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Registro Oficial. 22 de ENERO del 2007

lunes 22 de enero del 2007 | 12:00
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


  

 


Lunes, 22 de enero de 2007 - R. O. No. 05

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Dr. Vicente Napoleón Dávila García
DIRECTOR


FUNCION LEGISLATIVA
LEY:

2007-75 Ley Reformatoria a la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas.

FUNCION EJECUTIVA
DECRETOS:

2129-A Amplíase el contenido del Decreto Ejecutivo Nº 2129 del 8 de diciembre del 2006 e inclúyese al ingeniero Tomás Peribonio Poduje, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad integre la comitiva oficial que acompañará al exterior al señor Vicepresidente de la República.

2170-A Concédese licencia al ingeniero José Jouvín Vernaza, Ministro de Economía y Finanzas.

2191 Nómbrase al Coronel E.M.T. Avc. Nelson Fabián Castro Guerrero, para que desempeñe las funciones de Adjunto a la Agregaduría Aérea a la Embajada del Ecuador en Chile.

2192 Colócase en situación de disponibilidad de la Fuerza Terrestre al MAYO. de E. Iván Marcelo Marcial Grijalva.

2193 Confiérese la condecoración "Policía Nacional" de "Primera Categoría" a varios oficiales superiores.

2194 Asciéndese al grado inmediato superior a varios subtenientes de Policía de Línea.

2195 Asciéndese al grado de Coronel de Policía de E.M. de Línea a varios Tenientes Coroneles de Policía de E.M. de Línea.

2196 Confiérese la condecoración "Cruz del Orden y Seguridad Nacional" al Suboficial Mayor de Policía Florencio Bolívar Montenegro Pozo.

2197 Confiérese la condecoración "Policía Nacional" de "Primera Categoría" al Teniente Coronel de Policía de E.M. Juri Germán Arias Morales.

2199 Confiérese la condecoración "Cruz del Orden y Seguridad Nacional" al Suboficial Mayor de Policía Segundo Guillermo Rivera Aguirre.

ACUERDOS:
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR:

06 683-A Deléganse funciones a la Unidad de Asesoría Legal Comercial Internacional.

MINISTERIO DE GOBIERNO:

160 Sanciónase la Ordenanza para el cobro de peaje en la vía Alóag-Santo Domingo de los Colorados, expedida por el H. Consejo Provincial de Pichincha.

161 Sanciónase la Ordenanza que norma la ocupación y el uso del derecho de vía, expedida por el H. Consejo Provincial de Pichincha.

RESOLUCION:
CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS:

- Refórmase el Reglamento Especial de Control de Bienes.

FUNCION JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL:

Recursos de casación en los juicios penales seguidos en contra de las siguientes personas:

17-2005 Kléber Alexander Naranjo Pontón por el delito de violación en perjuicio de Gloria Moreta y otra.

18-2005 Wilson Alfonso Reascos Charcopa por el delito de asesinato en la persona de Marco Manuel Reascos Charcopa.

44-2005 Luis Eduardo Loyo Lima por accidente de tránsito en perjuicio de Gladis Magdalena Clerque Félix.

64-2005 Secundino Virgilio Muñiz Bello y otros por el delito de robo en perjuicio de Humberto Muñoz.

67-2005 Mario Fernando Yugsi Chilla por lesiones en perjuicio de Víctor Hugo Paredes Pila.

72-2005 Carmen Luna Zamora por drogas, en perjuicio del Estado.

ORDENANZAS MUNICIPALES:

- Cantón Isidro Ayora: Que reforma a la Ordenanza que establece el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos50

- Gobierno Municipal del Cantón Joya de los Sachas: Sustitutiva que reglamenta el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos.52

- Gobierno Municipal del Cantón Joya de los Sachas: Sustitutiva que regula la determinación, administración, recaudación y control de la tasa por el servicio de recolección de basura y desechos sólidos54

- Cantón Centinela del Cóndor: Que regula la recaudación de la tasa de alquiler de bienes muebles, inmuebles y otros de propiedad municipal..56

- Gobierno Municipal del Cantón Pangua: Que regula a los inmuebles y conjuntos habitacionales a ser declarados dentro del régimen de propiedad horizontal.

REPUBLICA DEL ECUADOR
PRESIDENCIA DEL CONGRESO NACIONAL

Quito, 10 de enero del 2007
Oficio No. 0017-PCN

Doctor
Vicente Napoleón Dávila García
DIRECTOR DEL REGISTRO OFICIAL
En su despacho

Señor Director:

Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución Política de la República, remito a usted copia certificada del texto de la LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, que el Congreso Nacional del Ecuador discutió y se allanó a la objeción parcial del señor Presidente Constitucional de la República.

Adjunto también la Certificación del señor Secretario General del Congreso Nacional, sobre las fechas de los respectivos debates

Atentamente.

f.) Arq. Jorge Cevallos Macías, Presidente del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL
Dirección General de Servicios Parlamentarios

CERTIFICACION

Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del Ecuador, certifica que el proyecto de LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS, fue discutido y aprobado y allanado a la objeción parcial del señor Presidente Constitucional de la República de la siguiente manera:

PRIMER DEBATE: 29-11-2006.

SEGUNDO DEBATE: 20 y 21-12-2006.

ALLANAMIENTO: 10-01-2007

Quito, 10 de enero del 2007.

f.) Abg. Vicente Taiano Basantes.

No. 2007 75

EL CONGRESO NACIONAL

Considerando:

Que el artículo 183 de la Constitución Política de la República dispone que su misión, organización, preparación, empleo y control de la fuerza pública será regulada por la ley;

Que en la actualidad, algunas de las disposiciones de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 660 del 10 de abril de 1991; y, las reformas expedidas mediante Ley No. 32 de 23 de octubre de 1997, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 182, de los mismos mes y año, no guardan concordancia con la Constitución Política vigente;

Que los nuevos escenarios presentes y futuros determinan la necesidad de establecer una nueva normativa de la carrera militar que garantice la Defensa Nacional, el fortalecimiento institucional y la profesionalidad de sus miembros;

Que las normas de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, deben guardar estricta relación con la Ley Orgánica de la Defensa Nacional, por lo que es indispensable armonizar con las disposiciones de este último cuerpo legal; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

LEY REFORMATORIA A LA LEY DE PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

Art. 1.- Sustitúyese el artículo 3, por el siguiente:

"Art. 3.- Solo los ecuatorianos por nacimiento, hijos de padre o madre ecuatorianos por nacimiento podrán ser miembros de las Fuerzas Armadas permanentes.".

Art. 2.- Sustitúyese el artículo 4, por el siguiente:

"Art. 4.- Las Fuerzas Armadas permanentes están constituidas por militares en servicio activo.".

Art. 3.- Sustitúyese el artículo 5, por el siguiente:

"Art. 5.- Militar en Servicio Activo es aquel que, habiendo satisfecho los requisitos para su reclutamiento, ha optado por la carrera militar como su profesión habitual.".

Art. 4.- Sustitúyese el artículo 22, por el siguiente:

"Art. 22.- Los militares de arma, son los que se reclutan e instruyen en los institutos de formación de oficiales o de tropa, cuya preparación fundamental les capacita para participar directamente en acciones y en operaciones de combate.".

Art. 5.- Sustitúyese el artículo 23, por el siguiente:

"Art. 23.- Los militares técnicos y los de servicios son los que se reclutan e instruyen en cursos regulares de los institutos de formación de oficiales o de tropa, cuya preparación fundamental les capacita para proporcionar apoyo técnico o de servicios durante las operaciones militares.".

Art. 6.- Sustitúyese el artículo 24, por el siguiente:

"Art. 24.- Los militares especialistas son los profesionales y tecnólogos graduados en establecimientos de educación superior, técnica o media que, reclutados e instruidos en los institutos de formación de oficiales o de tropa, están capacitados para apoyar al desarrollo de las operaciones militares.".

Art. 7.- Sustitúyese el artículo 28, por el siguiente:

"Art. 28.- Los militares de arma por causas físicas o por necesidades del servicio previa resolución del Consejo respectivo, podrán canjear sus despachos por los de Técnicos, Servicios o Especialistas; de igual forma los de Técnicos o Servicios por Especialistas; previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en los reglamentos pertinentes; pudiendo continuar en el servicio activo de las Fuerzas Armadas. Dicho canje se podrá realizar hasta el grado de Teniente Coronel o su equivalente para oficiales y hasta Sargento Primero, para tropa.".

Art. 8.- Sustitúyese el artículo 30, por el siguiente:

"Art. 30.- Superior por antigüedad es aquel que tiene mayor tiempo de servicio en el grado. En igualdad de tiempo de permanencia en el grado, entre militares de la misma Fuerza, la antigüedad se determinará por el orden de ubicación en el decreto de ascenso o en la Resolución del Comando de Fuerza y la precedencia será arma, técnicos, servicios y especialistas. Entre militares de diferente Fuerza, si lo anterior no fuere aplicable, se mantendrá la antigüedad que les correspondía en el ascenso al inmediato grado anterior.".

Art. 9.- Suprímese el inciso segundo del artículo 31.

Art. 10.- Elimínase en el artículo 38 la frase: "Subsecretario de Defensa Nacional".

Art. 11.- Suatitúyese el artículo 42, por el siguiente:

"Art. 42.- Los cargos de agregados militares a las embajadas, de adjuntos, de ayudantes y de delegados militares ante organismos internacionales, así como de ayudantes administrativos militares, serán desempeñados por un tiempo máximo de dos años y por una sola vez en toda la carrera militar.".

Art. 12.- Sustitúyese el artículo 44, por el siguiente:

"Art. 44.- Ningún militar podrá acumular tiempo mayor a cinco años en comisión de servicios en el exterior, durante su carrera militar, sin considerar el tiempo de aspirante, misiones de paz y atención médico-hospitalaria, de acuerdo a lo establecido en el correspondiente Reglamento.".

Art. 13.- Incorpórese en el artículo 45 luego de la frase: "Función Legislativa", la frase: "y Presidente de la Corte Suprema de Justicia".

Art. 14.- Sustitúyese el artículo 46, por el siguiente:

"Art. 46.- Los cargos de Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Comandante General de Fuerza, Secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Subsecretarios del Ministerio de Defensa Nacional, serán desempeñados por una sola vez y por un período de dos años en cada uno de ellos, excepto la función de Subsecretario General.".

Art. 15.- Sustitúyese el artículo 49, por el siguiente:

"Art. 49.- Los oficiales de arma, diplomados de Estado Mayor Conjunto, podrán desempeñar los siguientes cargos:

a) Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;

b) Comandantes Generales de Fuerza;

c) Subsecretarios, a excepción del Subsecretario General;

d) Secretario General del Consejo de Seguridad Nacional;

e) Jefe del Estado Mayor del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas;

f) Jefe del Estado Mayor de Fuerza;

g) Inspector General de Fuerza;

h) Directores Generales del Comando Conjunto y Fuerzas;

i) Comandantes de unidades operativas mayores desde el nivel de Brigada o sus equivalentes;

j) Jefe Militar de la Casa Presidencial; y,

k) Aquellos que específicamente se determine en los orgánicos de Fuerzas Armadas, para oficiales que cumplan este requisito.".

Art. 16.- Sustitúyese el artículo 51, por el siguiente:

"Art. 51.- Los oficiales de arma, diplomados de Estado Mayor desempeñarán las funciones de Agregados Militares, Adjuntos y representantes a Organismos Internacionales. Los oficiales técnicos y de servicios, diplomados de Estado Mayor Técnico o de Servicios, desempeñarán las funciones de adjuntos o ayudantes en funciones específicas de su especialidad.".

Art. 17.- Agrégase a continuación del artículo 52, el siguiente innumerado:

"Art. El Perfeccionamiento es la actividad educativa mediante la cual el militar una vez dado de alta como oficial o tropa, durante su carrera, recibe los conocimientos militares y complementarios para el desempeño en el inmediato grado superior.".

Art. 18.- Sustitúyese el literal a) del artículo 53, por el siguiente:

"a) De los institutos superiores de formación de oficiales, previa la realización y aprobación de los cursos regulares de formación militar; y,".

Art. 19.- Sustitúyese en el artículo 54, la frase: "Institutos Nacionales", por: "Institutos Superiores de formación".

Art. 20.- Sustitúyese el artículo 57, por el siguiente:

"Art. 57.- Los oficiales especialistas se reclutarán de los cursos que se organicen en los institutos superiores de formación de cada Fuerza, de acuerdo al reglamento respectivo y serán profesionales graduados de tercer nivel en los institutos de educación superior, reconocidos legalmente por el Estado, quienes luego de un período de militarización no mayor de seis meses, ni menor de tres, obtendrán el grado de Teniente o su equivalente en cada Fuerza." .

Art. 21.- Sustitúyese el artículo 59, por el siguiente:

"Art. 59.- El personal de tropa, se reclutará de los Institutos de Formación de Tropa, sujetándose a las normas contempladas en el Reglamento General a esta Ley."

Art. 22.- Sustitúyese en el artículo 62 las palabras: "tres años", por: "cuatro años".

Art. 23.- Agrégase al final del artículo 66 la frase: "excepto aquellos separados por mala conducta.".

Art. 24.- Suprímese el literal d) y sustitúyese el literal e) del artículo 68 por el siguiente:

"e) El personal militar enjuiciado penalmente, permanecerá en servicio activo mientras no se haya ejecutoriado auto de llamamiento a juicio, dictado en su contra.".

Art. 25.- Suprímese en el artículo 71 la frase: "En ningún caso, este tiempo será inferior a cinco años".

Art. 26.-Sustitúyese el literal c) del artículo 73, por el siguiente:

"c) Los conscriptos que terminen el tiempo de servicio activo, serán licenciados como soldados o marineros y seguirán constando en esta situación durante cinco años.".

Art. 27.- Sustitúyese en el artículo 74 la palabra: "planta", por: "plaza".

Art. 28.- Sustitúyese el artículo 76, por el siguiente:

"Art. 76.- El militar será puesto en disponibilidad, por una de las siguientes causas:

a) Por solicitud voluntaria;

b) Por hallarse dentro de las listas de separación, de acuerdo a la presente Ley;

c) Por enfermedad, una vez cumplido el tiempo previsto en la presente Ley;

d) Por invalidez, de acuerdo a la ley de la materia;

e) Por haberse dictado en su contra auto de llamamiento a juicio, por infracciones militares o comunes, una vez ejecutoriados;

f) Por no haber cumplido los requisitos establecidos en la presente Ley para el ascenso al inmediato grado superior;

g) Por haber sido calificado en un año en la lista 3 para oficiales generales; en dos años en la lista 3 para oficiales superiores y suboficiales; y, en dos años en la lista 4 para las demás jerarquías de oficiales y de tropa;

h) Por convenir al buen servicio, sea por mala conducta o por incompetencia profesional del militar, calificada así por el respectivo Consejo, de conformidad con lo establecido en el Reglamento correspondiente; e,

i) Por las demás causas establecidas en la presente Ley." .

Art. 29.- Sustitúyese el artículo 77, por el siguiente:

"Art. 77.- Si se dictare sentencia absolutoria, se dejará insubsistente la disponibilidad y volverá al servicio activo, recuperando todos los derechos que le hubieren correspondido.".

Art. 30.- Sustitúyese el artículo 78, por el siguiente:

"Art. 78.- Si la sentencia fuere condenatoria con pena privativa de su libertad de noventa días o menos, se dejará insubsistente la disponibilidad, pero el tiempo que dure la disponibilidad y la pena no se tomará en cuenta para la antigüedad ni para el ascenso.".

Art. 31.- Sustitúyense los literales e) y h) del artículo 87, por los siguientes:

"e) Haber sido declarado desaparecido, de conformidad con las disposiciones de esta Ley;

h) El militar que no haya respondido a la formación recibida, que no se hubiere adaptado a la vida militar o que no demostrare eficiente desempeño en sus funciones, dentro de los cuatro años desde la fecha de su alta en las Fuerzas Armadas, por resolución del respectivo Consejo, a pedido del Comandante General de la Fuerza correspondiente.".

Art. 32.- Sustitúyese el artículo 90, por el siguiente:

"Art. 90.- No se concederá la baja por solicitud voluntaria en los casos previstos en esta Ley."

Art. 33.- Sustitúyese el artículo 91, por el siguiente:

"Art. 91.- La calificación anual será motivada y es el resultado de la evaluación permanente e integral del militar, en base al análisis de sus competencias técnico profesionales, psico-sociales, valores institucionales básicos o fundamentales y condición física. La calificación se hace sobre la base de parámetros objetivos en relación con el grado o desempeño de las funciones asignadas.".

Art. 34.- Sustitúyese el artículo 95, por el siguiente:

"Art. 95.- Las calificaciones anuales serán revisadas por los comandantes o autoridad inmediata superior al calificador quien podrá ratificar o rectificar las mismas; en los dos casos la calificación será debidamente motivada.".

Art. 35.- Sustitúyese el artículo 97, por el siguiente:

"Art. 97.- El personal militar que cumpla los requisitos básicos para un asenso se sujetará al proceso de evaluación del desempeño en el grado que ocupa.

Se tomarán en cuenta los méritos personales, formación profesional y experiencia laboral.".

Art. 36.- Sustitúyese los literales g) y h) del artículo 98, por los siguientes:

"g) Suboficiales 1ros. 18.50

h) Suboficiales 2dos. 18.00"

Art. 37.- Sustitúyense el artículo 103, por el siguiente:

"Art. 103.- Los ascensos se concederán grado por grado, a los militares que hubieren cumplido con todos los requisitos contemplados en esta Ley, respetándose el orden de las listas de selección elaboradas por los respectivos consejos; y, se realizarán anualmente, a partir de las fechas de graduación, tanto para los oficiales, como para la tropa en las siguientes fechas:

Fuerza Terrestre: 10 de agosto;
Fuerza Aérea: 27 de octubre; y,
Fuerza Naval: 20 de diciembre."

Art. 38.- Suprímese en el artículo 105 la frase: "o jefes de los departamentos".

Art. 39.- Sustitúyese el artículo 107, por el siguiente:

"Art. 107.- El militar que se considere afectado podrá formular su reclamo al respectivo consejo, en el plazo de treinta días contados desde la fecha de la publicación de las indicadas listas.

Esto no impedirá la publicación de las listas de selección definitivas del resto del personal de oficiales y de tropa que hubiere cumplido con todos los requisitos.".

Art. 40.- Sustitúyese el artículo 109, por el siguiente:

"Art. 109.- No podrán constar en las listas de selección ni ascenderán los militares que se hallaren comprendidos en los siguientes casos:

a) Hallarse en situación de disponibilidad;

b) Haberse dictado en su contra auto de llamamiento a juicio en procesos penales militares o comunes;

c) Constar en la lista de separación; y,

d) Encontrarse cumpliendo la sanción de suspensión de funciones, según el reglamento respectivo.".

Art. 41.- Sustitúyese en el artículo 110, la frase: "al grado inmediatamente superior", por: "al grado inmediato superior".

Art. 42.- Agrégase en el artículo 117, los siguientes literales:

"f) No haber reprobado ningún curso militar o técnico en el país o en el exterior, de acuerdo al reglamento respectivo; y,
g) No encontrarse incurso en una o más de las causales de la Separación del Personal Militar.".

Art. 43.- Sustitúyese el artículo 118, por el siguiente:

"Art. 118.- El tiempo de permanencia en el grado para el personal de oficiales de arma, técnicos y servicios, es el siguiente:

Subteniente o Alférez de Fragata 4 años
Teniente o Teniente de Fragata 5 años
Capitán o Teniente de Navío 7 años
Mayor o Capitán de Corbeta 7 años
Teniente Coronel o Capitán de Fragata 7 años
Coronel o Capitán de Navío 7 años
General de Brigada o sus equivalentes 5 años
General de División o sus equivalentes 3 años
General de Ejército o sus equivalentes 2 años

El tiempo de permanencia en el grado para el personal de oficiales especialistas, es el siguiente:

Teniente o Teniente de Fragata 2 años
Capitán o Teniente de Navío 7 años
Mayor o Capitán de Corbeta 7 años
Teniente Coronel o Capitán de Fragata 7 años
Coronel o Capitán de Navío 7 años.".

Art. 44.- Sustitúyese el artículo 119, por el siguiente:

"Art. 119.- El tiempo de permanencia en el grado para el personal de tropa es el siguiente:

Soldado o Marinero 4 años
Cabo Segundo 5 años
Cabo Primero 7 años
Sargento Segundo 7 años
Sargento Primero 7 años
Suboficial Segundo 4 años
Suboficial Primero 3 años
Suboficial Mayor 2 años.".

Art. 45.- Sustitúyese el artículo 121, por el siguiente:

"Art. 121.- El militar no podrá repetir un curso que constituya requisito para el ascenso, excepto por casos de fuerza mayor, debidamente comprobados, de acuerdo a lo establecido en el reglamento respectivo de cada Fuerza.".

Art. 46.- Sustitúyese el artículo 122, por el siguiente:

"Art. 122.- Los oficiales de arma, técnicos y de servicios a más de los requisitos comunes para su ascenso, cumplirán los siguientes, según su grado:

a) Para el ascenso a Teniente, Capitán, Mayor y Teniente Coronel de Arma o sus equivalentes en la Fuerza Naval, aprobar el respectivo curso de Estudios Militares, establecidos en los reglamentos pertinentes de cada Fuerza;

b) Para ascender a Teniente Coronel de Estado Mayor o su equivalente, haber aprobado el curso de Estado Mayor de Arma, Técnico y de Servicios en las Academias de Guerra Nacionales y no haber sido sancionado por el cometimiento de una falta atentatoria, como oficial superior;

c) Para ascender a Coronel o Capitán de Navío, no haber sido sancionado por el cometimiento de una falta atentatoria, en el grado;

d) Para ascender a General de Brigada o sus equivalentes en las demás Fuerzas, se requiere:

Para los Oficiales de Arma:

1) Obtener la resolución favorable del Consejo de Oficiales Generales o Almirantes de Fuerza; y,

2) Haber aprobado el Curso de Estado Mayor Conjunto.

Para los Oficiales Técnicos y de Servicios:

Obtener la resolución favorable del Consejo de Oficiales Generales o Almirantes de Fuerza;

e) Para ascender a General de División, Vicealmirante o Teniente General, se requiere ser Oficial de Arma y obtener la resolución favorable del Consejo de Oficiales Generales o Almirantes de Fuerza. En caso de que no pudiera constituirse el mencionado Consejo esta responsabilidad la asumirá el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas; y,

f) Para ascender a General de Ejército, Almirante o General del Aire se requiere que el Oficial General se encuentre ejerciendo en forma efectiva y como titular, uno de los siguientes cargos: Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas o Comandante General de Fuerza.".

Art. 47.- Sustitúyese el artículo 123, por el siguiente:

"Art. 123.- Los oficiales en el grado de Mayor de arma, técnico y de servicios, que voluntariamente no decidan cursar la Academia de Guerra; que no hayan sido calificados para presentarse a exámenes de ingreso por el Consejo de Oficiales Superiores; o, que no hayan aprobado los exámenes de ingreso en dos oportunidades, podrán presentarse al curso de especialización, requisito para el grado de Teniente Coronel o su equivalente.".

Art. 48.- Sustitúyense los artículos 123 A y 123 B, por el siguiente:

"Art. 123-A.- Los oficiales titulados de Estado Mayor y calificados como idóneos por el respectivo Consejo de Oficiales Superiores, realizarán el Curso de Estado Mayor Conjunto, en el Instituto Nacional de Guerra.".

Art. 49.- Sustitúyese el artículo 132, por el siguiente:

"Art. 132.- Los oficiales especialistas, a más de los requisitos comunes para su ascenso, excepto el respectivo curso para el grado de Capitán o su equivalente, cumplirán con los siguientes:

a) Para el ascenso a Mayor y Teniente Coronel o su equivalente en la Fuerza Naval, aprobar el respectivo curso, conforme a lo establecido en el reglamento de cada Fuerza; y,

b) Para ascender a Coronel, o su equivalente en la Fuerza Naval, aprobar el Curso Superior Militar, con una duración no mayor de seis meses, según lo dispuesto en el reglamento de cada Fuerza; y, no haber sido sancionado por el cometimiento de una falta atentatoria en el grado.

Los oficiales especialistas que voluntariamente decidan no cursar la Academia de Guerra, que no hayan sido calificados para presentarse a exámenes de ingreso por el Consejo de Oficiales Superiores; o, que no hayan aprobado los exámenes de ingreso en dos oportunidades, podrán presentarse al curso de especialización, requisito para el grado de Coronel.".

Art. 50.- Sustitúyense en el artículo 134 los literales b), c) y d), por los siguientes:

"b) Para ascender a Suboficial Segundo, haber aprobado un curso de administración militar de acuerdo a la reglamentación de cada Fuerza; y, no haber sido sancionado por el cometimiento de una falta atentatoria en el grado de sargento; y,

c) Para ascender a Suboficial Primero y Suboficial Mayor, obtener la resolución favorable del Consejo de Personal de Tropa de la respectiva Fuerza, y no haber sido sancionado por el cometimiento de una falta atentatoria.".

Art. 51.- Sustitúyese el artículo 135, por el siguiente:

"Art. 135.- El personal de tropa de arma, técnicos, servicios y especialistas, a más de los requisitos comunes para su ascenso, según el grado, cumplirá con lo siguiente:

Para el ascenso hasta el grado de Sargento Primero, inclusive, haber aprobado los cursos de promoción y perfeccionamiento, establecidos en los pertinentes reglamentos de cada Fuerza.".

Art. 52.- Sustitúyese el artículo 136, por el siguiente:

"Art. 136.- El personal de tropa, de arma, técnicos, servicios y especialistas en el grado de Sargento Primero que no hayan aprobado el curso de ascenso, podrán permanecer en el grado hasta completar el tiempo, en tal virtud entrará en disponibilidad.".

Art. 53.- Sustitúyese el artículo 137, por el siguiente:

"Art. 137.- El militar en servicio activo que haya fallecido o desaparecido, previa declaratoria de muerte presunta y que hubiere cumplido con todos los requisitos de ascenso, será ascendido previa resolución del respectivo Consejo.".

Art. 54.- Sustitúyese el artículo 138, por el siguiente:

"Art. 138.- El militar en servicio activo que haya fallecido o sea declarado desaparecido posterior a la declaratoria de muerte presunta en cumplimiento de misiones de combate o relacionadas con las mismas, será ascendido a su inmediato grado superior, previa resolución del respectivo Consejo.".

Art. 55.- Sustitúyase el segundo inciso del artículo 140, por el siguiente:
"Este ascenso lo solicitará el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a pedido de los Comandantes Generales de Fuerza o de los comandantes de los teatros de operaciones o zonas de defensa para los oficiales; y, para la tropa lo resolverá el Comandante General de Fuerza, a pedido de los comandantes de las unidades.".

Art. 56.- Sustitúyese el artículo 141, por el siguiente:

"Art. 141.- Con el propósito de asegurar una adecuada selección del personal militar en los diferentes grados, de garantizar la idoneidad de la carrera militar y satisfacer las necesidades orgánicas de la Institución, se establecerán listas de separación del personal en servicio activo, las mismas que serán publicadas de conformidad con el respectivo reglamento.".

Art. 57.- Sustitúyese el artículo 145, por el siguiente:

"Art. 145.- Integrarán las listas de separación del servicio activo en cada grado, los militares que se encuentren comprendidos dentro de las siguientes causas:

a) Haber sido sancionados hasta dos veces con suspensión de funciones;

b) Haber reprobado un curso militar o técnico realizado en el país o en el exterior, de acuerdo al reglamento de cada Fuerza;

c) No presentarse al segundo llamamiento, para realizar un curso militar o de especialización, después de haberse aceptado una primera postergación o justificación, por parte del respectivo Consejo;

d) No haber cumplido con los requisitos comunes y específicos de ascenso; y,

e) Haber incumplido las prohibiciones contempladas en la ley.

Art. 58.- Incorpóranse luego del artículo 145, los siguientes innumerados:

"Art. El militar que debe ser separado del servicio activo por una o más de las causales indicadas en el artículo anterior, será colocado en situación de disponibilidad, siempre y cuando acredite el tiempo de servicio que genera este derecho, caso contrario será dado de baja.

Art.. Los respectivos Consejos, en cada Fuerza, elaborarán la nómina de los militares que deben integrar la lista de separación del servicio activo, de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en el respectivo reglamento.

La resolución del Consejo será notificada en el término de tres días laborables al militar que conste en dicha lista, quien podrá formular su reclamo dentro del plazo establecido por el respectivo reglamento a partir de la fecha de notificación; o solicitar su separación voluntaria del servicio activo.

Art. De esta resolución se podrá presentar el recurso de reconsideración ante el respectivo Consejo, órgano que reconsiderará el caso por una sola vez en el término señalado en el reglamento, resolución que puede ser apelada ante el órgano superior regulador de la carrera militar, que de conformidad con las garantías del debido proceso y el derecho a la defensa, conocerá y resolverá en última y definitiva instancia el recurso interpuesto.".

Art. 59.- En el artículo 164, elimínese la frase: "o departamentos".

Art. 60.- Sustitúyese el artículo 167, por el siguiente:

"Art. 167.- Los gastos de transporte, viáticos para la movilización e instalación del militar con su familia y menaje de casa, lo sufragará la Fuerza, de acuerdo a lo dispuesto en el respectivo reglamento.".

Art. 61.- Sustitúyase el artículo 196, por el siguiente:

"Art. 196.- Es prohibido para los militares en servicio activo, desempeñar cargos, empleos o funciones públicas ajenas a su actividad profesional militar.".

Art. 62.- Sustitúyese el artículo 197, por el siguiente:

"Art. 197.- A los militares en servicio activo les está prohibido realizar actividades de proselitismo político, así como auspiciar o ser candidatos a cargos de elección popular.".

Art. 63.- Sustitúyese el artículo 198, por el siguiente:

"Art. 198.- El personal militar en servicio activo de las Fuerzas Armadas estará sujeto a fuero especial para el juzgamiento de las infracciones cometidas en el ejercicio de sus labores profesionales; no se le puede privar de su grado, honores y pensiones, sino por las causas y en la forma determinada en la ley.

De existir auto de prisión preventiva o sentencia con pena privativa de libertad, dictada por jueces o tribunales competentes, por hechos relacionados con la actividad profesional del militar en servicio activo, dichas providencias serán ejecutadas y cumplidas en el interior de los Centros de Rehabilitación Social Militares.

En caso de comisión de delitos comunes, mantendrá su fuero y será juzgado y sancionado conforme las leyes penales comunes.".

Art. 64.- Sustitúyese el artículo 200, por el siguiente:

"Art. 200.- Las solicitudes, reclamos o recursos interpuestos en relación a la situación militar y profesional, con el objeto de cumplir con las garantías del debido proceso, observarán el siguiente orden:

a) Del Consejo del Personal de Tropa de Fuerza al Consejo de Oficiales Subalternos de Fuerza;

b) Del Consejo de Oficiales Subalternos de Fuerza, al Consejo de Oficiales Superiores de Fuerza;

c) Del Consejo de Oficiales Superiores de Fuerza, al Consejo de Oficiales Generales o Almirantes;

d) Del Consejo de Oficiales Generales o Almirantes, al Consejo Supremo de Fuerzas Armadas; y,

e) Del Consejo Supremo de Fuerzas Armadas, al Ministro de Defensa Nacional.

El procedimiento y los términos para formular las reclamaciones o interponer los recursos, serán los determinados en la ley".

Art. 65.- Sustitúyese el artículo 203, por el siguiente:

"Art. 203.- En los casos de duda de las normas reglamentarias, para resolver algún caso concreto, corresponde al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, absolver consultas, con criterio de equidad y justicia.".

Art. 66.- Sustitúyese el artículo 205, por el siguiente:

"Art. 205.- El Ministerio de Defensa Nacional, de acuerdo a lo establecido en la reglamentación interna correspondiente, cubrirá los gastos de funerales de los miembros de las Fuerzas Armadas permanentes que fallecieren hallándose en servicio activo, sin perjuicio de los beneficios similares a que tuvieren derecho sus deudos en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.".

Art. 67.- Derogatorias: Quedan derogados los siguientes artículos de la Ley de Personal de Fuerzas Armadas vigente: 6, 7, 14, 15, 16, 17, 17 A, 113, 114, 115, 120, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 133, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 174, 179, 180, 181, 182, 186, 191, 191 A, 192, 193, 194, 201, 204 y 206.

DISPOSICION GENERAL

Todas las decisiones que se adopten en relación con el personal de las Fuerzas Armadas son actos administrativos y, en consecuencia, deben contener la debida motivación y notificarse al interesado. Este último tiene derecho a presentar los recursos, quejas o peticiones que considere necesarios. Para la imposición de sanciones debe oírse previamente al imputado.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los nuevos tiempos de servicio en los grados no regirán para el personal militar que a la fecha de la promulgación de la presente Ley se encontraren iniciando su último año en el grado.

SEGUNDA.- Hasta cuando se expidan los reglamentos dispuestos en la presente Ley, los respectivos organismos de las Fuerzas Armadas se regirán con aplicación a los reglamentos anteriores, en todo cuanto no se oponga a esta Ley.

TERCERA.- En virtud de las modificaciones establecidas en esta Ley, a los tiempos de permanencia en cada grado, por esta única vez, los Comandantes de Fuerza procederán a reestructurar las promociones militares, para la aplicación correspondiente.

CUARTA.- El Presidente de la República en el plazo de noventa días a partir de la publicación de esta Ley Reformatoria en el Registro Oficial, dictará el Reglamento General.

Artículo Final.- Las disposiciones de esta Ley prevalecerán sobre las leyes de igual jerarquía que se le opusieren y entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los diez días del mes de enero del año dos mil siete

f.) Arq. Jorge Cevallos Macías, Presidente del Congreso Nacional.

f.) Abg. Vicente Taiano Basantes, Secretario General.

CONGRESO NACIONAL.- CERTIFICO.- Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaría General.- Día 11-01-2007.- Hora 11h45.- f.) Ilegible.- Secretaría General.

No. 2129-A

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171, numeral 9 de la Constitución Política de la República,

Decreta:

ARTICULO PRIMERO.- Se amplía el contenido del Decreto Ejecutivo No. 2129 del 8 de diciembre del 2006, y se incluye al señor ingeniero Tomás Peribonio Poduje, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, para integrar la comitiva oficial que acompañará al señor Vicepresidente de la República, doctor Alejandro Serrano Aguilar, en su desplazamiento a Cochabamba-Bolivia del 8 al 10 de los presentes mes y año, para que en representación del Presidente de la República, asista a la II Cumbre Sudamericana de Naciones de la Comunidad Sudamericana de Naciones-Cochabamba.

ARTICULO SEGUNDO.- Los viáticos y gastos de representación del Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, se aplicarán al presupuesto de la indicada Cartera de Estado.

ARTICULO TERCERO.- En ausencia del Titular, se encarga dicho Portafolio al señor Ing. Mauricio Peña, Viceministro de Comercio Exterior.

ARTICULO CUARTO.- Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 8 de diciembre del 2006.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2170-A

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

En ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171 numeral 9 de la Constitución Política de la República,

Decreta:

ARTICULO PRIMERO.- Conceder al señor ingeniero José Jouvín Vernaza, Ministro de Economía y Finanzas, licencia del 22 al 26 de diciembre del 2006.

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar el despacho ministerial en las referidas fechas, al ingeniero Gene Alcívar Guzmán, Subsecretario General de Finanzas.

ARTICULO TERCERO.- Este decreto entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional en Quito, a 21 de diciembre del 2006.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2191

Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 171, numeral 14 concordante con el Art. 179, numeral 2 de la Constitución Política de la República del Ecuador y el Art. 41 de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas; y, a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional, previo pedido de la Comandancia General de la Fuerza Aérea, a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,

Decreta:

Art. 1.- Nombrar al señor Coronel E.M.T. Avc. Nelson Fabián Castro Guerrero, para que desempeñe las funciones de Adjunto a la Agregaduría Aérea a la Embajada del Ecuador en Chile, con sede en la ciudad de Santiago, a partir del 15 de febrero del 2007 y por el lapso de 12 meses.

Art. 2.- El mencionado señor oficial percibirá la asignación económica determinada en el reglamento pertinente, con cargo al presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional, sección Fuerza Aérea.

Art. 3.- Los señores ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, quedan encargados de la ejecución del presente decreto.

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de enero del 2007.

f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la República.

f.) Grad. Marcelo Delgado Alvear, Ministro de Defensa Nacional.

f.) Dr. Francisco Carrión M., Embajador Ministro de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2192

Dr. Alfredo Palacio G.
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

En uso de las atribuciones que le conceden los artículos 171 numeral 14 concordante con el 179, numeral 2 de la Constitución Política de la República del Ecuador y el 65, literal a) de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas y a solicitud del señor Ministro de Defensa Nacional,

Decreta:

Art. 1°.- De conformidad con lo previsto en el Art. 76, literal a), de la Ley de Personal de las Fuerzas Armadas, con fecha 30 de noviembre del 2006, colócase en situación de disponibilidad, al señor 180220860-1, MAYO. DE E. Marcial Grijalva Iván Marcelo, quién dejará de constar en la Fuerza Terrestre.

Art. 2°.- El señor Ministro de Defensa Nacional queda encargado de la ejecución del presente decreto.

Dado en el Palacio Nacional, Quito, D. M., a 4 de enero del 2007.

f.) Dr. Alfredo Palacio G., Presidente Constitucional de la República.

f.) Grad. Marcelo Delgado Alvear, Ministro de Defensa Nacional.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2193

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

La Resolución del H. Consejo de Generales de la Policía Nacional No. 2006-826-CsG-PN de octubre 23 del 2006;

El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policía, formulado mediante oficio No. 2006-2141SPN de noviembre 10 del 2006, previa solicitud del General Inspector Abg. José Antonio Vinueza Jarrín, Comandante General de la Policía Nacional, con oficio No. 1755/DGP/PN de noviembre 9 del 2006;

De conformidad con los Arts. 4 inciso primero, 5 literal a) y 19 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

Art. 1.- Conferir la condecoración "Policía Nacional" de "Primera Categoría", a los siguientes señores oficiales superiores pertenecientes a la Cuadragésima Sexta Promoción de Oficiales de Línea, quienes con fecha 30 de septiembre del 2006, cumplieron 25 años de servicio en la institución policial:

TCNL Moncayo Juaneda Edmundo Enrique Ricardo
TCNL Mantilla Andrade Ramiro Miguel
TCNL Mosquera Peñaherrera Eduardo Francisco
TCNL Logroño Varela Carlos Julio
TCNL Benítez Pozo Ignacio Elías
TCNL Salazar Jarrín Marco Vinicio
TCNL Londoño Molina Víctor Hugo
TCNL Jiménez Ruiz Esvar Pompilio
TCNL Leiva Herrera Celiano Giovanny
TCNL Uquillas Moreno Patricio Augusto
TCNL Saltos Boada Rubén Ernesto
TCNL Villena Betancourt Wellington Alberto
TCNL Calles Vásconez Edgar Fernando

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese el Ministro de Gobierno y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional, Quito, a 4 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

f.) Antonio Andretta Arízaga, Ministro de Gobierno y Policía.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2194

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

La Resolución del H. Consejo Superior de la Policía Nacional No. 2006-853-CSPN de octubre 24 del 2006;

El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policial formulado mediante oficio No. 2006-2215-SPN de noviembre 17 del 2006, previa solicitud del General Inspector Abg. José Antonio Vinueza Jarrín, Comandante General de la Policía Nacional con oficio No. 1782/DGP/PN de noviembre 15 del 2006;

De conformidad con los Arts. 76 y 77 de la Ley de Personal de la Policía Nacional; y, el Art. 18 literal e) de la Ley Orgánica de la Policía Nacional; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

Art. 1.- Ascender con fecha 2 de marzo del 2004, al grado inmediato superior, a los señores Subtenientes de Policía de Línea Segovia Tamayo Francisco Xavier y Arboleda Carrión Sidny Andrés, pertenecientes a la Sexagésima Promoción de Oficiales de Línea, en lista uno de clasificación, ubicándoles en la antigüedad 46 y 73 respectivamente, dentro de su promoción.

Art. 2.- Ascender con fecha 2 de marzo del 2005, al grado inmediato superior, a los siguientes señores Subtenientes de Policía de Línea, pertenecientes a la Sexagésima Primera Promoción de Oficiales de Línea:

SUBTENIENTE DE POLICIA DE LINEA

1 Rueda Espinoza Christian Patricio
2 Riera Guamán Krosby Francisco
3 Ramírez Recalde Diego Amable
4 Gamboa Silva Marco Eduardo
5 Aguilar Camacho Byron Alexander
6 Ganchala Gutiérrez Luis David
7 Hernández Trujillo Francisco Xavier
8 Sosa Mejía Danilo Roberto
9 Ramos Manobanda José Luis
10 Quiroga Gallegos Diego Fernando
11 Yépez Mogro Doúglas Augusto
12 Zambrano Zambrano José Luis
13 Ramírez Velasteguí Jorge Iván
14 Avalos Espinoza Rodolfo Emilio
15 Reyes Zapata William Patricio
16 Miranda Andrade Gustavo Javier
17 Salinas García Juan Pablo
18 Villamarín Cortez Diego Sebastián
19 Haro Espinoza Willan Tarsicio
20 Salguero Madril Wilfrido Darío
21 Cabrera Andrade Jhalil Paúl
22 Aguirre Buitrón Washington Javier
23 Toapanta Sigcho Wilmer Joselo
24 Yánez Zapata José Ricardo
25 Albán Pazmiño Carlos Steeve
26 De La Cruz Chancusi Moisés Ramiro
27 Pacheco Dávila Fernando Ovidio
28 Perugachi Betancourt Carlos Alfonso
29 Jiménez Murillo Freddy Paúl
30 Trujillo Calahorrano Christian Guillermo
31 Vargas Cruz Héctor Patricio
32 Alvarado Sánchez Javier Antonio
33 Rodríguez Siguenza Marco Vinicio
34 Monteros Guerrero Iván Paúl
35 Molina Hinojosa Marco Antonio
36 Luna Guevara Pablo Pedro
37 Guevara Bermúdez Darwin Eduardo
38 Pérez Briceño Byron Iván
39 Mazón Simaleza Neycer Lenín
40 Andramunio Medrano Ricardo Freddy
41 Toapanta Shunaula Juan Carlos
42 Martínez Jácome Santiago Enrique
43 Ramírez Escorza Daniel Alejandro
44 Sangoquiza Cabay Darwin Rodrigo
45 Vasco Pacheco Juan Carlos
46 González Cáceres Carlos Fabián
47 Cevallos Flor Sergio Wladimir
48 Valdivieso Yánez José Ricardo
49 Galván Uyaguari Roberto Carlos
50 Inga Aguirre Pablo Fernando
51 Alarcón Mestanza Marlon Steve
52 Yacelga Medina Franklin Bolívar
53 Molina Beltrán Rolando Javier
54 Coyago Remache Luis Alfonso
55 Aguilar Sotomayor Marlo Fernando
56 Garzón López Christian Manuel
57 Solano Apuntes Danny Raphael
58 Marín Sánchez Christian Alberto
59 Rodríguez González Carlos Alberto
60 Sánchez Flores Paúl Fernando
61 Fierro Santamaría Edwin Roclfeller
62 Zaldumbide Navia Alejandro Darío
63 Echeverría Vivas Wilson Christian
64 Carrillo Lema Diego Fabricio
65 Basantes Jácome Ernesto Paúl
66 Avilés Pastor Juan Carlos
67 Suárez Chamorro Francisco Xavier
68 Varas Rojas Leonidas Ismael
69 Carrillo Cuesta Segundo Ramiro
70 Manzano Ortiz Alex Fabricio
71 Godoy Tapia Carlos Alberto
72 Cazares Ortiz Edwin Ernesto
73 Solórzano Martínez Javier Gustavo
74 Yánez Carrera César Veridiano
75 Herrera Abad Jaime Alberto
76 Luna Gómez Mauricio Arturo
77 Tabango Ruiz Alex Omar
78 Villamarín Granda Walter Gonzalo
79 Quintana Guerra Christian Iván
80 Briones Vivar Darwin Wladimir
81 Chávez Oña Jorge Santiago
82 Valencia Gavilánez Néstor Fabián
83 Albuja Bonilla Freddy Rolando
84 Suárez Valle Luis Iván
85 Valladares Vega Mauricio Javier
86 Santamaría Salazar Mauricio Lenín
87 Huaraca Merino César Heriberto
88 Vásquez Limaico Jorge Eduardo
89 Basantes Rivera Nelson Rodrigo
90 Acosta Orbe Germán Aníbal
91 Jiménez González Paúl Andrés
92 Pérez Pérez Jorge Humberto
93 Rivera Morales Roberto Carlos
94 González Pallo Hernán Marcelo
95 Torres Mueces Hugo Fernando
96 Molina Peña Christian Marcelo
97 Muñoz Ontaneda Miguel Angel
98 Landázuri Cáceres Galo Efraín
99 Villarreal Revelo Carlos Humberto
100 Guamán Segarra José Marcelo
101 Romo Paredes Enrique Mauricio
102 Herrera Cepeda Alex Efraín
103 Puga Mata Luis René
104 Vallejo Pazmiño Fernando Santiago
105 Jaramillo Conforme Mario Marcelo
106 Quezada Pazmiño Edison Santiago
107 Cordero Segura Holguer Patricio
108 Jácome Freire Santiago Vicente
109 Molina Enríquez Max Roberto
110 López Vallejo Iván Alejandro
111 Chicango Verduga Edison Homero

Art. 3.- De la ejecución del presente decreto encárguese el Ministro de Gobierno y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional, Quito, a 4 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

f.) Antonio Andretta Arízaga, Ministro de Gobierno y Policía.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2195

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

La Resolución No. 2006-819-CsG-PN de octubre 17 del 2006, emitida por el H. Consejo de Generales de la Policía Nacional;

El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policía, formulado mediante oficio No. 2006-2093-SPN de octubre 31 del 2006, previa solicitud del señor Comandante General de la Policía Nacional, con oficio No. 1708-DGP-PN de octubre 26 del 2006;

De acuerdo con los Arts. 77, 79 y 85 de la Ley de Personal de la Policía Nacional; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

Art. 1.- Ascender al grado de Coronel de Policía de E.M. de Línea, con fecha 30 de agosto del 2006, a los siguientes señores Tenientes Coroneles de Policía de E.M. de Línea, pertenecientes a la Cuadragésima Tercera Promoción de Oficiales de Línea, ubicándoles en la lista de clasificación que se detalla a continuación:

Antig. Apellidos y nombres Lista clasificación
l. TCNL. Rocha Escobar Hugo Marcelo 1
2. TCNL. Ruales Almeida Juan 1
3. TCNL. Hinojosa Hidrobo Héctor Bolívar 1
4. TCNL. Solano De La Sala Brown Ernesto Fabián 1
5. TCNL. Calero Gaibor Pedro José 1
6. TCNL. Ortega Silva Orlando Rafael 1
7. TCNL. Loayza Celi Wilmer Joel 1
8. TCNL. Yánez Valladares Oswaldo Guillermo 1
9. TCNL. Arias Soria Jorge Alfredo 1
10. TCNL. Cueva Gómez Julio César 1
11. TCNL. Subía Limaico Saúl Polivio 1
12. TCNL. Gangotena Costa Víctor Hugo 1
13. TCNL. Báez Tejada Edwin Edison 1
14. TCNL. Tamayo Cevallos Fausto Alejandro 1
15. TCNL. Romero Vásquez Alfredo Fernando 1
16. TCNL. Cózar Muñoz Pedro Antonio 1
17. TCNL. Andrade Montesdeoca Ernesto Mesías 1
18. TCNL. Benavides Montalvo Carlos Marcelo 1
19. TCNL. Navarrete Racines Luis Vicente 1
20. TCNL. Santillán Villacís Pedro Roberto 1
21. TCNL. Cadena Cisneros Segundo Rodolfo 1
22. TCNL. Custode Zambrano Marco Ramiro 1
23. TCNL. Aguirre Andrade César Augusto 1
24. TCNL. Nieto Peñaherrera Manuel Oswaldo 1
25. TCNL. González Rodríguez Cristóbal Eduardo 1
26. TCNL. Rodríguez Grefa Aldelmo Ramón 1

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese al Ministro de Gobierno y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional, Quito, a 4 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

f.) Antonio Andretta Arízaga, Ministro de Gobierno y Policía.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2196

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

La Resolución del H. Consejo de Clases y Policías de la Policía Nacional No. 2006-1051-CCP-PN de 31 de octubre del 2006;

El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policía, formulado mediante oficio No. 2006-2285-SPN de 24 de noviembre del 2006, previa solicitud del señor General Inspector Abg. José Antonio Vinueza Jarrín, Comandante General de la Policía Nacional, con oficio No. 1830-DGP/PN, de 20 de noviembre del 2006;

De conformidad con los Arts. 5 y 10 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

Art. 1.- Conferir la condecoración "Cruz del Orden y Seguridad Nacional" al señor Suboficial Mayor de Policía Montenegro Pozo Florencio Bolívar.

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese el Ministro de Gobierno y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, a 4 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

f.) Antonio Andretta Arízaga, Ministro de Gobierno y Policía.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2197

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

La Resolución del H. Consejo de Generales de la Policía Nacional Nº 2006-855-CsGPN de noviembre 6 del 2006;

El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policía, formulado mediante oficio No. 2006-2256-SPN de noviembre 22 del 2006, previa solicitud del señor General Inspector Abg. José Antonio Vinueza Jarrín, Comandante General de la Policía Nacional, con oficio No. 1796-DGP-PN de noviembre 16 del 2006;

De conformidad con los Arts. 4 inciso primero, 5 literal a) y 19 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

Art. 1.- Conferir la condecoración "Policía Nacional" de "Primera Categoría", al señor Teniente Coronel de Policía de E.M. Juri Germán Arias Morales, quien con fecha 7 de octubre del 2006, cumplió 25 años de servicio en la institución policial.

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese el Ministro de Gobierno y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional, Quito, a 4 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

f.) Antonio Andretta Arízaga, Ministro de Gobierno y Policía.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2199

Alfredo Palacio González
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

La Resolución del H. Consejo de Clases y Policías de la Policía Nacional No. 2006-1054-CCP-PN de 31 de octubre del 2006;
El pedido del señor Ministro de Gobierno y Policía, formulado mediante oficio No. 2006-2286-SPN de 24 de noviembre del 2006, previa solicitud del señor General Inspector Abg. José Antonio Vinueza Jarrín, Comandante General de la Policía Nacional, con oficio No. 1831-DGP/PN de 20 de noviembre del 2006;

De conformidad con los Arts. 5 y 10 del Reglamento de Condecoraciones de la Policía Nacional; y,

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional,

Decreta:

Art. 1.- Conferir la condecoración "Cruz del Orden y Seguridad Nacional" al señor Suboficial Mayor de Policía Rivera Aguirre Segundo Guillermo.

Art. 2.- De la ejecución del presente decreto encárguese el Ministro de Gobierno y Policía.

Dado, en el Palacio Nacional, Distrito Metropolitano de Quito, a 4 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio González, Presidente Constitucional de la República.

f.) Antonio Andretta Arízaga, Ministro de Gobierno y Policía.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 06 683-A

EL MINISTRO DE COMERCIO EXTERIOR, INDUSTRIALIZACION, PESCA Y COMPETITIVIDAD

Considerando:

Que los órganos de formulación, ejecución y coordinación de las políticas de comercio exterior, integración e inversiones deben asegurar que sus propuestas de actos e informes, las negociaciones internacionales y la implementación de los compromisos internacionales sean llevados a cabo en observancia de las normas nacionales e internacionales;

Que con el objetivo de contribuir a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y de las transacciones internacionales el Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad, con el soporte del Programa de Apoyo a la Gestión del Comercio Exterior (PACE BID-MICIP), ejecutado de conformidad con el contrato de préstamo 1524/OC-EC del 7 de septiembre del 2004, celebrado entre el Banco Interamericano de Desarrollo y la República del Ecuador, ha impulsado iniciativas dirigidas a fortalecer la asesoría legal en el ámbito del comercio exterior, la integración y las inversiones, dentro de las que se inscribe la conformación de la Unidad de Asesoría Legal Comercial Internacional;

Que el equipo técnico jurídico en materia de comercio exterior e inversiones debe estar involucrado en las negociaciones internacionales, en particular mediante el apoyo al equipo negociador en foros y organismos internacionales de comercio y en los procesos de negociación bilateral y multilateral, así como la asesoría técnica especializada para los asuntos jurídico-institucionales y de solución de controversias de acuerdos comerciales;

Que es necesario dejar sentadas las bases para la institucionalización de una unidad administrativa responsable de la defensa legal de los intereses comerciales del Estado Ecuatoriano con el objeto de remover los obstáculos que afectan las inversiones y el acceso a los mercados de exportación de productos y servicios ecuatorianos así como para responder reclamaciones formuladas por terceros Estados o por particulares; y,

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 179 (numeral 6) de la Constitución Política de la República; 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva; 15 y 16 de la Ley de Comercio Exterior e Inversiones; y la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones;

Acuerda:

Artículo 1.- Se delega a la Unidad de Asesoría Legal Comercial Internacional las siguientes funciones de asesoría y coordinación de los asuntos jurídicos de la formulación y ejecución de las políticas de comercio exterior, integración e inversiones:

1. Emitir opinión jurídica, sobre los actos jurídicos necesarios para la implementación y administración acuerdos internacionales y demás normas en materia de comercio exterior, integración e inversiones.

2. Participar en las negociaciones de acuerdos comerciales internacionales en los asuntos jurídico-institucionales y de solución de controversias.

3. Asesorar a los equipos negociadores respecto de las cuestiones y consultas jurídicas que surjan en las negociaciones internacionales así como en la revisión jurídica de los proyectos de tratados comerciales que se pretendan suscribir.

4. Asesorar a las dependencias que integren, en representación del país, comisiones administradoras de acuerdos comerciales.

5. Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones derivadas de acuerdos comerciales por parte de los organismos nacionales competentes y por terceros Estados.

6. Asesorar en el análisis y negociación en los contratos de inversión, para el otorgamiento de las garantías de estabilidad jurídica y tributaria previstas en la Ley de Promoción de Garantía de las Inversiones y su reglamento.

7. Asesorar en los reclamos precontenciosos formulados por inversionistas con arreglo a la Ley de Promoción y Garantía de las Inversiones.

8. Coordinar la defensa legal en los procedimientos de solución de controversias que se inicien conforme a tratados internacionales comerciales.

9. Mantener coordinaciones con la Procuraduría General del Estado en los procedimientos de solución de controversias iniciados por inversionistas, con arreglo a convenios internacionales.

10. Evaluar el funcionamiento de los mecanismos de solución de controversias previstos en acuerdos comerciales y de inversiones internacionales y proponer iniciativas dirigidas a mejorar la participación y defensa de los intereses comerciales del Ecuador.

11. Participar en el "Comité Consultivo Interinstitucional para el análisis de los Convenios Bilaterales de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones y Convenios para Evitar la Doble Tributación", establecido mediante Resolución 290 del COMEXI de 11 de octubre del 2004.

12. Implementar mecanismos de coordinación y cooperación con el sector privado, con organizaciones internacionales de asistencia y asesoría legal y con organizaciones no gubernamentales y académicas, a efectos de asegurar una adecuada defensa jurídica de los intereses comerciales del Ecuador.

13. Las demás inherentes a su naturaleza y funciones.

Artículo 2.- En el desempeño de sus funciones, la Unidad de Asesoría Legal Comercial Internacional, contribuirá a garantizar la seguridad jurídica de las inversiones y transacciones comerciales internacionales así como la defensa legal de los intereses comerciales del Estado Ecuatoriano, teniendo en cuenta los siguientes objetivos:

1. Asegurar la compatibilidad con el ordenamiento nacional e internacional de los actos jurídicos normativos y administrativos relacionados con el comercio internacional, la integración económica y las inversiones.

2. Participar en las negociaciones comerciales en forma consistente con el ordenamiento constitucional y los compromisos internacionales preexistentes.

3. Implementar y asegurar la observancia de las obligaciones internacionales.

4. Mantener una adecuada defensa legal de los intereses comerciales del Estado en los procedimientos internacionales de solución de controversias.

Artículo 3.- La Unidad de Asesoría Legal Comercial Internacional llevará a cabo sus funciones en estrecha y permanente coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General del Estado. Además mantendrá coordinaciones directas con los demás organismos y entidades del Sector Comercio Exterior.
Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 22 de diciembre del 2006.

Comuníquese y publíquese.

f.) Mauricio Peña, Ministro de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad (E).

MICIP.- Certifico.

Es fiel copia del original.- Archivo Central.- 8 de enero del 2007.

f.) Ilegible.

No. 160

Pedro Cornejo Calderón
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Considerando:

Que el señor Eco. Ramiro González, Prefecto Provincial de Pichincha, mediante oficio No. 905-SG de 17 de mayo del 2006, solicita a esta Cartera de Estado, la sanción de la Ordenanza para el cobro de peaje en la vía Alóag-Santo Domingo de los Colorados, expedida por el H. Consejo Provincial de Pichincha, en sesiones ordinarias efectuadas el 2 de marzo y el 16 de mayo del 2006;

Que según informe No. 2006-0278-AJU-MCH de 7 de junio del 2006, emitido por el doctor Oswaldo Avilés Cevallos, Director de Asesoría Jurídica, se establece que corresponde al Ministerio de Gobierno, en Pichincha, sancionar ordenanzas provinciales; y,

En ejercicio de la facultad legal establecida en el Art. 57 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial y la delegación otorgada por el señor Ministro de Gobierno con Acuerdo Ministerial No. 077 de 23 de marzo del 2006,

Acuerda:

Artículo primero.- Sancionar la Ordenanza para el cobro de peaje en la vía Alóag-Santo Domingo de los Colorados, expedida por el H. Consejo Provincial de Pichincha, en sesiones ordinarias efectuadas el 2 de marzo y el 16 de mayo del 2006.

Artículo segundo.- Disponer que el presente acuerdo ministerial sea publicado en el Registro Oficial, conjuntamente con la ordenanza provincial, constante en 4 fojas útiles.

Comuníquese dado en Quito, a 19 de junio del 2006.

f.) Pedro Cornejo Calderón, Subsecretario General de Gobierno.

EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

Considerando:

Que al H. Consejo Provincial de Pichincha corresponde, dentro de las previsiones constitucionales y el ámbito de competencia, crear infraestructura física y dotar los servicios básicos para el desarrollo de la provincia;

Que la Constitución Política de la República del Ecuador estatuye principios de eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, continuidad y calidad en la prestación de servicios públicos; y, previsiona tarifas equitativas;

Que la Constitución dispone además que los gobiernos seccionales autónomos generarán sus propios recursos financieros y el artículo 7 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal establece límites al endeudamiento de los gobiernos seccionales; y, que, consecuentemente, el H. Consejo Provincial de Pichincha tiene que financiar mediante recaudos de peaje la construcción, reconstrucción, rehabilitación, mejoramiento, equipamiento y gestión de las vías de su jurisdicción administrativa;

Que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones entregó la vía Alóag-Santo Domingo de los Colorados al H. Consejo Provincial de Pichincha, mediante Convenio celebrado el 5 de enero de 1995;

Que las inversiones realizadas en la vía mediante la modalidad de financiamiento directo del contratista, fideicomiso y autorización de recaudo de peaje constituyen una forma de delegación a la iniciativa privada de la prestación de un servicio público;

Que el H. Consejo Provincial de Pichincha ha fideicomisado los recursos provenientes del recaudo del peaje a través del Fideicomiso Alóag-Santo Domingo;

Que mediante Decreto Ejecutivo 799 de 10 de noviembre del 2005, publicado en el Registro Oficial 150 de 22 de noviembre del 2005, el Presidente de la República determina que es urgente e imprescindible hacer realidad la autopista que una Quito con Guayaquil, al menor costo posible, potenciando para ello las inversiones ya realizadas por el Gobierno Central y por los gobiernos provinciales, por lo que declara como objetivo de desarrollo nacional la ejecución de la autopista de cuatro carriles Quito-Guayaquil, procurando la participación de los consejos provinciales de Pichincha, Guayas, Los Ríos y los demás que estime conveniente, a fin de que las inversiones ya efectuadas por algunos de ellos se incorporen al proyecto total, el mismo que podrá ejecutarse por etapas o tramos;

Que el Gobierno de la Provincia de Pichincha, atendiendo la prioridad y emergencia de la obra, ejecutará el proyecto de ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, la misma que está dentro de su jurisdicción administrativa;

Que el artículo 31 del Código Tributario considera la exención como dispensa legal de la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social; y que los ciudadanos de la parroquia de Alluriquín son usuarios locales frecuentes de la vía Alóag-Santo Domingo, en su segmento Alluriquín-Santo Domingo, por razones laborales, educativas o empresariales y, en consecuencia, el servicio público se torna para ellos de acceso oneroso;

Que el artículo 93 de la Ley de Régimen Provincial prescribe la determinación de las tasas que los particulares deben satisfacer por la utilización de los servicios que a ellos presta, mediante ordenanzas especiales;

Que es pertinente actualizar y codificar la normatividad relacionada con el peaje de la vía en referencia; y,

En ejercicio de las atribuciones establecidas en los artículos 228 y 249, inciso segundo, de la Constitución Política de la República y en los artículos 29 literales a) y c) y 93 de la Ley de Régimen Provincial,

Resuelve:

Expedir la siguiente Ordenanza para el cobro de peaje en la vía Alóag-Santo Domingo de los Colorados.

Art. 1.- En consideración a que la vía se encuentra por razones técnicas dividida en dos tramos claramente definidos: Alóag-Tandapi y Tandapi-Santo Domingo de los Colorados, la tasa por el servicio público de vialidad se cobrará en las estaciones de recaudo de peaje establecidas en Alóag y en Santo Domingo de los Colorados.

Los usuarios de la vía Alóag-Santo Domingo de los Colorados, personas naturales y personas jurídicas de derecho público o privado, pagarán peaje en las estaciones de recaudo, indicadas en el inciso precedente, por cada vehículo en que circule y cruce en cualquier sentido, por dichas estaciones, conforme la siguiente tarifa:

Art. 2.- El Consejo Provincial podrá disponer variaciones de la tarifa pertinente o modificaciones en las condiciones de prestación del servicio, ejecución de obras, financiamiento y amortización de inversiones en la vía.

En consideración a que el H. Consejo Provincial de Pichincha, atendiendo la prioridad y emergencia presentadas, a través de la modalidad de ejecución de obra con financiamiento parcial del constructor, ejecutará la ampliación a cuatro carriles de la vía Alóag-Santo Domingo, a partir de la puesta en servicio de tal ampliación, el peaje se incrementará en un 25% en cada categoría de la tarifa.

Art. 3.- Los valores de la tarifa se informarán a los usuarios en las instalaciones de los peajes mediante letreros ubicados en lugares que reúnan suficientes condiciones de visibilidad.

Art. 4.- Se encuentran exonerados del pago del peaje, de modo permanente: los vehículos de propiedad del H. Consejo Provincial de Pichincha; los vehículos oficiales de los organismos públicos de asistencia social y seguridad, tales como: Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil y Fuerza Pública; los vehículos de propiedad de instituciones del Estado que prestan servicio sanitario y los vehículos públicos o privados que prestan servicio de ambulancia, siempre que estén en servicio, lleven identificación visible y se exhiba la respectiva credencial.

Art. 5.- Los ciudadanos, personas naturales, domiciliados en la parroquia Alluriquín de la provincia de Pichincha, que consten en el censo del parque automotor de la parroquia, levantado y actualizado anualmente por la junta parroquial y aprobado la Dirección de Vialidad y Concesiones del H. Consejo Provincial de Pichincha; y, que al momento del paso por la estación de peaje de Santo Domingo de los Colorados, exhiban la tarjeta de exención que emitirá la Dirección antes mencionada, pagarán por peaje una tarifa diferenciada del doce por ciento de los valores correspondientes a cada categoría de ida a Santo Domingo y del trece por ciento de los valores correspondientes a cada categoría de vuelta.

Para el beneficio de esta exención, la Dirección de Vialidad y Concesiones verificará la concurrencia de la propiedad de los vehículos, con el domicilio y la identidad de sus titulares a través de la matrícula, la licencia, la cédula de identidad y documentos que acrediten residencia habitual en la parroquia como facturas de agua o luz y certificado de votación.

Se prohíbe a los beneficiarios extender a terceras personas no exentas el beneficio que se les concede. El mal uso de la tarjeta será motivo suficiente para su retiro inmediato por parte de la empresa autorizada para el recaudo del peaje.

La presente exención parcial es de carácter permanente, en los porcentajes antes establecidos y correspondientes a cada categoría de la tarifa.

Art. 6.- Los valores del peaje se recaudan por la empresa contratista de obras viales, agente de percepción y se fideicomisan conforme los contratos celebrados para la prestación del servicio público de vialidad en la carretera Alóag-Santo Domingo. El Consejo Provincial podrá disponer el recaudo por la administración provincial al término de la vigencia de las estipulaciones contractuales.

Art. 7.- El decremento de recaudos de peaje producido por aplicación de la exención considerada en el artículo 5 de la presente ordenanza será compensado por el H. Consejo Provincial de Pichincha con cargo a los ingresos generados por su participación en el fideicomiso Alóag-Santo Domingo; salvo que, por incremento de circulación vehicular o de los valores de la tarifa general se verifiquen las actuales previsiones financieras de amortización de las inversiones convenidas y estipuladas o fueren modificadas en razón del mejor servicio.

Art. 8.- Se derogan las ordenanzas que para el cobro de peaje en la vía Alóag-Santo Domingo de los Colorados ha expedido el H. Consejo Provincial de Pichincha; y, las disposiciones de la presente ordenanza prevalecerán sobre las normas institucionales que se le opongan.

El H. Consejo Provincial de Pichincha ratifica en lo referente a la exención del cobro del peaje a los ciudadanos de Alluriquín, el acuerdo suscrito por el Prefecto Provincial con el Gobierno Parroquial de Alluriquín, el 17 de octubre del 2005.

Art. 9.- Mediante disposición del Director de Vialidad y Concesiones y con ocasión de días feriados de intenso tráfico vehicular, se podrá recaudar el peaje en una sola de las estaciones, duplicándose al efecto los valores correspondientes de la tarifa; y, además podrá arbitrar las medidas administrativas conducentes a impedir que el cobro del peaje se constituya en tales ocasiones en factor determinante de congestión vehicular.

Art. 10.- La presente ordenanza, luego de su sanción por el señor Ministro de Gobierno o por el Ministerio de la ley, conforme el artículo 59 de la Ley de Régimen Provincial, regirá a partir de su promulgación en el Registro Oficial, encargándose de su ejecución al señor Prefecto Provincial de Pichincha, a la Secretaria General, al Director de Vialidad y Concesiones, al Director Financiero y a los demás directores de la corporación en lo que corresponda.

Dado en la sesión ordinaria del H. Consejo Provincial de Pichincha, efectuada el 16 de mayo del 2006.

f.) Ramiro González J., Prefecto de Pichincha.

f.) María Vásconez C., Secretaria General.

Quito, 17 de mayo del 2006.

Certificación

Certifico que la presente ordenanza fue aprobada por el H. Consejo Provincial de Pichincha en dos discusiones, en sesiones ordinarias, efectuadas el 2 de marzo y el 16 de mayo del 2006, respectivamente.

f.) María Vásconez C., Secretaria General.

Quito, 17 de mayo del 2006.

No. 161

Pedro Cornejo Calderón
SUBSECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

Considerando:

Que el señor Eco. Ramiro González, Prefecto Provincial de Pichincha, mediante oficio No. 1004-SG de 29 de mayo del 2006, solicita a esta Cartera de Estado, la sanción de la Ordenanza que norma la ocupación y el uso del derecho de vía, expedida por el H. Consejo Provincial de Pichincha, en sesiones ordinarias efectuadas el 2 de marzo y el 16 de mayo del 2006 respectivamente;

Que según informe No. 2006-0279-AJU-MCH de 7 de junio del 2006, emitido por el doctor Oswaldo Avilés Cevallos, Director de Asesoría Jurídica, se establece que corresponde al Ministerio de Gobierno, en Pichincha, sancionar ordenanzas provinciales; y,

En ejercicio de la facultad legal establecida en el Art. 57 de la Ley Orgánica de Régimen Provincial y la delegación otorgada por el señor Ministro de Gobierno con Acuerdo Ministerial No. 077 de 23 de marzo del 2006,

Acuerda:

Artículo primero.- Sancionar la Ordenanza que norma la ocupación y el uso del derecho de vía, expedida por el H. Consejo Provincial de Pichincha, en sesiones ordinarias efectuadas el 10 y 25 de mayo del 2006 respectivamente.

Artículo segundo.- Disponer que el presente acuerdo ministerial sea publicado en el Registro Oficial, conjuntamente con la ordenanza provincial, constante en 8 fojas útiles.

Comuníquese dado en Quito, a 19 de junio del 2006.

f.) Pedro Cornejo Calderón, Subsecretario General de Gobierno.

EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE PICHINCHA

Considerando:

Que los caminos públicos y sus requerimientos permanentes y superficies accesorias son bienes de uso público; y éstos pueden ser objeto de utilización individual mediante el pago de una regalía o derecho de uso;

Que el artículo 29, letra l) de la Ley de Régimen Provincial faculta al Consejo las atribuciones correspondientes de la Ley de Caminos, en las vías que construya o mantenga; y el artículo 4 del reglamento aplicativo de la misma refiere la extensión o latitud del derecho de vía y de su ejercicio;

Que los artículos 40 y 41 de la Ley de Caminos establecen la competencia de la entidad encargada para autorizar cualquier obra a realizarse en un camino público;

Que el derecho de vía constituye limitación a la propiedad establecida por la Ley de Caminos, con fines de construcción, conservación, ensanchamiento, mejora-miento o rectificación de los caminos públicos, y los actos y hechos que se oponen a tales objetos contravienen el derecho público ecuatoriano;

Que conforme al artículo 232 de la Constitución Política de la República las rentas generadas por ordenanzas propias conforman, entre otros, los recursos para el funcionamiento de los organismos del gobierno seccional autónomo;

Que el Consejo Provincial tiene capacidad para realizar los actos necesarios para el cumplimiento de sus fines y atribución para dictar ordenanzas, acuerdos y resoluciones para la buena organización administrativa y económica de los servicios provinciales que le incumben y que se proponga realizar; y que, le corresponde según el artículo 7 literal e) de su ley orgánica procurar el cabal cumplimiento y ejercicio de los servicios y de las obras públicas que se realicen en la provincia; y,

En uso de las atribuciones que le confiere la ley,

Resuelve:

Expedir la siguiente Ordenanza que norma la ocupación y uso del derecho de vía.

Art. 1. Ambito.- Las personas naturales y las personas jurídicas privadas o públicas, deberán solicitar y obtener del Consejo Provincial autorización para la ocupación y uso de la franja comprendida dentro del derecho de vía, de los caminos públicos de su jurisdicción administrativa, ya sea que éstos se encuentren bajo su administración directa por construcción, mantenimiento, encargo, o delegación, o hayan sido concesionados. El Consejo concederá autorizaciones para realizar instalaciones u obras relacionadas con la prestación de servicios públicos y privados de interés general.

Art. 2. Petición.- El peticionario presentará a la Secretaría General del H. Consejo Provincial de Pichincha, previo pago del respectivo timbre provincial, la solicitud de autorización al Prefecto con expresión de la intención de ocupación y uso de la franja subyacente y/o adyacente a un camino público, comprendida dentro del derecho de vía, e identificación de la obra y/o servicio a la que corresponda la necesidad, acompañando una copia certificada por Notario Público y dos simples de la siguiente información:

a) Cédula de ciudadanía o acreditación de la representación legal, según corresponda;

b) Estatutos de la compañía o acto fuente de la existencia legal, tratándose de personas jurídicas;

c) Memoria del proyecto, con inclusión de planos, programación, cronograma de trabajos e información de soporte técnico; y,

d) Licencia ambiental del proyecto a ejecutarse, y el estudio de impacto ambiental, incluyendo el Plan de Manejo Ambiental con las medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental, conforme las disposiciones legales aplicables.

Art. 3. Autorización.- El H. Consejo Provincial, delega al Prefecto o al servidor designado por este, autorizar la ejecución de instalaciones u obras, dentro del derecho de vía, a través de un convenio que se celebrará con el peticionario, para lo cual contará con el informe técnico de la Dirección de Vialidad y Concesiones y los informes financiero, ambiental, y jurídico de las unidades administrativas competentes de la Corporación Provincial.

El convenio entre el Consejo y el peticionario, para cuya validez no se requiere que sea a través de escritura pública, se sujetará a las disposiciones de la presente ordenanza y a las normas legales y reglamentarias vigentes en la República del Ecuador al tiempo de su suscripción, las mismas que se entenderán incorporadas a la expresión de voluntad de las partes y a la estipulación; y, contendrá las siguientes convenciones mínimas:

a) Capacidad legal y representación de los comparecientes;
b) Antecedentes que contengan en forma sumaria el procedimiento seguido, incluyéndose las autorizaciones y delegaciones de otras instituciones públicas, en caso de ser requeridas legalmente;

c) Objeto, en el que constará la autorización de ocupación y uso de la franja comprendida dentro del derecho de vía; y, la instalación u obra que se va a realizar;

d) Derecho de uso y cuantía del convenio, y forma de pago;

e) Plazo, que no podrá ser mayor a cinco años; el mismo que, podrá ser ampliado o renovado por decisión del Prefecto o su delegado, a solicitud de parte, y previo informe técnico del Director de Vialidad y Concesiones;

f) Obligaciones de las partes;

g) Garantía para seguridad del fiel cumplimiento del convenio y cobertura de daños y perjuicios producidos al ejecutarse los trabajos objeto del convenio y de costos por reparaciones en la vía;

h) El establecimiento de multas por incumplimiento del convenio que no sea causa de terminación del mismo;

i) Reconocimiento y compromiso expreso del peticionario autorizado respecto a su exclusiva responsabilidad contractual o extracontractual con terceros en relación a la ejecución de las instalaciones u obras y a la prestación del servicio, y de exclusión de la responsabilidad del Consejo;

j) Causales de terminación del convenio y procedimientos conducentes, por mutuo acuerdo y unilateralmente por parte del H. Consejo Provincial de Pichincha cuando el peticionario incurra en incumplimientos graves del convenio;

k) Obtención por parte del peticionario de los permisos, a que hubiere lugar, de los dueños de los predios afectados por el derecho de vía;

l) Reconocimiento del peticionario de que la autorización que otorga el Consejo no es ni será considerada como un límite para que el H. Consejo Provincial de Pichincha ejerza las atribuciones que le concede la Ley de Caminos para utilizar el derecho de vía;

m) Fiscalización y supervisión del convenio, que estará a cargo de las unidades administrativas del Consejo que correspondan;

n) Solución de controversias;

o) Comunicaciones entre las partes; y,

p) Compromiso de sujeción al convenio y expresiones de voluntad necesarias y suficientes para la debida aplicación de esta ordenanza, incluidas las correspondientes a sus disposiciones generales.

Art. 4. Permiso e inicio de trabajos.

4.1.- Permiso.- Con la suscripción del convenio y una vez que el peticionario presente el comprobante de pago de la regalía por el uso del derecho de vía, determinado en el Art. 6 de esta ordenanza, el Director de Vialidad y Concesiones concederá el permiso para el inicio de los trabajos. El peticionario, deberá acreditar además las autorizaciones que previstas por la ley o los reglamentos correspondan otorgar a otros órganos administrativos según la naturaleza del servicio o de los trabajos.

4.2.- Trabajos.- La ejecución de los trabajos se sujetará a lo dispuesto en los siguientes literales:

a) Una vez que se ponga en marcha el proyecto, el peticionario enviará a la Dirección de Vialidad y Concesiones informes de avance de obras, con la periodicidad que conste en el convenio, según la duración del proyecto;

b) La infraestructura ha construirse será ubicada dentro del espacio que corresponde al derecho de vía procurando siempre no causar daño al camino o a sus requerimientos permanentes; y, en el caso de producirlo, la persona autorizada procederá de inmediato bajo su responsabilidad y a su costo a la reparación correspondiente y cubrirá económicamente los daños que ocasione;

c) Las áreas afectadas por la construcción deberán quedar rehabilitadas, en el mismo estado en que se encontraban antes del inicio de las obras o trabajos;

d) De modo general, las obras o los trabajos han de realizarse junto a la cuneta; caso contrario, se utilizará la zona adecuada, dispuesta por la Dirección de Vialidad y Concesiones, dentro del derecho de vía;

e) Para los trabajos, de manera obligatoria, deberán tomarse las precauciones necesarias para que no se produzcan derrumbes o desmoronamientos que afecten la estabilidad de la vía;

f) En los casos de ductos o instalaciones similares por obras de arte, se obtendrá previamente el visto bueno del Director de Vialidad y Concesiones;

g) En caso de que las obras a ejecutarse requieran trabajos de excavación, entibación y relleno, estos estarán a cargo del peticionario y se aplicará la norma vigente del MOP y el Reglamento de Seguridad de la Construcción y Obras Públicas expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 11 y publicado en el Registro Oficial 253 de 9 de febrero de 1998;

h) Cuando los trabajos afecten capas del pavimento, este tiene que ser restituido con espesores y características iguales o mejores;

i) Bajo ningún motivo se deberá interrumpir el tránsito vehicular. Por consiguiente, se deberá cumplir lo dictado por el Reglamento de Seguridad de la Construcción y Obras Públicas y todas las normas de señalización vigentes para trabajos temporales y tomar las prevenciones necesarias de seguridad industrial;

j) Por ningún motivo deberán ser obstruidos elementos de sistemas de drenaje como alcantarillas, cunetas, canales y otros similares;

k) De manera obligatoria, se observarán todas las precauciones necesarias tendientes a evitar interrupciones o alteraciones a las instalaciones de servicios públicos, como agua potable, luz eléctrica, teléfonos y otros; para el efecto, deberá coordinarse con las autoridades seccionales o empresas correspondientes a cuya competencia se encuentren asignados esos servicios;

l) En caso de que se produjesen interrupciones no autorizadas de servicios públicos, el peticionario será responsable por las reparaciones o lucro cesante que se generen de tales acciones;

m) En lugares donde no sea posible la ejecución de trabajos ya sea porque exista roca u otro obstáculo, se deberá construir canalización o elevarlos en postes de concreto, madera preservada u otro material contemplado en las normas de la ingeniería; previamente se notificará con 5 días laborables de anticipación a la Dirección de Vialidad y Concesiones; y,

n) El peticionario deberá prestar las facilidades de acceso para que los funcionarios del Consejo Provincial realicen su trabajo.

Art. 5. Supervisión.- El Director de Vialidad y Concesiones supervisará la ejecución de las autorizaciones y convenios a que se refiere esta ordenanza, en forma permanente y oportuna, sujetándose a lo dispuesto en los siguientes literales:

a) Verificará que los trabajos autorizados no produzcan detrimento alguno a las condiciones de cimentación y estabilidad de los caminos, el restablecimiento de las condiciones de la vía, el cumplimiento del diseño según los planos, y aprobará las modificaciones a que hubiere lugar;

b) Con intervención de la Dirección de Planificación y Ambiente supervisará el cumplimiento de las disposiciones ambientales pertinentes;

c) Establecerá una base de datos con la información general y técnica de las instalaciones autorizadas, en forma histórica; y,

d) Ejecutará las garantías e impondrá las multas.

Art. 6. Pagos, recaudación, multas y garantías.

6.1.- Pagos.- El Consejo Provincial, recibirá por los permisos de ocupación y uso de la zona subyacente y/o adyacente comprendida dentro del derecho de vía, un valor determinado según la siguiente categorización:

a) Cuando la ocupación sea longitudinal: un valor que no deberá ser inferior a US $ 1.200, por kilómetro o fracción, por cada año de uso, pagado por anticipado;

b) Cuando la ocupación sea por concepto de cruce de vías: un valor que no deberá ser inferior a US $ 600, por cada cruce, por cada año de uso, pagado por anticipado;

c) Cuando el peticionario sea una entidad de derecho público o una institución sin fines de lucro, se efectuará una evaluación socioeconómica, por parte de la Dirección de Desarrollo Comunitario, sobre cuya base el Consejo, a través del Prefecto o el funcionario que este designe, podrá eximir del pago del derecho por la ocupación y uso, dentro del derecho de vía, más no de las multas o garantías estipuladas en el convenio; y,

d) Los valores de la referencia al momento de las autorizaciones se reajustarán cada cinco años, por ministerio de esta ordenanza, mínimo a la variación del índice de precios al consumidor publicado por el INEC.

6.2.- Recaudación.- La recaudación por concepto de pagos, multas y garantías se hará a través de la Unidad de Recaudaciones del H. Consejo Provincial de Pichincha.

El 60% de los recursos que se obtengan por concepto de concesión de autorización y derecho de uso y de multas serán destinados para el mantenimiento del sistema vial o para financiar estudios viales y ambientales de nuevas vías de la provincia, y el 40% en obras de inversión en las zonas de influencia.

6.3.- Multas

6.3.1.- Atribuciones.- El Director de Vialidad y Concesiones impondrá las multas establecidas en el convenio; las mismas que se establecerán de acuerdo a los siguientes parámetros: 0.25% del monto anual del convenio por cada día de incumplimiento, hasta un máximo de 10% del monto anual del convenio.

6.3.2.- Pago de multas.- El infractor deberá proceder al pago de la multa impuesta dentro de los diez (10) días siguientes de entregársele el documento respectivo, en el que constará el motivo, la infracción cometida, y el valor de la multa. En el convenio se estipulará un procedimiento de confirmación o justificación de incumplimientos.

6.4.- Garantía

Para seguridad del fiel cumplimiento del convenio y cobertura de daños y perjuicios producidos en la ejecución de los trabajos y de costos por reparaciones en la vía, el peticionario entregará al Consejo Provincial una de las garantías establecidas en el artículo 73 de la Ley de Contratación Pública, incondicional, irrevocable, de cobro inmediato, equivalente mínimo al 5% del monto de los derechos correspondientes a un año, o del valor de la exoneración, con vigencia hasta la conclusión de los trabajos. Luego de concluidos los trabajos, a satisfacción del Consejo, esta garantía se reducirá al 1% y se mantendrá durante la vigencia del convenio.

En caso de que corresponda renovar la garantía, según el convenio, ésta deberá ser realizada por el peticionario quince (15) días antes de su vencimiento; caso contrario, el Consejo Provincial procederá a hacerle efectiva sin otro trámite.

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 7.- Cuando las vías se encuentren concesionadas o delegadas a la empresa privada, se notificará al concesionario o delegatario respecto a la realización de los trabajos. En todo caso, bajo ningún concepto deberá interrumpirse o causarse inconvenientes de cualquier índole a los contratos legalmente suscritos y vigentes.

Art. 8.- Cuando la última instancia administrativa de los organismos estatales reguladores, mediante acto que cause estado, revoque o declare la caducidad de concesiones y/o autorizaciones dispuestas por la ley para actividades directamente conexas a las que el Consejo haya concedido autorización, en las instalaciones o en la ejecución de obras, éste a su vez podrá declarar la terminación unilateral del convenio, sin lugar a devolución de los valores pagados por adelantado.

Art. 9.- Para precautelar los intereses institucionales, en caso de que el Consejo Provincial requiera ejecutar obras necesarias o inevitables a futuro, en ejercicio del derecho de vía establecido en el artículo 3 de la Ley de Caminos, la persona natural o jurídica que cuente con la autorización respectiva de uso del derecho de vía, en un término prudencial concedido y notificado por el Director de Vialidad y Concesiones, deberá obligatoriamente realizar adecuaciones o variantes en sus instalaciones, sistemas o estructuras, y bajo ningún concepto podrá hacer reclamos a la institución por perjuicio alguno, renunciando al efecto mediante estipulación en el convenio al derecho de petición en sede administrativa y a las acciones legales. En los mismos términos, la necesidad institucional de ejecutar obras de construcción, conservación, ensanchamiento, mejoramiento o rectificación del camino se convendrá como causal para la declaratoria de terminación unilateral, en caso de no ser posibles o realizadas las adecuaciones o variantes.

Art. 10.- Las notificaciones a que hubiere lugar en aplicación de esta ordenanza y de los convenios previstos, se efectuarán conforme el artículo 127 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva; y todos los términos se contarán en días hábiles.

Art. 11.- El peticionario requerirá de la autorización previa y favorable del Consejo Provincial para ceder o transferir a terceros total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados de esta ordenanza y el convenio.

Art. 12.- En el evento de terminación unilateral del convenio y siempre que producidos daños en la vía o sus requerimientos permanentes, no se efectúen las reparaciones correspondientes, la Dirección de Fiscalización los cuantificará, se procederá a la ejecución de la garantía y se tomarán las acciones legales a que hubiere lugar cuando el monto de la misma no los cubra.

DISPOSICION FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución, encárguese el Director de Vialidad y Concesiones.
Dado en la sala de sesiones del H. Consejo Provincial de Pichincha, a los veinticinco días del mes de mayo del dos mil seis.

f.) Ramiro González J., Prefecto de Pichincha.

f.) María Vásconez C., Secretaria General.

Quito, 29 de mayo del 2006.

CERTIFICACION

Certifico que la presente ordenanza fue aprobada por el H. Consejo Provincial de Pichincha, en dos discusiones; en sesiones ordinarias, efectuadas el 10 y 25 de mayo del 2006, respectivamente.

f.) María Vásconez C., Secretaria General.

Quito, 29 de mayo del 2006.

EL DIRECTORIO DEL CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Considerando:

Que en sesión de 7 de septiembre del 2006, el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos expidió el Reglamento Especial de Control de Bienes, mismo que fue publicado en el Registro Oficial No. 362 de 22 de septiembre del 2006;

Que el literal e) del artículo 8 de la Ley para Reprimir el Lavado de Activos y la Disposición General Primera de su Reglamento General disponen que es función y competencia del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos expedir el Reglamento Especial de Control de Bienes;

Que es necesario actualizar algunas disposiciones del referido reglamento, para asegurar la adecuada administración temporal de los bienes a cargo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos; y,

En ejercicio de sus facultades legales y reglamentarias,

Resuelve:

Reformar el Reglamento Especial de Control de Bienes de la manera que se expresa a continuación:

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 3 por el siguiente texto:

"Art. 3.- Para efecto de la administración temporal de los bienes a los que se refiere este Reglamento, créase la Dirección de Administración de Bienes como una dependencia adscrita al Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.
Esta dependencia será dirigida por un Administrador designado por el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, que fijará su remuneración u honorarios.

El Administrador deberá actuar por delegación del Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.".

Art. 2.- Sustitúyase el artículo 4 por el siguiente texto:

"Art. 4.- En el caso de ser persona natural, para ser designado Administrador se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser ciudadano ecuatoriano, mayor de 18 años y estar en el pleno ejercicio de los derechos previstos por la Constitución Política de la República y la ley para el desempeño de una función pública, y no encontrarse en interdicción civil o en concurso de acreedores o en insolvencia declarada judicialmente, ni estar comprendido en alguna de las causales de prohibición para ejercer cargos públicos;

b) Tener título universitario de tercer nivel;

c) Haber sufragado, cuando se tiene obligación de hacerlo, salvo las causas de excusas previstas en la ley;

d) Haber cumplido lo dispuesto en la Ley de Servicio Militar Obligatorio en las Fuerzas Armadas Nacionales;

e) No encontrarse en mora de pagar créditos de cualquier naturaleza, definitivamente establecidos a favor de entidades u organismos del sector público;

f) No estar incurso en las inhabilidades previstas por el artículo 21 de la Ley de Reordenamiento en materia Económica, Tributario Financiera; y, en los artículos 55 y 56 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública;

g) No tener en su contra auto de llamamiento a juicio debidamente ejecutoriado;

h) Haber presentado, cuando corresponda hacerlo, la declaración patrimonial juramentada conforme lo previsto en la Constitución Política de la República y la ley y haber autorizado el levantamiento del sigilo de sus cuentas bancarias; e,

i) Rendir la correspondiente caución para ejercer su cargo.

En el caso de ser persona jurídica, para ser designado Administrador se deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Ser una compañía legalmente constituida, autorizada para operar en la República del Ecuador y cuyo objeto social le faculte cumplir las funciones para las cuales es designada; y,

b) No estar incursa en las inhabilidades previstas por el artículo 21 de la Ley de Reordenamiento en materia Económica, Tributario Financiera; y, en los artículos 55 y 56 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública.".

Art. 3. En los artículos 5, literal a), 8 y 17 sustitúyase el texto "el Departamento de Administración de Bienes" por "la Dirección de Administración de Bienes"; y, en los artículos 5, literales d) y g), 6, 7, 9, 10 y 13, sustitúyase el texto "del Departamento de Administración de Bienes" por "de la Dirección de Administración de Bienes".

Art. 4. Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

CERTIFICO que la presente resolución fue discutida y aprobada por el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, en sesión 21 de diciembre del 2006.

f.) Dr. Lincoln Larrea Oña, Secretario.

No. 17-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 28 de marzo del 2006; a las 11h40.

VISTOS: Con fecha 17 de marzo del 2003; a las 14h40 el Tribunal Penal Cuarto de Pichincha, dicta sentencia condenatoria en contra de Kléber Alexander Naranjo Pontón, como autor responsable del delito de violación, por lo que le impone la pena de diez años de reclusión mayor ordinaria, amparado en lo que dispone el Art. 512 numeral 3 del Código Penal y sancionado por el Art. 513 ibídem. A la sentencia presenta recurso de casación el condenado, y habiéndose concluido el trámite previsto para este tipo de recurso, la Sala considera: PRIMERO: JURISDICCION y COMPETENCIA.- Esta Sala Tercera de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver los recursos de casación propuestos de conformidad con, la ley, tanto por la creación de la SALA prevista en la LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL, así como por el resorteo de causas penales ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el expediente no se encuentran vicios de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa penal. TERCERO: PRETENSION DEL RECURRENTE.- El recurrente en su memorial al fundamentar el recurso manifiesta, entre otras cosas, que el Tribunal juzgador ha violado la ley en la sentencia, porque en el informe pericial del reconocimiento y análisis de laboratorio de muestras de fluidos corporales encontradas en la vagina de las agraviadas, no llega a establecer la existencia del perfil genético del recurrente, siendo por lo tanto imposible de acreditar su participación en el ilícito; que la sentencia toma en cuenta las declaraciones de las ofendidas siendo éstas que por sí solo no constituyen prueba, al igual que la denuncia y declaración rendida por la Sra. Zoila Nicolaide Landívar; que habiendo razón para considerar una duda en cuanto a su participación, el Tribunal no acoge el principio del indubio pro reo, consagrado en el Art. 4 del Código Penal; agrega que se ha violado la norma contenida en el Art. 304-A reformado del Código de Procedimiento Penal, que exige que para condenar debe haber la certeza sobre la existencia material del delito y sobre la responsabilidad penal del acusado, presupuestos que no se han cumplido en el presente caso; que se han violado los Arts. 85 y 86 del Código de Procedimiento Penal, porque no se ha logrado probar ni la existencia del delito ni su responsabilidad penal, desatendiendo la aplicación imperativa de las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas; que también se han violado las disposiciones contenidas en los Arts. 87 y 88 ibídem, porque jamás hubo presunciones ni indicios con las características que la ley exige para acreditar el nexo causal que evidencie su participación en los hechos denunciados; que así mismo se ha violado el Art. 309 inciso segundo del código citado, porque en la sentencia no se hacen constar detalladamente las pruebas practicadas y la relación precisa y circunstanciada del hecho punible y de los actos del acusado que el Tribunal estime probados; y, también el Art. 312 del mismo código, porque la sentencia no señala con precisión la forma como se ha comprobado conforme a derecho la existencia del delito y la responsabilidad penal del acusado; que no se ha podido justificar en derecho prueba idónea y suficiente respecto de la responsabilidad penal del compareciente; y, que en definitiva se lo ha tratado de involucrar injustamente a toda costa como responsable y autor del delito de violación en la persona de las ofendidas menores de 14 y 15 años de edad, Aída Jiménez y Gloria Moreta, respectivamente. El recurrente señala como violadas estas y otras disposiciones legales de los códigos Penal, de Procedimiento Penal y de la Constitución Política de la República. Pide que se case la sentencia porque es totalmente inocente del delito del que se lo acusa, y expresamente destaca los Arts. 4, 512 numeral 3 y 513 del Código Penal; 309 numeral 2, 312, 304 del Código de Procedimiento Penal, como las normas que han sido violadas por el Tribunal juzgador. CUARTO: CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO.- El Sr. Director General de Asesoría, subrogante de la Ministra Fiscal General del Estado, en el escrito presentado el 22 de abril del 2004 ante los señores ministros jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que conocían el caso en aquella época, entre cosas dice que "analizada la sentencia, se advierte que el Tribunal Juzgador declara certera y suficientemente comprobada la existencia material del delito de violación en la persona de las dos personas ofendidas, con las actuaciones probatorias de reconocimiento médico legal efectuado por el perito Dr. Benito Estacio, que detalla pormenorizadamente las huellas de las graves lesiones que fueron encontradas en las zonas genitales de las perjudicadas. En el considerando quinto al tratar de la responsabilidad penal del acusado el Tribunal menciona y se apoya principalmente en la declaración testimonial de la denunciante Zoila Nicolaide, que da cuenta de la situación calamitosa en la que fueron encontradas las menores, testigo que se apersonó en acudir a la policía para buscar ayuda necesaria correspondiente frente a los hechos que le había sido relatados por aquellas; también, considera el Tribunal juzgador la aportación testimonial del Cabo Rodrigo Morales, quien intervino en el proceso investigativo y narra la forma como al cuarto día de ocurridos los hechos pudo localizar al acusado en las inmediaciones del lugar donde se cometió la agresión sexual, circunstancias en las que el acusado fue identificado directamente por las perjudicadas, habiendo procedido a su detención; además el Tribunal acoge la pericia efectuada al examen químico y hemático practicado en la persona tanto de las ofendidas como del acusado, siendo estas las actuaciones probatorias fundamentales que permitieron a los juzgadores llegar al convencimiento de la participación y autoría de Kléber Naranjo Pontón. Las conclusiones a las que llega el Tribunal juzgador son acertadas por los méritos de las actuaciones probatorias desarrolladas en el juicio y no revelan que haya habido violación alguna de las normas de Procedimiento Penal, por lo que la sanción impuesta es correcta, de tal manera que las alegaciones que plantea el recurrente son de todo punto inadmisibles.". En definitiva el representante del Ministerio Público solicita que la Sala rechace el recurso de casación interpuesto por improcedente y por carecer de fundamento legal. QUINTO: FUNDAMENTACIONES DE LA SALA.- La casación penal es un medio extraordinario de impugnación, de efecto suspensivo, contra sentencias definitivas que acusan errores de juicios o de actividad, expresamente señalados en la ley, para que un Tribunal Supremo y especializado, las anule, a fin de unificar la jurisprudencia, proveer a la realización del derecho objetivo, denunciar el injusto y reparar el agravio inferido, como señala Fabio Calderón Botero en su "Casación y Revisión en Materia Penal"; por ello es claro, en definitiva, que "el recurso de casación es un juicio técnico jurídico, de puro derecho sobre la legalidad de la sentencia (errores in iudicando) sobre el proceso en su totalidad o en diversos sectores del mismo (errores in procedendo); de ahí que la casación, como un juicio sobre la sentencia que es, no pueda entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo" (Torres Romero Jorge Enrique y Puyana Mutis Guillermo, Manual del recurso de casación en materia penal. Bogotá). Por nuestra parte, consideramos que en el recurso de casación no se puede revisar las pruebas actuadas dentro del proceso, las mismas que ya fueron apreciadas por el Tribunal Penal en la sentencia; en el caso presente, dejamos constancia de que las pruebas fueron valoradas y examinadas por el Tribunal de acuerdo a las reglas de la sana crítica en cumplimiento de lo que dispone el Art. 86 del Código Adjetivo Penal. La motivación de la sentencia para ser correcta, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las condiciones a que arribe el Tribunal sobre su examen, sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal y de las consecuencias jurídicas que de su aplicación se derivan. El Juez debe consignar las razones que lo llevan a tener por acreditados o no, o históricamente ciertos o falsos los hechos que constituyen los elementos materiales del delito, enunciando las pruebas de que se sirven en cada caso y expresando la valoración que hagan de ellas, es decir, la apreciación sobre si lo conducen relativamente al supuesto de hecho investigado, a una conclusión afirmativa o negativa; para ser motivada en los hechos la sentencia debe suministrar las pruebas en que se fundan las conclusiones fácticas, esto es demostrarlos; para que sea fundada en derecho, la sentencia debe explicar los hechos objeto de la adecuación típica, esto es describirlos. Otra exigencia para que la motivación sea legítima es que debe basarse en prueba válidamente introducida en el debate o etapa del juicio, esta es una consecuencia del principio de verdad real y del de inmediación que es su derivado, el cual supone la oralidad, publicidad y contradicción. Por vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia, queda excluido de la casación todo lo que se refiera a la valoración de los elementos de prueba y a la determinación de los hechos, pues la casación no es una segunda instancia, y no está en el ámbito de su competencia revalorizar la prueba, ni juzgar los motivos que formaron la convicción de acuerdo con las reglas de la sana crítica. En el presente caso, revisada íntegramente la sentencia, encontramos que se observa que el Tribunal Cuarto de lo Penal de Pichincha, basa la condena a diez años de reclusión mayor ordinaria en lo consignado en el numeral cuarto de la sentencia, al manifestar que con el objeto de probar el cometimiento del delito se ha introducido al proceso por parte de la Fiscalía el informe del perito, Dr. Benito Estacio, respecto del reconocimiento médico legal de Gloria Moreta de 14 años de edad, que presenta en su vulva en cara lateral derecha de epitelio de labio mayor una laceración de medio centímetro de diámetro, en la cara izquierda otra laceración epitelial de medio centímetro de diámetro, conservando indemne su himen anular, pero con tres desgarros recientes en su esfínter anal; en el otro informe del mismo perito respecto del reconocimiento médico legal practicado en la menor de 15 años de edad Aída Paulina Jiménez, se deja constancia de la presencia de varias laceraciones a nivel de epitelio de labios mayores de la vulva de medio centímetro de diámetro cada una, cuatro desgarros recientes en su himen anular, habiendo recogido muestras en ambas reconocidas para investigación de espermatozoides que se envían a laboratorio; con respecto a la responsabilidad penal del acusado en el considerando quinto de la sentencia se examina el testimonio de Zoila Judith Nicolaide Landívar, quien narró que el 1º de agosto del 2002, aproximadamente a las 10h00, en su domicilio recibió una llamada telefónica pidiendo acercarle a su empleada María Jiménez, accediendo llamada por la cual se informaron que la hermana de la empleada y la amiga, habían sido violadas, que estaban en El Ejido pidiéndole ir a verles, entonces se ofreció en acompañarles, fueron allá y les encontraron, -dijo- lloraban muy afligidamente, que gritaban que habían sido violadas, habían manifestado que salieron a las ocho de la mañana del lugar donde trabaja Aída de 15 años, acompañada de su amiga Gloria de 14 años, quienes habían sido despedidas del trabajo, de una familia que no recuerda el nombre, y se iban por El Ejido a coger el trole e irse a un sitio ubicado a un lado de Ambato; lapso, en que, había pasado un carro plomo en el cual, un señor de tez blanca les preguntó si necesitaban trabajar, contestando que sí, las dos, entonces les ha dicho que la esposa era médico y tenía un niño, que ellas no quisieron subir al carro, pero que el bajó, les subió a la fuerza, caminaron dos o tres cuadras, les dijo que estén quietas, porque regresaba con unos papeles, que no podían salir del carro y regresó casi de inmediato, diciéndoles les llevaba a su domicilio, sin saber por donde iban, pero que pasaron por el peaje de Sangolquí, reconocieron a unos trabajadores que estaban por ahí, luego por el puente número tres dieron la vuelta y le llevaron a una casa, ubicada en una loma, con puertas negras en donde habían ingresado a la fuerza, y ahí con amenazas que les iba a meter un cuchillo, le habían explicado las ofendidas, porque la testigo acota no estuvo presente, entonces, el señor les dijo que se bañaran, negándose, les ha puesto en dos cuartos diferentes, luego ha procedido primero a violar a Aída, la que ha dicho que con algo le punzaba sin saber si era cuchillo o la mano, violándole por la vagina y luego por el ano, por lo que lloraba y gritaba; que a la otra, Gloria también ha procedido a violarle por la vagina la misma que decía dolerle mucho el ano, además que ha dicho algo sentía en la garganta preguntando si iba a quedar así, entonces, sin saber que hacer, la testigo dijo que se acercó a un policía de la esquina, luego a la tarde fueron a la Fiscalía. También se considera el testimonio del Cabo de Policía Rodrigo Iván Morales Chicaiza quien relata los trabajos de investigación y que al cuarto día luego de ocurridos los hechos, en horas de la noche y en momentos en que se encontraba con las perjudicadas en la casa donde según ellas fue cometido el abuso sexual, procedió a detener al acusado, al mismo que las perjudicadas lo identificaron. También consideran los juzgadores el testimonio del Ing. Leonardo Patricio Jaramillo Hidrovo, Director de Recursos Humanos del Banco Central, quien dijo que Kléber Alexander Pontón fue funcionario de esa entidad, que en agosto del 2002 le destituyeron y confirma el documento en el que certifica que Kléber Naranjo entró a trabajar en la mañana del día de los hechos a las 10h50; igualmente el Tribunal hace mención del informe presentado por la perito Dora Lucrecia Sánchez Quizhpi respecto del análisis del laboratorio clínico y hemático efectuado sobre las muestras tomadas en los órganos genitales de las agraviadas y de sangre del acusado. Consecuentemente, la Sala observa perfecta armonía, concatenación y sistematización entre la parte considerativa y resolutiva de la sentencia, no siendo legal establecer una valoración de las pruebas toda vez que el juzgador ya lo hizo, y habiéndose establecido la existencia material de la infracción y la participación del condenado Kléber Naranjo Pontón, en el delito por el que se ha sentenciado, estimamos que no procede el recurso de casación interpuesto, cuanto más que la escogencia de la norma aplicada es la correcta en derecho, siendo de rigor deducir que la sentencia no adolece de error de derecho alguno. SEXTO: RESOLUCION.- Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Tercera Sala de lo Penal, acogiendo el dictamen del Sr. Director General de Asesoría subrogante de la Sra. Ministra Fiscal General del Estado, rechaza por improcedente el recurso de casación interpuesto; y, ordena devolver el proceso al inferior para que ejecute la sentencia, de conformidad con el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dr. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y Msc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico: Que las cinco (5) copias que anteceden son fiel copia de su original.

Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 18-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 11 de abril del 2006; a las 10h30.¬

VISTOS: El presente proceso penal ha sido resuelto mediante sentencia condenatoria dictada por el Quinto Tribunal Penal del Guayas, que impuso la pena 16 años de reclusión mayor extraordinaria en contra de Wilson Alfonso Reascos Charcopa, por considerarlo autor responsable del delito de asesinato tipificado y reprimido en el Art. 452 del Código Penal. El proceso viene en alzada por recurso de casación propuesto como medio de impugnación ante el Juez a quo, por el acusado. La causa fue conocida inicialmente por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema, y ordenado el resorteo en cumplimiento de las resoluciones del Pleno de la Corte Suprema, concluido el trámite previsto para este tipo de recursos, la Sala para resolver considera: PRIMERO: JURISDICCION y COMPETENCIA.- Esta Tercera Sala Penal, tiene jurisdicción y competencia por la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial Nº 26 del jueves 26 de mayo del 2005. El resorteo de causas se dispuso por el Pleno de la Corte Suprema mediante resolución de 7 de diciembre; y, fue practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- No se advierten vicios de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso de casación, por lo que no hay nulidad alguna que declarar. TERCERO: PRETENSION DEL IMPUGNANTE.- El impugnante, Wilson Alfonso Reascos Charcopa interpuso recurso de casación, y dispuesta la fundamentación del recurso expresa que no ha cometido el delito de dar muerte a su hermano Marco Manuel Reascos Charcopa; que se han violado los Arts. 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal, porque no existe el nexo causal entre la infracción y su autor; tampoco existen indicios graves, concordantes, explícitos, incriminatorios de culpabilidad en su contra. Agrega que también se ha violado el Art. 309 en sus numerales 2 y 3 ibídem y el Art. 143 inciso primero del mencionado código, porque no se ha considerado lo expuesto en su testimonio rendido ante los miembros del Tribunal Penal, que es un medio de prueba y de defensa a su favor; así mismo se ha violado el Art. 99 del mismo código porque jamás se comprobó la identidad o identificación del cadáver y tampoco existe prueba de su autoría y responsabilidad, siendo que su condena se basa en el contenido del parte policial informativo que no constituye prueba penal. CUARTO: DICTAMEN DEL MINISTERIO PUBLICO.- El Director General de Asesoría Jurídica, subrogante de la señora Ministra Fiscal General al emitir su dictamen, expresa que estudiada la sentencia se aprecia que los hechos objeto del proceso y que han sido materia del juzgamiento ocurrieron el día 6 de marzo del año 2000 en la ciudad de Guayaquil, luego de que hubo una discusión entre los hermanos Wilson Alfonso, Marco y Miriam Reascos Charcopa, de la que resultó gravemente herido el primero de los nombrados, habiendo apreciado y valorado los juzgadores las pruebas en torno a la existencia del delito y a la responsabilidad del acusado, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, que permite a los juzgadores llegar al convencimiento de que la conducta del acusado se adecua a la hipótesis prevista en el Art. 452 del Código Penal, que es la norma sancionadora correctamente aplicada por los juzgadores, sin que aparezca ninguna violación de las normas previstas en los códigos Penal y de Procedimiento Penal para el caso. Concluye el dictamen pidiendo a la Sala que rechace el recurso por improcedente. QUINTO: ANALISIS DE LA SALA.- La casación de acuerdo con el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal se contrae en examinar si en la sentencia definitiva se ha violado la ley. El Tribunal en sentencia debe valorar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en cumplimiento de lo que dispone el Art. 86 del Código Adjetivo Penal. La motivación de la sentencia para ser correcta, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las condiciones a que arribe el Tribunal sobre su examen, sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal, y de las consecuencias jurídicas que de su aplicación se deriven. El Juez debe consignar las razones que lo llevan a tener por acreditados o no, e históricamente ciertos o falsos los hechos que constituyen los elementos materiales del delito, enunciando las pruebas de que se sirven en cada caso y expresando la valoración que haga de ellas; es decir, la apreciación sobre si lo conducen relativamente al supuesto de hecho investigado, a una conclusión afirmativa o negativa. La falta de motivación en derecho puede consistir en la no descripción del hecho que debe servir de sustento a la calificación, es decir, cuando se aplica una norma jurídica diferente a la que corresponde en un proceso de correcta adecuación típica. Para ser motivada en los hechos, la sentencia debe suministrar las pruebas en que se fundan las conclusiones fácticas, esto es, demostrarlos. Para que sea fundada en derecho, la sentencia debe explicar los hechos objeto de la adecuación típica, esto es, describirlos. Otra exigencia para que la motivación sea legítima es que debe basarse en prueba válidamente introducida en el debate o etapa del juicio, esta es una consecuencia del principio de verdad real y del de inmediación que es su derivado, el cual supone la oralidad, publicidad y contradicción. Por vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia, quedando excluido de la casación todo lo que se refiera a la valoración de los elementos de prueba y a la determinación de los hechos, pues la casación no es una segunda instancia, y no está en el ámbito de su competencia revalorizar la prueba ni juzgar los motivos que formaron la convicción de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Si es controlable en casación el grado de convencimiento que expresa el Juez. La sentencia debe basarse en la certeza, es decir en la convicción razonada y positiva de que los hechos existieron y ocurrieron de cierta manera. Si bien la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, ésta si controla el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento. El Tribunal de Casación realiza bajo este aspecto un examen de acuerdo con el sistema probatorio establecido por la ley, a fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, verificando si en su fundamentación se han observado las reglas de la lógica, del razonamiento y de la experiencia o conocimiento. La garantía de motivación consiste en que mientras por un lado se deja al Juez libertad de apreciación, queda en cambio obligado a correlacionar lógicamente los argumentos, demostrando su conclusión para prevenir la arbitrariedad. Para que se pueda dictar sentencia condenatoria es necesario que se demuestre conforme a derecho, tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del acusado, y del examen de la sentencia aparece que el Tribunal actuante en el considerando cuarto establece la existencia material de la infracción con el protocolo de autopsia del cadáver de Marco Manuel Reascos Charcopa realizado por los médicos legistas doctores Enrique Santillán Calle y Jorge Córdova Ortuño, en cuyas conclusiones dicen que el fallecimiento se debió a hemorragia interna de hígado y vena aorta, consecutiva a penetración de arma corto punzante. En cuanto a la responsabilidad penal en el mismo considerando mencionan la declaración del Cabo de Policía Nacional, Eduardo Lescano Jiménez quien elaboró el parte de detención y el informe policial de detención, documentos de los que se puede deducir la participación del acusado en la comisión de la infracción, testigo que compareció en la audiencia del juicio y reconoció al acusado como la persona que el aprehendió, y se ratificó en que la hermana del occiso la doctora en medicina, Miriam Reascos, le manifestó que su hermano Wilson fue quien mató a su otro hermano Marco Manuel; la declaración del Sargento de Policía, José Montero Barriga quien realizó el levantamiento del cadáver que se encontraba en el policlínico de propiedad de la hermana del fallecido y que había sido herido con arma blanca, que le manifestó que Wilson fue quien hirió a su otro hermano Marco Manuel por defenderla a ella pues aquel le estaba haciendo reclamos por asuntos familiares, la declaración rendida bajo juramento en la audiencia del juicio por la doctora Miriam Reascos que se ratificó íntegramente en su versión, y afirmó que su hermano Marco ya herido le dijo que Wilson era quien lo había herido. Estas actuaciones probatorias valoradas por el juzgador de acuerdo con las reglas de la sana crítica, hace que lleguen al convencimiento de que Wilson Alfonso Reascos Charcopa, es autor del delito de asesinato por lo que le imponen la pena de 16 años de reclusión mayor extraordinaria. En consecuencia consideramos que el Quinto Tribunal Penal del Guayas ha actuado correctamente sin contravenir en la sentencia el texto del Art. 88 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, para que de los indicios se pueda presumir el nexo causal entre la infracción y sus responsables, es necesario: 1.- Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a derecho. 2.- Que la presunción se funde en hechos reales y probados y nunca en otras presunciones. 3.- Que los indicios que sirvan de premisa a la presunción sean: a) Varios; b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con los otros indicios, esto es, que sean concordantes entre sí; c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una sola conclusión; y, d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y naturalmente. Se ha hecho así mismo, una correcta aplicación del Art. 87, 309 numerales 2 y 3, y Art. 143 inciso primero del Código de Procedimiento Penal. Se ha respetado además la presunción del dolo prevista en el Art. 33 del Código Penal, que dice: "Repútanse como actos conscientes y voluntarios todas las infracciones, mientras no se pruebe contrario; excepto cuando de las circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al cometerlo". Se consideran autores a quienes cometen el delito de propia mano; como bien dice el profesor GÜNTHER JAKOBS, "autor es siempre quien comete el hecho por sí mismo, es decir quien ejecuta de propia mano la acción fáctica dolosamente y sin sufrir error, y presenta las necesarias cualificaciones de autor, objetivas y subjetivas, específicas del delito (DERECHO PENAL, Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. 2da. Edición corregida, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 744). La Sala deja constancia de que el Quinto Tribunal Penal del Guayas, en forma equivocada aprecia la agravante genérica de la alarma social causada por el delito, prevista en el Art. 30 del Código Penal, lo cual sin duda atenta contra el respeto a la seguridad jurídica, pues de esa manera incumple con la obligación de reducir o modificar la pena impuesta, conforme dispone el Art. 72 del Código Penal, que es consecuencia de una de las garantías del debido proceso, prevista en el Art. 24 numeral 3, que consagra el principio de la proporcionalidad de las penas. SEXTO: APRECIACION DOCTRINARIA DE LA CASACION.- La casación doctrinariamente es considerada como aquella "función jurisdiccional, confiada al mas alto tribunal judicial, para anular, o anular y revisar, mediante el recurso, as sentencias definitivas de los tribunales de mérito que contengan una errónea interpretación de la ley" (JOSE SARTORIO, La casación argentina, Depalma, Bs. As. 1951, p. 22). Su alcance, fundamento y fines, se contraen en el sistema procesal penal ecuatoriano, a examinar si en la sentencia se ha o no producido violación de la ley, ya por contravenir a su texto, en el evento de una falsa aplicación de la misma, o en el caso de una interpretación errónea. El Art. 349 del Código de Procedimiento Penal vigente dice: "El recurso de casación será procedente para ante la Corte Suprema cuando en la sentencia se hubiera violado la Ley, ya por contravenir expresamente o su texto; ya por haberse hecho una falsa aplicación de la misma; ya en fin, por haberla interpretado erróneamente". Se reconocen como fines esenciales a la casación, la defensa del derecho objetivo, buscándose con ello el imperio de la seguridad jurídica, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la jurisprudencia, que busca además la confluencia de interés privado con el interés social o público (ENRIQUE VESCOVI, Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica, Depalma Bs. As. 1988, p.s. 237 - 238). Agregamos que la casación es una institución establecida con el fin de garantizar la legalidad formal del juicio previo exigido por la Constitución Política en el Art. 23 numeral 27; para asegurar el respeto a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así como también para hacer efectivo el mantenimiento del orden jurídico penal, con una más uniforme aplicación de la ley sustantiva. Es sin duda un medio de impugnación por medio del cual, por motivos de derecho específicamente previstos en la ley, la parte afectada reclama la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva y adjetiva. Vale decir que los motivos pueden ser clasificados como vicios de actividad o vicios de juicio, o errores in procedendo y errores in iudicando. En ambas situaciones la ley se interpreta para aplicarla: la ley sustantiva para aplicarla in iudicando, al juzgar; la ley procesal para aplicarla in procedendo, sobre el proceder. SEPTIMO: RESOLUCION.- De una apreciación ponderada y objetiva de la sentencia, surge de manera incuestionable que el Tribunal Penal de origen ha violado la ley en sentencia, al hacer una falsa aplicación de la agravante genérica de la alarma social, cuya interpretación errónea del Art. 30 de la ley sustantiva, le ha impedido reducir o modificar la condena. La Sala deja constancia de que la prueba tanto de la materialidad del delito, como de la responsabilidad y culpabilidad del acusado ha sido producida cumpliendo los principios propios del modelo acusatorio, esto es de manera oral y pública, ejerciendo las partes el derecho al contradictorio y respetando los principios de la continuidad o concentración, así como cumpliendo con el principio de la inmediación de la prueba con el Juez de la sentencia, pero se ha violado la ley en sentencia al no cumplir con lo dispuesto en el Art. 72 del Código Penal. Por las consideraciones que anteceden, y como en el caso llegado a nuestro conocimiento por la alzada, se aprecia violación de la ley en la sentencia condenatoria por cuanto el Tribunal Penal ha hecho una equivocada e incorrecta apreciación de la alarma social, corregimos el error in iudicando y el error in procedendo, y ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal vigente, acepta el recurso de casación interpuesto, declarándolo procedente; y, aplicando el Art. 72 del Código Penal reconociendo en su beneficio la presencia de dos o más circunstancias atenuantes y ninguna agravante no constitutiva o modificatoria de infracción, le impone al acusado Wilson Alfonso Reascos Charcopa, la pena sustituida por diez años de reclusión mayor ordinaria por el delito de asesinato previsto en el Art. 452 del Código Penal en el grado de autor. Devuélvase el proceso al Juzgado de origen para la ejecución de la sentencia. Notifíquese y publíquese.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y Msc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico: Que las cinco (5) copias que anteceden son fiel copia de su original.

Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 44-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 6 de abril del 2006; a las 09h00.

VISTOS: ANTECEDENTES.- El Juez Provincial de Tránsito de Imbabura, dictó auto cabeza de proceso en contra de Luis Eduardo Loyo Lima, el 1 de marzo del 2000, habiendo concluido el proceso en el primer nivel con sentencia absolutoria a favor del procesado. Se elevaron los autos al superior por recurso de la acusadora particular, Gladis Magdalena Clerque Félix, y a la Segunda Sala de la Corte Superior Justicia de Ibarra, reformando el fallo subido en grado, el 30 de abril del 2003, pronunció sentencia condenatoria e impuso al procesado la pena modificada de treinta y un días de prisión correccional como autor del delito tipificado en el Art. 76 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, sentencia que se encuentra ejecutoriada y el sentenciado interpuso de la misma, recurso de revisión. Este recurso se encuentra sin resolución, aunque existe dictamen fiscal que obra de fs. 47 y 48 vta. del cuaderno de última instancia. Siendo el estado de la causa el de resolver lo que corresponde, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia considera: PRIMERO.¬- COMPETENCIA.- La Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia surge en virtud de lo previsto en la PRIMERA DISPOSICION GENERAL de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial Nº 26 de 26 de mayo del 2005 y la causa ha ingresado mediante el resorteo de causas penales por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de 7 de diciembre y llevado a efecto el 9 de diciembre del 2005, siendo recibido el proceso el 21 de enero del 2004, conforme consta de la razón actuarial sentada a fojas cuarenta y cinco por el Secretario Relator de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- A pesar del tiempo transcurrido, revisado el proceso, no se encuentran vicios de procedibilidad que puedan afectar su validez, razón por la cual, la Sala lo declara válido. TERCERO.- OPINION DEL MINISTERIO PUBLICO.- Se puso en conocimiento del Ministerio Público el proceso, para los efectos previstos en los Arts. 101 y 108 del Código Penal, y la señora Ministra Fiscal General del Estado, subrogante, manifiesta que al tenor de lo dispuesto en el Art. 101, 107 y 114 del Código Penal, toda acción prescribe por el transcurso del tiempo, y que las penas privativas de la libertad por delito, prescriben en un tiempo igual al de la condena, al reunirse los requisitos exigidos en el Código Penal. Que en presente caso es procedente declararse la prescripción de la pena de conformidad con el Art. 107 del Código Penal y que debe cumplirse con el trámite previsto en los Arts. 366 y 367 del Código de Procedimiento Penal. CUARTO.- PRETENSION DEL RECURRENTE.- Luis Eduardo Loyo Lima deduce recurso de revisión, contra la sentencia condenatoria dictada por la Corte Superior de Justicia de Ibarra del 30 de abril del 2003 que revocando la sentencia absolutoria del Juez a - quo, le impuso pena modificada de treinta y un días. El Art. 128 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres fue declarado inconstitucional, en la parte en que limitaba el recurso de casación y revisión para aquellos delitos sancionados con reclusión menor de seis a nueve años, por lo cual la pretendida revisión es procedente. El presente recurso está fundamentado en la causal 4 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal que dice: "4. Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito que se lo condenó", lo cual demanda nuevas pruebas para demostrar el error de hecho en que se habría incurrido en la sentencia impugnada. El onus probandi, vale decir, la carga de la prueba le corresponde al accionante. El relato que hace sobre las circunstancias en que se habría producido el hecho de tránsito, por el impacto entre la buseta marca Hino de placas PZD-393 de la Cooperativa de Transportes Urcuquí conducida por Juan Carlos Calderón (fallecido) y el ómnibus marca Scania de placas IAE-336, conducido por el recurrente; como es consecuencia de haber girado Juan Carlos Calderón en forma imprevista a la izquierda; y, que la Corte se equivocó al atribuir responsabilidad a los dos conductores, nada aporta y menos constituyen prueba alguna de que ha habido un error en la apreciación de los hechos. QUINTO.- PRUEBA PRESENTADA EN REVISION.¬- Ante la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema ha rendido su declaración la señora Hilda Violeta Mora Pabón, refiere el hecho del rozamiento del vehículo de la flota Imbabura, cuando el bus de la Cooperativa Urcuquí, salió hacia el lado izquierdo para ir a Salinas, y que el acusado prestó auxilio a quien se encontraba atrapado. Otro testigo, Carlos Aníbal Benítez Navarrete, no vio realmente el impacto o razonamiento de los vehículos, porque las cortinas se encontraban cerradas, y que el chofer ayudó a sacar al controlador. El video entregado que ha sido materia de examen, ninguna prueba aporta a favor de lo sostenido por el recurrente. El informe Nº 2003-13-SIAT-I-CP-12, remitido por el Subteniente de Policía Carlos Velasteguí, determina que la vía Panamericana Norte, en el tramo Ibarra-Tulcán constituye vía preferencial y de primer orden, y que la vía hacia la parroquia Salinas es secundaria. En el mismo sentido consta el oficio remitido por el Secretario del Juzgado Nacional de Caminos, Carlos Olivo Ortiz. SEXTO.- PRUEBA ACTUADA EN EL PROCESO PRINCIPAL.- No aparece del proceso principal que la Corte Superior de Justicia de Ibarra hubiese incurrido en errores de hecho que hagan procedente la revisión. Por el contrario, ha condenado a base de la prueba legal practicada, respetando las garantías del debido proceso. Se encuentra probada la materialidad de la infracción, con las evidencias físicas que obran de autos; con los informes de reconocimiento y avalúo de los vehículos que intervinieron en el accidente; con los informes de las autopsias practicadas a los occisos Narcisa Isabel Villarreal Terán y Juan Eddie Calderón Paredes -pasajera y chofer del transporte Urcuquí-; el reconocimiento médico legal de Leonel Hernández, controlador de la flota Imbabura; y, con la diligencia de reconocimiento del lugar de los hechos. En cuanto a la responsabilidad del acusado, la misma se deduce los testimonios analizados por la Corte Superior, de los que se establece que hubo inobservancia de los reglamentos por parte de los conductores, quienes no tomaron las debidas precauciones considerando que llegaban a un cruce, habiendo el acusado pretendido rebasar el bus Hino que giró a la izquierda sin asegurarse de que podía hacerlo. Todos estos hechos han sido valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica, permitiendo establecer con certeza y lejos de cualquier duda razonable, la existencia de la infracción y la culpabilidad del acusado. SEPTIMO.- APRECIACION DOCTRINARIA SOBRE LA REVISION.- El procedimiento penal tiene como finalidad llegar a la imposición de una pena respetando la verdad procesal, si esto es así resulta razonable la legitimidad de la sanción por un acto adecuadamente típico y antijurídico. Frente a la posibilidad de un error judicial en la apreciación correcta de los hechos, surge la necesidad de la reparación mediante el mecanismo de un recurso de excepción como es la revisión, asumiendo el riesgo de la vulnerabilidad de la cosa juzgada, de la del maestro uruguayo, don EDUARDO J. COUTURE, expresara que es: "la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla". En virtud de la cosa juzgada, la sentencia en firme es generalmente inacatable e impugnable cuando se han agotado los términos para la interposición de los recursos, o cuando habiendo sido interpuestos, el Tribunal de alzada ha ratificado la resolución del Juez a-quo. Para la profesora CLARIA OLMEDO en su Derecho Procesal Penal, es objetable considerar a la revisión como un recurso en sentido estricto expresando que, "mejor parece considerarlo como una acción impugnativa que persigue la revocación de una sentencia firme y anulación del proceso en que se pronunció, fundándose en circunstancias nuevas para la causa por ser recién conocidas o haberse presentado con posterioridad". Participamos de considerar a la revisión como un verdadero recurso, que permite rever una sentencia condenatoria que se encuentra en firme y que no puede ser impugnada por medios normales. En cuanto a los efectos, una vez sustanciado el recurso si se lo declara procedente, se revoca la sentencia y anula el proceso en el que se hubiere dictado la condena. Esta excepcional institución pretende la reivindicación del reo y el reestablecimiento de la justicia, mediante la reparación del error judicial. Ni siquiera en el antiguo derecho romano se consagró la irrevocabilidad de la cosa juzgada, pues allí también cedía ésta, si se demostraba que había habido fraude procesal por prevaricato o tergiversatio, llegándose a la rescisión de la sentencia y a la inintegrum restitutio. OCTAVO.- ANALISIS DE LA SALA.- El recurso de revisión es un mecanismo legal para dejar sin efecto una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, para lo cual, la ley determina que se deben aportar nuevas pruebas, excepto si se alega que no se hubiere comprobado conforme a derecho la existencia del delito. Para el caso presente, el pretendido error de hecho en que se habría incurrido en a sentencia impugnada vía revisión, no ha sido debidamente acreditado; ni con prueba aportada por el accionante que podría haber presentado en el ejercicio de su derecho a la defensa; ni aparece del examen del proceso tal evidencia, por lo que la comprobación conforme a derecho de la existencia del delito, se encuentra debidamente fundamentada en los hechos y en el derecho de la sentencia del Tribunal Penal de Imbabura. RESOLUCION.- Sobre la base de lo expresado, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, declara improcedente el recurso interpuesto por Luis Eduardo Loyo Lima, y ordena que el proceso sea devuelto al Tribunal de origen conforme establece el Art. 367 del Código de Procedimiento Penal.- Notifíquese y publíquese.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y Msc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico: Que las tres (3) copias que anteceden son fiel copia de su original.

Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 64-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 5 de abril del 2006; a las 10h00.

VISTOS: El Segundo Tribunal Penal del Guayas, el 21 de enero del 2003, a las 08h10, dicta sentencia en la que se declara a Secundino Virgilio Muñiz Bello o Secundino Virgilio Campos, Porfirio Fabián Figueroa Pilligua y Pablo Joaquín Reyes Lucas como responsables en el grado de autores del delito tipificado en el Art. 550 y reprimido por el Art. 552 numeral segundo del Código Penal, imponiéndoles a cada uno la pena de 6 años de reclusión menor ordinaria, sentencia que ha sido notificada el 23 de enero del 2003, que ha sido impugnada mediante el recurso de casación, el mismo que ha sido declarado desierto por la falta de fundamentación de los impugnantes. Con fecha 12 de noviembre del 2003, que ha sido impugnada mediante el recurso de casación, el mismo que ha sido declarado desierto por la falta de fundamentación de los impugnantes. Con fecha 12 de noviembre del 2003, ante el señor Presidente del Segundo Tribunal Penal del Guayas comparecen Porfilio Fabián Figueroa Pilligua, y el 19 de noviembre del 2003 Pablo Joaquín Reyes Lucas, quienes con igual texto interponen el recurso de revisión, fundados en las causales segunda, cuarta y sexta del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal. Habiéndose tramitado en la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia todo el expediente, de manera especial se ha receptado la prueba; y habiéndose oído al Ministerio Público; estando la causa para resolver, se considera: PRIMERO: COMPETENCIA.- Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para deducir y sentencias el recurso de revisión propuesto, según lo previsto en los Arts. 359 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, así como por el resorteo de causas penales ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución de 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- No se observa la existencia de ninguna causa de nulidad del proceso que obligue a este Tribunal a declararla, conforme prevé el Art. 333 del Código de Procedimiento Penal. TERCERO: ALEGACIONES DE LOS RECURRENTES.- Mediante escrito, los recurrentes manifiestan que según la regla 16 del Art. 24 de la Constitución Política de la República, nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho; que el Tribunal Penal en el considerando SEGUNDO de la sentencia impugnada indica "el representante del Ministerio Público, Ab. Carlos Julio Guevara aportó como pruebas los siguientes documentos, señalando: a) Denuncia presentada por Humberto Muñoz Teodoro Del Pozo; en la que hace conocer que ha sido víctima el 2 de septiembre del 2001; b) De Mirian Rosa Merchán Villegas; c) Parte informativo preprocesal suscrito por el agente Angel López, estos hechos tienen íntima vinculación e identidad subjetiva y objetiva con el proceso penal Nº 99-A-2002 que se sustanció en el Tribunal Tercero de lo Penal de Guayas, en la etapa del plenario donde el recurrente ya fue juzgado por estos mismos hechos, Tribunal penal que dictó sentencia absolutoria". También alega que la sentencia ha considerado un solo testigo de cargo, dando a ese testimonio el valor de prueba relevante, testigo que en otro juicio que hace referencia se ha presentado como denunciante; que en fin, no se ha comprobado conforme a derecho la existencia del delito a que se refiere la sentencia, por lo que solicitan que al revisar la misma, en su lugar se dicte sentencia absolutoria debiendo llamar la atención a los miembros del Tribunal. La Sala ha corrido el traslado al Ministerio Público para que presente su dictamen al respecto. CUARTO: PRUEBA APORTADA.- El Art. 360 del Código de Procedimiento Penal manifiesta que procede el recurso de revisión siempre que se hayan aportado nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada, salvo el caso que se alegue el numeral 6, relacionado con que no se hubiese comprobado conforme a derecho la existencia del delito a que se refiere la sentencia; de tal manera que en el presente caso; los alegatos de la revisión en la mayoría requerían de prueba, la misma que, habiendo estado autorizada en providencia del 7 de mayo del 2004 (fs. 4), no se ha cumplido ninguna, como se desprende de la razón que suscribe el Magistrado de sustanciación (fs. 5). QUINTO: CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO.- La señora Ministra Fiscal General del Estado subrogante, mediante escrito presentado el 9 de marzo del 2005, al dictaminar sobre el proceso manifiesta que las causales 2 y 4 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal en su inciso final prevén que solo podrá declararse la revisión en virtud de nuevas pruebas, sin que para el caso los interesados hayan presentado ninguna. En lo que tiene relación al numeral 6 del Art. 360, la sentencia condenatoria en el considerando CUARTO declara probada la existencia material del delito y la responsabilidad penal de los acusados con: el testimonio propio rendido en el juicio por Miriam Merchán Villegas, quien observó el 2 de septiembre del 2001 a los dos acusados, romper las puertas y ventanas del inmueble de propiedad de su vecino Humberto Teodoro Muñoz Pezo, para luego ingresar al interior del mismo y sustraerse varios electrodomésticos y maletas, prueba que ha sido valorada por el Tribunal conforme a las reglas de la sana crítica, lo que le ha permitido concluir que Porfilio Fabián Figueroa Pilligua y Pablo Joaquín Reyes Lucas son autores del delito de robo agravado tipificado en el numeral 2 del Art. 552 en concordancia con el Art. 550 del Código Penal. En tal virtud, a criterio del Ministerio Público, no procede el recurso de revisión, por lo que manifiesta debe ser rechazado por improcedente. SEXTO: ANALISIS DE LA SALA.- El recurso de revisión es un mecanismo legal para dejar sin efecto una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, para lo cual, la ley determina que se deben aportar nuevas pruebas, excepto si se alega que no se hubiere comprobado conforme a derecho la existencia del delito. En el caso que nos ocupa, los impugnantes no han aportado prueba alguna para analizar las casuales 2 y 4 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, y con relación a la causal sexta, el Tribunal Segundo de lo Penal de Guayas, en el considerando SEGUNDO hace un listado de aportaciones del Ministerio Público en los que indebidamente toma en cuenta la denuncia presentada por Humberto Teodoro Muñoz Pezo, la denuncia presentada por Juan José Ronquillo, la de Miriam Rosa Merchán Villegas, el parte informativo preprocesal del agente de Policía Judicial, otro parte preprocesal, un parte de detención, como si fueran pruebas, cuando en realidad son mecanismos portadores de la noticia críminis que debe ser investigada por el Ministerio Público con la colaboración de la Policía Judicial; sin embargo, no es menos cierto que también se mencionan varias versiones y el testimonio propio rendido por Miriam Rosa Merchán Villegas quien además de ratificarse en la versión rendida, es coincidente y ratifica a las demás versiones, razones que facultan al Tribunal, conforme a las reglas de la sana crítica a apreciar en su conjunto la prueba demostrativa tanto de la existencia material del delito como de la responsabilidad. Vale también expresar que la sentencia hace referencia a los testimonios de Romel Salazar C. y Angel López López, quienes se ratificaron en el contenido de los informes policiales que fueron aportados por la Fiscalía como medios de prueba. Por tanto, el criterio de esta Sala es que no se han justificado los casos previstos en los numerales 2, 4 y 6 del Art. 360 ibídem. RESOLUCION.- Sobre la base de lo expresado, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, al amparo de lo dispuesto en el Art. 367 del Código de Procedimiento Penal declara improcedente el recurso interpuesto y ordena que el proceso sea devuelto al Juzgado de origen. Notifíquese y publíquese.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y Msc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.- f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico: Que las dos (2) copias que anteceden son fiel copia de su original.- Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 67-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 6 de abril del 2006; a las 10h30.

VISTOS: El presente proceso penal ha sido resuelto mediante sentencia absolutoria dictada por el Tribunal Penal de Cotopaxi el 27 de enero del 2004, a las 17h45, a favor de Mario Fernando Yugsi Chilla. El proceso viene en alzada por recurso de casación propuesto como medio de impugnación ante el Juez a quo, por el Agente Fiscal de Cotopaxi. La causa fue conocida inicialmente por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema, y ordenado el resorteo en cumplimiento de las resoluciones del Pleno de la Corte Suprema, concluido el trámite previsto para este tipo de recurso, la Sala para resolver considera: PRIMERO.- JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Esta Tercera Sala Penal, tiene jurisdicción y competencia, por la Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de la Función Judicial, publicada en el Registro Oficial No. 26 del jueves 26 de mayo del 2005. El resorteo de causas se dispuso por el Pleno de la Corte Suprema mediante resolución del 7 de diciembre; y, fue practicado el 9 de diciembre del 2005.- SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- No se advierten vicios de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso de casación, por lo que no hay nulidad alguna que declarar.- TERCERO.- PRETENSION DEL MINISTERIO PUBLICO.- El impugnante, Agente Fiscal de Cotopaxi, interpuso recurso de casación, y dispuesta la fundamentación del recurso la Ministra Fiscal General del Estado, cumplió con tal requerimiento expresando que el Tribunal ha violado el Art. 88 del Código de Procedimiento Penal, y ha hecho una errada interpretación del Art. 304 A del Código Procesal Penal, pues el Tribunal equivocadamente ha invocado la duda para dictar una sentencia absolutoria, por lo cual solicita que se corrija el error de derecho en que incurre el Tribunal Penal de Cotopaxi, y dicte sentencia condenatoria en contra del acusado, que hirió con un puñal a Víctor Hugo Paredes Pila, mismo que fallece a consecuencia de lesiones cortopunzante en colón transverso y páncreas.- CUARTO.- ANALISIS DE LA SALA.- La Casación de acuerdo con el Art. 349 del Código de Procedimiento Penal se contrae a examinar si en la sentencia definitiva se ha violado la ley. El Tribunal en sentencia debe valorar las pruebas de acuerdo con las reglas de la sana crítica, en cumplimiento de lo que dispone el Art. 86 del Código Adjetivo Penal. La motivación de la sentencia para ser correcta, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las condiciones a que arribe el Tribunal sobre su examen, sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal, y de las consecuencias jurídicas que de su aplicación se derivan. El Juez debe consignar las razones que lo llevan a tener por acreditados o no, e históricamente ciertos o falsos los hechos que constituyen los elementos materiales del delito, enunciando las pruebas de que se sirve en cada caso y expresando la valoración que haga de ellas, es decir, la apreciación sobre si lo conducen relativamente al supuesto de hecho investigado, a una conclusión afirmativa o negativa. La falta de motivación en derecho puede consistir en la no descripción del hecho que debe servir de sustento a la calificación, es decir cuando se aplica una norma jurídica diferente a la que corresponde en un proceso de correcta adecuación típica. Para ser motivada en los hechos, la sentencia debe suministrar las pruebas en que se fundan las conclusiones fácticas, esto es demostrarlos. Para que sea fundada en derecho, la sentencia debe explicar los hechos objeto de la adecuación típica, esto es, describirlos. Otra exigencia para que la motivación sea legítima es que debe basarse en prueba válidamente introducida en el debate o etapa del juicio, esta es una consecuencia del principio de verdad real y del de inmediación que es su derivado, el cual supone la oralidad, publicidad y contradicción. Por vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que dan base a la sentencia, quedando excluido de la casación todo lo que se refiera a la valoración de los elementos de prueba y a la determinación de los hechos, pues la casación no es una segunda instancia, y no está en el ámbito de su competencia revalorizar la prueba ni juzgar los motivos que formaron la convicción de acuerdo con la reglas de la sana crítica. Si es controlable en casación el grado de convencimiento que expresa el Juez. La sentencia debe basarse en la certeza, es decir en la convicción razonada y positiva de que los hechos existieron y ocurrieron de cierta manera. Si bien la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas de la sentencia son inatacables en casación, ésta si controla el proceso lógico seguido por el Juez en su razonamiento. El Tribunal de Casación realiza bajo este aspecto un examen sobre la aplicación del sistema probatorio establecido por la ley, a fin de custodiar la aplicación de las reglas de la sana crítica en la fundamentación de la sentencia, verificando si en su fundamentación se han observado las reglas de la lógica, del razonamiento y de la experiencia o conocimiento. La garantía de motivación consiste en que mientras por un lado se deja al Juez libertad de apreciación, queda en cambio obligado a correlacionar lógicamente los argumentos, demostrando su conclusión para prevenir la arbitrariedad. Para que se pueda dictar sentencia condenatoria es necesario que se demuestre conforme a derecho, tanto la existencia de la infracción como la responsabilidad del acusado, y del examen de la sentencia aparece que el Tribunal actuante en el considerando tercero establece la existencia material de la infracción con las pruebas actuadas durante la etapa del juicio, a saber: 1.- El testimonio del doctor Marcelo Rodrigo Ramírez, quien relata y describe las lesiones que presentaba el paciente Víctor Paredes, y que las causas del fallecimiento son las lesiones agudas del páncreas y del colon. 2.- El testimonio propio del doctor Fernando Antonio Ulloa Aguilera, quien se refiere al cuadro clínico que presentaba el paciente Víctor Paredes Pela, a quien le realizó una evaluación, que lo llamaron del hospital para una intervención quirúrgica, haciéndose cargo del mencionado paciente el 19 de abril del 2003, interviniéndole a las 10h00, que se estableció que su estado era crítico, que se encontraron ciertas lesiones a nivel de colon trasverso y páncreas. 3.- Testimonio propio del doctor Juan Eduardo Otavalo Castro, quien expresa ser médico anestesiólogo del Hospital de Latacunga, y que le suministró anestesia al paciente Paredes Pula. 4.- Con los testimonios propios de los peritos María Cornejo Zapata y Fanny Calvopiña Caiza, quienes incluso describen haber encontrado vestigios de sangre en el lugar de los hechos. En cuanto a la responsabilidad y culpabilidad del acusado Mario Yugsi Chila, del contenido de la sentencia se aprecia que existe prueba de la misma con los siguientes actos procesales: 1.- El testimonio propio del policía Francisco Rubén Armas que dice conocer sobre los hechos por su actuación en las investigaciones, enterándose que el 18 de abril del 2003 en horas de la noche, tuvieron una pelea Víctor Paredes Pila y Mario Yugsi Chilla, que el primero de los nombrados fue herido con un arma cortopunzante 2.- Testimonio propio de Ruth Alexandra Velasteguí que vio armado con una navaja a Yugsi Chilla, que la envolvió en un caso y que luego agredió a Víctor Paredes. 3.- Testimonio de Manuel Antonio Cruz Pérez, quien llevó al herido en procura de atención médica. 4.- Testimonio de Jorge Iván Pila Paredes que presenció la pelea aunque no vio el arma. 5.- Testimonio de Luis Fernando Paredes Zapata padre del occiso que expresa que éste le reveló al ingresar al Hospital de Latacunga, que lo había navajeado el marido de Cecilia, esto es Mario Yugsi (sic). 6.- Testimonio propio de Cristian Alonso Valdivieso Terán quien presenció la pelea, que terminada ésta Paredes se quejó de un dolor, y que luego al llevarlo a casa vieron que sangraba un poco. Del conjunto de testimonios citados y valorados en la sentencia, se infiere inequívocamente que el autor responsable de las lesiones causantes de la muerte de Víctor Paredes Pila es Mario Fernando Yugsi Chilla. En consecuencia consideramos que el Tribunal Penal de Cotopaxi ha violado la ley en sentencia, por contravenir expresamente al texto del Art. 88 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, para que de los indicios se pueda presumir el nexo causal entre la infracción y sus responsables, es necesario: 1.- Que la existencia de la infracción se encuentre comprobada conforme a derecho. 2.- Que la presunción se funda en hechos reales y probados y nunca en otras presunciones. 3.- Que los indicios que sirven de premisa a la presunción sean: a) Varios; b) Relacionados, tanto con el asunto materia del proceso como con los otros indicios, esto es, que sean concordantes entre sí; c) Unívocos, es decir que, todos conduzcan necesariamente a una sola conclusión; y, d) Directos, de modo que conduzcan a establecerla lógica y naturalmente. Se ha hecho así mismo, una falsa aplicación del Art. 4 del Código Penal pues no se infiere ni existe tal duda, del contenido de la prueba valorada por el Juez a quo en la sentencia absolutoria; y, se ha interpretado erróneamente el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal, haciéndose en consecuencia una falsa aplicación del mencionado artículo. Se ha ignorado además la presunción del dolo prevista en el Art. 33 del Código Penal, que dice: "Repútanse como actos conscientes y voluntarios todas las infracciones, mientras no se pruebe lo contrario; excepto cuando de las circunstancias que precedieron o acompañaron al acto, pueda deducirse que no hubo intención dañada al cometerlo". Se consideran autores a quienes cometen el delito de propia mano; como bien dice el profesor GÜNTHER JAKOBS, "autor es siempre quien comete el hecho por si mismo, es decir quien ejecuta de propia mano la acción fáctica dolosamente y sin sufrir error, y presenta las necesarias cualificaciones de autor, objetivas y subjetivas, específicas del delito (DERECHO PENAL, Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. 2da. Edición corregida, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 744).- QUINTO.- APRECIACION DOCTRI-NARIA DE LA CASACION.- La casación doctrinaria-mente se considera como aquella "función jurisdiccional, confiada al más alto Tribunal judicial, para anular, o anular y revisar, mediante el recurso, las sentencias definitivas de los tribunales de mérito que contengan una errónea interpretación de la ley" (JOSE SARTORIO, La casación argentina, Depalma, Bs. As. 1951, p. 22). Su alcance, fundamento y fines, se contraen en el sistema procesal penal ecuatoriano, a examinar si en la sentencia se ha o no producido violación de la ley, ya por contravenir a su texto, en el evento de una falsa aplicación de la misma, o en el caso de una interpretación errónea. El Art. 349 del Código de Procedimiento Penal vigente dice, "El recurso de casación será procedente para ante la Corte Suprema cuando en la sentencia se hubiera violado la Ley, ya por contravenir expresamente a su texto; ya por haberse hecho una falsa aplicación de la misma; ya en fin, por haberla interpretado erróneamente". Se reconocen como fines esenciales a la casación, la defensa del derecho objetivo, buscándose con ello el imperio de la seguridad jurídica, la igualdad de los ciudadanos ante la ley, así como la unificación de la jurisprudencia, que busca además la confluencia del interés privado con el interés social o público (ENRIQUE VESCOVI, Los recursos judiciales y demás medios impugnativos en Iberoamérica, Depalma Bs. As. 1988, p.s. 237- 238). Agregamos que la casación es una institución establecida con el fin de garantizar la legalidad formal del juicio previo exigido por la Constitución Política en el Art. 23 numeral 27; para asegurar el respeto a los derechos individuales y a las garantías de igualdad ante la ley e inviolabilidad de la defensa en juicio, así como también para hacer efectivo el mantenimiento del orden jurídico penal, con una más uniforme aplicación de la ley sustantiva. Es sin duda un medio de impugnación por medio del cual, por motivos de derecho específicamente previstos en la ley, la parte afectada reclama la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que la perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva y adjetiva. Vale decir que los motivos pueden ser clasificados como vicios de actividad o vicios de juicio, o errores in procedendo y errores in iudicando. En ambas situaciones la ley se interpreta para aplicarla: la ley sustantiva para aplicarla in iudicando, al juzgar; la ley procesal para aplicarla in procedendo, sobre el proceder.- SEXTO.- RESOLUCION.- De una apreciación ponderada y objetiva de la sentencia, surge de manera incuestionable que el Tribunal Penal de origen ha violado la ley en sentencia, por haber realizado una falsa aplicación de la ley adjetiva, al no adecuar correctamente la conducta del acusado en la hipótesis típica prevista en el Art. 449 del Código Penal, así como por una interpretación errónea de la calidad de autor prevista en el Art. 42 del mismo cuerpo legal. La prueba de que el acusado debe ser reputado como autor fue presentada en la audiencia del juicio, conforme al Art. 79 del código. La prueba tanto de la materialidad del delito, como de la responsabilidad y culpabilidad del acusado ha sido producida cumpliendo los principios del modelo acusatorio, esto es, de manera oral y pública, ejerciendo las partes el derecho al contradictorio, y respetando los principios de la continuidad o concentración, así como cumpliendo con el principio de la inmediación de la prueba con el Juez de la sentencia. La materialidad del delito así como la culpabilidad del acusado, se encuentran debidamente probadas, como se ha analizado en el considerando CUARTO (up supra). Por las consideraciones que anteceden, y como en el caso llegado a nuestro conocimiento por la alzada, se aprecia violación de la ley en la sentencia absolutoria expedida, por cuanto el Tribunal Penal ha hecho una equivocada e incorrecta adecuación típica de la conducta sancionable, corregimos el error in iudicando y el error in procedendo, y ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal vigente, acepta el recurso de casación interpuesto, declarándolo procedente y aplicando el Art. 449 del Código Penal, le impone al acusado Mario Fernando Yugsi Chilla, la pena de ocho años de reclusión mayor por el delito de homicidio en el grado de autor de acuerdo con lo previsto en el Art. 449 en concordancia con el Art. 42 del Código Penal. Se apercibe y amonesta severamente a los miembros del Tribunal Penal de Cotopaxi por la falta grave puesta en evidencia, con una forzada y errónea interpretación de la duda, disponiendo que el Consejo de la Judicatura abra el correspondiente expediente disciplinario. Devuélvase el proceso al Juzgado de origen para la ejecución de la sentencia. Notifíquese y publíquese.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y Msc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.- f.) Dr. Hermes Sarango, Secretario Relator.

Certifico: Que las cinco (5) copias que anteceden son fiel copia de su original.

Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 72-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 28 de marzo del 2006; a las 09h30.

VISTOS: El Segundo Tribunal Penal de Azuay, el 17 de octubre del 2002, a las 11h00, dictó sentencia condenatoria de ocho años de reclusión mayor ordinaria, en contra de Carmen Luna Zamora por el delito previsto y sancionado en el Art. 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. La sentenciada Carmen Luna Zamora, interpone recurso de revisión, amparada en la causal sexta del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal. Concedido el recurso, el Presidente del Tribunal de origen, remite lo actuado para conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia. La causa radicó competencia y fue tramitada por la Segunda Sala de lo Penal, la que abre la causa a prueba por diez días: PRIMERO.- COMPETENCIA- Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para sustanciar y resolver el recurso de revisión propuesto por la sentenciada CARMEN LUNA ZAMORA, según lo previsto en los Arts. 359 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, así como por el resorteo de causas penales ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005.- SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- No se observa, ninguna causa de nulidad del proceso que obligue a este Tribunal de revisión a declarar la misma, conforme prevé el Art. 331 del Código de Procedimiento Penal.- TERCERO.- ALEGACIONES DE LA RECURRENTE.- La condenada afirma que el Tribunal Penal del Azuay, al dictar sentencia condenatoria en su contra, violó sus derechos consagrados en la Constitución Política de la República; que se ha vulnerado el trámite y sin prueba alguna, solo en base a una versión policial se allanó su domicilio, y que por ello las pruebas obtenidas no tienen validez alguna.- CUARTO.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO.- El Director General de Asesoría, subrogante de la señora Ministra Fiscal General del Estado, expresa que no hay mérito para la acción revisoria propuesta, pues no existen las violaciones procesales mencionadas por la recurrente, y que no se han presentado nuevas pruebas que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada.- QUINTO.- APRECIACION DOCTRINARIA SOBRE LA REVISION.- El procedimiento penal tiene como finalidad llegar a la imposición de una pena respetando la verdad procesal, sí esto es así resulta razonable la legitimidad de la sanción por un acto adecuadamente típico y antijurídico. Frente a la posibilidad de un error judicial en la apreciación correcta de los hechos, surge la necesidad de la reparación mediante el mecanismo de un recurso de excepción como es la revisión, asumiendo el riesgo de la vulnerabilidad de la cosa juzgada, el maestro uruguayo, don Eduardo J. Couture, expresará que es: "la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla". En virtud de la cosa juzgada, la sentencia en firme es generalmente inacatable e impugnable cuando se han agotado los términos para la interposición de los recursos, o cuando habiendo sido interpuestos, el Tribunal de alzada ha ratificado la resolución del Juez a-quo. Para el profesor Claria Olmedo en su Derecho Procesal Penal, es objetable considerar a la revisión como un recurso en sentido estricto expresando que, "mejor parece considerarlo como una acción impugnativa que persigue la revocación de una sentencia firme y anulación del proceso en que se pronunció, fundándose en circunstancias nuevas para la causa por ser recién conocidas o haberse presentado con posterioridad". Participamos de considerar a la revisión como un verdadero recurso, que permite rever una sentencia condenatoria que se encuentra en firme y que no puede ser impugnada por medios normales. En cuanto a los efectos una vez sustanciado el recurso si se lo declara procedente, se revoca la sentencia y anula el proceso en el que se hubiere dictado la condena. Esta excepcional institución pretende la reivindicación del reo y el reestablecimiento de la justicia, mediante la reparación del error judicial. Ni siquiera en el antiguo derecho romano se consagró la irrevocabilidad de la cosa juzgada, pues allí también cedía, ésta, si se demostraba que había habido fraude procesal por prevaricatio o tergiversatio, llegándose a la rescisión de la sentencia y a la inintegrum restitutio.- SEXTO.- ANALISIS DE LA SALA.- El recurso de revisión es un mecanismo legal para dejar sin efecto una sentencia condenatoria pasada en autoridad de cosa juzgada, para lo cual, la ley determina que se deben aportar nuevas pruebas, excepto si se alega que no se hubiere comprobado conforme a derecho la existencia del delito. Para el caso presente, el pretendido error de hecho en que se habría incurrido en la sentencia impugnada vía revisión, no ha sido debidamente acreditado; ni con prueba aportada por el accionante que podría haber presentado en el ejercicio de su derecho a la defensa; ni aparece del examen del proceso tal evidencia, por lo que la comprobación conforme a derecho de la existencia del delito, se encuentra debidamente fundamentada en los hechos y en el derecho en la sentencia del Tribunal Penal del Azuay. RESOLUCION.- Sobre la base de lo expresado, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, esta Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, declara improcedente el recurso interpuesto por Carmen Luna Zamora y ordena que el proceso sea devuelto al Tribunal de origen conforme establece el Art. 367 del Código de Procedimiento Penal. Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y Msc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.- f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico: Que las dos (2) copias que anteceden son fiel copia de su original.- Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

EL CONCEJO CANTONAL DE ISIDRO AYORA

Considerando:

Que el Art. 228 de la Constitución Política del Ecuador en el inciso segundo atribuye a los concejos municipales la facultad legislativa seccional;

Que el Art. 380 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal literal i) otorga a los municipios la facultad para el cobro de tasas por servicios administrativos;

Que es necesario expedir normas para propender hacia la autogestión y obtención de recursos, destinados a solventar los gastos operativos de la institución;

Que el espíritu de la administración es modernizar los procedimientos administrativos del Gobierno Municipal de Isidro Ayora; y,

En uso de la facultad que le confiere el Art. 63 numeral 1 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

Expide:

Ordenanza que reforma a la Ordenanza que establece el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos del cantón Isidro Ayora.

Art. 1.- Las personas naturales o jurídicas que soliciten los servicios técnicos administrativos en las oficinas o departamentos del Gobierno Municipal de Isidro Ayora deberán comprar en la Tesorería Municipal previo a su otorgamiento o prestación de servicios la respectiva especie valorada. Para los diferentes trámites que a continuación se detalla:

1. Para el trámite de mensuras e inspecciones de terrenos.

2. Para catastrar escrituras.

3. Por la emisión de copias y certificaciones de documentos en general.

4. Por la emisión de certificaciones de avalúos.

5. Trámite para solicitar patentes.

6. Para solicitar permiso de construcción.

7. Para solicitar la conexión y reconexión de agua potable.

8. Para la construcción de bóvedas y por compra de lotes en el cementerio del cantón.

9. Para solicitar permiso de ocupación de vía publica.

10. Para solicitar certificados de avalúos de predios urbanos y rústicos.

Art. 2.- SUJETO PASIVO.- Son sujetos pasivos de las tasas determinadas en esta ordenanza todas las personas naturales o jurídicas que soliciten los servicios que se establecen en el artículo 1ero.

Art. 3.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de las tasas determinadas en esta ordenanza es el Gobierno Municipal de Isidro Ayora.

Art. 4.- TRAMITE PARA SOLICITAR CERTIFICADO DE AVALUO.- Toda persona sea natural o jurídica, que solicitare un certificado de avalúo de predio urbano o rural deberá previamente comprar la especie valorada y un certificado de no adeudar al Municipio adjuntando los demás requisitos de ley para dicho trámite.

Art. 5.- TARIFA.- El costo de la especie valorada por el servicio técnico administrativo para cualquier trámite que se solicitare en el Municipio será de 2 dólares americanos. Y el certificado de no adeudar al Municipio tendrá un costo de 3 dólares americanos.

El costo del certificado de predios urbanos será de 2 dólares y el valor a pagar por el certificado de predios rurales será de 5 dólares.

Art. 6.- TRAMITE.- Ningún funcionario o servidor municipal podrá realizar trámite alguno, sin que previamente el peticionario haya cancelado la referida tasa en la Tesorería de la Municipalidad, así como también deberá adjuntar el certificado de no adeudar al Municipio.

Art. 7.- AUTORIZACION.- Los trámites y la emisión de copias de cualquier clase de documentos se hará previa autorización escrita del Alcalde para luego ser remitido al Director del Departamento Municipal correspondiente en el que se encuentran los archivos respectivos y serán certificadas por el Secretario Municipal. No podrá concederse copias de documentos que hubieren sido declarados como reservados, por el Concejo, con anticipación a la presentación de la solicitud respectiva.

Art. 8.- DEROGATORIA.- Quedan derogadas, todas las ordenanzas que reglamentan la determinación, administración y recaudación de las tasas por servicios técnicos y administrativos, expedidas con anterioridad a la presente.

Art. 9.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Cantonal de Isidro Ayora, a los 29 días del mes de noviembre del año 2006.

f.) Sr. Stalin Cruz Alvarado, Vice-Alcalde de la Municipalidad del Cantón Isidro Ayora.

f.) Sra. Inés Salazar Martínez, Secretaria de la Municipalidad del Canton Isidro Ayora.

CERTIFICO.- Que la presente Ordenanza que reforma a la Ordenanza que establece el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos del cantón Isidro Ayora. Fue discutida y aprobada en las sesiones ordinarias de Concejo los días martes 28 y miércoles 29 de noviembre del año dos mil seis.

Isidro Ayora, 29 de noviembre del 2006.

f.) Sra. Inés Salazar Martínez, Secretaria de la Municipalidad del Cantón Isidro Ayora.

ALCALDIA MUNICIPAL: Isidro Ayora, al primer día del mes de diciembre del año dos mil seis a las 11h30. En uso de las atribuciones que me concede el artículo 126 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, sanciono la presente Ordenanza que reforma a la Ordenanza que establece el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos del cantón Isidro Ayora. Y, ordeno su promulgación de conformidad con lo dispuesto en el Art. 129 de la misma ley.

f.) Cont. Hugo Muñoz Cruz, Alcalde de la Municipalidad del Cantón Isidro Ayora.

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en el Registro Oficial, de la presente Ordenanza que reforma a la Ordenanza que establece el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos del cantón Isidro Ayora, el señor Cont. Hugo Muñoz Cruz en su calidad de Alcalde del Gobierno Municipal de Isidro Ayora, el día primero de diciembre del año dos mil seis, a las 11h30.- Lo certifico.

Isidro Ayora, 1 de diciembre del 2006.

f.) Sra. Inés Salazar Martínez, Secretaria de la Municipalidad del Cantón Isidro Ayora.

f.) Ab. Carlos García Castro, Procurador Síndico Municipal.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS

Considerando:

Que mediante ordenenza publicada en el Registro Oficial No. 71 del 5 de mayo del 2000, se aprobó la Ordenanza que reglamenta el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en el cantón La Joya de los Sachas;

Que es mecesario incrementar el presupuesto municipal con recursos propios que de autosustentabilidad mediante el cobro de las prestaciones que da la institución, los mismos que deben ser acorde a los costos de los servicios; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de Régimen Municipal vigente,

Expide:

La siguiente Ordenanza sustitutiva que reglamenta el cobro de tasas por servicios técnicos y administrativos en el cantón La Joya de los Sachas

Art. 1.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de esta contribución es el Gobierno Municipal La Joya de los Sachas por las prestaciones que brinde al público en general.

Art. 2.- SUJETO PASIVOS.- Son las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y demás entidades que acudan a la Municipalidad a solicitar uno de los servicios de los que se encuentran enunciados en la presente ordenanza.

Art. 3.- MATERIA IMPONIBLE.- Como realidad económica que implica un costo, constituyen materia imponible de las tasas por servicios técnicos y administrativos, los siguientes:

Formulario de permisos de edificación, ampliación o reparación de edificios, casas y otras edificaciones urbanas el valor de USD 1,00;

1. Formulario de inspección de construcciones USD 1,00.

2. Formulario de línea de fábrica USD 1,00.

3. Revisión y aprobación de planos para lotizaciones y urbanizaciones USD 1,00.

4. Formulario para solicitar aprobación de planos, reglamentos y declaratorias de propiedad horizontal USD 1,00.

5. Formulario o petición de avalúos y reavalúos de predios urbanos USD 1,00.

6. Formulario de certificación de no adeudar a la Municipalidad USD 1,00.

7. Formulario de permiso de cerramiento USD 1,00.

8. Por copias de planos de propiedad de Gobierno Municipal - Formato INEN a1 valor USD 5,00; y, Formato INEN A0 el valor de USD 8,00.

9. Formulario de declaración del 1.5 x 1.000 a los activos totales USD 5,00.

10. Formulario de ingreso de correspondencia USD 0,50.

11. Formulario de sanidad animal USD 0,25.

12. Formulario de vía pública USD 0,50.

13. Formulario de vía pública por fiestas, pequeños USD 2,50 diarios y los puesto fijos USD 30,00 por fiestas.

14. Formulario de vía pública mensual USD 5,00.

15. Formulario por acometida de agua potable, alcantarillado USD 1,00.

16. Formulario de pago de alcabalas urbano - rurales USD 1,00.

17. Por introducción y salida de ganado USD 1,00.

18. Especie para entrega de nombramiento de representantes legales USD 1,00.

19. Especie para la inscripción de permisos de funcionamiento USD 1,00.

20. Especie de bienes raíces USD 2,00.

21. Pedido de copias de aprobación de lotizaciones por el Concejo USD 1,00.

22. Cualquier otro servicio administrativo que implique un costo y que la Municipalidad está facultada en otorgarla el valor de la reproducción más USD 1,00 por el servicio.

23. Especie valorada de patentes USD 1,00.

24. Permiso de funcionamiento USD 10,00.

Las copias de cualquier clase de documentos se harán previa autorización escrita del Director del Departamento Municipal en el que se encontrarán los archivos respectivos y serán certificadas por el Secretario Municipal. No podrá concederse copias de documentos que hubieren sido declarados como reservados, por el Concejo, con anticipación a la presentación de la solicitud respectiva.

Art. 4.- TARIFAS.- Para otros servicios técnicos se establece las siguientes tarifas:

1. Por determinación de líneas de fábrica la cantidad de USD 02,00 centavos de dólar por cada M2.

2. Por revisión y aprobación de planos de lotizaciones y urbanizaciones el 2 x 1.000 del valor del terreno urbanizado o lotizado.

3. Por revisión de planos para edificación, ampliación y reparación el 2 x 1.000 del valor de obra a realizar.

4. Por inspección de obras, construcciones, delimitaciones y otros el valor de USD 15,00.

5. Permisos de cerramiento a USD 0,40 centavos de dólar por cada metro cuadrado.

Art. 5.- RECAUDACION Y PAGO.- Los interesados en la recepción de uno de los servicios administrativos gravados por la tasa establecida en esta ordenanza, pagarán, previamente, el valor que corresponda, en Recaudación Municipal.

Art. 6.- OBSERVACION.- Los funcionarios y empleados del Gobierno Municipal de La Joya de los Sachas, previo al servicio técnico o administrativo, exigirá el comprobante de pago realizado por el interesado.

Art. 7.- DEROGATORIA.- Quedan derogadas, todas las ordenanzas que reglamentan la determinación, administración y recaudación de las tasas por servicios técnicos y administrativos, expedidas con anterioridad a la presente.

Art. 8.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Cantón La Joya de los Sachas, a los 29 días del mes de noviembre del 2006.

f.) Fani Montalbán Ríos, Vicealcaldesa.

f.) Lic. Galo Ortiz Pico, Secretario de Concejo.

CERTIFICO: Que la presente ordenanza fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal en tres discusiones realizadas en las sesiones celebradas en los días 18 de agosto, 5 de septiembre y 29 de noviembre del 2006.

f.) Lic. Galo Ortiz Pico, Secretario de Concejo.

La Joya de los Sachas, 1 de diciembre del 2006, la presente ordenanza ejecútese y publíquese en el Registro Oficial.

f.) Dr. Teodoro Bermeo Vélez, Alcalde.

CERTIFICO: Que el señor Alcalde firmó y sancionó la Ordenanza sustitutiva que reglamenta el cobro por servicios técnicos y administrativos en el cantón La Joya de los Sachas, el 1 de diciembre del 2006.

f.) Lic. Galo Ortiz Pico, Secretario de Concejo.

EL CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA JOYA DE LOS SACHAS

Considerando:

Que dentro de las finalidades de servicio de la Municipalidad conforme lo enunciado en el Art. 11 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, está satisfacer las necesidades colectivas del vecindario, especialmente las derivadas de la convivencia urbana;

Que son funciones del Municipio de conformidad al Art. 14 numeral 3ª la recolección, procesamiento o utilización de residuos;

Que son deberes y atribuciones de los concejales, coadyuvar celosamente al cabal cumplimiento de los fines y funciones municipales Sección 3ra., Art. 39 numeral 7mo.;

Que dentro de las atribuciones del Concejo está, normar a través de ordenanzas, dictar acuerdos, resoluciones. Art. 63 numeral 1, aprobar el Programa de servicios públicos, reglamentar su prestación y aprobar las especificaciones y normas a que debe sujetarse la instalación, suministro y uso de servicio de agua, desagüe, energía eléctrica, alumbrado público y aseo;

Que de la misma forma es potestad del Concejo fijar y revisar las tarifas para consumo de agua potable y demás servicios públicos susceptibles de ser prestados mediante el pago de las respetivas tasas, cuando sean proporcionados directamente por el Municipio Art. 63 numeral 16; y,

Que para fomentar la buena convivencia es necesario conocer y resolver sobre las reclamaciones que presenten instituciones o personas particulares, respecto de las resoluciones de orden municipal que las afectaren y que se encuentren dentro de las disposiciones de la misma ley Art. 63 numeral 46; y,
Expide:

La siguiente Ordenanza sustitutiva que regula la determinación, administración, recaudación y control de la tasa por el servicio de recolección de basura y desechos sólidos.

Art. 1. De acuerdo a lo estipulado en el Art. 63 numeral 1 y numeral 16 se modifica la tasa por la prestación del servicio de recolección de basura y desechos sólidos del cantón La Joya de los Sachas.

Art. 2. Se considera sujeto activo del tributo a la Municipalidad de acuerdo a lo que dispone la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

Art. 3. Son sujetos pasivos de la tasa de recolección de basura, desechos sólidos, las personas naturales, jurídicas, pública y privadas, las sociedades de hecho, los propietarios de predios urbanos y quienes sean arrendatarios de locales industriales, comerciales y artesanos.

Art. 4. Los sujetos pasivos enumerados en el Art. 3, pagarán una cuantía mensual por tasa de recolección de basura de $ 3,00 los locales industriales; $ 2,50 los locales comerciales y $ 2,00 a los predios urbanos que tengan construcción.

Art. 5. Los locales ocupados en la vía pública o eventuales por razones de festividades o actos sociales y que estuvieren asentados hasta por 15 días pagarán 0,50 centavos dólar diario. Pasado el tiempo establecido se sujetarán a lo establecido en el Art. 4, referente a locales comerciales.

Art. 6. Se cobrará únicamente donde se brinde el servicio de recolección de basura para lo cual se coordinará entre la Dirección de Planificación, Jefatura de Catastros y Medio Ambiente, quienes actualizarán anualmente la información para cobrar el tributo.

Art. 7. Propietarios de lotes, que no hubieren realizado edificaciones, pero el servicio de recolección pasa por la calle de acceso a su propiedad pagarán el valor de 1,00 dólar mensual.

Art. 8. La recaudación de este tributo se realizará en la planilla de agua potable en los predios que reciban este servicio; los demás predios se realizará su recaudación en la planilla de los impuestos anuales.

Art. 9. La presente ordenanza sustitutiva entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Cantón La Joya de los Sachas, a los veintisiete días del mes noviembre del 2006.

f.) Fani Montalbán Ríos, Vicealcadesa.

f.) Lic. Galo Ortiz Pico, Secretario de Concejo.

CERTIFICO: Que la presente ordenanza fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal en dos discusiones realizadas en las sesiones celebradas en los días 19 de mayo y 27 de noviembre del 2006.

f.) Lic. Galo Ortiz Pico, Secretario de Concejo.

La Joya de los Sachas, 29 de noviembre del 2006, la presente ordenanza ejecútese y publíquese en el Registro Oficial.

f.) Dr. Teodoro Bermeo Vélez, Alcalde.

CERTIFICO: Que el señor Alcalde firmó y sancionó la Ordenanza que regula la determinación de la tasa por el servicio de recolección de basura y desechos sólidos el 29 de noviembre del 2006.

f.) Lic. Galo Ortiz Pico, Secretario de Concejo.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTON CENTINELA DEL CONDOR DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE

Considerando:

Que el Art. 16 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, reconoce la autonomía a las municipalidades de la República, así como ninguna función del Estado ni autoridad extraña a la Municipalidad podrá interferir en su administración;

Que el Art. 123 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, dispone que los concejos municipales, decidirán las cuestiones de su competencia y dictarán sus providencias mediante ordenanzas, acuerdos o resoluciones;

Que la Ley Orgánica de Régimen Municipal codificada, en su artículo 63, dispone que la acción del Concejo está dirigida al cumplimiento de los fines de la Municipalidad, para lo cual tiene algunos deberes y atribuciones; y,

En uso de las facultades que le confiere la ley,

Expide:

La Ordenanza que regula la recaudación de la tasa de alquiler de bienes muebles, inmuebles y, otros de propiedad municipal, en el cantón Centinela del Cóndor.

Art. 1.- MATERIA IMPONIBLE.- Toda actividad que realice la Municipalidad implica la inversión y egreso de fondos, lo cual constituye materia imponible de tasa por alquiler de bienes muebles, inmuebles; y, otros, ofrecidos a los vecinos del cantón, estableciéndose para ello el pago de alquiler de acuerdo al siguiente detalle:

Art. 2.- Quedan exentos de costo alguno los valores que constan en el cuadro del Art. 1 cuando se trate de obras sociales o benéficas, sin fines de lucro.

Art. 3.- Cuando el Municipio de Centinela del Cóndor mantenga compromiso o convenios con otras instituciones, no pagarán tasa alguna de alquiler de los valores considerados en el Art. 1.

Art. 4.- Los bienes alquilados al usuario serán devueltos a la Municipalidad en el mismo estado que se los recibió, caso contrario se procederá a su reposición según el caso o a su indemnización. El Guardalmacén hará firmar al usuario una letra de cambio en calidad de garantía por el doble del valor del bien inmueble alquilado.

Art. 5.- Para el caso de bienes inmuebles, instalaciones, edificios; la garantía será de $ 100,00.

Art. 6.- El servicio de infocus y computador, incluye un responsable del manejo que estará a cargo de la Municipalidad, cuyos gastos de movilización y alimentación serán de responsabilidad del usuario.

Art. 7.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de las tasas determinadas en la presente ordenanza, es la Municipalidad del Cantón Centinela del Cóndor, que concede los servicios señalados en la misma.

Art. 8.- RECAUDACION Y PAGO.- El usuario, previo a la recepción del bien, cancelará, la respectiva tasa en la Oficina de Recaudaciones Municipales y exhibirá el comprobante en la dependencia que lo solicite.

Art. 9.- Los fondos recaudados por esta ordenanza se los ubicará en la cuenta denominada Especies Fiscales, cuyo monto se lo distribuirá de la siguiente manera:

_ _El 40% para la feria agropecuaria.

_ _El 30% para el Departamento de Cultura.

_ El 30% para atención a las personas de la tercera edad.

Art. 10.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación, sanción y promulgación conforme a ley sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Es dado en la sala de sesiones de la Ilustre Municipalidad del Cantón Centinela del Cóndor, a los 26 días del mes de septiembre del año 2006.

f.) Lic. Jimena Cango, Vicepresidenta del Concejo.

f.) Dra. Lorena Vásquez Alejandro, Secretaria del Concejo.

Certifico: Que la presente ordenanza fue aprobada y discutida por la I. Cámara Edilicia en dos sesiones: ordinarias del 18 y 26 de septiembre del 2006.

Zumbi, 27 de septiembre del 2006.

f.) Dra. Lorena Vásquez Alejandro, Secretaria del Concejo.

Zumbi, 27 de septiembre del 2006, a las 08h00, conforme lo dispone el Art. 128 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, pásese la ordenanza al señor Alcalde para su sanción, puesto que se han cumplido todas las exigencias del artículo indicado.

f.) Lic. Jimena Cango, Vicepresidenta del Concejo.

Proveyó y firmó el decreto que antecede, la Vicepresidenta del Concejo Lic. Jimena Margot Cango, a los 27 días del mes de septiembre del 2006, a las 08h00.

f.) Dra. Lorena Vásquez Alejandro, Secretaria del Concejo.

Zumbi, 28 de septiembre del 2006, a las 13h00, conforme lo dispone el Art. 72, numeral 31 y el Art. 129 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, habiéndose observado el trámite legal pertinente, sanciono la presente ordenanza para su aplicación.

f.) Ing. José Rubén Valladarez González, Alcalde del I. Municipio de Centinela del Cóndor.

Sancionó y firmó la presente ordenanza conforme el decreto que antecede el Alcalde del Cantón Centinela del Cóndor Ing. José Rubén Valladarez González, a los 28 días del mes de septiembre del 2006, a las 13h00.

f.) Dra. Lorena Vásquez Alejandro, Secretaria del Concejo.

EL ILUSTRE CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON PANGUA

Considerando:

Que, es competencia privativa del I. Concejo regular el uso del suelo en el territorio del cantón, conforme lo prescrito en el numeral 5 del Art. 63 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal;

Que, la Ley de Propiedad Horizontal dispone que los diversos pisos de un edificio, los departamentos o locales en los que se divida cada piso, así como los departamentos o locales de las casas de un solo piso, cuando sean independientes o tengan salida a la vía pública directamente o por un pasaje común, podrán pertenecer a distintos propietarios y que al Municipio le corresponde determinar los requisitos y aprobar los planos que debe sujetarse las edificaciones a las cuales se refiere esta ley, de acuerdo a lo dispuesto en los Arts. 1 y 9 de esta ley; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 228 de la Constitución Política de la República y numerales 1, 5 y 49 del Art. 63 de la Ley de Régimen Municipal,

Expide:

La siguiente: Ordenanza que regula a los inmuebles y conjuntos habitacionales a ser declarados dentro del régimen de propiedad horizontal.

Art. 1.- Podrán sujetarse a las normas de régimen de propiedad horizontal las edificaciones que alberguen dos o más unidades de vivienda, oficinas, comercios, bodegas, servicios y producciones, bienes que de acuerdo a la Ley de Propiedad Horizontal y su reglamento, sean indepen-dientes y que puedan ser enajenados individualmente.

Art. 2.- Las edificaciones que se constituyan bajo el régimen de propiedad horizontal se sujetarán a las regulaciones de uso, utilización del suelo y densidad de población, contemplados en la zonificación establecida en la propuesta de ocupación del suelo (POS) del plan estratégico participativo (PEP) y las normas establecidas en el Código de Arquitectura y Urbanismo.

Número máximo de unidades de vivienda en propiedad horizontal.

Art. 3.- Se considerará como MONOBLOQUE, el conjunto habitacional en sentido horizontal que se encuentre en un solo predio, que no esté dividido por ninguna vía de la malla urbana de la ciudad.

En caso de darse casos de conjuntos en los que dos o más edificios formaren parte de el, se tomarán en cuenta para los efectos de esta ordenanza el total de los apartamentos del conjunto.

Art. 4.- Los conjuntos habitacionales que fueren divididos por vías, deberán ser considerados como sectores autónomos o subconjuntos de funcionamiento independiente dentro del conjunto total.

Art. 5.- Para los conjuntos habitacionales de dos o más monobloques podrá constituirse la propiedad horizontal separadamente para cada monobloque.

En caso de conjuntos habitacionales, comerciales, industriales u otros usos que se desarrollen bajo este régimen, se someterán a la trama vial existente o planificada, en este último caso deberá contarse con el informe de Planificación o Departamento de Obras Públicas.

El lote mínimo para implantar el bloque a ser declarado de propiedad horizontal será de 250 m2 y el máximo será de 1.000 m2.

Art. 6.- NORMAS GENERALES PARA LAS EDIFICACIONES.- Las edificaciones a ser enajenadas en propiedad horizontal cumplirán según su clasificación detalladas en el Art. 2 de la presente ordenanza, con las normas de: Estructura, albañilería, instalaciones y servicios colectivos de la habitación, a más de todas las pertinentes contenidas en ésta.

Art. 7.- NORMAS DE ESTRUCTURA.- Podrán ser de hormigón o metálicas.

Será antisísmica, calculada de acuerdo a las normas del Código Ecuatoriano de la Construcción, en vigencia.

Los entrepisos entre diferentes unidades a ser enajenados se sujetarán al régimen de propiedad horizontal, serán en todo caso de hormigón armado. Deberán asegurar una pérdida de transmisión para ruido de impacto igual a la indicada por el Código Ecuatoriano de Construcción. Se aceptará como eficiente un entrepiso de losa nervada, losa maciza o realizada en madera vista.

En caso de que se usaren dispositivos especiales para alcanzar el aislamiento pérdida el proyectista y el constructor deberán probar fehacientemente la eficacia del sistema propuesto.

Art. 8.- NORMAS DE ALBAÑILERIA.- Todas las obras de albañilería, que serán divisorias de dos apartamentos o de un apartamento con lugares o ambientes comunitarios, deberán asegurar una pérdida de transmisión de ruido igual al indicado en el C.E.C.

Todos los muros divisorios entre unidades de vivienda serán de ladrillo de 0.50 mts, como mínimo o muro doble de 0.10 mts de espesor.

La Dirección de Obras Públicas, admitirá cualquier otro proceso, siempre que el proyectista y el constructor demuestren que el sistema a darse es el apropiado dentro de las normas estipuladas por el Código Ecuatoriano de Construcción.

No se podrá colocar muros o rejas de cierre que segreguen superficies de terreno o de pisos comunitarios para el uso exclusivo de algún propietario.

Art. 9.- NORMAS DE INSTALACIONES SANITARIAS, ELECTRICAS Y ESPECIALES.- Las instalaciones de aprovisionamiento, y evacuación de agua serán en todo caso centralizadas; cada apartamento deberá tener un medidor propio.

A juicio del Departamento de Agua Potable que juzgará las condiciones de presión de servicio de agua en el sector, será o no obligación disponer de cisternas, bomba, tanque de presión y tanque de reserva; la capacidad de los tanques estará supeditada al tipo de inmueble a construirse.

La tuberías de evacuación de aguas servidas estarán diseñadas de tal manera que cada apartamento tenga su propia instalación hasta que esta empalme con la red general de colectores del inmueble.

Las instalaciones eléctricas serán igualmente centralizadas. Cada apartamento contará con su propio medidor, ubicado en el armario general de medidores.

Los espacios comunes, escaleras, corredores, galerías e iluminación de exteriores se servirán de un tablero de servicios con medidor propio; el consumo será pagado proporcionalmente de acuerdo al rubro de gastos del inmueble.

Art. 10.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS.- Los inmuebles según el número de apartamentos deberán contar con las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y combatir los incendios observando las normas requeridas.

Para otro tipo de programas que se pudiere presentar, el Departamento de Planificación preparará el proyecto de normas correspondientes a ser aprobadas por el Concejo Municipal previo el informe favorable de la Comisión de Obras Públicas.

Previa a la presentación de todo el edificio de pisos, así como construcciones de una sola planta a ser enajenado bajo el régimen de propiedad horizontal, deberán acompañarse los informes favorables con capacidad de abastecimiento de agua potable, acceso al sistema de alcantarillado, etc.

La aprobación de las solicitudes presentadas en relación a los inmuebles a ser enajenados en propiedad horizontal en el cantón Pangua, corresponderá al Alcalde, respecto a los inmuebles comprendidos dentro de los grupos A y B y del Conjunto habitacional del grupo E; corresponderá al Concejo Municipal, la resolución y aprobación de las solicitudes relacionadas con los inmuebles del grupo C y D; y, de los conjuntos habitacionales de los grupo F de la presente ordenanza, previos los informes del Departamento de Planificación y Asesoría Jurídica, quien se encargará del trámite jurídico administrativo relativo a la autorización del señor Alcalde, el mismo que deberá ser protocolizado e inscrito por el promotor para que surtan los efectos legales.

Los interesados presentarán en la Secretaría del Gobierno Municipal, en hoja membretada la solicitud correspon-diente pidiendo la declaratoria de propiedad horizontal, y por duplicado acompañando los siguientes documentos: informe original de la aprobación de planos de todas las construcciones existentes de la propiedad; certificado de cálculo firmado por un ingeniero responsable o inscrito en la respectiva dependencia del Gobierno Municipal de Pangua; línea de fábrica actualizada, cuadro de alícuotas, los títulos de la propiedad e informe de factibilidad de la empresa eléctrica y planos de instalación eléctrica firmado por el profesional responsable cuando se trate de una vivienda de tres pisos o más.

Art. 11.- Una vez que se haya otorgado la respectiva propiedad horizontal, ninguno de los copropietarios podrá pedir la división del suelo ni de los demás bienes comunes.

Si el edificio se destruyere en su totalidad o se deteriorare en una proporción que represente, a lo menos las tres cuartas partes de su valor o se ordene su demolición de conformidad con el Art. 895 del Código Civil, cualquiera de los copropietarios podrá pedir la división de dichos bienes.

Art. 12.- Cuando la destrucción del inmueble no fuere de tal gravedad, los copropietarios estarán en la obligación de reparar el mismo sujetándose a las disposiciones contempladas en el Art. 15 de la Codificada Ley de Propiedad Horizontal.

Art. 13.- Los notarios no podrán autorizar ninguna escritura pública sobre construcción o traspaso de la propiedad de un piso o departamento, ni los registradores de la propiedad inscribirán tales escrituras sino se inserta en ellas la copia auténtica de la correspondiente declaración municipal.

ARTICULO FINAL.- Cualquier disposición que no se encuentre en esta ordenanza, se aplicará la existente en la respectiva Ley Codificada de Propiedad Horizontal.

La presente ordenanza municipal, entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en la sala sesiones del Gobierno Municipal del Cantón Pangua, a los veinte y dos días del mes de octubre del dos mil seis.

f.) Sr. Manuel Arcos Parra, Vicealcalde de Pangua.

f.) Sra. Amalia Ordóñez, Secretaria General de Concejo.

RAZON: La ordenanza que antecede fue discutida en sesiones ordinaria del 10 de octubre y 19 de octubre del 2006 respectivamente, siendo aprobada de manera definitiva en la última de las sesiones señaladas.- Lo certifico. El Corazón, 23 de octubre del 2006.

f.) Sra. Amalia Ordóñez, Secretaria General de Concejo.

VICEALCALDIA DEL CANTON PANGUA.- El Corazón 24 de octubre del 2006, las 11h00.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 125 de la Ley de Régimen Municipal, remítase el original y las respectivas copias de la ordenanza que antecede al señor Alcalde para su atención.- Cúmplase.

f.) Sr. Manuel Arcos Parra, Vicealcalde de Pangua.

ALCALDIA DEL CANTON PANGUA.- El Corazón, 25 de octubre del 2006, las 15h00.- Por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 126 de la Ley de Régimen Municipal, sanciono la Ordenanza que "regula a los inmuebles y conjuntos habitacionales a ser declarados dentro del régimen de propiedad horizontal".

Publíquese en el Registro Oficial.

f.) Lic. Milton Carrillo Salazar, Alcalde de Pangua.

SECERETARIA GENERAL DEL CANTON PANGUA.- Proveyó y firmó el decreto que antecede el señor Lic. Milton Carrillo Salazar, Alcalde del Gobierno Municipal del cantón Pangua en la fecha y hora señaladas.- Lo certifico.

f.) Sra. Amalia Ordóñez, Secretaria General del Concejo.

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