidad derivados de la competencia y los procedimientos;

Que en lo que se refiere al fondo, se tiene presente que la necesidad de precautelar la salud ciudadana, un medio ambiente sano y la calidad de los productos alimenticios destinados al consumo humano tiene su aval en expresas normas constitucionales, como son el artículo 23 numerales 7 y 20, y los artículos 42 y 86 de la Constitución de la República expedida por la Asamblea Constituyente de 1998 y, de igual manera, se observa en la Codificación de 1993 normas destinadas a iguales fines (artículo 19 numerales 2 y 14). En todo caso, por tratarse de derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento material y moral que se deriva de la naturaleza de la persona, exigen una ineludible garantía por parte del Estado;

Que en tal sentido, y teniendo en cuenta que el derecho de propiedad no es absoluto y la Constitución permite la limitación de su ejercicio por razones de bien común, el establecimiento de distancias entre granjas avícolas con fines estrictamente sanitarios, de por sí, no significa violación alguna de la Constitución de la República. En iguales términos, el aislamiento entre granjas con fines de salubridad, tampoco comporta transgresión a los derechos de trabajo, libertad de empresa, libertad de contratación y de igualdad;

Que por otra parte, la norma del artículo 7 del reglamento impugnado no crea jueces especiales, sino que se limita a otorgar una competencia de índole administrativa que consiste en la facultad de suspender los trabajos en los planteles avícolas que no cumplan con lo dispuesto en el reglamento. La decisión de suspensión es un acto administrativo, pero no una sentencia pronunciada por quien ejerce jurisdicción;

Que por último, si bien es legitimo que el Presidente de la República derogue reglamentos en uso de su atribución, y aun más, en observancia de su obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, ello no significa, sin embargo, que los criterios utilizados tengan la fuerza de una sentencia expedida por un órgano jurisdiccional contralor de la constitucionalidad, como lo es este Tribunal. A ello se agrega que el artículo 10 del Decreto Ejecutivo No. 1572 no analiza los pormenores de los reglamentos que deroga ni indica la pertinencia de los criterios utilizados al caso específico;

Que en lo que se refiere a la competencia del funcionario autor del reglamento impugnado, esto es, del Ministro de Agricultura y Ganadería, se tiene presente que, de conformidad con el artículo 79 literal c) de la Codificación de la Constitución de la República dc 1993, correspondiente al artículo 171 número 5 del texto vigente, la potestad reglamentaria correspondía al Presidente de la República, mas no a los ministros de Estado. También se tiene en cuenta que del examen de la Ley de Sanidad Animal, a la cual alude el considerando tercero del Acuerdo Ministerial No. 0148, publicado en el Registro Oficial No. 696 de 16 de mayo de 1995, no otorga una expresa facultad reglamentaria al Ministro de Agricultura y Ganadería en materia de control de instalación y funcionamiento de granjas avícolas;

Que el inciso segundo del artículo 39 de la Codificación de la Constitución de la República de 1993, cuyo contenido lo recoge el artículo 119 de la Constitución expedida en 1998, establece el principio de legalidad y juridicidad, en virtud del cual los funcionarios públicos deben ejercer las atribuciones que expresamente les están conferidas por la Norma Suprema o por la ley. De esta manera, el Ministro de Agricultura y Ganadería no pudo dictar válida y legítimamente el reglamento impugnado, sin que el vicio que ostenta pueda ser convalidado por la disposición posterior del artículo 179 numeral 6 de la vigente Constitución, al ser la competencia un requisito ineludible que debió estar presente al momento de dictarse el reglamento, y cuya falta no puede subsanarse por norma ulterior;

Por los considerandos expuestos y en uso de sus facultades constitucionales y legales, el Tribunal Constitucional,

Resuelve:

1. Declarar la inconstitucionalidad por la forma del Acuerdo Ministerial No. 0148, publicado en el Registro Oficial No. 696 de 16 de mayo de 1995, por medio del cual el Ministro de Agricultura y Ganadería expidió el Reglamento de Control de la Instalación y Funcionamiento de las Granjas Avícolas.

2. Publicar esta resolución en el Registro Oficial. Notifíquese.

f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la resolución que antecede fue aprobada con cinco votos a favor correspondientes a los doctores Milton Burbano, Enrique Herrería, Luis Rojas, Mauro Terán, Simón Zavala y cuatro votos salvados de los doctores Miguel Camba, René de la Torre, Jaime Nogales y Oswaldo Cevallos, en sesión de martes veinticuatro de junio de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario General.

VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MIGUEL CAMBA, RENE DE LA TORRE, JAIME NOGALES Y OSWALDO CEVALLOS

En el caso No. 033-2002-TC nos apartamos de la resolución tomada por las siguientes consideraciones:

Que el reglamento impugnado, esto es, el de Control de la Instalación y Funcionamiento de las Granjas Avícolas, contiene normas que pretenden garantizar la calidad e higiene de los productos que se obtienen en dichos establecimientos. Al efecto, entre otras disposiciones, se ha establecido, con fines estrictamente sanitarios, un aislamiento entre granjas avícolas, según el destino al que se les dé (artículo 4 y siguientes); y la posibilidad de que los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería puedan suspender de los trabajos de los planteles avícolas que no se sometan a lo previsto en el reglamento, sin perjuicio de que se impongan las sanciones determinadas en la Ley de Sanidad Animal (articulo 7).

Este reglamento fue dictado por Acuerdo Ministerial No. 0148. suscrito por el Ministro de Agricultura y Ganadería y publicado en el Registro Oficial No. 696 de 16 de mayo de 1995.

Que en lo que se refiere al fondo, se tiene presente que la necesidad de precautelar la salud ciudadana, un medio ambiente sano y la calidad de los productos alimenticios destinados al consumo humano tiene su aval en expresas normas constitucionales, como son el artículo 23 numerales 7 y 20, y los artículos 42 y 86 de la Constitución de la República. En todo caso, por tratarse de derechos necesarios para el pleno desenvolvimiento material y moral que se deriva de la naturaleza de la persona, exigen una ineludible garantía por parte del Estado.

Que en tal sentido, y teniendo en cuenta que el derecho de propiedad no es absoluto y la Constitución permite la limitación de su ejercicio por razones de bien común, el establecimiento de distancias entre granjas avícolas con fines estrictamente sanitarios, de por sí, no significa violación alguna de la Constitución de la República. En iguales términos, el aislamiento entre granjas con fines de salubridad, tampoco comporta transgresión a los derechos de trabajo libertad de empresa, libertad de contratación y de igualdad.

Que por otra parte, la norma del artículo 7 del reglamento impugnado no crea jueces especiales, sino que se limita a otorgar una competencia de índole administrativa que consiste en la facultad de suspender los trabajos en los planteles avícolas que no cumplan con lo dispuesto en el reglamento. La decisión de suspensión es un acto administrativo, pero no una sentencia pronunciada por quien ejerce jurisdicción.

Que en lo que se refiere a la competencia del funcionario autor del reglamento impugnado, esto es, del Ministro de Agricultura y Ganadería, se tiene presente que de conformidad con el artículo 79 literal e) de la Codificación de la Constitución de la República de 1993, la potestad reglamentaria correspondía al Presidente de la República, mas no a los ministros de Estado; sin embargo, el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución Política en vigencia, faculta a los ministros de Estado la expedición de normas, acuerdos o resoluciones que requiera la gestión ministerial.

Por consiguiente, aquel vicio está plenamente convalidado por la referida disposición constitucional; todo ello en virtud de los principios de supremacía y legalidad que recogen los artículos 119 y 272 de la Constitución Política. Por lo tanto, no se adviene inconstitucionalidad que declarar.

Por las consideraciones expuestas se debe:

1.- Desechar la demanda de inconstitucionalidad planteada.

2.- Publicar esta resolución en el Registro Oficial. Notifíquese.

f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Vocal.

f.) Dr. Miguel Camba Campos, Vocal.

f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal.

f.) Dr. Jaime Nogales Izurieta, Vocal.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito, a 15 de julio de 2003.- f.) El Secretario General.

Nro. 0140-2003-RA

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el Nro. 140-03-RA

ANTECEDENTES:

Los señores Santiago Tanguila, Ángel Nauya, Gloria Chicaiza, Elsie Monge y Raimundo Encamación, en sus calidades de dirigentes de las Comunidades de la Vía a Colombia, Puerto Nuevo y Chone II, Acción Ecológica y Comisión Ecuménica de Derechos Humanos - CEDHU -, respectivamente y, el último de los nombrados en representación de Benilde Pineda y Sabina Encamación, comparecen ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo-Distrito de Quito y plantean acción de amparo en contra de los señores Presidente de la República, Ministro de Medio Ambiente, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Salud Pública y Ministro de Agricultura, a fin de que se observen las omisiones de dichas autoridades, que han permitido la vulneración de los derechos a la vida, salud, integridad personal y un medio ambiente sano, libre de contaminación a que tienen derecho las personas que viven en la frontera con Colombia, concretamente en la ribera del río San Miguel, en los recintos en los cuales se encuentran asentadas las Comunidades de la Vía a Colombia, Puerto Nuevo y Chone II, provincia de Sucumbios. Los accionantes, en lo principal, manifiestan:

Que en ejecución del Plan Colombia, este país, sin respetar su oferta verbal de fumigar a 10 kilómetros de distancia de la línea fronteriza con el Ecuador, ha esparcido GLIFOSATO de alto poder por vía aérea, causando graves daños en la tierra, agua y aire de la zona ecuatoriana expuesta, lesionando la vida, la integridad personal y la salud de quienes habitan en dichos sectores, así como a sus animales y cultivos.

Que dichas fumigaciones comenzaron de manera oficial en el Departamento del Putumayo el 22 de diciembre de 2000 y se planea ampliar el área de fumigación a doscientas mil hectáreas en el 2003, con lo cual se afectará aún más a la población fronteriza.

Que el 2 de julio de 2001, el gobierno ecuatoriano por presión de los afectados, solicitó a su similar de Colombia que las fumigaciones que realice las haga al menos a 10 kilómetros adentro de la frontera con el Ecuador, a fin de prevenir que por dispersión llegue a nuestro territorio y produzca efectos nocivos en los pobladores, las plantaciones y los animales. Señalan que el gobierno colombiano ha hecho caso omiso del pedido, fumigando en la zona de veda, afectando los intereses nacionales a vista y paciencia de las autoridades ecuatorianas que conocieron oportunamente de esta situación por las denuncias de los pobladores de las localidades, así como por los informes de investigación sobre los efectos causados en territorio ecuatoriano.

Que las autoridades demandadas fueron notificadas con los resultados de la investigación sobre los impactos provocados por las fumigaciones, solicitándoles en varias ocasiones cumplan con su obligación constitucional de tomar acciones urgentes en defensa del medio ambiente y de los derechos humanos, sin que hayan recibido ninguna contestación. Agregan que el silencio elocuente retrata de cuerpo entero la omisión ilegítima de los funcionarios públicos demandados.

Manifiestan que los efectos de las fumigaciones en los seres humanos son tan graves que producen una serie de enfermedades y facilitan la aparición de cáncer, mutaciones, malformaciones y aborto.

Que adicionalmente, se ha detectado la presencia del hongo FUSARIUM en todas las muestras tomadas en la vegetación y suelos, con lo cual se ha afectado a la economía de la población que habita en la región, conduciéndoles a un estado de crisis económica, Alimentaria y al desplazamiento forzoso.

Que las autoridades accionadas se encuentran obligadas a impedir que se fumigue agroquímicos tóxicos en suelo ecuatoriano o cerca de su frontera y a tomar medidas de prevención y remediación a favor de la población y la naturaleza de la zona. No lo han hecho y por ello son responsables de los daños que se encontraban obligados a impedir, faltando gravemente a su deber de trabajar coordinadamente en función del bien común, como lo dispone el Art. 119 de la Constitución Política del Estado.

Consideran que se han violado los siguientes derechos constitucionales: a la vida e integridad personal (Art. 23, núms. 1 y 2); a la salud (Arts. 23, 20 y 42); a un medio ambiente sano, equilibrado y libre de contaminación (Art. 23, 6 y 86); a la propiedad (Art. 23, 23 y 30); el derecho de petición (Art. 23, 15), así como las disposiciones constantes en los convenios internacionales que dicen relación con tales derechos.

Con tales antecedentes solicitan lo siguiente: Se disponga al Presidente de la República ordene de manera urgente la asignación de recursos para la prevención, remediación y reparación de los daños sociales, económicos y ambientales causados en las personas, animales y plantas de la zona afectada por las fumigaciones; se convoque urgentemente al Consejo de Seguridad Nacional a fin de dar a conocer lo que sucede en la región afectada para que defina las políticas de estados que permitan su protección; se ordene al Presidente de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores protesten por los canales diplomáticos ante los gobiernos de Colombia y Estados Unidos a fin de que se abstengan de fumigar con glifosato en la línea de frontera con el Ecuador; disponer al Presidente de la República conforme una misión de expertos encargados de recoger mayores evidencias científicas acerca de los efectos dañinos de las fumigaciones del glifosato y de la presencia de fusarium Que los ministros de Salud, Agricultura y de Relaciones Exteriores adopten medidas tendentes a prevenir y remediar las consecuencias de tales fumigaciones.

La audiencia pública se llevó a cabo el 10 de enero de 2003, a la que concurrieron las partes, tal como consta de la razón sentada por el Secretario del Tribunal a-quo. En sus escritos de contestación, las autoridades demandadas expresan entre otras cosas lo que sigue: Que no han violado disposición constitucional ni legal alguna que permita a los accionantes formular el presente recurso; que las fumigaciones que se dicen están causando daño a los pobladores de la zona fronteriza con Colombia, no son originadas por órdenes de autoridades ecuatorianas, ni tampoco tienen participación en la ejecución de los planes de fumigación realizados por Colombia; que tampoco se ha probado ni cuantificado los perjuicios ocasionados a los habitantes, sus plantaciones y animales. La delegada del Procurador General del Estado agrega que la reclamación por la supuesta responsabilidad patrimonial del Estado, debió realizarse en la forma prevista en los artículos 130 a 134 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva; y, niega la omisión alegada, puesto que, los propios accionantes han reconocido en su demanda que la Cancillería realizó gestiones con el Gobierno de Colombia, tendentes a impedir que se realicen fumigaciones a menos de diez kilómetros de distancia de la frontera con el Ecuador, además de que el Presidente de la República procedió a conformar comisiones interinstitucionales que involucran a los directamente afectados para dar una solución global.

El Tribunal de instancia, mediante resolución de 22 de enero de 2003 acepta la acción constitucional de amparo por considerar que el Estado Ecuatoriano ha faltado al primordial deber de "respetar y hacer respetar" aquellas garantías creadas por la Carta Magna en defensa de todos los habitantes del Ecuador.

Considerando:

Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que, del texto constitucional del artículo 95 y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegitimo; b) que sea violatorio de un derecho subjetivo constitucional; y, e) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que, un acto se torna ilegitimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que, es obligación del juzgador constitucional asegurar la procedencia para conocer y resolver una acción de amparo, la misma que es cautelar y que tiene por objeto proteger los derechos subjetivos de las personas afectadas por actos ilegítimos de una autoridad pública, o por actos ilegítimos de las personas que presten servicios públicos o los que realicen por concesión o delegación de un a autoridad pública, si tales actos violan sus derechos consagrados en la Constitución Política o un tratado o convenio internacional vigente; o por la conducta de personas particulares cuando violen los derechos comunitarios, colectivos o difusos, como los especificados en los artículos 83 al 92 de la Carta Fundamental;

Que, la acción de amparo constitucional también procede cuando existe omisión de la autoridad pública que por norma expresa tenga la obligación de realizar un acto que pueda causar o esté causando daño a un derecho subjetivo;

Que, de autos no se evidencia acto de omisión alguno y menos ilegitimo atribuible o de responsabilidad de las autoridades públicas demandadas que por norma expresa tengan la obligación de remediar las consecuencias de daños que se afirman se han producido como consecuencia de la ejecución del Plan Colombia, por la utilización de un químico en la ribera del río San Miguel, en los recintos en los cuales se encuentran asentadas las Comunidades de la Vía a Colombia, concretamente, Puerto Nuevo y Chone II en la provincia de Sucumbíos, no existiendo por lo mismo acto ilegitimo u omisión que vulnere derechos subjetivos de los accionantes;

Que, por el contrario, al amparo de los artículos 23, numeral 6, 86 inciso primero y segundo, 91 inciso segundo de la Constitución de la República y en aplicación del principio de precaución instaurado en el Convenio sobre Diversidad Biológica, en la Decisión Andina 391 que establece el régimen común sobre acceso a recursos genéticos, así como en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, incorporado por el artículo 3 por la Ley de Gestión Ambiental, el Presidente Constitucional de la República doctor Gustavo Noboa Bejarano, expidió el Decreto Ejecutivo No. 3605 el 14 de enero de 2003, por el cual prohibió el uso de productos químicos, bioquímicos o agentes biológicos como herramientas para la erradicación de coca, marihuana o amapola, en todo el territorio nacional y creó una comisión técnica conformada por los ministerios de Ambiente, Salud Pública, Agricultura y Ganadería, Defensa Nacional y Gobierno, los que pueden contar con la participación de otras instituciones gubernamentales como no gubernamentales, instituciones académicas y de la sociedad civil, con atribuciones entre otras, para diseñar un sistema de vigilancia en ambiente y salud para las provincias fronterizas de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, organizar campañas de concientización como medida de prevención para evitar que la población fronteriza se involucre en la producción de cultivos ilícitos;

Que, igualmente, se ha conformado una comisión binacional encargada de evaluar los efectos de las sustancias químicas utilizadas por el Gobierno de Colombia en las operaciones de fumigación aérea, la misma que está integrada por representantes de los ministerios de Medio Ambiente, Salud, Agricultura y Relaciones Exteriores de los dos países a cuya consecuencia se han suscrito memorándums de entendimiento para no ejecutar operaciones de fumigación aérea tendientes a la eliminación de cultivos ilícitos, en una distancia no menor a diez kilómetros de la línea que marca la frontera entre Ecuador y Colombia;

Que, el Tribunal Constitucional en consideración a que en el presente caso está de por medio la preservación y protección del medio ambiente exhorta al gobierno nacional para que concluya con los estudios que sean necesarios para garantizar los derechos colectivos de sus con nacionales y a éstos para que participen en las decisiones que sobre el medio ambiente adopte el Estado Ecuatoriano; y,

Por lo expuesto, en uso de sus atribuciones,

Resuelve:

1.- Inadmitir la acción de amparo constitucional, propuesta por los accionantes.

2.- Exhortar al Gobierno Nacional para que dé expreso cumplimiento a las disposiciones constitucionales que garantizan y protegen los derechos fundamentales de las personas y de las colectividades en la zona fronteriza.

3.- Remitir el expediente al Tribunal de origen, para el cumplimiento de los fines de ley. Notifíquese y publíquese.

f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la resolución que antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con seis votos a favor correspondientes a los doctores Miguel Camba, René de la Torre, Enrique Herrería, Jaime Nogales, Simón Zavala y Oswaldo Cevallos y 3 votos salvados de los doctores Milton Burbano, Luis Rojas y Mauro Terán, respecto al voto de mayoría con el primer punto de la parte resolutiva. Con cinco votos a favor correspondientes a los doctores Miguel Camba, Rend de la Torre, Jaime Nogales, Simón Zavala y Oswaldo Cevallos y cuatro votos salvados de los doctores Milton Burbano, Enrique Herrería, Luis Rojas y Mauro Terán, por el número dos de la parte resolutiva; y, con 6 votos a favor correspondientes a los doctores Miguel Camba, René de la Torre, Enrique Herrería, Jaime Nogales, Simón Zavala y Oswaldo Cevallos y 3 votos salvados de los doctores Milton Burbano, Luis Rojas y Mauro Terán por el número tres de la parte resolutiva, en sesión del día miércoles dos de julio de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario General.

VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MILTON BURBANO BOHÓRQUEZ, LUIS ROJAS BAJAÑA Y MAURO TERÁN CEVALLOS EN EL CASO

No. 0140-2003-RA

Con los antecedentes constantes en resolución adoptada, nos apartamos de la misma por las siguientes consideraciones:

PRIMERA.- Que, el artículo 3 de la Constitución Política, entre los deberes primordiales del Estado, establece el aseguramiento de la vigencia de los derechos humanos, la defensa del patrimonio natural, la protección del medio ambiente, la erradicación de la pobreza y la promoción del progreso económico, social y cultural. Para asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales, la Carta Política prevé la adopción de medidas, mediante planes y programas permanentes y periódicos. Varios son los derechos que reconoce la Carta Fundamental, entre ellos, la inviolabilidad de la vida y la integridad personal, una calidad de vida que signifique el mantenimiento de la salud, vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación, que permitan un desarrollo sustentable y la preservación de la naturaleza, así como el derecho a la propiedad, la que no puede ser perturbada por hechos que la limiten o priven de ella a las personas, sino por cualquier otra circunstancia que afecte este nexo jurídico de pertenencia, salvo si no incumple la función social, derechos estos que devienen imperativos para asegurar el pleno desarrollo de la personalidad, tanto más si se trata de grupos humanos asentados lejos de los centros de desarrollo económico del país, como son los pobladores de las zonas fronterizas, todo ello entendido en el marco del más elevado fin del Estado: el bien común.

SEGUNDA.- La actual Constitución incorporó a su normativa, la sección relativa al medio ambiente, en la que se prevé la protección de la población para que viva en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Añade que el Estado "Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza". A la vez, en esta sección, se declara de interés público: a) La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; y, b) La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales degradados. A fin de garantizar su cumplimiento, dispone, incluso, la tipificación, mediante ley, de acciones y omisiones en contra de las normas de protección de medio ambiente, considerando la gravedad de los efectos de prácticas contrarias a su preservación. Además, establece la obligación estatal de "tomar medidas preventivas en caso de dudas sobre el impacto y las consecuencias ambientales negativas de alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica de daño". Esta normativa constitucional permite concluir que la preocupación por un ambiente sano es de máxima importancia, en tanto constituye la base física que permite el pleno desarrollo de las personas y hacia ese objetivo se canaliza parte de la acción estatal.

TERCERA.- La actividad estatal orientada al cumplimiento de tan alto objetivo, se traduce en acciones, planes y programas de carácter multidisciplinario. En el caso de análisis, a efectos de precautelar el medio ambiente, entendido como el conjunto de la naturaleza, el espacio aéreo, el suelo, subsuelo, la vegetación, sus cultivos, recursos hídricos, las especies animales, etc; y, consecuentemente la vida, salud integridad física de sus pobladores, están obligados a desplegar su acción no sólo el Ministerio de Medio Ambiente, también los de Salud, de Agricultura, de Relaciones Exteriores y fundamentalmente, la Presidencia de la República, en tanto existen pruebas documentadas del impacto que significa la utilización de, químicos para la eliminación de los cultivos de coca, en la zona fronteriza de Colombia con nuestro país, siendo como es una sustancia volátil y residual que traspasa y permanece con secuelas graves en la salud y vida de los ecuatorianos que habitan en la zona fronteriza en que se desarrolla el plan de fumigación; así se establece del análisis del reporte de investigación sobre los impactos de las fumigaciones en la frontera ecuatoriana, realizado por acción ecológica en junio de 2001 y el informe de la misión de verificación "Impactos en Ecuador de las Fumigaciones realizadas en el Putumayo dentro del Plan Colombia, en Octubre de 2002. Igualmente, de los testimonios que en video constan en el expediente, se observa el impacto negativo en la salud de los-habitantes y en la vegetación de la zona.

CUARTA.- La señora Ministra de Relaciones Exteriores ha presentado, en esta instancia, varios documentos que constan como anexo al expediente, de los que se observa que se ha realizado una reunión entre los gobiernos de Ecuador y Colombia, sobre varios aspectos fronterizos, como relaciones comerciales, asuntos migratorios, asuntos de seguridad; se ha realizado también una reunión evaluatoria sobre estos aspectos, mas sobre el impacto de las fumigaciones se ha dilatado el tratamiento, el mismo que, con posterioridad, se pretendería resolverlo con un memorando de entendimiento que simplemente consta como proyecto, siendo necesario adoptar las acciones correspondientes por parte del Ministerio del ramo y del Presidente de la República para alcanzar un instrumento bilateral plenamente exigible que permitirá la protección de la población que ya se encuentra afectada, aspecto este que, además, requiere de las medidas urgentes por parte de los ministerios de Salud, Medio Ambiente y Agricultura, conforme a las competencias propias establecidas constitucional y legalmente, que debieron haber sido efectuadas tan pronto como se presentaron las primeras denuncias de los pobladores, como aquella planteada por varias organizaciones de defensa de derechos humanos ante el Defensor del Pueblo de Sucumbíos, cuya copia consta a fojas 36-39, que data del año 2001. Los problemas de la población denunciados en esta acción continúan, pues, los ministerios llamados a adoptar las medidas necesarias, dentro del ámbito de acción de cada uno de ellos, han omitido hacerlo, al igual que el máximo personero del gobierno ecuatoriano.

QUINTA.- La omisión en que han incurrido las autoridades demandadas, ha ocasionado violación a los derechos de los pobladores del sector de la zona fronteriza en que se desarrollan las fumigaciones para erradicar los cultivos de coca en Colombia, entre ellos, el derecho a la salud, la vida y la integridad personal, pues se hallan directamente afectados por niveles de toxicidad, afecciones de la piel y respiratorias, conforme testimonio del médico de zona, investigadores internacionales y el material de video que obra de autos, el derecho a un ambiente sano, equilibrado y libre de contaminación, pues los efectos en la salud son precisamente derivados de la contaminación del ambiente, todo lo cual afecta al derecho a una calidad de vida digna y, el derecho a la propiedad, ya que los cultivos que les pertenecen se han perdido, así como sus terrenos se hallan afectados.

SEXTA.- Las consecuencias que la violación de los derechos de los pobladores de las Comunidades de la Vía a Colombia que presentan esta acción, se traducen en daño grave, en tanto las condiciones de salud deteriorada, el daño y pérdida de cultivos, la contaminación del aire y agua de consumo, disminuyen las posibilidades de una subsistencia digna.

SÉPTIMA.- La resolución de la Corte Suprema de Justicia, a la que se alude en la resolución de primera instancia, se encuentra impugnada en su constitucionalidad, ante el Tribunal Constitucional, por lo que, conforme señala el mismo Tribunal de instancia, la concesión de la apelación en esta causa, se la realiza con efecto devolutivo, por lo que no existe motivo para que no se observe su cumplimiento.

OCTAVA.- Uno de los problemas que, como consecuencia de las fumigaciones, afrontan los pobladores de la zona fronteriza, cual es la pérdida de sus cultivos, ha llevado a la señora Ministra de Relaciones Exteriores a solicitar al Gobierno de Colombia indemnice a los, campesinos afectados (Diario La Hora, 28 de mayo de 2003) hecho que permite señalar a esta Sala que, la conciencia de los problemas existentes debe traducirse en acciones efectivas, por parte de las autoridades correspondientes, para superarlas, en todos los niveles de afectación a la población.

Por lo expuesto, se debe:

1. Confirmar la resolución del Tribunal de instancia; en consecuencia, conceder el amparo solicitado, en el sentido de disponer que las autoridades demandadas, desarrollen las actividades que les corresponde y que no han sido por ellas observadas, tendentes a remediar los daños irrogados e impedir que continúen causándose, así como para la prevención de daños futuros.

2. Remitir el expediente al Tribunal de origen, para el cumplimiento de los fines de ley.

f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Vocal.

f.) Dr. Luis Rojas Bajaña, Vocal.

f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Vocal.

VOTO CONCURRENTE DEL DR. ENRIQUE HERRERÍA BONNET EN EL CASO N0 0140-2003-RA

1.- Con los antecedentes que constan en el voto de mayoría, concuerdo con su parte considerativa y con los puntos 1 y 3 de la parte resolutiva, mas, por intermedio del presente, hago constar la siguiente prevención respecto del punto 2 de la parte resolutiva, en el que, estimo, se debió disponer lo siguiente:

2.- Exhortar al gobierno ecuatoriano para que, por medio de la Comisión Binacional encargada de evaluar los efectos de las sustancias químicas utilizadas por el Gobierno de Colombia en las operaciones de fumigación aérea, se alcance un instrumento bilateral plenamente exigible que garantice la protección de la población ecuatoriana afectada por esas fumigaciones aéreas.

A este voto concurrente se le dará el efecto señalado en el artículo 59, inciso tercero, del Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional.

f.) Dr. Enrique Herrería Bonnet, Vocal, Tercera Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito, a 15 de julio de 2003.- f.) El Secretario General.

Nro. 151-03-RA

"EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el Nro. 151-03-RA

ANTECEDENTES: El señor Roberto Aguirre Román, en su calidad de Presidente de la Compañía de Negocios Industriales Real, NIRSA SA., comparece ante el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil e interpone acción de amparo constitucional en contra del Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. El accionante, en lo principal, manifiesta:

Que la compañía que representa absorbió a las compañías TUNAPESCA SA., TUNAPACIFICO S.A. y PESQUEROS UNIDOS CIA. LTDA., y se sucedió en los derechos y obligaciones de estas sociedades, las cuales habían pagado a la Corporación Aduanera Ecuatoriana una salvaguardia y/o sobretasa arancelaria ilegítima.

Que la República del Ecuador, mediante diversos decretos ejecutivos emitidos en el período comprendido entre los años de 1997 y 2001, quebrantó normas relacionadas con el comercio subregional por la imposición de una salvaguarda y/o sobretasa a la importación de bienes y servidos.

Que en virtud de su práctica societaria, NIRSA SA. realizó varias importaciones de bienes de consumo durante la vigencia de los aludidos decretos ejecutivos, transacciones que fueron gravadas con el pago de una salvaguardia (sóbretasa) arancelaria que asciende al monto de USD$ 389.667,45 (trescientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y siete dólares con cuarenta y cinco centavos).

Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en sentencia dictada dentro del proceso 7-AI-98, publicada en la Gaceta Oficial No. 490, declaró ilegal el cobro de la mencionada salvaguardia, y en consecuencia, ratificó el dictamen de incumplimiento de la normativa andina, resuelto previamente por la Secretaría General de la Comunidad Andina.

Que el 5 de julio de 2002, NIRSA S.A. presentó ante la Gerencia del Primer Distrito de Aduanas la reclamación administrativa No. 180-2002, y mediante providencia de 1 de agosto de 2002, se resolvió declarar sin lugar a la reclamación, con lo que se violaron disposiciones constitucionales y se incurrió en silencio administrativo.

Que el 16 de octubre de 2002, presentó un recurso de revisión ante el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, y el 30 de diciembre de 2002 se resolvió declarar con lugar a la reclamación y se ordenó la devolución de los valores cobrados por concepto de salvaguardia.

Que a pesar del tiempo que desde tal fecha ha transcurrido, el accionante se ha enterado, de manera extraprocesal, que la resolución antedicha ha sido revocada y que ella no será acatada por la autoridad demandada.

Que la Compañía COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR CIA. LTDA., por concepto de varias importaciones de bienes de consumo, pagó una salvaguardia arancelaria de USD$ 3.337,08 (tres mil trescientos treinta y siete dólares con ocho centavos). El 5 de julio de 2002 se presentó una reclamación administrativa ante el Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, quien dispuso que se complete dicha reclamación en el plazo de diez días, lo cual se dio cumplimiento. Sin embargo, mediante providencia de 13 de agosto de 2002, la autoridad resolvió que se tenga por no presentada la reclamación, con lo cual violé los derechos de la compañía e incurrió en silencio administrativo.

Que la Compañía RESCATES MARÍTIMOS REMARIT SA. realizó varias importaciones de bienes de consumo y pagó una salvaguardia arancelaria de USD$ 639,28 (seiscientos treinta y nueve dólares con veintiocho centavos). El 5 de julio de 2002, se presentó una reclamación administrativa, signada con el No. 179-2002, ante el Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. La autoridad, en providencia de 31 de julio de 2002, resolvió declarar sin lugar la reclamación administrativa mencionada, con lo cual se violé los derechos de la compañía y se incurrió en silencio administrativo.

Que la Compañía LABORATORIOS DE LARVAS PENAEUS S.A. importé varios bienes de consumo y pagó una salvaguardia arancelaria de USD$ 200,73 (doscientos dólares con setenta y tres centavos). El 5 de julio de 2002, se presentó una reclamación administrativa ante el Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, quien dispuso que se complete la reclamación en el plazo de diez días, lo cual se dio cumplimiento. No obstante, en providencia de 2 de agosto de 2002, la autoridad resolvió que se tenga por no presentada la reclamación y se la archive.

Que la Compañía AGRÍCOLA GANADERA S.A. realizó varias importaciones de bienes de consumo y pagó la salvaguardia arancelaria de USD$ 1.478,32 (mil cuatrocientos setenta y ocho dólares con treinta y dos centavos). El 5 de julio de 2002 formulé su reclamación administrativa No. 181-2002 ante el Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, quien dispuso que se complete la reclamación dentro de diez días, lo cual se cumplió. En providencia de 13 de agosto de 2002, se resolvió que se tenga por no presentada la reclamación, de modo que se violaron los derechos de la compañía y se incurrió en silencio administrativo.

Que mediante escritura pública otorgada el 30 de enero de 2003 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, las compañías COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR CIA. LTDA., RESCATES MARÍTIMOS REMARIT S.A., LABORATORIOS DE LARVAS PENAEUS S.A. y AGRÍCOLA GANADERA S.A. cedieron sus derechos litigiosos derivados de las reclamaciones administrativas antedichas a favor de la Compañía NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL - NIRSA S.A.

Sustenta su acción de amparo en el artículo 23 numerales 15, 16, 26 y 27, y artículos 24, 95, 163, 271, 272 y Título XII de la Constitución de la República. Además, en los artículos 4 y 30 de la Decisión 472 de la Comisión de la Comunidad Andina, artículo 90 de la Decisión 406, artículo 98 de la Decisión 406, y artículo 28 de la Ley de Modernización del Estado.

Con estos antecedentes solícita que se ratifique la resolución emitida por la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana el 30 de diciembre de 2002, dentro del expediente administrativo No. 180-2002, y se ordene que se suspendan los efectos de la providencia de 1 de agosto de 2002, dictada por la Gerencia del Primer Distrito de dicha Corporación; y los de toda resolución, acto u orden administrativa posterior a la resolución de la Gerencia General. Además, se pide que se suspendan los efectos de las resoluciones dictadas en las reclamaciones presentadas por las compañías COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS COPROMAR CIA. LTDA., RESCATES MARÍTIMOS REMARIT SA., LABORATORIOS DE LARVAS PENAEUS SA. y AGRÍCOLA GANADERA SA. Por último, se solicita que ordene, como medida urgente de protección, que se reintegre la suma de USD$ 395.322,86 (trescientos noventa y cinco mil trescientos veintidós dólares con ochenta y seis centavos) con los respectivos intereses devengados hasta el momento de la devolución.

En audiencia pública realizada el 24 de febrero de 2003, la autoridad demandada, por intermedio de su abogado defensor manifiesta, en lo principal, lo siguiente:

Que no se puede hablar de violación de preceptos constitucionales y legales, ya que la Gerencia del Primer Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana se sujeta estrictamente a las facultades reglamentarias y tributarias, como en el presente caso lo señala el artículo 9 del Código Tributario.

Que el representante legal de la parte accionante ha hecho uso de su derecho de reclamar en sede administrativa un supuesto pago indebido que la Aduana en uso de sus facultades tributarias, atento a lo señalado en los artículos 68 y 69 del Código Tributario, negó.

Que el accionante debió proponer una demanda ante el Tribunal Fiscal, de conformidad con el artículo 234 numeral 7 del Código Tributario.

Que existen fallos emitidos por el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de Guayaquil, dentro del amparo constitucional No. 456-M-2002, en los cuales se ha resuelto no admitir a trámite dicho amparo por considerarlo improcedente, ya que no se ha seguido el procedimiento legal establecido para los casos de reclamos por salvaguardia.

Por su parte, el accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión procesal.

El Juez Undécimo de lo Civil de Guayaquil, encargado del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil, resuelve conceder el amparo constitucional solicitado considerando el contenido de la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, dentro del Proceso No. 07 A1-98; la posibilidad de impugnar mediante amparo constitucional el cobro indebido de salvaguardias, y la existencia de violación de los derechos constitucionales del accionante.

Considerando:

Que, el Tribunal Constitucional es competente para conocer y resolver la presente causa, de conformidad con los artículos 276 numeral 3 de la Constitución de la República y 62 de la Ley del Control Constitucional;

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial que influya en la decisión de la causa, por lo que el proceso es válido y así se lo declara;

Que, el artículo 95 de la Constitución de la República determina que la acción de amparo es procedente frente a un acto u omisión ilegítimos, en principio, de autoridad pública, que siendo violatorios de un derecho reconocido por la Constitución o un instrumento internacional vigente, causen o amenacen causar, de modo inminente, un daño grave. Estos presupuestos deben existir de modo simultáneo y univoco.

Que, el artículo 163 de la Constitución dispone que "Las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el Registro Oficial, formarán parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía". En íntima relación con esta norma, el artículo 4 numeral 5 ibídem postula que el Ecuador, en sus relaciones con la comunidad internacional, "Propugna la integración, de manera especial la andina y latinoamericana".

Al respecto, y como indica Víctor Uckmar, "Se debe poner de relieve que la unión aduanera es una forma de integración económica más estrecha que el área de libre intercambio; además de la libre circulación de productos dentro de la unión gracias a la eliminación de los derechos aduaneros y de las barreras no arancelarias está previsto también un arancel externo común, esto es, un ámbito común de derechos y Otros obstáculos no arancelarios ante terceros países. Así mismo, la unión aduanera puede prever una política comercial, así como la armonización de la legislación aduanera de los Estados contratantes". El autor citado, a continuación manifiesta: "Una unión aduanera importante es, por ejemplo, el Pacto Andino acuerdo de integración subregional Andino- suscrito en Cartagena en 1969, que comprende a: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela [...] El Pacto tiene como designio promover la industrialización de los países miembros, mediante la adopción de una política común sobre las inversiones directas dentro del área, paralelamente a la supresión de barreras aduaneras previstas en la Latino American Free Trade Association' (LAFTA)" (Víctor Uckmar, "Los tratados internacionales en materia tributaria", en Tratado de Derecho Tributario, dirigido por Andrea Amatucci, 1, Bogotá, Temis, 2001, pág. 740);

Que es un principio de interpretación constitucional, continuamente reiterado por este Tribunal, el que indica que la Constitución es un todo orgánico y que entre sus partes debe haber la debida correspondencia y armonía. En efecto, las normas constitucionales no deben ser analizadas aisladamente y fuera de su contexto, sino en concordancia lógica entre todas ellas (jura juribus concordari debet). En tal virtud, si bien el inciso final del artículo 257 de la Constitución de la República establece que "El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana", debe tenerse presente el ya citado artículo 4 numeral 5 que se refiere expresamente a la integración andina y el artículo 163 ibídem. Por consiguiente, las normas comunitarias, cuya validez está expresamente reconocida, y aunque no deroguen la facultad establecida en el artículo 257 de la Norma Suprema, constituyen un límite a la misma;

Que, en su calidad de miembro de la Comunidad Andina de Naciones, la República del Ecuador tiene la obligación de observar las decisiones que integran el derecho comunitario andino, y en particular, las que versan sobre el arancel externo común. El artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Registro Oficial No. 363 de 18 de enero de 2000) dispone que "Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.- Se comprometen, asimismo, á no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación". El artículo 90 de la Decisión 406 del Acuerdo de Cartagena, la cual está publicada en el Registro Oficial No. 158 de 23 de septiembre de 1997, dice que "Los Países Miembros se comprometen a poner en aplicación un Arancel Externo Común en los plazos y modalidades que establezca la Comisión". Por su parte, el artículo 98 ibídem dispone que "Los Países Miembros se comprometen a no alterar unilateralmente los gravámenes que se establezcan en las diversas etapas del Arancel Externo. Igualmente, se comprometen a celebrar las consultas necesarias en el seno de la Comisión antes de adquirir compromisos de carácter arancelario con países ajenos a la Subregión. La Comisión, previa propuesta de la Secretaria General y mediante Decisión, se pronunciará sobre dichas consultas y fijará los términos a los que deberán sujetarse los compromisos de carácter arancelario".

Sin embargo, y como consta de fojas 52 y siguientes de los autos, el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena declaró que la República del Ecuador ha incurrido en grave incumplimiento de las normas comunitarias relacionadas con el arancel externo común, y en consecuencia, que debe cesar en su conducta contraventora;

Que, el inciso primero del artículo 257 de la Constitución de la República dispone que "Sólo por acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos". Esta norma consagra el principio de reserva de ley en materia tributaria, el cual es recogido por el Código Tributario en su artículo 3, cuando determina que La facultad de establecer, modificar o extinguir tributos es exclusiva del Estado, mediante Ley; en consecuencia, no hay tributo sin Ley". Ahora bien, el establecimiento de un tributo implica la determinación de sus elementos esenciales, a saber, el objeto imponible, los sujetos activo y pasivo, la cuantía o la forma de establecerla, y las exenciones y deducciones, tal como lo prevé el artículo 4 del Código Tributario.

Tal determinación de elementos constituye una exigencia que impone, no una norma específica, sino el ordenamiento jurídico todo. En efecto, si en éste se encuentran incorporados derechos fundamentales, y si el actuar de los poderes públicos está condicionado por la legalidad y la legitimidad, jurídicamente la aplicación práctica del tributo reclama definiciones. Tal es una exigencia de la seguridad jurídica, del respeto al derecho de propiedad y de fa subordinación de la administración tributaria al derecho, conforme a los artículos 23 numerales 23 y 26, y 119 de la Constitución de la República;

Que, en la especie, y teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, el cobro legítimo de un arancel aduanero, y en general el de todo tributo, debe hacerse sobre la base de una cuantía establecida por la ley (o por un instrumento normativo vigente) y en una justa medida. El tributo importa una restricción al derecho de propiedad, por cuanto el ente público acreedor se sustrae a su favor algo del patrimonio del contribuyente, y en un Estado de Derecho, ello será legitimo cuando se lo haga de conformidad con una norma que autorice la exacción y determine su monto. Lo contrario, significa una violación al derecho de propiedad, bien por imponérsele una limitación jurídicamente no autorizada, bien por disminuírsele en una medida que no es la aprobada por el ordenamiento jurídico. De esta manera, el principio de reserva de ley comporta una garantía del mencionado derecho (Cfr. José Osvaldo Casás, Derechos y Garantías Constitucionales del Contribuyente, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2002, pgs. 308-311). Lo es, además, de la seguridad jurídica, pues el contribuyente tiene derecho de conocer, con certeza, lo que será reducido de su patrimonio por concepto del tributo, Indica Casás que "La vinculación de las nociones de legalidad y seguridad jurídica, ha sido reafirmada en las XVI Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario, celebradas en Perú en septiembre de 1993, En las mismas, al abordarse el Tema 1: El principio de seguridad jurídica en la creación y aplicación del tributo", se dejó consignado dentro de las recomendaciones más trascendentes: 1. La certeza y la vigencia plena y efectiva de los principios constitucionales son condiciones indispensables para la seguridad jurídica.-2. La seguridad jurídica es requisito esencial para la plena realización de la persona y para el- desarrollo de la actividad económica... 5. Los principios de legalidad, jerarquía e irretroactividad resultan indispensables para evitar la incertidumbre en los contribuyentes, sin perjuicio de la retroactividad de las normas sancionadoras más favorables. 8. La seguridad jurídica requiere el mantenimiento estricto del principio de legalidad..." (Ibídem, pág.3 14)";

Que, el accionante ha reclamado un pago indebido por concepto de tributos aduaneros. La reclamación por tal concepto. de conformidad con el artículo 323 del Código Tributario, es procedente cuando el tributo "[...] se hubiere satisfecho o exigido ilegalmente o fuera de la medida legal". Si, como se ha dicho anteriormente, la República del Ecuador tiene la obligación de respetar la normativa comunitaria sobre el arancel externo común, en virtud de las disposiciones constitucionales y legales ya expuestas, el cobro de un justo tributo aduanero tiene su fundamento en aquella normativa, y el incumplimiento declarado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena tiene sus consecuencias jurídicas respecto de los derechos del contribuyente. En efecto, el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina establece que "Las personas naturales o jurídicas tendrán derecho a acudir ante los tribunales nacionales competentes, de conformidad con las prescripciones del derecho interno, cuando los Países Miembros incumplan lo dispuesto en el artículo 4 del presente Tratado, en los casos en que sus derechos resulten afectados por dicho incumplimiento".

En el presente caso, la resolución de la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, la cual obra a fojas 32 de los autos, ha tenido presente la aludida sentencia de incumplimiento y las normas constitucionales relacionadas sobre la primacía de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales. Ha dispuesto, por consiguiente, la devolución de los valores indebidamente pagados por la Compañía NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL - NIRSA SA. Este acto administrativo comporta el reconocimiento de un derecho, y por tanto, tiene el atributo de la estabilidad; de manera que no puede ser revocado ni desconocido por la autoridad demandada. El acto administrativo estable, esto es, el que reconoce un derecho subjetivo, comporta un limite a la potestad revocatoria de la administración y es de forzoso cumplimiento, pues de proceder a su eliminación o desconocimiento, se estaría violando el derecho. Y, aun más, si tal derecho se reconoce con fundamento en la Constitución, el acto de signo contrario que revoca el acto estable o la omisión de cumplimiento, sería irremediablemente inconstitucional.

Como puede verse del expediente (fojas 124 de los autos), y en especial, de lo afirmado en la audiencia pública de 24 febrero de 2003, el Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana ha demostrado su intención de no acatar la resolución del Gerente General de la Corporación, la que fue dictada el 30 de diciembre de 2002, dentro del expediente administrativo No. 180-2002. Por las razones aludidas en este considerando, y en los que anteceden, tal omisión es ilegítima, con lo cual se ha configurado el primer elemento de procedencia de la acción de amparo;

Que, como consecuencia de la omisión ilegítima que se ha detectado, habiendo pago indebido de tributos aduaneros, y teniendo en cuenta las reflexiones hechas sobre los principios que rigen la creación y aplicación de los tributos, se concluye que existe violación del derecho de propiedad del contribuyente, el cual está reconocido en el artículo 23 numeral 23 de la Constitución de la República, con que se ha configurado el segundo elemento de procedencia de la acción de amparo;

Que, la omisión ilegítima de la autoridad demandada ocasiona, a no dudarlo, un perjuicio grave al contribuyente, dada la cantidad excesiva en el cobro de tributos aduaneros, que implican erogaciones elevadas que disminuyen considerablemente el patrimonio del accionante. Por tanto, se encuentra presente el tercer elemento de procedencia de la acción de amparo:

Por las consideraciones expuestas, y en uso de sus facultades constitucionales y legales,

Resuelve:

1. Confirmar la resolución del Juez Undécimo de lo Civil de Guayaquil; en consecuencia, conceder el amparo solicitado.

2. Devolver el expediente al Juez de origen para la ejecución de la presente resolución. Notifíquese.

f.) Dr. Oswaldo Cevallos Bueno, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la resolución que antecede fue aprobada con seis votos a favor correspondientes a los doctores Miguel Camba, Enrique Herrería, Jaime Nogales, Luis Rojas, Simón Zavala y Oswaldo Cevallos y tres votos salvados de los doctores Milton Burbano, René de la Torre y Mauro Terán, en sesión de martes primero de julio de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dr. Víctor Hugo López Vallejo, Secretario General.

VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES RENE DE LA TORRE ALCÍVAR, MILTON BURBANO BOHÓRQUEZ Y MAURO TERÁN CEVALLOS

CASO: No. 151-03-RA

Quito. D. M., julio 8 de 2003.

Con los antecedentes anotados en la resolución del Tribunal, que se toma con 6 votos favorables, salvamos nuestro voto y agregamos lo siguiente:

1. El actor dice en su demanda:

"SEÑOR JUEZ DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL.- ROBERTO AGUIRRE ROMÁN, por los derechos que represento en mi condición de PRESIDENTE, de la COMPAÑÍA NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N.l.R.S.A." SA., a Ud. expreso y solicito:

1. IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDANTE:

Mi nombre completo es Roberto Aguirre Román de nacionalidad ecuatoriana de estado civil casado, mayor de edad, de profesión ejecutivo, domiciliado en la ciudad de Guayaquil.

2. AUTORIDAD DEMANDADA:

La autoridad contra la que se plantea el presente Recurso de Amparo Constitucional es el señor ingeniero CARLOS HUERTA HICKS, en su calidad de Gerente Distrital de la CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA (Guayaquil).

3. ANTECEDENTES DE HECHO:

a. La compañía que represento es de nacionalidad ecuatoriana y su objeto principal es el dedicarse a la actividad pesquera en sus tres fases. Entre otros actos societarios, NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL "N.I.R.S.A." S.A., absorbió TUNAPESCA SA., TUNAPACIFICO S.A. y PESQUEROS UNIDOS C. LTDA., sucediéndose en los derechos y obligaciones de estas compañías que habiendo existido con fecha anterior, pagaron a la Corporación Aduanera Ecuatoriana la ilegítima salvaguardia y/o sobretasa arancelaria más abajo reclamada;

b. La República del Ecuador, mediante diversos Decretos Ejecutivos emitidos en el período comprendido entre los años 1997 y 2001, quebrantó normas relacionadas al comercio subregional, con la imposición de una salvaguardia y/o sobretasa a las importaciones de bienes y servicios;

c. Como consecuencia de su práctica societaria, mi representada realizó varias importaciones de diversos bienes a consumo, luego de la vigencia de los Decretos Ejecutivos antes citados, identificadas claramente en las copias de las resoluciones que adjunto, las que fueron gravadas entre otros derechos- con el pago de una salvaguardia (sobretasa) arancelaria y que asciende al monto de US $ 389,667.45 (trescientos ochenta y nueve mil seiscientos sesenta y Siete 45/100 DÓLARES AMERICANOS); y,

d. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante sentencia dictada dentro del proceso 7-Al-98, publicada en la Gaceta Oficial # 490 declaró el dictamen de incumplimiento a la normativa andina, resuelto previamente por la Secretaria General de dicha Comunidad." (Hasta aquí lo que dice el actor en su demanda).

2. En la escritura pública que corre fojas 77, 77v, 78, 78v, 79 y 79v celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 30 de enero del año 2003, ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil abogado Piero Aycar Vincenzini, consta que la cuantía de dicha escritura es indeterminada y que el actor Roberto Aguirre Román, como representante de la compañía Negocios Industriales Real N.I.R.S.A. SA., adquirió a varias empresas derechos litigiosos toda vez que afirma, esas compañías que ceden los derechos a la empresa del actor pagaron varias salvaguardias. Si se reclaman valores que se afirma han sido cancelados resulta irregular que la cuantía sea indeterminada.

3. El Art. 95 de la Constitución, determina que cualquier persona por sus propios derechos o como representante legal de una colectividad, puede presentar recurso de amparo. Pero el que adquiere derechos litigiosos a título gratuito consideramos que no concurre por sus propios derechos ni es representante legitimado de una colectividad.

4. El actor reclama una suma cercana a USD $ 500.000,= (quinientos mil dólares 00/100), porque considera ha pagado una salvaguardia como representante de su compañía, y otras empresas han pagado valores que el mismo considera son derechos litigiosos, los cuales han sido cedido a titulo gratuito.

5. La salvaguardia tienen respaldo constitucional en virtud de lo que manda el inciso tercero de la Constitución Política del Estado, que a la letra dispone "El Presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de Aduana", y es indispensable que se puedan fijar y cobrar estas tarifas arancelarias (salvaguardia), para proteger -el Estado Social de Derecho y que en nuestro país no se siga desprotegiendo el sector productivo.

6. El Art. 327 del Código Tributario dispone que en el caso de que se acepte la reclamación de pago indebido o del pago en exceso, o haya sentenciado favorable del Tribunal Fiscal, la administración tributaria emitirá la nota de crédito o cheque correspondiente. Mas, se agrega que "El término para el reembolso, en ningún caso será mayor de sesenta días contados desde la fecha en que el acto administrativo o sentencia se encuentren ejecutoriados". En la especie, a fojas 32 de los autos consta la resolución de la Gerencia General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana que tiene fecha 30 de diciembre de 2002, mientras que la demanda de amparo fue presentada el 14 de febrero de 2003, como puede verse a fojas 7 de los autos, es decir, a los treinta y tres días hábiles posteriores a dicha resolución, de manera que no puede hablarse de omisión ilegítima cuando todavía estaba pendiente el término para que la Gerencia del Primer Distrito de la Corporación Aduanera emita los títulos de crédito que ordenó la Gerencia de la Corporación.

Ahora bien, al no existir omisión ilegítima ni acto ilegítimo por parte de la autoridad pública, no se configura el primer elemento de procedencia de la acción de amparo, a lo cual se suma que no se observa violación de derechos constitucionales, y sin haber estos dos requisitos, tampoco puede afirmarse que haya un daño grave e inminente. De esta manera, la presente acción de amparo es improcedente e infundada al no reunir los requisitos del Art.: 95 de la Constitución Política de la República.

7. Como puede verse del expediente (fojas 124 de los autos), y en especial, de lo afirmado en la audiencia pública de 24 de febrero de 2003, el Gerente del Primer Distrito de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, ha demostrado su intención de no acatar la resolución del Gerente General de la Corporación, la que fue dictada el 30 de diciembre de 2002, dentro del expediente administrativo No. 180-2002.

8. Se hace constar que el Tribunal Constitucional, mediante Resolución 918-2001-RA, adoptada en sesión el 20 de marzo del año 2002, con los votos favorables de los doctores Guillermo Castro, Luis Chacón, René de la Torre y Marco Morales, confirmó la resolución emitida por la Juez de instancia y de esta manera rechazó el recurso de amparo propuesto por el Presidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados (AFABA), contra el Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, para que se le reintegre valores pagados por concepto de una salvaguardia. En honor a la verdad esta resolución se adoptó con los votos salvados de los doctores Oswaldo Cevallos, Carlos Helou y Luis Mantilla.

El Tribunal mediante Resolución 339-2001-RA, también rechazó las pretensiones del Gerente de la Compañía Agrícola San Isidro, que pretendía se le reintegre la suma que había pagado por una salvaguardia (sobretasa). Esta resolución fue adoptada el 26 de junio del año 2002, con los votos favorables de los doctores Herman Rivadeneira, René de la Torre, José Peñaherrera, Armando Serrano, Antonio Iglesias y Hernán Salgado; salvaron sus votos los doctores Guillermo Castro y Luis Mantilla.

Por estas consideraciones nuestro criterio es, que se niegue el recurso de amparo solicitado y se deje a salvo el derecho de las partes (actor y demandado), para que hagan valer sus derechos en la vía pertinente.

f.) Dr. René de la Torre Alcívar, Vocal.

f.) Dr. Mauro Terán Cevallos, Vocal.

f.) Dr. Milton Burbano Bohórquez, Vocal.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito, a 15 de julio de 2003.- f.) El Secretario General.

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