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Registro Oficial. 29 de ENERO del 2007

lunes 29 de enero del 2007 | 12:00
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


  

 


Lunes, 29 de enero de 2007 - R. O. No. 10

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR
Dr. Vicente Napoleón Dávila García
DIRECTOR


FUNCIÓN LEGISLATIVA
EXTRACTOS:

27-1393 Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia (El domicilio para demandar la tenencia, alimentos y otros, será el domicilio de los menores).

27-1394 Proyecto de Ley para el Juzgamiento Administrativo de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

27-1395 Proyecto de Ley Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia (Declara a los padres y a terceros adultos como autores materiales de las infracciones que cometieren los menores infractores si se comprueba que fueron utilizadas por sus progenitores o terceros para evadir el juzgamiento penal respectivo.

27-1396 Proyecto de Ley Reformatoria al Código del Trabajo (Permiso con sueldo para el trabajador con un hijo menor de edad con enfermedad terminal u hospitalizado con enfermedad grave.

27-1397 Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica del Servicio Exterior.

27-1398 Proyecto de Ley Reformatoria de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas.

27-1399 Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Educación Superior.

FUNCIÓN EJECUTIVA
DECRETOS:

2261 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito" en el grado de Gran Cruz, al doctor Nelson Robelly, Coordinador del SIGOB.

2262 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito" en el grado de Gran Cruz, al doctor Galo Chiriboga, Presidente Ejecutivo de Petroecuador.

2263 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito" en el grado de Gran Oficial, a la Ingeniera Cecilia Moya, Secretaria Privada del Presidente.

2264 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito" en el grado de Gran Cruz, al Embajador Eduardo Calderón Ledesma, Director General de Ceremonial del Estado y Protocolo.

2265 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito" en el grado de Gran Oficial, al abogado Carlos Vásquez, Secretario Particular del Presidente.

2266 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito" en el grado de Gran Oficial, al General de Brigada Fernando Rodríguez, Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República12

2267 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito" en el grado de Comendador, al Teniente Coronel Washington Buñay, Edecán (Fuerza Terrestre) del señor Presidente de la República.

2268 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito" en el grado de Comendador, al Teniente Coronel Gustavo Agama, Edecán (Fuerza Aérea) del señor Presidente de la República.

2269 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito" en el grado de Comendador, al Capitán de Fragata Alejandro Vela, Edecán (Armada Nacional) del señor Presidente de la República.

2270 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito" en el grado de Gran Cruz, al doctor Luis Herrería Bonnet, ex Secretario General de la Administración.

ACUERDOS:
MINISTERIO DE BIENESTAR SOCIAL:

0004 Apruébase el estatuto y concédese personería jurídica a la Asociación de Funcionarios y Empleados a Contrato u otra Modalidad de la Función Legislativa -ASFLAC-, con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha.

0013 Apruébase el estatuto y concédese personería jurídica a la Asociación 18 de Agosto de Trabajadores del Pequeño Comercio del Comité del Pueblo, con domicilio en la calle Jorge Garcés del Comité del Pueblo, parroquia de Cotocollao, cantón Quito, provincia de Pichincha.

RESOLUCIONES:
MINISTERIO DEL AMBIENTE:

102 Apruébase la Auditoría Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental de Centro Integral de Ingeniería Ecológica, ubicada en la provincia de Orellana, cantón El Coca.

JUNTA BANCARIA:

JB-2007-964 Refórmase el Libro I "Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero" de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria.

FUNCION JUDICIAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL:

Recursos de casación en los juicios penales; colusorios y revisión seguidos en contra de las siguientes personas:

409-2005 Carlos Alfonso Cortez Peña y otro como autor y responsable del delito de tenencia ilícita de estupefacientes.

412-2005 Silvia Patricia Gaviño Vega, autora y responsable de la comisión de la infracción puntualizada en el inciso primero del Art. 463 del Código Penal.

417-2005 Luis Orlando Arévalo Barrera y otros por ser autores del delito de asalto y robo en perjuicio de María Verónica Escudero Egas.

418-2005 Mario Joel Lamiña Román, autor y responsable de la infracción prevista y sancionada en el Art. 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

427-2005 Wilson Edmundo Villareal Granda, autor y responsable del delito previsto y sancionado en los Arts. 340 y 341 del Código Penal.

468-2005 Ingeniero José Vicente Arias Palacios en contra de Segundo Roberto Solano Mendoza y otros.

474-2005 Carlos Marcelo Fierro Fonseca en contra de Julieta Isabel Zedeño Quintero y otros.

508-2005 José Eliécer Vega Meléndez en contra de Manuel Nicanor Naranjo Pérez y otros.

543-2005 Elgi Aníbal Naranjo Vargas, autor del delito de tránsito.

ORDENANZA METROPOLITANA:

195 Concejo Metropolitano de Quito: Que reforma los artículos II.109 "Areas de cesión", y II.128 "Casos en los que el establecimiento de áreas verdes y equipamiento comunal no es exigible", del Código Municipal, sustituidos su texto original por la Ordenanza Metropolitana Nº 095.

ORDENANZA MUNICIPAL:

- Gobierno Municipal de Piñas: Del avalúo bienal 2007-2008 de los predios urbanos de la ciudad y cabeceras parroquiales y de liquidación del impuesto predial urbano.

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLES-CENCIA (El domicilio para demandar la tenencia, alimentos y otros, será el domicilio de los menores)".

CODIGO: 27-1393.

AUSPICIO: H. OMAR QUINTANA BAQUERIZO.

COMISION: DE LA MUJER, EL NIÑO, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA.

INGRESO: 15-12-2006.

FECHA DE
DISTRIBUCION: 20-12-2006.

FUNDAMENTOS:

En materia de menores y existiendo legislaciones comparadas en la materia, se hace necesario la efectiva vigencia del principio constitucional de que el interés superior del menor debe primar, aún sobre los demás, por ello, el presente proyecto reformatorio busca reformar para efectos de la materia especializada de menores, el principio de que el Juez natural debe ser el Juez del domicilio del demandado.

OBJETIVOS BASICOS:

El objetivo es de que se reforme el artículo 272 del Código de la Niñez y Adolescencia, de tal forma que los menores no tengan que "trasladarse" judicialmente hablando, al domicilio de su padre o madre, según sea del caso, para demandar alimentos, tenencia u otros, ya que quien demanda alimentos por ejemplo, es evidente que no tiene la capacidad económica para litigar, muchas veces, menos aún para contratar un abogado en otra ciudad, para que siga el juicio por ellos.

CRITERIOS:

El artículo 24 del Código de Procedimiento Civil declara que toda persona tiene derecho para no ser demandada sino ante Juez competente determinado en la ley y el artículo 26 declara que este Juez es el del domicilio del demandado. Sin embargo, se debe notar que esta ley procesal en materia civil, es para el procedimiento contencioso general del Código de la Niñez y Adolescencia, ley supletoria, es decir no aplicable en caso de haber disposición legal expresa en la ley especial de la materia.

f.) Ab. Vicente Taiano Basantes, Secretario General del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "PARA EL JUZGAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LOS MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA".

CODIGO: 27-1394.

AUSPICIO: H. OMAR QUINTANA BAQUERIZO.

COMISION: DE LO CIVIL Y PENAL.

INGRESO: 15-12-2006.

FECHA DE
DISTRIBUCION: 20-12-2006.

FUNDAMENTOS:

El Ecuador a lo largo de su historia constitucional ha experimentado varias etapas respecto de su Función Judicial; en una de ellas, en vista del golpe de Estado y de la acefalía en que quedó la máxima instancia de Justicia en el Ecuador durante la mayor parte del año 2005, se designó a la nueva Corte Suprema de Justicia mediante un procedimiento sui generis, reformando la Ley Orgánica de la Función Judicial. Este procedimiento dio a la Corte Suprema de Justicia la independencia frente a los demás poderes públicos, hecho que el tiempo demostró que no era tan adecuada, por los casos reprochables de mala conducta procesal de ciertos magistrados.

OBJETIVOS BASICOS:

La sugerencia es que el Tribunal Constitucional sea el que juzgue a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, considerando que los magistrados del Tribunal Constitucional deben reunir los mismos requisitos que para los de la Corte Suprema de Justicia. De otro lado, los magistrados del Tribunal Constitucional también tienen jurisdicción, competencia y tienen la calidad de jueces constitucionales, en consecuencia, son de mayor jerarquía que los de la Corte Suprema de Justicia.

CRITERIOS:

Este proyecto no es inconstitucional por cuanto no viola el principio de independencia de poderes, ya que así como el Ejecutivo está fiscalizado por el Legislativo y no se presume violación de la independencia entre estos dos poderes del Estado, tampoco el juzgamiento administrativo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia lo es, ya que el artículo 199 de la Carta Política, garantiza la independencia en materia jurisdiccional y no administrativa.

f.) Ab. Vicente Taiano Basantes, Secretario General del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "REFORMATORIA AL CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLES-CENCIA (Declara a los padres y a terceros adultos como autores materiales de las infracciones que cometieren los menores infractores si se comprueba que fueron utilizadas por sus progenitores o terceros para evadir el juzgamiento penal respectivo".

CODIGO: 27-1395.

AUSPICIO: H. OMAR QUINTANA BAQUERIZO.

COMISION: DE LA MUJER, EL NIÑO, LA JUVENTUD Y LA FAMILIA.

INGRESO: 15-12-2006.

FECHA DE
DISTRIBUCION: 20-12-2006.

FUNDAMENTOS:

Penosamente se ha comprobado que muchos menores infractores han sido y siguen siendo utilizados por personas adultas para el cometimiento de delitos. Es evidente que muchos padres o incluso terceros cercanos o ajenos al núcleo familiar, utilizan a menores de edad para el cometimiento de delitos a fin de evadir su propio enjuiciamiento penal y el de los menores, abusando de que nuestra legislación aún permite la evasión y la no imputabilidad de un menor de 18 años de edad.

OBJETIVOS BASICOS:

Es necesario legislar para que todo adulto, sea o no padre del menor infractor, si se comprobare que tuvo participación directa o indirecta en el cometimiento del delito, sea procesado por jueces penales corrientes en calidad de autor material y sancionado de conformidad con el Código Penal, sin perjuicio de las sanciones a los menores por el delito cometido.

CRITERIOS:

Lo grave del caso está en que, los menores, sin criterio formado, dada su edad y poca madurez, crecen creyendo que esta forma de vida es la correcta y a la larga incrementan el abandono escolar, la delincuencia infantil, con las consabidas consecuencias para la sociedad.

f.) Ab. Vicente Taiano Basantes, Secretario General del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "REFORMATORIA AL CODIGO DEL TRABAJO (Permiso con sueldo para el trabajador con un hijo menor de edad con enfermedad terminal u hospitalizado con enfermedad grave".

CODIGO: 27-1396.

AUSPICIO: H. OMAR QUINTANA BAQUERIZO.

COMISION: DE LO LABORAL Y SOCIAL.

INGRESO: 15-12-2006.

FECHA DE
DISTRIBUCION: 20-12-2006.

FUNDAMENTOS:

Es conocido que la legislación universal en materia laboral es de tipo social y por esto que el Ecuador no puede ser ajeno a esta realidad. Nuestro Código del Trabajo es un cuerpo legal de claro corte social y es necesario mantener esta dirección, no obstante, como el derecho es cambiante, es necesario dotarle a la legislación labora de todas aquellas reformas que puedan contribuir al interés social.

OBJETIVOS BASICOS:

La legislación en materia laboral no contempla permisos para el trabajador que tenga necesidad urgente, debidamente comprobada, para auxiliar o asistir a un hijo menor de edad que esté gravemente enfermo o con enfermedad terminal. Es por ello que, mediante esta reforma se propone que un trabajador pueda solicitar hasta por diez días un permiso con sueldo, para poder asistir y/o ayudar a su hijo cuando se encuentra hospitalizado.

CRITERIOS:

No se pretende perjudicar al empleador con un permiso con sueldo que debe pagar a quien no ha producido durante diez días, pues se permite que las partes se pongan de acuerdo para que el trabajador pueda descontar las horas no trabajadas, sin que esto ocasiones perjuicio a las partes. Es imposible pensar que un padre o madre que tenga un hijo o hija hospitalizado por enfermedad grave que amenace su vida de manera inminente o inmediata o con enfermedad terminal, pueda desempeñar su trabajo de manera eficiente o concentrado.

f.) Ab. Vicente Taiano Basantes, Secretario General del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "ORGANICA REFORMATORIA DE LA LEY ORGANICA DEL SERVICIO EXTERIOR".

CODIGO: 27-1397.

AUSPICIO: H. OMAR QUINTANA BAQUERIZO.

COMISION: DE ASUNTOS INTERNACIONALES.

INGRESO: 15-12-2006.

FECHA DE
DISTRIBUCION: 20-12-2006.

FUNDAMENTOS:

El Ecuador, desde hace mucho tiempo, ha sido una nación fragmentada por el regionalismo. Actualmente, en pocos estamentos del Estado, esta realidad ha sido vencida, dando igualdad de oportunidades tanto en la Costa como en la Sierra. Existen instituciones del Estado en las cuales, los profesionales de la región costa, no gozan de igualdad de oportunidades para la obtención de un cargo público.

OBJETIVOS BASICOS:

Es indispensable y justo, dotar a la legislación de imperativos jurídicos que obliguen a quienes escogen a los funcionarios de carrera diplomática a balancear geográficamente el reparto de embajadas, consulados y/o misiones diplomáticas en el exterior. Así mismo, es necesario eliminar las agregadurías militares, que no siendo necesarias, deviene en un gasto al Presupuesto General del Estado, en especial de la Fuerzas Armadas.

CRITERIOS:

Lo indicado es un clamor general; incluso en la misma Cancillería ha hecho eco, al punto que se plantea receptar exámenes a los interesados, en diversas regiones del país. No obstante esto, es imperativo dotar mediante reforma legal de la obligatoriedad necesaria a la Cancillería, para que un igual porcentaje de interesados de la costa puedan obtener un cargo diplomático.

f.) Ab. Vicente Taiano Basantes, Secretario General del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "REFORMATORIA DE LA LEY PARA LA REFORMA DE LAS FINANZAS PUBLICAS".

CODIGO: 27-1398.

AUSPICIO: H. H. JULIO GONZALEZ Y SALVADOR QUISHPE.

COMISION: DE LO TRIBUTARIO, FISCAL Y BANCARIO.

INGRESO: 18-12-2006.

FECHA DE
DISTRIBUCION: 27-12-2006.

FUNDAMENTOS:

Como consecuencia de la actividad petrolera las carreteras de la Región Amazónica, soportan un mayor desgaste por lo que es necesario financiar su mantenimiento, así como la construcción de vías adecuadas que faciliten las actividades y su desarrollo. En más de tres décadas de explotación petrolera, la Región Amazónica no ha contado con un sistema de comunicación vial de primer orden. Recién a finales del año 2000 se logra el impulso a la Troncal Amazónica.

OBJETIVOS BASICOS:

La Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, en el literal b) de su artículo 58-A, establece un fondo para la rectificación y pavimentación de la Troncal Amazónica; no obstante la forma automática con que deben depositarse los recursos, varios funcionarios han efectuado interpretaciones indebidas al texto de la ley, por lo que es indispensable aclarar la norma vigente y evitar hechos que violenten la intención del Legislador.

CRITERIOS:

De la Región Amazónica Ecuatoriana proviene el recurso más importante del país, el petróleo, motor de la economía y base de las políticas macroeconómicas implementadas. Sin embargo, esta importancia no se ha visto traducida en mejores condiciones socio-económicas de la región, pues el índice de pobreza es el más alto a nivel nacional.

f.) Ab. Vicente Taiano Basantes, Secretario General del Congreso Nacional.

CONGRESO NACIONAL

EXTRACTO DEL PROYECTO DE LEY
ART. 150 DE LA CONSTITUCION POLITICA

NOMBRE: "REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR".

CODIGO: 27-1399.

AUSPICIO: H. RAMIRO MAZORRA RIVADENEIRA.

COMISION: DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.

INGRESO: 19-12-2006.

FECHA DE
DISTRIBUCION: 27-12-2006.

FUNDAMENTOS:

La Constitución Política vigente fomenta la equidad y la búsqueda de complementariedad en el desarrollo institucional; siendo que los institutos superiores técnicos y tecnológicos forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior, merecen el mismo tratamiento que las universidades y escuelas politécnicas, puesto que asumieron la responsabilidad histórica de la formación de profesionales de mandos medios, en momentos en que dicho sector había sido descuidado.

OBJETIVOS BASICOS:

La Ley Orgánica de Educación Superior en su artículo 4 establece "autonomía académica y de gestión y autogestión económica y administrativa para las universidades y escuelas politécnicas", con omisión para los institutos superiores técnicos y tecnológicos, por lo que, frente a los desafíos del tiempo, para el bien de las futuras generaciones y el desarrollo nacional, es necesario corregir los errores legales y estimular la formación técnica y tecnológica del país.

CRITERIOS:

La educación superior, como área estratégica del Ecuador, requiere de una normativa jurídica que permita la formación de recursos humanos para el desarrollo del país.

f.) Ab. Vicente Taiano Basantes, Secretario General del Congreso Nacional.

No. 2261

Alfredo Palacio
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el señor doctor Nelson Robelly en el ejercicio de sus altas funciones como Coordinador del SIGOB ha dado claras muestras de su capacidad y total entrega al servicio de la nación y ha trabajado incansablemente por los más altos intereses de la patria;

Que es deber del Estado reconocer los méritos y relievar las virtudes de quienes, como el señor doctor Nelson Robelly, han servido a la comunidad ecuatoriana con desinterés y eficacia; y,
En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional "Al Mérito", creada por ley de 8 de octubre de 1921,

Decreta:

Art. 1°. Confiérase la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el grado de Gran Cruz, al señor doctor Nelson Robelly, Coordinador del SIGOB.

Art. 2°. Encárguese de la ejecución del presente decreto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 9 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio, Presidente Constitucional de la República.

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2262

Alfredo Palacio
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el señor doctor Galo Chiriboga en el ejercicio de sus altas funciones como Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR ha dado claras muestras de su capacidad y total entrega al servicio de la nación y ha trabajado incansablemente por los más altos intereses de la patria;

Que es deber del Estado reconocer los méritos y relievar las virtudes de quienes, como el señor doctor Galo Chiriboga, han servido a la comunidad ecuatoriana con desinterés y eficacia; y,

En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional "Al Mérito", creada por ley de 8 de octubre de 1921,

Decreta:

Art. 1º. Confiérase la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el grado de Gran Cruz, al señor Doctor Galo Chiriboga, Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR.

Art. 2°. Encárguese de la ejecución del presente decreto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 9 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio, Presidente Constitucional de la República.

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2263

Alfredo Palacio
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que la señora ingeniera Cecilia Moya, en el ejercicio de sus funciones como Secretaria Privada del Presidente ha trabajado tesoneramente por los más altos intereses de la patria;

Que es deber del Estado reconocer los méritos y relievar las virtudes de quienes, como la señora ingeniera Cecilia Moya, han servido a la comunidad ecuatoriana con desinterés y eficacia; y,

En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional "Al Mérito", creada por ley de 8 de octubre de 1921,

Decreta:

Art. 1º. Confiérase la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el grado de Gran Oficial, a la señora ingeniera Cecilia Moya, Secretaria Privada del Presidente.

Art. 2º. Encárguese de la ejecución del presente decreto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 9 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio, Presidente Constitucional de la República.

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2264

Alfredo Palacio
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el señor Embajador Eduardo Calderón Ledesma en el ejercicio de sus altas funciones como Director General de Ceremonial del Estado y Protocolo ha dado claras muestras de su capacidad y total entrega al servicio de la Nación y ha trabajado incansablemente por los más altos intereses de la patria;

Que es deber del Estado reconocer los méritos y relievar las virtudes de quienes, como el señor Embajador Eduardo Calderón Ledesma, han servido a la comunidad ecuatoriana con desinterés y eficacia; y,

En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional "Al Mérito", creada por ley de 8 de octubre de 1921,

Decreta:

Art. 1º. Confiérase la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el grado de Gran Cruz, al señor Embajador Eduardo Calderón Ledesma, Director General de Ceremonial del Estado y Protocolo.

Art. 2°. Encárguese de la ejecución del presente decreto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 9 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio, Presidente Constitucional de la República.

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2265

Alfredo Palacio
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el señor abogado Carlos Vásquez, en el ejercicio de sus funciones como Secretario Particular del Presidente ha trabajado tesoneramente por los más altos intereses de la patria;
Que es deber del Estado reconocer los méritos y relievar las virtudes de quienes, como el señor abogado Carlos Vásquez, han servido a la comunidad ecuatoriana con desinterés y eficacia; y,

En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional "Al Mérito", creada por ley de 8 de octubre de 1921,

Decreta:

Art. 1º. Confiérase la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el grado de Gran Oficial, al señor abogado Carlos Vásquez, Secretario Particular del Presidente.

Art. 2º. Encárguese de la ejecución del presente decreto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 9 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio, Presidente Constitucional de la República.

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2266

Alfredo Palacio
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el señor General de Brigada Fernando Rodríguez, en el ejercicio de sus funciones como Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República ha trabajado tesoneramente por los más altos intereses de la patria;

Que es deber del Estado reconocer los méritos y relievar las virtudes de quienes, como el señor General de Brigada Fernando Rodríguez, han servido a la comunidad ecuatoriana con desinterés y eficacia; y,

En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional "Al Mérito", creada por ley de 8 de octubre de 1921,
Decreta:

Art. 1°. Confiérase la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el grado de Gran Oficial, al señor General de Brigada Fernando Rodríguez, Jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República.

Art. 2°. Encárguese de la ejecución del presente decreto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 9 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio, Presidente Constitucional de la República.

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2267

Alfredo Palacio
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el señor Teniente Coronel Washington Buñay, en el ejercicio de sus funciones como Edecán (Fuerza Terrestre) del señor Presidente de la República ha trabajado tesoneramente por los más altos intereses de la patria;

Que es deber del Estado reconocer los méritos y relievar las virtudes de quienes, como el señor Teniente Coronel Washington Buñay, han servido a la comunidad ecuatoriana con desinterés y eficacia; y,

En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional "Al Mérito", creada por ley de 8 de octubre de 1921,

Decreta:

Art. 1º. Confiérase la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el grado de Comendador, al señor Teniente Coronel Washington Buñay, Edecán (Fuerza Terrestre) del señor Presidente de la República.

Art. 2º. Encárguese de la ejecución del presente decreto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 9 de enero del 2007.
f.) Alfredo Palacio, Presidente Constitucional de la República.

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2268

Alfredo Palacio
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el señor Teniente Coronel Gustavo Agama, en el ejercicio de sus funciones como Edecán (Fuerza Aérea) del señor Presidente de la República ha trabajado tesoneramente por los más altos intereses de la patria;

Que es deber del Estado reconocer los méritos y relievar las virtudes de quienes, como el señor Teniente Coronel Gustavo Agama, han servido a la comunidad ecuatoriana con desinterés y eficacia; y,

En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional "Al Mérito", creada por ley de 8 de octubre de 1921,

Decreta:

Art. 1º. Confiérase la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el grado de Comendador, al señor Teniente Coronel Gustavo Agama, Edecán (Fuerza Aérea) del señor Presidente de la República.

Art. 2°. Encárguese de la ejecución del presente decreto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 9 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio, Presidente Constitucional de la República.

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2269

Alfredo Palacio
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el señor Capitán de Fragata Alejandro Vela, en el ejercicio de sus funciones como Edecán (Armada Nacional) del señor Presidente de la República ha trabajado tesoneramente por los más altos intereses de la patria;

Que es deber del Estado reconocer los méritos y relievar las virtudes de quienes, como el señor Capitán de Fragata Alejandro Vela, han servido a la comunidad ecuatoriana con desinterés y eficacia; y,

En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional "Al Mérito", creada por ley de 8 de octubre de 1921,

Decreta:

Art. 1º. Confiérase la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el grado de Comendador, al señor Capitán de Fragata Alejandro Vela, Edecán (Armada Nacional) del señor Presidente de la República.

Art. 2°. Encárguese de la ejecución del presente decreto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 9 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio, Presidente Constitucional de la República.

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 2270

Alfredo Palacio
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

Considerando:

Que el señor doctor Luis Herrería Bonnet, ex Secretario General de la Administración, en el ejercicio de sus funciones dio claras muestras de su capacidad y total entrega al servicio de la nación y trabajó incansablemente por los más altos intereses de la patria;
Que es deber del Estado reconocer los méritos y relievar las virtudes de quienes, como el señor doctor Luis Herrería Bonnet, han servido a la comunidad ecuatoriana con desinterés y eficacia; y,

En virtud de las disposiciones que le confiere el artículo 6 del Decreto número 3109 de 17 de septiembre del 2002, publicado en el Registro Oficial 671 de 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional "Al Mérito", creada por ley de 8 de octubre de 1921,

Decreta:

Art. 1º. Confiérase la Condecoración de la Orden Nacional "Al Mérito", en el grado de Gran Cruz, al señor doctor Luis Herrería Bonnet, ex Secretario General de la Administración.

Art. 2°. Encárguese de la ejecución del presente decreto, el señor Ministro de Relaciones Exteriores.

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 9 de enero del 2007.

f.) Alfredo Palacio, Presidente Constitucional de la República.

f.) Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.

f.) Dr. Diego Regalado Almeida, Subsecretario General de la Administración Pública.

No. 0004

Dr. Rubén Alberto Barberán Torres
MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL

Considerando:

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del Art. 23 de la Constitución Política de la República, el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ciudadanos el derecho a la libre asociación con fines pacíficos;

Que, según los Arts. 565 y 567 de la Codificación al Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005, corresponde al Presidente de la República, aprobar mediante la concesión de personería jurídica, a las organizaciones de derecho privado, que se constituyan de conformidad con las normas del Título XXX, Libro I del citado cuerpo legal;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de noviembre 28 de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre 30 del mismo año, el Presidente de la República delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe los estatutos y las reformas a los mismos de las organizaciones pertinentes;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1205 de marzo 8 del 2006, el señor Presidente Constitucional de la República, designó Ministro de Bienestar Social al Dr. Rubén Alberto Barberán Torres, Secretario de Estado que de conformidad con el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, es competente para otorgar personería jurídica a las organizaciones de derecho privado, sin fines de lucro, sujetas a las disposiciones del Título XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005;

Que, la Dirección Técnica de Asesoría Legal del Ministerio de Bienestar Social, mediante oficio No. 0555-DTAL-PJ-SR-06 de 29 de marzo del 2006, ha emitido informe favorable para la aprobación del estatuto y concesión de personería jurídica a favor de la Asociación de Funcionarios y Empleados a Contrato u otra Modalidad de la Función Legislativa -ASFLAC-, con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, por cumplidos los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 3054 de agosto 30 del 2002, publicado en el Registro Oficial No. 660 de septiembre 11 del mismo año y del Título XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005; y,

En ejercicio de las facultades legales,

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el estatuto y conceder personería jurídica a la Asociación de Funcionarios y Empleados a Contrato u otra Modalidad de la Función Legislativa -ASFLAC-, con domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, sin modificación alguna.

Art. 2.- Registrar en calidad de socios fundadores de la citada entidad a las siguientes personas:

Apellidos nombres Cédula y/o Nacionalidad
Pasap.

Alcívar Mendoza Tito Odilon 1301509368 Ecuatoriana
Altamirano Orellana Rita María 0906070230 Ecuatoriana
Arteaga López Alexandra del Rocío 1711000131 Ecuatoriana
Batson Estrella Jairo Alfredo 1705527776 Ecuatoriana
Castillo González Alba Jannet 1500716012 Ecuatoriana
Coral Caicedo Mirian Luced 1001349008 Ecuatoriana
Chimbo Shiguango Oscar Lenin 1500740103 Ecuatoriana
Ferrín Alcívar Luis Antonio 1306505148 Ecuatoriana
Hidalgo Olaya María Fernanda 0602491144 Ecuatoriana
Iguamba Imbaquingo Salvadora Elena 1711076636 Ecuatoriana
Jaramillo Chamorro María Emperatriz 0401001938 Ecuatoriana
Jaramillo Gómez Diana Caterine 1400421739 Ecuatoriana
López García Arturo Rafael 1707078695 Ecuatoriana
Lozano Jiménez Enrique Alexandro 1202790687 Ecuatoriana
Montoya Tello Manuel Olmedo 1201920913 Ecuatoriana
Moreno Echeverría Nelson René 1700727884 Ecuatoriana
Muñoz María Augusta 0301168043 Ecuatoriana
Núñez Chávez José Antonio 1600215915 Ecuatoriana
Orellana Torres María Eugenia 0907436448 Ecuatoriana
Panamá Fueres Clara Mercedes 1720942992 Ecuatoriana
Paredes Morales Alirio Exmid 1709258014 Ecuatoriana
Paredes Torres Nury Elizabeth 1500568934 Ecuatoriana
Parra Poma Mario Rogelio 1900254879 Ecuatoriana
Pazmiño Hernán Javier 0200450344 Ecuatoriana
Pinargote Barberán María Floralia 1303414070 Ecuatoriana
Pozo Paguay Bernardo José Miguel 1704364817 Ecuatoriana
Ramos Gangula Wilson Oswaldo 1706366919 Ecuatoriana
Rodríguez Sacoto Yadira María 1301426738 Ecuatoriana
Santana Rodríguez Nidia Albita 1708491764 Ecuatoriana
Shiguango Alvarado Diego Andrés 1500192289 Ecuatoriana
Tamayo Jarrín Carla Paola 1715285035 Ecuatoriana
Tapuy Papa Linda Germania 1500338288 Ecuatoriana
Tupiza Tituaña William René 1709398505 Ecuatoriana

Art. 3.- Disponer que la asociación, una vez adquirida la personería jurídica y dentro de los 15 días siguientes, proceda a la elección de la directiva de la organización y ponga en conocimiento dentro del mismo plazo al Ministerio de Bienestar Social, para el registro pertinente, igual procedimiento observará para los posteriores registros de directiva.

Art. 4.- Reconocer a la asamblea general de socios como la máxima autoridad y único organismo competente para resolver los problemas internos de asociación y al Presidente como representante legal.

Art. 5.- La solución de los conflictos que se presentaren al interior de la asociación, y de ésta con otras, se someterá a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145 de septiembre 4 de 1997.

Publíquese de conformidad con la ley.

Dado en Quito, a 31 de marzo del 2006.

f.) Dr. Rubén Alberto Barberán Torres, Ministro de Bienestar Social.

Es fiel copia del original..- Lo certifico.

f.) Jefe de Archivo.

6 de junio del 2006.

No. 0013

Dr. Rubén Alberto Barberán Torres
MINISTRO DE BIENESTAR SOCIAL

Considerando:

Que, de conformidad con lo prescrito en el numeral 19 del Art. 23 de la Constitución Política de la República, el Estado Ecuatoriano reconoce y garantiza a los ciudadanos el derecho a la libre asociación con fines pacíficos;

Que, según los Arts. 565 y 567 de la Codificación al Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005, corresponde al Presidente de la República, aprobar mediante la concesión de personería jurídica, a las organizaciones de derecho privado, que se constituyan de conformidad con las normas del Título XXX, Libro I del citado cuerpo legal;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de noviembre 28 de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de noviembre 30 del mismo año, el Presidente de la República delegó la facultad para que cada Ministro de Estado, de acuerdo al ámbito de su competencia, apruebe los estatutos y las reformas a los mismos, de las organizaciones pertinentes;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1205 de marzo 8 del 2006, el señor Presidente Constitucional de la República, designó Ministro de Bienestar Social al Dr. Rubén Alberto Barberán Torres, Secretario de Estado que de conformidad con el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, es competente para otorgar personería jurídica a las organizaciones de derecho privado, sin fines de lucro, sujetas a las disposiciones del Título XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005;

Que, la Dirección de Asesoría Legal del Ministerio de Bienestar Social, mediante oficio No. 0703-DTAL-PJ-SR-06 de 31 de marzo del 2006, ha emitido informe favorable para la aprobación del estatuto y concesión de personería jurídica a favor de la Asociación 18 de Agosto de Trabajadores del Pequeño Comercio del Comité del Pueblo, con domicilio en la calle Jorge Garcés, sector Comité del Pueblo, parroquia de Cotocollao, cantón Quito, provincia de Pichincha, por cumplidos los requisitos establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 3054 de agosto 30 del 2002, publicado en el Registro Oficial No. 660 de septiembre 11 del mismo año y del Título XXX, Libro I de la Codificación del Código Civil, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de junio 24 del 2005; y,

En ejercicio de las facultades legales,

Acuerda:

Art. 1.- Aprobar el estatuto y conceder personería jurídica a la Asociación 18 de Agosto de Trabajadores del Pequeño Comercio del Comité del Pueblo, con domicilio en la calle Jorge Garcés, sector Comité del Pueblo, parroquia de Cotocollao, cantón Quito, provincia de Pichincha, sin modificación alguna:

Art. 2.- Registrar en calidad de socios fundadores de la citada entidad a las siguientes personas:

Apellidos nombres Cédula y/o Nacionalidad
Pasap.

Aguilar Anguaya Luz María 100327277-8 Ecuatoriana
Albán Segovia Jenny Maribel 171375163-2 Ecuatoriana
Anguaya Cahuasquí Francisca 100118264-9 Ecuatoriana
Badillo Tabacundo Pablo 060145493-7 Ecuatoriana
Benalcázar Santander José David 170646942-4 Ecuatoriana
Borja Rubio Edison Cruz 120337956-3 Ecuatoriana
Caiza Criollo Alonso 100275880-1 Ecuatoriana
Caiza Criollo Antonio 100172093-5 Ecuatoriana
Cachimuel Jetacama Natividad 100203193-6 Ecuatoriana
Celin Cárdenas Rosa Aura 170981297-6 Ecuatoriana
Chacaguasay Guagcha Francisco José 060249886-7 Ecuatoriana
Chuqui Simbaña María Martina 060350507-4 Ecuatoriana
Cifuentes Condo María del Tránsito 170582884-4 Ecuatoriana
Correa Rosa María 171650128-1 Ecuatoriana
Cruz Garzón Gloria Jacqueline 170997954-4 Ecuatoriana
Cuasquer Cuasquer Aura del Carmen 171247087-9 Ecuatoriana
Cuenca Chuqui Miguel 060370871-0 Ecuatoriana
Cuyo Cuyo Agustín 171948304-0 Ecuatoriana
Flores Guamaní Gloria Martha 170690194-7 Ecuatoriana
Freire Cruz Miguel Angel 170785114-1 Ecuatoriana
Gruezo Castillo José Agapito 080090866-7 Ecuatoriana
Gruezo Castillo Lorena 170932418-8 Ecuatoriana
Gruezo Castillo María Elena 170817199-4 Ecuatoriana
Guaypacha Tamami María Rosa 020029016-1 Ecuatoriana
Guaypacha Tamami Sara María 020053356-0 Ecuatoriana
Guevara Morales María Luisa 100113055-6 Ecuatoriana
Hidalgo Figueroa Norma Elizabeth 170980527-7 Ecuatoriana
Hidalgo Sánchez Carmen Rebeca 020027906-5 Ecuatoriana
Itas Bravo María Pastora 170289460-9 Ecuatoriana
Males Lechón Rosa Elena 170997897-5 Ecuatoriana
Males Viniachi Segundo 100125250-9 Ecuatoriana
Matango Cumba María Yesenia 171332084-2 Ecuatoriana
Mogollón Fuentes Rosana Elizabeth 171357727-6 Ecuatoriana
Morocho Pilco Luz Inés 060282279-3 Ecuatoriana
Mullo Sayay María Olga 060307519-3 Ecuatoriana
Panchi Panchi Jenny Elizabeth 171483259-7 Ecuatoriana
Pandi Pandi José Daniel 180182800-3 Ecuatoriana
Peña Sarango Santos Emérito 110148404-4 Ecuatoriana
Pilatasig Pilatasig Ninfa Leonor 050097185-8 Ecuatoriana
Pilco Pilco Rosa María 060282284-3 Ecuatoriana
Pillajo Alcocer María Elena 170460884-1 Ecuatoriana
Pillajo Alcozer María Leonor 170928643-7 Ecuatoriana
Pinanjota Toapanta Angela del Carmen 170334252-5 Ecuatoriana
Pineda Quinchiguango Francisco 100099084-4 Ecuatoriana
Proaño Cargua Angel María 170201026-3 Ecuatoriana
Punina Guaquipana Zoila Rosa 020121451-7 Ecuatoriana
Quicaliquín Guaypacha Nely Narcisa 171444577-0 Ecuatoriana
Quilumba Marcillo María Juana 100325255-6 Ecuatoriana
Quishpe Blanca Esperanza 171092366-3 Ecuatoriana
Quishpe Simbaña Mónica Elizabeth 171395221-4 Ecuatoriana
Quishpi Alcocer María del Carmen 171331579-2 Ecuatoriana
Quizhpilema Arias María Hilda 170538316-2 Ecuatoriana
Salazar Medina Wilson Wladimir 171609815-5 Ecuatoriana
Sánchez Chachalo Se-gundo Manuel Nemesio 100200104-6 Ecuatoriana
Sanguña Pillajo Sandra Paulina 172027446-1 Ecuatoriana
Segura Tenorio Juan Antonio 080155265-4 Ecuatoriana
Serrano Pihuave Ana María 130734826-6 Ecuatoriana
Tello Aragón Nancy Elizabeth 170328781-1 Ecuatoriana
Toaquiza Velasco Rocío del Pilar 171131321-1 Ecuatoriana
Tocagon Perugachi Rosa 100174953-8 Ecuatoriana
Vaca Barriga Gustavo Enrique 170185276-4 Ecuatoriana
Vaca Tello Katyuska Soraya 171087319-9 Ecuatoriana
Vásquez Pachacama María Alicia 170536941-9 Ecuatoriana
Velasco Pillo Luis William 171890348-5 Ecuatoriana
Vilca Vásquez Digna Elizabeth 171711287-2 Ecuatoriana
Yépez María Enma 170757362-0 Ecuatoriana

Art. 3.- Disponer que la asociación, una vez adquirida personería jurídica y dentro de los 15 días siguientes, proceda a la elección de la directiva de la organización y ponga en conocimiento dentro del mismo plazo al Ministerio de Bienestar Social, para el registro pertinente, igual procedimiento observará para los posteriores registros de directiva.

Art. 4.- Reconocer a la asamblea general de socios como la máxima autoridad y único organismo competente para resolver los problemas internos de la asociación, y al Presidente como su representante legal.

Art. 5.- La solución de los conflictos que se presentaren al interior de la asociación, y de ésta con otros se someterá a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el Registro Oficial No. 145 de septiembre 4 de 1997.

Publíquese de conformidad con la ley.

Dado en Quito, a 18 de abril del 2006.

f.) Dr. Rubén Alberto Barberán Torres, Ministro de Bienestar Social.

Es fiel copia del original..- Lo certifico.

f.) Jefe de Archivo.

6 de junio del 2006.

No. 102

Anita Alban Mora
MINISTRA DEL AMBIENTE

Considerando:

Que el primer inciso del artículo 86 de la Constitución de la República del Ecuador, obliga al Estado a proteger el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, garantizando un desarrollo sustentable y a velar para que este derecho no sea afectado y a garantizar la preservación de la naturaleza;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Unico de Manejo Ambiental;

Que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Gestión Ambiental, los sistemas de manejo ambiental incluirán estudios de línea base; evaluación de impacto ambiental; evaluación de riesgos; planes de manejo; planes de manejo de riesgo; sistemas de monitoreo; planes de contingencia y mitigación; auditorías ambientales y planes de abandono. Una vez cumplidos estos requerimientos y de conformidad con la calificación de los mismos. El Ministerio del Ramo podrá otorgar o negar la licencia ambiental;

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación;

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado; que pueda producir impactos ambientales;

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de la Codificación de la Ley Forestal vigente, se prohíbe contaminar el medio ambiente terrestre, acuático o aéreo o atentar contra la vida silvestre, terrestre, acuática o aérea existente dentro del Patrimonio de Areas Naturales del Estado;

Que el Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación, en la primera disposición transitoria del Título IV del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ambiente, manifiesta que las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento y que no cuenten con un estudio de impacto ambiental aprobado deberán presentar una auditoría ambiental inicial de cumplimiento con las regulaciones ambientales vigentes ante la entidad ambiental de control. La auditoría ambiental inicial debe incluir un Plan de Manejo Ambiental;

Que de conformidad con la tercera disposición transitoria, del Título I del Libro VI del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria, las actividades o proyectos que se encuentren en funcionamiento deberán presentar en vez de un Estudio de Impacto Ambiental una auditoría ambiental y un Plan de Manejo Ambiental que será la base técnica para el licenciamiento ambiental;

Que mediante oficio No. 301-2005-GG, del 15 de junio del 2005, la Empresa Ecuambiente Consulting Group, remite los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del Centro Integral de Ingeniería Ecológica;

Que mediante oficio No. 307-2005-GG, del 20 de junio del 2005, la Empresa Ecuambiente Consulting Group, solicita el Certificado de Intersección del Centro Integral de Ingeniería Ecológica con el Patrimonio Nacional de Areas Protegidas;

Que mediante oficio No. 69495-DPCCA/MA del 1 de julio del 2005, la Dirección Nacional de Prevención y Control de la Contaminación del Ministerio del Ambiente, emite el certificado de intersección del Centro Integral de Ingeniería Ecológica, el mismo que no intersecta con el Patrimonio Nacional de Areas Protegidas, Patrimonio Forestal del Estado, Bosques y Vegetación Protectores del Estado;

Que mediante oficio No. 69592-DNPC-SCA-MA del 6 de julio del 2005, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, manifiesta que para proceder con el análisis de los Términos de Referencia del Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del Centro Integral de Ingeniería Ecológica es necesario incorporar los criterios de la comunidad de conformidad con el artículo 23 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria TULAS;

Que mediante oficio No. 389-2005-GG del 2 agosto del 2005, la Empresa Ecuambiente Consulting Group, remite los Términos de Referencia para el Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del Centro Integral de Ingeniería Ecológica y el acta de la reunión informativa para recoger los criterios de la comunidad de los términos en mención;

Que mediante oficio No. 70725-DNPC-SCA-MA del 19 de septiembre del 2005, el Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emite informe favorable de los términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del Centro Integral de Ingeniería Ecológica;

Que mediante oficio No. 2005-934-GMO del 12 de octubre del 2005, la señora Alcaldesa del Gobierno Municipal del Orellana, solicita al Ministerio del Ambiente suspenda el trámite de la Licencia Ambiental del Centro Integral de Ingeniería Ecológica de la Empresa Ecuambiente Consulting Group, por considerar que las actividades ha desarrollarse tienen alto grado de contaminación al entorno, sin embargo no remite ningún informe técnico que justifique dicho pronunciamiento;

Que mediante oficio No. 72649-DNPC-SCA-MA del 24 de noviembre del 2005, el Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, responde a la Alcaldesa del Gobierno Municipal de Orellana con copia al Presidente del Comité de Derechos Humanos de Orellana y Empresa Ecuambiente Consulting Group, que de conformidad con la Ley de Gestión Ambiental y Texto Unificado de Legislación Ambiental TULAS, previa la presentación del Estudio de Impacto Ambiental Expost o auditoría ambiental, se debe realizar audiencias públicas con la comunidad y gobiernos locales del área de influencia directa e indirecta del proyecto, y los criterios expuestos en dicha audiencia deben ser incorporados en el Estudio de Impacto Ambiental Expost o auditoría ambiental;

Que mediante oficio No. 587-2005-GG del 29 de noviembre del 2005, la Empresa Ecuambiente Consulting Group, remite el Estudio de Impacto Ambiental Expost del Centro Integral de Ingeniería Ecológica CIIE, ubicado en la provincia de Orellana ciudad del Coca y se anexa la presentación pública del estudio en mención;

Que mediante oficio No. 007-2006-GG del 9 de enero del 2006, la Empresa Ecuambiente Consulting Group, remite los permisos de funcionamiento correspondiente al año 2005 otorgados por el Ilustre Municipio de Orellana, Cuerpo de Bomberos y Ministerio de Salud para el debido funcionamiento del Centro Integral de Ingeniería Ecológica CIIE, solicitado mediante oficio No. 72649 DNPC-SCA-MA;

Que mediante oficio No. 129-2006-GG del 4 de abril del 2006, el representante legal de la Empresa Ecuambiente Consulting Group, solicita se pronuncie sobre el Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental y se conceda la licencia ambiental tal como dispone la Ley de Gestión Ambiental del Centro Integral de Ingeniería Ecológica CIIE, ubicado en la provincia de Orellana ciudad del Coca;

Que mediante oficio No. 1330-DNPC-SCA-MA del 21 de abril del 2006, el Subsecretario de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, emite pronunciamiento favorable del Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental del Centro Integral de Ingeniería Ecológica, además manifiesta que para la obtención de la licencia ambiental debe presentar los siguientes documentos:

1. Permiso de Operación del Centro Integral de Ingeniería Ecológica CIIE, otorgado por el Gobierno Municipal de Orellana.

2. Garantías del 100% del valor del Plan de Manejo Ambiental y la póliza de responsabilidad civil o daños a terceros.

3. Depósito en la cuenta corriente del Ministerio del Ambiente No. 0010000793 del Banco Nacional de Fomento por el Sistema de Derechos o Tasa por los servicios que presta, de conformidad con el acuerdo 161 de 18 de diciembre del 2003, publicado en el Registro Oficial No. 252 del 15 de enero del 2004;

Que mediante oficio No. 168-2006-GG del 21 de mayo del 2006, la Empresa Ecuambiente Consulting Group, remite los siguientes documentos con el objeto de tener la licencia ambiental del Centro Integral de Ingeniería Ecológica CIIE:

1. Patente Municipal del Gobierno Municipal Francisco de Orellana por el año 2006, constante en el título de crédito No. 000245 a favor de Ecuambiente Consulting Group para operar en la vía Lago Agrio kilómetro 11.

2. La Garantía del 100% del valor del Plan de Manejo Ambiental y la póliza de responsabilidad civil.

3. Los comprobantes de depósito Nos. 0440157 y 0105386 del Banco Nacional de Fomento, correspondientes al 10% de la aprobación de la auditoría ambiental, 1 x 1.000 de la emisión de la licencia ambiental y valor de seguimiento y monitoreo de cumplimiento del Plan de Manejo ambiental PMA;

Que mediante oficio No. 227-2006-GG del 23 de junio del 2006, la Empresa Ecuambiente Consulting Group, remite un alcance a la comunicación No.168-2006-GG, indicando que adjunta el comprobante de depósito No. 0959545 del Banco Nacional de Fomento, correspondiente a la cantidad faltante en lo referente al 1 x 1000 de inversión de proyecto, en función de que el montó mínimo a pagarse por este concepto es de 500 USD;

Que mediante memorando No. 7796-DNPC-SCA-MA del 5 de julio del 2006, la Dirección de Prevención y Control de la Contaminación Ambiental remite el borrador del texto de la licencia ambiental para la operación del Centro Integral de Ingeniería Ecológica CIIE, para su análisis y pronunciamiento;

Que mediante memorando No. 8067 DAJ-MA del 11 de julio del 2006, la Dirección de Asesoría Jurídica entre otros manifiesta, que de la revisión del texto borrador de la licencia ambiental para la operación del Centro Integral de Ingeniería Ecológica CIIE, "Los textos se encuentran incorporados los requerimientos y elementos establecidos en la normativa que la normativa que regula la materia, específicamente del literal c) del Art. 25 del Título I del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaría de Ministerio del Ambiente; en consecuencia se encuentra conforme con los requerimientos legales establecidos";

Que mediante oficio No. 6011-SCA/MA, el Subsecretario de Calidad Ambiental solicita nuevamente a la señora Alcaldesa del Gobierno Municipio de Orellana, remita los justificativos técnicos de que las actividades a desarrollarse en el Centro Integral de Ingeniería Ecológica CIIE tienen un alto grado de contaminación al ambiente;

Que mediante oficio No 2006-405-AGMO-MB-iz del 20 de septiembre del 2006 la señora Alcaldesa del Gobierno Municipal de se pronuncia señalando que: la Empresa Ecuambiente Consulting Group "no cuenta con los permisos ni autorizaciones municipales para la instalación y funcionamiento del centro de ingeniería ecológica. En lo referente al uso de suelo, en el sector no está permitido actividades de biorremediación y mejoramiento de sólidos de perforación y que por tanto el Estudio de Impacto Ambiental Expost no cuenta con pronunciamiento favorable por parte de la Dirección Ambiental del Municipio de Orellana", sin embargo, no remite documentos oficiales que respalden lo dicho;

Que por disposición de la Dirección de Control y Prevención de la Contaminación los días 5 y 6 de octubre del 2006 se realizó una inspección in situ para verificar lo manifestado por el Gobierno Municipio de Orellana, en cuanto al riesgo ambiental de este proyecto y además realiza un recorrido por el río Coca desde el sitio en donde se hace la toma de agua para la planta potabilizadora de la ciudad aguas arriba hasta el Cañón de los Monos, aproximadamente unos 15 km, con el objeto de determinar la situación ambiental del sector y de identificar un posible riesgo de contaminación del agua en el sector de la toma de la planta potabilizadora;

Que con memorando No 12364-DPCC-MAE, se presenta el informe de dicha inspección que concluye que las instalaciones del centro y las actividades de biorremediación no constituyen un riesgo para el entorno ni para la toma de agua de la planta potabilizadora de la ciudad del Coca, la misma que se encuentra aproximadamente a 12 km río abajo del lugar en donde se encuentra el Centro de Ingeniería Ecológico;

En ejercicio de sus facultades legales,

Resuelve:

Art. 1.- Aprobar la Auditoría Ambiental o Estudio de Impacto Ambiental Expost y Plan de Manejo Ambiental de Centro Integral de Ingeniería Ecológica, ubicada en la provincia de Orellana, cantón El Coca, en base al informe favorable contenido en el oficio No. 1330-DNPC-SCA-MA del 21 de abril del 2006.

Art. 2.- Otorgar la Licencia Ambiental a la Compañía Ecuambiente Consulting Group para la Operación del Centro Integral de Ingeniería Ecológica.

Art. 3.- Los documentos habilitantes que se presentaren para reforzar la auditoría ambiental del proyecto, pasarán a constituir parte integrante de la Evaluación de Impacto Ambiental Expost, los mismos que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se procederá con la suspensión o revocatoria de la licencia ambiental conforme lo establece los artículos 27 y 28 del Sistema Unico de Manejo Ambiental SUMA.

Art. 4.- Notifíquese con la presente resolución a la Sra. Gerente General de la Compañía Ecuambiente Consulting Group y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general. De la aplicación de esta resolución se encarga a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y al Distrito Regional de Sucumbíos y Orellana de este Ministerio.

Comuníquese y publíquese,

8 de diciembre del 2006.

Atentamente

f.) Anita Albán Mora, Ministra del Ambiente.

MINISTERIO DEL AMBIENTE

LICENCIA AMBIENTAL N. 102

LICENCIA AMBIENTAL PARA LA OPERACION DEL CENTRO INTEGRAL DE INGENIERIA ECOLOGICA

El Ministerio del Ambiente en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Constitución Política de la República y en la Ley de Gestión Ambiental, relacionadas a la preservación del medio ambiente, la prevención de la contaminación ambiental y el desarrollo sustentable, mediante Resolución No. 102 otorgó la Licencia Ambiental a la Empresa Ecuambiente Consulting Group, con domicilio en la ciudad de Quito, representado por la Gerente General, señora María Eugenia Puente, para que con sujeción a la auditoría ambiental inicial de cumplimiento o Estudio de Impacto Ambiental Expost y al Plan de Manejo Ambiental, continúe con la operación de Centro Integral de Ingeniería Ecológica. El mismo que se encuentra ubicada en la provincia de Orellana, cantón El Coca.

La presente licencia ambiental está condicionada al cumplimiento de las siguientes disposiciones y obligaciones por parte de la Empresa Ecuambiente Consulting Group:

1. Cumplir estrictamente con el Plan de Manejo Ambiental.

2. Presentar al Ministerio del Ambiente, los informes semestrales de monitoreo de los recursos suelo, agua, aire, flora, fauna y efectos a la salud humana.

3. No intervenir sitios de valor histórico y arqueológico.

4. Presentar la primera vez después de un año de emitida la licencia ambiental y después cada 2 años una auditoría ambiental de cumplimiento de conformidad con la Ley de Gestión Ambiental y el Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente.

5. La Compañía Ecuambiente Consulting Group debe renovar anualmente las garantías de fiel cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y responsabilidad civil y mantenerlas vigentes durante la operación del Centro Integral de Ingeniería Ecológica.

6. Con el fin de que se incremente la seguridad ambiental de las instalaciones del Centro Integral de Ingeniería Ecológica, en 15 días presentar un cronograma de actividades de impermeabilización total de todas las piscinas de tratamiento.

7. Apoyar al personal técnico del Ministerio del Ambiente, para facilitar los procesos de monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado.

8. Cumplir con la legislación ambiental vigente y la normativa seccional del cantón El Coca de la provincia de Orellana.

El plazo de vigencia de la licencia ambiental es por el tiempo de operación del Centro Integral de Ingeniería Ecológica.

La licencia ambiental se concede dejando a salvo derechos de terceros y recordándole que la empresa debe cumplir estrictamente con la normativa ambiental, con el objeto de garantizar el derecho constitucional establecido en el numeral 6) Art. 23 y en el Art. 86 de la Constitución Política de la República.

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones determinados en la licencia ambiental causará la suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo establecido en la legislación que la rige.

La presente licencia ambiental se rige por las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y normas del Texto Unificado de la Legislación Ambiental Secundaria del Ministerio del Ambiente, y en tratándose de acto administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

Se dispone el registro de la licencia ambiental en el Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.

Quito, a 8 de diciembre del 2006.

f.) Anita Albán Mora, Ministra del Ambiente.

No. JB-2007-964

LA JUNTA BANCARIA

Considerando:

Que el inciso tercero del artículo 1 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero establece que las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público quedarán sometidas a la aplicación de normas de solvencia y prudencia financiera y al control que realizará la Superintendencia de Bancos y Seguros, dentro del marco legal que regula a dichas instituciones, en base a las normas que expida para el efecto;

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la mencionada Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, la constitución, organización, funcionamiento y liquidación, así como las facultades de competencia y control de la Superintendencia de Bancos y Seguros respecto de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público deben ser reglamentadas mediante decreto ejecutivo;

Que en base de la disposición legal citada en el considerando anterior, mediante Decreto Ejecutivo No. 354, publicado en el Registro Oficial No. 79 de 10 de agosto del 2005, el Presidente Constitucional de la República expidió el "Reglamento que rige la constitución, organización, funcionamiento y liquidación de las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros";

Que el artículo 1 del mencionado reglamento incluye dentro de su ámbito de aplicación a las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso; cuyo título séptimo regula los aspectos relativos a su objeto y capital mínimo requerido, disponiendo en su artículo 55 que deberán cumplir con las normas de solvencia y prudencia financiera establecidas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero y las que expida la Junta Bancaria, especialmente en lo relacionado con el nivel de patrimonio técnico, calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones y gestión y administración integral de riesgos;

Que en el Título XXIII "De las disposiciones especiales para las cooperativas de ahorro y crédito", del Libro I "Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero" de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, consta el Capítulo II "Normas para el funcionamiento y operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso";

Que es necesario reformar dicha norma, con el propósito de adecuar sus disposiciones al nuevo marco reglamentario constante en el Decreto Ejecutivo No. 354 y, propiciar que las cooperativas de segundo piso faciliten a sus socias el manejo de los riesgos inherentes a su actividad; promuevan la aplicación de economías de escala entre cooperativas; y atiendan adecuada y profesionalmente sus necesidades de liquidez, dentro del marco legal que las rige; y,

En ejercicio de la atribución legal que le torga la letra b) del artículo 175 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero,

Resuelve:

En el Libro I "Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero" de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, efectuar las siguientes reformas:

ARTICULO 1.- En el Capítulo II "Normas para el funcionamiento y operaciones de las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso", del Título XXIII "De las disposiciones especiales para las cooperativas de ahorro y crédito", efectuar las siguientes reformas:

1. En el artículo 1, efectuar los siguientes cambios:

1.1 En el primer inciso, a continuación de la frase "... cooperativas de ahorro y crédito asociadas..." incluir "... de primer piso."; y, eliminar la expresión "... Adicionalmente , funcionarán como un fondo de liquidez para las cooperativas.".

1.2 A continuación del primer inciso, incluir los siguientes y renumerar el restante:

"Las cooperativas de ahorro y crédito que realizan intermediación financiera con el público pueden ser asociadas de más de una cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso.

Las cooperativas de ahorro y crédito no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros aunque fueren asociadas a una cooperativa de segundo piso, no podrán operar con el público en general.".

1.3 En el cuarto inciso renumerado, sustituir la frase "... y Decreto Ejecutivo No. 2132, publicado en el Registro Oficial No. 467 de 4 de diciembre del 2001." por "..., Decreto Ejecutivo No. 354 publicado en el Registro Oficial No. 79 de 10 de agosto del 2005, a las normas de este capítulo y a las que expida la Superintendencia de Bancos y Seguros en el ejercicio de sus facultades y atribuciones.".

2. En el artículo 2, sustituir la expresión "... en los artículos del 8 al 11 del Decreto Ejecutivo No. 2132." por "...en el título segundo "De la constitución y organización de las cooperativas" del Decreto Ejecutivo No. 354 y en este capítulo.".

3. Incluir como artículo 4, el siguiente y renumerar los restantes:

"ARTICULO 4.- Para constituir una cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso, se requerirá al menos la participación de diez (10) cooperativas de ahorro y crédito, de las cuales más de la mitad deben ser controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; así mismo, podrán participar en su constitución organismos de desarrollo y de apoyo nacionales y/o internacionales.

La participación en el capital de una cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso por parte de las cooperativas de ahorro y crédito reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros debe ser mayor, en todo momento, al 50%.".

4. En el artículo 5 renumerado, efectuar las siguientes reformas:

4.1 En el segundo inciso, sustituir el número "4.1" por "5.1".

4.2 Sustituir el tercer inciso, por los siguientes:

"Las cooperativas de ahorro y crédito controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, participarán en el capital de una cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso, con el porcentaje de su patrimonio técnico constituido que determine la respectiva asamblea general de la cooperativa de segundo piso.

La determinación del porcentaje de aporte al capital de una cooperativa de segundo piso será aprobado con no menos de dos tercios de los votos de la respectiva asamblea general de la cooperativa aportante.".

4.3 Al final del quinto inciso, incluir la siguiente frase "... , ni al 2% del patrimonio técnico constituido de la cooperativa asociada, el que resulte menor.".

4.4 En el último inciso, sustituir el número "4.2" por "5.2".

5. En el artículo 7 renumerado, efectuar las siguientes reformas:

5.1 En el primer inciso, sustituir la frase "...y los comités que se crearen de acuerdo con sus estatutos, tales como el comité de crédito, el comité de liquidez y el comité de riesgos de mercado." por "... y los comités dispuestos en la normativa de carácter general aprobada por la Junta Bancaria.".

5.2 En el segundo inciso, cambiar la expresión "... consejo de vigilancia ..." por "... comité de auditoría ...".

6. En el artículo 8 renumerado, eliminar la frase "... del consejo de vigilancia ..." y sustituir la expresión "... del Decreto Ejecutivo No. 2132." por "... del Decreto Ejecutivo No. 354.".

7. En el artículo 10 renumerado, eliminar la expresión "... del consejo de vigilancia ...".

8. En el artículo 11 renumerado, a continuación de la frase "... artículo 30 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero ..." incluir "... , artículo 32 del Decreto Ejecutivo No. 354, ...".

9. Sustituir el artículo 13 renumerado, por el siguiente:

ARTICULO 13.- Las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso podrán realizar, exclusivamente con sus asociadas, las operaciones permitidas en el artículo 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, con las excepciones previstas en el artículo 2 y en las letras d), f), i), m), p), q), t), v) y w) del artículo 51 de la referida Ley General.

10. A continuación del artículo 13 renumerado, incluir los siguientes artículos y renumerar los restantes:

"ARTICULO 14.- Adicionalmente a lo señalado en el artículo anterior, las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso podrán desarrollar las siguientes actividades y servicios financieros exclusivamente para sus asociadas:

14.1 Constituir fondos de liquidez para las cooperativas de ahorro y crédito de primer piso, conforme a las normas sobre organización y operación de fondos de liquidez del sistema cooperativo que expida la Junta Bancaria, las mismas que deberán orientarse a mitigar el riesgo de liquidez de las cooperativas socias, previendo la participación de la Superintendencia de Bancos y Seguros en las operaciones de apoyo y evitando el riesgo o azar moral, conforme a estándares internacionales sobre la materia.

El desarrollo de las operaciones para mitigar el riesgo de liquidez, deberá respaldarse en los análisis técnicos pertinentes, así como en el diagnóstico de la real situación financiera de la cooperativa que diferencie los problemas temporales de liquidez y las deficiencias estructurales de solvencia patrimonial.

En caso de detectarse deficiencias de solvencia, no procede otorgar el apoyo de liquidez;

14.2 Orientar a las cooperativas socias en el manejo y administración de sus riesgos;

14.3 Actuar como agente de manejo en procesos de sindicación de crédito para cooperativas de primer piso;

14.4 Diseñar y operar mecanismos para la movilización de activos improductivos de sus asociadas, como cartera de créditos y bienes recibidos en dación de pago;

14.5 Diseñar y elaborar productos financieros para uso de sus asociadas;

14.6 Diseñar, constituir y operar redes de cobro, transferencia de fondos, depósitos, retiros, remesas y pagos de servicios públicos y similares;

14.7 Diseñar, gestionar y promover planes de mercadeo y ventas para promocionar servicios en los cuales participen conjuntamente varias cooperativas asociadas; y,

14.8 Canalizar e intermediar líneas de crédito, recursos y donaciones destinados a las cooperativas socias, provenientes de organismos de apoyo y de desarrollo nacionales y extranjeros.

ARTICULO 15.- En la realización de las operaciones y servicios financieros a que se refieren los artículos anteriores, las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso estarán sujetas a las siguientes condiciones, limitaciones y prohibiciones:

15.1 Las inversiones que efectúen en títulos valores emitidos por el sector privado deberán tener una calificación de por lo menos "BB" (grado de inversión); y, no podrán invertir en títulos emitidos por sus socias no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; en obligaciones convertibles en acciones; y, en operaciones derivadas;

15.2 Para que puedan operar con las socias que no se encuentren supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros, las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso deberán exigir a dichas socias el cumplimiento de las normas de solvencia y prudencia financiera a las que están sujetas las cooperativas reguladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros; así como la utilización del Catálogo Unico de Cuentas y la remisión de la misma información que exige el órgano de control del sistema financiero. Si de la verificación que realice este organismo de control, se desprende que la cooperativa de segundo piso no cumple con la limitación establecida en este numeral para las cooperativas de ahorro y crédito no controladas, la Superintendencia de Bancos y Seguros sancionará a la cooperativa de segundo piso;

15.3 Las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso pueden utilizar los recursos provenientes de donaciones o de créditos recibidos de organismos nacionales e internacionales para otorgar créditos de liquidez a sus asociadas a un plazo máximo de un año;

15.4 Las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso no podrán recibir captaciones del público en general, bajo ninguna modalidad; ni otorgarle créditos; y tampoco podrán brindar a sus asociadas servicios de consultoría, auditoría o cualquier otro tipo de servicio que representen conflictos de intereses; y,

15.5 El plazo mínimo de las captaciones efectuadas de sus asociadas, deberá ser de un día.

ARTICULO 16.- En el caso de que una cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso asuma obligaciones por cuenta de sus asociadas a través del otorgamiento de garantías y fianzas en el país; y, para el diseño y aprobación de las operaciones y servicios de que tratan los numerales 3.1 y 3.4 del artículo 3 de esta sección, las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso deberán conformar un comité de gestión de riesgo de las cooperativas asociadas, que actuará con independencia del consejo de administración y deberá, en su primera reunión, aprobar su reglamento de operación, el cual deberá contar con la aprobación de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Dicho comité estará conformado de la siguiente manera:

16.1 El Presidente del consejo de administración; y,

16.2 Dos miembros independientes con experiencia en regulación y asimismo en operativa bancaria y financiera elegidos por la asamblea general, por período de tres años, que serán calificados por la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Asistirá a dicho comité el gerente o representante legal de la cooperativa de segundo piso, con voz pero sin voto.

Los miembros independientes del comité podrán percibir honorarios profesionales por su función, conforme a las disposiciones del artículo 71 del Decreto Ejecutivo No. 354.".

11. En el renumerado artículo 17, sustituir la expresión "... de diez (10) veces el capital social de la asociada." por "... de 1.5 veces el patrimonio técnico de la respectiva asociada y además no representar más del 20% del patrimonio técnico de la cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso, debiendo aplicarse, en todo caso, la relación que resulte menor.".

12. En el renumerado artículo 18, sustituir la frase "..., riesgos de liquidez y mercado." por "... . Asimismo, las normas relacionadas con la gestión integral y control de riesgos, incluyendo la normativa sobre la administración de los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y operativo.".

13. Sustituir el renumerado artículo 19, por el siguiente:

"ARTICULO 19.- Los créditos otorgados a sus asociadas se concederán con tasas de interés y comisiones de plena cobertura de costos y similares a las que rigen en el mercado para el tipo de operación que se trate. Asimismo, colocarán sus recursos en sus asociadas financieramente autosostenibles y exigirán las garantías adecuadas a las operaciones efectuadas.".

14. En el artículo 20 renumerado, efectuar las siguientes reformas:

14.1 Al final del numeral 20.7, incluir la frase "...y de administración y control de riesgos;".

14.2 En el numeral 20.11, sustituir la frase "... de los consejos de administración y vigilancia ..." por "del consejo de administración ..."; y, eliminar la expresión "... y auditores, interno y externo y de la firma calificadora de riesgos ...".

14.3 En el numeral 20.12, cambiar la expresión "...Decreto Ejecutivo No. 2132 ..." por "... Decreto Ejecutivo No. 354 ...".

15. Incluir como artículos 21 y 22 los siguientes y renumerar los restantes:

"ARTICULO 21.- Las operaciones activas con las cooperativas asociadas no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros estarán sujetas a los límites de operaciones vinculadas establecidos en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero.

En las políticas de administración de riesgos que adopte el consejo de administración de las cooperativas de ahorro y crédito de segundo piso, se deberán establecer y adoptar límites globales e individuales de exposición de riesgos en sus distintas modalidades, que serán puestos en conocimiento de la Superintendencia de Bancos y Seguros, la que podrá observar u objetar aquellos que a su juicio, no resulten prudentes.

ARTICULO 22.- Si una cooperativa de ahorro y crédito que realiza intermediación financiera con el público, socia de una cooperativa de segundo piso, decide asociarse a otra cooperativa de segundo piso, los aportes patrimoniales de esta última, se traspasarán a favor de la primera.".

16. Incluir la siguiente sección:

"SECCION V.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En el caso de que las aportaciones al capital social efectuadas por las cooperativas asociadas a una cooperativa de ahorro y crédito de segundo piso, sean superiores a los fijados por la asamblea general de socios de la cooperativa de segundo piso, los valores que excedan los montos establecidos no serán devueltos a las cooperativas aportantes.

SEGUNDA.- En la elección de los miembros independientes del comité de gestión de riesgo del sector cooperativo, se observarán las siguientes disposiciones:

1. El primer miembro será electo para un periodo de dos años.

2. El segundo miembro será electo para un periodo de tres años.

En adelante, sus designaciones se sujetarán al período de tres años.".

ARTICULO 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.- Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el once de enero del dos mil siete.

f.) Dr. Alberto Chiriboga Acosta, Presidente de la Junta Bancaria.

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, once de enero del dos mil siete.

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario de la Junta Bancaria.

Superintendencia de Bancos y Seguros.- Certifico que es fiel copia del original.

f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Secretario General.

No. 409-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 2 de marzo del 2006; a las 09h00.

VISTOS.- ANTECEDENTES: El Tercer Tribunal Penal de Pichincha, el 14 de mayo del 2003 a las 15h00, dictó sentencia declarando a Chandy Chacón Valero de nacionalidad venezolana, y a Carlos Alfonso Cortez Peña de nacionalidad colombiana, como autor y responsable del delito de tenencia ilícita de estupefacientes tipificado y sancionado por el Art. 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, al primero; y, como autor y responsable del delito previsto en el Art. 62 ibídem al segundo, imponiéndoles la pena atenuada de 12 años de reclusión mayor ordinaria y la multa de cien salarios mínimos vitales a cada uno. Elevada en consulta esta sentencia, le ha correspondido conocer a la Tercera Sala de la H. Corte Superior de Justicia del Distrito, la que en auto de 16 de junio del 2003 considera que no existe consulta de las sentencias dictadas por los tribunales en los juicios que se sustancian por delitos sancionados; en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, procediendo en este caso a conceder el recurso de casación que había sido interpuesto por Chandy Chacón Valero, e1 mismo que fue conocido por la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la devolución del proceso al Tribunal Tercero de lo Penal a fin de que "lo remita a la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Quito, para que bajo prevenciones de lo previsto en el Art. 122 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas absuelva la consulta legal, considerando lo previsto en el Art. 401 del Código de Procedimiento Penal de 1983". La Corte Superior de Justicia, en resolución del 2 de diciembre del 2003 confirma en todas sus partes la sentencia dictada por el Tribunal Penal, resolución de la que el sentenciado Carlos Cortez Peña interpone el recurso de casación. Radicada la competencia en la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante la cual el impugnante fundamentó el recurso, y el Ministerio Público ha presentado también la opinión fiscal luego de haber sido trasladado con la indicada fundamentación. El señor Carlos Alfonso Cortez Peña ha solicitado audiencia en estrados, la misma que se celebró el día 12 de octubre del 2004, diligencia a la que asistieron todas las partes, excepto el solicitante y su defensor, quien posteriormente incorpora 343 fojas que corresponden a copias certificadas de otros procesos penales. Una vez concluido el trámite previsto para este tipo de recurso, la Sala considera: PRIMERO.- COMPETENCIA.- Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación propuesto por Carlos Alfonso Cortez Peña, tanto por la creación de la Sala prevista en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, así como por el resorteo de causas penales ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el expediente no se encuentran vicios de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa penal. TERCERO.- ALEGACIONES DEL RECURRENTE.- Al fundamentar el recurso se afirma que la sentencia ha violado lo dispuesto en el Art. 61 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas así como los Arts. 18, 19, 23 y 24 de la Constitución Política de la República. CUARTO.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO.- El señor Director General de Asesoría Jurídica, subrogante de la señora Ministra Fiscal General del Estado, luego de analizar la fundamentación del recurrente y el contenido de la sentencia impugnada manifiesta que la fundamentación es ambigua, no precisa ninguna violación a la ley "lo que torna el recurso en insuficiente e inepto. De manera concreta solicita se dicte sentencia absolutoria a su favor y en el peor de los casos que se aplique el Art. 61 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas". Que la sentencia condena al recurrente por el delito previsto en el Art. 62 de la invocada ley, y tomando en cuenta las atenuantes a su favor le impone la pena de doce años de reclusión mayor ordinaria, sentencia que ha sido confirmada por la Tercera Sala de la Corte Superior, con prueba suficiente que no deja lugar a dudas que el condenado estaba dedicado al tráfico de drogas "por lo que resulta acertado lo resuelto por el Tribunal Penal tanto en la tipificación del delito como en la aplicación de la pena, en virtud de lo cual estimo debe rechazarse el recurso interpuesto por improcedente...". QUINTO.- CONSIDERACIONES DE LA SALA.- La casación es un recurso extraordinario que procede únicamente cuando en la sentencia se hubiere violado la ley; ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente, en el presente caso, la inconformidad con la sentencia se relaciona con la acción típica punible, al señalar el condenado de que "pudo haber sido únicamente de tentativa del delito de corretaje o intermediación de droga o en el peor de los casos del cometimiento del delito de corretaje o intermediación tipificado en el Art. 61 del cuerpo de ley invocado.". Se trata de una aceptación expresa de haber participado en el hecho punible previsto y reprimido por la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, lamentablemente discrepa de la apreciación que el Tribunal realiza sobre la base de pruebas constantes del proceso, las mismas que han sido revisadas a través de la consulta por la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Quito que en el considerando TERCERO expresa que se encuentra justificada conforme a derecho la existencia de los delitos tipificados en los Arts. 62 y 64 de la Ley referida anteriormente, con las siguientes pruebas producidas en la audiencia pública de juzgamiento oral: 1. El testimonio propio de la tecnóloga Jeanneth Elizabeth Jaramillo Caiza, perita química de la Policía Judicial, quien informa que la droga incautada es resultado positivo para clorhidrato de heroína; 2. Con las evidencias incautadas exhibidas en el desarrollo de la audiencia, especialmente las cien cápsulas que contenían en su interior droga decomisada, así como el reconocimiento que hace el Policía Marco Gustavo Granda, constatando que son las mismas que luego de haber sido evacuadas por el señor Chacón Valero Chandy se entregaron en las bodegas de la policía; y, 3. Con el testimonio propio del agente Marco Gustavo Granda Pineda quien procedió a la verificación y pesaje de la droga en presencia del Agente Fiscal Distrital de la Unidad Antinarcóticos, habiendo recibido 63 primero y luego 37 cápsulas de parte de los policías Freddy Lema y Francisco Guamaní las mismas que habían sido evacuadas del organismo del acusado Chacón Valero Chandy, cuyo contenido resulto positivo a clorhidrato de heroína. En cuanto a la responsabilidad y culpabilidad del acusado Carlos Alfonso Cortez Peña como autor del delito previsto en el Art. 62 se encuentran las siguientes pruebas: a) El testimonio propio del Cabo Segundo de Policía José Luis Chamba Rodríguez quien manifiesta que por versiones de las ciudadanas Ingrid Gote y Rocío Gómez que han sido detenidas el mismo día y pretendían viajar con Chandy Chacón, la droga les ha sido entregada por un ciudadano venezolano denominado "TATO" de quien tenia el numero de teléfono para comunicarse permanentemente, logrando que Ingrid Gote se comunique telefónicamente con "TATO", indicándole que no podía llevar todas las cápsulas y que tenía que acercarse a retirar el sobrante, "habiendo planificado dicha entrega en un hotel de la localidad, donde efectivamente fue a retirar el ciudadano Ecuatoriano Carlos Alfonso Cortez Peña a quienes dichas ciudadanas venezolanas lo identificaron como la persona que había entregado la droga"; y, b) Con la declaración del coacusado Chacón Valero quien entre varias aseveraciones manifestó que las cápsulas con droga le fueron entregadas por Carlos Alfonso Cortés; pruebas éstas que dan al juzgador la convicción y certeza de lo hechos y responsabilidad de los encausados; sin que la Sala haya observado violación de ley en la sentencia. SEXTO.- RESOLUCION.- Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acogiendo el dictamen del Ministerio Público la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, fundada en lo dispuesto en el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casación planteado y ordena devolver el proceso al inferior para que ejecute la sentencia. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y Msc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.- f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre. Secretario Relator.

Certifico: Que las tres (3) copias que anteceden son fiel copia de su original. Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 412-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 8 de marzo del 2006; a las 11h35.

VISTOS.- ANTECEDENTES: El Tribunal Segundo de lo Penal de Pichincha, el 26 de enero del 2004, a las 16h00, dicta sentencia condenando a Silvia Patricia Gaviño Vega como autora y responsable de la comisión de la infracción puntualizada en el inciso primero del Art. 463 del Código Penal, imponiéndole la pena de quince días de prisión correccional y multa de seis dólares americanos, sentencia que ha sido notificada el día 29 de enero del 2004 e impugnada mediante recurso de casación por la condenada, el que por estar ajustado a derecho ha sido concedido el 4 de febrero del 2004. Radicada la competencia en la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante la cual la impugnante fundamentó el recurso y el Ministerio Público ha presentado también la opinión fiscal luego de haber sido trasladado con la indicada fundamentación. Una vez concluido el trámite previsto para este tipo de recurso, la Sala considera: PRIMERO.- COMPETENCIA: Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación propuesto por Silvia Patricia Gaviño Vega, tanto por la creación de la Sala prevista en la Ley Orgánica reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, así como por el sorteo de causas penales ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: Revisado el expediente no se encuentran vicios de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa penal. TERCERO.- ALEGACIONES DE LA RECURRENTE: Al fundamentar el recurso, la recurrente manifiesta que no se ha cumplido con lo dispuesto por el Art. 305 del Código de Procedimiento Penal que establece que terminado el debate, el Tribunal procederá a deliberar con vista del proceso y de las pruebas practicadas durante la audiencia; que adicionalmente se han violado las garantías constitucionales (sin precisar), así como los artículos 5, 140 inciso segundo, 250, 252, 305, 309, 312 y 313 del Código de Procedimiento Penal. CUARTO.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO: El señor Director General de Asesoría Jurídica subrogante de la señora Ministra Fiscal General del Estado, al contestar la fundamentación, hace un análisis del proceso y afirma que en la sentencia, el Tribunal manifiesta: "que la Fiscalía introdujo como prueba el informe médico legal del menor Fabricio Sebastián Bravo Bonilla, que concluye que las lesiones son provenientes de la acción traumática de un cuerpo contundente duro, que le determinan una incapacidad de cuatro a ocho días; en el que se ratifica el perito cuando rinde su testimonio ordenado por el Tribunal mediante auto interlocutorio dictado en el transcurso de la audiencia; el examen psicológico practicado al menor en el que la perito concluye que el niño presenta crisis depresiva, que obedece a que el menor fue agredido con un palo por su profesora Silvia Gaviño, que sentía temor de ir a la escuela y presentaba un cambio de conducta con repercusiones en su desenvolvimiento personal y escolar". También se refiere al testimonio de la Dra. Narcisa Ortiz Sandoval, Directora encargada del establecimiento escolar, se hace también mención al reconocimiento del lugar de los hechos que corresponde a la Escuela República de Argentina en Amaguaña. Para la responsabilidad de la acusada ha tomado en cuenta la declaración del menor que acusa a la profesora de haberle golpeado con un palo en el glúteo izquierdo, que esta acción ilícita fue dentro del aula y ante sus compañeros, testimonio que guarda relación con lo manifestado en la DINAPEN y ante la psicóloga que lo evaluó y ante los peritos médicos. Sobre las alegaciones de que la fiscalía reprodujo diligencias practicadas en la indagación y en la instrucción, se afirma que son pruebas salvo que sean presentadas en la etapa del juicio como prescribe el Art. 79 del Código de Procedimiento Penal. A criterio del Ministerio Público "lo que resulta sorpresivo es que el Tribunal en la audiencia de juzgamiento haya dictado un auto interlocutorio a fin de que el Dr. Benito Estacio rinda testimonio el 21 de enero del 2004 si suspender la audiencia para practicar esta prueba y en forma totalmente apartada de la norma procesal, inicia el debate y lo concluye, para días después receptar el testimonio, y en clara violación de las normas del sistema oral, rompe el principio de contradicción de la prueba más aún cuando la fiscalía había judicializado el informe pericial, por tanto en esta parte debe casarse la sentencia ya que dicho testimonio no tiene amparo legal y contraviene lo expuesto en el Art. 313 ibídem". QUINTO.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La casación es un recurso extraordinario que procede únicamente cuando en la sentencia se hubiere violado la ley; ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente. En el presente caso, la inconformidad con la sentencia a decir de la impugnante es que se han reproducido evidencias que han sido consideradas como prueba por parte del Tribunal juzgador, sobre esta materia el sistema acusatorio prescribe la presentación de las evidencias en el transcurso del proceso consideradas simples elementos de convicción hasta la etapa intermedia y cuando son presentadas y valoradas en la etapa del juicio alcanzan el valor de prueba; si se trata de pericias o declaraciones, resulta indispensable la presencia del perito o del testigo en la audiencia de juzgamiento, a fin de que se pueda cumplir con los principios de concentración, contradicción e inmediación característicos de la prueba. El considerando quinto de la referida sentencia hace referencia a que la señorita representante del Ministerio Público pidió que se tengan e introduzcan como pruebas las siguientes diligencias. El nombramiento y posesión de los doctores Benito Estacio y Enrique Santillán como peritos para el reconocimiento de las lesiones que presentaba el menor Federico Sebastián Bravo Bonilla y el informe No. 1408-1076-DML-2002 en el que describen las lesiones que presentaba el examinado en el tercio superior de la cara externa del muslo izquierdo. Efectivamente en este caso se trata de hacer valer como prueba una evidencia mal presentada, ya que debieron haber concurrido los peritos o por lo menos uno de ellos, para que de manera oral expresen el contenido de su informe y soporte el interrogatorio del contra examen; pero a partir del numeral 2 del indicado considerando consta la comparecencia de la Dra. Natasha Villacreses, quien ha comparecido a defender su informe; también consta el testimonio de la Dra. Narcisa Sandoval, quien inclusive contesta preguntas formuladas por la defensa. En el considerando sexto consta el testimonio rendido por la acusadora particular. El considerando séptimo hace relación a la comparecencia del menor Federico Sebastián Bravo Bonilla, quien textualmente dice: "cuando cogí un poco de tierra de la maceta y la soplé, la profesora me golpeó con un palo aquí (señalándose el glúteo izquierdo) fue dentro del aula delante de mis compañeros, yo me puse a llorar"; el menor ha contestado preguntas formuladas por los jueces, que contribuyen al esclarecimiento del hecho, así como la responsabilidad de la acusada. La sentencia hace referencia también a los testimonios de María Yolanda Villavicencio, Ruth Casatapia y Wilfrido Molina Calvopiña solicitados por la acusada. Efectivamente llama la atención de que el Tribunal Penal que consideró. indispensable el testimonio del Dr. Benito Estacio no suspendió la audiencia de juzgamiento para receptar esta prueba, a pesar de que consta en la sentencia de que al Dr. Benito Estacio le ha interrogado también el defensor de la acusada, cumpliendo de esta manera el principio de contradicción. Por lo tanto no hay violación de ley en la sentencia. SEXTO.- RESOLUCION.- Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, fundada en lo dispuesto en el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casación planteado y ordena devolver el proceso al inferior para que ejecute la sentencia. Notifíquese y publíquese.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y MSc. y José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico.- Que las tres (3) copias que anteceden son fiel copia de su original.- Quito, 9 de mayo del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 417-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 1 de marzo del 2006; a las 10h25.

VISTOS: Con fecha 27 de enero del 2004 a las 15h00 el Segundo Tribunal Penal del Azuay, con sede en Cuenca, dicta sentencia condenando a Cristian Ricardo Gutama Misacango, Cristian Andrés Naula Barrera, Edison Elber Parrales Marquinez, Luis Orlando Arévalo Barrera por ser autores del delito de asalto y robo tipificado y sancionado en los Arts. 550 y 552 numerales 1 y 2 del Código Penal, imponiéndoles la pena de 6 años de reclusión menor a cada uno y a Luis Clemente Pinta Pilamunga o Clemente Pilamunga Pinta o Henry Patricio Sánchez Vera, por la reincidencia probada en el proceso en aplicación de lo dispuesto en la regla tercera del Art. 80 del Código Penal, se le impone la pena de nueve años de reclusión menor. De esta sentencia los condenados Edison Elber Parrales Marquinez y Cristian Andrés Naula Barrera interponen recurso de casación; y, habiéndose concluido el trámite para este tipo de recurso, la sala considera: PRIMERO: JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Esta Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver los recursos de casación propuestos de conformidad con la ley, tanto por la creación de la Sala prevista en la LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE LA FUNCION JUDICIAL, así como por el resorteo de causas penales ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: Revisado íntegramente todo el expediente no se encuentran vicios de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa penal. TERCERO.- PRETENSION DE LOS RECURRENTES: En su largo escrito de fundamentación del recurso, el recurrente Edison Elber Parrales Marquinez manifiesta que "se ha violado la ley en esa sentencia al hacerse una falsa aplicación de los Arts. 80, 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal, pues se omitió su exposición, que realizó ante el Tribunal y la prueba presentada por su defensor lo que dejó en la indefensión contrariando lo previsto en el numeral 10 del Art. 24 de la Constitución Política, y además porque para, su juzgamiento solo se valoró el testimonio de la "un super policía" y varias conjeturas como el testimonio de la señora María Verónica Escudero Egas quien jamás lo identificó pretendiéndose en definitiva que se vuelva a valorar la prueba actuada con la que se demuestra la existencia del delito y su no responsabilidad en el mismo". Por su parte, el recurrente Cristian Andrés Naula Barrera igualmente señala que "se ha violado la ley al interpretarla erróneamente, pues no están justificados los presupuestos del Art. 85 del Código de Procedimiento Penal, esto es la existencia material del delito de robo agravado tipificado en los numerales 1 y 2 del Art. 552 del Código Penal y su responsabilidad en el mismo, ya que no están probadas las circunstancias constitutivas que configuran esa infracción y además porque para que exista el nexo causal entre los indicios con los partícipes del delito, los indicios deben guardar las características que prevé el Art. 88 del citado cuerpo legal". CUARTO.- CONSIDEMCIONES DEL MINISTERIO PUBLICO: El señor Director General de Asesoría, subrogante de la señora Ministra Fiscal General del Estado en el escrito presentado el 31 de enero del 2005 ante los señores ministros jueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, que conocían el caso en aquella época, entre otras cosas dice que: "el Tribunal si valoró tanto la prueba de cargo y descargo, que demuestra la existencia del delito de robo agravado tipificado en los numerales 1 y 2 del Art. 552 del Código Penal, así como analizó de manera individualizada la responsabilidad penal de Edison Elber Parrales y Andrés Naula Barrera conforme lo prevé el numeral 2 del Art. 308 del Código Adjetivo Penal, esto es la enunciación de las pruebas practicadas y la relación precisa de cómo éstas se vinculan con los mentados acusados, por lo que la alegación de que se negó el derecho de defensa al no valorarse las pruebas aportadas por Edison Parrales, carece de fundamento así como que no se han cumplido los presupuestos del Art. 85 del Código de Procedimiento Penal". Y además asegura que: "el pedido de los recurrentes para que se contraríe lo antes señalado y se vuelva a valorar la prueba carece de asidero legal, aún mas si consideramos que la valoración que realiza el Tribunal de págs. 2 a 16 de la sentencia concluye que no se han violado los Arts. 86, 87 y 88 del Código de Procedimiento Penal". En definitiva el representante del Ministerio Público solicita que la Sala rechace el recurso de casación interpuesto por improcedente y devuelva el expediente al Tribunal Penal para la ejecución de la sentencia. QUINTO.- FUNDAMENTACIONES DE LA SALA: La Casación Penal es un medio extraordinario de impugnación, de efecto suspensivo, contra sentencias definitivas que acusan errores de juicios o de actividad, expresamente señalados en la ley, para que un Tribunal supremo y especializado, las anule, a fin de unificar la jurisprudencia, proveer a la realización del derecho objetivo, denunciar el injusto y reparar el agravio inferido, como señala Fabio Calderón Botero en su "Casación y Revisión en Materia Penal"; por ello es claro, en definitiva, que "el recurso de casación es un juicio técnico jurídico, de puro derecho sobre la legalidad de la sentencia (errores in iudicando) sobre el proceso en su totalidad o en diversos sectores del mismo (errores in procedendo); de ahí que la casación, como un juicio sobre la sentencia que es, no pueda entenderse como una instancia adicional, ni como potestad ilimitada para revisar el proceso en su totalidad, en sus diversos aspectos fácticos y normativos, sino como una fase extraordinaria, limitada y excepcional del mismo" (Torres Romero Jorge Enrique y Puyana Mutis Guillermo, Manual del Recurso de Casación en Materia penal. Bogotá). Por nuestra parte consideramos que en el recurso de casación no se puede revisar las pruebas actuadas dentro del proceso, las mismas que ya fueron apreciadas por el Tribunal Penal en la sentencia; se observa que se ha empleado la sana crítica y no se han violado las leyes reguladoras de la apreciación de las pruebas; al contrario, el recurrente no ha demostrado que el Segundo Tribunal Penal del Azuay haya incurrido en la violación de las normas legales señaladas en la fundamentación de su recurso. Observamos que existe coherencia y sistematización entre los hechos que describe el juzgador, en la parte expositiva con lo resuelto en la parte dispositiva y con las disposiciones legales aplicables al caso; se encuentra determinada la existencia material de la infracción y la responsabilidad penal de los procesados, apreciándose que no se han producido ninguna de las violaciones legales que alegan los recurrentes. SEXTO.- RESOLUCION: Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY esta Tercera Sala de lo Penal, acogiendo el dictamen del Director General de Asesoría, subrogante de la señora Ministra Fiscal General del Estado, rechaza por improcedente los recursos de casación interpuestos y ordena devolver el proceso al inferior para que ejecute la sentencia, de conformidad con el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y MSc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico.- Que las dos (2) copias que anteceden son fiel copia de su original.

Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 418-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ¬
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 27 de marzo del 2006; a las 10h00.

VISTOS.- ANTECEDENTES: Resolviendo el caso de narcotráfico, el Tribunal Primero de lo Penal de Loja, el 1 de abril del 2003, a las 14h00 declara a Mario Joel Lamiña Román como autor y responsable de la infracción prevista y sancionada en el Art. 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole la pena atenuada de ocho años de reclusión mayor ordinaria y multa de sesenta salarios mínimos vitales generales, resolución que a su vez absuelve a los coacusados: Susana Margarita Castro Torres, Paúl Eduardo Palacios Jiménez y Carmen Beatriz Rojas González. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 122 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas dispone también el comiso y entrega de los bienes vinculados al ilícito, esto es un vehículo Chevrolet San Remo, dos celulares marcas Nokia y Motorola y los billetes que constan en el parte policial, en favor del CONSEP; y, por el mismo mandato legal ordena la destrucción de las muestras y la consulta de la resolución al superior. La Tercera Sala de la Corte Superior de. Justicia de Loja, el 9 de junio del 2003, en forma errada declara improcedente la consulta realizada por el Tribunal Penal y devuelve el proceso, a fin de que conceda el recurso de casación que se encontraba pendiente, que había sido interpuesto oportunamente por el condenado. Radicada la competencia en la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 18 de septiembre del 2003 reiterando anteriores pronunciamientos, declara la obligatoriedad de la consulta en los juicios por delitos tipificados en la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, ordena la devolución del proceso a la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja a fin de que se pronuncie sobre la consulta formulada por el Tribunal en su sentencia, "bajo apercibimiento a los señores Ministros de la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia con la sanción de destitución prevista en el Art. 122 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, pues la disposición que obliga a la consulta se encuentra en plena vigencia...". Con esta resolución, el 16 de enero del 2004 a las 15h30, la Tercera Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja absuelve la consulta del Tribunal Penal y confirma en todas sus partes la sentencia, la misma que ha sido impugnada por el sentenciado Mario Joel Lamiña Román. Radicada la competencia en la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia ante la cual el impugnante fundamentó el recurso, y el Ministerio Público ha presentado también la opinión fiscal luego de haber sido trasladado con la indicada fundamentación. Una vez concluido el trámite previsto para este tipo de recurso, la Sala considera: PRIMERO.- COMPETENCIA: Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación propuesto par Mario Joel Lamiña Román, tanto por la creación de la Sala prevista en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, así como por el resorteo de causas penales ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: Revisado el expediente no se encuentran vicios de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa penal. TERCERO.- ALEGACIONES DEL RECURRENTE: El recurrente manifiesta que los señores ministros de la Tercera Sala de la Corte Superior de Loja han violado: los artículos 64, 66, 105, 62 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, los artículos 84, 85, 86, 87, 88, 145, 304 y 309 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal, y lo raro, también manifiesta que se ha violado "del Prontuario de Resoluciones de fojas 307 y 308 vuelta que obra del proceso porque no se toma en cuenta su texto". CUARTO.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO: El señor Director General de Asesoría Jurídica, subrogante de la señora Ministra Fiscal General del Estado afirma que el recurrente aduce ser un narcodependiente y que se encuentra amparado de conformidad con la ley interpretativa al inciso segundo del Art. 105 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en el sentido de que se extingue la acción o la pena según el caso, de las personas acusadas de consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas y si bien se ha justificado que es un consumidor de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, también se encuentra probado que es un traficante de las mismas, por lo que se hizo acreedor a la sanción impuesta. En cuanto a los artículos del Código de Procedimiento Penal que manifiesta el impugnante han sido violados, todos esos artículos se refieren a la prueba, y que la casación no permite revalorar la prueba examinada por el juzgador, salvo el caso excepcional de que en la sentencia aparezca de forma manifiesta que el análisis de la prueba se realizó sin sujeción a las reglas de la sana crítica, lo que en el presente caso no ocurre. Respecto a la subsunción de la conducta en lo descrito en el Art. 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, evidentemente se trata de tenencia y posesión de droga demostrada con la prueba practicada por el juzgador. Que también alega violación del Art. 309 numeral 2 que no es materia de casación sino de nulidad. En consecuencia manifiesta el criterio de que se declare improcedente el recurso de casación penal deducido por el sentenciado. QUINTO.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La casación es un recurso extraordinario que procede únicamente cuando en la sentencia se hubiere violado la ley; por contravenir expresamente a su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente, en el presente caso, la inconformidad con la sentencia manifestada por el impugnante se refiere a la valoración de las pruebas, que es facultad legal del Tribunal sentenciador, de acuerdo con las reglas de la sana crítica; por esta razón, la Sala ha manifestado que la motivación de la sentencia para ser correcta, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las condiciones a que arribe el Tribunal sobre su examen, sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal, y las consecuencias jurídicas que se deriven de su aplicación. El Juez debe consignar las razones que lo llevan a tener por acreditados o no, ciertos o falsos los hechos que constituyen los elementos materiales del delito, enunciando las pruebas de que se sirve cada caso y expresando la valoración que haga de ellas, es decir, la apreciación sobre si lo conducen relativamente al supuesto del hecho investigado o a una conclusión afirmativa o negativa. La falta de motivación en derecho puede consistir en la no descripción del hecho que debe servir de sustento a la calificación, es decir cuando se aplica una norma jurídica diferente a la que corresponde en un proceso de correcta adecuación típica; para ser motivada la resolución en los hechos, debe suministrar las pruebas en que se fundan las conclusiones fácticas, esto es demostrarlos. Para que sea fundada en derecho la sentencia debe explicar los hechos objeto de la adecuación típica; esto es, describirlos. Otra exigencia para que la motivación sea legítima es que debe basarse en prueba válidamente introducida en el debate o audiencia del juicio, esta es una consecuencia de los principios de verdad real e inmediación que es su derivado, el cual supone oralidad, publicidad y contradicción. Del estudio de la sentencia pronunciada por el Tribunal juzgador consta que se ha probado la existencia material de la infracción, en la audiencia pública de juzgamiento, con los informes de incautación, análisis químico y destrucción de la droga aprehendida una parte en el vehículo que manejaba el sentenciado, y la restante lanzada a la calle para no ser detectado por la policía; así manifiestan también las declaraciones testimoniales de los cuatro agentes de policía que actuaron en la detención del recurrente y de sus acompañantes, de nombres Cabos segundos: Miguel Angel Quezada, William Damián Rojas, Flavio Calle Torres y policía Vinicio Alberto Chachahuilca, testimonios demostrativos que el procesado traficaba sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Respecto a la tipificación con el Art. 64 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas vigente al tiempo del cometimiento de la infracción y la responsabilidad del procesado, no existe violación de ley adjetiva ni sustantiva; por lo tanto el recurso de casación no es procedente. SEXTO.- RESOLUCION: Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, acogiendo el dictamen del Ministerio Público, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, fundada en lo dispuesto en el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casación planteado y ordena devolver el proceso al inferior para que ejecute la sentencia. Notifíquese y publíquese.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y MSc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico.- Que las tres (3) copias que anteceden son fiel copia de su original.- Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 427-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 1 de marzo del 2006; a las 14h30.

VISTOS.- ANTECEDENTES: El Tercer Tribunal Penal de Loja, el 16 de febrero del 2004 a las 09h10 en sentencia declaró al acusado Wilson Edmundo Villareal Granda, autor y responsable del delito previsto y sancionado en los Arts. 340 y 341 del Código Penal, imponiéndole la pena de dos años de prisión correccional y el pago de daños y prejuicios, sentencia que ha sido notificada el 16 de febrero del 2004 impugnada mediante el recurso de casación interpuesto por el sentenciado. Radicada la competencia en la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, ante la cual el impugnante fundamentó el recurso y el Ministerio Público ha presentado también la opinión fiscal luego de haber sido trasladado con las indicadas fundamentaciones. Una vez concluido el trámite previsto para este tipo de recurso, la Sala considera: PRIMERO.- COMPETENCIA: Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación propuesto por el sentenciado Wilson Edmundo Villareal Granda, tanto por la creación de la Sala prevista en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica Reformatoria de la Función Judicial, así como por el resorteo de causas penales ordenado por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: Revisado el expediente no se encuentran vicios de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa penal. TERCERO.- ALEGACIONES DEL RECURRENTE: Wilson Edmundo Villareal Granda al fundamentar el recurso manifiesta que la sentencia ha violado las siguientes normas: Arts. 340, 341 numerales 6 y 7, 29 numeral 1, 30 y 4 del Código Penal; Art. 41 del Código de Procedimiento Penal, manifestando además que la sentencia es injusta e ilegal, que falta a la verdad de los hechos que contraviene lo previsto en el Art. 41 del Código de Procedimiento Penal. Que este proceso tiene su origen en la sentencia dictada por el Juez Segundo de lo Civil de Loja dentro del juicio ejecutivo que se ha seguido contra Gabriel Octavio Tapia Barros y Alicia Judith Apolo Feijoo, deudor principal y garante solidario, respectivamente, en la cual se dispuso remitir copias al Ministro Fiscal para el enjuiciamiento penal. Que jamás se ha establecido autoría del acusado en la falsificación de la letra de cambio por lo que no puede imputarse el uso doloso de la misma, que tampoco se ha demostrado la existencia de la agravante prevista en el numeral 1 del Art. 30 de Código Penal, por lo que pide que declarando procedente a la casación se lo absuelva. CUARTO.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO: La señora Ministra Fiscal General del Estado, el 27 de octubre del 2004, luego de hacer las consideraciones sobre el contenido legal de la sentencia, manifiesta que del texto de la misma, no se advierte que se hayan vulnerado las disposiciones legales mencionadas por el acusado Wilson Edmundo Villareal Granda, tanto más que si bien no se ha demostrado en la etapa del juicio que el acusado es el autor de la falsificación de las firmas impresas en la letra de cambio, no es menos cierto que hizo uso doloso del documento a sabiendas que era falso. Que el fallo tampoco ha infringido el Art. 29 numerales 6 y 7 del Código Penal, ya que el Tribunal expresamente indica no haber sido justificadas estas atenuantes; de manera semejante razona que no se han violado los Arts. 4 de Código Penal ni 41 del Código de Procedimiento Penal por lo que pide se rechace, por improcedente el recurso de casación interpuesto. QUINTO.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: Al analizar la sentencia, en el considerando SEGUNDO los juzgadores detallan con claridad la prueba de la existencia material de la infracción destacando: a) Las copias debidamente certificadas de la sentencia en el juicio ejecutivo No. 25.660, dictadas por el Juez Segundo de lo Civil de Loja en la que, concluye que la firma de los demandados Gabriel Octavio Tapia Barros y Alicia Judith Apolo Feijoo no corresponden a sus autorías, por lo que se ordena el enjuiciamiento penal para descubrir autores cómplices y encubridores de dicha falsificación, sentencia que ha sido confirmada íntegramente por la Primera Sala de la Corte Suprema de Justicia de Loja; b) Con la copia debidamente certificada del Reglamento para la Acreditación de Peritos del Ministerio Público en la que la señora Ministra Fiscal hace notar que los Dres. Antonio Ruiloba Pineda, Teofilo Mogrobejo Carrión y Jorge Fernández Macas estaban legalmente capacitados para realizar la pericia en grafología; y, c) Con los testimonios de los prenombrados peritos que hicieron la experticia a las firmas y rúbricas constantes en el reverso de la letra de cambio, que sirvió de base para la demanda ejecutiva planteada por el acusado en este juicio penal, quienes ratificándose en sus respectivos informes mantienen que las firmas no son auténticas. Con igual detalle se prueba la responsabilidad del acusado fundado en la sentencia del juicio ejecutivo en la que utilizó el documento que contenía firmas falsificadas, a pesar de que se hace referencia al testimonio del Dr. León Isaac Merchán Quimiz perito también, que manifestó que las firmas impresas en la letra de cambio si corresponden a la autoría de los demandados en el juicio ejecutivo. Se refiere también a los testimonios de los agraviados quienes reconocen haber realizado un préstamo por la cantidad de 1.800 dólares, de los cuales el prestamista Wilson Edmundo Villareal Granda les descontó los intereses, les exigió que otorgaran hipoteca abierta a su favor y que firmaran una letra de cambio la misma que a su hora fue llenada completamente por la cantidad mencionada y nunca por los 5.990 dólares que es el documento falsificado con la que se inició la acción ejecutiva. También la sentencia se basa en el testimonio del acusado quien reconoce que si prestaba dinero y que cobraba el interés legal; así mismo aparece mencionado el testimonio del señor Manuel Narciso Cárdenas Collaguazo, quien asegura conocer al acusado cuando el hermano de su cónyuge quería viajar a España y requirió de un préstamo de 1.200 dólares, que el señor Villareal pagó directamente el pasaje a la agencia de viajes, que en garantía firmó una letra de cambio por 1.200 dólares y otorgó hipoteca abierta sobre su casa de habitación, que cuando dejó de pagar los intereses el acreedor le demandó en juicio ejecutivo con una letra de cambio de 3.980 dólares, que inclusive el color de la letra de cambio que el firmó era diferente al color del documento con el que se le hizo efectivo dicha deuda. En resumen la sentencia se encuentra ajustada a derecho ya que la sentencia del Juez Civil confirmada por la Corte Superior es demostrativa del hecho punible prescrita en el Art. 340 del Código Penal sin que se haya demostrado autoría del hecho de la falsificación, pero en cambio queda la certeza de que el señor Wilson Edmundo Villareal Granda hizo uso doloso del documento falso, por lo que conforme establece el Art. 341 del Código Penal es sancionado como si fuera autor de dicha falsedad. Respecto a las circunstancias modificatorias de la pena, el Tribunal juzgador expresa que la agravante del fraude y la astucia utilizados para causar un daño de relevante gravedad, impide que operen las atenuantes que tampoco han sido demostradas. La casación es un recurso extraordinario que procede únicamente cuando en la sentencia se hubiere violado la ley; ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente, en el presente caso, no se ha demostrado ninguna violación. SEXTO.- RESOLUCION: Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, fundada en lo dispuesto en el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casación planteado por el sentenciado Wilson Edmundo Villareal Granda y ordena devolver el proceso al inferior para que ejecute la sentencia. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y MSc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico.- Que las tres (3) copias que anteceden son fiel copia de su original.- Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 468-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ¬
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 27 de marzo del 2006; a las 10h20.

VISTOS.- ANTECEDENTES: La Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Guaranda, el 28 de mayo del 2004, a las 11h00 dicta sentencia desechando la demanda colusoria presentada por el señor Ing. José Vicente Arias Palacios en contra de los señores Segundo Roberto Solano Mendoza, César Humberto Solano Núñez y Néicer Eduardo García Orellana, resolución que ha sido notificada el 28 de mayo del 2004 e impugnada por el actor el 30 de mayo del mismo año. con adhesión al recurso por César Humberto Solano Núñez, en lo que tiene que ver a condeña en costas. Radicada la competencia en la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y habiendo dado cumplimiento a lo expresado en el primer inciso del Art. 8 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, para resolver, la Sala considera: PRIMERO.- COMPETENCIA: Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de apelación propuesto por el actor, Ing. José Vicente Arias Palacios, tanto por lo previsto en el Art. 8 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, como por la creación de la Sala prevista en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, y el resorteo de causas penales ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución del 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: Revisado el expediente no se encuentran vicios de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa colusoria. TERCERO.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA: El Ing. José Vicente Arias Palacios argumenta que de la escritura de compraventa que acompaña, viene a conocimiento de que él es dueño y propietario de un lote de terreno de la superficie de cinco metros cincuenta de frente por veinte metros de fondo, ubicado en el sector urbano del cantón Caluma, y circunscrito dentro de los siguientes linderos: por el frente calle pública denominada Av. La Naranja, por el pie y costado terrenos del mismo vendedor, y por el otro costado, terrenos de León Vega; bien adquirido legalmente a César Humberto Solano Núñez. Compraventa que ha sido impugnada por Segundo Roberto Solano Mendoza, quien afirmando ser hermano de César Humberto Solano Núñez manifiesta ser perjudicado con dicha venta por lo que ha iniciado un juicio de nulidad de contrato escritural, para luego de haberse declarado la nulidad, el vendedor César Humberto Solano Núñez demanda el juicio de nulidad de sentencia. Durante la ¬tramitación de esta causa, la Corte Superior de Justicia de Guaranda declaró la nulidad del proceso a costa del Juez Noveno de lo Civil de Bolívar, por no haber contado con el Alcalde y Procurador Síndico de Caluma. Luego con fecha 22 de octubre del 2001, el Juez Quinto de lo Civil de Bolívar avoca conocimiento de esta causa por excusa del Juez Noveno de lo Civil de Bolívar, califica la misma y ordena contar como partes procesales con los señores Alcalde y Procurador Síndico del cantón Caluma, pese a lo cual no se ha dado cumplimiento a esta disposición judicial, y más bien, el actor César Humberto Solano Núñez ha solicitado al señor Juez Quinto de lo Civil de Bolívar, se apruebe un acuerdo realizado entre las partes litigantes, acuerdo que a decir del Ing. José Vicente Arias Palacios, fue planificado con el afán de perjudicarlo, siendo así que aparece una escritura de partición, venta y ratificación, que otorga César Humberto Solano Núñez a favor de Segundo Roberto Solano Mendoza, quienes aparentemente se dividen un lote de terreno de 20 metros de frente por 20 metros de fondo, tocándole al primero 10 metros de frente por 19 metros 20 centímetros de fondo; para Segundo Roberto Solano Mendoza se adjudica un lote de 10 metros de frente por 19 metros 20 centímetros de fondo cada uno de los lotes con los linderos señalados en la demanda. A decir del actor "aquí surge el acto doloso al momento que Segundo Roberto Solano Mendoza aparenta vender el 50% de su aparente herencia consistente en 5 metros de frente por 19 metros 20 centímetros de fondo a favor de su hermano César Humberto Solano Núñez; evidente hecho doloso, toda vez que se incluye en la partición fraguada el lote de terreno de mi legítima propiedad; sin ningún reparo o vergüenza, más adelante en esta misma escritura, Segundo Roberto Solano vende a César Humberto el 50% para quedarse tan solo con un terreno que legalmente le corresponde por derecho de adjudicación en compra a César Humberto Solano", luego afirma "para culminar el hecho doloso, el fraude y la colusión, Segundo Roberto Mendoza da en venta y perpetua enajenación a favor de Néicer Eduardo García Orellana, el lote de terreno que por derecho y justicia me corresponde". Así mismo critica la agilidad que ha tenido el Juez Quinto de lo Civil de Bolívar en aprobar el acuerdo sin haber contado con las partes procesales Alcalde y Procurador Síndico del Municipio. CUARTO.- EXCEPCIONES: Una vez citados los demandados, César Humberto Solano Núñez, se excepciona alegando: a) Negativa pura y simple de los fundamentos históricos o de hecho y de los fundamentos jurídicos o de derecho de la demanda propuesta; b) Falta de motivación o causa lícita tanto en lo jurídico como en lo moral para proponer la acción; c) Falta total de propósito u objeto lícito; d) Improcedencia formal de la demanda; e) Nulidad procesal por violación de trámite; f) Prescripción extintiva del derecho de dominio; g) Plus petition; h) Litis pendencia, ya que en el Juzgado Noveno de lo Civil de Bolívar hay una demanda de pago por consignación en contra del Ing. José Vicente Arias Palacios; i) Falta de derecho para proponer la acción; j) Falta de personería jurídica activa y pasiva;. Segundo Roberto Solano Mendoza y Néicer Eduardo García Orellana se excepcionan en términos semejantes. Una vez trabada la litis, se ha celebrado la junta de conciliación sin éxito. QUINTO.- PRUEBA: Conforme determina el Art. 5 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, se ha abierto la causa a prueba por diez días, término dentro del cual las partes han hecho valer sus legítimos derechos, por lo que aparece incorporado al proceso: el certificado del señor Registrador de la Propiedad del cantón Chimbo que manifiesta se ha inscrito la escritura pública celebrada el 30 de junio de 1974 en la cual los cónyuges señores Segundo Roberto Solano y Dolores Camacho venden y dan en perpetua enajenación a favor del señor César Humberto Solano Núñez un lote de terreno urbano de la superficie de 125 varas de frente por 155 varas de fondo, ubicado en el recinto denominado Caluma Nuevo, el mismo certificado registra las ventas; que César Humberto Solano Núñez enajena a favor de José Manuel López un retazo de terreno de superficie de 10 metros de frente por 20 metros de fondo; otra a favor de Angel Roberto Vega Borja, una yata de terreno de superficie de 20 metros de frente por 20 metros de fondo; otra a favor de la señorita Orfelina Ordóñez Albán, un lote de superficie de 10 metros de frente por 20 de fondo; otra a favor de José Manuel López, un terreno de 10 metros de frente por 20 metros de fondo; y continúa un listado bastante largo en el que comparece primero César Humberto Solano Núñez y luego en compañía de su cónyuge Oiga Pavón a la venta parcial del terreno, (fs. 52 a 59). Aparece también la copia de la escritura pública de compraventa otorgada por Segundo Solano y esposa a favor de César Humberto Solano Núñez, (fs. 60 a 61). Consta también la copia certificada del juicio verbal sumario que siguió Marcos Herminio Morejón contra César Humberto Solano, (fs. 73 a 193); las copias certificadas de la sentencia expedida con fecha 2 de junio de 1993 en el juicio ordinario de nulidad de escritura pública de compraventa seguido por Segundo Roberto Solano en contra de César Solano Núñez y otros (fs. 194 a 200). De igual manera, copias certificadas del juicio del pago por consignación propuesto en contra de José Vicente Arias Palacios iniciado el 15 de abril del año 2002. También está incorporada la escritura de compraventa otorgada por César Humberto Solano Núñez a favor del lng. José Vicente Arias Palacios, con la siguiente razón: "En cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de 1º, 2º, 3º instancia de fechas San José de Chimbo, del dos de junio de mil novecientos noventa y tres; Guaranda diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro de la provincia de Bolívar del veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y seis de Quito de la provincia Pichincha, capital de la República del Ecuador; y providencia emitida por el Juez Sexto de lo Civil de Bolívar de fecha quince de octubre del dos mil uno. Procedo a marginar, dejando sin efecto la presente escritura otorgada por César Humberto Solano Núñez a favor de Vicente Arias Palacios". Así mismo aparece copia certificada de algunas piezas procesales que han sido otorgadas por el Juzgado Tercero de lo Penal de Bolívar, del auto de llamamiento a plenario dictado por el Juez Quinto de lo Civil de Bolívar en contra del Dr. Mardoqueo Salustio Cáliz Romero. SEXTO: DICTAMEN DEL MINISTERIO PUBLICO.- La señora Ministra Fiscal General del Estado subrogante, opina respecto de la presente impugnación indicando que la Sala Penal de la Corte Superior de Guaranda, para desechar la demanda se sustentó en la sentencia expedida por el Juez Quinto de lo Civil de Bolívar, en la que declaró nula la escritura pública de compraventa celebrada el 20 de junio de 1992, ante el Notario Germán Benavides y por la cual César Humberto Solano Núñez vendió a favor del hoy actor, un lote de terreno ubicado en el cantón Caluma, resolución que posteriormente fue confirmada en todas sus partes, en ese entonces, por la Unica Sala de la Corte Superior de Guaranda el 19 de septiembre de 1994, fallo que tampoco fue casado por la Primera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a la resolución emitida el 25 de marzo de 1996 (fs. 194 a 198). Consecuentemente no aparece que se encuentren demostrados los elementos constitutivos de la colusión; esto es, que los demandados utilizando manejos fraudulentos hayan causado un perjuicio al Ing. José Vicente Arias Palacios. Así mismo respecto de la adhesión al recurso para la condena al pago de daños, perjuicios y costas, no se advierte que el acusador particular haya litigado con malicia y temeridad, por lo que pide se confirme el fallo dictado por el inferior. SEPTIMO.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La colusión se considera como un contrato hecho en forma fraudulenta y secreta con el objeto de engañar y perjudicar a un tercero; es decir, prima la intención positiva de irrogar daño a la persona o propiedad de otro, lo que debe ser probado en el proceso efectivamente por quien afirma; que tales hechos en el presente caso no se han demostrado, por el contrario el alegato del actor de que su contrato de compraventa del bien fue declarado nulo por sentencia judicial, dicha nulidad genera inexistencia del referido contrato, con lo cual, el señor Ing. José Vicente Arias Palacios carece de derecho en el referido bien, que según consta de los aportes procesales ha sido dispuesto por el propietario conforme a derecho; esto es, que en el transcurso del presente proceso no se ha probado la acción colusoria propuesta. Por otro lado, el Art. 1 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión dispone que: "el que mediante algún procedimiento o acto colusorio hubiere sido perjudicado en cualquier forma, como entre otros, en el caso de privársele del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo o habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente le competen, podrá acudir con su demanda ante la Corte Superior del domicilio de cualquiera de los demandados" por lo que la Sala considera que los razonamientos expuestos en la sentencia impugnada, se ajustan a derecho OCTAVO.- RESOLUCION: Sobre la base de las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, confirma en todas su partes la sentencia que ha sido apelada por el actor Vicente Arias Palacios y la adhesión de César Humberto Solano Núñez. Sin costas que regular. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y Msc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico.- Que las cuatro (4) copias que anteceden son fiel copia de su original.- Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 474-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 22 de marzo del 2006; a las 11h30.

VISTOS.- ANTECEDENTES: El señor Carlos Marcelo Fierro Fonseca presenta demanda colusoria en contra de Julieta Isabel Zedeño Quintero, Riker Miguel Zambrano Dueñas, Luis Antonio Bardellini López y Alicia Castro Santos, la misma que ha sido conocida, tramitada y resuelta por la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, que declara sin lugar la demanda colusoria mediante voto de mayoría; resolución que ha sido dictada el día 21 de mayo del 2004 a las 09h00 y notificada con demora el 8 de junio del 2004. Sentencia que ha sido apelada por el accionista Carlos Marcelo Fiero Fonseca y por Alicia Violeta Castro Santos. Radicada la competencia en la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia y habiendo dado cumplimiento a lo expresado en el primer inciso del Art. 8 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, para resolver, la Sala considera: PRIMERO.- COMPETENCIA: Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de apelación propuesto por las partes anteriormente mencionadas, tanto por lo previsto en el Art. 8 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión como por la creación de la Sala prevista en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, y el resorteo de causas penales ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución del 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO: VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el expediente no se encuentran vicios de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa colusoria. TERCERO.- FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.- El actor manifiesta que el día 15 de febrero del 2001, ha celebrado en escritura pública un contrato de anticresis con los señores Julieta Isabel Zedeño Quintero de Zambrano y Riker Zambrano Dueñas en calidad de propietarios del inmueble compuesto de solar y villa ubicado en la ciudadela La Alborada, etapa 13, manzana 9, solar 1, de la ciudad de Guayaquil, anticresis por el cual ha pagado la cantidad de 3.500 dólares por un período de 2 años a partir del 15 de febrero del 2001, fecha de suscripción de la escritura; que posteriormente el 5 de marzo del 2002 en base al mismo contrato anticrético ha entregado la suma de 500 dólares adicionales, habiendo los acreedores firmado un pagaré por esta cantidad. Que estando vigente el contrato anticrético, le han visitado los deudores acompañados de Luis Antonio Bardellini López, presentándole como primo de la señora Julieta Isabel Zedeño, quienes le manifestaron que querían vender la casa, y uña vez negociada le devolverían su dinero para que a su vez el acreedor anticrético entregue la casa. Mas ocurre que los deudores anticréticos han vendido el inmueble a Luis Antonio Bardellini López y éste a su vez ha enajenado a favor de Alicia Violeta Castro Santos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil el 16 de diciembre del 2002; es decir, que la venta han efectuado los deudores antes de cumplido el plazo del contrato anticrético, situación que a criterio del accionante lo considera acto colusorio. Calificada que ha sido la demanda y habiendo sido legalmente citados los demandados, ha comparecido a contestarla y presentar excepciones únicamente Alicia Violeta Castro Santos (fs. 35 a 37). CUARTO.- EXCEPCIONES: La única demandada que ha contestado la acción presenta como excepciones las siguientes: 1. Negativa simple y llana de los hechos y del derecho. 2. Improcedencia de la acción por haber orientado la demanda ante el señor Presidente de la Corte Superior. 3. Falta de derecho del accionante. 4. Falta de derecho del accionante en virtud de que todavía el inmueble se encuentra en manos del acreedor anticrético, por lo tanto no hay perjudicado. 5. Ilegitimidad de personería ya que la compareciente nada tiene que ver en el contrato anticrético ni en el pagaré. Una vez trabada la litis, se ha celebrado sin éxito la junta de conciliación a la que asisten el señor Carlos Marcelo Fierro Fonseca y la demandada Alicia Violeta Castro Santos, representados por sus defensores, según consta de fs. 42 y 43. QUINTO.- PRUEBA: Conforme determina el Art. 5 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, se ha abierto la causa a prueba por diez días (fs. 48), término dentro del cual las partes han hecho valer sus legítimos derechos, por lo que aparece incorporado al proceso la declaración ante Notario del Abg. Néstor Armando Miranda Torres, que contestando un cuestionario sugestivo en su totalidad presentado por Alicia Vileta Castro Santos manifiesta a las preguntas "que es verdad", se ha presentado también copia certificada de la denuncia de Alicia Violeta Castro Santos en contra de Carlos Marcelo Fierro Fonseca tramitada ante el señor Intendente General de Policía (fs. 55 a 86); constan también el oficio de Marco Jami D., encargado de telegramas y oficios de la JPMG que manifiesta que revisados los archivos del Departamento de Informática de dicha jefatura, la ciudadana Julieta Isabel Zedeño Quintero registra salida el 16 de abril del 2002 con destino a los Estados Unidos y que el ciudadano Miguel Zambrano Dueñas no registra movimiento por este puerto (fs. 99). También el Jefe Provincial de Identificación y Cedulación del Registro Civil (E) remite a la Corte Superior, copias certificadas de las tarjetas índice de cedulación de Zambrano de Dueñas Riker y Zedeño Julieta Isabel (fs. 103 a 105). Consta también la confesión de Carlos Marcelo Fierro Fonseca (fs. 113). La certificación de los peritos de la Subdirección Técnica Científica de la Policía Judicial, quienes indican que no ha sido posible realizar la pericia solicitada (fs. 130), a pesar de que a fs. 136 a 151 el proceso registra el informe pericial documento lógico No. 554-DOC, documento relacionado a saber, si las firmas estampadas en la escritura de compraventa celebrada el 26 de junio del 2002 en la Notaría Primera de Guayaquil entre los señores Julieta Isabel Zedeño Quintero y Riker Miguel Zambrano Dueñas, guardan identidad caligráfica y morfológica con las firmas indubitadas obrantes en el pagaré por 500 dólares de fecha 5 de marzo del 2002 y los de la escritura pública de anticresis. Adicionalmente se ha incorporado al proceso la escritura de compraventa otorgada por la señora Isabel Zedeño Quintero y Riker Miguel Zambrano Dueñas a favor de Luis Antonio Bardellini López, celebrada en la Notaría Primera del cantón Guayaquil el 17 de febrero del 2003 (fs. 6 a 13), y la copia de la escritura pública de anticresis celebrada entre los señores Julieta Isabel Zedeño Quintero de Zambrano, Riker Miguel Zambrano Dueñas y Carlos Marcelo Fierro Fonseca (fs. 1 y 2). SEXTO.- DICTAMEN DEL MINISTERIO PUBLICO: En acatamiento a lo dispuesto en el Art. 8 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión, la señora Ministra Fiscal General del Estado subrogante, con fecha 8 de noviembre del 2005 manifiesta lo siguiente: que la naturaleza jurídica, la doctrina y la jurisprudencia prescriben que para la procedencia de la demanda colusoria es necesario la existencia de un convenio fraudulento, o sea la intención dolosa de dos o más personas con el fin de perjudicar a un tercero, debiendo además producirse una relación de causa a efecto entre el procedimiento o acto que se dicen colusorios y el perjuicio causado, el mismo que debe ser real y no mera expectativa; estos elementos deben ser probados en forma incontrovertible por quien ejerce la acción, sin que "...en el presente caso se haya dado ni podía darse dicha prueba, toda vez que, la demanda se funda en un contrato de anticresis celebrado por escritura pública, pero que no se encuentra inscrita para que se perfeccione con la tradición del inmueble, como lo determina el Art. 2363 del Código Civil, además, de que no da al acreedor por sí sola, ningún derecho real sobre la cosa entregada como lo establece el Art. 2364 ibídem"; a criterio del Ministerio Público, el actor erróneamente ha planteado la acción colusoria, teniendo la vía civil correspondiente contemplada en el inciso segundo del último artículo invocado. Por estas razones opina que debe desecharse el recurso de apelación interpuesto. SEPTIMO.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La colusión se considera como un contrato hecho en forma fraudulenta y secreta con el objeto de engañar y perjudicar a un tercero, es decir, prima la intención positiva de irrogar daño a la persona o propiedad de otro, lo que debe ser probado en el proceso efectivamente por quien afirma, que tales hechos en el presente caso no se han demostrado, ya que según el actor, el haber celebrado un contrato anticrético impedía que el titular del bien disponga del mismo, concepción que no se ajusta a derecho toda vez que el saneamiento; de un bien negociado puede ser incluso posteriormente realizado. En lo sustancial, las compraventas celebradas se han realizado en documentos públicos, genuinos, auténticos y veraces; la impugnación a dichos documentos no corresponde a la materia de colusión en el presente caso. Por otro lado, el Art. 1 de la Ley para el Juzgamiento de la Colusión dispone que: "el que mediante algún procedimiento o acto colusorio hubiere sido perjudicado en cualquier forma, como entre otros, en el caso de privársele del dominio, posesión o tenencia de algún inmueble o de algún derecho real de uso, usufructo o habitación, servidumbre o anticresis constituido sobre un inmueble o de otros derechos que legalmente le competen, podrá acudir con su demanda ante la Corte Superior del domicilio de cualquiera de los demandados", por lo que la Sala considera que el acreedor anticrético no ha probado que le han privado del uso del inmueble, y por lo tanto no se ha producido el hecho colusorio. OCTAVO: RESOLUCION.- Sobre la base de las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, acogiendo el dictamen del Ministerio Público, confirma en todas sus partes la sentencia que ha sido apelada. Sin costas que regular. Notifíquese, publíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y Msc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico.- Que las tres (3) copias que anteceden son fiel copia de su original.- Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 508-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ¬
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 8 de marzo del 2006; a las 10h00.

VISTOS: ANTECEDENTES: La Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Guaranda, resolviendo el recurso de apelación de la sentencia dictada por el Juez Cuarto de lo Penal de la provincia de Bolívar, en el proceso que por destrucción de propiedad privada sigue José Eliécer Vega Meléndez, en contra de Manuel Nicanor Naranjo Pérez, Telmo Arturo Naranjo Pérez y otros, quienes han resultado condenados en sentencia dictada por el Juez a-quo y modificada por la Corte Superior que concluye confirmando la sentencia condenatoria dictada en contra de Manuel Nicanor Naranjo Pérez y absolviendo a todos los demás acusados, sentencia que ha sido notificada el dos de septiembre del dos mil cuatro y oportunamente impugnada mediante recurso de casación propuesto por el condenado Manuel Nicanor Naranjo Pérez. Remitida que ha sido a la Corte Suprema de Justicia, habiendo radicado la competencia en la Primera Sala de lo Penal, ante la cual el impugnante fundamentó el recurso y el Ministerio Público ha presentado también la opinión fiscal luego de haber sido trasladado con la indicada fundamentación. Una vez concluido el trámite previsto para este tipo de recurso, la Sala considera: PRIMERO.- COMPETENCIA: Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación propuesto por Manuel Nicanor Naranjo Pérez, tanto por la creación de la Sala prevista en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, así como por el resorteo de causas penales ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL: Revisado todo el expediente no se encuentran vicios de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa penal. TERCERO.- ALEGACIONES DEL RECURRENTE: El condenado al fundamentar el recurso de casación manifiesta que la Sala de lo Penal de la Corte Superior de Justicia de Guaranda ha violado la ley en la sentencia de manera especial el Art. 119 del Código de Procedimiento Civil, que prescribe la manera como debe ser apreciada la prueba en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana critica; que igualmente se han violado los Arts. 304-A y 309 del Código de Procedimiento Penal ya que a la sentencia le falta motivación para concluir condenando al recurrente. Adicionalmente alega que se han violado los Arts. 22, 23 numerales 3, 26 y 27, Art. 24 numerales 10, 14 y 17 de la Constitución Política de la República. Así mismo afirma que se ha violado la seguridad jurídica y el derecho al debido proceso por la inadecuada administración de justicia, al haberse condenado a un inocente. Finalmente acusa haberse violado las normas los Arts. 121 y 1067 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO: Según providencia de 20 de diciembre del 2005 se ha puesto en conocimiento de la Ministra Fiscal General para que se pronuncie en el plazo de diez días, conforme lo dispone el Art. 355 del Código de Procedimiento Penal; ante la ausencia de pronunciamiento, según consta de la razón sentada por Secretaría y en tratándose de proceso de delito de acción privada, la Sala considera que la falta de pronunciamiento no afecta la validez procesal. QUINTO.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La casación es un recurso extraordinario que procede únicamente cuando en la sentencia se hubiere violado la ley; ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente en el presente caso, la inconformidad con la sentencia está relacionada con la valoración de la prueba, facultad otorgada al juzgador y no a la casación. En cuanto al contenido de la sentencia y lo relacionado con lo dispuesto en los Arts. 304 y 309 del Código de Procedimiento Penal, los considerandos CUARTO Y QUINTO, detallan los fundamentos en los que basan los juzgadores tanto para la existencia material de la infracción como para la responsabilidad del acusado, destacándose el reconocimiento de la casa destruida practicado por el señor Juez de la causa, los informes de los peritos nombrados por el Juez, las fotografías que fijan los vestigios que ha dejado dicha destrucción, lo que en todo caso concuerda también con la práctica realizada por los, peritos y su informe. Para establecer la responsabilidad de Manuel Nicanor Naranjo Pérez se han fundamentado en los testimonios de Pedro Segundo Patín Coles y Plutarco Aníbal Riera Verdesoto, quienes precisan que Manuel Nicanor Naranjo Pérez fue quien desarmó la casa, situación que concuerda con lo dicho en el escrito de comparecencia del mentado querellado. Por lo tanto, el recurso de casación no es procedente. SEXTO.- RESOLUCION: Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, fundada en lo dispuesto en el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casación planteado y ordena devolver el proceso al inferior para que ejecute la sentencia. Notifíquese, devuélvase y publíquese.¬

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y Msc. José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico.- Que las dos (2) copias que anteceden son fiel copia de su original.- Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 543-2005

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
TERCERA SALA DE LO PENAL

Quito, 28 de marzo del 2006, las 11h00.

VISTOS: ANTECEDENTES: La Corte Superior de Justicia del Puyo, el 15 de noviembre del 2004, a las 10h00, confirma el fallo subido en grado, resolviendo un recurso de nulidad y apelación interpuesto por Elgi Aníbal Naranjo Vargas quien es considerado autor responsable del delito culposo de tránsito tipificado en el literal c) del Art. 79, en relación con el Art. 76 de la Ley de Tránsito que le ha impuesto el Juzgado Primero de Tránsito de Pastaza la pena atenuada de 3 meses de prisión con la suspensión de su licencia de manejo por igual tiempo, además la indemnización a los representantes de las víctimas de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 57, 104 y 118 de la misma Ley de Tránsito; esto es, en la cantidad de un mil quinientos dólares por gastos médicos, recuperación y rehabilitación, más dos mil ciento treinta dólares por concepto de indemnización equivalente a 3 salarios mínimos vitales generales multiplicados por 6, más cien dólares por honorarios profesionales del defensor del acusador por costas procesales. Mediante sentencia notificada el mismo día y oportunamente impugnada, mediante el recurso de casación interpuesto por Elgi Aníbal Naranjo Vargas. Radicada la competencia en la Primera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante sorteo realizado el 24 de febrero del 2005, organismo que no le ha dado ningún tratamiento hasta el resorteo ordenado por la Corte Suprema de Justicia el 7 de diciembre del 2005, en que pasó la competencia a la Tercera Sala de lo Penal, ante la cual el impugnante fundamentó el recurso y el Ministerio Público ha presentado también la opinión fiscal luego de haber sido trasladado con la indicada fundamentación. Una vez concluido el trámite previsto para este tipo de recurso, la Sala considera: PRIMERO.- COMPETENCIA: Esta Sala tiene potestad jurisdiccional y competencia para conocer y resolver el recurso de casación propuesto por el sentenciado Elgi Aníbal Naranjo Vargas, tanto por la creación de la Sala prevista en la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de la Función Judicial, así como por el resorteo de causas penales ordenado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del 7 de diciembre y practicado el 9 de diciembre del 2005. SEGUNDO.- VALIDEZ PROCESAL.- Revisado el expediente no se encuentran vicios de procedimiento que podrían generar nulidad procesal, por lo que este Tribunal de alzada declara la validez de esta causa penal. TERCERO.- ALEGACIONES DEL RECURRENTE: Al fundamentar el recurso, en su largo alegato manifiesta que la resolución de la Corte Superior de Justicia de Pastaza violenta los Arts. 24 ordinales 1, 7, 13, 14, 15 y 17 de la Constitución Política de la República que igualmente se ha dictado la resolución de primera instancia violando el Art. 79 del Código de Procedimiento Penal; así mismo el ordinal 3 del Art. 216 y Art. 304-A del invocado cuerpo de normas adjetivo; por lo que concluye solicitando que, enmendando la violación de ley se lo declare inocente. CUARTO.- CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PUBLICO: La señora Ministra Fiscal General del Estado subrogante, en un corto escrito presentado el 9 de marzo del 2006, alega lo siguiente: "El Art. 128 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, publicada en el R. O. 1002, de 2 de agosto de 1996 establecía que en la sentencia condenatoria dictada en las causas por delitos de tránsito, serán procedentes los recursos: de casación, si el delito estuviere sancionado con reclusión menor de 6 a 9 años; y, el de revisión, los mismos que se tramitarán conforme a las reglas determinadas en el Código de Procedimiento Penal vigente a esa época"; en el considerando SEGUNDO manifiesta: "el Tribunal Constitucional, el 26 de octubre de 1999, declaró con carácter general y obligatorio la inconstitucionalidad de fondo de la parte pertinente del Art. 128 de la referida ley, la misma que limita el recurso de casación a los delitos sancionados con reclusión menor de 6 a 9 años, toda vez que dicha norma contraría los Arts. 23 numeral 3, Art. 24 numeral 10 y 20 de la Constitución Política de la República"; que dicha resolución se sustentó en el Art. 373 del Código de Procedimiento Penal de 1983, el mismo que quedó derogado con la publicación del Código de Procedimiento Penal nuevo, según lo cual, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional surtió efectos jurídicos desde su pronunciamiento hasta la publicación del nuevo Código de Procedimiento Penal. Razonamientos con los que considera la impugnación indebidamente aceptada. QUINTO.- CONSIDERACIONES DE LA SALA: La Sala considera necesario en primer lugar aclarar la falsa interpretación que el Ministerio Público hace a la resolución del Tribunal Constitucional la misma que se encuentra en plena vigencia, ya que como expresa el mismo Ministerio Público, la inconstitucionalidad de fondo es al Art. 128 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, independiente de la vigencia de uno u otro Código de Procedimiento Penal, lo que pretende la resolución es evitar la limitación del recurso de casación a ciertas características, dimensionando la pena de la sentencia, cuando en realidad el recurso está orientado a la violación de ley sustantiva o adjetiva en cualquier tipo de sentencias. Manifestando de esta manera que el recurso de casación en materia de tránsito es procedente no solo de la sentencia condenatoria si el delito estuviere sancionado con reclusión menor de 6 a 9 años, sino en la generalidad acatando la resolución del Tribunal Constitucional, publicada en el R. O. No. 331 S. de 2 de diciembre de 1999. En relación a las normas legales que el impugnante dice haberse violado en la sentencia, relacionadas con las reglas del debido proceso establecidas en el Art. 24 de la Constitución Política de la República, la Sala observa que del estudio de la sentencia, el Tribunal demuestra un sometimiento y respeto a las reglas básicas del debido proceso. Con relación a las funciones del Fiscal de receptar versiones y declaraciones previstas en el Art. 216, no es sino mecanismo de recolección de evidencias que no influencian ni pueden influenciar en la decisión de la causa, toda vez que la resolución tiene que ser motivada. La casación es un recurso extraordinario que procede únicamente cuando en la sentencia se hubiere violado la ley; ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haberse hecho una falsa aplicación de ella o por haberla interpretado erróneamente, en el presente caso, la inconformidad con la sentencia manifestada por el impugnante se refiere a la falta de motivación adecuada, que es facultad legal del Tribunal sentenciador, de acuerdo con las reglas de la sana crítica; la Sala ha manifestado que la motivación de la sentencia para ser correcta, debe referirse al hecho y al derecho, valorando las pruebas y suministrando las condiciones a que arribe el Tribunal sobre su examen, sobre la subsunción del hecho comprobado en un precepto penal, y las consecuencias jurídicas que se deriven de su aplicación. El Juez debe consignar las razones que lo llevan a tener por acreditados, o no, ciertos o falsos los hechos que constituyen los elementos materiales del delito, enunciando las pruebas de que se sirve cada caso y expresando la valoración que haga de, ellas, es decir, la apreciación sobre si lo conducen relativamente al supuesto del hecho investigado o a una conclusión afirmativa o negativa. La falta de motivación en derecho puede consistir en la no descripción del hecho que debe servir de sustento a la calificación, es decir cuando se aplica una norma jurídica diferente a la que corresponde en un proceso de correcta adecuación típica; para ser motivada la resolución en los hechos, debe suministrar las pruebas en que se fundan las conclusiones fácticas, esto es demostrarlas. Para que sea fundada en derecho la sentencia debe explicar los hechos objeto de la adecuación típica; esto es, describirlos. Otra exigencia para que la motivación sea legítima es que debe basarse en prueba válidamente introducida en el debate o audiencia del juicio, ésta es una consecuencia de los principios de: verdad real e inmediación que es su derivado, el cual supone oralidad, publicidad y contradicción. Todo lo cual ha sido debidamente observado en la resolución impugnada, por lo que el recurso de casación no es procedente. SEXTO.- RESOLUCION: Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, la Tercera Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, fundada en lo dispuesto en el Art. 358 del Código de Procedimiento Penal, declara improcedente el recurso de casación planteado por el sentenciado Elgi Aníbal Naranjo Vargas y ordena devolver el proceso al inferior para que ejecute la sentencia. Notifíquese y publíquese.

Fdo.) Dres. Alfonso Zambrano Pasquel, Eduardo Franco Loor y Msc. y José Robayo Campaña, Magistrados.

Certifico.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

Certifico.- Que las tres (3) copias que anteceden son fiel copia de su original.- Quito, 13 de junio del 2006.

f.) Dr. Hermes Sarango Aguirre, Secretario Relator.

No. 195

EL CONCEJO METROPOLITANO DE QUITO

Visto el informe No. IC-2006-549 de septiembre 25 del 2006 de la Comisión de Planificación y Nomenclatura; y,

Considerando:

Que el Concejo Metropolitano de Quito promulgó la Ordenanza Metropolitana No. 0095, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 187 del 10 de octubre del 2003, sustitutiva a la Ordenanza Metropolitana No. 0085 del Nuevo Régimen del Suelo del Distrito Metropolitano de Quito, que tiene como "finalidad procurar la ocupación y uso del suelo de acuerdo a la normativa vigente, ejerciendo control sobre el mismo con competencia exclusiva y privativa y sobre las construcciones o edificaciones, el estado, destino y condiciones de ellas";

Que el Concejo Metropolitano de Quito promulgó la Ordenanza Metropolitana No. 150, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 156 del 30 de noviembre del 2005, de la "Aprobación del Plano del Valor del Suelo, los factores de aumento o reducción del suelo, los parámetros para la valoración de las edificaciones y demás transcripciones, y las tarifas, que regirán para el bienio 2006 - 2007";

Que la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 159 de diciembre 5 del 2005, en su Art. 63 numeral 34, Sección Primera, "De las Atribuciones y Deberes", del Capítulo III "De lo que está atribuido y prohibido al Concejo", dice: "exigir que en toda urbanización, parcelación, lotización, división o cualquier otra forma de fraccionamiento que le corresponda autorizar en las zonas urbanas y de expansión urbana, se destine un porcentaje para zonas verdes y áreas comunales que no excederá del veinte por ciento del área útil de la superficie total del terreno. El Concejo mediante ordenanza, establecerá las superficies dentro de las cuales no se aplica la exigencia de destinar este porcentaje para áreas verdes y comunales";

Que la actualización del valor del suelo a valores comerciales, alteró sustantivamente el espíritu de los artículos II.109 "Areas de Cesión", y II.128 "Casos en los que el establecimiento de Areas Verdes y Equipamiento Comunal no es exigible",

Expide:

La Ordenanza que reforma los artículos II.109 "Areas de Cesión", y II.128 "Casos en los que el Establecimiento de Areas Verdes y Equipamiento Comunal no es Exigible", del Código Municipal, sustituidos su texto original por la Ordenanza Metropolitana No. 095.

Art. 1: Se reemplaza el texto del Art. II.109 por el siguiente:

"Art. II.109.- Casos en los que la contribución de zonas verdes pueden ser compensadas:

a) Cuando el 10% del área útil del predio sea inferior a la asignación mínima del lote que establezca la zonificación del sector, se entregará el valor monetario correspondiente al cinco por ciento (5%) del valor del área útil del lote a subdividirse.

b) Cuando su ubicación sea inconveniente para la ciudad por dificultad de accesibilidad, topografía, ubicación dispersa, falta de continuidad en la trama vial, en cuyo caso el Concejo Metropolitano previo informe favorable de la Comisión de Planificación, podrá autorizar se compense la obligación de la contribución de áreas verdes por dinero equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del área útil del lote a subdividirse.

c) Cuando el inmueble a fraccionarse se encuentre edificado legalmente en una proporción igual o mayor al sesenta por ciento (60%) del COS PB, en cuyo caso se entregará el valor monetario equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del área útil del lote a subdividirse, compensación que tendrá efecto siempre y cuando las edificaciones cuenten con los permisos municipales correspondientes.

El valor del suelo se calculará en función de la Ordenanza Metropolitana vigente que aprueba el plano del valor del suelo que rige para cada bienio en el Distrito Metropolitano de Quito".

Art. 2: Sustitúyase el Art. II.128 por el siguiente:

"Art. II.128.- Casos de subdivisiones en los que la contribución de áreas verdes y equipamiento comunales no es exigible.- No se exigirá la contribución de zonas verdes y/o áreas comunales en los siguientes casos:

a) Cuando los predios a habilitarse sean producto de divisiones anteriores en las cuales se haya contribuido con el diez por ciento para zonas verdes y/o áreas comunales, y cuyo titular de dominio sea el mismo propietario;

b) Cuando las subdivisiones se produzcan por el cruce de una vía pública aprobada por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito;

c) En el caso de donaciones para equipamiento comunitario de uso público, lo cual se hará constar expresamente en el acto administrativo de autorización;

d) En subdivisiones cuya naturaleza sea la sucesión por causa de muerte; y,

e) En particiones judiciales entre personas naturales o jurídicas".

Art. 3: Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial.

Dada, en la sala de sesiones del Concejo Metropolitano, el 11 de octubre del 2006.

f.) Andrés Vallejo Arcos, Primer Vicepresidente del Concejo Metropolitano de Quito.

f.) Dra. María Belén Rocha Díaz, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.

CERTIFICADO DE DISCUSION.

La infrascrita Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito, certifica que la presente ordenanza fue discutida y aprobada en dos debates en sesiones de 13 de septiembre y 11 de octubre del 2006.- Quito, 12 de octubre del 2006.

f.) Dra. María Belén Rocha Díaz, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.

ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO.- Quito, 16 de octubre del 2006.

Ejecútese.

f.) Paco Moncayo Gallegos, Alcalde Metropolitano de Quito.

CERTIFICO, que la presente ordenanza fue sancionada por Paco Moncayo Gallegos, Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, el 16 de octubre del 2006.- Quito, 16 de octubre del 2006.

f.) Dra. María Belén Rocha Díaz, Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.

Es fiel copia del original.- Lo certifico.- f.) Secretaria General del Concejo Metropolitano de Quito.- Quito, a 15 de enero del 2007.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE PIÑAS

Considerando:

Que, la Ley Orgánica de Régimen Municipal señala, con relación al catastro urbano y la aplicación del impuesto predial urbano, un conjunto de disposiciones que deben ser cumplidas para el ejercicio de la Administración Municipal;

Que, el Gobierno Municipal de Piñas no dispone de un sistema catastral urbano técnicamente elaborado, automatizado para los fines tributarios, de control y planificación urbanística;

Que, la frecuencia de transacciones relacionadas con el dominio de la propiedad urbana, las características del crecimiento y desarrollo urbano de la ciudad de Piñas cabecera cantonal y de las cabeceras parroquiales, tornaron necesaria la elaboración del estudio del área catastral urbana de la ciudad y parroquias, la implementación de un sistema catastral urbano, real, técnico, actualizado, moderno y automatizado, que permitiera incorporar al inventario las propiedades inmobiliarias de la ciudad dentro de una real y efectiva delimitación que permita una adecuada gestión urbana y tributaria municipal;

Que, de conformidad con lo determinado por la Ley Orgánica de Régimen Municipal, cada dos años las municipalidades deben efectuar el avalúo general de las propiedades inmobiliarias, estableciendo separadamente el valor comercial de las edificaciones y del suelo, basándose en principios técnicos que rigen la materia;

Que, la Ley Orgánica de Régimen Municipal faculta a la Municipalidad elaborar normas de avalúo para las edificaciones y suelo urbano, así como los planos de valores respectivos, en los que consten los precios de suelo, que regirán para el bienio;

Que, para lograr un efectivo inventario, registro y determinación del avalúo de la propiedad inmobiliaria urbana de Piñas y parroquias, que rija para el nuevo bienio 2007-2008 el Concejo Cantonal procedió a la elaboración de un estudio catastral, estudio que ha concluido; y,

En uso de las atribuciones con las que se encuentra investido conforme a lo prescrito en el Art. 228, inciso II de la Constitución Política de la República; y, los artículos 153, letra c) y 303 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,

Expide:

La Ordenanza del avalúo bienal 2007-2008, de los predios urbanos de la ciudad y cabeceras parroquiales de Piñas y de liquidación del impuesto predial urbano.

Art. 1.- CARACTER DE LA ORDENANZA.- La presente ordenanza tiene el carácter de definitiva, en razón de que se la utilizará para la emisión del impuesto predial urbano correspondiente al bienio 2007-2008.

CAPITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES:

Art. 2.- OBJETO.- El Gobierno Municipal de Piñas mediante la presente ordenanza, dicta las normas jurídicas y técnicas para la actualización y conformación del catastro urbano, que permitirá organizar, administrar y mantener adecuadamente, el registro y avalúo de la propiedad inmobiliaria urbana de Piñas para el nuevo bienio 2007-2008.

Art. 3.- AMBITO.- Las disposiciones de la presente ordenanza se aplicarán a todos los predios urbanos localizados dentro del área de delimitación catastral urbana de conformidad con el plano respectivo establecido por el estudio realizado, el mismo que fue conocido y aprobado por el Concejo Cantonal de Piñas, en la sesión ordinaria del 16 de noviembre del 2006. Anexo No. 1

Art. 4.- DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.- Forman parte de esta ordenanza:

1. El plano de precios de suelo, los factores de ajuste de precio base del plano de precios de suelo; las tablas de precios unitarios por metro cuadrado de participación para cada componente de la construcción, Anexo Nº 1.

2. La documentación técnica que respecto de: cartografía, normas de avalúo del suelo y edificaciones sustentan y complementan el alcance normativo de esta ordenanza, y que fue elaborada en atención a lo prescrito en el Art. 303 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y que reposa en el Departamento de Avalúos y Catastros y que fueron desarrollados por el estudio catastral, volúmenes 1, 2 y 3 con sus respectivos anexos y cartografía, fichas, etc.

Art. 5.- DEPENDENCIAS MUNICIPALES RESPONSABLES.- Corresponde al Departamento de Avalúos y Catastros del Gobierno Municipal de Piñas, mantener y actualizar permanentemente el registro catastral, estableciendo el valor comercial real de las edificaciones y de los terrenos, de conformidad con los principios técnicos que constan en el estudio realizado y aprobado por el Concejo Cantonal; con los precios de suelo y construcción que regirán para el bienio, avalúos en base a los cuales se calculará cada año el impuesto predial urbano bajo las formas de cálculo establecidas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y que están incorporadas tanto en los programas automatizados de valoración de las propiedades, como en los de cálculo del impuesto predial urbano.

La Dirección Financiera hará conocer oportunamente cada año a los propietarios de los predios urbanos, a través de un medio de comunicación pública, las emisiones de los títulos de crédito para el cobro del impuesto a la propiedad urbana y realizará periódicamente campañas de motivación al pago del impuesto predial urbano, así como, para la recuperación de la cartera vencida.

CAPITULO II

DEL CATASTRO Y SUS FUNCIONES

Art. 6.- CATASTRO PREDIAL URBANO.- El catastro predial urbano es el inventario físico de los bines inmuebles, públicos y privados correspondientes al área urbana de la cabecera cantonal o del área urbana de las parroquias rurales del cantón. Tal inventario se constituye en información básica que sistematizada y con un modelo de valoración posibilita determinar el avalúo predial

El catastro predial urbano a efecto de cumplir con lo determinado en la LORM, debe observar los siguientes aspectos:

6.1. ASPECTOS JURIDICOS: El inventario predial debe registrar, en relación al derecho de propiedad o posesión de un bien inmueble, información referida a la escritura pública registrada y la correspondiente al propietario, tenedor o poseedor que permita identificarlo y correlacionarlo con la clave catastral.

6.2. ASPECTOS FISICO-TECNICO: El inventario predial debe registrar, linderos, características geométricas, físicas, dimensiones, niveles de dotación de infraestructura y servicios del terreno como de las edificaciones, construcciones, estado y edad de las edificaciones, que permitan una correcta descripción y valoración predial.

6.3. ASPECTOS ECONOMICOS: Determinación del valor atribuible o avalúo de cada uno de los bienes inmuebles del cantón (suelo más edificación) en base a formulaciones técnicas sencillas o modelos matemáticos de avalúo.

6.4. ASPECTOS TRIBUTARIOS O FISCALES: Determinación del pago al impuesto predial urbano a partir de los avalúos prediales.

LOS COMPONENTES DEL CATASTRO

Art. 7.- La formación del catastro predial urbano, se realizará en atención a:

7. 1. REGISTRO CATASTRAL DE LOS PREDIOS: A cargo de la Oficina de Avalúos y Catastros, consiste en la conformación, mantenimiento y actualización permanentemente de la base de datos que contiene la información registrada en la ficha catastral; servirá para obtener la información catastral referida a todas y cada una de las propiedades urbanas, contendrá los datos legales, físicos y técnicos de las propiedades inmobiliarias constantes en la ficha catastral.

7.2. MAPAS O REGISTRO CARTOGRAFICOS: Manejados por la Oficina de Avalúos y Catastros con la colaboración de la Dirección de Obras Públicas Municipales y el Departamento de Planificación. Los levantamientos catastrales practicados a cada propiedad donde consta la información sobre las edificaciones existentes. Los planos manzaneros (deslinde predial) en los que se representará la división de lotes al interior de la manzana. Los planos temáticos de redes de infraestructura y servicios, que se actualizarán permanentemente, conforme a los incrementos de servicios.

Art. 8.-EL AVALUO COMERCIAL DE LOS PREDIOS.- Se refiere a la determinación del valor comercial de los predios comprende la suma de los avalúos del suelo y las edificaciones, cuyo cálculo se realizará considerando:

8.1. VALORACION DEL SUELO.- Se refiere al cálculo del valor del lote (solo terreno o solar) para lo cual se consultará los precios unitarios por metro cuadrado del suelo establecidos en el plano de precios de suelo, vigentes para el bienio 2007-2008, a partir del cual se calculará el precio para cada uno de los lotes. A este precio base se lo afectará con los índices establecidos para cada uno de los factores endógenos que modifican el precio, aprobados por el Gobierno Municipal y que, en su orden, son los siguientes:

INDICES APLICABLES PARA LA MODIFICACION DEL PRECIO BASE DEL PLANO DE PRECIOS DE SUELO VIGENTES PARA EL QUINQUENIO 2007 - 2008

VALOR DEFINITIVO DE LOS FACTORES DE PRECIO DEL SUELO
8.2. Valoración de la edificación o construcción: Se refiere al cálculo del valor de la edificación o edificaciones existentes en el lote que están en condiciones de ser habitadas; para el cálculo se considerarán cada una de las características de la construcción establecidas en el reverso de la ficha catastral, consultará los precios unitarios por metro cuadrado de participación de cada componente establecidos a través del modelo matemático constante en el estudio catastral, aprobado por el Concejo y vigentes para el bienio 2007-2008. La sumatoria de los precios de participación afectados por el estado y la edad de la edificación y multiplicados por el área del piso reproducirán el avalúo por cada piso edificado; la sumatoria de estos constituirán el avalúo general de la o las edificaciones:

VARIABLES DE LA FICHA CATASTRAL

COMPONENTES DE BASICOS DE LA CONSTRUCCION

Art. 9.- Terminología o definiciones: Para la correcta interpretación y aplicación de esta ordenanza, se entenderán, para cada uno de los siguientes términos, las siguientes definiciones:

ACTOS ANTIJURIDICOS: Actos voluntarios ilícitos que tienen por fin inmediato, establecer entre las personas relaciones al margen de la ley.
AVALUO: Acción y efecto de determinar el valor de un bien, esto es, calcular o determinar mediante un modelo matemático (aplicación de fórmulas o presupuestación) el valor real comercial de un bien inmueble.

AVALUO COMERCIAL MUNICIPAL: Valor que corresponde a un predio (considerado como terreno más edificaciones), calculado por el Gobierno Municipal de Piñas mediante la aplicación de los modelos matemáticos derivados del sistema catastral, en función de la información y características, registradas en la ficha catastral correspondiente al predio objeto de avalúo. El avalúo correspondiente a un predio debe ser calculado en base a los precios de suelo y construcción, determinados por el sistema catastral que rigen para el quinquenio y establecidos aprobados con fines impositivos por el Concejo Cantonal Departamento de Avalúos y Catastro en aplicación del Art. 303 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal.

AVALUO DEL SUELO: Es el resultado de multiplicar el área del lote o solar por el valor comercial real del metro cuadrado del suelo, según el plano de precios de suelo y la aplicación de los factores modificatorios que particularizan el precio según las características particulares o también llamadas endógenas de cada uno de los lotes.

AVALUO DE LA EDIFICACION: Es el resultante de multiplicar el área de cada uno de los pisos de cada una de las edificaciones implantadas en lote, por la sumatoria de los "precios unitarios de participación de los componentes" que intervienen en la construcción, afectados por el estado y año de construcción de cada edificación.

BASE CARTOGRAFICA CATASTRAL: Conjunto de planos que constituyen representaciones gráficas detalladas de la ciudad que muestran calles, parques, quebradas, ríos, etc. pueden estar representados a diversas escalas.

BASE DE DATOS CATASTRAL ALFANUMERICA: Inventario o registro que guarda, en forma literal y numérica, la información sobre las características físicas de cada propiedad (suelo y edificación), la disponibilidad de servicios, etc., que han sido y son recogidas a través de la ficha catastral.

BIEN INMUEBLE O BIEN RAIZ: Bien físico, que no puede ser trasladado de un lugar otro, como el suelo y todo lo que esté incorporado a él.

CARTOGRAFIA: Ciencia y técnica de hacer mapas y cartas geográficas, cuyo proceso se inicia con la planificación del levantamiento de la información de campo, y concluye con la impresión gráfica de dicha información.

CLAVE CATASTRAL: Identificación numérica única, que se asigna a cada predio y que permite ubicarlo con facilidad dentro del plano de la ciudad. Está conformada por números asignados que identifican el predio, manzana, sector y zona en donde se localiza.

CONTRAVENCION: Violación de la ley; infracción a disposiciones municipales; falta que se configura al no cumplirse con lo ordenado.

DEDUCCIONES O REBAJAS: Rebajas previstas por la Ley Orgánica de Régimen Municipal para efecto del cálculo del impuesto predial urbano, algunas de las cuales deben ser solicitadas justificada y documentadamente por el contribuyente ante la Dirección Financiera Municipal.

EDIFICACION O VIVIENDA: Construcción definitiva que cuenta al menos con el espacio mínimo necesario para la realización de una actividad urbana como es la de habitar; cuenta con los servicios básicos en la vía por la que da acceso o instalados ya al interior del lote en la que está implantada (agua, alcantarillado, energía eléctrica).

EVACION TRIBUTARIA: Medio hábil o mecanismo para eludir una obligación tributaria.

EXONERACIONES O EXCENCIONES: Exclusión o dispensa legal, total o parcial, permanente o temporal, que la ley en forma expresa otorga a personas naturales o jurídicas respecto de la obligación de pagar impuestos prediales. Algunas de las cuales deben ser solicitadas justificada y documentadamente por el contribuyente ante la Dirección Financiera Municipal.

FACTORES ENDOGENOS DE CORRECCION: Coeficientes mediante los cuales se corrige el precio base por metro cuadrado del suelo y permiten precisar o hacer más justo el avalúo del suelo en atención a las características particulares de éste; ej. la dotación de los servicios e infraestructura básica, la topografía, la forma del lote, la relación entre el frente y el perímetro.

GRAVAMEN: Carga; impuesto u obligación que recae sobre las personas respecto a un bien.

IMPUESTO PREDIAL URBANO: Obligación tributaria que tiene toda persona natural o jurídica (sujeto pasivo), propietaria de un bien inmueble ubicado en zona urbana delimitada por el Gobierno Cantonal, en favor de la Municipalidad (sujeto activo) para efecto de su fortalecimiento financiero y realización de obras. Su cálculo y aplicación está determinado por la Ley Orgánica de Régimen Municipal (desde el Art. 301 hasta el 330).

LORM: Ley Orgánica de Régimen Municipal.

LOTE: Unidad básica catastral. Porción de terreno en la que puede levantarse una edificación, que cumple con las características mínimas de frente y tamaño, establecidas por el Gobierno Municipal de Piñas para la zona o sector en el que se encuentra implantado. Pertenece a un propietario o puede ser adquirida por una persona natural o jurídica a efecto de en ella realizar una o más actividades urbanas; se ubica dentro de una "manzana" y cuenta con límites definidos; y, tiene un acceso desde y hacia la vía pública. Puede o no contar con infraestructura básica o servicios que hagan posible su uso con actividades urbanas.

PLANOS MANZANEROS: Representación gráfica de la subdivisión del suelo al interior de una manzana y el perfil de las edificaciones en el implantadas, que muestra la forma, tamaño, linderos y demás atributos de cada uno de los lotes.

POSESIONARIO: Personas naturales y/o jurídicas que ocupan un predio.
PREDIO: Unidad básica catastral. Porción de terreno (con o sin edificación) que cumple con las características mínimas de frente y tamaño, establecidas por el Municipio para la zona o sector en el que se encuentra implantado. Pertenece a un propietario o puede ser adquirida por una persona natural o jurídica a efecto de en ella realizar una actividad urbana; es parte de una "manzana" y cuenta con límites definidos y tiene un acceso desde y hacia la vía pública. Puede o no contar con infraestructura básica o servicios que hagan posible su uso con actividades urbanas.

PROPIEDAD: Derecho de poseer usar y disfrutar una cosa. Existen dos tipos de propiedad, la propiedad mueble y la propiedad raíz o inmueble. Predio o lote perteneciente a una persona.

RMBM: Remuneraciones mensuales básicas mínimas unificadas del trabajador.

SOLAR: Lote o predio que se encuentra en zona urbanizada y que cuenta con infraestructura básica en la vía a la que da frente o por la que se accede (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica), que hacen posible su uso con actividades urbanas y en el que es posible construir una edificación con fines de vivienda u otro uso urbano.

SOLARES NO EDIFICADOS: Solar en el que aún no se ha construido una edificación pese a contar con la infraestructura básica.

TASA: Valor, en unidad monetaria que se establece para el pago de un bien o de un servicio, en este caso municipal.

TRANSFEREENCIA DE DOMINIO: Acto jurídico mediante el cual un bien determinado pasa del dominio de una persona a otra, corresponde al momento en el que se realiza la escrituración pública de la compraventa.

TRIBUTO: Prestación en dinero que el Estado, por disposición de la ley, exige con el objeto de cumplir con sus fines.

CAPITULO III

ASPECTOS TRIBUTARIOS

Art. 10.- DE LA APLICACION DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.

OBJETO DEL IMPUESTO: La materia imponible objeto de este impuesto, son todas las propiedades inmuebles ubicadas dentro del área catastral urbana de la ciudad de Piñas, que están incorporadas en el estudio catastral aprobado por el Concejo Cantonal.

Para los fines de la aplicación del impuesto, los predios que resultaren cortados por la línea divisoria de las zonas urbana y rural, se considerarán incluidos, para los efectos tributarios, en la zona donde quedaren las porciones de los lotes que representen más de la mitad de sus respectivos valores comerciales.

Aquellos predios que por sus características no estuvieren registrados dentro del área catastral, serán incorporados al tributo que les correspondiere rural o urbano, dependiendo del Estudio Catastral aprobado.

Art. 11.- SUJETO ACTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO.- El sujeto activo del impuesto predial urbano y sus adicionales, es el Gobierno Municipal de Piñas, en calidad de acreedor de los impuestos que servirán para su financia¬miento, al amparo de lo que establece la Ley Orgánica de Régimen Municipal y la presente ordenanza.

Art. 12.- SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO.- Son sujetos pasivos de los impuestos que graban la propiedad urbana, las personas naturales, jurídicas y socieda¬des de hecho que según la ley están obligadas al pago de estos tributos, sea como contribuyentes o responsables, de acuerdo a las siguientes acepciones:

1. En calidad de contribuyentes. Constituyen sujetos pasivos de estos impuestos, en calidad de contribuyentes, los propietarios de los predios que se encuentran ubicados dentro del área catastral urbana de la ciudad de Piñas.

2. En calidad de responsables. Son sujetos pasivos de este impuesto, en calidad de responsa¬bles, los usufructuarios de las utilidades que brinda la tierra y sus edificaciones, en caso de que se hubiere establecido los derechos de usufructo sobre un predio urbano.

Art. 13.- IMPUESTOS QUE GRABAN LOS PREDIOS URBANOS DEL CANTON PIÑAS.- El impuesto a los predios urbanos es el establecido en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, del Art. 312 al 330 y sus reformas; y son los siguientes:

13.1. Impuesto municipal o principal: El impuesto principal que se aplicará en beneficio de la Corporación Municipal, constituye un impuesto que se lo aplicará por concepto del tributo predial y se lo liquidará conforme consta en el Art. 312 de la LORM.

13.2. Impuestos adicionales propios: Para efectos de la presente ordenanza, se considerarán como impuestos adicionales propios de la Corporación Edilicia, los que constan a continuación:

13.3. Tasas e impuestos adicionales ajenos: Son aquellas tasas establecidas por la LORM., por la presta¬ción de servicios y que se aplican conjuntamente con impuesto predial y que benefician a otras entidades; por lo indicado, el Gobierno Municipal de Piñas, solamente se constituye en agente de retención de los ingresos tributados. La única tasa adicional ajena que se aplicará en el cantón Piñas es la que sigue:

13.3.1 Tasa para el Cuerpo de Bomberos del Cantón Piñas: Correspondiente al 0,15 por mil para el servicio contra incendios prestado por el Cuerpo de Bomberos del Cantón Piñas, establecido en la reformas de la Ley de Defensa Contra Incendios, Ley 2004-44, publicada en el Registro Oficial No. 429 del 27 de septiembre del 2004.

Art. 14.- LOS AVALUOS.- Para establecer la valoración de los predios urbanos de la ciudad de Piñas en base al cual se realizará la liquidación del impuesto predial urbano para el año del 2007 se observará el sistema de valoración aprobado por el Concejo Cantonal en sesión ordinaria del 16 de noviembre del 2006 y, de acuerdo con el siguiente detalle conforme lo establece la LORM.

Art. 15.- EMISION DEL IMPUESTO PREDIAL.- Sobre la base de la valoración de las propiedades del catastro urbano de que trata el capítulo dos de esta ordenanza, la Dirección Financiera, procederá a la emisión del registro de contribuyentes; a la liquidación del impuesto predial urbano y a la emisión de los correspondientes títulos de crédito, los mismos que serán refrendados por el Director Financiero; y, una vez registrados y contabilizados, pasarán a la Tesorería Municipal para su efectivización.

El diseño y contenido de los títulos de crédito se sujetará a los requisitos establecidos en el Art. 150 del Código Tributa¬rio y se determinará en forma precisa el impuesto principal, los adicionales de beneficio municipal y en favor de otras entidades del sector público.

Los elementos deben aparecer debidamente identificados y configurados, son los siguientes: materia imponible (predio urbano valorado), identificación y ubicación del sujeto pasivo (contribuyente); cuantía de todas y cada una de las rebajas y deducciones; valor de la base imponible; y, cuantía del impuesto principal y de los adicionales a que hubiere lugar; se registrará, asimismo, los predios exentos de los impuestos. La emisión estará constituida por los títulos de crédito individuales para cada predio identificado, y por el registro general de contribuyentes del impuesto predial.

Art. 16.-REBAJAS:

1. No estarán sujetos al recargo por solares no edificados, cuyo valor de la propiedad sea inferior al equivalente a veinte y cinco remuneraciones mensuales básicas mínimas unificadas del trabajador en general

2. Para los propietarios cuyos predios urbanos sopor¬ten deudas hipotecarias por préstamos a instituciones financieras públicas y privadas que graben al predio con motivo de su adquisición, construcción o mejora, tendrán derecho a solicitar que se les otorgue las deduc¬ciones y rebajas correspon¬dientes.

Art. 17.-EXENCIONES GENERALES.- Están exentas del pago de los impuestos a que se refiere la presente ordenanza, las siguientes propiedades:

a) Los predios que no tengan un valor comercial equivalente de veinticinco remuneraciones mensuales básicas mínimas unificadas del trabajador en gene¬ral;

b) Los predios de propiedad del Fisco y demás entida¬des del sector público;

c) Los templos de todo culto religioso, los conventos y las casas parroquiales;

d) Los predios que pertenezcan a las instituciones de beneficencia o asistencia social o de educación, de carácter particular, siempre que sean de personas jurídicas y los edificios y sus rentas estén desti¬nadas exclusivamente a estas funciones. Si no hubiere destino total, la exención será proporcional a la parte afectada a dicha finalidad; y,

e) Las propiedades que pertenecen a naciones extra¬jeras u organismos internacionales de función pública, siempre que estén destinadas a dichas funciones.

Art. 18.-MOMENTO DEL PAGO.- Los impuestos deberán pagarse al Gobierno Municipal de Piñas, sin la necesidad de que la Tesorería notifique sobre esta obligación.

Los pagos podrán efectuarse desde la emisión de los títulos de crédito. El vencimiento de la obligación tributaria será el 31 de diciembre de este año, cuya recaudación se efectuará mediante la vía coactiva.

Art. 19.-DESCUENTOS Y RECARGOS.

19.1. Descuentos y recargos: Los pagos que se efectúen a partir de la primera quincena de los meses de enero a junio, inclusive, tendrán los siguientes descuentos: diez, ocho, seis, cuatro, tres y dos por ciento, respectivamente.

Si el pago se efectúa en la segunda quincena de esos mismos meses, el descuento será de: nueve, siete, cinco, tres, dos y uno por ciento, respectivamente.

Los pagos que se hagan a partir del 1º de julio, tendrán un recargo del 10% anual. Vencido el año fiscal, el impuesto en mora se cobrará por la vía coactiva. Si los títulos de crédito se expidieren después del mes de julio, los intereses de mora y las multas, en su caso, correrán únicamente desde la fecha de su expedición.

Art. 20.-INTERESES POR MORA TRIBUTARIA.- A partir de su vencimiento, el impuesto principal y sus adicionales ya sean de beneficio municipal o de otras entida¬des u organismos públicos, devengarán el interés anual desde el uno de enero del año al que corresponden los impuestos hasta la fecha de su extinción, aplicando la tasa de interés más alta vigente, expedida para el efecto por el Banco Central del Ecuador. El interés se calculará por cada mes o fracción de mes, sin lugar a liquidaciones diarias. Tales intereses corresponderán a los respectivos beneficiarios de los tribu¬tos.

Art. 21.-LIQUIDACION DE LOS TITULOS.- Al efectuarse la liquidación de los títulos de crédito, se establecerá con absoluta claridad el monto de los intere¬ses, recargos o descuentos a que hubiere lugar y el valor efectiva¬mente cobrado, lo que deberá reflejarse en el corres¬pondiente parte de recaudación.

Art. 22.-IMPUTACION DE PAGOS PARCIALES.- Los pagos parciales, se imputarán en el siguiente orden: primero a intereses, luego al tributo; y, por último a multas y costos incluyendo los honorarios. Cuando el contribuyente o responsable debe varios títulos de crédito, el pago se imputará primero al título de crédito más antiguo que no haya prescrito.

Art. 23.- RECLAMOS Y RECURSOS.- Los contribuyentes, responsables, o terceros de los impuestos a los predios urbanos, tienen derecho a presentar reclamos e interponer recursos, según el caso, al tenor de las disposi¬ciones pertinentes del Código Tributario, de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y de la presente ordenanza, en el Departa¬mento Financiero del Gobierno Municipal de Piñas. El funcionario que los recibiere está obligado a dar el trámite que corresponda de conformidad con la ley.

Art. 24.- CERTIFICACION DE AVALUOS.- La Oficina de Avalúos y Catastros del Gobierno Municipal de Piñas conferirá los certificados sobre avalúos de la propiedad urbana que le fueren solicitados por los contribuyentes o responsables del impuesto a los predios urbanos previa solicitud, la presentación del comprobante de pago de la tasa establecida en la Ordenanza de tasas por servicios técnicos y administrativos y de la certificación de que el propietario no se encuentra adeudando al Gobierno Municipal de Piñas por concepto alguno.

Los costos de emisión de los títulos de crédito para el cobro del impuesto predial urbano, será fijados anualmente por la Dirección Financiera del Gobierno Municipal de Piñas y aprobados por el Alcalde, su valor constará en todos los títulos que se emitan y se cobrará por cada uno de ellos, sin excepción alguna.

Art. 25.- COSTOS ADMINISTRATIVOS: La Oficina de Tesorería del Gobierno Municipal de Piñas, incluirá en la liquidación y la emisión del correspondiente título de crédito por concepto del IPU, la cantidad de 2 dólares, por concepto de gastos administrativos.

CAPITULO IV

DE LAS OBLIGACIONES

Art. 26.- DE LOS PROPIETARIOS: Toda persona, natural o jurídica que de cualquier forma legal adquiere el dominio de bienes inmuebles en el cantón, está obligada a registrarlos en el Departamento de Avalúos y Catastros, adjuntando el instrumento público de dominio, debidamente inscrito en el Registro de la Propiedad, para que conste en el cambio efectuado en el inventario catastral.

Esta obligación deberá cumplirse dentro de los 30 días posteriores a la inscripción del instrumento público de dominio en el Registro de la Propiedad.

En el caso de que un predio haya sido sometido a subdivisión, éstos deberán registrarse, previa inscripción en el Registro de la Propiedad en el Departamento de Avalúos y Catastros.

Se presumirá de pleno derecho en cuanto las notificaciones afecten el valor de los impuestos municipales, que ha existido evasión tributaria para; los efectos de las sanciones correspondientes.

Art. 27.- DE LOS NOTARIOS Y DEL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.- Los notarios de cualquier cantón de la República remitirán, obligatoriamente al Departamento de Avalúos y Catastros, dentro de los diez primeros días de cada mes, en formularios que elaborarán para el efecto, detalle de las escrituras públicas, protocolizaciones y de las inscripciones, que realicen sobre el dominio de bienes inmuebles sujetos al régimen urbano y del cantón Piñas confeccionados en el mes anterior al que se informa; el detalle deberá contener:

- Nombre de los contratantes.

- Objeto del contrato.

- Nombre, ordinal del Notario cantón al que pertenece y nombre del funcionario que autoriza el contrato de ser el caso.

- Descripción del bien inmueble materia del contrato.

- Gravámenes que sobre el bien inmueble urbano se constituyan, nombre del acreedor y deudor, de haberlo.

- Fecha de inscripción del contrato en el Registro de la Propiedad del cantón Piñas.

CAPITULO V

DE LAS SANCIONES

Art. 28.- AL SUJETO PASIVO.- La falta de cumplimiento de las obligaciones determinadas en el artículo 15 de esta ordenanza dará lugar para que a solicitud del Jefe del Departamento de Avalúos y Catastros, a los infractores, se impongan multas equivalentes al 25% hasta el 125% de la remuneración mensual básica mínima unificada del trabajador en general.

Art. 29.- A LOS NOTARIOS Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD.- Los registradores de la Propiedad que hubieren efectuado inscripciones en sus registros, sin haber exigido la presentación de comprobantes de pago de los impuestos, serán sancionados conforme a lo dispuesto en el artículo No. 342 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal y esta ordenanza, con multa equivalente al 5% hasta el 125% de la remuneración mensual básica mínima unificada del trabajador en general, sin perjuicio del cobro del impuesto y en caso de reincidencia, a más de la sanción pecuniaria, se remitirá denuncia a la H. Corte Superior de Justicia del distrito, para que sancione la negligencia del infractor.

Art. 30.- A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.- Los funcionarios y empleados que por negligencia u otra causa cometieren actos contra la moral, ética u otra circunstancia que tienda a lesionar los intereses del Gobierno Municipal de Piñas serán sancionados con una multa equivalente al 12.5% y hasta el 250% de la remuneración mensual básica mínima unificada del trabajador en general; y, destituidos de sus cargos cuando de comprobare o hubiere presunciones de dolo, sin perjuicio de las demás sanciones legales a que diere lugar a su conducta.

Art. 31.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de su sanción y publicación en el Registro Oficial y se aplicará para el avalúo e impuesto de los predios urbanos en el bienio 2007-2008.

CAPITULO VI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

DEROGATORIA: Por medio de la presente, quedan derogados los avalúos prediales y la forma de su determinación que no estén sujetas al nuevo sistema catastral, aquellas propiedades que estuvieren en zonas de transición rural-urbano o que por sus características de rurales no estén incluidas en el inventario catastral actual, la Oficina de Avalúos y Catastros realizará los trámites pertinentes para su incorporación a lo urbano o rural según corresponda. Mientras tanto continuarán tributando conforme lo venían haciendo.

Dada y firmada en el salón de sesiones del Gobierno Municipal de Piñas, a los cuatro días de enero del dos mil siete.

f.) Jaime Granda Romero, Alcalde del cantón Piñas.

f.) Lcda. Lorena Morales Loayza, Secretaria Municipal.

Certifico.- Que la Ordenanza del avalúo bienal 2007-2008, de los predios urbanos de la ciudad y cabeceras parroquiales de Piñas y de liquidación del impuesto predial urbano, fue discutida y aprobada por el Concejo Cantonal en dos sesiones: Ordinaria y extraordinaria cumplidas el 2 y 4 de enero del 2007, respectivamente.

Piñas, enero 4 del 2007.

f.) Lcda. Lorena Morales Loayza, Secretaria Municipal.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 125 de la Codificación de Ley de Régimen Municipal, remítase la presente ordenanza, en tres ejemplares al señor Alcalde del Gobierno Municipal del cantón Piñas, para su sanción y promulgación.

Piñas, enero 4 del 2007.

f.) José Emilio Aguilar Zambrano, Vicepresidente del Concejo.

f.) Lcda. Lorena Morales Loayza, Secretaria Municipal.

VISTOS: Por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123, 124, 125 y 129 de la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, SANCIONO favorablemente la presente Ordenanza del avalúo bienal 2007-2008, de los predios urbanos de la ciudad y cabeceras parroquiales de Piñas y de liquidación del impuesto predial urbano, ordeno su promulgación a través del Registro Oficial.

Piñas, enero 5 del 2007.

f.) Jaime Granda Romero, Alcalde del cantón Piñas.

Sancionó y ordenó su promulgación en el Registro Oficial, el Sr. Jaime Granda Romero, Alcalde del Gobierno Municipal de Piñas, la Ordenanza del avalúo bienal 2007-2008, de los predios urbanos de la ciudad y cabeceras parroquiales de Piñas y de liquidación del impuesto predial urbano.

Piñas, enero 8 del 2007.

f.) Lcda. Lorena Morales Loayza, Secretaria Municipal.

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