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Registro Oficial. 25 de MARZO del 2003

martes 25 de marzo del 2003 | 12:00
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


  MES DE MARZO DEL 2003

 

Martes, 25 de marzo del 2003 - R. O. No. 47

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DR. JORGE A. MOREJON MARTINEZ
DIRECTOR

 
FUNCION EJECUTIVA

DECRETOS:

221 Delégase a la Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Nina Pecan Vega, para que en nombre y representación de la República del Ecuador, suscribe con el Gobierno de Italia el "Convenio de Canje de Deuda Externa por Desarrollo"

222 Encomiéndese al Ministerio de Relaciones Exteriores la preparación, organización y realización de la Primera Reunión de Ministros de Estado Ecuador- Perú

RESOLUCION:

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA:

0111 Expídese el Instructivo para el régimen de importación (consumo) de licores y cervezas

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
PRIMERA SALA

RESOLUCIONES:

724-2002-RA Confirmase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo propuesta por el señor Salvador Pablo Flores Sánchez

0802-2002-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por la doctora Rosa Marlene Puchaicela San Martín

817-2002-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo propuesta por el doctor Eduardo Arturo Patiño López

0007-2002-RA Confirmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por el señor Johny Mora Rodas

007-2003-HC Revócase la resolución venida en grado y acéptase el recurso de hábeas corpus formulado por el abogado Pablo Cornejo Zambrano

0010-HD-2003 Confirmase la resolución venida en grado y niégase el hábeas date propuesto por el señor Alejandro Iván Sánchez Tello

0013-2003-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Félix Fernando Villón Villón y otros

0020-2003-RA Confirmase la resolución subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional presentada por el señor Joffre Díez Sánchez

0053-2003-RA Confirmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ingeniero Hernán Ramiro Durán Pitarque

SEGUNDA SALA:

013-2002-RS Confírmase la resolución del Consejo Provincial de Esmeraldas

043-2002-HD Revócase la resolución de primer nivel y concédese el hábeas data solicitado por Teodoro Esteban Ullauni Donoso

048-2002-HD Confirmase la resolución subida en grado y niégase e hábeas data propuesto por el señor julio Trinidad Méndez Muñoz y otra

052-2002-HD Confírmase la resolución subida en grado deséchase el hábeas data solicitado por Isidro de Icaza Ponce

0070-2002-HC Confirmase la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E) que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por la señora Yahaina Omaira Abad Valverde

184-2002-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el emparo constitucional solicitado por Floresmilo Villalta

496-2002-RA Confirmase la resolución subida en grado y niégase el amparo solicitado por el señor Angel Alfredo Sarango Sarango y otro

499-2002-RA Revócase la resolución subida en grado y concédese el amparo solicitado por la señora Camita Esmeralda Bahamonde Saltos

576-2002-RA Revócase la resolución del Tribunal de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por la señora Mariana Espín Palacios

579-2002-RA Confirmase la resolución subida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto por Luis Alfonso Cruz Díaz

584-2002-RA Confirmase la resolución subida en grado y no admitir por improcedente el amparo solicitado por la señora Alba Teresa Sánchez Vera

586-2002-RA Confirmase la resolución subida en grado y concédese el amparo constitucional solicitado por Judith Ramona Quiroga Zambrano

612-2002-RA Confírmase la resolución dictada por el juzgado Sexto de lo Civil de Manabí, que niega por improcedente la acción de amparo planteada por la señora Gina Grace Rivas Reyes

615-2002-RA Confirmase la resolución subida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto por Holmes Edison Real Garcés

642-2002-RA No admitir la demanda de amparo constitucional propuesta por Santiago Lemer Brown Cabeza

651-2002-RA Confirmase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional solicitado por la señora Carmen del Pilar Andino

656-2002-RA Confirmase la resolución subida en grado, niégase el amparo solicitado por la señora Maria Gloria Castillo Jiménez

657-2002-RA Confirmase la resolución subida en grado y concédese el amparo solicitado por el doctor Luis Ecuador Delgado Pineda

662-2002-RA Revócase a resolución del Juez de instancia y concedes el amparo constitucional solicitado por el ingeniero Diego Javier Escalante Tafur

670-2002-RA Confírmase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por Edgar Geovanny Vega León

676-2002-RA Confírmase la resolución subida en grado y concédese el amparo solicitado por la licenciada María Sulay Morales Bosmediano

682-2002-RA Confírmase la resolución subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional planteada por el señor Simón Bolívar Arboleda García

685-2002-RA Confírmase la resolución subida y niégase el amparo solicitado por la señora Laura Consuelo Reyes Cabanillas y otra

688-2002-RA Confórmase la resolución subida de primer nivel y concédese el amparo constitucional interpuesto por el señor Marcelo Monteros Echeverría

744-2002-RA Confírmase la resolución subida de primer nivel y concédese el amparo constitucional interpuesto por Cinthya Elizabeth Puwainchir Pitiur

828-2002-RA Confírmase la resolución subida en grado y niégase el amparo solicitado por la señora Geomar Peñafiel Mera

ORDENANZAS METROPOLITANAS:

0075 Consejo Metropolitano de Quito: Que reforma el Título II del Libro Tercero del Código Municipal que trata de las tasas relacionado a la creación de las tasas de servicios prestados por la Dirección de Educación

Nº 221

Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

Considerando:

Que los gobiernos de Ecuador e Italia han acordado reducir la deuda externa que el Ecuador mantiene con ese país y crear un Fondo de Contraparte destinado a financiar proyectos de Desarrollo Socio-económico y de Protección del Medio Ambiente, acordados conjuntamente dentro de un marco de reducción de la pobreza;

Que con este propósito los mencionados gobiernos deben suscribir el "Convenio de Canje de Deuda Externa por. Desarrollo" que establece los procedimientos que serán aplicados a las operaciones bilaterales "DEBT SWAP" de asistencia oficial al desarrollo y al Fondo de Contraparte.

Que los gobiernos de Ecuador e Italia el 25 de octubre de 2001, aceptaron el contenido del "Acuerdo de Cauje de Deuda por Desarrollo" con ese país;

Que mediante oficio Nº 6348 de octubre 25 de 2002. el Ministerio de Economía y Finanzas, sustentado en el informe de la Subsecretaria de Crédito Público, contenido en el memorando Nº SCP-CGDP-2002-0356 de 13 de agosto de 2002, y en el dictamen de la Procuraduría General del Estado, emitido mediante oficio Nº 25241 de 24 de julio de 2002, se pronunció favorablemente respecto a los términos y condiciones del Proyecto dé "Acuerdo sobre la Conversión de la Deuda en Proyectos de Desarrollo" a celebrarse entre los gobiernos de las repúblicas del Ecuador e Italia;

Que mediante oficio Nº 28181 de 28 de enero de 2003, la Procuraduría General del Estado confirma el dictamen anteriormente emitido; y. En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo Nº 171, numeral 12 de la Constitución Política del Ecuador,

Decreta:

Art. 1.- Delegar a la Ministra de Relaciones Exteriores doctora Nina Pacari Vega, para que en nombre y representación de la República del Ecuador, suscriba con el Gobierno de Italia el "Convenio de Canje de Deuda Externa por Desarrollo".

Art. 2.- Crear el Grupo de Trabajo Interministerial de Soporte al Comité Técnico del Fondo Valor Producto del Canje de Deuda Externa con la República de Italia que estará integrado por un delegado de cada una de las carteras de Relaciones Exteriores, de Economía y Finanzas, de Bienestar Social y del Ambiente, y por un delegado del Instituto Ecuatoriano de Cooperación Internacional; que tendrá como función la recomendación de proyectos susceptibles de financiamiento dentro del marco del "Convenio de Canje de Deuda Externa por Desarrollo",

Art. 3.- Derogar el Decreto Ejecutivo Nº 3488 de 12 de diciembre de 2002, mediante el cual se facultó a encargado de negocios ad interim en Italia, Ministro Marco Samaniego, suscribir con el Gobierno de Italia el Convenio de Canje de Deuda Externa por Desarrollo".

Art. 4.- De la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial encárguense los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 13 de marzo de 2003.

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa. Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Patricio Acosta Jara. Secretario General de la Administración Pública.

Nº 222

Lucio Gutiérrez Borbúa
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPUBLICA

Considerando:

Que el Comunicado Conjunto adoptado el 16 de enero pasado los presidentes del Ecuador y Perú acordaron la realización de la Primera Reunión de Ministros de Estado Ecuador - Perú a realizarse los días 14 y 15 de marzo de 2003 en la ciudad de Guayaquil.

Que el propósito de esta reunión es impulsar el nivel de integración en los ámbitos político, social y económico; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución Política de la República y el literal g) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Decreta:

Artículo Primero: Encomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores la preparación, organización y realización de la Primera Reunión de Ministros de Estado Ecuador - Perú.

Artículo Segundo: El Ministerio de Relaciones Exteriores se encargará de los aspectos relativos a la preparación y desarrollo de los asuntos protocolarios, logísticos, sociales y de ceremonial de la reunión, y coordinará con los oficiales superiores que designarán para el efecto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de Policía, todo lo relativo a la seguridad del evento.

Artículo Tercero: El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá bajo su responsabilidad la organización operativa de la reunión, el manejo de la promoción de la misma y la coordinación con los medios de comunicación.

Artículo Cuarto: El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Comandancia General de Policía designarán un Oficial Superior de cada institución quienes serán los responsables de los aspectos de seguridad de la reunión. Dichos oficiales superiores asesorarán permanentemente y hasta el término de la reunión al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Artículo Quinto: Los gastos que demande la organización de la reunión se efectuarán con cargo a las partidas números A 1005302000001 servicios generales; A 100530300001 traslados, instalaciones viáticos y subsistencias; con un límite total de USD 50.000,00 (cincuenta mil dólares americanos).

Artículo Sexto: La Dirección General de Ceremonial y Protocolo del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutará las disposiciones del presente decreto de acuerdo a lo previsto en el Decreto Ejecutivo Nº 114 de 5 de febrero de 2003.

Artículo Séptimo: Encárguese de la ejecución del presente decreto, que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, a la señorita Ministre de Relaciones Exteriores y. al señor Ministro de Economía y Finanzas.

Dado en el Palacio en Quito, a 13 de marzo de 2003.

f.) Lucio Gutiérrez Borbúa, Presidente Constitucional de la República.

f.) Nina Pecan Vega, Ministre de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Patricio Acosta Jara, Secretario General de la Administración Pública.

No. 0111

EL GERENTE GENERAL DE LA CORPORACION
ADUANERA ECUATORIANA

Considerando:

Que es misión de la Corporación Aduanera Ecuatoriana dictar las normas necesarias para un eficaz control de las recaudaciones fiscales y para evitar delitos aduaneros, cuyo efecto sea perjudicar al pueblo ecuatoriano;

Que se hace preciso normar las importaciones y comercialización de los licores que ingresan al Ecuador; y,

En ejercicio de la competencia prevista en el numeral del Art. III, parágrafo 1, literal ñ) de la Ley Orgánica de Aduanas,

Resuelve:

Expedir el siguiente: Instructivo para el régimen de importación (consumo) de licores y cervezas.

Art. 1.- Las importaciones de productos alcohólicos, incluyendo cervezas, se podrán nacionalizar, exclusivamente, cuando provengan y sean embarcados desde el país en que se producen (origen), previa obtención del registro sanitario, inspección preembarque y obtención del respectivo certificado de origen extendido por las cámaras de comercio del respectivo Estado.

Art. 2.- El producto sólo podrá ser nacionalizado si ingrese al país envasado de acuerdo con las regulaciones PyM 2001-01, expedidas por el Instituto Nacional de Normalización INEN.

Art. 3.- Las importaciones de los productos alcohólicos y cervezas que se destinen a consumo deberán, necesaria e imprescindiblemente, llevar impuestas en el envase desde el lugar de origen y de embarque: a) La etiquete principal (frontal), impresa con la leyenda: "Importado por (Nombre del agente o representante, en letras mayúsculas), la palabra "Ecuador", el número de registro sanitario, el grado alcohólico y la capacidad del envase expresado en centímetros cúbicos; y, b) En la etiquete secundaria (posterior), en acatamiento al Reglamento a la Ley de Defensa del Consumidor (RO. 287 del 19 de marzo de 2001), se imprimirá el siguiente mensaje: "Advertencia; El consumo excesivo de alcohol limite su capacidad de conducir y operar máquinas. Puede causar daños en su salud y perjudica a su familia. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Venta prohibida a menores de 18 años". En el caso de no existir etiquete impresa, se cumplirá con el requisito anterior mediante una etiquete colocada en la parte posterior, por el propio país de origen.

Art. 4.- Sin excepción, las entidades del sector público que importen y/o comercialicen productos alcohólicos y cervezas se someterán a la disposición constante en el artículo anterior. Las importaciones que efectúen los comisariatos de las Fuerzas Armadas deberán tener impresa en la etiquete de origen, en su parte principal (frontal) además; una franje roja diagonal de 1.5 cm de ancho que las distinga. Este producto no se podrá comercializar fuera de los comisariatos antes citado.

Art. 5.- Los productos alcohólicos y cervezas importadas, que sean objeto de tráfico comercial dentro del país, que no acataren las normas contenidas en esta resolución serán afectadas por la presunción de haber evadido el control aduanero y ser objeto de delito aduanero.

Art. 6.- De la ejecución de la presente resolución encárgase los gerentes distritales de la Corporación y al Director del servicio de Vigilancia Aduanera, quienes deberán coordinar as acciones administrativas de control necesarias con otros órganos del sector público y con la Asociación de Representantes e Importadores de Licores del Ecuador -ASORILE.

Art. 7.- Publíquese en el Registro Oficial y su vigencia será efectiva para todo embarque efectuado después del primer la del mes de abril de dos mil tres.

Dado y firmado en Guayaquil, a los 24 días del mes de febrero de 2003.

f.) Cpa. Pedro Adolfo Moncayo, Gerente General Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Magistrado ponente: Doctor Hernán Salgado Pesantes

No. 724-2002-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 724-2002-RA

Antecedentes:

El señor Salvador Pablo Flores Sánchez comparece ante la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito y formula acción de amparo en contra de los señores Intendente General de Policía de Pichincha y Comisario Primero del cantón Quito, a fin de que se suspendan las consecuencias del acto de desalojo realizado por el Comisario Primero del cantón, llevado a cabo el 9 de abril de 2002.

El accionante señala: que el 5 de abril de 2002 el Intendente General de Policía de Pichincha dicta una providencia comisionando al Comisario Primero del cantón Quito, para que ejecute un desalojo ordenado por el INDA mediante providencia de 16 de octubre de 1997. Que el desalojo dispuesto por el INDA consta en el oficio No. 0000489 DDC-Q, de 18 de septiembre de 1997 y el 20 de marzo de 2002 el Director del Distrito Central del INDA mediante oficio No. 0000033 se limitó a decir que la orden dictada cinco años atrás no ha variado. La providencia del INDA primeramente mencionada, se dictó en virtud de una denuncie presentada pon el señor Julio Adolfo Bravo Nieto en contra de los señores José Romo, Nelson Martínez y Adolfo Pullas. Que el 12 de agosto de 1997 el señor Bravo Nieto "había dicho" que en su propiedad denominada San José de Doñana, en Guayllabamba, los antes mencionados ciudadanos invadieron 8 hectáreas, junto con otras personas inidentificadas, en el sector Noroccidental denominado Llano Seco Alto; al detallar los linderos del predio, expresó que su hacienda colindaba por el norte con una carretera asfaltada que sirve de camino de la Cooperativa Agropecuaria Doñana y con una zanje que desemboca en el río Guayllabamba, en tanto que el río era lindero oeste de su predio. Que el INDA resolvió la denuncie mediante dos providencias: la una de 18 de septiembre de 1997 y la otra de 16 de octubre de 1997, en las que se ordenó el inmediato desalojo de los invasores y de toda persona ajena al predio, pese a que en los considerandos se reiteró que el pedido era en contra de los señores José Romo, Nelson Martínez, Adolfo Pullas y otros.

Agrega que el Comisario Primero de Policía de Quito cumplió con la comisión para que realice el desalojo, el 9 de abril de 2002, siendo este acto inconstitucional pues el Intendente General de Policía de Pichincha recibió una disposición del INDA que se emitió hace cinco años y a su vez comisionó al Comisario Primero de Policía de Quito para ejecutar la orden recibida; que, dado que en materia de Administración Pública y según el Art. 59 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, el delegado actúa bajo su responsabilidad, pero el acto se entiende ejecutado pon el delegante, el desalojo efectuado por el Comisario Primero de Policía de Quito es de responsabilidad de él pero de autoría del Intendente General de Policía, quien, además, respondió así a una petición del INDA.

Añade que quienes acudieron al Intendente General de Policía fueron los supuestos herederos del señor Julio Adolfo Bravo Nieto, quienes nunca justificaron esa calidad además de que se ejecutó una resolución para la que el INDA no tiene competencia, pues el predio materia del desalojo no es rústico. Señala que la parroquia Guayllabamba es suburbana, se encuentra en el Distrito Metropolitano de Quito, en el cual, de acuerdo a la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, solamente existen zonas urbanas y suburbanas, no hay zonas rurales. Que con el desalojo practicado en contra del accionante no solo se le ha privado de la posesión de la tierra en que habitaba con sus hijos, sino de los cultivos y bienes que tenía en ella. Que se comparan los linderos constantes en la orden de desalojo del año 1997 con los linderos del acta de desalojo practicada en mi contra, éstos no coinciden, lo que, añadido a lo anteriormente expuesto, demuestra que el acto impugnado es ilegítimo.

Los derechos que el accionante considera violados son los siguientes: el número 26 del Art. 23 de la Constitución pues se le priva del derecho de posesión sin orden de Juez competente, y se ejecute un supuesto acto que de existir no le fue notificado. Del mismo artículo constitucional, el número 23 referente a la propiedad, ya que se le privó de bienes propios del accionante que se encontraban dentro del predio desalojado; el número 15 (debe referirse al número 13) del Art. 24 de la Norma Suprema, pues el acto no se encuentra motivado; el número 10 del mismo artículo porque se le privó del derecho a la defensa; y, el número 7 de la norma citada, pues siendo inocente se le desaloja por un acto que no cometió.

El daño que alega el accionante se le ha causado, es el haberle privado de los ingresos que obtenía por la venta de las cosechas de los productos que sembraba en el predio desalojado.

Con estos antecedentes, solicita se suspende el desalojo ejecutado por el Comisario Primero del cantón Quito de 9 de abril de 2002, comisionado por el Intendente General de Policía de Pichincha.

En la audiencia pública el accionante se ratifica en los fundamentos de su petición; por su parte, los demandados señalan que el acto impugnado es legítimo, ya que por medio del mismo se ejecutó una providencia dictada por el INDA en el año de 1997 dentro de un trámite de invasión la que fue ratificada posteriormente y que el Director Distrital Central del INDA de Quito, mediante oficio ordenó el desalojo practicado, en atención a una petición de la señora Carmen Robles de Bravo, oficio en que se señalaba que la resolución del año 1997 no había variado que fue ratificada en el año 2000 y que debe ser ejecutada.

Comparece también la señora Carmen Robles de Bravo, como tercera perjudicada, señalando, en lo principal, que él predio del cual fue desalojado el accionante es de su propiedad, que fue adquirido por compraventa junto con su esposo, quien falleció, y que en la resolución dictada por el INDA se ordena el desalojo de toda persona ajena al predio por lo que el acto impugnado es legitimo y solicita que se rechace el amparo.

La Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito concede el amparo, por considerar que el acto impugnado es ilegítimo, en virtud de que el mismo ejecuta una orden del lNDA organismo que no tiene competencia por tratarse de un predio ubicado en la parroquia Guayllabamba que es parte de la zona suburbana de Quito no se trata de predio rustico; por otra parte aunque el lNDA fuera autoridad competente la resolución dictada ordena el desalojo de tres personas y "otros", sin que se le haya notificado al accionante violando su derecho a la defensa. Agrega la Sala que se viola la seguridad jurídica pues se le priva al accionante de la posesión del predio desalojado, sin que exista orden de desalojo emitida en su contra.

De la resolución de la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo -Distrito de Quito presenta recurso de apelación la señora Carmen Maria Robles Reina vda. de Bravo, en calidad de tercerista perjudicada.

Previo a resolver lo que corresponda con relación a la intervención de un tercero perjudicado en la acción de amparo, esta Sala hace las siguientes precisiones:

a) Mediante Resolución No. 179-2000-IP de 11 de octubre del año 2000 dictada dentro del caso No. 006-2000-RA la mayoría del Pleno del Tribunal Constitucional consideró lo que sigue: ".. . En el Derecho Mexicano se dice que "El tercero perjudicado es quien, en términos generales, resulta beneficiado con el acto que el quejoso impugna en el juicio de amparo y tiene, por lo mismo, interés en que tal acto subsista y no sea destruido por la sentencia que en el mencionado juicio se pronuncie. - Por ello debe ser llamado a dicho juicio y tener en éste la oportunidad de probar y alegar en su favor, podría decirse que hace causa común con la autoridad responsable, que también se empeña en que el acto que de ella se combate quede en pie". Al respecto afirma Luis Cueva Carrión que ni la Constitución ni la Ley del Control Constitucional se refieren en ninguna de sus normas al derecho del tercero perjudicado a intervenir en el proceso de la acción de amparo constitucional. Empero el mismo autor sostiene que "El Tribunal Constitucional ha detectado ya este vacío de la Ley y en una de sus resoluciones expresa: Que al haber comparecido la Empresa Electrocables CA., a la postre beneficiaria del acto administrativo impugnado y perjudicada con la revocatoria dictada por el Juez de lo Civil de Guayaquil, advierte la falencia legal producida ya en el texto de la Ley del Control Constitucional, y el que hemos hecho referencia en otros fallos, puesto que, cuando el acto administrativo creó o modificó derechos de terceros, ellos indefectiblemente son afectados por la acción contenida en el derecho de amparo, de tal suerte que en cuso de que ello ocurra, necesariamente deben ser tomados en cuenta en la acción como parte procesal (Resolución No. 202-97-RA del Tribunal Constitucional en el caso No. 202-97-RA, Bolívar Compañía de Seguros SA. Electrocables C.A (Cueva Carrión Luis, "El amparo, Teoría, Práctica y jurisprudencia". Quito 1998, pág 139. Por tanto si en el artículo 48 de la Ley del Control Constitucional se prevé la posibilidad de que tanto el ofendido como el perjudicado (que bien puede se un tercero) pueden interponer acción de amparo constitucional, resultaría ilógico (que bien puede ser intercero) pueden interponer acción de amparo constitucional, resultaría ilógico pensar que dicho tercero perjudicado no pueda intervenir en la defensa el acto impugnado".

b) Que al no existir norma alguna en la Constitución ni en la ley del Control Constitucional que haga relación al derecho del tercero perjudicado, debemos remitimos de manera supletoria a las normas generales previstas en el ordenamiento procesal civil que determina: "Apelación es la reclamación que alguno de los litigantes u otro interesado hace al Juez o tribunal superior, para que revoque o reforme un decreto, auto o sentencia inferior" (Art. 327 del Código de Procedimiento Civil). Y agrega el Art. 329 ibídem. "Pueden interponer el recurso de apelación las partes que han intervenido en el juicio y los que tengan interés inmediato y directo en el pleito...." (Lo resaltado es de la sala); y.

c) Que del análisis del expediente se puede concluir que el Tribunal de instancia consideró a la señora Carmen Maria Robles Reina -tercera interesada- como parte procesal tanto es así que intervino en la respectiva audiencia pública convocada por la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y que, al sentirse perjudicada por la resolución de dicho Tribunal presentó su apelación en el término de ley siendo concedido legalmente.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que el presente amparo ha venido a conocimiento de este Tribunal en virtud de un recurso de apelación interpuesto por la señora Carmen María Robles Reina, como tercerista perjudicada; al respecto, esta Sala tiene el criterio de que es factible que un tercerista interponga apelación de una resolución que le perjudica, tal como lo ha considerado también la Primera Sala del Tribunal Distrital Contencioso Administrativo;

Que el accionante impugne el desalojo ejecutado en su contra, por parte del Comisario Primero del cantón Quito, el 9 de abril de 2002. Dicho acto tiene como antecedente la comisión que hiciera el Intendente General de Policía de Pichincha, al Comisario Primero de Policía del cantón Quito con fecha 5 de abril de 2002, la cual consta en folio 3 del proceso;

Que en la providencia dictada por el Intendente General de Policía de Pichincha, se señala como antecedente la resolución del Director Distrital Central del INDA de 16 de octubre de 1997 y ratificada mediante providencias de 28 de enero de 2000 y 20 de mayo de 2002: y. a folio 5 se encuentra el oficio No. 0000033 de 20 de marzo de 2002 suscrito por el Director del Distrito Central del INDA, mediante el cual señala: "Atendiendo la petición de la señora Carmen Robles .de Bravo, y en conformidad a la razón sentada en la misma, pongo en su conocimiento que la resolución dictada por el ex-Director Distrito Central, el /6 de octubre de 1997, dentro del expediente Nro. DDC-Q-01369 no ha variado, al contrario mediante resolución de 28 de enero del 2000, se encuentra ratificada, para mayor ilustración se adjunto copias certificadas de la solicitud y de dichas providencias, así como copia del oficio Nro. DDC-Q-0000489 remitido a dicha Intendencia";

Que a folio 6 del expediente, consta una copia de la denuncia presentada por el señor Julio Adolfo Bravo Nieto ante el Director Distrital Central del INDA. en contra de los señores José Romo, Nelson Martínez, Adolfo Pullas y otros solicitando se disponga el desalojo de los mencionados, por ser invasores de un lote que se encuentra dentro de un terreno de su propiedad;

Que a folio 7 del proceso consta la providencia dietada por el INDA con fecha 16 de octubre de 1997 en la cual se resuelve ordenar el desalojo de los señores José Ramos. Nelson Martínez y Adolfo Pullas, así como de toda persona ajena al predio de propiedad de Julio Adolfo Bravo Nieto

Que a folio 21 de los autos se encuentra la copia de una carta enviada por el señor Julio Adolfo Bravo Nieto al accionante e hijos de fecha 5 de agosto de 1994 en la que se señala en su parte inicial: "Por medro de la presente les recuerdo las bases sobre las que el señor Salvador Flores ingresó a trabajar en mí propiedad en ha sociedad de hecho para producir artículos alimenticios para el hogar y para los mercados

Que de la comunicación antes mencionada se colige que el accionante era trabajador del señor Julio Adolfo Bravo Nieto, con quien tenía formada una sociedad de hecho; de tal forma que el mencionado señor Bravo Nieto al presentar la denuncia de invasión á la que se aludió anteriormente no pudo haber incluido al accionante entre los "otros" cuya identidad no conocía pero que afirmaba eran invasores por lo que la resolución del INDA de octubre de 1999 es evidente que no fue dictada en contra del señor Salvador Flores:

Que además de lo indicado, llama la atención que el Intendente General de Policía de Pichincha a través de una comisión, ejecute una resolución del INDA ha pedido de dicho organismo, cuando en el oficio de 20 de marzo de 2002 suscrito por el Director Distrital Central del INDA de Quito anteriormente citado se hace una relación de las providencias dictadas por dicha institución con respecto trámite de invasión iniciado por solicitud del señor Julio Adolfo Bravo Nieto mencionándose que la orden de desalojo dispuesta en dicho procedimiento fue ratificada y permanece sin variaciones, sin que se le solicite en ninguna parte del oficio que proceda a la ejecución de tales providencias, todo esto sumado a que el desalojo practicado fue ordenado en el año de 1997 es decir hace más de cinco años;

Que a folio 42 del expediente se encuentra el oficio No. 0000489 de 16 de septiembre de 1997 por medio del cual el Secretario del Distrito Central del INDA se dirige al Intendente General de Policía de Pichincha adjuntando la resolución emitida dentro del trámite No. DDC-Q-0 1369, y solicitando: "Se servirá proceder al desalojo ordenad..., y en caso de reincidencia no será necesario oficio adicional.

Que adicionalmente a folio 47 del expediente consta un escrito presentado por el señor Julio Adolfo Bravo Nieto y su abogado, al Director Distrital Central del INDA en el que se señala "Me es obligatorio presentar ante Ud. La copia Certificada del cumplimiento legal del desalojo de los invasores de mi propiedad de Guayllabamba. Con el que queda terminado definitivamente el trámite administrativo y la recuperación de la propiedad denunciada y tramitada con el No 01369"

Que por todo lo señalado anteriormente, esta Sala observa que el acto impugnado es ilegítimo, pues fue ejecutado para dar cumplimiento a una providencia que ya se había ejecutado con anterioridad que además se dictó no en contra del accionante sino de otras tres personas, en virtud de una denuncia presentada por el dueño del predio desalojado, quien como consta de autos, mantenía con el accionante una relación laboral y de sociedad, por lo que en el presente caso se ha violado el derecho del accionante al debido proceso, particularmente a la defensa, ejecutándose un desalojo ordenando dentro de un trámite que no había sido iniciado en su contra;

Que además se viola el derecho constitucional del accionante a la seguridad jurídica pues se pretende que la supuesta ejecución de una orden dictada hace cinco años por autoridad competente, es legitima bajo el argumento de que dicha resolución ordena el desalojo de "toda persona ajena al predio" cuando existen en el expediente documentos de los cuales se desprende que dicha resolución fue ya ejecutada:

Que con el acto ilegitimo dictado por el Intendente General de Policía de Pichincha y ejecutado por el Comisario Primero de Policía de Quito se causa daño grave e inminente al accionante, quien como consta en el expediente tenia cultivos y bienes en el predio desalojado que le fueron despojados, dejándole en la imposibilidad de obtener los ingresos que dichos bienes le generaban;

Que sin embargo de lo señalado anteriormente, cabe dejar claro que existen cuestiones relativas a la posesión de u; predio y a la sociedad que mantenía el accionante con el dueño del mismo, quien falleció que deben se debidamente esclarecidas ante la justicia ordinaria, pues en amparo no es una acción declarativa de derechos que reemplace procedimientos establecidos en nuestra legislación por lo que solamente cabe establecer mediante ella, si un acto es ilegítimo si se violan o no derecho constitucionales de quien la propone y si existe o no daño grave e inminente, tal como se ha procedido en el caso presente; y.

Por todo lo señalado y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales.

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución venida en grado y por tanto aceptar la acción de amparo propuesta por el señor Salvador Pablo Flores Sánchez: en tal virtud se suspenden los efectos del desalojo ejecutado por Comisario Primero de Policía del cantón Quito, con fecha 9 de abril de 2002.

2.- Dejar a salvo los derechos de la señora Carmen Robles Reina vda. de Bravo, tercerista, para hacerlos valer e las instancias pertinentes.

3.- Devolver el expediente al inferior para los fines legales consiguientes.- Notifíquese".

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Armando Serrano Puig, Vocal, Primera Sala.

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue discutida y aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el diez de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario Primera Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 14 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

Magistrado ponente: Doctor Marco Morales Tobar

No. 0802-2002-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL"

En el caso signado con el No. 0802-2002-RA

Antecedentes:

La doctora Rosa Marlene Puchaicela San Martín comparece ante el Juez de lo Civil del cantón Zamora e interpone acción de amparo constitucional en contra de la señora Rectora de la Unidad Educativa Amazonas, a fin de que se deje sin efecto la resolución de 8 de noviembre de 2002 por el cual le suspende de las funciones de colectora del plantel por un periodo de dos meses sin sueldo.

La accionante manifiesta que no fue citada legalmente con el expediente administrativo para poder defenderse de las imputaciones y negligencia de la que se le ha acusado. Añade que al presentar un reclamo directo a la rectora del plantel para que deje insubsistente la sanción administrativa se le niega su petitorio de plano.

Indica que al aplicársele la sanción se le ha privado del sueldo y del sustento de su persona, y añade que la medida se torna más grave puesto que tiene tres hijos menores de edad que están recibiendo educación básica. Considera que se ha violado su derecho a la defensa y al debido proceso, específicamente las garantías contempladas en el Art. 24 numerales 7, 10, 11 y 16 de la Constitución Política de la República, además del artículo 109 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

En la audiencia pública llevada a cabo el día 26 de noviembre de 2002, ante el Juez de lo Civil del cantón Zamora, la accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión. Por su parte, la demandada, en lo principal, dice lo siguiente: Que el recurso planteado debía orientarse a obtener la declaratoria de ilegitimidad del acto de la autoridad de la Administración Pública, es decir, su accionar, y no la impugnación de la resolución y acción de personal pues, si fuera así, debía haber iniciado una acción ante el Juez competente, por lo que considera que la acción planteada carece de asidero legal; Que las normas legales invocadas por la accionante nada tienen que ver con la sanción pecuniaria administrativa, pues el Art. 109 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa trata de la cesación definitiva de funciones, al igual que el Art. 62 del reglamento a la ley mencionada trata de la destitución de los servidores públicos de carrera; Que la accionante es una servidora pública dentro del servicio civil, sin que posea el certificado de carrera, por lo que no goza de los derechos a ellos reservados como es el de organizar previamente un sumario administrativo para la imposición de sanciones.

El Juez de lo Civil de Zamora resuelve inadmitir la acción de amparo presentada por la Dra. Rosa Marlene Puchaicela Sanmartín por falta de juramento.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que dispone el artículo 276 número 3 de la Constitución, en concordancia con los artículos 12 número 3, y 62 de la Ley del Control Constitucional;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que con respecto a la resolución del Juez de instancia que inadmite la acción de amparo propuesta en este caso, por falta de juramento, cabe recordar el principio jurídico que señala que no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades;

Que el Art. 57 de la Ley del Control Constitucional dice: "Se prohíbe la presentación de más de un recurso de amparo sobre la misma materia y con el mismo objeto, ante más de un juez o tribunal. Al efecto, quien promueva un recurso de amparo deberá declarar bajo juramento en el escrito de presentación del mismo, que no se ha presentado otro u otros sobre la misma materia o sobre el mismo objeto ante otro juez o tribunal"; y el segundo inciso añade: "Sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal, la violación a esta prohibición será sancionada con el archivo de todos los recursos de amparo y la imposición de la sanción prevista en el artículo anterior";

Que del análisis del artículo citado se tiene que la prohibición versa sobre el hecho de presentar dos o más acciones de amparo sobre la misma materia y con el mismo objeto, siendo el juramento un instrumento que viabilice garantizar esta prohibición, por lo que se convierte en una formalidad de garantía de la norma sustantiva; en la especie no se ha demostrado que la accionante haya presentado dos o más acciones respecto a la sanción administrativa que le fuera impuesta, por lo que el problema central a dilucidar no es si procedió a realizar el juramento correspondiente, sino si ha violado la prohibición contenida en el Art. 57 de la Ley de Control Constitucional, hecho que volvemos a mencionar, no aparece que haya sucedido, por lo que no procede el archivo de la acción de amparo presentada;

Que por otro lado, el Art. 51 del Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional dice: "Causales para la inadmisión.- El amparo no será admitido en los siguientes casos: 1.- Por falta de legitimación activa del proponente; y, 2.- Por incompetencia del juez cuya resolución se ha apelado"; de lo que se tiene que la falta de juramento en la demanda no da lugar a la inadmisión de la acción según ha procedido el Juez de instancia, quien no debió calificarla de clara y completa conforme lo hizo (folio lO) sino mandar a completarla, en lugar de esperar hasta la finalización del proceso para inadmitirla;

Que del texto constitucional del artículo 95 y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegítimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que un acto se toma ilegitimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario a dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que la demandada, según puede verse en su actuación en la audiencia pública, asegura con razón no haber seguido el sumario administrativo puesto que este es una garantía prevista exclusivamente para los funcionarios de carrera, calidad de la que no goza la hoy demandante; pero en base a este fundamento procede a sancionar administrativamente a la señora Rosa Puchaicela sin darle la oportunidad de defenderse, situación que no es admitida dentro del ordenamiento jurídico conforme veremos a continuación;

Que el Art. 64 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa dice: "Reconócese el derecho de los servidores para no ser sancionados sin antes proporcionárseles la oportunidad de justificarse "; y el segundo inciso añade: "Para imponer a un servidor que no sea de carrera cualquiera de las sanciones previstas en el Art. 62 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa se les escuchará previamente en audiencia de lo cual se dejará constancia escrita";

Que del análisis del proceso no aparece que la hoy demandante, señora Rosa Puchaicela, haya sido escuchada en audiencia previamente a ser sancionada, de lo que se deduce que no tuvo la oportunidad de justificarse debidamente conforme el mandato de la ley;

Que el Art. 24 numeral 10 de la Constitución Política del Estado dice: "Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento (...)";

Que de lo expuesto, se concluye que el acto administrativo impugnado, contenido en la resolución de 8 le noviembre de 2002, suscrito por la señora Rectora de la Unidad Educativa Fiscal Amazonas, mediante el cual impone la sanción pecuniaria administrativa de suspensión de funciones por dos meses sin sueldo a la hoy demandante, es ilegítimo por violar el Art. 64 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;

Que el acto ilegitimo viola el derecho subjetivo contenido en el Art. 24 numeral 10 de la Constitución Política de la República por no haberse permitido a la señora Rosa Puchaicela ejercer el derecho de defensa mediante el acto de ser escuchada en audiencia conforme determina la ley: y, de manera inminente causa un daño grave, pues ha dejado de percibir su remuneración mensual que es el sustento de toda persona y de su familia; y,

Por lo expuesto, en uso de sus atribuciones,

Resuelve:

1.- Revocar la resolución venida en grado, y en consecuencia, conceder la acción de amparo constitucional propuesta por la doctora Rosa Marlene Puchaicela San Martín, por ser procedente.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales robar, Vocal. Primera Sala.

f.) Dr. Armando Serrano Puig, Vocal, Primera Sala.

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue discutida y aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el diez de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario Primera Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 14 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

Magistrado ponente: Dr. Hernán Salgado Pesantes

No. 817-2002-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL"

En el caso signado con el No. 817-2002-RA

Antecedentes:

El Dr. Eduardo Arturo Patiño López, luego de señalar sus generales de ley, comparece ante el Juez Sexto de lo Civil de Guayaquil, e interpone acción de amparo constitucional contra el acto administrativo dictado por el Jefe de la División de Recursos Humanos de la Dirección de Aviación Civil, y otros funcionarios, mediante el cual fue cesado de sus funciones de Médico 4H de la Subdirección de Aviación Civil del Litoral, por desempeñar simultáneamente dos cargos públicos.

El accionante afirma que el 31 de agosto de 2001 recibió una comunicación del Subdirector de Aviación Civil del Litoral quien afirma que el recurrente desempeña dos cargos públicos, por lo que debe decidirse por uno de ellos y renunciar al otro: comunicación que respondió indicando que desempeña dos cargos de medio tiempo, por lo que no existe simultaneidad, y aunque el cargo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social si es un cargo público, el que desempeña en la Subdirección de Aviación Civil es un empleo civil en las Fuerzas Armadas y por tanto excluido del Servicio Civil. Indicó además que aun si ejerciera dos cargas públicos, no es quien debe escoger sino que debería perder el último en orden de nombramiento. Este reclamo no fue resuelto por lo que operó a su favor el silencio administrativo.

A partir del 31 de octubre de 2001 el accionante ha recibido una serie de comunicaciones del Subdirector de Aviación Civil del litoral que le exigen renunciar a uno de los dos cargos bajo la amenaza de cancelación comunicaciones que lucran contestadas en los mismos términos que la anterior: pero el 3 de septiembre de 2002 se le comunicó que por resolución de la División de Recursos Humanos de la Dirección de Aviación Civil, de acuerdo al artículo 18 de la ley de Servicio Civil Carrera Administrativa y al artículo 125 de la Constitución del Ecuador, fue cesado de sus funciones desde el 3 1 de agosto de ese año.

Sostiene que dicha resolución es ilegal e inconstitucional pues de acuerdo al artículo 20 de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en caso de ser nombrado para das cargos simultáneamente, perderá el último en orden de nombramiento y en la especie se está afectando a su primer nombramiento: además el artículo 17 de la misma norma señala que el Director Nacional de Recursos Humanos solicita que se remueva de un cargo a quien esté impedido de ejercerlo, pero no es dicha autoridad quien le remueve violando de esta manera el artículo 119 de la Constitución del Ecuador y desconociendo la garantía del debido proceso.

La orden de cesación fue debidamente apelada ante el Consejo Nacional de Aviación Civil, quienes reunidas en un Tribunal de excepción, negaron el recurso de apelación señalando que carece de fundamento legal.

Según el accionante se han violado las normas constitucionales contendidas en los artículos 23 números 26 y 27; 24 números 1, 10, 11 y 13; y 35 número 3: por lo que solicita se declare la ilegitimidad de la resolución dictada por la División de Recursos Humanos de la Dirección de Aviación Civil y se disponga su reintegro inmediato a sus labores como Médico en la Subdirección de Aviación Civil en Guayaquil cubriéndosela las remuneraciones que ha percibido por este período.

En la audiencia pública. el accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y derecho su pretensión y añade que tiene en su poder certificados otorgados por la Dirección Provincial de la SENDA, que acredita que no ejerce careo público y un certificado de la Oficina de Servicio Civil y Desarrollo Institucional en el que no consta registrado como servidor de carrera. Por su parte, el Subdirector de Aviación Civil del Litoral, afirma que la sede de la Dirección General de Aviación Civil es la ciudad de Quito, por lo que la autoridad competente para conocer este amparo es uno de los jueces de la capital; además, no se han agotado las instancias a las que tenía derecho en caso de ser afectado por una resolución de un funcionario, que, según el accionante, no tenía jerarquía para disponer su remoción por lo que este amparo no es procedente, pues le corresponde reclamar por la vía contencioso administrativa; este acto administrativo no acarrea un daño grave e irreparable; y no se ha notificado legalmente al Director de Aviación Civil del Ecuador, al Jefe de la División de Recursos Humanos y al Procurador General del Estado.

El Juez Sexto de lo Civil de Guayaquil niega la acción de amparo propuesta por el accionante, puesto que, de acuerdo a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se puede demandar ante la Junta de Reclamaciones contra cualquier decisión de un superior jerárquico, y de esa resolución se puede apelar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo el que en única instancia conoce violaciones de la ley que regula la carrera administrativa y agrega: "Una de las notas más relevantes del amparo es que no exista otro órgano, judicial o administrativo, ante el cual reclamar por el daño proveniente de un acto ilegítimo de autoridad de la ley administrativa pública y que esté legalmente autorizada (sic) para repararlo".

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los articulas 95 y 276 número 3 de la Constitución:

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez:

Que del texto constitucional del artículo 95 y de la normativa singularizada en la ley de Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegitimo, b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que el accionante impugna el acto emitido por la Dirección de Recursos Humanos de la DAC de 30 de agosto de 2002 por inedia del cual se le cesa en sus funciones, conforme a lo establecido en el Art. 18 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y el Art. 125 de la Constitución Política del Estado, que le fuera notificado el 3 de septiembre de 2002:

Que la Constitución Política, en su artículo 125, establece: "Nadie desempeñará más de un cargo público. Sin embargo los docentes universitario podrán ejercer la cátedra si su horario lo permite" y en el mismo sentido se dispone con el Art.18 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa: "Nadie podrá desempeñar dos o más cargos públicos. Pero los profesores universitarios y quienes ejerzan funciones gratuitas de elección popular podrían ocupar otro cargo público";

Que la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, en su artículo 2 establece: "Para los, efectos de la aplicación de esta Lev, el Servicio Civil ecuatoriano comprende a los ciudadanos ecuatorianos que ejerzan funciones públicas remuneradas, en dependencias fiscales o en otras instituciones de Derecho Público y en instituciones de Derecho Privado con finalidad social o pública. (...) Servidor público es todo ciudadano ecuatoriano legalmente nombrado para prestar servicios remunerados en las instituciones u que se refiere el inciso primero de este artículo" y según el Art. 3 ibídem "Para los efectos de esta Ley no esta, comprendidos en el servicio civil. Los profesionales con título académico que prestan sus servicios en las Fuerzas Armadas en calidad de empleados civiles";

Que el artículo 33 de la Ley de Servido Civil y Carrera Administrativa establece: "Sin perjuicio de lo prescrito por la Constitución Política de la República y por leyes especiales, a ningún título, ni aún el de contrato, comisión u honorarios, puede una persona percibir dos remuneraciones provenientes de funciones cargos o empleos desempeñados simultáneamente en instituciones de Derecho Público o en instituciones de Derecho Privado que existan en razón de ley o decreto ley que reciban asignaciones o subvenciones permanentes y obtenidas del Estado, mediante impuestos establecidos por lev o decreto-ley";

Que el accionante afirma que no se encuentra ocupando dos cargos públicos pues es empleado civil de las Fuerzas Armadas como tal, sujeto a una ley distinta a la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y excluido de esta última por mandato de su Art. 3. Letra i). Al respecto las Fuerzas Armadas son parte del Estado; la Constitución Política de la República regula los principios fundamentales que las rigen en el Capítulo V del Título VII que trata de la Función Ejecutiva: por lo tanto, el hecho de que las Fuerzas Armadas se rijan por una ley distinta a la de Servicio Civil Carrera Administrativa, en lo relacionado con sus empleados civiles, no significa de ninguna manera que dichos empleados no sean servidores públicos, pues la institución para la que prestan sus servicios es parte de una de las funciones del Estado:

Que en lo relativo a las relaciones entre las Fuerzas Armadas y su personal civil, rige el Reglamento de la Reserva Activa y de los Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas en cuyo Art. 26 se establece lo siguiente: "No podrán ingresar en calidad de miembros de la Reserva Activa o como Empleados Civiles, el personal militar que se encontrare en disponibilidad; y quienes tengan nombramiento en la Administración Pública o que presten servicios en ella, con un contrato vigentes salvo lo previsto en el Art. 125 de la Constitución Política del Estado": la norma citada, si bien hace relación a la prohibición para el ingreso del personal civil, se encuentra conforme a la Constitución Política, en cuanto a la prohibición de ocupar más de un cargo público;

Que como empleado civil de las Fuerzas Armadas, el accionante desempeñó el cargo de Médico General del Aeropuerto Simón Bolívar de la SUBDAC, desde el 1 de septiembre de 1989, según el nombramiento constante a folios 17 y 18 del expediente tramitado en esta Sala; y, posteriormente, a partir del 1 de julio de 1996, fue designado para ejercer el cargo de Médico Cardiólogo, en la Subdirección de Aviación Civil del Litoral, conforme consta a folios 3 y 4 del expediente subido en grado;

Que a folio 7 del proceso tramitado ante el Juez inferior consta un nombramiento extendido a favor del accionante por el Director General del IESS, el 18 de marzo de 1993 para que ocupe el cargo de Médico 3 4 H.D. en el Dispensario Sur Valdivia en la ciudad de Guayaquil como funcionario el IESS en cuanto a su relación con dicha institución, es un servidor público sujeto a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;

Que de Acuerdo al artículo 20 de la [ex de Servicio Civil y Carrera Administrativa: Quien hubiere sido designado para dos cargos cuya similitud se prohíbe, perderá de hecho el último en el ordenamiento, en el orden de su nombramiento.

Que conforme a la documentación constante en autos el último cargo al que accedió el accionante en el orden de sus nombramientos, es el que ocupa en el IESS y que es el cargo que no puede ocupar; en tal virtud la autoridad demandada no podía cesarle en sus funciones, conforme a lo establecido en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, pues según dicho cuerpo normativo, e3l funcionario que ocupare dos cargos públicos, perderá de hecho el último, en el ordenamiento de su nombramiento" (Art. 20).

Que por lo expresado anteriormente el acto impugnado es ilegitimo, pues ha sido dictado contrariando expresas disposiciones de nuestro ordenamiento jurídico aplicables al caso particular del accionante;

Que el acto impugnado viola la seguridad jurídica, principio que se traduce en la seguridad que proviene del conocimiento de las normas jurídicas de manera que los ciudadanos sepan con certeza las consecuencias de sus acciones. Dicha seguridad además implica que las autoridades públicas apliquen las normas jurídicas de forma correcta, esto es que se aplique a cada situación particular la norma que regula dicha situación y no otra, por cuanto otro presupuesto de la seguridad jurídica es que los gobernantes actúen respetando los límites que les imponen las normas jurídicas, con la finalidad de evitar la arbitrariedad en sus actuaciones;

Que con la actuación del demandado se produce un daño grave e inminente al accionante, considerando que por el cargo que ocupa en las Fuerzas Armadas percibe un salario más alto que el que percibe por las funciones que desempeña para el IESS, según consta de la documentación que se encuentra en el proceso;

Que para que se dé cumplimiento a lo establecido en los artículos 125 de la Constitución y 20 de la Lev de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se dispone poner en conocimiento del IESS la presente resolución igualmente se pondrá en conocimiento a la Federación Médica del Guayas, a fin de que observe la conducta del Dr. Eduardo Arturo Patiño López; y.

Por lo expuesto, en uso de sus atribuciones.

Resuelve:

1.- Revocar la resolución venida en grado y por tanto conceder la acción de amparo propuesta por el Dr. Eduardo Arturo Patiño López, en los términos señalados en los considerandos anteriores.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese".

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Armando Serrano Puig, Vocal, Primera Sala.

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue discutida y aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, el once de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 14 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

Magistrado ponente: Doctor Hernán Salgado Pesantes

No. 0007-2003-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 0007-2002-RA

Antecedentes:

El señor Johny Mora Rodas, en su calidad de Gerente General de la compañía AUSTROAEREO SA., comparece ante el Juez Cuarto de lo Penal del Azuay y propone acción de amparo constitucional en contra del Intendente de Compañías de Cuenca.

Manifiesta que la compañía que representa está legalmente constituida y sujeta al control de la Superintendencia de Compañías. Que mediante resolución reservada sin número, el 10 de diciembre de 2002, el Intendente de Compañías de Cuenca ha resuelto disponer la intervención de AUSTROAEREO SA., nombrando un interventor, resolución notificada el 12 de diciembre de 2002 conjuntamente con las conclusiones y observaciones del informe de control, así como con una copia de la denuncia presentada por un accionista de la sociedad. Que la denuncia presentada Contra la compañía incumplió lo dispuesto en el Art. 4, letra g), del Reglamento de Recepción y Trámite de Denuncias, ya que no se hacia una petición concreta sino que era muy general lo solicitado, y la Intendencia de Compañías debía archivar la denuncia conforme al Art. 7 del reglamento mencionado, mas, al contrario, ordenó el reconocimiento de firma y rúbrica de la misma y continuó el trámite. Que en las observaciones y conclusiones del informe hay varias transgresiones pues hay la afirmación de que una resolución de la Junta Universal de Socios es nula, lo que correspondía determinar a la justicia ordinaria, contraviniendo así el Art. 119 de la Constitución; además, se transgreden doctrinas de la propia Superintendencia de Compañías además del Art. 238 de la Ley de Compañías. Que hay otras afirmaciones como la de que se contraviene el Art. 261 de la Ley de Compañías por haber contratado el seguro de la compañía con una empresa de la que el Presidente de AUSTROAEREO es Gerente General, sin que exista contravención a la norma mencionada pues el Presidente de la compañía no ha sido contratado directamente que es lo que está prohibido de acuerdo a la ley. Que por otra parte, el órgano de control no puede realizar afirmaciones categóricas como la de que la compañía está trabajando para la empresa aseguradora, pues lo máximo que le corresponde es establecer presunciones. Que sin que haya sido escuchado para su defensa y descargo de su representada, se dieta la resolución de intervención, contraviniendo el número 10 del Art. 24 de la Constitución; y, Arts. 10, 11, 12 y siguientes del Reglamento de Recepción y Trámite de Denuncias de la Superintendencia de Compañías. Que además, se dieta la resolución reserva aplicando la normativa del reglamento antes citado, sin tomar en cuenta el Art. 272 de la Constitución, pues dicho reglamento no prevé el descargo y niega ser oído en el procedimiento administrativo dejándole en estado de indefensión, debiendo destacarse que el Intendente de Compañías no ha motivado su resolución.

Con estos antecedentes, el accionante solícita se haga cesar y se remedie las consecuencias lesivas de la resolución de intervención dictada por el Intendente de Compañías de Cuenca ellO de diciembre de 2002, la que ha dado como consecuencia un daño grave pues su representada no puede obrar económicamente en forma autónoma, además de que si se hace pública la intervención, ello implicaría afección moral y económica invalorable.

En la audiencia pública el accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda. El demandado manifiesta que la Superintendencia de Compañías es el organismo autónomo del Estado que tiene facultad para controlar a las sociedades enumeradas en el Art. 431 de la Ley de Compañías; que parte de ese control lo realiza a través de la intervención a las sociedades que según dispone el Art. 357 ibídem, se concreta a propiciar la corrección de irregularidades, procurar el mantenimiento del patrimonio de la compañía y evitar que se ocasionen perjuicios a los accionistas o a terceros; que la intervención procede según lo dispuesto en el Art. 354 de la Ley de Compañías. Además señala que en cuanto a la falta de notificación del informe, en ese punto se actuó conforme al inciso segundo del Art. 355 de la ley ibídem; que la intervención lejos de lesionar derechos es una medida para evitar que se perjudique a los accionistas o a terceros. Finalmente solícita se rechace el amparo. Comparece también el defensor del Procurador General del Estado, quien expresa que la resolución impugnada ha sido dictada con plena competencia, que no viola derechos consagrados en la Constitución y que se ha seguido el procedimiento establecido en la Ley de Compañías, por lo que, debido a la inexistencia de los elementos de procedencia de la acción de amparo, pide que la misma sea rechazada.

El Juez Cuarto de lo Penal del Azuay niega la acción de amparo por considerar que la resolución dictada por el Intendente de Compañías de Cuenca se encuentra enmarcada en la ley, que ha sido dictada con competencia y de acuerdo al procedimiento establecido y que no existen las violaciones a los derechos constitucionales alegados por el accionante, por lo que la acción de amparo es improcedente.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que del texto del artículo 95 de la Constitución y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera concluyente oque la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto u omisión ilegítimos, en principio de autoridad pública; b) que siendo violatorios de un derecho subjetivo constitucional; y, c) causen o amenacen causar un daño grave e inminente en perjuicio del accionante; es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que el accionante impugna la resolución reservada de 10 de diciembre de 2002, dictada por el Intendente General de Compañías de Cuenca, por medio de la cual se dispone la intervención de la Compañía AUSTRO AEREO SA. y se designa interventor;

Que el Art. 222 de la Constitución Política de la República establece lo siguiente: "Las superintendencias serán organismos técnicos con autonomía administrativa, económica y financiera y personería jurídica de derecho público, encargados de controlar instituciones públicas y privadas, a fin de que las actividades económicas y los servicios que presten, se sujeten a la ley y atiendan al interés general. La ley determinará las áreas de actividad que requieran de control y vigilancia, y el ámbito de acción de cada superintendencia";

Que el Art. 431 de la Ley de Compañías señala: "La Superintendencia de Compañías las tiene personalidad jurídica y su primera autoridad y representante legal es el Superintendente de Compañías. La Superintendencia de Compañías ejercerá la vigilancia y control: a) De las compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, en general;

Que el Art. 435 de la Ley de Compañías, en su primer inciso establece: "El Superintendente de Compañías nombrará tres intendentes: uno con sede en Quito, uno con sede en Guayaquil y otro con sede en Cuenca, quienes tendrán las atribuciones que el Superintendente les señale". En la resolución impugnada, que consta a folio 8 del expediente venido en grado, se señala que dicha decisión se dieta en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Superintendente de Compañías mediante Resolución No. ADM-00369 de 6 de noviembre de 2000;

Que el primer inciso del Art. 353 de la Ley de Compañías, dispone que: "En los casos que se enumeran en el artículo siguiente, el Superintendente de Compañías podrá designar, 4e dentro afuera del personal de su dependencia, uno o más interventores para que super vigilen la marcha económica de la compañía". El Art. 354 de la misma Ley, establece en su número 1: "Tratándose de una compañía sujeta al control y vigilancia total de la Superintendencia de Compañías, ésta podrá declarar a la misma en estado de intervención y designar uno o más interventores para aquella, solamente en los casos siguientes: 1. Si lo solicitare uno o más accionistas o socios que representen cuando menos el diez por ciento del capital pagado de la compañía, manifestando que han sufrido o se hallan en riesgo de sufrir grave perjuicio por incumplimiento o violación de la Ley, sus reglamentos o el estatuto de la compañía, en que hubieren incurrido ésta o sus administradores. El o los peticionarios deberán comprobar su calidad de titulares del porcentaje de capital señalado en el inciso anterior; indicar, con precisión, las violaciones o incumplimiento de la Ley, sus reglamentos o el estatuto de la compañía que motiven el pedido y expresar las razones por las que tales hechos les ocasionan o pueden ocasionarles perjuicio".

Que, conforme al Art. 3, letra a), del Reglamento de Intervención por la Superintendencia de Compañías, ésta podrá declarar la intervención cuando lo solicitare uno o más socios o accionistas que representen por lo menos el 10% del capital social pagado, quienes estén en riesgo de sufrir algún perjuicio por incumplimiento o violación de la ley, los reglamentos o el estatuto social, de parte de los administradores de la compañía, para lo cual él o los denunciantes deben probar su calidad de titulares del porcentaje accionario y expresar las razones de su denuncia y el perjuicio que pudieren sufrir;

Que a folios 2 y 3 del expediente, constan copias de la denuncia presentada por el Mayor Juan Abad Rojas, accionista de AUSTROAEREO S.A., quien señala que tiene el 34.88% del capital social, el mismo que consta como uno de los mayores accionistas de la compañía, según el documento constante a folio 17 vta, del, expediente; dicha denuncia contiene la petición concreta que se traduce en tomar las acciones pertinentes luego de ser analizados los libros de la compañía y más documentos contables;

Que el Art. 4 del reglamento antes citado, dispone lo siguiente: "En los casos enunciados en los literales a), b), c), d) y f.) del artículo anterior, antes de resolver la intervención a una compañía, se requerirá que la intendencia de Control e intervención o la de Mercado de Valores, según corresponda, o las unidades autorizadas en las intendencias de compañías de Cuenca, Ambato, Machala y Portoviejo, realicen una inspección de control y elaboren un informe en el que consten identq2cadas las irregularidades incurridas por la compañía en los aspectos societarios, contables, económicos, financieros y administrativos o del mercado de valores. Efectuada la inspección, el Intendente de Control e Intervención o el de Mercado de Valores, según corresponda y siempre que el trámite competa a la Oficina Matriz o a la de Guayaquil, remitirá al Intendente Jurídico o a la Dirección Jurídica de Mercado de Valores, según el caso, el informe correspondiente, así como, en documento separado, la conclusiones u observaciones que de él se hubieran extraído. Si la inspección se realizare en cuales quiera de las otras intendencias de compañías, el funcionario autorizado remitirá al que haga las veces del Intendente Jurídico dichos informes y conclusiones u observaciones";

Que a folios 4 a 7 del expediente constan copias del oficio reservado de lO de diciembre de 2002 que contiene las conclusiones y observaciones del informe de control realizado a la compañía el mismo que concluye que la compañía se halla en un estado financiero delicado y que se halla en causal de disolución e iliquidez, "por lo que de no tomarse de forma inmediata los correctivos necesarios la compañía desaparecería causando perjuicios a sus trabajadores, accionistas y acreedores": a folios 8 y 9 se encuentra la resolución reservada de 10 de diciembre de 2002 disponiendo la intervención y designando interventor de la compañía: estos documentos mencionados fueron dados a conocer al accionante el 12 de diciembre de 2002, según lo señala el mismo en su demanda;

Que el Art. 355 de la Ley de Compañías establece lo siguiente: "En todos los casos, antes de adoptar la resolución sobre el nombramiento de interventor o interventores, el Superintendente dispondrá que el Departamento de Inspección". Análisis de la Superintendencia de Compañías realice una inspección a la compañía respectivo y le presente el informe previsto por lo Ley. En este caso no será necesaria notificación previa a las compañías ni a sus administradores, de las conclusiones y observaciones a que se refiere el artículo 442. Sin embargo, al notarse la resolución en que se ordena la intervención se acompañará copia de las conclusiones de los informes sobre las inspecciones practicadas por la Superintendencia de Compañías";

Que el Art. 358 ibídem, dispone: "La designación del interventor o interventores será comunicada por el Superintendente de Compañías únicamente y mediante nota reservada a los representantes legales administradores comisarías u años órganos de fiscalización de la compañía y, si lo creyere necesario, al Superintendente de Bancos, para que éste, a su vez la haga conocer también mediante nota reservada, a las instituciones bancarias y financieras";

Que conforme a las normas antes citadas, en concordancia con las disposiciones del Reglamento de Intervención arriba analizadas, el acto impugnado es legítimo, pues fue dictado con competencia y luego de seguir el procedimiento previsto en la ley y el respectivo reglamento. y ha sido debidamente notificado al accionante;

Que la resolución de intervención dictada afecta a la Compañía AUSTROAEREO, pero no le causa ningún daño. al contrario, es una medida prevista por la ley, precisamente para precautelar el buen funcionamiento de la empresa y para proteger los derechos tanto de sus accionistas como de terceros; en tal virtud, no se violan los derechos de dicha persona jurídica, sino que la intervención dictada tiene como finalidad la de corregir irregularidades, tal como lo establece el Art. 357 de la Ley de Compañías: "La actuación del interventor se concretará a propiciar .la corrección de las irregularidades que determinaron su designación, procurar el mantenimiento del patrimonio de la compañía y evitar que se ocasionen perjuicios a los socios, accionistas o terceros. Sólo durará el tiempo necesario para superar la situación anómala de la compañía, sin perjuicio de la facultad concedida al Superintendente por el artículo 369 de esta Ley"; y,

Que al no haberse reunido los tres elementos que requiere la procedencia de la acción de amparo constitucional, y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, esta Sala,

Resuelve:

1.- Confirmar la Resolución venida en grado y por tanto negar la acción de amparo propuesta por el señor Johny Mora Rodas como Gerente General de la Compañía AUSTROAEREO SA.

2.- Devolver el expediente al inferior.- Notifíquese".

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes. Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar. Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Armando Serrano Puig. Vocal. Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede, fue discutida y aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, a los diez días del mes de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro. Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 14 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

Magistrado ponente: Sr. Dr. Armando Serrano Puig

No. 007-03-HC

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 007-2003-HC

Antecedentes:

El abogado Pablo Cornejo Zambrano comparece ante el Alcalde del I. Municipio de Manta y, a nombre del señor Cristian Bravo Almeida, interpone recurso de hábeas corpus.

Manifiesta que su defendido fue aprehendido por la Policía Nacional el 29 de enero de 2003, a las 18h00 horas, sin orden de detención "[...] sin que hasta la presente se encuentre legalmente detenido, provocándose (sic) una seria violación a las garantías constitucionales del debido proceso, garantizado en el Art. 24 de la Constitución Política de la República [...]".

Con estos fundamentos propone el recurso de hábeas corpus a favor de Cristian Bravo Almeida para que sea trasladado ante el señor Alcalde de la I. Municipalidad de Manta "[...] y se exhiba la correspondiente orden de detención girada por Autoridad competente antes de la aprehensión

El señor Alcalde del I. Municipio de Manta resuelve negar el hábeas corpus solicitado, considerando que el detenido fue aprehendido en el cometimiento de un delito flagrante razón por la cual los agentes de policía podían proceder a su detención inmediata, que para el efecto tengan la obligación de exhibir la boleta constitucional de detención la cual fue legalizada por el Juez Octavo de lo Penal de Manabí dentro del término legal correspondiente por lo que la boleta de detención está vigente.

Considerando:

Que esta Sala es competente para conocer resolver el recurso de hábeas corpus de conformidad con el artículo 276 numeral 3 de la Constitución de la República, los artículos 12 numeral 3 y 62 de la ley del Control Constitucional;

Que no existe omisión de solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la decisión de la causa, por lo que el proceso es válido y así se lo declara:

Que el recurso de hábeas corpus previsto en el artículo 93 de la Constitución de la República, es una garantía que tiene como objeto la tutela de la libertad física que puede interponerse por el detenido o por interpuesta persona con el fin de que el Alcalde o quien haga sus veces examine si la privación de la libertad ordenada por la autoridad obedece a los requisitos legales y está debidamente sustentada en los hechos y en el derecho;

Que el artículo 162 del Código Penal dispone que: "Los particulares que, sin el permiso necesario y sin debida explicación, portaren armas de liso militar o policial serán sancionados con prisión de seis meses a un año y multa de nueve a cuarenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norte América (sic)";

Que a fojas 27 de los autos consta el parte policial desudo al Jefe de la Policía Nacional de Manta, en el cual se indica que el señor Cristian Roberto Bravo Almeida fue aprehendido por portar un arma de fuego sin permiso:

Que la detención, de conformidad con el artículo 164 del Código de Procedimiento Penal es una medida investigativa y tiene un limite de tiempo de 24 horas, dentro del cual de encontrarse que el detenido no ha intervenido en el delito que se investiga inmediatamente se lo pondrá en libertad. En caso contrario de haber mérito para ello se dictará auto de instrucción fiscal y de prisión preventiva si fuere procedente;

Que a diferencia de la detención, la prisión preventiva es una medida cautelar que dieta el Juez para garantizar la inmediación del imputado al proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena, como indica el artículo 167 ibídem;

Que el artículo 173 del Código de Procedimiento Penal dice: "Prohibición.- No se puede ordenar la prisión preventiva en los juicios por delitos de acción privada, en los que no tengan prevista pena privativa de libertad, ni en las infracciones que se sancionan con una pena que no exceda de un año de prisión";

Que en la especie, la razón de la detención del imputado es portar un arma de fuego sin permiso. lo cual no es sancionado por la ley con prisión de más de un año, por lo que de conformidad con el va citado artículo 173 del Código de Procedimiento Penal no procede la prisión preventiva. Además, el Agente Fiscal de Manabí en su instrucción fiscal de fojas 21 de los autos, advierte que: "Por considerar que el delito que se investiga es de aquello sancionado de conformidad al Art. 162 del Código Penal y de conformidad al con el Art. 173 del Código de Procedimiento Penal no se puede ordenar la prisión preventiva en las infracciones que se sancionan con una pena que no exceda de un año de prisión, siendo este el caso que investigue la Fiscalía, solicitó la renovación de la detención en contra del imputado Cristian Roberto Bravo Almeida y ".

Por los considerandos expuestos y en uso de sus facultades constitucionales y legales.

Resuelve:

1.- Revocar la resolución venida en grado y por consiguiente, aceptar el recurso de habeas corpus formulado por el abogado Pablo Cornejo Zambrano a nombre del señor Cristian Bravo Almeida. Ordénase la inmediata libertad del imputado, siempre y cuando no exista otra causa penal en su contra.

2.- Devolver el expediente al señor Alcalde del I. Municipio de Manta para la ejecución de esta resolución.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes. Presidente. Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar. Vocal. Primera Sala.

f.) Dr. Armando Serrano Puig. Vocal. Primera Sala.

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional los once días del mes de marzo del año dos mil tres. Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro. Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 14 de marzo de 2003.- f. Secretario de la Sala.

Magistrado ponente: Doctor Hernán Salgado Pesantes

No. 0010-HD-2003

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 00l0-HD-2003

Antecedentes:

El señor Alejandro Iván Sánchez Tello, comparece ante Juez Primero de lo Civil de Pichincha, e interpone acción d hábeas data contra la Jueza Octava de lo Civil de Pichincha con el fin de que se rectifique su nombre en la sentencia dictada el 25 de noviembre de 1993 dentro de un juicio de posesión efectiva que el señor José Augusto Sánchez López, su padre, seguía en dicha judicatura a su nombre y a nombre de sus hijos; en la mencionada resolución se otorga la posesión efectiva al mencionado señor Sánchez López y sus hijos, entre los cuales se encuentra el accionante, pero a este último se le hace constar como Alejandro Rodrigo Sánchez Tello, por un error mecanográfico cometido por su abogado patrocinador en la demanda.

Agrega que, como es obvio, para la rectificación, ampliación y aclaración de la sentencia hay un término de tres días antes de que se ejecutoria la misma, sin que dicho error produzca nulidad; que la imposibilidad de ser corregido le ocasiona graves daños a sus derechos, ya que le imposibilita disponer de la parte que le corresponde dentro de los bienes dejados por su madre. Con estos antecedentes, solicita que la Jueza Octava de lo Civil de Pichincha realice "la REVISION DEL PROCESO Y LA RECTIFICAClON DE LA INFORMACION EN LA SENTENCIA CONTENIDA... (Resaltado en el texto)".

En la audiencia pública el accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su petición. La, demandada no asistió a la audiencia.

El Juez Primero de lo Civil de Pichincha niega la acción de hábeas data, pues considera: que el objeto del hábeas data está determinado por el Art. 35 de la Ley del Control Constitucional; que cualquier otro aspecto ajeno a dicha determinación no procede; que no se ha agotado el trámite establecido por la ley para estos casos; y, que la sentencia dictada por un Juzgado es inamovible.

Considerando:

Que esta Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de hábeas data, de conformidad con el artículo 94 de la Constitución de la República y los artículos 12, numeral 3 y 62 de la Ley del Control Constitucional;

Que no existe omisión de solemnidad sustancial alguna, por lo que el proceso es válido y así se lo declara;

Que el artículo 94 de la Constitución de la República reconoce el derecho a la información e institucionaliza el recurso de hábeas data como un medio para acceder a los documentos, bancos de datos e informes que, sobre la persona o sobre sus bienes, consten en entidades públicas y privadas, y para conocer el uso que se haga de ellos y su propósito;

Que ese derecho de acceso a la información mencionada, contenido en la garantía constitucional del hábeas data, se ha establecido en nuestra legislación, como en varias legislaciones del mundo, para proteger el derecho a la honra y buena reputación y a la intimidad personal y familiar, también garantizado por la Carta Magna; de manera, que, la difusión de la información a la que se solícita acceder en un primer momento, para posteriormente determinar si debe ser rectificada, eliminada o no divulgada, debe tener íntima relación con la honra, la buena reputación y la intimidad personal y familiar del peticionario;

Que en el caso que nos ocupa, existe una sentencia que, a decir del accionante, contiene un error inducido por una equivocación cometida por el abogado patrocinante del accionante, en la tramitación de un juicio de posesión efectiva. Como se señala en la demanda, en la petición de posesión efectiva que se hiciera en el año 1993 por parte del padre del accionante, se hizo constar al mismo con su segundo nombre cambiado, lo que produjo que el Juez, al dictar sentencia, lo haga a favor de la persona cuyo nombre constaba en la demanda, situación que no puede ser modificada ni subsanada a través de una acción constitucional de hábeas data, sino que debe ser corregida en la vía ordinaria pertinente; y,

Por todo lo señalado y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución venida en grado y por tanto negar el hábeas data propuesto por el señor Alejandro Iván Sánchez Tello.

2.- Devolver el expediente al inferior para los fines legales consiguientes.- Notifíquese".

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Armando Serrano Puig, Vocal, Primera Sala,

RAZON.- Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, a los once días del mes de marzo del año dos mil tres, Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 14 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

Magistrado ponente: Dr. Marco Morales Tobar

No. 0013-2003-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL"

En el caso signado con el No. 0013-2003-RA

Antecedentes:

El señor Félix Fernando Villón Villón y otros, luego de señalar sus generales de ley, comparecen ante el Juez Décimo Séptimo de lo Civil de Santa Elena e interponen acción de amparo constitucional en contra del señor Ministro de Agricultura y Ganadería y los miembros del Cabildo de la Comuna San Rafael, a fin de que se adopten las medidas urgentes destinadas a cesar la lesión que indican les ocasiona el Acuerdo Ministerial No. 246 de 15 de agosto de 2002, dictado por el Ministro de Agricultura y Ganadería, mediante el cual se deja sin efecto en todas sus partes el Acuerdo Ministerial No. 156 de 28 de mayo de 2002 que reconoce la personería jurídica de la Comuna "Engullima" y aprueba su reglamento interno.

Los accionantes señalan que luego de cumplir con los requisitos establecidos para la aprobación de la personería jurídica de las comunas campesinas, con informe favorable del Director Provincial Agropecuario del Guayas del Ministerio de Agricultura y Ganadería e informe de legalidad de trámite del Director de Asesoría Jurídica del mismo Ministerio, el Ministro de Agricultura y Ganadería concede personería jurídica a la Comuna "Engullima" y aprueba el reglamento interno, mediante Acuerdo Ministerial No. 156 del 28 de mayo de 2002.

Indican que el 25 de junio de 2002 la Directiva de la Comuna "San Rafael", inicia un expediente administrativo de derogatoria de personería jurídica, pues aseguran que los territorios entregados a la Comuna "Engullima" pertenecen a la Comuna "San Rafael", luego de lo cual el Ministro de Agricultura y Ganadería, mediante Acuerdo Ministerial No. 246 del 15 de agosto de 2002, deja sin efecto en todas sus partes el acuerdo ministerial que reconoce la personería jurídica de la Comuna Engullima.

Manifiestan que el acto administrativo impugnado viola normas constitucionales referentes al derecho a la defensa, ya que aun conociendo el domicilio de la Comuna Engullima, señalado en el reglamento interno aprobado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, no fueron citados en la forma debida con el procedimiento de derogatoria de personería jurídica; el derecho al debido proceso puesto que no existe un instructivo dictado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería que trate sobre la derogatoria de la personería jurídica de las comunas.

Agregan que tal acto les causa un daño inminente, a más de grave e irreparable, ya que la derogatoria de la personería jurídica les impide desarrollar y fortalecer su identidad y tradiciones, y que esta derogatoria trunca futuros convenios a realizarse con el Ministerio de Vivienda.

En la audiencia pública llevada a cabo el día 13 de diciembre de 2002, ante el Juez Décimo Séptimo de lo Civil de Santa Elena, los accionantes se ratifican en los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión. Interviene el Presidente de la Comuna San Rafael, quien señala que existen irregularidades en el trámite de amparo al no haberse notificado con la demanda al señor Ministro de Agricultura y Ganadería. Precisa que el 9 de septiembre de 1982 se reconoció el dominio territorial de la Comuna San Rafael sobre un área de 4.885 hectáreas, cuyo título se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Santa Elena; dentro de este terreno se encuentra ubicado el sector conocido como Engullima, conformado por apenas 4 viviendas. Afirman además que varios de los socios fundadores de la Comuna Engullima prestaron juramento ante la asamblea de la Comuna San Rafael a fin de pertenecer a ella y se hallan pagando sus cuotas como comuneros; sin embargo de lo cual declararon bajo juramento ante un Notario no pertenecer a ninguna otra comuna, requisito indispensable para que se les otorgue personería jurídica, por lo que deberán responder legalmente. A la audiencia no acude el demandado señor Ministro de Agricultura y Ganadería.

El Juez Décimo Séptimo de lo Civil de Santa Elena resuelve conceder la acción de amparo propuesta por considerar que la Comuna Engullima no es parte de los predios de la Comuna San Rafael, y que el acto impugnado es ilegitimo al haber violado las garantías constitucionales contenidas en los numerales 10, 12 y 13 del artículo 24 de la Constitución.

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, del texto constitucional del artículo 95 y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegítimo; b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional; y, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que, un acto se torna ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, o que no se lo haya dictado de conformidad con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario ha dicho ordenamiento o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación;

Que, de folios 32 a 35 del expediente consta la sentencia de 9 de septiembre de 1982, dictada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante la cual se declara de propiedad de la Comuna San Rafael el "Cuerpo de terreno situado en la parroquia Chanduy del Cantón Santa Elena, provincia del Guayas, con una superficie aproximada de Cuatro mil ochocientos ochenta y cinco hectáreas, comprendido dentro de los linderos se flotados en el plano e informe de linderación elaborado por el PRONAREG..";

Que, a fojas 40 del expediente subido en grado consta copia certificada del levantamiento planimétrico elaborado por el PRONAREG, correspondiente a la Comuna "San Rafael", en el que se puede observar que el sector denominado "Engullima" se encuentra ubicado dentro de los linderos pertenecientes a la Comuna San Rafael, por lo que se puede deducir que "Engullima" constituye parte integrante de dicha comunidad;

Que, el artículo 179 de la Constitución dice. "A los ministros de Estado les corresponderá: 6) Expedir las normas, acuerdos y resoluciones que requiera la gestión ministerial";

Que, el artículo 93 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva dispone lo que sigue; "Cualquier acto administrativo expedido por los órganos y entidades sujetas a este estatuto deberá ser extinguido cuando se encuentre que dicho acto contiene vicios que no pueden ser convalidados o subsanados. (...)"

Que, el acto administrativo impugnado contenido en el Acuerdo No. 246 de 15 de agosto de 2002 (folios 21 y 22) ha sido dictado por autoridad competente, que ha considerado que existe un vicio que no puede ser convalidado o subsanado como es el hecho de que la población de Engullima se encuentre asentada dentro de la Comuna "San Rafael", a la que se pertenece, de conformidad con el informe emitido por el Director Agropecuario del Guayas en oficio No. 409 DPGA de 18 de julio de 2002; sin que se observe que al dictarse el acto impugnado se hayan violado normas procedimentales, ni contravenga el ordenamiento jurídico, además de que se encuentra debidamente motivado;

Que, el Estatuto Jurídico de las Comunidades Campesinas, en su artículo 5 señala; "Las controversias en que fueren parte una o más comunidades, quedan sometidas a la jurisdicción privativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería ", en el mismo sentido el artículo 10 de la misma norma señala: "Compete al Ministro de Agricultura y Ganadería conocer y resolver, en única instancia, los juicios o controversias entre comunidades, o entre una comunidad y personas extrañas a la misma, relativas al dominio o posesión de tierras, servidumbres, etc., según las reglas establecidas en esta Ley...". En tal virtud, corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería resolver los problemas suscitados entre la Comuna San Rafael y los moradores del sector denominado "Engullima" perteneciente a la misma comunidad;

Que, al no existir acto ilegitimo de autoridad pública no cabe realizar más análisis sobre los otros supuestos de procedencia de la acción de amparo;

Que, no obstante, la Sala observa que la Comuna San Rafael ha quebrantado las disposiciones constitucionales referentes a la inalienabilidad e indivisibilidad de la propiedad comunal previstas en numeral 2 del artículo 84 del Código Político, al haber adjudicado áreas de terreno pertenecientes a la comunidad a favor de terceras personas, concretamente a favor de la Compañía ORENAS SA., como aparece de la escritura pública de adjudicación constante a fojas 87 a 89, celebrada el 31 de octubre de 2000 ante el Notario Primero de Guayaquil, lo cual está prohibido por la ley, por lo que los actores de estos actos ilícitos deberán responder por ellos ante las autoridades competentes; y,

Por lo expuesto, en uso de sus atribuciones,

Resuelve:

1.- Revocar la resolución venida en grado, y en consecuencia, negar la acción de amparo constitucional propuesta por el señor Félix Fernando Villón Villón y otros contra el Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ser improcedente.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Armando Serrano Puig, Vocal, Primera Sala.

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue discutida y aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional, el diez de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario, Primera Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 14 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

Magistrado ponente: Dr. Hernán Salgado Pesantes

No. 0020-2003-RA

"LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL"

En el caso signado con el No. 0020-2003-RA

Antecedentes:

El señor Joffre Díaz Sánchez, luego de señalar sus generales de ley, comparece ante el Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil e interpone acción de amparo constitucional contra el acto administrativo dictado por el Presidente del Directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, el 4 de marzo de 2002, mediante la cual se confirma en todas sus partes la resolución del Consejo de Disciplina de Tropa de la Comisión de Tránsito del Guayas por la que se dispone la baja del servicio activo de las filas de la CTG al accionante.

El accionante señala que el día 4 de enero de 2002, a las 21h30 fue designado al servicio de la ronda nocturna, en el desvío de camiones de La Puntilla, bajo órdenes del Sargento Julio Heredia Solórzano, quien estaba a cargo del patrullero 313. Al informar al sargento que el patrullero en el que se encontraban en servicio tenía un neumático bajo, éste ordenó al Cabo Briones que se quedara en el lugar, y dispuso que el accionante le acompañe a Durán a reparar el neumático, después de dar a conocer de la novedad al Jefe de la Ronda Nocturna. Al volver, luego de aproximadamente 35 minutos, se percataron de que llevaban detenido al Cabo Briones que se quedó en el lugar, mientras el señor Andrés Roche ordenaba a personas con cámaras que grabaran el patrullero, por lo que el accionante junto con el Sargento, se fueron a la delegación No. 01 por temor a ser detenidos.

Agrega que después de lo ocurrido, se inicia contra el accionante y el Cabo Briones un proceso administrativo, por las faltas disciplinarias tipificadas en el literal f.) del artículo 48 y literal a) del artículo 65 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, luego de lo cual, el Consejo de Disciplina de Tropa resuelve darle de baja del servicio activo de las filas del cuerpo de vigilantes de la CTG, resolución que previa apelación fue confirmada por el Directorio de la misma entidad. Paralelamente a este expediente administrativo, señala el accionante, se inició en su contra un proceso penal por supuesto delito de extorsión, cobro indebido de dinero y cohecho, ocurrido el mismo día, entre las 21h30 y 24h00 cuando se encontraba de servicio en el puente de la Unidad Nacional a la altura de la urbanización La Puntilla, sin embargo de que en el proceso anterior se lo sancionó, en cambio, por alejarse del puesto de servicio, sin que este acto constituya delito, y al mismo tiempo se lo juzga por estar presente y cometer el delito de extorsión.

El accionante afirma no haber abandonado su puesto, pues únicamente estaba cumpliendo la orden de un superior, lo que debía ser indicado en el parte informativo emitido por el Jefe de la Ronda Nocturna y que le perjudicó enormemente en el proceso administrativo abierto en su contra; por todo lo expuesto, se han vulnerado sus derechos constitucionales al debido proceso, a la defensa, a estar presente en las diligencias que se desarrollaron durante este expediente, a acceder a los documentos relacionados con tal procedimiento, a la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, además de inobservar lo señalado en el artículo 117 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de. la Ley del Cuerpo de Vigilancia de la CTG.

En la audiencia pública, el demandado puntualiza que el presente amparo constitucional es improcedente e ilegitimo, ya que el acto está dentro de las atribuciones del Directorio; que la demanda es obscura; que no existe legítimo contradictor, pues el representante legal de la CTG es el Director Ejecutivo y no el Presidente del Directorio; que no existe tal violación, de los derechos constitucionales y tampoco un perjuicio grave e inminente; además de que existen otros medios de defensa judicial para que el accionante haga valer sus derechos. Por su parte el accionante se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión y añade que al iniciarse el expediente administrativo en su contra, debían indicarle que necesitaba designar un abogado defensor, cosa que no ocurrió.

El Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil, inadmite la acción de amparo constitucional, por considerar que el asunto debe ser cometido a la justicia ordinaria, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que del texto constitucional del artículo 95 y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional se establece de manera concluyente que, la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegitimo; b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional; y, c) amenace o cause un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir, que los tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera unívoca;

Que el accionante impugna la resolución dictada por el Directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas, el 4 de marzo de 2002, dentro del expediente No. 13-2002, por la cual se confirma la resolución del Consejo de Disciplina de Tropa de la Comisión de Tránsito, del Guayas que había subido en consulta, disponiendo su baja;

Que la resolución impugnada consta a folios 76 y 77 del expediente subido en grado; la sanción impuesta es la establecida en el Art. 48 letra f.) y el Art. 65 letra a), del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas;

Que conforme al artículo 48, literal f.) del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, se considera como falta atentatoria contra los deberes y obligaciones: "Dormirse, despreocuparse o alejarse del puesto del servicio, dando lugar a graves consecuencias, siempre que éstas no constituyan delito"; y, el artículo 65, literal a), ibídem, establece como falta atentatoria contra la seguridad de las operaciones: "Incurrir en acciones y omisiones atribuibles a negligencia o impericia, imprudencia o inobservancia de leyes reglamentos y más normas de seguridad que pongan en peligro el cumplimiento de una operación o la integridad de las personas o de los bienes".

Que conforme a lo dispuesto por el artículo 86 del reglamento antes citado, "Serán sometidos al juzgamiento del Consejo de Disciplina respectivo, y sancionados con la baja de la Institución o la suspensión de funciones y mando por tres meses, según la gravedad de la falta cometida; quienes hubieran incurrido en cualquiera de las faltas atentatorias, previstas en el Título III del presente Reglamento

Que las faltas previstas en el Título III del Reglamento de Disciplina anteriormente mencionado, son de nueve tipos entre los cuales se encuentran las faltas contra los deberes y obligaciones y las faltas contra la seguridad de las operaciones, las mismas pueden ser además de tres clases: leves, graves y atentatorias;

Que el procedimiento para sancionar las faltas disciplinarias está contemplado en el artículo 91 y siguientes del Reglamento de Disciplina de la Comisión de Tránsito del Guayas. Conforme al Art. 93, el Comandante del Cuerpo de Vigilancia, en conocimiento de una falta atentatoria, luego de recibido el correspondiente informe, señalará día y hora para que se reúna el Consejo de Disciplina que juzgará la causa, lo cual consta que se cumplió según el documento que se encuentra en folio 174 del proceso;

Que a folios 79 a 81 del expediente, consta la resolución dictada por el Consejo de Disciplina de Tropa de la Comisión de Tránsito del Guayas, dentro del trámite No. 13-2002, en la que se señala entre sus antecedentes que el Consejo se reunió en audiencia pública, con la presencia de los imputados y su abogado defensor, quienes ejercieron su derecho a la defensa, todo lo cual debía cumplirse conforme a lo dispuesto por el Art. 94 del reglamento tantas veces mencionado;

Que el Art. 95 ibídem, señala; "Dispondrá seguidamente se despeje la sala para que el Consejo de disciplina pase a deliberar previo a que expida la resolución respectiva la que causará ejecutoria salvo en los casos que se aplique como sanción la pena de baja de la Institución, la que deberá subir en consulta al Directorio"; en cumplimiento de esta disposición, la resolución emitida subió en consulta al Directorio de la Comisión de Tránsito del Guayas el mismo que ratificó la decisión del Consejo de Disciplina según consta a folios 76 y 77;

Que en el expediente se encuentra abundante documentación de la cual se observa que el accionante cantó con un abogado defensor, rindió sus declaraciones libre y voluntariamente, se tomaron declaraciones de los testigos dentro de una amplia investigación del caso relativo a la infracción que se le imputaba según se desprende de folios 40 a 226 de los autos-, dentro de la cual se estableció que efectivamente el accionante había abandonado su puesto de vigilancia junto con su superior jerárquico, señalándose en la resolución del Directorio impugnada en el presente amparo, la existencia de un video casete en el cual, según el propio abogado del peticionario, se observa que al mismo le entregan algo los transportistas "pero nadie puede decir nosotros vemos decimos es dinero lo que le da por que se mete la mano al bolsillo. (Sic)" (folio 77);

Que la resolución del Directorio de la CTG de fecha 4 de marzo de 2002, ha sido dictada por autoridad competente, ha cumplido con las formalidades y procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico, su contenido no es contrario a dicho ordenamiento y se encuentra debidamente motivada, por lo que se concluye que el acto impugnado es legitimo; y.

Que no existe violación a los derechos constitucionales del accionante, quien pudo defenderse dentro de un procedimiento que cumplió con todas las disposiciones pertinentes, luego del cual se aplicó la sanción correspondiente a la infracción imputada; por lo tanto, no cumpliéndose con los requisitos de procedibilidad de la acción de amparo y. en uso de sus atribuciones, esta Sala,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado y por tanto, negar la acción de amparo constitucional presentada por el señor Joffre Díaz Sánchez.

2.- Devolver el expediente al juez de origen.- Notifíquese.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Presidente, Primera Sala. Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Armando Serrano Puig. Vocal. Primera Sala.

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue discutida y aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el diez de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

Dr. Jaime Pozo Chamorro. Secretario.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 14 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

Magistrado ponente: Doctor Marco Morales Tobar

No. 0053-2003-RA

LA PRIMERA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En el caso signado con el No. 0053-2003-RA

Antecedentes:

El ingeniero Hernán Ramiro Durán Pitarque, en calidad de Gerente General y como representante legal de la Empresa BARAINVER S.A. comparece ante el Juzgado Vigésimo Primero de lo civil de Pichincha e interpone acción de amparo constitucional en contra del Presidente Ejecutivo de ANDINATEL y del Comité de Contrataciones de esta empresa, a fin de que se disponga la suspensión de la convocatoria a concurso público dispuesto por el Comité de Contrataciones de ANDINATEL SA para la adquisición de bienes para planta externa, proceso de contratación número ANDINATEL/CQOS/2002 El accionante en lo principal manifiesta.

Que por varios años su representada viene realizando trabajos de instalación de líneas telefónicas y construcción de planta externa a favor de la empresa denominada actualmente ANDINATEL SA. y que gran parte de los materiales utilizados corresponden a la marca CHEAR YUAN de reconocido prestigio internacional, siendo el único distribuidor autorizado de estos productos en el Ecuador, para lo cual acompaña certificados de los productos utilizados, características técnicas de la marca indicada y convocatorias en las que siempre se ha considerado a la marca en diversos concursos públicos.

Señala que la compañía se encuentra debidamente calificada como proveedora de bienes y servicios, y certificada y garantizada por la Escuela Politécnica Nacional a través de la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Acompaña varios oficios en los que se hace relación a que dicha compañía ha sido adjudicataria de varios contratos para la requisición de materiales, los mismos que corresponden a la marca CHEAR YUAN.

Indica que ANDINATEL SA. con fecha 7 de noviembre de 2002 convoca mediante concurso público a personas jurídicas nacionales o extranjeras, para que presenten sus propuestas para el Proyecto denominado ADQUISICION DE BIENES PARA PLANTA EXTERNA. "proceso de contratación signado como ANDINA TEL/CC/05/2002, en cual en forma expresa en el punto 5.3, página 27 de 73, Especificaciones Técnicas, en forma ilegal e inconstitucional, se excluye a la marca Chear Yuan del Concurso Público" (sic) con lo cual han sido excluidos deliberadamente de participar en dicho concurso. Agrega que la acción ilegítima de ANDINATEL SA. de solicitar ofertas única y exclusivamente de marcas determinadas escogidas sin ningún criterio técnico, ni legal, excluyendo la marca Chear Yuan. así como la omisión expresa de no reconocerlos como proveedores habituales le causa un daño grave, real e irreparable; con lo cual considera que se ha violado su derecho a la igualdad y la libertad de contratación conforme a lo establecido en los numerales 3 y 18 de la Constitución Política de la República.

Con tales antecedentes el recurrente solicita "la suspensión definitiva de la Convocatoria y los procedimientos subsecuentes del Concurso Público, dispuesto por el Comité de Contrataciones de ANDINA TEL SA., para la Adquisición de Bienes para Planta Externa, Proceso de Contratación ANDINATEL/CC/05/02".

La audiencia pública se lleva a cabo el 16 de diciembre de 2002 en la cual las partes realizan sus exposiciones orales y dejan constancia de las mismas por escrito. El accionante en lo principal se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de su pretensión, agregando que ANDINATEL S.A. es una empresa cuyo capital social es 100% estatal, por tanto se encuentra sujeta al control de la Contraloría General del Estado puesto que maneja fondos de propiedad del Estado, por lo mismo no se trata de una empresa privada como lo manifiesta ANDINATEL S.A. El accionado por su parte manifiesta que la acción es improcedente e ilegal, puesto que la Constitución no hace referencia a ANDINATEL SA. como una institución del sector público ya que la misma no se encuentra comprendida dentro de los organismos y dependencias de las funciones del Estado. Que según las resoluciones del Tribunal Constitucional y el pronunciamiento del Procurador General del Estado, ANDINATEL S.A. es una persona de derecho privado, constituida como una sociedad mercantil que no forma parte del sector público, y por lo mismo sujeta a la Ley de Compañías y a la normatividad interna de la empresa y no a la Ley de Contratación Pública. Señala que el artículo 23 numerales 16 y 18 de la Carta Magna garantiza la libertad de empresa y de contratación con sujeción a la ley, por lo que ANDINATEL SA. celebra sus contratos en base a sus estatutos sociales, es decir en base al criterio y conveniencia empresarial, sin que tenga la obligación jurídica de contratar con una entidad en especial.

El Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha resuelve declarar sin lugar la acción de Amparo Constitucional propuesta por el señor ingeniero Hernán Ramiro Durán Pitarque, en calidad de Gerente General de BARAINVER S.A. por considerar que no aparecen documentos que demuestren su exclusión del concurso, y además porque no se ha precisado los derechos constitucionales supuestamente violados.

Considerando:

Que, la Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 95 y 276, número 3 de la Constitución:

Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez;

Que, la acción de amparo prevista en el artículo 95 de la Constitución, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagrados en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridad pública y que de modo inminente amenace con causar un daño grave;

Que, del texto constitucional y de la normativa singularizada en la Ley del Control Constitucional, se establece de manera concluyente que la acción de amparo constitucional es procedente cuando: a) existe un acto ilegitimo, en principio de autoridad pública; b) que siendo violatorio de un derecho subjetivo constitucional: c) cause o amenace causar un daño grave e inminente en perjuicio del peticionario, es decir que dichos tres elementos descritos para la procedencia de la acción de amparo deben encontrarse presentes simultáneamente y de manera univoca;

Que, el accionante impugna la convocatoria al Proceso (le Contratación ANDINTAEL/CC/05/2002" para la adquisición de bienes para planta externa, de fecha 7 de noviembre de 2002, efectuada por el Comité de Contrataciones de ANDINATEL SA. (fojas 321), en virtud de que, según se dice, en forma ilegal e inconstitucional se excluye del referido concurso a la marca Chear Yuan, de la cual la empresa del recurrente es la única distribuidora autorizada en el Ecuador;

Que, el artículo 118 del Código Político señala de manera expresa cuales son las instituciones del Estado, sin que conste entre ellas ANDINATEL SA. como institución del sector público;

Que, el Pleno del Tribunal Constitucional, en la Resolución No. 090-TCP de 22 de diciembre de 1999, consideró que ANDINATEL S.A. constituye una sociedad anónima, sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, por lo tanto no se trata de una empresa del sector público sino de una persona jurídica de derecho privado que se rige por las disposiciones de la Ley de Compañías, su estatuto social y sus propios reglamentos.

Que, por lo señalado anteriormente, la compañía demandada es una persona jurídica de derecho privado. Al respecto, el artículo 95 inciso tercero de la Constitución establece que "También se podrá presentar acción de amparo contra los particulares cuando su conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso"; sin que en la especie aparezca que se afecte intereses comunitarios, colectivos, ni mucho menos derechos difusos, por lo que la Sala estima que en la presente acción existe falta de legitimación pasiva;

Que, a fojas 345 constan las especificaciones técnicas de los bienes a ser ofertados y en ellas se determinan las normas marcas y modelos requeridos. Entre las diversas marcas que allí se mencionan no consta la marca Chear Yuan, sin que ello signifique de ninguna manera una exclusión deliberada, pues con seguridad existirán otras marcas que tampoco han sido tomadas en cuenta dentro de este concurso y no por ello se afecta el derecho a la igualdad ante la ley y la libre contratación:

Que, siendo Andinatel S.A. una sociedad de derecho privado, sus contrataciones no están regidas por la Ley de Contratación Pública, sino por su propio Reglamento de Contrataciones aprobado por el Directorio de la Compañía y al cual la empresa del recurrente se ha sujetado en anteriores contrataciones, sin que se haya opuesto o impugnado la aplicación de tal normatividad;

Que, el accionante sostiene que el solicitar ofertas única exclusivamente de marcas determinadas, le causa un daño grave, real e irreparable, por lo que estima se han violado sus derechos a la igualdad y la libertad de contratación conforme a lo establecido en los numerales 3 y 18 de la Constitución Política de la República. Al respecto la Sala estima que tales violaciones no se han producido, pues siendo la empresa demandada una entidad de derecho privado, sus contrataciones las realiza dentro de los parámetros de la libre contratación, sin que tenga la obligación jurídica de contratar con una entidad en especial o de requerir bienes de determinada marca. La libertad de contratación significa que una persona puede contratar u obligarse con quien crea de su conveniencia y adquirir aquellos productos que a su criterio cumplan las especificaciones técnicas, económicas o de cualquier naturaleza que mejor convenga a sus intereses; y,

Por lo expuesto, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución venida en grado, en consecuencia, negar la acción de amparo constitucional propuesta por el ingeniero Hernán Ramiro Durán Pitarque en calidad de Gerente General de la empresa BARAIN VER S.A., por ser improcedente.

2.- Devolver el expediente al Juez de origen.- Notifíquese.

f.) Dr. Hernán Salgado Pesantes, Presidente, Primera Sala.

f.) Dr. Marco Morales Tobar, Vocal, Primera Sala.

f.) Dr. Armando Serrano Puig, Vocal, Primera Sala.

RAZON: Siento por tal que la presente resolución fue discutida y aprobada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional a los diez días del mes de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario Primera Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- PRIMERA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 14 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 013-2002-RS

Vocal ponente: Doctor Luis Mantilla Anda

CASO No. 013-2002-RS

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito D.M., 20 de febrero de 2003.-

El Alcalde y representante legal de la I. Municipalidad del cantón Muisne, a nombre y en representación de la Corporación Edilicia y de conformidad con la autorización del Concejo, dentro del expediente de descalificación de los concejales Guido Tello Vélez, Rolando Arcentales Colorado, Manuel Arias Sánchez y Elías Bone Pata, comparece ante el Prefecto del Gobierno de la provincia de Esmeraldas, y por su intermedio ante el Pleno del Consejo Provincial e interpone recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional de la resolución adoptada en sesión ordinaria de 4 de octubre de 2002. Que debe considerarse como fundamento de la apelación que l a resolución violenta disposiciones constitucionales, especialmente la del debido proceso. Que se les ha notificado limitándose a declarar procedente el recurso de apelación. Que la resolución adoptada por el Consejo Provincial es nula, ilegal, inconstitucional y carente de todo valor, al declarar nulas las actuaciones del Alcalde del cantón Muisne, confundiendo a la contraparte contra la cual se dicta la resolución, toda vez que no es un conflicto individual o personal de Milton Bucheli Pérez ni de los concejales intervinientes en las sesiones referidas.- El Procurador Síndico del H. Consejo Provincial de Esmeraldas solicitó al Prefecto de la provincia de Esmeraldas que sobre el expediente de separación y descalificación de los concejales del cantón Muisne, se declare desierto el recurso en razón de que los recurrentes han fundamentado el mismo, acompañando pruebas instrumentales e informaciones de testigos que creyeron convenientes a sus intereses, extemporáneamente de acuerdo a lo que preceptúa el Art. 61 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y que por tanto las resoluciones del I. Concejo Municipal de Muisne en las sesiones de 8, 16. 22 y 30 de abril de 2002, son firmes e inapelables.- El Presidente y dos miembros de la Comisión de Municipalidades de Excusas y Calificaciones, mediante comunicación de 24 de septiembre de 2002, dirigida al Prefecto Provincial de Esmeraldas, expresan que en el alcance al oficio No. 539 de 4 de septiembre de 2002 les solicitan emitir el informe sobre el contenido del expediente de descalificación de los concejales del cantón Muisne, Guido Tello Vélez, Rolando Arcentales Colorado. Manuel Arias Sánchez y Elías Bone Pata, a lo que manifiestan que el Alcalde del cantón Muisne a través del Secretario el 5 de abril de 2002, convocó a sesión ordinaria a los concejales a realizarse el 8 de abril de 2002, en la parroquia San José de Charanga; el 12 de abril de 2002, convoca a sesión ordinaria a los concejales principales y suplentes, para el 16 de abril de 2002: el 19 de abril de 2002 convoca a sesión a los Concejales principales y suplentes a la sesión a realizarse el 22 de abril de 2002; el 26 de abril de 2002 se convoca a sesión ordinaria el 30 de abril, constando en todas las actas en el orden del día la designación e incorporación de los concejales para la integración del número corporativo municipal, actas legalizadas con la firma del Alcalde, los concejales principales y suplentes y el Secretario. Que desde la primera sesión ordinaria realizada el 8 de abril de 2002 el Alcalde realizó la sesión con los concejales principales Richard Olarte Pata, Ilario Patiño Vilela y Rubén Estrada Mendoza, y se dijo que integraba el quórum con los concejales suplentes Lidia Barre Arboleda, Gualberto Chasing y Angel Gracia Plaza, lo que también sucedió en las sesiones posteriores de 16, 22 y 30 de abril de 2002. Que la actuación de los alternos en calidad de principales, que no la tenían, es violatoria a la ley, debiendo acogerse el criterio del Procurador Síndico que se fundamenta en el Art. 52, inciso segundo de la Ley de Régimen Municipal. Que en el expediente no existe constancia de que los concejales principales hayan sido convocados legalmente a sesión, y no se puede aceptar como válida la afirmación del Secretario del Concejo de que se los advirtió verbalmente y que replicaron que no asistirían a sesión alguna. Que la comisión a su cargo concluye que el Alcalde del cantón Muisne ha violado los Arts. 52, 106 y 114 de la Ley de Régimen Municipal. Que el Notario de Esmeraldas carece de competencia para actuar en la jurisdicción de Muisne, de acuerdo al Art. 7 de la Ley Notarial, pero el problema deja de tener trascendencia porque los concejales destituidos comparecieron a ejercer su derecho interponiendo el recurso de apelación, que debe ser resuelto por el H. Concejo Provincial. Que al violar disposiciones legales el Alcaldía de Muisne, las cuatro sesiones materia del cuestionamiento son nulas y es procedente que el Consejo Provincial ordene el inmediato reintegro de los concejales Guido Tello Vélez,, Rolando Arcentales Colorado, Manuel Arias Sánchez y Elías Bone Pata, los que no debieron ser privados de su función antes de que haya pronunciamiento que cause ejecutoria, como lo dice el Art. 48 de la Ley de Régimen Municipal.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente, y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- No se observa omisión de solemnidad sustancial que influya en la causa, por lo que se declara su validez.

SEGUNDO.- La Sala es competente para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 276 numeral 7 de la Constitución Política y el Art. 52 del Reglamento de Trámite de Expedientes del Tribunal Constitucional.

TERCERO.- En el caso, analizadas las argumentaciones de las partes así como la normativa legal vigente en materia seccional, podemos establecer que el Alcalde del cantón Muisne si bien descalifico y declaró vacantes los cargos de los concejales Guido Tello Vélez, Rolando Arcentales Colorado, Manuel Arias Sánchez y Elías Bone Pata por haber incurrido en la causal 70 del Art. 47 de la Ley de Régimen Municipal, esto es por dejar de asistir sin justa causa a más de tres sesiones ordinarias consecutivas de la Corporación, con las cuales fueron notificados por así certificado el Secretario y dar fe los testigos correspondientes, sin embargo, para instalar las sesiones del 8, 16, 22, y 30 de abril de 2002, no contó con el quórum reglamentario, o la mitad más uno, esto es con cuatro concejales del total de siete, con los que se constituye y delibera el Concejo, conforme lo establece el Art. 106 ibídem, puesto que los concejales suplentes a los que convocó el Alcalde ante la inasistencia de los principales, no se habían posesionado previamente ante el Tribunal Provincial Electoral, por mandato del Art. 52 reformado de la Ley de Régimen Municipal; y en consecuencia, las resoluciones adoptadas respecto de las descalificaciones son nulas por así disponerlo el Art. 114 ibídem. Por lo exj5uesto y en uso de sus facultades la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución del Consejo Provincial de Esmeraldas.

2.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Venegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, a los veinte días del mes de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.-

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 043-2002-HD

Vocal ponente: Doctor Luis Mantilla Anda

CASO No. 043-2002-HD

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM., 5 de marzo de 2003.

En el caso No. 043-2002-HD, el doctor Teodoro Esteban Ullauri Donoso, presenta ante el Juez Segundo de lo Civil del Azuay, recurso de hábeas data contra del Presidente de la Federación Deportiva del Azuay, en los siguientes términos: Que con fecha 18 de marzo de 2002, de manera arbitraria y sin fundamento legal alguno, el Presidente de la Federación Deportiva del Azuay, ha procedido a declararlo "persona no grata" para el deporte azuayo, rompiendo todo precepto legal y los estatutos de la misma, dado que en ningún momento ha atentado contra los intereses ni los fines de la Federación Deportiva del Azuay, todo lo contrario, su actuación ha sido precautelando los intereses de la Federación mentada y fomentando la práctica del deporte, es decir a beneficio de la institución y no de individuos en forma particular, por lo que el actuar de esa manera, ha hecho que personas de la institución por intereses mezquinos inicien acciones en su contra.- Que con estos antecedentes y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley del Control Constitucional, solícita se ordene al señor Presidente de la Federación Deportiva del Azuay, le entregue la siguiente documentación: a) Copias del proceso a través del cual fue juzgado: informe del hecho, en el cual se fundamentó la Federación Deportiva del Azuay para que se haya declarado persona no grata al deporte azuayo: b) Acta de investigación en la que se le considera responsable del hecho o acto indisciplinario; c) Copia del proceso de juzgamiento; d) Sesión del Directorio de la Federación Deportiva del Azuay donde se estudió su caso y se le sancionó de acuerdo a la norma legal en la que se fundamentó la declaratoria de persona no grata al deporte azuayo; e) Nómina de las personas del directorio que aprobaron la sanción de persona no grata al deporte azuayo; f) Oficio en el que se ponía en consideración al Club Seúl y. por ende a su persona la suspensión de la prueba a realizarse el día 16 de marzo de 2002 por parte de la Federación Deportiva del Azuay; g) Copia del oficio dirigido al Vicepresidente de la Federación del Azuay como también al Lcdo. Wilfredo de la Torre y al Club Seúl: h) Copia de los Estatutos de la Federación Deportiva del Azuay, en los cuales se basaron para juzgarlo; i) Solícita se le conceda el currículo como deportista de la Federación Deportiva del Azuay en la modalidad de tiro, de su participación en las pruebas en los diferentes años y su ranking en la Asociación de Tiro del Azuay.- El 9 de abril de 2002, se realizó la audiencia pública en el Juzgado Segundo de lo Civil del Azuay, a la que compareció el doctor Ullauri Donoso, quien se reafirmó en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.- El abogado defensor del Presidente de la Federación Deportiva del Azuay, ofreciendo poder o ratificación, negó pura y simplemente los fundamentos de hecho y de derecho del recurso planteado, por cuanto como se desprende la comunicación que sirve de base para el recurso solicitado ésta es únicamente una comunicación que dirige el señor Presidente de la Federación Deportiva del Azuay al Presidente de la Asociación de Tiro, señalando su inconformidad con la actuación del doctor Ullauri en momentos en que la federación, sus deportistas y dirigentes realizaban un homenaje al fallecido dirigente señor Francisco Amoroso, sin que la comunicación contenga ningún tipo de relación con juzgamiento alguno, consecuentemente, a más de esta disconformidad no se ha afectado los derechos del deportista ni se ha coartado sus privilegios como tal, simplemente se da a conocer la disconformidad porque en esos momentos de tristeza que vivía la federación no haya sido más sensible.- El 11 de abril de 2002, el Juez Segundo de lo Civil del Azuay, resolvió desechar la demanda propuesta por el recurrente.-Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo de ley, para resolver se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de hábeas data al tenor de lo dispuesto en los artículos 94 y 276, numeral 3 de la Constitución Política del Estado.

SEGUNDO.- No se observa omisión de solemnidad que pueda incidir en la decisión final por lo que se declara la validez de la causa.

TERCERO.- Concomitante con lo que se ha señalado en forma reiterada en los casos de hábeas data que han llegado a conocimiento del Tribunal Constitucional, es decir, la facultad de acceder a los documentos, datos o informes que sobre las personas o sus bienes consten en entidades públicas o privadas, este recurso constitucional también procede para proteger a la persona afectada por afirmaciones inexactas, que desdibujen o constituyan agravio contra su honra, con afectación al derecho constitucional establecido en el numeral 8 del Art. 23 de la Constitución Política de la República.

CUARTO.- El contenido de la comunicación objeto del recurso, suscrita por el Presidente de la Federación Deportiva del Azuay, y que consta a fs. 1 del proceso, a criterio de la Sala resulta desproporcionado respecto de la actitud asumida por el recurrente en los hechos que se han relatado. Resulta evidente que la declaratoria de "persona no grata para el deporte azuayo" es un calificativo atentatorio contra el buen nombre del actor y que merece ser revisado bajo una óptica más prudente. Por esas consideraciones, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Revocar la resolución de primer nivel y, en consecuencia, se concede el hábeas data solicitado por Teodoro Esteban Ullauri Donoso en lo que se refiere al punto d) de su pedido; esto es, se le entregue la documentación relacionada con la sesión del Directorio de la Federación Deportiva del Azuay donde se estudió el caso; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia para que haga cumplir esta resolución.- Notifíquese.-

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

Razón.- Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional el cinco de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.- f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 048-2002-HD

Vocal ponente: Doctor Luis Mantilla Anda

CASO No. 048-2002-HD

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito D.M., 20 de febrero de 2003.-

En el caso No. 048-2002-HD los señores Julio Trinidad Méndez Muñoz y Vilma Maria Campoverde Robles de Méndez presentan ante el Juez Segundo de lo Civil de El Oro recurso de hábeas data. en contra del Gerente y Procurador Judicial del Banco del Austro, sucursal Machala, en los siguientes términos: Que en el Juzgado Primero de lo Civil de Machala la Procuradora Judicial del Banco del Austro SA., sucursal Machala, ha instaurado el juicio ejecutivo No. 164-2002 en su contra adjuntando el Contrato de Mutuo Crediapoyo supuestamente firmado el 30 de abril de 2001, con reconocimiento de firmas ante el Juez Segundo de lo Civil del Oro el 14 de mayo de 2001 por un valor de US$ 237.836,oo y también anexa el documento privado de reconocimiento de obligación supuestamente firmado por los recurrentes y con reconocimiento judicial ante el Juez de lo Civil. Que la entidad bancaria inserta en los documentos valores que nunca han recibido debido a que no han sido acreditados en ninguna cuenta ni han realizado retiros de dinero de los rubros referidos. Que el crédito concedido en el mes de octubre de cuatrocientos millones de sucres ya ha sido cancelado con su capital e intereses y en exceso. Que amparados en el Art. 94 de la Constitución Política de la República y del Capítulo II, Título II, desde el Art. 34 al 45 de la Ley del Control Constitucional interponen recurso de hábeas data y solicitan que una vez admitido a trámite se obtenga la información ya detallada.- El 27 de septiembre del 2002, a las .11h08, se realizó la audiencia pública a la que compareció el abogado defensor de los recurrentes, ofreciendo poder y ratificación, quien se reafirmó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y detalló los documentos que deben presentarse: a) tasa de intereses y cobro que el banco ha realizado referente a los supuestos documentos de crédito; b) que se precise a que tasas de interés fue el adicional de mora de los documentos que se adjuntan en el juicio ejecutivo; c) que acredite los cortes de cuenta sean de ahorros o corrientes, ya sea a nombre de los recurrentes o de la empresa Famelco Cia. Ltda., sobre los abonos realizados a deudas que han contraído con la entidad bancaria; d) si se cobraron impuestos, comisiones y honorarios profesionales y otros rubros sobre los documentos referidos; e) que disponga se remita al Juzgado la historia o historias de operaciones crediticias desde el año 1994 en que se evidencia la deuda original entre los recurrentes y la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Austro, sucursal Machala, por el monto de cuatrocientos millones de sucres; f) que se ordene que el accionado envíe al Juzgado los documentos de rubros monetarios acreditados a cuentas de deudas que hayan contraído los recurrentes con el banco, enviando las papeletas de retiros, débitos, cheques girados sobre las cuentas de ahorros y corrientes del señor Julio Méndez Muñoz y su cónyuge y la Compañía Famelco Cía. Ltda., g) que disponga que el Econ. Freddy Arévalo Izquierdo exhiba y presente las operaciones, solicitudes e historias del crédito que contienen los documentos de mutuo y crediapoyo y reconocimiento de obligación por los valores de doscientos treinta y siete mil dólares y cien mil dólares; h) que ordene que el Jefe de bóveda o de bodega del Banco del Austro, sucursal Machala, que custodia los dineros envíe o declare que fecha o quien le ordenó el retiro de los rubros por doscientos treinta y siete mil dólares y cien mil dólares que constan en los documentos de contrato de mutuo y crediapoyo y en el documento privado de reconocimiento de obligación.- La abogada defensora del Gerente del Banco del Austro, sucursal Machala, ofreciendo poder o ratificación, manifestó que los señores Julio Trinidad Méndez Muñoz y Vilma Campoverde Robles de Méndez, por sus propios derechos o por los que representan de la compañía denominada FAMELCO CIA. LTDA., jamás han solicitado al Gerente del Banco del Austro, sucursal Machala, información ni tener acceso directo a los documentos, los cuales son privados y están sujetos al sigilo bancario y profesional. Que los recurrentes conocen que el juicio ejecutivo No. 164-2002 se tramita en el Juzgado Tercero de lo Civil y no en el Primero y que forman parte del juicio los documentos que motivan esta acción. Que la documentación siempre ha estado -a disposición de los recurrentes y en la actualidad reposa bajo la custodia del Actuario del Juzgado. En razón de lo expuesto solicitó se rechace la interferencia que pretenden los accionantes.- El 15 de octubre de 2002, a las 16h05, el Juez Segundo de lo Civil de El Oro resolvió declarar sin lugar a la demanda.

Considerando:

Que el Tribunal es competente para conocer y resolver el presente caso conforme establece el Art. 276, numeral 3 de la Constitución y el Art. 62 de la Ley del Control Constitucional;

Que se han observado las normas constitucionales y legales previstas para la sustanciación del hábeas data, por tanto el proceso es válido y así se lo declara;

Que el Art. 94 de la Constitución consagra el derecho de toda persona para acceder a los documentos, banco de datos e informes que sobre sí misma consten en entidades públicas o privadas así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito, requerimiento que la persona puede hacerlo al funcionario respectivo de la institución pública o privada que sea depositario de la información;

Que los peticionarios interponen hábeas data para obtener información respecto de un contrato de mutuo crediapoyo supuestamente firmado en Machala el 30 de abril de 2001 y, de un reconocimiento privado de obligación supuestamente firmado por ellos ante Juez de lo Civil

Que de los autos procesales se evidencia lo siguiente: que los dos documentos referidos en el considerando precedente motivaron el juicio ejecutivo No. 164-2002 instaurado por el Banco del Austro SA., sucursal Machala, en contra de los cónyuges Julio Trinidad Méndez Muñoz y Vilma Maria Campoverde Robles de Méndez que se encuentra en trámite en el Juzgado Tercero de lo Civil de Machala; y que en esa judicatura los peticionarios propusieron excepciones para que sean incorporadas al proceso y trabar así la litis;

Que el Art. 36 de la Ley del Control Constitucional en la parte pertinente puntualmente dispone: "No es aplicable el hábeas data cuando pueda obstruir la acción de la justicia...";

Que los documentos, materia de esta acción, constituyen parte procesal de un juicio ejecutivo y se encuentran bajo la custodia del actuario del Juzgado Tercero de lo Civil de Machala por tanto tienen acceso a esa documentación solamente las partes involucradas en la causa, situación jurídica que en el caso configura la inaplicabilidad de la garantía constitucional del hábeas data al amparo de lo prescrito en la propia Ley del Control Constitucional;

Que en la audiencia pública que se celebró el 27 de septiembre de 2002, los peticionarios piden también la exhibición y presentación de otros documentos así como declaraciones que hacen relación a operaciones bancarias que en sí tienen carácter probatorio para ser utilizados en un proceso civil, consecuentemente el hábeas data no suple un procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico por tal efecto; y,

Por estas consideraciones, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia se niega el hábeas data propuesto por los señores Julio Trinidad Méndez Muñoz y Vilma Maria Campoverde Robles de Méndez.- Notifíquese.

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia. Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el veinte de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 052-2002-HD

Vocal ponente: Doctor Luis Mantilla Anda

CASO No. 052-2002-HD

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito D.M., 18 de febrero de 2003.

En el caso No. 052-2002-HD el señor Isidro de Ycaza Ponce, en su calidad de Gerente General de la Compañía CORPORACION PAFICIO DEL SUR, CORPASURSA SA., presenta ante el Juez Décimo de lo Civil de Guayaquil recurso de hábeas data en contra de la Compañía Industrial Química Andina SA., en la persona del Gerente General, en los siguientes términos: Que su representada es propietaria de un millón cuatrocientos cuarenta mil acciones de la compañía Industrial Química Andina SA. Que por más de catorce meses ha solicitado en persona al representante legal de la compañía, al tenor de lo dispuesto por el Art. 15 de la Ley de Compañías se le otorgue información básica referente al manejo del negocio de la compañía INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA S.A., sin que se le haya proporcionado la misma. Que no se le ha entregado a la empresa los nuevos títulos representativos de las acciones que mantiene en el capital social de Industrial Química Andina SA. Que fundamentado en lo dispuesto en los Arts. 94 y 30 de la Constitución Política de la República en concordancia con el Art. 35 de la Ley del Control Constitucional y 15 de la Ley de Compañías, interpone recurso de hábeas data y solícita se presenten los documentos que a continuación se detallan: a) Balance general de la compañía en los últimos cinco años, con detalle en desglose de las cuentas que determinen la información sobre sueldos, salarios, honorarios, bonos y cualquier otra remuneración de los administradores de Industrial Química Andina IQUIASA SA.; cuentas que detallen los dividendos otorgados por IQUIASA S.A. a sus accionistas en los últimos cinco años; b) Información detallada de los préstamos otorgados por los accionistas a la empresa en los últimos cinco años y su detalle en el balance de la misma; c) Información detallada de los inventarios de materias primas y terminados durante el periodo de enero de 2000 a junio de 2002; d) Información detallada de todas las exportaciones realizadas por la empresa en los últimos cinco años; e) Información detallada de las importaciones realizadas bajo el régimen especial de internación temporal, su descargo a Aduanas en los últimos cinco años y sus soportes y autorizaciones otorgadas por la Corporación Aduanera Ecuatoriana; O Información detallada de los pasivos correspondientes a las compañías Kormal SA., Colomural del Ecuador SA. y Decomural SA., pagos que han sido asumidos por IQUIASA SA., actas de junta general de accionistas que certifiquen la autorización formal requerida para ello por los accionistas; g) Libro de actas de directorio; h) Libro de actas de juntas generales de la compañía; i) Libro de acciones y accionistas; j) Talonarios de acciones; k) Convocatorias a las juntas generales de accionistas de los últimos cinco años; 1) Informes del Comisario de la compañía correspondiente a los últimos cinco años; m) Acta de junta general de accionistas donde se aprueba la compraventa del inmueble de la compañía Colomural S.A., detalle de los asientos contables que reflejen la operación y el avalúo que se le dio al inmueble; n) Información de las deudas que mantenga la compañía KORMAL S.A., a favor de INDUSTRIAL QUIMICA ANDINA IQUIASA SA., con detalle contable que indique la causa de dichas deudas, o) Información detallada de los valores retirados por el señor Omar Maluk Salem, de la compañía IQUIASA S.A., directa o indirectamente a través de compañías de las que ejerce la administración, como OMAL SA., SILVITA SA., PLASTICOS GUAYAQUIL SA., SAMAL SA. y que no corresponden a los sueldos, salarios o emolumentos, así como el acta de junta general de accionistas donde fueron aprobadas las entregas de dinero; p) Información detallada de todas las deudas que mantenga la compañía Colomural SA. a favor de IQUIASA S.A., detalle contable que indique la causa de dichas deudas, actas de junta general de accionistas donde se aprobaron dichas operaciones; q) Información detallada de todas las deudas que mantenga SAMAL SA., a favor de IQUIASA SA., con el detalle contable y las actas de junta general de accionistas donde se dieron las aprobaciones para la realización de las operaciones crediticias; y, O Información detallada que incluya fecha, montos, plazos, interés, etc., de los acuerdos o contratos realizados con terceros para financiar operaciones ajenas a la actividad de IQUIASA SA., a través de préstamos otorgados por la compañía.- El 30 de septiembre de 2002, a las 16h35, se realizó la audiencia pública en el Juzgado Décimo de lo Civil de Guayaquil, a la que compareció el abogado defensor del Gerente General de la Compañía Industrial Química Andina IQUIASA SA., ofreciendo poder o ratificación, quien manifestó que la compañía Pacífico del Sur es propietaria de un millón cuatrocientas acciones como certifica la Directora del Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías. Rechazó lo manifestado por el actor en el sentido de que hace más de catorce meses ha solicitado informes sobre el manejo del negocio, lo cual no se le ha proporcionado. Que de acuerdo a lo que establece el Art. 34 de la Ley del Control Constitucional, el recurrente puede solicitar información sobre sus bienes, los mismos que constan a partir del 2 de abril de 2001. Que cinco años atrás las acciones no le pertenecían. Que en lo referente a la entrega del título, lo que ha sucedido es que no lo han retirado y debido a que en los archivos no consta dirección o teléfono, no se les ha podido comunicar al respecto. Que en los puntos a), b), d), f.). m), n), o), p), q) y r) la información que requiere se encuentra en el balance general y en el estado de pérdidas y ganancias. Que los estados financieros cortados a la fecha a la cual pasa el actor a ser accionista de la compañía estuvieron a la vista de los accionistas, cuando se los llamó para su aprobación, como lo establece la ley. Que la compañía IQUIASA se dedica a la fabricación de productos a partir de termoplásticos, para lo cual utiliza materias primas especializadas y convertidas en productos terminados a partir de formulaciones secretas con know how, que no es de propiedad de la compañía de fabricación y que la divulgación de algunos acontecimientos afectaría al sigilo profesional. Por todo lo expuesto solicitó se declare sin -lugar el hábeas data.- El abogado defensor del representante legal de la Compañía Corporación Pacífico del Sur CORPASURSA SA., ofreciendo poder o ratificación, se reafirmó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- El 1 de octubre de 2002, a las 11h00, el Juez Décimo de lo Civil de Guayaquil resolvió desestimar la acción de hábeas data interpuesta.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo de ley, para resolver se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver el presente recurso de hábeas data al tenor de lo dispuesto en los artículos 94 y 276, numeral 3, de la Constitución Política del Estado.

SEGUNDO.- No se observa omisión de solemnidad que pueda incidir en la decisión final por lo que se declara la validez de la causa.

TERCERO.- El recurso constitucional del hábeas data permite a las personas acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí mismas o sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, así como conocer el uso que se haga de ellos y su propósito. Esto en definitiva lo que específicamente nos dice el texto constitucional acerca del recurso en cuestión.

CUARTO.- Para que opere el hábeas data es menester se determine con claridad el aspecto de la información relacionada con los bienes .del peticionario. Estos deben pertenecer a quien solícita el recurso; el dominio y propiedad deben estar definidos para facilitar el acceso a la información que esté en poder de terceros. No cabe la posibilidad de que la acción recaiga sobre los bienes de otras personas, pues la norma constitucional es concreta y no permite esta posibilidad. Cuando el recurrente dice que su representada es propietaria de un paquete considerable de acciones de la Compañía Industrial Química Andina S.A., admite que existen otros accionistas con sus respectivos títulos valores. Por tanto, al solicitar el balance general de la compañía de los últimos cinco años, pretende asimilar la información que pertenece a otros accionistas, y esto le está vedado en el hábeas data, por más considerable que sea el paquete accionario del recurrente. Otro punto similar, y a manera de ejemplo, es el petitorio contenido en el literal i), en el que solícita se le exhiba el libro de acciones y, accionistas de la empresa. Así podríamos examinar caso por caso hasta llegar a la conclusión de que, a pesar de los ya numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional al recurso constitucional del hábeas data se le ha remplazado de su función específica, arrebatándole su verdadero sentido y convirtiéndolo además en un mecanismo supletorio de procedimientos. Entonces bien se puede afirmar que a esta figura jurídica, que ostenta rango y categoría constitucional se la utiliza para todo, menos para lo que fue concebida. Y este precisamente es el caso actual: se lo invoca para solicitar todo el movimiento contable de una empresa petición sin soporte constitucional suficiente y con el único propósito de obtener información que bien puede estar a disposición del actor acudiendo á las instancias legales ordinarias y que están previstas en las leyes que en derecho corresponde.- Por estas consideraciones. LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado y, en consecuencia, se desecha el hábeas data solicitado por Isidro de Icaza Ponce, por los derechos que representa de la Compañía Corporación Pacífico del Sur S.A. -

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente. Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional día dieciocho de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003. f.) Secretario de la Sala.

No. 00070-2002-HC

Vocal ponente: Doctor Ricardo Vanegas Armendáriz

CASO No. 0070-02-HC

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

VISTOS.- El presente recurso de Hábeas Corpus No. 0070-2002-HC, llega a conocimiento del Tribunal Constitucional, por apelación interpuesta por la señora Yahaira Omaira Abad Valverde en razón de que el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E), con fecha 31 de octubre de 2002, negó el amparo a la libertad solicitado. Manifiesta la recurrente que se encuentra ilegal e inconstitucionalmente detenida desde el 13 de septiembre de 2002 puesto que se procedió a su detención no obstante encontrarse embarazada, particular que informó a las autoridades policiales y que pese a la prohibición legal de detención a las mujeres embarazadas ella continúa privada de su libertad contrariando el mandato del Art. 58 del Código Penal. Radicada la competencia en esta Sala en virtud del sorteo correspondiente, para resolver se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo que disponen los artículos 93 y 276 numeral 3 de la Constitución, y artículos 12, numeral 3; 30 y 62 de la Ley del Control Constitucional.

SEGUNDO.- La causa se ha tramitado de acuerdo con las normas legales pertinentes y, por lo mismo, no existe nulidad que declarar.

TERCERO.- Según el número 3 del artículo 276 de la Constitución: Competerá al Tribunal Constitucional "Conocer las resoluciones que denieguen el hábeas corpus, el hábeas data y el amparo y los casos de apelación previstos en la acción de amparo" y en el Capítulo 6 "De las garantías de los derechos", Sección Primera, artículo 93, consta el hábeas corpus, norma que es ratificada en el artículo 31 de la Ley del Control Constitucional, por lo que cualquier persona tiene derecho a recurrir al Tribunal Constitucional, si su petición de hábeas corpus ha sido denegada por el Alcalde, y el Tribunal Constitucional tiene la obligación de pronunciarse, partiendo del mandato del artículo 16 de la Constitución que señala que: "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución", y la Ley del Control Constitucional tiene como su razón de ser, el asegurar la eficacia de las normas constitucionales en especial de los derechos y garantías establecidos en favor de las personas. Las garantías constitucionales que protegen a las personas, deben ser efectivas tanto en la teoría como en la práctica, y al reconocerlas y aplicarlas en los casos concretos debe hacerse con criterio esencialmente humano.

CUARTO.- El artículo 93 de nuestra Carta Política textualmente dice: Del Hábeas corpus. "Toda persona que creyere estar ilegalmente privada en su libertad podrá acogerse al hábeas corpus. Ejercerá por si o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el Alcalde bajo cuya jurisdicción se encontrare o ante quien hiciere sus veces. La autoridad municipal, en el plazo de veinte y cuatro horas contadas a partir de la recepción de la solicitud, ordenará que el recurrente sea conducido inmediatamente a su presencia y se exhibo la orden de privación de libertad. Su mandato será obedecido sin observación ni excuso, por los encargados del centro de rehabilitación o del lugar de detención". Si el detenido no fuere presentado o si no se exhibiere la orden de detención o si ésta no cumpliere los requisitos legales, o se hubiere cometido vicios de procedimientos o en fin, si se hubiere justificado - el fundamento del recurso, la autoridad municipal debe disponer su libertad.

QUINTO.- Consta de autos el certificado emitido por el Centro Clínico Quirúrgico "San Luis", que señala que la recurrente se encuentra embarazada. El Art. 58 del Código Penal, reformado mediante Ley 105 publicada en el Registro Oficial No. 365 de 21 de julio de 1998, establece: "Ninguna mujer embarazada podrá ser privada de su libertad, ni ser notificada con sentencia que le imponga penas de prisión o reclusión, sino 90 días después del parto". La referida disposición no prevé excepción alguna, ni aún tomando en cuenta el tipo de delito que se impute a la persona, pues trata de precautelar la vida de la madre y del menor que está por nacer, la cual puede verse en riesgo por un hecho tan violento, desde el punto de vista físico y psicológico, como es la detención. La Ley de Substancias Estupefacientes y Psicotrópicas no dispone nada al respecto, pero el Art. 123 establece que: "En todo lo que no estuviere previsto expresamente en esta ley, se aplicarán como supletorias las disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal".

SEXTO.- El Art. 171 del Código de Procedimiento Penal, establece la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario como medida alternativa, cualquiera fuere el delito "en todos los casos en que el imputado o acusado sea una persona mayor de sesenta y cinco años de edad o que se trate de una mujer embarazada y hasta noventa días después del parto". Esta normativa guarda armonía con el derecho constitucional que establece que recibirán atención priorizada los grupos vulnerables y entre ellos las mujeres embarazadas y las personas de la tercera edad. En relación a esta -garantía que tienen las mujeres embarazadas el propósito es precautelar el derecho a la vida consagrado en el Art. 49 de la Carta Política. En el caso, le corresponde al Juez de lo Penal aplicar- como medida cautelar la prisión preventiva, que por el estado de embarazo de la recurrente debe ser sustituida por el arresto domiciliario. Por tanto, el Juez competente disponga lo pertinente en cumplimiento de la normativa legal mencionada. Por las consideraciones anotadas, en ejercicio de sus atribuciones, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E), que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto por la señora Yahaira Omaira Abad Valverde; y,

2.- Devuélvase el proceso para los fines consiguientes.- Notifíquese.-

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el diecinueve de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.- f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 184-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Guillermo Castro Dáger

CASO No. 184-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM., 22 de octubre de 2002.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional, en virtud de la apelación interpuesta por el señor Floresmilo Villalta en la que manifiesta: Que forma parte de una organización legal creada mediante Acuerdo Ministerial No. 9 del Ministerio de Agricultura y que la señora Ministra del Ambiente dispuso con fecha 2 de agosto de 2002 que el predio El Pambilar, no sea adjudicado a Botrosa por ser patrimonio forestal del Estado, ya que según se desprende del GPS que 2830 hectáreas están ubicadas dentro del área forestal. Que con fecha 23 de marzo de 2001, la señora Ministra Fiscal General del Estado, encuentra que en la adjudicación del predio El Pambilar existen irregularidades y que en su contra existen órdenes de prisión, juicios ,penales, pretensión de confundirlos con grupos guerrilleros, intento de asesinato, intervención en la asociación. El recurrente fundamenta su acción de amparo constitucional en los artículos 23 numerales 3, 8 y 27; 24 numerales 10, 17; 84 numerales 2 y 8; 86, 87, 88, 89 y 91 de la Constitución Política de la República. Por todo lo expuesto y amparado en el Art. 95 de la Constitución Política de la República y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional, presenta la acción de amparo constitucional, a fin de que se acepte y tramite el presente recurso y se declare la inconstitucionalidad e ilegitimidad de los actos administrativos No. 112 de 18 de marzo de 1999, expedida por el INDA a favor de BOTROSA, Resolución No. 6112 de 10 de octubre de 1999, en la cual el INDA niega a Ecuador Libre; dejar sin efecto la resolución dictada por el Director Nacional de Desarrollo Campesino, declarando la intervención de la Asociación Avícola Ecuador Libre, interrumpiendo el Acuerdo Ministerial No. 161 de 9 de diciembre de 1992.- El 24 de enero de 2002, se realiza la audiencia pública en el Juzgado Segundo de lo Civil de Pichincha, a la que comparecen el accionante con su abogado defensor, quien se ratifica en los fundamentos de hecho y de derecho de la presente acción de amparo constitucional. El doctor Humberto García, ofreciendo poder o ratificación del abogado Carlos Carbo, Director de Asesoría Jurídica y delegado de la señora Ministra del Ambiente, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la presente acción por no ceñirse a la realidad ni a la Constitución ni a la ley ya que la intervención del Ministerio del Ambiente no ha violado norma constitucional alguna, por considerar que el predio se encuentra dentro de lo que constituye el patrimonio forestal, solicitando al INDA la resolución de adjudicación. Por otra parte, señala que esta cartera jamás ha emitido acto administrativo ni inconstitucional ni ilegal; en todo caso, este recurso debió plantearse directamente en el INDA, o en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por lo que se debe rechazar el presente recurso por improcedente. El doctor Marcelo Gómez ofreciendo poder o ratificación del Ministro de Agricultura y Ganadería y del Director Nacional de Desarrollo Campesino, expresa la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho, improcedencia de la acción por no existir daño inminente, falta de derecho del actor para plantear la acción de amparo, incompetencia del juzgado para conocer los pedidos del actor en la cual se declara la inconstitucionalidad de actos administrativos, pedido que debió presentarse ante el Tribunal Constitucional, por lo que solicita se deseche la demanda. El doctor Marco Checa ofreciendo poder o ratificación del Director Ejecutivo del INDA, manifiesta que de conformidad con el Art. 46 de la Ley del Control Constitucional, procede la tutela judicial de los derechos consagrados en la Constitución ante cualquier atentado proveniente de acto ilegítimo de autoridad de la Administración Pública, que haya causado o pueda causar daño inminente, a más de grave e irreparable, mas en el presente caso el accionante solícita la inconstitucionalidad contenida en la adjudicación a favor de Botrosa, mediante Resolución Administrativa No. 112 de 18 de marzo de 1999, tratando que su representada caiga en la indefensión consagrada en el Art. 24 de la Constitución, en tanto que la adjudicación es competencia legítima del instituto, por estar debidamente normada y reglamentada; razón por la cual, el actor debió recurrir a cualquier trámite sea de adjudicación, oposición o resolución, de conformidad con el Art. 47 de la Ley de Desarrollo Agrario, por lo que solícita desestimar la presente acción. La doctora Janeth Robayo, a nombre de la Procuraduría General del Estado, expresa que la acción de amparo para su procedencia, es necesario que concurran algunos presupuestos previstos en el Art. 95 de la Constitución, en el presente caso el actor comparece por sus propios derechos y reclama a nombre de una asociación la reparación de un derecho; por otra parte, no ha demostrado ser representante legitimo de la colectividad que dice representar, por lo que la petición motivo de la demanda es improcedente; por último el doctor Ricardo Izurieta a nombre de Botrosa SA., indica que el accionante pretende burlarse de la justicia al proponer un juicio absurdo, ya que consigue personería como asociación avícola y jamás se ha dedicado a esa actividad, así como también sabe que a la Empresa Bosques Tropicales Botrosa SA. le ha planteado muchos juicios, habiéndolos perdido todos, por ser tan absurdos como en sentencia de 22 de octubre de 2002, se le condenó en costas por la temeridad y mala fe y en esta acción solícita sea condenado en costas por así ordenarlo la ley. El 18 de febrero de 2002, el Juez Segundo de lo Civil de Pichincha resolvió negar la acción propuesta por Floresmilo Villalta, dejando a salvo a cualquier derecho al que se crea asistido. Que de acuerdo con el artículo 56 de la Ley del Control Constitucional, por considerar que la actuación del accionante es maliciosa, se le impone una multa de cien salarios mínimos vitales, sin perjuicio de la5 acciones civiles y penales a que hubiere lugar y para la efectivización de la multa impuesta el señor Secretario de Juzgado enviará el oficio correspondiente al Servicio d Rentas Internas.- Dejando a salvo cualquier derecho al que se crean asistidos los comparecientes y siendo el estado d la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesta por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política d la República, en concordancia con el artículo 95 ibídem.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancia alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por h que se declara su validez. En derecho procesa constitucional no rigen las normas del derecho común menos aún las de procedimiento civil. Son normas distintas
las que rigen en el campo del derecho privado y aquellas que deben aplicarse en el derecho público. El Juez Constitucional, que conoce y resuelve sobre la acción de amparo constitucional, esta sujeto a la Ley de Control Constitucional y no a otras normas, que tienen vigencia dentro del derecho privado, sin que ello implique que en casos como éste, al examinar la legalidad o ilegalidad de un acto, no se analice las normas aplicables al asunto que es materia de impugnación.

TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art. 95 de la Carta Política dispone que "Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumario, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución en un tratando o convenio internacional, y que, de modo inminente amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública. En consecuencia, para que proceda el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública". b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente, y c) Que cause o amenace causar un daño grave, de modo inminente. Por tanto lo primero que tenemos que analizar es si el acto administrativo impugnado está dentro de los parámetros o conceptos anotados, y sobre todo si se trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.

CUARTO.- En el caso, la demanda es presentada por Floresmilo Villalta, quien es miembro de la Asociación de Trabajadores Avícolas "Ecuador Libre", organización legalmente constituida, domiciliada en la parroquia Malimpia, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, quien afirma que su vivienda y sus cultivos al igual que la de otros miembros de su asociación fueron destruidos, quemados y ellos han sido sacados violentamente de sus tierras que forman parte del Patrimonio Forestal del Estado, al haber sido éstas adjudicadas por el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario INDA mediante Resolución No. 112 de 18 de marzo de 1999, a favor de Bosques Tropicales S.A. Botrosa, acto administrativo que lo impugnan por violar sus derechos constitucionales, asunto que por ser competencia de esta Sala entraremos a analizar más adelante. En lo que tiene que ver con la impugnación de inconstitucional del Acuerdo Ministerial No. 142 de 17 de mayo de 2001, por el cual se declara la intervención de la Asociación de Trabajadores Avícola Ecuador Libre, este asunto es de competencia el Pleno del Tribunal Constitucional, que debió merecer acción de inconstitucionalidad de conformidad con el Art. 276.2 de la Carta Política, no obstante que conforme lo señala el Ministro de Agricultura, mediante oficio que consta a fojas 77 del expediente, "no se realizó la intervención", por lo que no habría lugar a la impugnación aludida; y en lo relacionado con la Resolución No. 6112 de 1 de octubre de 1999, la misma tiene relación con lo anterior.

QUINTO.- Analizadas las argumentaciones de las partes y los instrumentos que constan del expediente, podemos establecer a manera de antecedente que mediante Acuerdo Ministerial No. 202 publicado en el Registro Oficial No. 962 de 22 de junio de 1988 el Ministerio de Agricultura fijó los linderos del Patrimonio Forestal del Estado, en las provincias de Napo y Esmeraldas, que en esta última, alcanza una superficie de 333.213 hectáreas, estableciendo coordinadas de longitud y latitud en 18 unidades o áreas; así mismo se señala en los Arts. 2 y 3 del referido Acuerdo Ministerial, que por mandato legal "...no podrá ser objeto de disposición por parte del IERAC" y añade: "quedarán excluidas de la administración de dicho Instituto y pasarán directamente a conformar el Patrimonio Forestal del Estado". Pues bien, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario -INDA-. a partir de su creación mediante ley aprobada en el Congreso Nacional el 14 de junio de 1994, pasó a ocupar el lugar del IERAC, con todas sus atribuciones y deberes. Posteriormente, mediante Decreto Ejecutivo No. 346, publicado en el R. O. No. 73 de 9 de mayo de 2000, que contiene las reformas al Reglamento General de Aplicación de la Ley Forestal y Conservación de Arcas Naturales y Vida Silvestre, en el Art. 65 dispone: "previa delimitación del área hecha por el Ministerio del Ambiente, éste podrá adjudicar o concesionar tierras del Patrimonio Forestal del Estado a favor de empresas madereras nacionales. La adjudicación se efectuará mediante subasto pública y la concesión se otorgará de conformidad con la normativa que para el efecto dicte el Ministerio del Ambiente. Se exceptúan de esta clase de adjudicación las áreas del patrimonio forestal del Estado ocupadas ancestralmente por asentamientos poblacionales, cooperativas u otras organizaciones de agricultores directos legalmente constituidos", (Cursiva y subrayado son nuestros). Esta disposición reglamentaria, a decir del accionante contraviene el Art. 71 de la Ley Forestal, así como también el Art. 86 de la Constitución; normativa que no entra a analizar el Tribunal por no ser materia de esta demanda, sin embargo, bajo estos mismos presupuestos jurídicos se establece que la adjudicación en favor de Botrosa se ha realizado sin el cumplimiento de todos los requisitos legales preestablecidos, reglamentarios e institucionales, así lo confirma el punto número 4 de la opinión jurídica de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción, que de manera concreta señala que: "Previa a la adjudicación, no se cantó con el certificado del Director Forestal Nacional del INEFA N, que señale que el predio se encontraba fiera del patrimonio Forestal del Estado, requisito necesario para la titulación de tierras de conformidad con el Art. 1 literal g) de la Resolución Administrativa No. 05 del 1 de julio de 1997, en concordancia con el Art. 39 de la Ley de Desarrollo Agrario, por lo que la adjudicación es ilegal". Esta disposición en su inciso tercero, de manera puntual dispone que las adjudicaciones que realice el INDA "no es aplicable a los patrimonios forestal y de áreas naturales del Estado, ni a las tierras de patrimonio del INEFAN". Cabe además en relación al tema, precisar que el Art. 4 del Decreto Ejecutivo No. 505, publicado en el R. 0. 118 Del 28 de enero de 1999, dispone: "... en todas las normas en las que se hace referencia al Instituto Ecuatoriano Forestal y Areas Naturales y Vida Silvestre, se entenderá que se habla del Ministerio del Ambiente, en el que a partir de la presente fecha ejercitará las funciones y atribuciones que la Ley Forestal y Conservación de A reas Naturales y Vida Silvestre asignaba al Ministerio de Agricultura y Ganadería".

SEXTO.- La Ley Forestal y de Conservación de Arcas Naturales y Vida Silvestre, publicada en el R.O. No. 64 de 24 de agosto de 1981, en el Art. 1, determina son "Patrimonio Forestal del Estado, las tierras forestales y los bosques naturales, las que no podrán ser objeto dé disposición"; el Art. 37 dispone: "El Ministerio de Agricultura y Ganadería podrá adjudicar áreas del Patrimonio Forestal del Estado a favor de cooperativas u otras organizaciones de agricultores directos con la condición de que los adjudicatarios no podrán enajenar las tierras recibidas" y el Art. 71, dispone: "El patrimonio de áreas naturales del Estado deberá conservarse inalterado. A este efecto se formularán planes de ordenamiento de cada una de dichas áreas". En armonía con esta disposición la venta y perpetua enajenación que en el año de 1998, efectúan ciertos socios de la Precooperativa Pambilar, a favor de Botrosa, contraría el Art. 37 de la Ley Forestal en vigencia, por tanto, su origen es ilegal.

SEPTIMO.- En la adjudicación de 3.400 hectáreas del predio Pambilar, ubicado en la parroquia Malimpia, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas que efectuara el INDA, con fecha 23 de junio de 1998, en favor de la Empresa Bosques Tropicales S.A. BOTROSA, una extensión de 2.830 hectáreas se encuentran dentro del Patrimonio Forestal del Estado, por lo que el funcionario Ing. Jorge Cevallos, en su calidad de Director Ejecutivo del INDA se arroga funciones y actúa con abuso de autoridad, razón por la cual se inició en su contra el proceso No. 2 17-00, y se dictó orden de prisión preventiva, haciéndose extensiva la misma en contra del Ing. Miguel Angel Durán, por así disponerlo la Ministra Fiscal General del Estado. De la adjudicación hecha a favor de BOTROSA, se llega a establecer efectivamente que las 2.830 hectáreas se encuentran dentro del Patrimonio Forestal del Estado, así lo reconoce el Jefe de la Oficina Técnica INEFAN -Quinindé- y adjunta dos cartas topográficas y un plano planimétrico del sector. Por su parte en el informe de la Comisión Interinstitucional, encargada de verificar si el predio Pambilar está ubicado dentro del Patrimonio Forestal del Estado, con fecha 16 de julio de 2000, llega a esa misma conclusión. El oficio No. 2758-MA-DNF-2000 de fecha 2 de agosto de 2000, suscrito por el Sr. Rodolfo Rendón, Ministro de Medio Ambiente hace conocer al Director Ejecutivo del INDA, que "las 2.830 ha. de ese predio efectivamente están ubicadas dentro del PFE no siendo procedente la adjudicación de ese predio por parte del INDA a ninguna persona sin conocimiento y aprobación del Ministerio del Ambiente...". (Fojas 215 del expediente). Criterio ministerial que obligó a que el INDA instaure el expediente administrativo signado con el No. 98.06.E.00212, y emita la providencia de resolución de la adjudicación con fecha 30 de noviembre de 2000, con miras a extinguir la Resolución de Adjudicación, con sustento en el numeral 9 del Art. 31 y Art. 44 de la Ley de Tierras Baldías y Colonización, autoridad que no obstante el pedido expreso de la Ministra del Ambiente, que mediante oficio No. 50225-DAJ-MA de 12 de julio de 2002, de manera puntual señala que la superficie de 2.830 hectáreas que el INDA adjudicó a la Compañía Botrosa se encuentran ubicadas dentro del Patrimonio Forestal del Estado, no ha resuelto nada al respecto, (desde el 30 de noviembre de 2000, en que inicia el trámite de resolución a la adjudicación) incurriendo en grave omisión.

OCTAVO.- El informe remitido por la Comisión de Control Cívico de la Corrupción en el numeral 7 señala: "De las investigaciones se establece que las empresas madereras Endesa-Botrosa no cumplen con la Ley de Manejo Forestal Sustentable, siendo la tala del bosque primario con maquinaria pesada indiscriminada, lo que demuestra la falta de control efectivo por parte de las autoridades ambientales", señalamiento que tiene sustento en el informe técnico que establece que ha desaparecido el 82.7% de la cobertura vegetal en la provincia de Esmeraldas, y en consecuencia apenas mantiene el 17.3% de bosques húmedos nativos tropicales, habiéndose entre-gado entre el año de 1997 y el 2000, a Botrosa y a Endesa, 18.201.98 hectáreas, asunto que a pedido de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción ha sido sometido a conocimiento de la Contraloría General del Estado.

NOVENO.- En relación con las denuncias realizadas por el accionante respecto de la quema de viviendas y destrucción de cultivos, enseres de hogar y herramientas pertenecientes a los campesinos de la Asociación Ecuador Libre, actos realizados por los guardias de la empresa maderera BOTROSA, ello conforme se aprecia del expediente, condujo a que interviniese el Ministro de Gobierno, y el Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, a efecto de detener este tipo de atropellos y que el Defensor del Pueblo disponga en su informe y resolución de 23 de abril de 2001, que deben establecerse las indemnizaciones a que hubiere lugar por los perjuicios causados a Floresmilo Villalta, Jaime Yánez, Jacinto Palma, Edilia Bravo y Galo Vera; por lo que la Sala estima que debe cumplirse con lo dispuesto por esta última autoridad.

DECIMO.- En el caso, el Director Ejecutivo del INDA, ha incurrido en omisión grave al no haber resuelto sobre la resolución de la adjudicación, dentro del expediente administrativo signado con el No. 98.06. E.002 12, conforme su obligación determinada en el numeral 9 del Art. 31 de la Ley de Desarrollo Agrario, así como se ha arrogado atribuciones que no le competían, violando el mandato contenido en el Art. 119 de la Carta Política. De manera concreta, el trámite de adjudicación a favor de BOTROSA S.A., es ilegal y ha causado grave daño al accionante, y a los miembros de la Asociación Ecuador Libre", y en lo fundamental al patrimonio forestal del Ecuador, contraria los Arts. 3 y 6 de la Ley de Gestión Ambiental; los Arts. 1, 2, 4, 37, 71 y 74 de la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre; el Art. 4 del Decreto Ejecutivo No. 505, publicado en el RO. 118 de 28 de enero de 1999, y de manera fundamental, es inconstitucional por violentar los preceptos constitucionales siguientes: El Art. 3 numeral 3, establece como uno de los deberes primordiales del Estado, defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente; el Art. 23, que dispone que el Ecuador garantiza a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de contaminación; el Art. 86, que preceptúa que el Estado protegerá y garantizará un desarrollo sustentable, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país; el establecimiento de un sistema nacional de áreas protegidas; el Art. 88, que señala que toda decisión estatal que pueda afectar el medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad; y el Art. 248 que estipula: "El Estado tiene derecho soberano sobre la diversidad biológica, reservas naturales, áreas protegidas y parques nacionales...". Por las consideraciones que anteceden, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, en ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

1.- Revocar la resolución del Juez de instancia; en consecuencia, se concede el amparo constitucional solicitado por Floresmilo Villalta, miembro de la Asociación del Ecuador Libre"; y,

2.- Devolver el expediente al Juez a-quo para los fines previstos en el Art. 55 de la Ley del Control Constitucional.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Guillermo Castro Dáger, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Guillermo Durán Dávila Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el día veintidós de octubre de dos mil dos.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 496-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Carlos Helou Cevallos

CASO No. 496-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM. 19 de febrero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por los señores Angel Alfredo Sarango Sarango y José Germán Sarango en contra del Alcalde de Valencia, en la cual manifiestan: Que son propietarios de los lotes de terreno San Agustín y Santa Teresa ubicados en el sector 28, zona 23, cantón Valencia, provincia de Los Ríos, parroquia La Esperanza, por medio de los cuales atraviesa una pequeña guardarraya, camino por el cuál han consentido el paso de vecinos y sus productos. Que el Alcalde arbitrariamente mediante oficio No. 203-IMCV-A de 20 de junio de 2002, y que dice fundamentarse en la Ley de Caminos, decidió trazar y abrir un nuevo camino en línea recta modificando la actual guardarraya, tomando tierras adicionales de su propiedad con el fin de habilitar el paso a la propiedad del señor Víctor Ahong, terrateniente del lugar. Que el Alcalde no adjunta ninguna resolución ni fallo del Juez de Caminos, no existe declaración de utilidad pública ni orden de ocupación inmediata debidamente notificada y expedida por autoridad competente o por el Concejo Municipal de Valencia. Que adicionalmente se les ha prohibido la siembra en sus terrenos, situación que afecta su modesta economía y viola el Art. 33 de la Constitución Política de la República causándoles así daño inminente, grave e irreparable. Que se les ha amenazado por parte de la Subintendencia de Policía con un presunto desalojo de sus propiedades. Por lo expuesto, amparados en los Arts. 31, 95 y demás disposiciones de la Carta Magna y en los Arts. 46. y siguientes de la Ley del Control Constitucional interponen acción de amparo constitucional y solicitan se suspenda la orden de construcción de la carretera dentro de sus terrenos.- El 17 de julio de 2002, a las 15h00, en el Juzgado Tercero de lo Civil de Los Ríos se realizó la audiencia pública a la que comparecieron los actores quienes acusaron la rebeldía del Alcalde del cantón de Valencia por no haber comparecido a la diligencia y no haber dado contestación a la demanda.- El 19 de julio de 2002, a las 08h50, el Juez Tercero de lo Civil de Los Ríos resolvió declarar sin lugar el recurso.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República.

No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- De acuerdo al Art. 95 de la Carta Política para que proceda la acción de amparo constitucional es necesario que concurran los siguiente elementos: a) la existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) que ese acto u omisión viole cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; y, c) que de modo inminente amenace con causar daño grave.

CUARTO.- Para resolver el amparo solicitado el Tribunal Constitucional apreciará y valorará las pruebas que fueren decisivas. En el caso, el oficio No. 203 IMCV-A de 20 de junio de 2002, documento base de esta acción constitucional se anexa al expediente como copia simple (fs. 17). Al efecto, para que el acto administrativo impugnado constituya prueba legalmente actuada el actor debió acogerse a las normas contenidas en la Sección 7, De las Pruebas, Art. 117 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; al Art. 121 de este mismo código que dice: "Sólo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la Ley, hace fe en juicio."; así como al Art. 125, inciso tercero que dispone: "Se considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente certificadas que se hicieren por cualquier sistema.". Al amparo de lo prescrito por la ley, el oficio, motivo de esta causa, siendo copia simple no hace prueba plena en el proceso. Por lo expuesto, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia se niega el amparo solicitado por los señores Angel Alfredo Sarango Sarango y José Germán Sarango; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Venegas Armendáriz Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el diecinueve de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria de Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 499-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Ricardo Vanegas Armendáriz

CASO No. 499-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM., 28 de enero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Carmita Esmeraldas Bahamonde Saltos, Presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Productores de Madera AEPROM, en contra del Gerente General de la CAE, Gerente Distrital de la CAE y Procurador General del Estado, en la cual manifiesta: Que el Gerente del 1 Distrito de la CAE, por intermedio de su delegado, ha violado la garantía de seguridad jurídica establecida y garantizada en el Art. 23, numeral 26 de la Constitución Política de la República al dictar la providencia No. 674 CAE-GID-REG-2002 de 23 de abril de 2002, la que dice en relación a la petición que presenta el Sr. CARLOS JARRIN PLUAS AGENTE DE ADUANA, de la empresa ARAUCO ECUADOR SA., SEGUN HOJA DE TRAMITE No. 96096, DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL ART. 59 DE LA Ley Orgánica de Aduanas, en concordancia con lo establecido en el Art. 85 de su Reglamento, SE AUTORIZA LA IMPORTACION TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO de la mercadería consistente en: 10.000 UNIDADES DE PALLETS DE PINO RADIATA TIPO "M" DESARMADOS, siempre y cuando ingresen al país vía marítima, previa la presentación de la Garantía por el 120% de los Tributos exigidos, previniéndole que antes del vencimiento del plazo concedido deberá solicitar la Prórroga de Permanencia, o Reexportar. Una vez que se presente el DUI declarado al régimen de Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo, el Dpto. de Aforo Físico y Valoración deberá realizarla el Aforo Físico Obligatorio de la mercadería en referencia. El importador deberá presentar el correspondiente informe de labores de Reexportación realizadas emitido por una de las Compañías Auditoras calificadas por la Superintendencia de Bancos y aceptada por el Ministerio de Finanzas y Crédito Público de conformidad con lo señalado en el Art. 3 del Acuerdo 028 expedido el 15 de abril de 1996. Las mercaderías en referencia, podrán permanecer en el país por el lapso de 90 días. Que el acto administrativo transcrito es ilegítimo y que ha causado y pueda causar daño inminente, a más de grave e irreparable. Que la orden emanada por el Gerente del 1 Distrito de la CAE ha dictado una orden violatoria a los Arts. 23, numerales 6 y 26; 48 de la Ley Forestal y 148 de su reglamento en concordancia con el Art. 107, párrafo 28. Por lo expuesto, fundamentada en los Arts. 95 de la Constitución Política de la República y 46 de la Ley del Control Constitucional interpone acción de amparo constitucional y solícita se revoque el permiso de importación temporal o internación temporal que se está otorgando continuamente en cada importación y que se abstenga de otorgar en el futuro nuevos permisos de importación temporal o definitiva de madera a esta empresa u otras empresas o personas naturales, por estar prohibida por la Ley y el, Reglamento Forestal.- El 24 de junio de 2002, a las 10h50, se realizó la audiencia en el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, a la que compareció el abogado defensor de la actora, quien presentó su exposición por escrito ratificándose en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.- El abogado defensor del Gerente General de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, ofreciendo poder o ratificación, manifestó que impugna en su totalidad el recurso planteado. Que la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento en los Arts. 59 y 85, respectivamente, facultan expresamente a la autoridad aduanera a conceder o autorizar los regímenes especiales que en ella se establecen y que en base a esas disposiciones se concedió la autorización a la Compañía ARAUCO Ecuador SA. Que la afirmación de la recurrente, de que se trata de productos de prohibida importación no es real, y para desvirtuar lo expresado acompaña copia del arancel nacional de aduanas en el que no aparecen restricciones ni autorizaciones previas para importar maderas en tablas, tiras o perfiles. Que el acto aduanero aludido por la actora no es ilegítimo ni está prohibido. Que en la demanda no se han expuesto los fundamentos de derecho con claridad y precisión como lo dispone la ley, por lo que solícita se la declare improcedente.- El abogado defensor del Gerente General del Distrito No. 1 de la CAE, ofreciendo poder o ratificación, rechazó la demanda de amparo constitucional por carecer de fundamentos legales. Que el Art. 144, literal k) de la Ley Orgánica de Aduanas faculta al Gerente del Primer Distrito autorizar los regímenes aduaneros especiales dentro de los cuales se encuentra la importación temporal para perfeccionamiento activo previsto en el Art. 59 de la Ley Orgánica de Aduanas. Que en el presente caso se cumplido con todas las formalidades aduaneras que exige el citado artículo de la Ley Orgánica de Aduanas y los Arts. 84, 85, 86 y 87 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas. Que en el ámbito aduanero las importaciones se rigen por el arancel ecuatoriano elaborado por el COMEXSI y en lo que se refiere a la mercancía importada, mencionada en el libelo, no existe restricción ni permiso que se tenga que solicitar para introducir al país. Que existe la Resolución No. 020 dictada por el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones que especifica las mercancías que se consideran de prohibida importación, entre las cuales no consta que la madera sea de prohibida importación. Por lo expuesto solicita se declare sin lugar la demanda presentada por la actora.- El abogado cinco de la Delegación Distrital del Guayas de la Procuraduría General del Estado, ofreciendo poder o ratificación del Procurador General del Estado, manifestó que tiene la seguridad de que los magistrados de la Sala dictarán una resolución apegada a la Constitución y leyes correspondientes.- El 2 de julio de 2002, a las 10h10, el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, resolvió desechar el recurso interpuesto por AEPROM, Asociación Ecuatoriana de Productos de Madera.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez;

Que la acción de amparo prevista en el Art. 95 de la Constitución protege a las personas de la violación de un derecho subjetivo reconocido por la propia Carta Política o en un instrumento internacional vigente siempre que la violación del derecho se ocasione por un acto u omisión ilegítimo de una autoridad pública y que pueda causar de modo inminente un daño grave e irreparable;

Que la actora impugna la Providencia No. 674 CAE-GIDREG-2002 dictada por la Gerencia del Distrito de Aduana, Unidad de Regímenes Especiales y Garantías, el 23 de abril de 2002, que autoriza a la Empresa ARAUCO ECUADOR SA. la importación temporal para perfeccionamiento activo de 10.000 unidades de palletes de pino radiata tipo "M" desarmados, calificándolo de ilegítimo y arbitrario;

Que del expediente consta el informe de 14 de mayo de 2002, remitido por el Responsable de la Oficina del SESA en Puerto Marítimo Guayaquil al Jefe Provincial del SESA Guayas del cual se establece que la importación temporal de madera solicitada por la Empresa ARAUCO ECUADOR S.A. no cuenta con ningún permiso fitosanitario de importación extendido por el SESA y tampoco cuenta con el permiso de movilización otorgado por el INEFAN ya que los palletes de madera de pino salen del puerto a una bodega en el área de la ciudadela de Puerto Azul y otra parte es trasladada a una bodega de Machala, Puerto Bolívar de la provincia de El Oro;.

Que el informe de laboratorio de fitopatología del SESA indica lo siguiente: 1. Sintomatología: Tablas de pino de más de 100 cm. de largo por 10 cm. de ancho, presenta crecimientos de masas polvorientas superficiales de color negro. 2. Agente Causal: Aspergillus sp. 3. Desarrollo en medio cultivo: Directo: Macro-Microscópico. En sus recomendaciones identifica e indica que este material se encuentra infectado con arácnidos (ácaros) en un nivel muy elevado;

Que el Art. 48 de la Ley Forestal y de Conservación de Arcas Naturales y Vida Silvestre y el Art. 148 de su reglamento disponen que el Ministerio de Agricultura y Ganadería autorizará la importación de productos forestales únicamente cuando aquellos no existan en el país o se encuentre vedado su aprovechamiento. Al efecto, autorizará la importación mediante acuerdo y previo el estudio respectivo;

Que de la investigación realizada por el responsable de la Oficina del SESA en Puerto Marítimo Guayaquil se evidencia que la importación de la madera no se encuentra autorizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y menos aún existe estudio alguno previo para dicha importación conforme establecen las disposiciones legales y reglamentarias mencionadas en los considerandos precedentes;

Que el Director Ejecutivo del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria SESA en Memorando No. 00257 de 21 de mayo de 2002, remitido al Subsecretario de Política, Comercio e Información Sectorial, en base al informe de investigación del responsable de la Oficina de Puerto Marítimo Guayas, en lo principal puntualiza: que se realizó la importación de los palletes de pino procedente de Chile sin autorización previa del MAG y sin el permiso fitosanitario de importación concedido por el SESA; que se ha infringido la Ley de Sanidad Vegetal y la Resolución No. 240 sobre el Reglamento Andino relativo a los Permisos Fitosanitarios de Importación; que se debía solicitar autorización al Ministerio de Ambiente para la importación de los palletes y que en los documentos del informe investigativo no se observa ningún pronunciamiento de esta Cartera de Estado; que de acuerdo a las disposiciones y reglamentación del SESA para las importaciones de productos agrícolas bajo cualquier modalidad o régimen se debe solicitar autorización a ese organismo por tratarse de un producto de alto riesgo sanitario, como es la madera en este caso, que es hospedero de insectos; que el procedimiento de importación realizado no cumple con las disposiciones de la Ley de Sanidad Vegetal y su reglamento; que los palletes antes de que sean utilizados por las empresas exportadoras de banano deben ser tratados con productos químicos a fin de controlar la infestación de los insectos detectados; y, que revisadas las directrices para reglamentar los materiales utilizados para embalajes de madera destinadas al transporte de productos básicos, aprobado por la FAO, recomienda que la madera debe ser tratada a fin de evitar la entrada y diseminación de plagas exóticas;

Que uno de los principios fundamentales de la Constitución Política de la República, Título 1, Art. 3 es el de "Defender el patrimonio natural y cultural del país y proteger el medio ambiente;". De igual manera el Art. 16 del Capítulo 1 "Principios Generales" prescribe que "El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos humanos que garantiza esta Constitución". Estos preceptos se encuentran en armonía con los Arts. 23, numerales 6 y 20; 42; 86; 88; 89, numeral 3 y con el Art. 91 de la Carta Política;

Que de los resultados de laboratorio se concluye que los palletes embodegados en puerto marítimo Guayaquil y Puerto Bolívar se encuentran en mal estado fitosanitario en un porcentaje elevado, detectándose la presencia de ácaros y Aspergillus, lo cual constituye un riesgo fitosanitario de diseminación de plagas que a la postre degeneraría en contaminación ambiental con graves consecuencias para el ser humano y los animales toda vez que se trata de un arácnido que a la vez es parásito de otros animales o plantas, productor de la sarna, arador de la sarna en el hombre y en los animales y se presenta como hongo en la vegetación;

Que en el caso, el acto administrativo impugnado es ilegítimo por cuanto fue dictado violentando principios y garantías constitucionales así como el procedimiento normado por la Ley Forestal y de Conservación de Areas Naturales y Vida Silvestre y su reglamento, la Ley de Sanidad Vegetal y su reglamento, la Resolución No. 240 sobre el Reglamento Andino relativo a los Permisos Fitosanitarios de Importación y disposiciones y reglamentos del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, y.

Por lo expuesto, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Revocar la resolución subida en grado, en consecuencia se concede el amparo solicitado por la señora Carmita Esmeralda Bahamonde Saltos, Presidenta de la Asociación Ecuatoriana de Productores de Madera AEPROM, y se deja sin efecto la Providencia No. 674 CAE-GID-REG-2002 de 23 de abril de 2002; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia para los fines previstos en el Art. 55 de la Ley del Control Constitucional.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda. Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Venegas Armendáriz, Vocal. Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el veintiocho de enero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria de Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 576-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Ricardo Vanegas Armendáriz

CASO No. 576-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM., 10 de marzo de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional, en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Mariana Espín Palacios, en contra de los señores Director del Parque Nacional de Galápagos y Procurador General del Estado, en la cual manifiesta: Que con fecha 22 de abril de 2002 mediante comunicación dirigida al señor Director del Parque Nacional de Galápagos solicitó autorización para efectuar labores de pesca deportiva, con turistas en las aguas de la reserva marina. La modalidad de pesca cuya autorización solicité es la denominada match and release para los picudos los cuales no serian sacrificados sino devueltos al mar, salvo el caso de que se sospeche un record mundial. Indicaba en su solicitud que se proponía a trabajar realizando faenas de pesca como la captura de wahoos, dorados o atunes en todos los lugares de la reserva marina que no sean sitios de buceo o prohibidos de antemano. Que le indicó al Director del Parque Nacional de Galápagos que la embarcación que va a utilizar es la denominada L/D "STRIPER" con matrícula TN-OI-I23. Su petición la fundamentó en su calidad de colono de las Islas Galápagos dedicada a la pesca artesanal y en base a la ley contenida en el Plan de Manejo, publicada en el Registro Oficial No. 173 de 20 de abril de 1999, la misma que se encuentra en actual vigencia. El Parque Nacional de Galápagos ante su petición le responde mediante oficio No. II 8-02-DPNG/RMG de 10 de abril de 2002. fecha equivocada, puesto que es imposible que se conteste una petición con fecha anterior a la que se solicitó la autorización, haciendo además imposible aplicar las normas fundamentales del silencio administrativo que rigen para la administración pública. El oficio además contiene una serie de hechos alejados a la verdad y no contesta su petición de autorización de pesca deportiva y al contrario se la niega cuando se indica "vale recordarle que el Reglamento Especial de Turismo en A reas Naturales Protegidas (RETANP) instrumento legal encargado de normar esta actividad hasta la presente fecha no ha sido expedido por el ejecutivo por tal razón no es posible atender favorablemente vuestra solicitud ya que si bien es cierto que esta modalidad consto en el Plan de Manejo en el Parque Nacional de Galápagos no se encuentra normada su operación".- Que esta respuesta suscrita por el Jefe de la Unidad de Recursos Marinos, atenta claramente en contra de su derecho constitucional al trabajo consagrado en los numerales 3 y 17 del artículo 23 y artículos 7, 16, 17, 18, 23 y 26 de la Constitución Política del Ec4iador. Con estos antecedentes, presenta acción de amparo constitucional de conformidad con los artículos 95 de la Carta Magna y 46 de la Ley del Control Constitucional, con el fin de que se suspenda los efectos del oficio impugnado, por constituir un acto ilegitimo de autoridad pública que viola sus derechos consagrados en la Constitución de la República.- El 9 de julio de 2002, ante el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil se celebró la audiencia pública, a la que comparecieron. La recurrente, acompañada de su abogado defensor, quien se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la acción planteada y los accionados, representados por su abogado defensor quien manifestó: Que el Director del Parque Nacional de Galápagos no ha hecho más que cumplir lo que la ley ordena, se trata de un acto legitimo porque ha sido otorgado por autoridad competente y fundamentado en el artículo 15 de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos; artículos 238 y 239 de la Constitución Política. En consecuencia, solícita se rechace la acción interpuesta.- El 22 de julio de 2002, el Tribunal Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil, resolvió conceder la acción de amparo propuesta por la señora Marina Espín Palacios, en contra del Director del Parque Nacional de Galápagos.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 95 de la misma Carta Política.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art. 95 de la Carta Política dispone que "Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública". En consecuencia, para que proceda el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente; y, c) Que cause o amenace causar un daño grave, y de modo inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar es si el acto administrativo impugnado está dentro de los parámetros o conceptos anotados, y sobre todo si se trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.

CUARTO.- En el caso, el acto de autoridad impugnado es el contenido en el oficio No. 11~8-02 -DPNG/RMG de 10 de abril de 2002, remitido a la accionante por el Jefe de Unidad de Recursos Marinos del Parque Nacional Galápagos, que señala que la embarcación "Striper" no está autorizada para realizar actividad económica alguna y que la misma ha sido objeto de reiteradas denuncias por estar realizando actividades de pesca deportiva sin tener ningún tipo de autorización, y recuerda que el Reglamento Especial de Turismo en Arcas Naturales Protegidas (RETANP), instrumento legal encargado de normar esta actividad, hasta la presente fecha no ha sido expedido por el Ejecutivo razones por las que no puede atenderse la solicitud de la accionante. Visualizado así el asunto y analizados los argumentos de las partes, los instrumentos que constan del expediente y la normativa legal vigente referida al caso, se toma evidente que la actuación del Director del Parque Nacional Galápagos tiene sustento legal y constitucional.

QUINTO.- Según el principio de supremacía, o de la fuerza normativa de la Constitución, equivale a decir que los preceptos constitucionales tienen superioridad frente al resto, están en la cúspide de la jerarquía del ordenamiento jurídico; determina que aquellas normas opuestas a la Constitución son inválidas; que si una ley admite dos interpretaciones o más debe escogerse aquella que sea conforme con la Constitución y/o con los instrumentos internacionales referentes a los derechos fundamentales de las personas, principio que de manera irrefutable está consignado en el Art. 272 de la Constitución Política. Pues bien, el Art. 86 de la Carta Política señala: "El Estado protegerá el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice un desarrollo sustentable. Velará para que este derecho no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza", añade este precepto que se declara de 4nterés público y se regulará conforme a la ley la preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país. De manera puntual la Constitución al referirse a los Regímenes Especiales estipula que la provincia de Galápagos goza de esta condición, la que ha sido regulada en la "Ley de Régimen Especial para la Conservación y el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos", que es ley orgánica. Por su parte, y guardando armonía con esta normativa el "Plan de Manejo de Conservación y Uso Sustentable para la Reserva Marina de Galápagos" en el numeral 8.2.1.2 que se refiere a las actividades turísticas acuáticas prohibidas en la Reserva Marítima de Galápagos, contempla en el literal "d) Pesca submarina o pesca desde embarcaciones turísticas".

SEXTO.- Si bien el Proyecto de Reglamento Especial de Turismo en Arcas Naturales Protegidas, RETANP contempla en el Capítulo VI, a la Pesca Deportiva, en el Art. 34 numeral 5 señala: "La pesca deportiva será regulada mediante un reglamento específico... ", ocurre que este reglamento no ha sido expedido por el Presidente de la República conforme es de su atribución constitucional, por tanto, no ha entrado a formar parte del ordenamiento jurídico del país, y mal puede exigirse su aplicación a efecto de dar atención a los requerimientos de la accionante. La zona de mar de Galápagos constituye un bien nacional uso público, precisamente por ello, y porque además constituye patrimonio de la humanidad, debemos todos y todas precautelarlo y protegerlo celosamente; estando obligados a ponderar el derecho de toda la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice un desarrollo sustentable, frente a las pretensiones de la accionante de que se garantice su libertad de trabajo y empresa para ejercer la actividad de pesca deportiva, y de usar y disponer libremente de sus bienes adquiridos. Por las consideraciones que anteceden, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Revocar la resolución del Tribunal de instancia; en consecuencia, se niega el amparo constitucional propuesto por la señora Mariana Espín Palacios; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia. Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Venegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el diez de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 579-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Carlos Helou Cevallos

CASO No. 579-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM., 10 de marzo de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional, en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por el señor Luis Alonso Cruz Díaz, en contra de los señores Alcalde; Procurador Síndico del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; y, del Comisario Metropolitano de Construcciones Zonal del Valle de los Chillos, en la cual manifiesta: Que el Comisario Metropolitano del Distrito de Quito, Administración Zonal del Valle de los Chillos, el 26 de noviembre de 2001, emite la Resolución No. 960-CZVCH, por la cual ordena al señor Francisco Javier Sandoval Pachacama que en el plazo de 60 días presente los planos aprobados y el permiso de construcción, caso contrario se procederá a realizar el derrocamiento de la misma y se dispone la multa de US$ 32 que deberá ser cancelada en el plazo de tres días, caso contrario se enviará a la vía coactiva. Que la resolución fue apelada ante el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, la que el 29 de mayo de 2002, emitió la Resolución No. 130-2002, ratificando la resolución emitida por el inferior. Que conjuntamente con su esposa arrendaron la vivienda de propiedad del señor Fernando Patricio Cevallos por cuatro años, quien se encuentra tramitando un juicio de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, por estar posesionado del bien inmueble por más de dieciocho años, lo que le impide presentar el título de propiedad y aprobar el plano de construcción. Que las resoluciones referidas anteriormente se las ha realizado en contra de un tercero que no tiene nada que ver en este trámite y ante la inminente orden de derrocamiento de las viviendas en las que habitan cuatro familias, lo cual viola el Art. 23, numerales 6, 12 y 20 de la Constitución Política de la República y les puede causar un daño inminente, a más de grave e irreparable, interpone acción de amparo constitucional fundamentado en el Art. 46 de la Ley del Control Constitucional y solícita se adopten las medidas urgentes destinadas a cesar la lesión y/o evitar el peligro de los bienes protegidos y cese el cumplimiento de la medida adoptada por la autoridad referida.- El 6 de septiembre de 2002, a las 08h09, se realizó la audiencia en el Juzgado Primero de lo Civil de Pichincha, a la que compareció el abogado defensor del recurrente, ofreciendo poder o ratificación, quien acusó la rebeldía en que han incurrido los señores Alcalde, Procurador y Comisario de Construcciones de la Zona del Valle y se afirmó y ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- El Juez declaró la rebeldía de los personeros del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito.- El 10 de septiembre de 2002, a las 08h10, el Juez Primero de lo Civil de Pichincha, resolvió negar el recurso interpuesto.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 95 de la Carta Política.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- De acuerdo al Art. 95 de la Carta Política, para que proceda la acción de amparo constitucional, es necesario que concurran los siguiente elementos: a) La existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) Que ese acto u omisión viole derechos subjetivos consagrados en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; y, e) Que de modo inminente amenace con causar daño grave. Por tanto es necesario verificar si la presente acción cumple con las características anotadas.

CUARTO.- De la documentación anexada al expediente se constata que la resolución impugnada, 130-2002, dictada por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito se sustenta en las normas constantes en los respectivos cuerpos legales como la Ley de Régimen Municipal en los artículos 167 y 490; el Código Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito y, sobre todo, el numeral 1 del Art. 2 de la Ley Orgánica de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito que determina la facultad del Municipio para regular el uso, la ocupación del suelo y su control. Esta breve enumeración de disposiciones legales nos da la base suficiente para determinar que en el caso materia de análisis no existe el primer presupuesto para que se configure la acción de amparo constitucional, esto es, la ilegitimidad, pues la autoridad pública de la que emané el acto que hoy se impugna circunscribe su accionar en el morco de su competencia y con apego a la ley. Al no existir acto ilegítimo, resulta inoficioso entrar al examen de los otros componentes de la garantía constitucional del amparo.

QUINTO.- El recurrente, arrendatario del inmueble sobre el que pesa la amenaza de derrocamiento por falta del permiso de construcción, de modo gratuito asume para si los efectos gravosos que puedan afectar a la persona directamente involucrada, y que en esté caso debe ser el propietario; pero esto último se transforma en un asunto que debe dilucidarse en la justicia ordinaria luego de que se establezca la verdadera titularidad del predio, pues .el arrendador no posee documento alguno que lo acredite como dueño. Por tanto, la legitimación activa en esta causa tiene sombra de duda.- Por lo expuesto, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado y, en consecuencia, se niega el amparo constitucional interpuesto por Luis Alfonso Cruz Díaz; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el diez días de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 584-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Carlos Helou Cevallos

CASO No. 584-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM., 10 de marzo de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Alba Teresa Sánchez Vera en contra de los señores Procurador General del Estado y Ministro de Gobierno y Policía, en la cual manifiesta: Que el 24 de agosto de 1995, su hijo que respondía a los nombres de Ider Fabián Palacios Sánchez, de 16 años de edad, en unión de Gregorio Mendoza Vélez y de varios ciudadanos y dirigentes invadieron terrenos de propiedad del señor Galo Garibaldi García García con el propósito de poder comprar a menor precio un solar para
construir una vivienda. Que el Gobernador (E), el Intendente General de Policía, el Jefe del Comando Provincial de la Policía de Manabí y el representante del dueño del bien invadido, colindante con la ciudadela San Alejo de la ciudad de Portoviejo, acordaron que las tierras del señor García iban a ser vendidas a un precio justo. Que el 1 de septiembre de 1995, las autoridades mencionadas dirigiendo un impresionante despliegue policial sin respetar el convenio realizado en la sala de sesiones de la Gobernación de Manabí, ordenaron demoler las covachas en que dormían los invasores, atropellando a las personas, resultando muerto su hijo al ser aplastado por un carro policial antimotines y quedando paralítico el señor Gregorio Mendoza Vélez. Que presentó acusación particular en el Juzgado Primero Provincial de Tránsito de Manabí, juicio penal de tránsito No. 80-95 acumulándose los autos al juicio No. 31-95, causa instaurada por el mismo delito y que por fuero de corte de algunos de los implicados estaba en conocimiento de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo. Que en sentencia confirmada por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia, la que se encuentra ejecutoriada, se condenó a un año de prisión al Policía Angel Flores López declarándolo culpable del delito de homicidio inintencional tipificado en el Art. 459 y sancionado en el Art. 460 del Código Penal y con lugar las acusaciones particulares con costas e indemnización por daños y perjuicios, sin que hasta la presente fecha se haga efectiva ninguna indemnización. Que el acto policial constituyó un acto dañoso grave e irreparable que violé el Art. 23, numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la República en concordancia con los Arts. 1 y 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a cuyas normas el país subordino su ordenamiento jurídico interno obligándose a respetarlos y hacerlos respetar según los Arts. 16 y 17 de la Carta Magna. Que el Estado ecuatoriano al asumir responsabilidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la violación de los derechos humanos de los hermanos Restrepo Arismendy; Byron Roberto Cañaveral; Carlos Juela Molina; y, Lidia Angela Riera Rodríguez ha sentado un antecedente jurisprudencial y obligatorio. Que por los fundamentos expuestos interpone acción de amparo constitucional según el Art. 1.8 de la Constitución Política de la República y los Arts. 1, 46, 47 y siguientes de la Ley del Control Constitucional y solicito que por el crimen de Ider Fabián Palacios Sánchez cometido por los miembros de la Policía Nacional el Estado ecuatoriano, responsable de violar sus derechos fundamentales, arbitre las medidas pertinentes para sancionar a los responsables del delito de Estado denunciado; que en atención a lo prescrito en el Art. 20 de la Carta Magna la Policía Nacional sea obligada a resarcir el daño emergente, lucro cesante y .daño moral causado pagándole una justa indemnización para lo cual se deberá tomar como caso análogo el pago efectuado por el Estado ecuatoriano al padre de los menores Restrepo; y, ordene el pago de las costas judiciales y honorarios profesionales de sus defensores.- El 17 de julio de 2002, a las 10h40, se realizó la audiencia pública en el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Portoviejo a la que compareció la parte actora representada por su abogada defensora quien se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.- El Delegado Distrital para Manabí de la Procuraduría General del Estado manifestó que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, una vez sustanciada la causa penal y con la acumulación de autos de otro que se planteó en el Juzgado de Tránsito de Portoviejo, se estableció la culpabilidad de un ciudadano, él que recibió la sanción correspondiente y con lugar a las acusaciones particulares con indemnización de daños y perjuicios. Que el amparo planteado se lo debe declarar inadmisible en base a lo preceptuado por el Art. 95 de la Constitución, toda vez que existen resoluciones judiciales sobre el tema. Que la accionante expone casos en que el Estado ecuatoriano reconoció voluntariamente el satisfacer económicamente a los reclamantes, pero para que esto proceda los supuestos agraviados deben presentar oficialmente su denuncio al Comité Interamericano de Derechos Humanos en Washington y que en el presente caso no existe constancia de tal hecho. Que no existe acto ilegal de autoridad pública que viole cualquier convenio o tratado internacional o que el acto amenace con causar daño grave.- El 1 de agosto de 2002, a las 17h30, el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Portoviejo resolvió inadmitir la acción de amparo constitucional planteada.-Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República.

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

Que de acuerdo con el Art. 95 de la Carta Política para que proceda la acción de amparo constitucional es necesario que concurran los siguientes elementos: a) la existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad publica; b) que ese acto u omisión viole cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; y, c) que de modo inminente amenace con causar daño grave.

Que de la demanda presentada por la señora Alba Teresa Sánchez Vera y de la abundante documentación agregada a los autos se evidencia que el amparo requerido se sustenta en una causa penal que fue conocida y sentenciada por Juez competente y que se encuentra ejecutoriada por el ministerio de la ley.

Que el amparo no reúne los elementos del Art. 95 de la Constitución Política de la República referidos en el tercer considerando de este texto resolutivo que determinan su procedencia.

Por las consideraciones anotadas y al tenor del Art. 50, numeral 2 del Reglamento de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia no admitir por improcedente el amparo solicitado por la señora Alba Teresa Sánchez Vera; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia. Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el diez de marzo de dos mil tres.- Lo Certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 586-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Luis Mantilla Anda

CASO No. 586-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM., 19 de febrero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional, en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Judith Ramona Quiroga Zambrano, en contra de los señores Directora Provincial de Educación, Asesor Jurídico y Jefe de la División Financiera de la Dirección de Educación de Manabí, en la cual manifiesta: Que mediante oficio No. 088-AJ-SCDP de 18 de marzo de 2002, suscrito por la Directora Provincial y Asesor Jurídico de la Dirección de Educación de Manabí, comunican al señor Pablo Palma Sosa, que la Comisión de Defensa Profesional en sesión de 14 de marzo de 2002, ha procedido a disponer la retención de sus sueldos que percibe en calidad de empleada de la Dirección de Educación de Manabí.- Que esta medida es totalmente ilegal, por cuanto el sueldo de una persona es inembargable y cualquier retención a esa remuneración, debe ser tomada al final de algún proceso y en resolución de última instancia y no como se ha hecho en este caso sin que exista algún trámite administrativo o judicial que se haya llevado observando las normas del debido proceso.- Que dicha orden de retención de sueldos es ilegal y violatoria al derecho constitucional, establecidos en el numeral 2 del artículo 3, 17; 23 numerales 17, 20 y 27; artículo 24 numerales 1, 7, 10, 12, 13 y 14 de la Constitución Política de la República del Ecuador, que dicha resolución le está causando un daño inminente a más de grave e irreparable, ya que ha transcurrido más de tres meses que no le han cancelado el sueldo.- Que con tales antecedentes y con fundamento en lo preceptuado en el artículo 46 de la Ley del Control Constitucional, plantea acción de amparo a efecto de que se deje sin efecto el oficio mentado y se adopten las medidas urgentes destinadas a cesar la lesión o evitar las consecuencias más graves a la integridad de la recurrente.- El 16 de julio de 2002, ante el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Portoviejo se celebró la Audiencia Pública a la que compareció la accionante acompañada de su abogado defensor, quien se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda; que la Comisión de Defensa Profesional en una simple sesión y sin que haya existido juicio previo o trámite administrativo alguno dispone una sanción tan grave y extrema como es la retención de los sueldos sin considerar que las remuneraciones de un trabajador son inembargables.- Los demandados a través de su abogado defensor señaló: Que la acción de amparo propuesta por la recurrente carece del presupuesto jurídico constante en el artículo 57 de la Ley del Control Constitucional; que la accionante no se encuentra trabajando. en la Dirección de Educación de Manabí, por lo que está en abandono del cargo, por esta razón, la mencionada Dirección en forma legítima y al amparo de lo dispuesto en los artículos 59 del Reglamento General a la Ley de Educación y 111 del Reglamento General a la Carrera Docente ordenó la retención de los sueldos; que la accionante ha cometido actos de corrupción por lo que la Dirección de Educación a iniciado un sumario administrativo a fin de establecer responsabilidades, reitero que la Dirección de Educación no ha retenido los sueldos de la recurrente sino que ha establecido una medida cautelar frente al reiterado abandono de su cargo.- El 5 de agosto de 2002, el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo de Portoviejo, resolvió conceder el amparo, declarando ilegítima la retención de sueldos de la recurrente, ordenada en el oficio No. 088-AJ-SCDP de 18 de marzo de 2002 suscrito por la Directora Provincial y el Asesor Jurídico de la Dirección de Educación de Manabí y consecuentemente, disponer la inmediata cancelación de las remuneraciones que le corresponde a la señora Judith Quiroga Zambrano.-Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política del Estado, en concordancia con el artículo 95 de la misma Carta Política.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art. 95 de la Carta Política dispone que "Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaría, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública". En consecuencia, para que proceda el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente; y, c) Que cause o amenace causar un daño grave, y de modo inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar es si el acto administrativo impugnado está dentro de los parámetros o conceptos anotados, y sobre todo si se trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.

CUARTO.- La parte medular de esta acción radico en las acusaciones hechas a la actora de abandono injustificado del cargo y actos de corrupción realizados en ejercicio de sus funciones. De estas circunstancias deviene la decisión adoptada por la Directora Provincial de Educación de Manabí y el Asesor Jurídico de la Comisión de Defensa Profesional constante en una comunicación dirigida al Jefe de la Dirección Financiera, que en lo principal dice: "la Comisión Provincial de Defensa Profesional de Manabí en sesión de fecha 14 de marzo de 2002 resolvió: Disponer la retención de sueldos de la señora Judith Quiroga Zambrano, empleada administrativa de esta Dirección de Educación de Manabí..." (fs. 2).

QUINTO.- De lo expresado en el considerando anterior se desprenden varios aspectos para el análisis. Los cargos contra la recurrente no fueron sometidos al procedimiento que la Constitución y la ley señalan; es decir, no hubo un sumario administrativo que determine las responsabilidades de la señora Quiroga Zambrano. Por tanto, no se presumió su inocencia y se la sancioné con mucha liberalidad; o lo que es lo mismo, ilegítimamente. De otro lado la Comisión Provincial de Defensa Profesional de Manabí, sin base legal alguna ordena la retención de sueldos de la accionante. Esto nos induce a concluir que se violaron disposiciones constitucionales del debido proceso, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia y la inembargabilidad de las remuneraciones, derechos constitucionales que fueron soslayados por la autoridades demandadas en este juicio, que evidencian flagrantes violaciones a lo que dispone la Carta Magna y que en definitiva causan daño grave a quien propone esta acción de amparo, producto de los actos ilegítimos emanados de las autoridades educativas. No hace falta mayor análisis para determinar la razón que le asiste a la actora para solicitar amparo y, siendo consecuentes con lo dicho, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado y, por tanto, se concede el amparo constitucional solicitado por Judith Ramona Quiroga Zambrano, dejando sin efecto el oficio Nº 088-AJ-SCDP de 18 de marzo de 2002, en el que se dispone la retención de sueldos de la recurrente; y,

2.- Devolver el expediente al Tribunal de instancia. -Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, a los diecinueve días del mes de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 612-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Ricardo Vanegas Armendáriz

CASO No. 612-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM., 19 de febrero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional, en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Gina Grace Rivas Reyes, en contra de la Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia de Manta, en la cual manifiesta: Que ha residido por más de treinta años con su familia en el bien inmueble ubicado en la avenida 24 de la ciudad de Manta, que corresponde a la sucesión dejada por su abuelo. Que por pedido de su abuela que reside en los Estados Unidos de Norteamérica pasó a habitar la planta alta del bien, a fin de que su tío utilice el departamento de la planta baja. Que en el mes de abril de 2002, su abuela presentó una denuncia ante la Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia de Manta, aduciendo que ha sido faltada al respeto y que la autoridad la saque del departamento. Que siempre acudió a las citaciones realizadas por la Comisaría, pero no se llegó a realizar la diligencia de inspección porque la interesada no acudió a la misma. Que posteriormente la Comisaría se presentó a su departamento para realizar la inspección y luego fue citada por la Trabajadora Social para que conteste varias preguntas. Que el 27 de agosto de 2002, su abogado recibió en el casillero judicial una boleta en la que se manifiesta que de acuerdo a la denuncia presentada por la señora Carlota Chávez y de acuerdo al informe psicológico, informe de trabajo social, inspección realizada en el domicilio de las partes y a lo manifestado en la audiencia de conciliación se concede las medidas de amparo de acuerdo a la Ley 103. Art. 13, numerales 1, 2, 3, 4 y 5, esto es la salida de la vivienda a los agresores Gina Rivas y Juan Rivas con sus pertenencias y que si las partes se creen perjudicadas tendrán que hacer el reclamo ante la autoridad competente. Que la Comisaría ha incurrido en violación a los Arts. 23, Numeral 12; 26 y 27; 24, numerales 2 y 7 de la Constitución, por lo que amparada en lo que señala el Art. 95 de la Carta Magna demanda el amparo urgente a efectos de que la resolución dictada por la Comisaría de la Mujer y la Familia de Manta quede sin ningún efecto.- El 9 de septiembre de 2002, se realizó la audiencia pública en el Juzgado Sexto de lo Civil de Manta, a la que compareció la actora con su abogado defensor, quien se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- La Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia, manifestó que el 4 de julio de 2002, la señora Carlota Chávez Muentes, compareció a la judicatura a presentar la denuncia de que la señora Gina Rivas y Juan Mora, la habían agredido psicológicamente, por lo que solicitaba las medidas de amparo que dispone la Ley 103. Art. 13, numerales 1, 2, 3 y 4. Que a la denuncia se le dio el trámite correspondiente. Que el amparo constitucional es improcedente, tal como lo manifiesta el Art. 95 de la Constitución Política de la República.- El 11 de septiembre de 2002, a las 16h30 el Juzgado Sexto de lo Civil de Manabí resolvió declarar sin lugar el recurso de amparo constitucional propuesto.-Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, número 3 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 95 de la Carta Política.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- Un principio universalmente aceptado y que lo consigna nuestra Carta Política en el Art. 272 es la supremacía de la Constitución, la que prevalece sobre cualquier otra norma legal. Las disposiciones de leyes orgánicas y ordinarias, decretos leyes, estatutos, ordenanzas, reglamentos, resoluciones y otros actos del poder público deben mantener conformidad con sus disposiciones (la de la Constitución) y no tendrán valor si de algún modo estuvieren en contradicción con ella o alteraren sus prescripciones. Cuando existe conflicto entre normas de distintas jerarquías las cortes, tribunales y autoridades administrativas lo resolverán, mediante la aplicación de la norma jerárquicamente superior. Consecuentemente, si un acto de la administración pública contraviene normas constitucionales, tal acto administrativo no tienen valor alguno, ya que como lo indica la misma Carta Política en su Art. 16, el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar las normas constitucionales y los derechos humanos que garantiza la Constitución.

CUARTO.- La acción de amparo previsto en el artículo 95 de la Constitución y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagradas en el texto constitucional, contra actos ilegítimos de autoridades de la administración pública que "de modo inminente amenace con causar un daño grave", así como también procede contra los actos de particulares, que "afecte grave y directamente un interés comunitario colectivo o un derecho difuso".- Un acto administrativo, conlleva la peculiaridad de daño inminente, cuando la autoridad de la administración pública, en su declaración de voluntad, produzca efectos gravosos en contra del recurrente o administrado, esto es que el efecto del acto cause gran deterioro al interés del administrado.- Un acto administrativo, ilegitimo es grave cuando el efecto que ha de producir es grande, cuantioso casi permanente.

QUINTO.- El Tribunal Constitucional sólo es competente cuando se violen normas constitucionales, en especial los derechos y garantías establecidos en favor de las personas las cuales son plenamente aplicables e invocables ana cualquier Juez o Tribunal o Autoridad Pública. Cada uno di los órganos del poder público tiene funciones específicas que cumplir, dentro de los parámetros de la Constitución y la ley; si no se sujetan a esos parámetros, su conducta puede ser juzgada por otros órganos y ello no significa que se interfiera en los asuntos propios de aquellas. El Art. 199 textualmente dice: "Los órganos de la Función Judicial serán independientes en el ejercicio de sus deberes y atribuciones. Ninguna función del Estado podrá interferir en los asuntos propios de aquellos"; y, si bien las comisarías no son un órgano de la Función Judicial, las resoluciones que adopta tienen ese carácter. Los actos expedidos por la Función Judicial en el ámbito de sus atribuciones y autonomía, no son de aquellos que pueden ser impugnados mediante recursos según lo dispone el artículo 276 de la Constitución Política de la República que preceptua: "Las providencias de la Función Judicial no serán susceptibles de control por parte del Tribunal Constitucional".

SEXTO.- La Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia, en su Título 1, Capítulo 1, Competencia y Jurisdicción, Art. 8, señala "De la Jurisdicción y Competencia. El juzgamiento por las infracciones previstas en esta Ley corresponderá a: 1. Los jueces de familia; 2. Las comisarías de la mujer y la familia; 3. Los intendentes, comisarios nacionales y tenientes políticos; y, 4. Los jueces y tribunales de lo penal". Por tanto, la providencia dictada por la Comisaría Segunda de la Mujer y la Familia de Manta del 27 de agosto de 2002, no puede ser motivo de impugnación ante el Tribunal Constitucional, por tratarse de una actuación judicial y no constituir un mero acto administrativo; en consecuencia, en el presente caso, el Tribunal Constitucional por medio de la Sala, carece de competencia para conocer y resolver la demanda presentada, y dejar sin efecto la providencia dictada por la Comisaría Sexta Nacional de la Mujer y la Familia. Por la consideraciones que anteceden, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución dictada por el Juzgado Sexto de lo Civil de Manabí de fecha 27 de agosto de 2002, que niega por improcedente la acción de amparo planteada por la señora Gina Grace Rivas Reyes; y,

2.- Devuélvase el proceso al Juzgado de origen, adjuntando copia certificada de esta resolución, y dejando copias de lo actuado en esa instancia.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el diecinueve de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por el señor Holmes Edison Real Garcés, por sus propios derechos, en contra del señor Comisario de la Zona Norte del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, en la cual manifiesta: Que desde hace un año aproximadamente, se encuentra funcionando el local denominado Night Club "El Jardín Prohibido", ubicado en la calle Tinococha No. 59.3 5 y Av. Luis Tufiño de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, para el funcionamiento de dicho local, el accionante viene pagando los impuestos correspondientes.- Que mediante providencia de 24 de julio de 2002, el Comisario Metropolitano Zona Norte, dispone que su local denominado Night Club "El Jardín Prohibido" de acuerdo con el artículo 163 II del Código Municipal sea multado con la suma de cinco dólares y se ordena su clausura definitiva; resolución que no solo afecta al compareciente sino al personal que labora en su negocio.- Que en el sector funcionan otros dos locales de las mismas características que sin embargo, no han sido clausurados.- Que la autoridad impugnada está violando los más elementales derechos constitucionales contemplados en los artículos 23, número 15 y 35 del Código Político y que le causan daño inminente e irreparable a su persona.- Con tales antecedentes plantea acción de amparo constitucional de conformidad con el artículo 95 de la Constitución Política del Estado y artículos 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional, con el objeto de remediar las consecuencias del acto ilegitimo emanado del Comisario Zona Norte del Municipio del Distrito Metropolitano el 24 de julio de 2002 y se ordene la reapertura del local del recurrente.- El 16 de agosto de 2002, se realizó la audiencia pública en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Penal de Pichincha, a la que compareció el señor Holmes Edison Real Garcés, quien por intermedio de su abogado defensor manifestó que se afirma y ratifica en los fundamentos de su acción.- El doctor Alvaro Páez Benalcázar, ofreciendo poder o ratificación del Comisario de la Zona Norte de Quito, señala que si bien el acto impugnado ha sido emitido por el Comisario Metropolitano, los artículos 4 y 11 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito, establecen que son el Alcalde y el Procurador metropolitanos, los representantes legal y judicial de la Municipalidad respectivamente, y al no haberse contado con dichos funcionarios se han violado sus derechos consagrados en los artículos 23 números 26 y 27; y, 24 número 10 de la Carta Magna; que el accionar del Comisario Metropolitano se basa en lo dispuesto en el artículo 2, número 1 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y artículos 19 y 167 literal g) de la Ley de Régimen Municipal.- Que el Código Municipal, publicado en el Registro Oficial No. 310 de 5 de mayo de 1998, establece claramente la compatibilidad del uso del suelo en la ciudad y en la especie el Night Club "El Jardín Prohibido" que no tiene permiso municipal, se encuentra localizado en una zona incompatible para su funcionamiento, razón por la cual, fue clausurado, de conformidad al artículo 163 del Libro II Código Municipal.-En consecuencia, solicita se deseche la acción de amparo planteada por el señor Real Garcés.- El 27 de agosto de 2002, el Juez Décimo Cuarto de lo Penal de Pichincha, resolvió negar la acción de amparo constitucional propuesta.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 95 de la Carta Política.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- De acuerdo al Art. 95 de la Carta Política. para que proceda la acción de amparo constitucional, es necesario que concurran los siguientes elementos: a) La existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) Que ese acto u omisión viole derechos consagrados en la Constitución, Convenio o Tratado Internacional vigente; y, c) Que de modo inminente amenace con causar daño grave. Estos los presupuestos para que prospere la acción de amparo. La ausencia de uno de ellos la enerva.

CUARTO.- El acto impugnado es el contenido en la Resolución Nº 328-CMZN-LMC de 24 de julio de 2002, por la que se multa al propietario del local "El Jardín Prohibido" con la suma de US$ 5,00 y se declara la clausura definitiva de dicho establecimiento. Manifiesta el accionante en su demanda que se trata de un acto ilegitimo del Comisario Metropolitano de la Zona Norte que lesiona derechos constitucionales protegidos. Añade que ha pagado los impuestos correspondientes, tales como Registro Unico de Contribuyentes; permiso de la Intendencia General de Policía; Bomberos; etc.

QUINTO.- Cabe señalar que el pago de los valores por los permisos detallados en el considerando anterior no constituyen habilitantes para el funcionamiento del local. Se hace notoria la falta del permiso municipal correspondiente, documento que le ha sido negado conforme consta a fs. 26 y 27 del proceso, y en donde la Administración de la Zona Centro Norte le dice al actor que el informe de compatibilidad de uso de suelo es desfavorable, pues el uso propuesto es prohibido en zonas calificadas como Residencial urbano 2. Concomitante con ello, el numeral 1 del Art. 11 de la Ley de Régimen Municipal para el Distrito Metropolitano de Quito establece que es facultad privativa y exclusiva del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito determinar y regular el uso y la adecuada ocupación del suelo, así como el control sobre el mismo. De este modo queda en claro que no existe ilegitimidad en el acto de la autoridad pública demandada: que su actuación se sometió a las disposiciones legales y reglamentarias, sin que se advierta desviación de poder o abuso de facultades, hechos que nos dan muestras de apego al Derecho. No habiendo acto ilegítimo que corregir, resulta inoficioso entrar al análisis de los restantes elementos constitutivos del amparo, razón por la que. LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado y, en consecuencia, se niega el amparo constitucional interpuesto por Holmes Edison Real Garcés; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia. - Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda. Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el diecinueve de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 642-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Luis Mantilla Anda

CASO No. 642-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM., 19 de febrero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional, en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por Santiago Lemer Brown Cabezas, Presidente del Comité Pro-Mejoras del barrio Santa Martha Nro. 1 de Esmeraldas, en contra del Director Provincial de Bienestar Social de Esmeraldas, en la cual manifiesta: Que el 26 de agosto de 2002, el Director Provincial de Bienestar Social de Esmeraldas, violando todo principio legal y constitucionales, atentando contra normas reglamentarias y estatutarias que rigen las relaciones y funcionamiento del Comité Pro-Mejoras del barrio Santa Martha Nro. 1 de Esmeraldas, del cual es el legitimo Presidente hasta el 2003 y que el Director Provincial de Bienestar Social de Esmeraldas, de manera ilegal procedió a registrar a un directorio dirigido por Luis Yánez, desconociendo al directorio que él preside. La actitud asumida por el Director de Bienestar Social de Esmeraldas a más de crear un ambiente de discordia al interior del comité, cuando la filosofía del Ministerio, es la de mantener la unidad y armonía en las organizaciones, y que se l9s resuelve democráticamente, dentro de un marco de dialogo; lo que es más grave no se consideró el informe técnico socio organizativo emitido por el sociólogo promotor social del Ministerio de Bienestar Social de Esmeraldas. Que el Director Provincial de Bienestar Social de Esmeraldas, ha violado la primera disposición general del Acuerdo Ministerial Nro. 3354, expedido el 12 de septiembre de 2001, y publicado en el R.O. Nro. 417 Del 21 de septiembre del mismo año, el cual manifiesta que los conflictos internos de las organizaciones aprobadas por el Ministerio de Bienestar Social deben ser resueltos de conformidad con las disposiciones estatutarias y en caso de persistir se someterán a la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el R.O. 145 de 4 de septiembre de 1997; en lo referente al directorio precedido por Luis Yánez, se han vulnerado las disposiciones previstas en los Arts. 11,12, 14 y 23, literal b) de los estatutos del Comité Pro-Mejoras del barrio Santa Martha Nro. 1 de Esmeraldas; y el Art. 49 inciso final de la Constitución Política. Con estos antecedentes y amparado en el Art. 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, en concordancia con el Art. 95 de la Constitución Política, presenta acción de amparo constitucional, por el hecho ocurrido el 26 de agosto de 2002, por la actitud asumida por el Director Provincial de Bienestar Social de Esmeraldas, que lesionan derechos legales y constitucionales del recurrente de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 3 del Art. 4 del Reglamento para la Supresión de Puestos y su correspondiente indemnización. El 12 de septiembre de 2002, se realizó la audiencia pública, a la que compareció el actor con su abogado defensor, quien acusa la rebeldía del demandado y se ratificaron en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.- El 23 de septiembre de 2002, el Juez Segundo de lo Civil de Esmeraldas, resolvió denegar la acción de amparo constitucional propuesta.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 95 de la Carta Política.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art. 95 de la Carta Política dispone que "Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u Omisión ilegítimos de una autoridad pública que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública.". En consecuencia, para que proceda el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente; y, c) Que cause o amenace causar un daño grave, y de modo inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar es si el acto administrativo impugnado está dentro de los parámetros o conceptos anotados, y sobre todo si se trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.

CUARTO.- Del análisis del expediente se desprende que el Director de Bienestar Social de Esmeraldas mediante oficio No. 349-JPRC-E de 25 de agosto de 2002, procedió a registrar estadísticamente al Directorio elegido en la Asamblea General del día 16-08-02 para el periodo 2002-2003, el mismo que está presidido por Luis Elías Yánez Cagua en calidad dé Presidente, oficio cuyo inciso final señala:" de existir alguna oposición debidamente fundamentada sobre el presente trámite el mismo quedará suspendido hasta que se emita la resolución definitiva, previa a una exhaustiva investigación". Por tanto, se torna evidente que al existir oposición por parte de los directivos anteriores, quienes impugnan la legitimidad de la convocatoria y el quórum entre otros aspectos, el trámite de registro estaría suspendido hasta que esa misma instancia emita la resolución definitiva previa investigación seria y exhaustiva. Cabe al respecto precisar que, para la procedencia del amparo constitucional debe existir la inminencia de un daño grave, y en el caso estaríamos hablando de una mera expectativa, ya que al no haberse resuelto el asunto en sede administrativa, existe la expectativa de que se revea o no el registro de la última directiva; es decir, se desconoce el sentido de dicha resolución y si ella va o no ha afectar gravemente los intereses de la Directiva anterior presidida por el señor Santiago Brown Cabezas. Por las consideraciones anotadas, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- No admitir la demanda de amparo constitucional propuesta por Santiago Brown Cabezas y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia para los fines consiguientes.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el diecinueve de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.-f.) Secretario de la Sala.

No. 651-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Ricardo Vanegas Armendáriz

CASO No. 651-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM. 18 de febrero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Carmen del Pilar Andino Ortiz, en contra del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, en la cual manifiesta: Que desde hace más de 20 años viene prestando sus servicios en el sector de las Telecomunicaciones, actualmente en el cargo de Oficial Administrativo 2 de la Dirección General de Control de Gestión, siendo reconocida su eficiencia por medio de una placa por sus servicios a la institución. Que se le notificó con la Resolución No. 349 de 22 de agosto de 2002, constante en la acción de personal No. 131, por la cual se le comunicó que el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, resolvió cesar a la señora Carmen del Pilar Andino Ortiz del cargo de Oficial Administrativo 2 en la Dirección General de Control de Gestión de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones y disponer el pago de la indemnización correspondiente de acuerdo con lo prescrito en el Art. 36 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, para lo cual la Dirección General Administrativa Financiera procederá a la liquidación y entrega del valor correspondiente o consignará ante uno de los jueces de lo Civil del Distrito. Que de conformidad con el Art. 95 de la Constitución Política de la República y Arts. 46 al 58 de la Ley del Control Constitucional interpone acción de amparo constitucional, en razón a que la acción de personal es violatoria de los Arts. 24, numerales 10 y 13; 35, numerales 1, 2, 3, 4 y 6; y, 124 de la Carta Magna. Que existe jurisprudencia referente al Art. 36 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, como son la Resolución No. 015-RA-98-IS de 22 de enero de 1998; juicio No. 4845 de 1 de octubre de 1999 y el fallo de casación No. 304.99 emitido el 12 de febrero de 2001 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativa. Que la resolución de despido le causa gravamen grave e irreparable y constituye un acto ilegitimo de autoridad pública, por lo que solicita la suspensión de la acción de personal No. 13 1 de 22 de agosto de 2002 y se disponga su reintegro a su puesto de trabajo y el pago de las remuneraciones y haberes devengados o que se llegaren a devengar hasta la fecha de su reintegro.- El 10 de septiembre de 2002, a las 08h39, se realizó la audiencia pública en el Juzgado Vigésimo de lo Civil de Pichincha, a la que compareció el abogado defensor del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, ofreciendo poder o ratificación, quien manifestó que de conformidad con el Art. lO, innumerado cuarto de la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones SNT, es una entidad de derecho público que goza de autonomía, por lo tanto no está sujeta a leyes de contratación pública, de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Consultoría y se regirá por los Reglamentos que expide el Presidente de la República. Que el Art. 36 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos dispone el despido de cualquier empleado o trabajador pagándole la indemnización correspondiente al despido intempestivo, conforme las normas del Código de Trabajo, sin necesidad de recurrir al trámite de visto bueno y no procederá por la cesación de las funciones ningún reclamo, ni acción legal que interponga el servidor en contra de la SNT. Que en el presente caso los supuestos derechos violados pueden ser reclamos ante la Función Jurisdiccional, conforme lo establece el Art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y que el Art. 49 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos de la SNT, establece el trámite para los reclamos de personal, al que no se ha acogido la actora. Que igualmente existe jurisprudencia a favor de la aplicación del Art. 36 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos. Que debe declararse la nulidad de todo lo actuado por falta de notificación al Procurador General del Estado en los términos de los Arts. 215 y 216 de la Constitución. Por lo expuesto solicitó se deseche la acción interpuesta y se la califique de maliciosa. La actora con su abogado defensor, se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- El 16 de septiembre de 2002, el Juez Vigésimo de lo Civil de Pichincha resolvió aceptar el recurso de amparo constitucional interpuesto.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art. 95 de la Carta Política dispone que "Cualquier persona por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos u actúen por delegación o concesión de una autoridad pública". En consecuencia, para que proceda el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente; y, c) Que cause o amenace causar un daño grave, y de modo inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar es si el acto administrativo impugnado está dentro de los parámetros o conceptos anotados, y sobre todo si se trata o no de un acto Legítimo e inconstitucional.

CUARTO.- En el caso, se impugna el acto administrativo expresado en la acción de personal No. 349 de 22 de agosto de 2002, por medio de la cual el Secretario Nacional de Telecomunicaciones cesa en el cargo de Oficial Administrativo 2 de la Dirección General de Control de Gestión, a la recurrente y dispone el pago de las indemnizaciones de conformidad con lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. El acto administrativo así expedido, efectivamente guarda las características de legalidad, tanto por el mandato doctrinario referente a que los actos administrativos gozan o presuponen legalidad, cuanto porque efectivamente lo ha expedido la autoridad competente y ha guardado la solemnidad de forma; no obstante, su contenido contraria el ordenamiento jurídico y en lo fundamental la norma constitucional, eje vertebrador del mismo, tomándose en ilegitimo el acto emitido por el Secretario Nacional de Telecomunicaciones expresado en la acción de personal No. 131 de 22 de agosto de 2002.

QUINTO.- El primer inciso del Art. 95 de la Constitución al referirse al derecho que las personas tienen para acceder al amparo constitucional y el fin de él, dice: "la adopción de medidas urgentes destinadas a hacer cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias di un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública", de lo cual obviamente se desprende que esta especial acción que permite el ejercicio de un singular derecho consagrado en la Carta Suprema hace referencia no exclusivamente a la ilegalidad de un acto de la administración pública, sino que es aplicable cuando ese acto es ilegítimo. Al respecto, es oportuno y preciso remitirse a los conceptos que en relación al tema emite el tratadista ecuatoriano Rodrigo Borja en su obra Enciclopedia de la Política, al referirse a lo legal, dice: "Es lo que guarda armonía con la ley, lo que está de acuerdo con su letra y espíritu. Es lo correcto, en el sentido de conformidad con las reglas. No siempre lo legal es legitimo, y aquí cabe toda una digresión filosófica, la legalidad es, por definición la armonía con la ley, mientras que la legitimidad es la conformidad con los principios inspiradores de orden jurídico" (lo resaltado es nuestro). Criterios éstos que necesariamente deben confrontarse con el concepto que este mismo autor hace de aquello que viene a ser la consecuencia de un comportamiento legal, y es lo legítimo, al que lo determina como: "Lo que guarda conformidad con la justicia, la equidad, la paz, la dignidad del hombre, la libertad, los derechos humanos y otros valores trascendentales y permanentes de la vida social. Es lo que tiene justificación ética".

SEXTO.- Efectuada la distinción entre legal y legitimo, es preciso puntualizar que la demanda de amparo constitucional es procedente puesto que los derechos y garantías determinados en la Constitución Política de la República, son directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier Juez, Tribunal o autoridad y constituye deber primordial del Tribunal Constitucional aplicar sus normas en orden a su efectiva vigencia. Ninguna autoridad puede exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley para el ejercicio de estos derechos y garantías constitucionales, y debe estarse a la interpretación que más le favorezca a su efectiva vigencia.

SEPTIMO.- La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en el Art. 59 establece los derechos que les asisten a los servidores públicos; el Art. 110 dispone que los servidores de carrera sólo podrán ser despedidos cuando incurran en las causales contempladas en el Art. 114 de esta misma ley; y por otra parte, el Art. 64 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa señala que se reconoce el derecho de los servidores para no ser sancionados sin antes proporcionárseles la oportunidad de justificarse y que para imponer a un servidor que no sea de carrera cualquiera de las sanciones previstas en el Art. 62 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se le escuchará previamente en audiencia de lo cual se dejará constancia escrita. No consta del expediente el que se haya practicado el sumario administrativo, por lo que tratándose ya del uno u otro caso, se ha violando el principio constitucional del derecho a la defensa; y, si bien se menciona una norma reglamentaria no se fundamenta las causas o razones por las cuales se da por terminada la relación de dependencia con la institución accionada; es decir, no existe la debida motivación.- Por lo anotado, en el trámite de destitución de la accionante se han violado derechos constitucionales, de manera puntual el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones como también al derecho a la defensa estatuidos en el Art. 23, numerales 7, 10, 11, 13 y el Art. 24 numerales 26 y 27 de la Carta Política.- Por los antecedentes anotados, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución del Juez de instancia; en consecuencia, se concede el amparo constitucional solicitado por la señora Carmen del Pilar Andino; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia para los fines consiguientes.- Notifíquese

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz. Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el dieciocho de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.-Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.-f.) Secretario de la Sala.

No. 656-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Ricardo Vanegas Armendáriz

CASO No. 656-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito D.M., 5 de marzo de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Maria Gloria Castillo Jiménez en contra del Alcalde y Procurador Síndico del Municipio de Pastaza, en la cual manifiesta: Que es propietaria del burdel Nigth Club "Las Vegas", en la ciudad del Puyo, cantón y provincia de Pastaza, con permiso de funcionamiento por el año 2002, otorgado por la Dirección Provincial de Salud, el Ministerio de Gobierno e Intendencia de Policía de Pastaza. Que el 4 de septiembre de 2002, el Comisario Municipal, el Intendente de Policía de Pastaza y el Comisario de Salud, conjuntamente con algunos agentes del orden, procedieron a clausurar su establecimiento colocando sellos municipales. Que se ha atentado contra el honor de las trabajadoras sexuales que se hallaban en el momento de la clausura y se le ha causado graves daños y perjuicios económicos. Que el Comisario Municipal le manifestó que la orden provenía del Alcalde del cantón Pastaza, basándose en la Ordenanza Municipal aprobada en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de 18 de junio de 2001. Que se ha violado los Arts. 23, Numerales 2, 3, 16 y 17; y, 24, numeral 13 de la Carta Magna, por lo que fundamentada en el Art. 95 de la Constitución Política de la República y Art. 46 y siguientes de la Ley Orgánica de Control Constitucional interpone acción de amparo constitucional y solicita se deje sin efecto la orden de clausura que pesa sobre su negocio". El 18 de septiembre de 2002, a las 16h10, se realizó la audiencia pública en el Juzgado Segundo de lo Civil de Pastaza a la que compareció la actora con su abogado defensor, quien se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.- El abogado defensor del Alcalde de Pastaza, ofreciendo poder o ratificación, manifestó que la formalidad de la declaración juramentada que establece el Art. 57 de la Ley del Control Constitucional no ha sido observada por la actora. Que la demanda ha sido concebida en forma equivocada tanto en el fondo como en la forma, razón por la que solicitó sea rechazado. Que la Resolución de la Corte Suprema de Justicia promulgada en el RO. No. 378 de 27 de julio de 2001, en su Art. 2 expresamente dice que la acción de amparo no procede y se rechazará cuando se la interponga respecto de los actos normativos expedidos por autoridad pública tales como leyes, decretos, ordenanzas y resoluciones de obligatoriedad general, por tanto para suspender los efectos de una ordenanza solamente cabe la acción de inconstitucionalidad. Que la clausura del local obedece al cumplimiento de lo establecido en la ordenanza municipal y al pedido realizado por moradores del barrio Las Palmas. Que la propietaria del establecimiento debe dar cumplimiento con lo que dispone la Ordenanza Municipal.-El 23 de septiembre de 2002, a las 11h34, el Juez Segundo Civil de Pastaza resolvió inadmitir la acción de amparo constitucional planteada.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- De acuerdo al Art. 95 de la Carta Política para que proceda la acción de amparo constitucional es necesario que concurran los siguiente elementos: a) la existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) que ese acto o omisión viole cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; y, c) que de modo inminente amenace con causar daño grave.

CUARTO.- La actora pide que se deje sin efecto la orden de clausura que pesa sobre su negocio el burdel "Las Vegas" como medida destinada a cesar las consecuencias ilegitimas e inconstitucionales de sus derechos ya que le causa daño inminente. En el caso el Comisario Municipal (e) y el Intendente de Policía mediante sendos oficios de 6 y 12 de septiembre de 2002, ponen en conocimiento del Alcalde del cantón Pastaza la clausura del burdel "Las Vegas" en vista de que no cumple con lo dispuesto por los Arts. 14 y 15 de la Ordenanza que regula el expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el cantón Pastaza, sancionada y firmada por el Alcalde de ese cantón el 25 de junio de 2001, así como la nueva clausura del mismo burdel en vista de que se encontraron rotos los sellos de la clausura original.

QUINTO.- De acuerdo con el segundo inciso del Art. 228 de la Constitución Política de la República los gobiernos provincial y cantonal en uso de su facultad legislativa podrán dictar ordenanzas, este precepto constitucional se encuentra en concordancia con el Art. 64, ordinal primero reformado de la Ley de Régimen Municipal que especifica entre los deberes y atribuciones del Concejo el de normar a través de ordenanzas la política a seguirse en cada uno de los ramos propios de la administración municipal. También cabe considerar que en materia de justicia y policía, conforme dispone el Art. 167, letras a), g) y j) de la Ley de Régimen Municipal, a la administración municipal le compete hacer cumplir las. ordenanzas municipales, aplicar las sanciones señaladas en la ley que serán impuestas por los comisarios siguiendo el procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Penal para el juzgamiento de las contravenciones y obtener la cooperación de la Policía Nacional para el cumplimiento de las respectivas tareas. Por lo expuesto y ante la ausencia en esta causa del primero de los elementos del Art. 95 de la Constitución que determina la procedencia del amparo constitucional, esto es, el acto u omisión ilegítimos de la autoridad pública, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia negar el amparo solicitado por la señora Maria Gloria Castillo Jiménez; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia. - Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el cinco de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.-Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f.) Secretario de la Sala.

No. 657-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Carlos Helou Cevallos

CASO No. 657-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito D.M., 13 de febrero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por el Dr. Luis Ecuador Delgado Pineda en contra del Director Provincial de Educación de Loja, en la cual manifiesta: Que mediante acción de personal No. 053 de 3 de marzo de 1986, fue designado Director Profesor de la Escuela Víctor Mercante de la parroquia Malacatos, provincia de Loja. Que el 13 de febrero de 2002, al concurrir a su trabajo no pudo ingresar en razón a que se habían colocado candados en las instalaciones de la escuela, por orden del señor José Felipe Herrera Ordóñez, debido a que se encontraban en paro. Que presentó el reporte a la Dirección Provincial de Educación de Loja en donde le comunicaron que se iba a nombrar una comisión para que solucione el problema. Que al amparo del Art. 120 de la Constitución solicitó protección a la Intendencia General de Policía de Loja y con su respaldo se restableció el orden y se procedió a la apertura de las aulas el 15 de febrero de 2002, pero sin poder realizar su trabajo. Que ante las irregularidades suscitadas pidió a la Dirección de Educación se instruya el sumario administrativo respectivo en contra de las personas responsables de los hechos. Que sin haberlo solicitado se le concedió dos meses de licencia a partir del 5 de marzo de 2002. Que a su reintegro fue notificado con un sumario administrativo instaurado en su contra. Que el 13 de mayo de 2002, fue agredido verbal y físicamente por el señor José Felipe Herrera y un grupo de padres de familia, particular que puso en conocimiento del Director de Educación de Loja con el propósito de que dé solución a estos atropellos. Que dicha autoridad le manifestó que el sumario administrativo se había resuelto a su favor pero que la Comisión de Cambios resolvió su reubicación a la Escuela Vicente Bastidas de la ciudad de Loja despojándolo de su condición de Director en base al Art. 120, numeral 3 del Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional vulnerando el Art. 24 de la Constitución Política de la República, razón por la que interpuso recurso de apelación ante la Comisión Regional de Defensa Profesional con sede en Cuenca, instancia que confirmó la sanción impuesta por la Comisión Provincial de Defensa Profesional de Loja mediante Acuerdo l67-CDPL-2002 de 18 de junio de 2002. Que con esa decisión se le quita el 20% del sueldo que como funcional venía percibiendo circunstancia que desmejora su situación económica. Que se ha violado los Arts. 16, 17, 18. 23. numerales 3, 17 y 26, 24, numerales 1, 13 y 17. 73, 120 y 272 de la Constitución Política de la República, lo que le ha causado y le puede causar de manera inminente un daño grave. Por lo expuesto, fundamentado en el Art. 95 de la Carta Magna interpone acción de amparo constitucional para que mediante resolución o sentencia se deje sin efecto el Acuerdo No. 167-CDPL-2002.- El 18 de septiembre de 2002, a las 10h05, se realizó la audiencia pública en el Juzgado Primero de lo Civil de Loja a la que compareció el Director Provincial de Educación de Loja en compañía de su abogado defensor, quien negó los fundamentos de hecho y de derecho de la acción propuesta. Que la Resolución 167 de 18 de julio de 2002, ha sido resuelta por la Comisión de Defensa Profesional y apelada por el actor ante la Comisión Regional, por tanto debió demandar a los miembros de la Comisión Regional, por lo que existe falta de legitimo contradictor. Que en el proceso constan varias denuncias presentadas por padres de familia de la Escuela Víctor Mercante de la parroquia de Malacatos en contra del recurrente, razón por la cual se ordenó la instrucción de un sumario administrativo para que el Dr. Luis Ecuador Delgado pueda ejercer su legítima defensa. Que el recurrente fue suspendido del cargo por 60 días en aplicación del Art. 34 de la Ley de Carrera Docente, mientras se substanciaba el sumario. Que al haberse ejecutoriado el acto en el ámbito administrativo el recurrente ya no puede percibir el porcentaje funcional como Director de Escuela. Que el numeral segundo del acuerdo dispone que el actor sea reubicado en otro plantel sin desmejorar su situación geográfica. Que el acto administrativo mediante el cual se removió del cargo al actor se lo tomó en base a las atribuciones contempladas en los Arts. 35 de la Ley de Carrera Docente; 103, numerales 7 y 9; y, III, numerales 1, 4 y 5 de su reglamento. Que a pesar de haber sido notificado con la resolución de reubicación y de seguir percibiendo su sueldo el actor no ha concurrido a trabajar, acto que riñe con expresas disposiciones constitucionales y con la ley. Por tanto solícita se rechace la acción de amparo constitucional planteada por improcedente.- El accionante por intermedio de su abogado defensor se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.- El 20 de septiembre de 2002, a las 09h45, el Juez Primero de lo Civil de Loja resolvió aceptar el amparo constitucional planteado.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República.

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

Que de acuerdo al Art. 95 de la Carta Política para que proceda la acción de amparo constitucional es necesario que concurran los siguiente elementos: a) la existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) que ese acto u omisión viole cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; y. e) que de modo inminente amenace con causar daño grave.

Que en esta acción constitucional el actor pide que se deje sin efecto el Acuerdo No. 167-CDPL-2002 de 18 de junio de 2002, con el cual la Comisión Provincial de Defensa Profesional de Loja le removió de las funciones de Director de la Escuela "Víctor Mercante" de la parroquia Malacatos del cantón y provincia de Loja por encontrarse incurso en lo previsto en el literal b) del numeral innumerado agregado luego del numeral 3 del Art. 120 del Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional.

Que la Comisión Regional 3 de Defensa Profesional mediante Acuerdo No. 043 CRDP-2002 de 7 de agosto de 2002, confirmó la sanción impuesta al doctor Luis Ecuador Delgado por la Comisión Provincial de Defensa Profesional de Loja y dispuso que "el docente previo a los trámites de Ley sea reubicado en otro plantel, sin desmejorar su situación.".

Que la normativa, fundamento de la remoción del actor, textualmente dice: ".~.Remoción de funciones.- Los profesionales de la educación que desempeñan funciones directivas en las diferentes instituciones del sistema educativo nacional o que ejerzan cargos directivos o jefaturas en la planta central del Ministerio de Educación y Cultura, subsecretarías regionales o direcciones provinciales de educación, serán removidos de sus funciones por una o más de las siguientes causales: b) Falta de armonía manifiesta con el personal docente administrativo, de servicio, alumnos, padres de familia y comunidad;".

Que del informe contenido en el oficio sin número de 5 de junio de 2002, se evidencia que se practicó un sumario administrativo en contra del actor "por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones". Sin embargo, en dicho informe se establecen conclusiones que tienen relación con actitudes imputadas al doctor Luis Ecuador Delgado, con la arrogación de funciones del Presidente de padres de familia y con otros acontecimientos que no prueban las supuestas irregularidades cometidas por el actor en el ejercicio de sus funciones de Director que violenten disposiciones legales o reglamentarias. Por otra parte, en el ordinal 3 del mismo informe se recomienda "Reubicar al Dr. Luis Ecuador Delgado pineda..., Director profesor... de la Escuela "Víctor Mercante" de la ciudad de Malacatos, por existir al momento nueve docentes, quedando entonces siete, de los cuales serian seis de grado y uno de laboratorio , recomendación que no tiene relación alguna con el motivo del proceso administrativo instaurado en contra del actor y tampoco con la sanción de remoción de sus funciones tipificada en el literal b) del numeral 3 agregado al Art. 120 del Reglamento General a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, transcrita en el sexto considerando del texto resolutivo.

Que de los documentos que obran de autos se concluye que la causal que determinó la remoción de funciones impuesta al actor mediante Acuerdo No. 167-CDPL-2002 de 18 de junio de 2002, no ha sido debidamente probada y fundamentada en derecho. Por tanto, el acto administrativo de autoridad pública que motivó este amparo viola los preceptos contenidos en el Art. 23, numerales 26 y 27 y en el Art. 24, numeral 13 de la Constitución Política de la República.

Por las consideraciones anotadas, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia se concede el amparo solicitado por el Dr. Luis Ecuador Delgado Pineda; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el trece de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.-Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.-f.) Secretario de la Sala.

No. 662-2002-RA

Vocal Ponente: Doctor Luis Mantilla Anda

CASO No. 662-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM., 18 de febrero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional, en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por el Ing. Diego Javier Escalante Tafur, en contra del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, en la cual manifiesta: Que desde el 19 de abril de 1996, presta sus servicios en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, actualmente con el cargo de Jefe de División de la Dirección General de Control de Gestión, siendo reconocido por la institución y sus autoridades mediante una placa por sus servicios prestados a cabalidad. Que el 22 de agosto de 2002, se le notificó con la acción de personal No. 127 de igual fecha, la que contiene la Resolución No. 345 mediante la cual se le cesa del cargo de Jefe de División y se dispone el pago de la indemnización correspondiente de acuerdo con lo prescrito en el Art. 36 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, para lo cual la Dirección General Administrativa Financiera procederá a la liquidación y entrega del valor correspondiente o lo consignará ante uno de los jueces de lo Civil del Distrito. Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 95 de la Constitución Política de la República y los Arts. 46 al 58 de la Ley del Control Constitucional interpone acción de amparo constitucional en razón de que la acción de personal es violatoria de los Arts. 24 numerales 10 y 13; 35, numerales 1, 2, 3,4 y 6; y, 124 inciso segundo de la Carta Magna; y. el Art. 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicado en el RO. No. 175 de 23 de abril de 1993. Que el Secretario Nacional de Telecomunicaciones fundamenta su ilegal resolución en el Art. 36 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones. Que no ha recibido la indemnización por parte de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Que existe jurisprudencia al respecto como son la Resolución No. 015-RA-98-IS de 22 de enero de 1998 de la Primera Sala del Tribunal Constitucional; sentencia de la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de 1 de octubre de 1999; y, en el juicio No. 4845; el fallo de casación No. 304.99 de 12 de febrero de 2001, de la Corte Suprema de Justicia. Que solícita se declare violatoria a sus derechos constitucionales la acción de personal No. 130 de 22 de agosto de 2002 y se disponga su inmediato reintegro a su puesto de trabajo y al pago de las remuneraciones y haberes devengados o que se llegaren a devengar hasta la fecha de su reintegro.- El 9 de septiembre de 2002, a las 15h10, se realizó la audiencia pública en el Juzgado Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha a la que comparecieron el actor con su abogado defensor y el Director General Jurídico de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, ofreciendo poder o ratificación del Secretario Nacional de Telecomunicaciones, quienes hicieron su intervención en forma oral.- El actor se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.-El Director General Jurídico de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, expresó en su exposición por escrito que de conformidad con lo señalado en el Art. 10 innumerado 4 de la Ley Especial de Telecomunicaciones reformada, la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones es una entidad de derecho público que goza de autonomía. Que la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones expidió la Resolución SNT-2002-345 de 22 de agosto de 2002 y acción de personal No. 127 de igual fecha, en la que cesa en funciones al Ing. Diego Escalante Tafur del cargo de Jefe de División de la Dirección General de Control, aplicando el Art. 36 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. Que no se ha incurrido en violación constitucional puesto que se ha cumplido con los requisitos establecidos en el Art. 36 del reglamento referido. Que el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, de acuerdo al Art. 10 innumerado cuarto de la Ley Especial de Telecomunicaciones Reformada, la SNT no está sujeta a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y le faculta para resolver los asuntos relativos a la Administración General de la Secretaría, procedió a aplicar el Art. 36 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos de la SNT, por existir petición expresa del Jefe inmediato e informe de la Dirección General Administrativa Financiera en la que se incluye la recomendación de la Jefatura de Personal, no existiendo en consecuencia acto ilegitimo y peor violación de norma constitucional. Que en este caso los supuestos derechos violados pueden ser reclamados ante la Función Jurisdiccional y propiamente en el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, conforme lo establece el Art. 1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Que el actor no se ha acogido a lo preceptuado en el Art. 49 del Reglamento para la Administración de los Recursos Humanos. Que existe jurisprudencia a favor de la aplicación del Art. 36 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos de la SNT. Que existe ilegitimidad e ilegalidad de la acción propuesta; nulidad de todo lo actuado por falta de notificación al Procurador General del Estado, en los términos de los Arts. 215 y 216 de la Constitución Política de la República; y, que el actor no ha probado que la resolución y acción de personal impugnada le cause daño inminente, grave e irreparable, por lo que solícita se deseche el recurso interpuesto y se lo califique de maliciosa.- El 23 de septiembre de 2002, el Juez Vigésimo Primero de lo Civil de Pichincha resolvió declarar sin lugar el presente trámite a fin de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sea quien dilucide el acto de destitución.-Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 95 de la Carta Política.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO. TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art. 95 de la Carta Política dispone que "Cualquier persona por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción. que se tramitará en forma preferente y sumaria se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente amenace con causar un daño grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública". En consecuencia, para que proceda el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente y. c) Que cause o amenace causar un daño grave. y de modo inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar es si el acto administrativo impugnado está dentro de los parámetros o conceptos anotados, y sobre todo si se trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.

CUARTO.- En el caso, se impugna el acto administrativo expresado en la acción de personal No. 345 de 22 de agosto de 2002, por medio de la cual el Secretario Nacional de Telecomunicaciones cesa en el cargo de Oficial Administrativo 2 de la Dirección General de Control de Gestión a la recurrente y dispone el pago de las indemnizaciones de conformidad con lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones. El acto administrativo así expedido, efectivamente guarda las características de legalidad, tanto por el mandato doctrinario referente a que los actos administrativos gozan o presuponen legalidad, cuanto porque efectivamente lo ha expedido la autoridad competente y ha guardado la solemnidad de forma; no obstante, su contenido contraria el ordenamiento jurídico y en lo fundamental la norma constitucional, eje vertebrador del mismo, tomándose en ilegitimo el acto emitido por el Secretario Nacional de Telecomunicaciones expresado en la acción de personal No. 127 de 22 de agosto de 2002.

QUINTO.- El primer inciso del Art. 95 de la Constitución al referirse al derecho que las personas tienen para acceder al amparo constitucional y el fin de él dice: "la adopción de medidas urgentes destinadas a hacer cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública" de lo cual obviamente se desprende que esta especial acción que permite el ejercicio de un singular derecho consagrado en la Carta Suprema hace referencia no exclusivamente a la ilegalidad de un acto de la administración pública, sino que es aplicable cuando ese acto es ilegitimo. Al respecto, es oportuno y preciso remitirse a los conceptos que en relación al tema emite el tratadista ecuatoriano Rodrigo Borja en su obra Enciclopedia de la Política, al referirse a lo legal, dice: Es lo que guarda armonía con la ley lo que está de acuerdo con su letra y espíritu. Es lo correcto, en el sentido de conformidad con las reglas. No siempre lo legal es legítimo, y aquí cabe toda una digresión filosófica, la legalidad es por definición la armonía con la ley, mientras que la legitimidad es la conformidad con los principios inspiradores de orden jurídico" (lo resaltado es nuestro). Criterios éstos que necesariamente deben confrontarse con el concepto que este mismo autor hace de aquello que viene a ser la consecuencia de un comportamiento legal y es lo legitimo al que lo determina como: "Lo que guarda conformidad con la justicia, la equidad la paz la dignidad del hombre, la libertad, los derechos humanos y otros valores trascendentales y permanentes de la vida social. Es lo que tiene justificación ética".

SEXTO.- Efectuada la distinción entre legal y legítimo es preciso puntualizar que la demanda de amparo constitucional es procedente puesto que los derechos y garantías determinados en la Constitución Política de la República, son directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier Juez, Tribunal o autoridad y constituye deber primordial del Tribunal Constitucional aplicar sus normas en orden a su efectiva vigencia. Ninguna autoridad puede exigir condiciones o requisitos no establecidos en la Constitución o la ley para el ejercicio de estos derechos y garantías constitucionales, y debe estarse a la interpretación que más le favorezca a su efectiva vigencia.

SEPTIMO.- La Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa en el Art. 59 establece los derechos que les asisten a los servidores públicos: el Art. 110 dispone que los servidores de carrera sólo podrán ser despedidos cuando incurran en las causales contempladas en el Art. 114 de esta misma ley: y por otra parte, el Art. 64 del Reglamento a la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa señala que se reconoce el derecho de los servidores para no ser sancionados sin antes proporcionárseles la oportunidad de justificarse y que para imponer a un servidor que no sea de carrera cualquiera de las sanciones previstas en el Art. 62 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, se le escuchará previamente en audiencia de lo cual se dejará constancia escrita. No consta del expediente el que se ha5a practicado el sumario administrativo, por lo que tratándose ya del uno u otro caso, se ha violado el principio constitucional del derecho a la defensa; y, si bien se menciona una norma reglamentaria no se fundamenta las causas o razones por las cuales se da por terminada la relación de dependencia con la institución accionada: es decir, no existe la debida motivación.- Por lo anotado en el trámite de destitución de la accionante se han violado derechos constitucionales, de manera puntual el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y a una justicia sin dilaciones como también al derecho a la defensa estatuidos en el Art. 23, numerales 7, 10, 11, 13 y el Art. 24 numerales 26 y 27 de la Carta Política.- Por los antecedentes anotados. LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Revocar la resolución del Juez de instancia; en consecuencia, se concede el amparo constitucional solicitado por el Ing. Diego Javier Escalante Tafur; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia para los fines consiguientes.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda. Vocal. Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz. Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el dieciocho de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.-Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.-f.) Secretario de la Sala.

No. 670-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Carlos Helou Cevallos

CASO No. 670-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito D.M., 19 de febrero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por el señor Edgar Geovanny Vega León, en contra del Comandante General de la Policía Nacional y del Presidente del Consejo de Clases y Policías, en la cual manifiesta: Que mediante Orden General del Comando General de la Policía Nacional No. 208-2001 de 29 de octubre de 2001, fue puesto en disposición por pedido del Consejo de Clases y las resoluciones 2002-324-CCP-PN y 2002-624-CCP, mediante las cuales se solícita darlo de baja de la Institución Policial, conforme lo dispone el Art. 52 de la Ley de Personal de la Policía Nacional, lo que implica no estar asignado a funciones específicas hasta que mediante nueva orden general del Comandante de la Policía se ordene la reincorporación a las filas policiales. Que se ha violado los Arts. 23, numerales 26 y 27; 24, numerales 5, 7, 10 y 11; 186, inciso segundo; 187; 192 y 193 de la Constitución Política de la República; Art. 53, incisos segundo, tercero y cuarto y Art. 66, letra O de la Ley de Personal de la Policía Nacional. Que han transcurrido once meses de lo que se encuentra a disposición, a pesar de que ha demostrado que el perjudicado es él. Que el 5 de febrero de 2002 el Jefe de la Unidad de Asuntos Internos del Comando del Primer Distrito de la Policía Nacional emite el informe No. 5036-2000 en el cual concluye que de la declaración rendida en la Unidad de Asuntos Internos, el imputado Policía Nacional Edgar Vega León, manifiesta que compró el vehículo en la feria de venta de vehículos en Ambato, pero en el habilitante de fs. 19 de los autos, el Policía Edgar Vega León, realiza una declaración contradictoria. Que a pesar de haber presentado pruebas a su favor y de estar tramitándose un juicio penal por el delito de estafa cometido por Raúl Valencia, el H. Consejo de Clases y Policías mediante. Resolución No. 2002-624-CCP se ha ratificado en la Resolución No. 2002-324-CCP de 9 de mayo de 2002, la que manifiesta que el Policía Vega León Edgar Geovanny, con su actuar ha lesionado gravemente el prestigio de la institución y atentado gravemente contra la moral y las buenas costumbres encuadrando su conducta en lo que establece el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional, por lo que solicitan al Comandante General de la Policía Nacional dar de baja de la Institución Policial al Policía Vega León Edgar Geovanny, de conformidad con el Art. 66, literal i) en concordancia con el inciso cuarto del Art. 53 de la Ley de Personal de la Policía Nacional. Con los antecedentes expuestos interpone acción de amparo constitucional y solícita que en forma inmediata cesen los efectos de la Orden General 208 de 29 de octubre de 2001, mediante la cual fue puesto a disposición del Comandante General y se le reintegre a sus funciones de Policía Nacional con todos sus honores, grados, sueldos y demás beneficios que no se le han cancelado por efecto de estar a disposición.- El 26 de septiembre de 2002, se realizó la audiencia pública en el Juzgado Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, a la que compareció el actor con su abogado defensor, quien se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- El abogado defensor del Comandante General de Policía, ofreciendo poder o ratificación, negó los fundamentos de hecho y de derecho contenidos en la demanda de acción de amparo constitucional, por encontrarse alejada a la realidad de los hechos. Que al Policía Nacional Edgar Geovanny Vega se le está sustanciada una información sumaria, la que se encuentra para estudio y resolución de un Recurso de Apelación interpuesto por el demandante ante el Consejo Superior de la Policía Nacional. Que la parte fundamental que sirvió de base para la iniciación del trámite de la información sumaria, es la de que el demandante no ha podido justificar cómo tenía en su poder por varios meses un vehículo que había sido denunciado como robado y de dónde obtuvo los doscientos millones de sucres que manifiesta haber pagado por el automotor. Que de lo actuado no se ha determinado que el Comandante de la Policía Nacional ni el Presidente del H. Consejo de Clases y Policías hayan violado norma constitucional alguna. Que el referido elemento se encuentra en servicio activo dentro de la planta orgánica de la institución policial, cobrando sus haberes hasta el mes de septiembre de 2002. Por todo lo expuesto solicitó se deseche la demanda planteada.- La Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, expresó que debido a las continuas irregularidades cometidas por el accionante, se procedió a abrir un sumario administrativo, otorgando al Policía Geovanny Vega, todas las garantías constitucionales y legales, es decir se cumplieron todos los preceptos reglamentarios pertinentes y el debido proceso. Que en este caso no existe acto u omisión ilegítima, por cuanto en uso de sus atribuciones y facultades las autoridades de la Policía Nacional han dictado la Orden General No. 208 de una manera legítima, apegada a derecho, por lo que no procede la acción de amparo constitucional, por lo que solicitó se rechace la misma.- El 1 de octubre de 2002, el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, resolvió negar el recurso de amparo constitucional interpuesto.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- La acción de amparo contemplada en el Art. 95 de la Carta Política dispone que "Cualquier persona, por sus propios derechos o como representante legitimado de una colectividad, podrá proponer una acción de amparo ante el órgano de la Función Judicial designado por la ley. Mediante esta acción, que se tramitará en forma preferente y sumaria, se requerirá la adopción de medidas urgentes destinadas a cesar, evitar la comisión o remediar inmediatamente las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos de una autoridad pública que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado en la Constitución o en un tratado o convenio internacional, y que, de modo inminente amenace con causar un dallo grave. También podrá interponerse la acción si el acto o la omisión hubieren sido realizados por personas que presten servicios públicos o actúen por delegación o concesión de una autoridad pública.". En consecuencia, para que proceda el recurso de amparo constitucional es necesario: a) Que exista un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) Que viole o pueda violar cualquier derecho consagrado con la Constitución o en un tratado o convenio internacional vigente; y, c) Que cause o amenace causar un daño grave, y de modo inminente. Por tanto, lo primero que tenemos que analizar es si el acto administrativo impugnado está dentro de los parámetros o conceptos anotados, y sobre todo si se trata o no de un acto ilegítimo e inconstitucional.

CUARTO.- En el caso, el Policía Edgar Geovanny Vega León, fue colocado a disposición por presunción de mala conducta profesional conforme lo establece el Art. 54 de la Ley de Personal de la Policía Nacional, a pedido del Consejo de Clases que se ha ratificado en la Resolución No. 2002-324-CCP de 9 de mayo de 2002, y además mediante Resolución No. 2002-624-CCP, solicita darlo de baja de la Institución Policial al Policía Vega León Edgar, resolución que ha sido apelada ante el Consejo Superior de la Policía Nacional. Todos estos actos son indudablemente secuénciales y denotan que ha existido un debido proceso; el proponente agotó todas las posibilidades de defensa e impugnación de los actos, lo cual se desprende de la propia reseña que hace en su demanda. Las distintas resoluciones se han encuadrado en la normativa que rige la vida policial, en particular con la Ley de Personal de la Policía Nacional y el Reglamento General a la Ley de Personal de la Policía Nacional. En el Art. 1 de esta ley se regula: "la carrera policial, establece derechos y obligaciones de sus miembros, garantiza su estabilidad, propende a su especialización y perfeccionamiento y asegura la selección a base de un sistema de evaluación por capacidad y méritos; en el 53 se establece: "El personal policial será colocado a disposición, por presunción de mala conducta profesional, precisa que la mala conducta debe ser calificada por el "respectivo Consejo", en el presente caso el Consejo de Clases y Policías, razón por la que el acto impugnado se ciñó estrictamente a derecho; y el Art. 66 ibídem, contempla que el personal policial será dado de baja "Por haberse declarado en su contra mala conducta profesional"... En consecuencia, de autos no consta probada la violación de un derecho constitucional, como tampoco ilegitimidad en la actuación de los organismos policiales. Cabe precisar que por mandado de la Carta Política, el Estado tiene como deber primordial, velar y garantizar "...la administración pública libre de corrupción" y consigna además que, es deber y responsabilidad de todos los ciudadanos: "Denunciar y combatir los actos de corrupción". Por las consideraciones expuestas, La SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución del Juez de instancia; en consecuencia, se niega el amparo constitucional propuesto por Edgar Geovanny Vega León; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia para los fines consiguientes.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el diecinueve de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.-Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.-f.) Secretario de la Sala.

No. 676-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Luis Mantilla Anda

CASO No. 676-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito D.M., 5 de marzo de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la Lcda. María Sulay Morales Bosmediano en contra del Rector de la Universidad Técnica del Norte, en la cual manifiesta: Que el 2 de junio de 1997, ingresó a prestar sus servicios en la Universidad Técnica del Norte mediante contrato de servicios ocasionales para desempeñar las funciones de Asistente de Laboratorio en la Facultad de Ingeniería de Ciencias Aplicadas. Proyecto de Tratamiento de Aguas, contrato que terminó el 31 de diciembre de 1997, celebrándose sucesivos contratos hasta el 31 de diciembre de 2000. Que durante el período comprendido entre el 1 de enero al 28 de febrero de 1998 y durante el mes de mayo de 2000 continuó trabajando en la misma facultad, con iguales funciones, sin que la Universidad Técnica del Norte le haya cancelado valor alguno por el trabajo realizado en esos meses. Que el 11 de enero de 2001, se le otorgó el nombramiento para que desempeñe las funciones de Auxiliar de Servicios del Vicerrectorado Administrativo conforme consta en la acción de personal No. 021-UTN-R asignándole el puesto de Asistente de Laboratorio en la Facultad de Ingeniería de Ciencias Aplicadas de la Universidad Técnica del Norte. Que mediante circular No. 02 de 7 de diciembre de 2001, se realizó la convocatoria a Concurso de Merecimientos y Oposición para llenar la vacante de Asistente de Laboratorio 1, del cual resultó triunfadora como consta en el oficio No. 333 de 13 de febrero de 2002, dirigido por el Rector al Jefe de Recursos Humanos y memorando No. 45 de 19 de febrero de 2002, dirigido por el Vicerrector Administrativo al Decano de la Facultad. Que se le extendió la acción de personal No. 053-UTN-R de 14 de febrero de 2002, que contiene su nombramiento como Auxiliar de Servicios. Que con oficio No. 074-UTN-DF de 6 de mayo de 2002, el Director Financiero pene en conocimiento del Rector (E) de la Universidad Técnica del Norte que procederá a realizar el ascenso con los beneficios legales y económicos conforme a derecho. Que al recibir la liquidación de sus haberes correspondiente al mes de junio de 2002, su remuneración había sido rebajada sin haber sido notificada. Que con oficio No. 264 de 8 de julio de 2002, el Vicerrector Administrativo de la Universidad Técnica del Norte le informó que el Concurso de Merecimientos y Oposición para el puesto de Asistente de Laboratorio 1 en el que participó se encuentra bajo proceso de análisis legal y que hasta que exista una resolución definitiva del H. Consejo Universitario deberla laborar en calidad de Auxiliar de Servicios. Que esta acción ilegítima se la comunica después de transcurridos cerca de cinco meses de lo que se le declaró triunfadora del Concurso de Títulos y Merecimientos. Que interpuso acciones de amparo constitucionales en el Tribunal Distrital de lo Contencioso, Administrativo No. 1, siendo una de ellas concedida por la Primera Sala. Que el Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Norte en sesión de 13 de agosto de 2002 resolvió declarar la nulidad absoluta de su ascenso y la acción de personal No. 053-UTN-R de 14 de febrero de 2002 por haber sido obtenida en contravención a la normativa de la institución y particularmente al Instructivo de Concurso de Merecimientos y Oposición para el Servidor Administrativo, en conformidad a lo que dispone el Art. 129 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Que el citado organismo universitario acogiendo el informe emitido por el Jefe de Recursos Humanos constante en el oficio No. 183 de 12 de agosto de 2002, resolvió declarar la supresión del puesto de Auxiliar de Servicios del Vicerrectorado Administrativo y de la partida correspondiente por existir exceso de personal de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 3 del Art. 4 del Reglamento para la Supresión de Puestos y proceder a la correspondiente indemnización de ley. Que no fue notificada oficialmente sino solamente se le entregó copia del oficio No. l04-HCU-UTN de. 14 de agosto de 2002, dirigido al Vicerrector Administrativo. Que se ha violado el Art. 23 numerales 3. 26 y 27: el Art. 24 numerales 10, 12 y 13; el Art. 35, numerales 3 y 4: el Art. 119 y el Art. 124 de la Constitución Política de la República; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa; el Reglamento General de Aplicación: el Reglamento de Supresión de Puestos y su Indemnización y el Estatuto Orgánico de la Universidad Técnica del Norte. Por lo expuesto, fundamentada en lo que disponen el Art. 95 de la Constitución y el Art. 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional interpone acción de amparo constitucional y solicita que se deje sin valor y efecto legal la acción ilegítima de suprimir el puesto de Auxiliar de Servicios del Vicerrectorado Administrativo.- El 30 de septiembre de 2002, a las 10h00, se realizó la audiencia pública a la que compareció la actora con sus abogados defensores, quienes se ratificaron en los fundamentos de hecho y de derecho de su demanda.- El Procurador General de la Universidad Técnica del Norte manifestó que los señores ex-Rector y ex-Vicerrector de la Universidad Técnica del Norte, en forma ilegal extendieron el nombramiento mediante un procedimiento anómalo, sin que exista partida, presupuestaria. Que los ministros de la Primera Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo en un recurso de amparo presentado por la Leda. Morales en forma ilegal resuelven que se le reconozca y se le pague la remuneración completa a partir de junio de 2002 y la Segunda Sala del mismo, Tribunal resuelve que se le reconozca el nombramiento ilegalmente extendido. Que en sesión de 13 de agosto de 2002 el Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Norte previo el trámite pertinente resolvió declarar la supresión del puesto de auxiliar de servicios del Vicerrectorado Administrativo, resolución que se hizo conocer a la recurrente, así como la acción de personal No. 964-R de 23 de agosto de 2002. Que el cobro de los valores que tenga que recibir la recurrente se lo debe hacer en la Tesorería de la Universidad. Que no es procedente el recurso por existir falta de legitimo contradictor e ilegitimidad de personería. En base de lo argumentado solícita se deseche el recurso de amparo constitucional propuesto.- La Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del Estado, expuso que la acción os improcedente por no reunir los requisitos señalados en el Art. 95 de la Constitución Política de la República y en el Art. 46 de la Ley del Control Constitucional. Que el H. Consejo Universitario, el Rector de la Universidad Técnica del Norte y sus funcionarios han actuado de acuerdo a un derecho privativo legal, justo y apegado a las normas establecidas en la institución por lo que no puede ser aceptado el presente recurso de amparo constitucional y solícita se deseche.- El 8 de octubre de 2002, a las 09h03, el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, resolvió conceder la acción de amparo constitucional propuesta.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República.

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

Que de acuerdo al Art. 95 de la Carta Política para que proceda la acción de amparo constitucional es necesario que concurran los siguiente elementos: a) existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) que ese acto u omisión viole cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; y, c) que de modo inminente amenace con causar daño grave.

Que el H. Consejo Universitario de la Universidad Técnica del Norte en sesión ordinaria de 13 de agosto de 2002, en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 17, numeral 26 del Estatuto Orgánico resolvió ". declarar de nulidad absoluta y sin valor legal alguno, el ASCENSO DE LA LICENCIADA SULAY MORALES DE AUXILIAR DE SERVICIOS A ASISTENTE DE LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS APLICADAS y la acción de personal No. 053-UTN-R de 14 de febrero de 2002, por haber sido obtenida en contravención a la normativa de la Institución y particularmente al Instructivo de Concurso de Merecimientos y oposición para el Servidor Administrativo en conformidad a lo que dispone el Art. 129 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa.".

Que en el mismo acto administrativo el organismo universitario acogió el criterio del Jefe de Recursos Humanos contenido en el oficio No. 183 de 12 de agosto de 2002 y resolvió declarar la supresión del puesto de Auxiliar de Servicios del Vicerrectorado Administrativo así como la partida correspondiente asignados a la actora por existir exceso de personal conforme establece el Art. 4 numerales 1 y 3 del Reglamento para la Supresión de Puestos y su Correspondiente Indemnización. Consta también en el proceso la acción de personal No. 963-R de 23 de agosto de 2002, por la cual el Rector de la Universidad Técnica del Norte deja insubsistente la acción de personal No. 053-UTN de 14 de febrero del 2002; y, la acción de personal No. 964-R de 23 de agosto del 2002, con la que suprime el puesto ocupado por la actora. Actos administrativos emanados del Rector por resolución del H. Consejo Universitario en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Orgánico vigente.

Que analizado el Estatuto de la Universidad Técnica del Norte, concretamente los artículos 17 y 26, se concluye que el H. Consejo Universitario y el Rector de la Universidad no tienen competencia legal para declarar la nulidad de actos administrativos menos aún para dejar insubsistentes acciones de personal y proceder a la supresión de puestos del servidor público, por si mismos.

Que el acto es ilegitimo cuando ha sido dictado por una autoridad que carece de competencia o que teniendo facultades y atribuciones lo ejecutó violentando el procedimiento normado para su emisión o "cuando su contenido sea contrario a Derecho o bien se trate de un acto que no ha sido motivado".

Que en el caso si la Universidad por medio de sus órganos consideraba que el concurso de merecimientos y oposición convocado, su resultado y posterior nominación de la actora adolecía de vicios legales debió demandar la anulación del procedimiento administrativo ante los tribunales distritales de lo Contencioso Administrativo en atención a lo previsto en el Art. 23 literal d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en el que se estipula que para demandar la anulación de los actos y disposiciones de la administración puede comparecer el órgano de la Administración autor del acto que en virtud de lo prescrito en la ley no pudiere anularlo o revocarlo por si mismo.

Que para proceder a la supresión del cargo de la actora las autoridades de la Universidad Técnica del Norte debieron acogerse al procedimiento determinado en el Reglamento para la Supresión de Puestos y su Correspondiente Indemnización, situación que no se evidencia de los autos procesales.

Que el Art. 119 inciso primero de la Constitución dice: "Las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios públicos no podrán ejercer otras atribuciones que las consignadas en la Constitución y en la ley y tendrán el deber de coordinar sus acciones para la consecución del bien común.".

Que el II. Consejo Universitario y el Rector de la Universidad Técnica del Norte al expedir los actos administrativos que motivan este amparo actuaron fuera del mandato constitucional y legal tomándose dichos actos en ilegítimos y por tanto violan el Art. 23 numerales 26 y 27 y el Art. 24, numerales 10. 13 y 17 de la Constitución Política de la República.

Por las consideraciones anotadas, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado en consecuencia se concede el amparo solicitado por la licenciada Maria Sulay Morales Bosmediano; y.

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia .-Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos. Presidente. Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal. Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el cinco de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria. Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- -Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.-f.) Secretario de la Sala.

No. 682-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Ricardo Vanegas Armendáriz

CASO No. 682-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito DM. 20 de febrero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por el Sgto. 2do. Simón Bolívar Arboleda García, en contra del Comandante del Cuarto Distrito de la Policía Nacional, en la cual manifiesta: Que el Tribunal de Disciplina C.P.-2 el 14 de junio del 2002, resolvió imponerle la pena de baja o destitución de las filas policiales por considerarlo responsable de las faltas disciplinarias establecidas en el Art. 64, numerales 4 y 21 del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional acorde a las agravantes determinadas en el Art. 30, literales d), f.) y h) del mismo. Que las faltas que se le atribuyen son por haber abandonado su puesto de trabajo y haberse llevado la motociclista que pertenece a la institución policial, faltas que están sancionadas por los Arts. 60. numeral 22 y 61 numerales 8. 25 y 54 del Reglamentó de Disciplina de la Policía Nacional. Que del proceso no aparece que se le haya notificado con el auto inicial ni se haya instaurad5 un expediente administrativo, razón por la que no ha podido ejercer su derecho a la defensa. Que se han violado los Arts. 23. numeral 27: 24, numerales 10 y 16; y. 35 de la Constitución Política de la República, por lo que interpone acción de amparo constitucional fundamentado en los Arts. 95 de la Carta Magna y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional y solícita se adopten las medidas urgentes y necesarias para hacer cesar el acto ilegitimo proveniente del Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional del Distrito, dictado el 14 de junio de 2002, que le ha causado daño inminente a más de grave e irreparable.- El 3 de octubre de 2002 se realizó la audiencia pública a la que compareció el actor con su abogado defensor, quien se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- El abogado defensor del Comandante del Cuarto Distrito de la Policía Nacional, ofreciendo poder o ratificación, manifestó que no conoce en qué condición ha sido demandado, toda vez que fue el Tribunal de Disciplina instaurado para el efecto, quienes dispusieron la baja por destitución del Sargento Segundo de Policía Simón Bolívar Arboleda García. Negó los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda. Que el propio recurrente ha acepado el cometimiento de faltas disciplinarias de primera y segunda clase determinadas en los Arts. 60 y 62 del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional. Que el Tribunal de Disciplina y sus miembros han actuado ajustados al procedimiento y la prueba actuada, respetando el debido proceso. Que el actor no ha acompañado copias de la baja, que legalmente debió haber sido publicada en la Orden General de la Comandancia General de la Policía Nacional, requisito sin el cual no puede manifestar que se le ha causado daño y éste no ha sido inminente, por lo que la acción planteada debe sor rechazada por improcedente y mal encausada.- El 7 de octubre de 2002, el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de Guayaquil resolvió denegar el amparo interpuesto.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- La acción de amparo prevista en el Art. 95 de la Constitución y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional, de manera sustancial tutela los derechos, garantías y libertades de las personas, consagradas en el texto constitucional, contra actos ilegítimos dé autoridades públicas que de modo inminente amenacen con causar un daño grave, así como también procede contra los actos de particulares que afecten directamente un interés comunitario colectivo o un derecho difuso. Podrá interponerse también en contra de las personas que presten servicios públicos o que actúen por delegación o concesión de una autoridad pública. Es decir, para la procedencia de la acción de amparo constitucional, es necesaria la presencia de los elementos que la configuran: a).- Que exista un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b).- Que tal accionar sea violatorio a los derechos, garantías y libertades individuales de las personas; y, c).- Que cause o pueda causar con característica de inminencia un daño grave.

CUARTO.- El acto de autoridad pública impugnado es la sentencia emitida por el Tribunal de Disciplina de la Policía Nacional, el 14 de junio de 2000, a las 08h40, mediante la cual se sanciona con destitución o baja del Servicio Activo de la Policía Nacional al señor Sargento 20 de Policía Simón Bolívar Arboleda García (fojas 3-5 del expediente). De conformidad con el Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional. Título VIII, Del Procedimiento Para el Juzgamiento de Faltas de Tercera Clase, Capítulo Primero, De los Tribunales de Disciplina, Arts. 67 y siguientes, se procedió al juzgamiento de las faltas disciplinarias cometidas por el recurrente, se receptaron los testimonios del personal policial perteneciente al Reten No. 54 que dan cuenta su in conducta (fojas 17 - 44 del expediente): El Art. 64 del referido reglamento tipifica las faltas atentatorias o de tercera clase y de los hechos comprobados durante la sustanciación del proceso se concluye que la conducta del señor Arboleda se encuadra en los numerales 4 y 21 de este artículo, así como en el Art. 60 numeral 22 y el Art. 61 numerales 8, 25 y 54 del mismo reglamento. Al recurrente se le procesé de acuerdo con lo que dispone el Título VI, Clasificación de las Faltas Disciplinarias. Capítulo Tercero, de las faltas Atentatorias o de Tercera Clase, Art. 63 que dice: "Quienes incurran en faltas atentatorias o de tercera clase serán sancionados con destitución o baja, arresto de 30 a 60 días, o fagina de 21 a 30 días, o represión severa. Las fallas de tercera clase serán de exclusiva competencia del Tribunal de Disciplina". El señor Arboleda hizo uso de su derecho de defensa garantizado por el Art. 78, inciso primero del Reglamento de Disciplina de la Policía Nacional. Establecida la legitimidad del acto, en lo fundamental no hay violación de normas constitucionales o tratados internacionales vigentes, por tanto, al no reunirse los presupuestos que exige el Art. 95 de la Constitución Política, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL en ejercicio de sus atribuciones,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado y, en consecuencia, se niega la acción, de amparo constitucional planteada por el señor Simón Bolívar Arboleda García en contra del Comandante del Cuarto Distrito de la Policía Nacional; y,

2. Devolver el proceso al inferior.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente. Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional el veinte de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.-Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.-f.) Secretario de la Sala.

No. 685-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Ricardo Vanegas Armendáriz

CASO No. 685-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito D.M., 20 de febrero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por las señoras Laura Consuelo Reyes Cabanilla y Laura Beatriz Arias Reyes en contra del representante de O.C.P. Limited, en la cual manifiestan:

Que son copropietarias actualmente en el 20% aproximadamente de derechos y acciones sobre el bien raíz que representa cuarenta y cinco mil metros cuadrados, bien que fue adquirido por la primera de las recurrentes el 4 de febrero de 2002. e inscrito el 19 de los mismos mes y año ante el Notario Público del cantón Cascales. y por la segunda de las recurrentes el 20 de marzo de 1998 inscrito en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el 3 de abril de 1998 teniendo en la actualidad veinte y cinco mil metros cuadrados de superficie, considerando que anteriormente parte de los derechos y acciones fueron vendidos a OCP Limited y a varias personas. Que antes de que se inicie la construcción de la Estación de Almacenamiento Amazonas proyectaron construir una lotización denominado El Condado, pero por la cercanía a la Estación y el grave peligro que representa para quienes habitan el sector decidieron vender por lo menos cincuenta lotes con pérdida económica que al momento bordea los trescientos mil dólares. Que en forma arbitraria y con apoyo de la fuerza pública la OCP Limited ha ensanchado en tres metros más el camino que fue construido por las recurrentes sin que exista orden de Juez competente vulnerando el derecho a la propiedad privada, a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y la seguridad jurídica garantizados por la Constitución. Que conforme el Art. 19 de la Ley de Gestión Ambiental para la construcción del Complejo de Almacenamiento Amazonas previamente se debió realizar un estudio del impacto ambiental. Que amparadas en el Art. 95 de la Constitución en concordancia con el Art. 49 de la Ley del Control Constitucional y con los Arts. 19, 25 y 41 de la Ley de Gestión Ambiental interponen acción de amparo constitucional en contra de la compañía OCP Limited en la persona del señor Jerry Free, representante legal, y solicitan se ordene la suspensión provisional de la construcción de la Estación de Almacenamiento de Crudos Pesados Amazonas y se suspenda el ingreso de personas, maquinaria y demás materiales por el camino abierto dentro de su propiedad.- FI 8 de octubre de 2002, a las 09h09, se realizó lis audiencia pública en el Juzgado Primero de lo Civil de Sucumbíos a la que compareció el abogado defensor del señor Jerry Free por sus propios y personales derechos, ofreciendo poder o ratificación, quien manifestó que por no estar presente la señora Laura Consuelo Reyes Cabanillas pese a haber propuesto la acción de amparo se deberá desechar el recurso y archivar la causa. Que el señor Jerry Free no es representante de compañía o consorcio alguno que se denomine OCP Limited ni de compañía que sea subcontratista para la construcción del oleoducto de crudos pesados. Que es funcionario de la OCP Ecuador SA. pero no ejerce la representación legal de la empresa. Que del certificado emitido por el Registrador Mercantil del cantón Quito no existe ninguna compañía con la denominación a la que se refieren las accionantes en su demanda por lo que alega ilegitimidad de personería. Que la falta de motivación del auto de calificación atenta contra los derechos constitucionales y coarta el derecho a la defensa del demandado. Que según lo dispuesto en el Art. 31, literal u) de la Ley de Hidrocarburos el Ministerio de Energía y Minas a través de la Subsecretaria de Protección Ambiental es el organismo descentralizado competente en materia de hidrocarburos y que así se refiere en el Art. 19 de la Ley de Gestión Ambiental. Que el Procurador General del Estado mediante oficio No. 23118 de II de marzo de 2002 dictaminó que con excepción de lo previsto en la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito los municipios carecen de competencia para exigir permisos de construcción de obras fuera del perímetro urbano del cantón. Que no existe la apertura de camino alguno dentro de la propiedad que las accionantes reclaman. Que los posesionarios pueden presentar su demanda por la vía que señala el derecho privado. Que el pago del precio efectuado a los legítimos propietarios fue de mutuo acuerdo y por un valor mayor al que fue adquirido el bien por la accionante Laura Beatriz Arias Reyes. Por lo expuesto, solicita se inadmita la acción de amparo constitucional interpuesta por improcedente y se revoque la suspensión provisional.- La actora Laura Beatriz Arias Reyes, por sus propios derechos, se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- El 15 de octubre de 2002, a las 08h10, el Juez Tercero de lo Civil de Sucumbíos resolvió denegar el recurso de amparo constitucional propuesto por las recurrentes.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276 numeral 3 de la Constitución Política de la República.

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

Que de acuerdo al Art. 95 de la Carta Política para que proceda la acción de amparo constitucional es necesario que concurran los siguiente elementos: a) existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) que ese acto u omisión violo cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; y. c) que de modo inminente amenace con causar daño grave.

Que las señoras Laura Consuelo Reyes Cabanillas y Laura Beatriz Arias Reyes en el escrito de demanda piden lo siguiente: "1.- La suspensión de la Construcción del terminal de Almacenamiento de crudos pesados denominada Amazonas" ubicada en el Km. 4 y medio margen derecho de la vía Lago Agrio-Quito hasta cuando el Municipio de Lago Agrio apruebe un estudio o evaluación de impacto ambiental de la referida terminal y conforme el Art. 25 de la Ley de Gestión Ambiental, la Contraloría General del Estado audite los procedimientos de realización y aprobación de los estudios y evaluaciones de impacto ambiental, determinando la validez y eficacia de la obra; y. 2.- La suspensión del ingreso a nuestra propiedad por el camino abierto en el kilómetro cuatro y medio aproximadamente, vía Lago Agrio-Quito, margen derecha en una extensión de dos kilómetros que han abierto sin que mediara la orden de ocupación inmediata por parte del juez de derecho competente.". Sin embargo de lo argumentado en el proceso no consta el acto u omisión ilegítimos de la autoridad pública que evidencie la violación de los derechos fundamentales de las actoras consagrados en la Constitución. Por tanto, la ausencia en esta causa del primero de los elementos del Art. 95 de la Constitución Política de la República especificado en el considerando tercero de este proyecto resolutivo que es consustancial y concurrente al amparo desvanece su procedencia por lo que resulta estéril entrar a analizar los otros elementos que configuran esta acción constitucional.

Por las consideraciones anotadas, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia se niega el amparo solicitado por las señoras Laura Consuelo Reyes Cabanillas y Laura Beatriz Arias Reyes; y,

2- Devolver el expediente al Juez de Instancia.- Notifíquese

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente, Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el veinte de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.-Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.-f.) Secretario de la Sala.

No. 688-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Carlos Helou Cevallos

CASO No. 688-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito D.M., 19 de febrero de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por el señor Marcelo Monteros Echeverría, Gerente General de la Cooperativa Otavalo, en contra del Director Nacional de Hidrocarburos, en la cual manifiesta: Que la cooperativa a la que representa suscribió un contrato de distribución y exclusividad con la Comercializadora Petroworld SA. el 15 de agosto de 1996, con duración de cinco años. Que el 7 de febrero de 2001, se presentó ante el Juez Vigésimo de lo Civil de Pichincha una diligencia previa en la que se manifestó que la Cooperativa Otavalo no deseaba renovar el contrato referido anteriormente. Que el 28 de junio la Comercializadora Petroworld interpuso acción de amparo constitucional debido a que la Dirección Nacional de Hidrocarburos le suspendió el permiso para que siga operando como comercializadora. Que su representante legal no permitió que el contrato se dé por terminado lo que le causa graves daños a su representada. Que suscribieron un contrato de distribución y exclusividad con la Comercializadora Petróleos y Servicios, la que el 20 de agosto de 2001, envió a la Dirección Nacional de Hidrocarburos los documentos para obtener el código respectivo a fin de que su representada pueda comprar combustible. Que el 7 de diciembre de 2002, mediante oficio No. 547-DNH el Director Nacional de Hidrocarburos comunica al Presidente Ejecutivo de Petróleos y Servicios que no se puede conceder el código debido a que no se ha comprobado la terminación del vínculo contractual entre la Cooperativa Otavalo y la Comercializadora Petroworld. Que en enero de 2002 Petróleos y Servicios presentó el recurso de revisión ante el Ministro de Energía y Minas sin que a esta fecha se haya pronunciado el Ministerio y de conformidad con lo que determina el Art. 28 de la Ley de Modemi7ación del Estado la petición realizada por Petróleos y Servicios se entendía había sido resuelto favorablemente. Que desde agosto de 2002 la estación de servicio Otavalo no ha sido suministrada de combustible, situación que ha ocasionado graves perjuicios a su representada. Por este motivo presentó una petición al Director Nacional de Hidrocarburos para que se autorice el suministro de combustible por intermedio de cualquier comercializadora petición que fue negada por la Dirección Nacional de Hidrocarburos. Que se ha violado los Arts. 20; 24. Literal 1) y 120 de la Constitución Política de la República. Por lo expuesto, de conformidad a lo que dispone el Art. 95 de la Constitución en concordancia con los Arts. 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional, interpone acción de amparo constitucional.- El 5 de septiembre de 2002. a las 08h39, se realizó la audiencia pública a la que compareció el actor con su abogado defensor, quien se afirmó y ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la acción de amparo propuesta.- El abogado defensor del Director Nacional de Hidrocarburos, ofreciendo poder o ratificación, manifestó que la acción planteada por el recurrente es improcedente por no reunir los requisitos exigidos en la Ley del Control Constitucional. Que en lo referente al silencio administrativo solicitado por el accionante dentro de la acción propuesta el Despacho Ministerial con oficio No. I93-DM-030-DPM-PJ-2001-02 1685 de 28 de febrero de 2002, dio contestación al recurso extraordinario de revisión mediante el cual se negó la petición de la Comercializadora PYS. por esta razón el silencio administrativo es improcedente. Que el contrato de distribución y suministro suscrito el 15 de agosto de 1996 entre Petroworld y la Compañía de Transpones Otavalo en la cláusula tercera específica que el mismo fenecía el 15 de agosto de 2001. y si una de las partes deseaba poner término al contrato debía notificarlo con seis meses de anticipación y al no ser hecha la notificación en el plazo estipulado automáticamente se renovó el contrato por el período obligatorio de cinco años. Quedando cumplimiento a las normas reglamentarias y de conformidad con las normas contractuales el Director Nacional de Hidrocarburos mediante oficio No. 547-DNH-013537 de 7 de diciembre de 2001 deniega el pedido formulado por la estación de servicio Transportes Otavalo. Que el Procurador General del Estado mediante oficio No. 06230 de 16 de julio de 1999, se pronunció en el sentido de que de existir un vinculo contractual cuyo plazo no haya vencido, o registros anteriores, se exigirá el documento escrito que acredite la legal terminación del contrato en el que conste el acuerdo mutuo de las partes manifestado por escrito, con reconocimiento notarial de firmas o resolución judicial firme y ejecutoriada que reconozca la terminación de la relación contractual. Que la Dirección Nacional de Hidrocarburos ha actuado apegada a las normas de derecho por lo que alega la negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la acción de amparo constitucional, improcedencia de la acción, nulidad del amparo interpuesto, legalidad y legitimidad de los actos impugnados por el recurrente. Con fundamento en lo expuesto solicitó se deseche la acción propuesta.- El 23 de septiembre de 2002, a las 08h30, el Juez Vigésimo de lo Civil de Pichincha rechazó el recurso de amparo constitucional interpuesto.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República, en concordancia con el artículo 95 de la Carta Política.

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

Que de acuerdo al Art. 95 de la Carta Política para que proceda la acción de amparo constitucional es necesario que concurran los siguiente elementos: a) existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) que ese acto u omisión viole cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; y. c) que de modo inminente amenace con causar daño grave.

Que en el escrito de demanda el actor hace referencia a varios hechos como son la suscripción de un contrato de distribución y exclusividad entre la Cooperativa Otavalo y la comercializadora Petroworld SA. el 15 de agosto de 2001, una terminación de dicho contrato que no se llevó a cabo, la celebración de un contrato de distribución y exclusividad, con la comercializadora Petróleos y Servicios la negativa de la Dirección Nacional de Hidrocarburos para obtener el código respectivo que permita a la Cooperativa Otavalo comprar combustible, un recurso de revisión presentado por Petróleos y Servicios ante el Ministro de Energía y Minas y una petición formulada por el actor al Director Nacional de Hidrocarburos con el propósito de que autorice que cualquier comercializadora suministre combustible a la Cooperativa Otavalo. la misma que fue negada. En el caso estos hechos han quedado bajo la forma de un mero enunciado y por tanto no constituyen soporte probatorio toda vez que el actor no específica cuál es el acto u omisión ilegítimo de autoridad pública que impugna y vulnera sus derechos subjetivos constitucionales elemento básico que permite al juzgador pronunciarse en derecho. Consecuentemente, la ausencia en el libelo del primero de los elementos del Art. 95 de la Constitución Política de la República desvanece la procedencia del amparo propuesto por lo que resulta estéril entrar a analizar los otros elementos que configuran esta acción constitucional.

Por las consideraciones anotadas, la SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia se niega el amparo solicitado por el señor Marcelo Monteros Echeverría, Gerente General y representante legal de la Cooperativa Otavalo; y.

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia. - Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos. Presidente. Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz. Vocal. Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el diecinueve de febrero de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.-Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.-f.) Secretario de la Sala.


No.744-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Luis Mantilla Anda

CASO No.744-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito D.M., 10 de marzo de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Cinthya Elizabeth Puwainchir Pitiur en contra del Alcalde y Procurador Sindico del Municipio de Morona, en la cual manifiesta:

Que mediante oficios Nos. 406-ACM-2002 de 17 de julio de 2002 y 4l6-ACM-2002 de 22 de julio de 2002 suscritos por el Alcalde del cantón Morona se le hace conocer que se ha dispuesto tramitar e imponer en su contra la sanción que corresponda previa la acción sumaría administrativa señalada en la Ordenanza de servicio civil municipal del cantón Morona por la supuesta comisión de los actos allí determinados y se señala para el 18 de julio de 2002, para la realización de la audiencia respectiva. Que el procedimiento administrativo y la manera de ejecutarlo viola normas legales y constitucionales que le causan un daño grave e inminente. Que el Concejo Municipal del cantón Morona, el 1 de agosto de 2000, aprobó la Ordenanza de Servicio Municipal de la Municipalidad de Morona que regula las relaciones entre la Municipalidad de Morona, sus empleados y funcionarios que hayan sido nombrados por el Alcalde o el Concejo, regulándose desde los Arts. 103 al 110 lo referente al Régimen Disciplinario aplicable en la Municipalidad del cantón Morona, teniendo como cuerpos legales supletorios la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento General de Aplicación, como dispone el Art. 127 de la ordenanza. Que los Arts. 104 y 105 establecen las sanciones que podrá aplicar la autoridad nominadora a los empleados y funcionarios municipales que cometieren faltas disciplinarias, siempre que se siga la acción sumaría administrativa instaurada por orden del Alcalde. Que el Alcalde del cantón Morona ha actuado sin competencia, en razón a que su facultad llega hasta comunicar al Jefe de Personal para que inicie la acción sumaría administrativa, como disponen los Arts. 105 de la ordenanza y 63, literales a) y f.) del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Que se han violado los Arts. 16; 17; 18; 23, numeral 27; 24, numerales 1, 5, 7, 9, 10, 11, 14. 15 y 26 de la Constitución Política de la República; y Art. 1, inciso final de la resolución emitida por la Corte Suprema de Justicia el 26 de junio de 2001, publicada en el Registro Oficial No. 378 de 27 de julio de 2001, por lo que fundamentado en las disposiciones de los Arts. 95 de la Carta Magna; 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional y en la resolución de la Corte Suprema de Justicia, interpone acción de amparo constitucional para obtener la tutela efectiva de los derechos humanos subjetivos garantizados en la Constitución Política de la República mediante el cese y suspensión inmediata del acto administrativo emitido por el Alcalde del cantón.- El 28 de agosto de 2002, a las 08h40, se realizó la audiencia pública en el Juzgado Primero de lo Civil de Morona Santiago a la que compareció la actora con su abogado defensor, quien se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- El Procurador Sindico del Municipio del cantón Morona por sus propios derechos y ofreciendo poder o ratificación del Alcalde del cantón, manifestó que el Juez debe inhibirse de conocer la presente acción, por cuanto el 25 del presente mes y año ya adelantó su criterio al conceder el amparo al señor Luis Castillo, frente a una demanda realizada en los mismos términos que la actual. Que la recurrente inició una acción similar con iguales fundamentos de hecho y de derecho ante la Defensoría del Pueblo, acción que está en trámite. Que las violaciones legales en caso de los servidores públicos deben ser dirigidas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, existiendo jurisprudencia al respecto. Alegó improcedencia de la acción en razón a que la señorita Puwainchir abandonó el trabajo, paralizó las actividades en el sector público, propició el desorden administrativo, suspendió los servicios básicos, agredió verbalmente al Alcalde y demás autoridades superiores. Que no ha existido violación al debido proceso debido a que el Alcalde es la autoridad competente para tramitar y conocer el caso, como lo señalan los Arts. 67 de la Ley Orgánica de la Contraloría del Estado. 72. numerales 25 y 26 de la Ley de Régimen Municipal. Que la demandante no es servidora de carrera por lo que la audiencia era procedente. Adjuntó la copia en la que consta la Resolución del Consejo de 24 de junio de 2002, que declaró ilegal e injustificada la medida de hecho tomada por los empleados, en la que tuvo participación activa y presencial la actora desde el 17 de junio hasta el 1 de julio el 30 de agosto de 2002, a las 11h00, el Juez Primero de lo Civil de Morona Santiago, resolvió declarar con lugar el amparo constitucional deducido.- Radicada la competencia en esta Sala por el sorteo correspondiente y siendo el estado de la causa el de resolver, para hacerlo se considera:

PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República.

SEGUNDO.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERO.- Conforme al mandato del Art. 95 de la Constitución Política de la República para que proceda la acción de amparo constitucional es necesario que concurran los siguientes elementos: a) existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) que ese acto u omisión viole cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; y, c) que de modo inminente amenace con causar daño grave.

CUARTO.- Analizado el caso se advierte que el proceso en si no adolece de vicios que lo invaliden por aspectos de forma. Hubo un procedimiento, sumario administrativo, audiencia administrativa o como se lo quiera llamar, en el que la accionante tuvo la oportunidad de defenderse en la modalidad de estos trámites propios de las instituciones del sector público. Es decir, no se angustió el derecho de defensa y. por lo demás, se puede decir que hubo apego a la legalidad. Pero en lo de fondo, el punto controvertido está contenido en la comunicación que obra a fs. 5, suscrita por el Alcalde del cantón Morona que, como autoridad nominadora, le dirige a la señora Puwainchir y en la que textualmente le dice: "...le hago conocer que esta Alcaldía en cumplimiento de las normas legales y reglamentarias vigentes, ha dispuesto tramitar e imponer la sanción en su contra la respectiva SANCION que corresponda previa la ACCION SUMARIA ADMINISTRATIVA". EI Tribunal Constitucional, como organismo máximo del control constitucional, encuentra en esta frase la contradicción implícita, particularmente con el debido proceso, en lo que corresponde a la presunción de inocencia de que gozan todas las personas mientras no se demuestre lo contrario por las vías legales. Lo relatado constituye una evidente violación al ordenamiento constitucional y el consecuente menoscabo de los derechos consagrados en la Carta Magna, sin que se encuentre justificativo alguno en la apresurada decisión del Alcalde de imponer una sanción a la accionante, como medida previa al trámite administrativo, sin habérsele comprobado de manera fehaciente su culpabilidad. Además, es menester recordar que esta Sala se ha pronunciado en diversas ocasiones en el sentido de que un sumario administrativo no constituye necesariamente un antecedente para la destitución o sanción de otra índole de los servidores públicos sometidos a esta clase de procesos. Está inserto en nuestra legislación como un procedimiento investigativo para determinar posibles responsabilidades derivadas de una supuesta infracción o falta, y que puede terminar con la absolución del servidor, con el archivo del expediente o, en su defecto, con la imposición de la sanción prevista en la ley. Pero retomando la materia de este caso en particular, resulta evidente que el Alcalde de Morona, en la comunicación Nº 416-ACM-2002, de 22 de julio de 2002, lesiona los derechos que nuestra Constitución singulariza para garantizar un proceso justo, a la confianza en el ordenamiento jurídico que implica el sometimiento de los poderes estatales a la Constitución y la ley, lo que se traduce en su correcta aplicación. Por estos razonamientos y, al haberse demostrado acto ilegítimo de la autoridad pública, violatorio de derechos constitucionales de la actora, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1.- Confirmar la resolución subida de primer nivel y. consecuentemente, se concede el amparo constitucional interpuesto por Cinthya Elizabeth Puwainchir Pitiur, disponiendo el cese y suspensión de los actos lesivos a sus derechos constitucionales; y,

2.- Devolver el expediente al Juez de instancia.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente. Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal, Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal, Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional, el diez de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva, Secretaria, Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.- f. Secretario de la Sala.


No. 828-2002-RA

Vocal ponente: Doctor Carlos Helou Cevallos

CASO No. 828-2002-RA

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SEGUNDA SALA

Quito D.M., 10 de marzo de 2003.

El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional en virtud de la acción de amparo constitucional interpuesta por la señora Lylian Geormar Peñafiel Mera en contra del Gerente General (E) de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Manta, en la cual manifiesta: Que mediante memorando No. 2389 de 28 de octubre de 2002, suscrito por el Gerente General (E) de la EAPAM, se dispone la apertura del sumario administrativo en su contra, el que fue notificado al Jefe de Recursos Humanos (E) el 6 de noviembre de 2002, amparándose para el efecto en las disposiciones legales establecidas en el Art. 63 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Que pese a las nulidades existentes en el sumario administrativo, mediante providencia de 22 de noviembre de 2002, emitida por el Jefe de Recursos Humanos se recomienda a la autoridad nominadora se imponga la sanción administrativa preceptuada en el Art. 62, literal e) en concordancia con lo prescrito en el Art. 114, literal g) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Que el Gerente General (E) mediante Resolución de 22 de noviembre de 2002, le impone la sanción administrativa de destitución. Que la causa que originó el sumario administrativo en su contra fue la supuesta irregularidad por la falta de programación del pago de los fondos de reserva de obreros por el período comprendido entre julio de 2000 a junio de 2001, que debía pagarse hasta el 30 de septiembre de 2001, fecha en la que ejercía las funciones de Gerente Financiero (E) de la empresa, como lo demuestra la acción de personal No. 265-DRH emitida el 27 de noviembre de 2000. Que el 2 de octubre de 2002, se reintegró al cargo de Auditor 1, es decir que al momento de iniciarse el sumario administrativo ya no cumplía las labores en las que supuestamente cometió la falta. Que el Art. 14, inciso primero y la cuarta disposición transitoria de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, publicada en el Registro Oficial No. 595 de 12 de, junio de 2002, establecen que la EAPAM, al tener nombrado al personal auditor, del cual es parte, estaría garantizada la carrera administrativa al amparo del Art. 124 de la Constitución Política del Estado. Que se debió aplicar los procedimientos pertinentes establecidos en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Que la facultad para destituirla de su empleo es exclusiva del Contralor General del Estado. Que por lo señalado en el literal a) del Art. 4 de la resolución de la Corte Suprema de Justicia, se colige que el acto administrativo de la autoridad pública es ilegitimo y sin efecto jurídico alguno. Que se ha violado los Arts. 23, numerales 27; 24; y, 35 de la Constitución Política del Estado, por lo que fundamentada en el Art. 95 de la Carta Magna en concordancia con el Art. 46 de la Ley del Control Constitucional interpone acción de amparo constitucional y solícita se disponga su reintegro al puesto de trabajo que ocupa en la institución con todos los derechos que le asiste, incluida la remuneración dejada de percibir por la arbitraria destitución.- El 6 de diciembre de 2002, se realizó la audiencia pública en el Juzgado Sexto de lo Civil de Manabí a la que compareció la abogada defensora .de la actora, quien se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- La abogada defensora del Gerente General (E) manifestó que la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Manta es una entidad autónoma, de derecho público. Que la ex servidora fue parte procesal de un expediente administrativo instaurado por la institución en contra de tres servidoras que tenían relación directa con la Gerencia Financiera de la EAPAM, originado por el no pago de fondos de reserva de los obreros de EAPAM correspondiente al período de julio de 2000 a julio de 2001. Que por disposición expresa del Directorio de la empresa el Gerente General dispuso la apertura del sumario administrativo de acuerdo a las normas que prescribe la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. Que la actora estuvo encargada de la Gerencia Financiera en el período de 27 de noviembre de 2000 hasta el 2 de octubre de 2002 siendo notificada legalmente de la instauración del sumario administrativo y que haciendo uso de su derecho a la defensa concurrió con su abogado defensor al interrogatorio realizado, sin dar contestación al mismo. Que las otras servidoras de la institución comparecieron igualmente al interrogatorio con sus abogados patrocinadores. Que mediante oficio No. 005506 de 14 de noviembre de 2002, sus éxito por el Director Regional Uno de la Contraloría en Manabí, se da contestación a la accionante en el sentido de que la resolución tomada por el Directorio de la EAPAM es independiente del examen especial y tiene que ver estrictamente con las funciones propias de los servidores públicos determinadas en la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento. Que no existe acto administrativo ilegítimo que viole ningún derecho constitucional ni cause daño grave e inminente. Que la acción planteada es improcedente, por lo que solicité se deseche la misma.- El 11 de diciembre de 2002, el Juez Sexto de lo Civil de Manabí resolvió denegar el recurso de amparo constitucional propuesto.

Considerando:

Que la Sala es competente para conocer y resolver la acción de amparo constitucional en virtud de lo dispuesto por el artículo 276, numeral 3 de la Constitución Política de la República;

Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez;

Que conforme al mandato del Art. 95 de la Constitución Política de la República para que proceda la acción de amparo constitucional es necesario que concurran los siguientes elementos: a) existencia de un acto u omisión ilegítimos de autoridad pública; b) que ese acto u omisión viole cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; y, c) que de modo inminente amenace con causar daño grave;

Que la señora Lylian Geomar Peñafiel Mera demanda amparo constitucional en contra de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Manta, en la interpuesta persona de su Gerente General (E) Ing. José Haro Rodríguez para que mediante el trámite legal y en resolución se deje sin efecto el sumario administrativo No. 0Ol-DRH-2002, así como la resolución emitida por el Gerente General (E) de la EAPAM dictada con fecha 22 de noviembre de 2002, a las 16h20, y se disponga su reintegro al puesto de trabajo que ocupa, esto es Auditora 1. Incluida la remuneración dejada de percibir por la abusiva y arbitraria destitución:

Que la apertura del sumario administrativo en contra de la actora se origina del informe de examen especial de la Unidad de Auditoria Interna de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Manta a los "Fondos de Reserva de los Obreros", correspondiente al período de julio de 2000 a junio de 2001, fundamento de la resolución del Directorio de esa empresa adoptada en sesión ordinaria de 30 de agosto de 2002;

Que a fojas 21 y 22 del expediente consta; la acción de personal con la cual se encargó a la señora Peñafiel el puesto de Gerente Financiero de la EAPAM-Manta desde el 27 de noviembre de 2000; y, la acción de personal que hace referencia a la renuncia de la actora al puesto encargado y que rige a partir del 2 de octubre de 2002;

Que el sumario administrativo es un procedimiento indagatorio a través del cual el ente administrativo trata de buscar pruebas que justifiquen las supuestas infracciones cometidas por un servidor público, cuya comprobación habilitaría a la autoridad administrativa imponer las sanciones disciplinarias que correspondan y entre otras la consignada en el Art. 62, literal e) (destitución) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa;

Que en el caso el sumario administrativo, motivo de amparo, se retrotrae al informe de examen especial a los "Fondos de Reserva de los Obreros" de la EAPAM cuando la señora Lylian Geomar Peñafiel Mera ejercía las funciones de Gerente Financiera (E), por tanto a esa época era uno de los funcionarios principales y responsable de los hechos investigados;

Que de acuerdo al mandato de la Constitución y de la Ley del Control Constitucional la acción de amparo está normada para ser interpuesta contra actos ilegítimos de la autoridad pública, es decir, actos administrativos que son declaraciones unilaterales de la voluntad de la Administración Pública en ejercicio de sus atribuciones que crean, extinguen o modifican situaciones jurídicas individuales de los administrados:

Que del análisis del expediente se concluye que el sumario administrativo impugnado fue practicado por las autoridades de la EAPAM en atención a las disposiciones pertinentes de la Ley de Creación de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Manta del reglamento general a esa ley del orgánico funcional de la empresa y del procedimiento que para tal efecto se encuentra reglado por la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa y su reglamento general, de manera que no existe indicio de que se han violentado procedimientos o se actué contra Derecho;

Que con fundamento en lo expuesto la vulneración al debido proceso garantizado por la Constitución en el Art. 23 numeral 27 que alega la actora en la demanda de amparo se desvanece. Cabe señalar que durante la sustanciación del sumario administrativo instaurando la actora ejerció su legítimo derecho a la defensa en los términos prescritos en el Art. 63, literal d) del Reglamento General de la ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. En los autos procesales de deja constancia de que la señora Peñafiel no compareció a la diligencia de investigación señalada por la autoridad competente para el día 14 de noviembre de 2002 a pesar de haber sido notificada legalmente;

Que no corresponde al Tribunal Constitucional analizar las causas o razones que motivaron la destitución de la señora Lylian Geomar Peñafiel Mera;

Que en la demanda de amparo la actora también hace relación a varios asuntos de legalidad que no son competencia de la justicia constitucional, por tanto deben ser canalizados a través de la justicia ordinaria;

Que los actos administrativos impugnados en esta causa como son el sumario administrativo No. 00I-DRH-2002 y la resolución dictada por el Gerente General (E) de la EAPAM con fecha 22 de noviembre de 2002, devienen en legítimos y fueron dictados por autoridad competente lo que hace innecesario entrar a analizar los otros presupuestos procesales del amparo constitucional; y.

Por las consideraciones expuestas, LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL. CONSTITUCIONAL,

Resuelve:

1. Confirmar la resolución subida en grado, en consecuencia se niega el amparo solicitado por la señora Lylian Geomar Peñafiel Mera; y,

2. Devolver el expediente al Juez de instancia.- Notifíquese.

f.) Dr. Carlos Helou Cevallos, Presidente. Segunda Sala.

f.) Dr. Ricardo Vanegas Armendáriz, Vocal. Segunda Sala.

f.) Dr. Luis Mantilla Anda, Vocal Segunda Sala.

Razón: Siento por tal que la resolución que antecede fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional el diez de marzo de dos mil tres.- Lo certifico.

f.) Dra. Anacélida Burbano Játiva. Secretaria. Segunda Sala.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- SEGUNDA SALA.- Es Fiel copia del original.- Quito, a 17 de marzo de 2003.-f.) Secretario de la sala

No 0075

EL CONCEJO METROPOLITANO
DE QUITO

Vistos los informes Nos. IC-2002-39l, IC-2002-306 de la Comisión de Educación y Cultura de 26 de agosto de 2002 y 3 de octubre de 2002, respectivamente; y,

Considerando:

Que es indispensable establecer un régimen general de autogestión financiera del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; de manera que se aplique con criterios únicos, homogéneos y equitativos en todo el Subsistema Metropolitano de Educación

Que en concordancia con lo dispuesto en la Norma Técnica de Control Interno 138-1 contemplada en el Acuerdo 017-CG, expedido por la Contraloría General del Estado, el 1 de abril de 1994 y publicado en el Registro Oficial 4390 del 28 de abril de 1994, se establece la obligación del Estado, de recuperar los costos que demanda la prestación de los servicios públicos en general, incluidos aquellos actos administrativos generadores de ingresos de carácter no tributario;

Que en el artículo 2 de la Ley del Consumidor, publicada en el Registro Oficial No. 116 del ID de julio de 2000 al definir proveedor, faculta a los organismos públicos fijar los derechos por los servicios prestados;

Que el artículo 11 de la Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, publicada en el Registro Oficial No 144 de 18 de agosto de 2000, dispone que las instituciones del Estado podrán establecer el pago de tasas por los servicios de control, inspecciones, autorizaciones permisos, licencias u otros de similar naturaleza, a fin de recuperar los costos que demanda el servicio:

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 4511 de 1 de noviembre de 2001 y publicado en el Registro Oficial 504 del 29 de enero de 2002 se transfieren la ejecución de funciones, competencias y responsabilidades de escalafón y registro profesional; régimen escolar y refrendación de títulos: capacitación y perfeccionamiento docente; currículo: supervisión: y creación de establecimientos educativos; desde los niveles central y provincial del Ministerio de Educación. Cultura. Deporte y Recreación al Municipio Metropolitano de Quito cuyo ejercicio corresponde a la Dirección de Educación Municipal;

Que el artículo 165 de la Ley de Régimen Municipal literal b). Establece que a la Administración Municipal le compete fomentar la educación pública de acuerdo con las leyes de Escalafón y el Plan Estratégico Municipal:

Que el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante oficio No. 00146 SGJ-2003 de JI de enero de 2003 emite dictamen favorable a la "Ordenanza Metropolitana que Reforma el Título II del Libro Tercero del Código Municipal que trata de las Tasas, relacionado a la creación de las Tasas de Servicios Prestados por la Dirección de Educación", previo a las modificaciones relativas a la necesidad de suprimir todo lo referente a la emisión e impresión de especies valoradas por ser una de sus facultades, y las referentes a la Ley de Régimen Municipal suprimiéndose el término de orgánica, acogidas en sesión del Concejo Metropolitano el 27 de febrero de 2003; y,

En ejercicio de las atribuciones, que le confiere el artículo 64 de la Ley de Régimen Municipal y el artículo 8 de la Ley de Régimen para el Distrito Metropolitano de Quito y artículo P.2 del Código Municipal de la Ordenanza Metropolitana No. 001 publicada en el Registro Oficial No. 226 de 31 de diciembre de 1997.

Expide:

LA ORDENANZA METROPOLITANA QUE REFORMA EL TITULO II, DEL LIBRO TERCERO DEL CODIGO MUNICIPAL QUE TRATA DE LAS TASAS, RELACIONADO A LA CREACION DE LAS TASAS DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCION DE EDUCACION.

Art. 1.- Incorpórase en el Título II, del Libro Tercero del Código Municipal, el siguiente capítulo;

CAPITULO XI

DE LAS TASAS DE SERVICIOS PRESTADOS POR
LA DIRECCION DE EDUCACION

Art La Dirección de Educación del Municipio Metropolitano de Quito propenderá a su autogestión financiera en las áreas de Escalafón y Registro Profesional; Régimen Escolar y Refrendación de Títulos y Capacitación, mediante el cobro de tasas por las actividades y gestiones de su respectiva competencia tales como: solicitudes, autorizaciones, certificaciones, expedición de títulos y otros de similar naturaleza.

Art Para la aplicación del régimen general de autogestión financiera contemplado en el artículo anterior se tendrá en cuenta las siguientes normas y procedimientos:

a) Los estudios, gestión y supervisión de la aplicación del régimen de autogestión financiera serán de competencia y responsabilidad de la Dirección Metropolitana de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección de Educación del Municipio Metropolitano de Quito y la Dirección Metropolitana Financiera;

b) Las tasas serán cobradas por la Dirección Metropolitana Financiera, a través de la unidad respectiva; y,

c) La Dirección Metropolitana Financiera llevará un registro detallado de ingresos y egresos, a través de la unidad correspondiente.

Art... Prohíbese el cobro de valor alguno por cualquier otro acto administrativo que no esté expresamente determinado en este capítulo.

Art A partir de la fecha en que entre en vigencia esta ordenanza y previo el cumplimiento de los requisitos de ley. la Dirección Metropolitana de Educación, Cultura y Depone, a través de la Dirección de Educación, solicitará el cobro de tasas para cada uno de los actos detallados a continuación, dentro del Subsistema Metropolitano de Educación de Quito;

Concepto

Valor
(en
dólares)

Título de bachiller en sus distintas especialidades
3.00
Título de práctico compensatorio 1.00
Certificado de formación 1.00
Certificado de capacitación ocupacional 1.00
Certificado de terminación de primaria 1.00

Concepto

Valor
(en
dólares)

Solicitud para suscripción de nuevo título de nivel medio
2,00
Solicitud de estudios libres 1,00
Solicitud de reconocimiento de estudios libres (Título artesanal)
2,00
Solicitud de reconocimiento de títulos o diplomas obtenidos en el exterior.
6,00
Solicitud de reconocimiento de estudios efectuados en el exterior.
4,00
Solicitud para matrícula excepcional 2,00
Solicitud para matrícula extraordinaria 1,00
Solicitud para exámenes atrasados 1,00
Solicitud para exoneración de materias 1,00
Solicitud individual para autenticación de firmas en títulos y certificados en el exterior
2,00
Solicitud individual para refrendación de títulos y actas de grado.
1,00
Solicitud para rectificación de nombres y apellidos en actas de grado y títulos de nivel medio.

1,00
Solicitud para cambio de modalidad de título de bachiller
2,00
Solicitud para aprobación de plan de excursiones y paseos.
2,00
Solicitud para legalizar nómina oficial de graduados de los establecimientos.
2,00
Solicitud para legalizar actas de grado 1,00
Diplomas de terminación de Ciclo Básico 1,00
Solicitud de recalificación de exámenes 1,00
Solicitud para ascenso de categoría 1,00
Solicitud para habilitación en tiempo de servicio
1,00
Solicitud de liquidación en tiempo de servicio 1,00
Solicitud para certificación de adicionales a la 10ma categoría.
1,00
Solicitud para certificaciones en general 1,00
Solicitud para certificación de no haber sido sancionado.
1,00
Certificado de curso de perfeccionamiento docente para ascenso de categoría
1,00
Solicitud de canje de certificados de ascenso de categoría.
1,00
Solicitud de canje de certificados para ascenso de categoría.
1,00
Solicitud para asistir al curso de ascenso de categoría (incluye asistencia al curso)
15,00
Solicitud General. 1,00

Art La Dirección Metropolitana de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección de Educación, será la responsable de establecer la cantidad y requerimientos de las tasas por cada uno de los actos detallados en este capítulo.

Art Los recursos de autogestión contemplados en este capítulo ingresarán al Municipio y pasarán a formar parte del presupuesto para educación y su redistribución se realizará de acuerdo a las necesidades y requerimientos institucionales.

Art... El Area de Régimen Escolar de la Dirección de Educación Municipal autorizará el cobro de tasas por la entrega de los siguientes documentos:

Título de bachiller en sus distintas es especialidades
Título de práctico compensatorio
Certificado de formación
Certificación de capacitación ocupacional
Certificado de terminación de rimaría
Diplomas de terminación de ciclo básico
Certificado de curso de perfeccionamiento docente para ascenso de categoría

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 2.- En forma inmediata la Dirección de Informática en coordinación con la Dirección Metropolitana de Educación, Cultura y Deporte procederá a implementar los códigos correspondientes.

Art. 3.- De la ejecución de la presente ordenanza se encargará la Dirección Metropolitana Financiera -Administrativa y la Dirección Metropolitana de Educación, Cultura y Depone, a través de la Dirección de Educación del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano, el 27 de febrero de 2003.

f.) Andrés Vallejo, Primer Vicepresidente del Concejo Metropolitano de Quito.

f.) Dra. Martha Bazurto Vinueza, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.

CERTIFICADO DE DISCUSION

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en sesiones de 19 de septiembre, 3 de octubre, 14 de noviembre de 2002. En sesión del 27 de febrero de 2003 el Concejo Metropolitano de Quito acoge las observaciones constantes en el oficio No. 00146 SGJ-2003 de 31 de enero de 2003 del Ministerio de Economía y Finanzas.- Lo certifico.- Quito, 5 de marzo de 2003.

f.) Dra. Martha Bazurto Vinueza, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.

ALCALDIA DEL DISTRITO.- Quito, 5 de marzo de 2003. EJECUTESE;

f.) Paco Moncayo Gallegos, Alcalde Metropolitano de Quito.

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por el Gral. Paco Moncayo Gallegos, Alcalde Metropolitano el 5 de marzo de 2003.- Quito. 5 de marzo de 2003.

f.) Dra. Martha Bazurto Vinueza, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Secretario General del Concejo Metropolitano de Quito.- Quito, a 17 de marzo de 2003.

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