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Registro Oficial No. 10 - Lunes 24 de Agosto de 2009

lunes 24 de agosto del 2009 | 16:33
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


REGISTRO OFICIAL

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Lunes, 24 de Agosto de 2009 - R. O. No. 10

  FUNCION EJECUTIVA DECRETOS:

8............. Créase el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información como órgano rector del desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación

10........... Fusiónase la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES y el Ministerio de Trabajo y Empleo y créase el Ministerio de Relaciones Laborales

ACUERDOS:

SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA:

822......... Autorízase   la  licencia   al ingeniero  Camilo  Samán, Presidente  de  la  Corporación  Financiera  Nacional

823......... Autorízase dos días de vacaciones, al ingeniero Germánico Pinto T.,  Ministro  de  Minas  y  Petróleos

824......... Legalízase la licencia al señor Ramiro Noriega Fernández, Ministro de Cultura

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS:

MICSE-09-004 Expídese el Reglamento de anticipo de remuneraciones para el personal de esta Cartera de Estado

MINISTERIO DEL DEPORTE:

388......... Refórmase el Acuerdo Ministerial Nº 172 del 20 de abril del 2009

389......... Declárase a la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, sede de los Primeros Juegos Nacionales Deportivos Prejuveniles, que se llevarán a cabo del 9 al 16 de octubre del 2009

MINISTERIO DE EDUCACION:

0235-09.. Dispónese al Director Provincial de Educación Hispana de Pichincha, para que a través de la Supervisión Educativa, procedan a conformar y/o integrar el Jurado Calificador en los establecimientos educativos fiscales

0236-09.. Deléganse facultades a los señores/as Subsecretaria General de Educación y subsecretarios regionales de Educación del Litoral, Austro y Amazonía

0241-09.. Desígnase a la ingeniera Verónica Falconí Jaramillo, Subsecretaria Administrativa y Financiera, delegada ante el Directorio del Fondo de Solidaridad

MINISTERIO DE FINANZAS:

240-A MF-2009 Encárgase las atribuciones y debe res del cargo de Ministra, a la economista Isela V. Sánchez Viñán, Subsecretaria General de Finanzas del 29 al 31 de julio del año en curso

240-B MF-2009 Encárgase las atribuciones y deberes del cargo de Ministra, a la economista Isela V. Sánchez Viñán, Subsecretaria General de Finanzas del 1 al 7 de agosto del año en curso

256 MF-2009 Desígnase al economista Juan Carlos García Folleco, Subsecretario de Consistencia Macrofiscal (E), delegado principal; y, doctor Juan Carlos Herrera, delegado suplente, para que asistan a la sesión de la Junta de Fideicomiso OCAÑA Nº 6

258 MF-2009 Delégase a la doctora María del Carmen Jibaja, Subsecretaria de Tesorería de la Nación, para que represente a la señora Ministra (E) en la sesión del Directorio del Banco Central del Ecuador

260 MF-2009 Delégase a la economista Madeleine Abarca Runruil, Subsecretaria de Crédito Público (E), para que represente a la señora Ministra (E) en la sesión ordinaria del Directorio del Banco del Estado

MINISTERIO DE GOBIERNO:

360......... Apruébase la reforma y codificación del Estatuto del Patriarcado Gnóstico Cristiano Universal del Linaje de los Venerables Maestros Saw y Gargha Kuichines en la República del Ecuador, con domicilio en el cantón Machala, provincia de El Oro

394......... Apruébase el estatuto y otórgase personalidad jurídica a la organización religiosa denominada Iglesia Cristiana Bethesda del Valle, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO:

023 CG.. Refórmase el Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo RESOLUCIONES:

AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO-AGROCALIDAD:

075......... Establécense los requisitos fitosanitarios para la importación de semillas de teca (tectona grandis) para siembra, procedentes de Indonesia

076......... Establécense los requisitos fitosanitarios para la importación de esquejes  o  varetas  de  rosa  (Rosa app.) para  transplante,  procedentes  de  Estados  Unidos

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA:

00832..... Autorízase a la Empresa Agrícola Oficial S. A., AGROFICIAL, para acogerse al régimen de devolución condicionada de tributos

00833..... Autorízase a la Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A. ERCO, para acogerse al régimen de devolución condicionada de tributos

00834..... Autorízase a la Empresa Hilsea Investments Ltda., para acogerse al régimen de devolución condicionada de tributos

ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO - OAE:

OAE-D 09-004 Adóptase las recomendaciones del informe técnico No. DG D 09-028 de la Dirección General del OAE y autorízase la incorporación al registro de laboratorios acreditados las resoluciones sobre el otorgamiento, mantenimiento, extensión, reducción o suspensión de la acreditación, quedando así actualizado a la fecha el mencionado registro

CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERIODO DE TRANSICION

RESOLUCIONES:

0788-2006-RA Revócase la resolución adoptada por el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha yconcédese el amparo solicitado por el señor Gustavo Hernán Palacios Alvaro

1505-07-RA Revócase lo resuelto por el señor Juez Tercero de lo Civil de Pichincha y niégase el recurso de amparo planteado  por  la  abogada  Anita  Cecilia  Albán  Mora

1512-07-RA Confírmase la resolución subida en grado y niégase la acción de amparo planteada por el señor Subprefecto de Tránsito, Ulbio Alejandro Cortez Rivera

0003-09-AI Confírmase la resolución del Juez de instancia y concédese el acceso a la información solicitado por el doctor Joffre Campaña Mora, en su condición de Procurador Judicial de SERTELEC S. A., MILLATEL S. A., SATEL SOCIEDAD ANONIMA DE TELECOMUNICA-CIONES S. A. y TELEMAXCORP S. A.

FUNCION JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL:

Recursos de casación en los juicios seguidos por las siguientes personas e instituciones:

413-2007 Ingeniero Milton Valdivieso Samaniego y otra en contra de Luis Javier Pardo y otra

414-2007 Yuri Veintimilla Romero en contra de la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR

416-2007 Walter Fernando Jácome Jarrín en contra de la Universidad Técnica de Babahoyo

417-2007                Isaías Eduardo Quiroga Becerra y otra en contra de César Alulima Uchuari y otra

Nº 8

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA Considerando:

Que el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las telecomunicaciones constituyen un sector estratégico, de decisión y control exclusivo del Estado, el cual se reserva el derecho de administración, regulación, control y gestión;

Que el artículo 314 de la Carta Política dispone que las telecomunicaciones son un servicio público cuya provisión es responsabilidad del Estado, el cual debe garantizar que la prestación de tales servicios responda a principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, con precios y tarifas equitativas;

Que es necesario foralecer el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación que incluye el sector de las telecomunicaciones, con el fin de alcanzar el desarrollo social y económico del Ecuador y, la inclusión de sus ciudadanos en la Sociedad de la Información y del Conocimiento y, adicionalmente, que este proceso sea dirigido por un órgano de la Función Ejecutiva con capacidad para emitir políticas generales y establecer planes y proyectos para el avance efectivo hacia la Sociedad de la Información y del Conocimiento;

Que en la actualidad el sector de las telecomunicaciones se encuentra administrado, regulado y controlado por varios entes y órganos estatales que ejercen competencias de forma dispersa lo que crea un ambiente de superposición de funciones, que ha impedido su desarrollo armónico y una gestión y control eficiente de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico;

Que es necesario crear un órgano público, dependiente de la Función Ejecutiva, que administre en forma integral las tecnologías de la información y la comunicación, las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, a través de la planificación y el diseño de políticas públicas acordes con la realidad actual, a fin de garantizar de esta manera el desarrollo armónico de este sector estratégico y lograr la inclusión de los ecuatorianos a la Sociedad de la Información y sus beneficios;

Que el artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada señala que el Presidente de la República tendrá la facultad de emitir disposiciones normativas de tipo administrativo dentro del ámbito del Gobierno Central para fusionar aquellas entidades públicas que dupliquen funciones y actividades, o que puedan desempeñarse más eficientemente fusionadas, y, para reorganizar y suprimir entidades públicas cuya naturaleza haya dejado de ser prioritaria e indispensable para el desarrollo nacional; o, que no presten una atención eficiente y oportuna a las demandas de la sociedad, exceptuando de esta disposición a las entidades cuya autonomía está garantizada por la Constitución de la República;

Que de conformidad con el artículo 2 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, a saber, el Gobierno Central, tiene dos tipos de administraciones públicas que lo integran: la central e institucional;

Que las competencias y atribuciones del CONATEL, SENATEL y CONARTEL para el control, regulación y gestión de las telecomunicaciones y del espectro radioeléctrico están en su mayoría duplicadas, haciendo que la administración estatal de estos sectores estratégicos haya sido deficiente y que la dispersión institucional en el sector de las telecomunicaciones haya mermado la capacidad de regulación y control estatal;

Que mediante oficio Nº SENPLADES-SRDEGP-2009-16 de 28 de enero del 2009, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo emitió el informe correspondiente respecto de la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y sobre la fusión del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) con el Consejo Nacional de Telecomunicaciones;

Que mediante oficio Nº MF-SGJ-2009-0616 de 2 de febrero del 2009, el Ministerio de Finanzas, emitió el informe correspondiente sobre la creación del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información;

Que la Comisión de Legislación y Fiscalización, ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Empresas Públicas y se halla en espera de la decisión del Presidente de la República, de conformidad con la Constitución de la República; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los numerales 5 y 6 del artículo 147 y 151 de la Constitución de la República,

Decreta:

Artículo 1.-Créase el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, como el órgano rector del desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación, que incluyen las telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico, que tendrá como finalidad emitir políticas, planes generales y realizar el seguimiento y evaluación de su implementación, coordinar acciones de apoyo y asesoría para garantizar el acceso igualitario a los servicios y promover su uso efectivo, eficiente y eficaz, que asegure el avance hacia la Sociedad de la Información para el buen vivir de toda la población ecuatoriana.

Artículo 2.-Corresponderá al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información:

1.     Ejercer la representación del Estado en materia de Sociedad de la Información y Tecnologías de la Información y Comunicación.

2.     Formular, dirigir, coordinar y evaluar las políticas, planes y proyectos para la promoción de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y las Tecnologías de la Información y Comunicación.

3.     Promover, en coordinación con instituciones públicas o privadas, la investigación científica y tecnológica en materia de Tecnologías de la Información y Comunicación, para el desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.

4.     Dictar las políticas relativas al funcionamiento del Fondo para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (FODETEL) y realizar las actuaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de sus fines de conformidad con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico vigente.

5.     Coadyuvar en la promoción del uso de Internet y de las Tecnologías de la Información y Comunicación en los organismos gubernamentales.

6.     Formular las políticas y planes para la creación, regulación y supervisión de la Central de Datos del Ecuador, intercambio de información por medios electrónicos, seguridad en materia de información e informática, así como la evaluación de su ejecución; sin perjuicio de las competencias asignadas en el ámbito de la rectoría del Sistema Nacional de Información a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

7.     Establecer los parámetros e indicadores para el seguimiento, supervisión y evaluación de la gestión de las empresas de propiedad del Estado, relacionadas con las telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y Comunicación.

Artículo 3.-Para el cumplimiento de sus funciones, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información podrá expedir todas las normas, acuerdos y resoluciones que requiera la gestión ministerial; y, ejercer las demás atribuciones que establezcan las leyes y otras normas jurídicas.

Así mismo, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, podrá crear las unidades administrativas necesarias para el cumplimiento de sus  especiales finalidades para lo cual, aprobará el Estatuto Orgánico de la Institución, previo dictamen de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES y del Ministerio de Finanzas, el que realizará todas las modificaciones presupuestarias que permitan la aplicación de este decreto ejecutivo en el plazo máximo de treinta días.

Artículo 4.-El Ministerio de Finanzas situará los recursos financieros para el funcionamiento del Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Artículo 5.- Añádase en el artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, luego del apartado aa) uno que diga: ab) "Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información".

Artículo 6.-En el artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 849, promulgado en el Registro Oficial No. 254 de 17 de enero del 2008, de creación del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, inclúyase a continuación de "… Ministerio de Electricidad", lo siguiente: "Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información".

Artículo 7.- En los artículos 22 y 23 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, Reformada, sustitúyase la palabra "CONATEL" por "Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información".

Artículo 8.- Sustitúyase el artículo 26 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, reformada, por el siguiente:

"Artículo 26.- Para la planificación, ejecución u operación de los proyectos a ser financiados con los recursos del FODETEL, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información podrá contratar, mediante procedimientos públicos competitivos, basados en el menor subsidio explícito u otros parámetros de selección en áreas específicas con cualquier persona natural o jurídica debidamente calificada”.

Artículo 9.- Deróguense los artículos 93, 94 y 97 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, reformada.

Artículo 10.- Refórmese el artículo 100 del Reglamento General a la Ley Especial de Telecomunicaciones, reformada, en los siguientes términos:

"Artículo 100.- Los miembros del Consejo Nacional de Telecomunicaciones podrán asistir a las sesiones del Consejo o hacerse representar por delegados designados de forma permanente a tales efectos.".

Artículo 11.- Para los efectos de lo dispuesto en el apartado a) del artículo innumerado segundo a continuación del artículo 33 de la Ley Especial de Telecomunicaciones, reformada, el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información actuará como delegado del Presidente de la República.

Artículo 12.- El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, coordinará con el Fondo de Solidaridad, CONATEL, CONARTEL y SENATEL todas las acciones necesarias para proveer de mobiliario, activos, bienes, servicios y personal al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, para lo cual ejecutará las acciones administrativas que sean necesarias para este efecto.

En cumplimiento de lo dispuesto por el inciso tercero de la Disposición Transitoria Trigésima de la Constitución Política, al momento de la liquidación del Fondo de Solidaridad, los recursos tecnológicos, materiales y demás activos del Fondo de Solidaridad serán transferidos al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

Los servidores del Fondo de Solidaridad pasarán a prestar sus servicios en el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, previa selección del Ministro o su delegado, de acuerdo a los requerimientos de esta institución, en el caso de que no sea necesaria su incorporación serán separados de conformidad con las normas jurídicas aplicables.

Artículo 13.- Fusiónese el Consejo Nacional de Radio y Televisión -CONARTEL- al Consejo Nacional de Telecomunicaciones-CONATEL.

Artículo 14.- Las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos y atribuidas al CONARTEL serán desarrolladas, cumplidas y ejercidas por el CONATEL, en los mismos términos constantes en la Ley de Radiodifusión y Televisión y demás normas secundarias.

Exclusivamente las funciones administrativas que ejercía el Presidente del CONARTEL, las realizará el Secretario Nacional de Telecomunicaciones, en los mismos términos constantes en la Ley de Radio y Televisión y demás normas secundarias.

Artículo 15.- Hasta tanto se dicte la Ley de Comunicación y se desarrolle el Sistema de Comunicación previsto en la Constitución, corresponderá al Consejo Nacional de Telecomunicaciones ejercer el control de la programación cursada a través de servicios de radiodifusión y televisión, de conformidad con lo establecido en el artículo quinto innumerado siguiente al artículo 5 y artículo 44 de la Ley de Radiodifusión y Televisión.

Artículo 16.- A los fines del control de la programación, el Consejo Nacional de Telecomunicaciones aplicará las disposiciones contenidas en la Ley de Radiodifusión y Televisión y su reglamento general en materia de programación y contenido.

Artículo 17.- Los servidores que prestaban sus servicios, con nombramiento o contrato en el CONARTEL podrán pasar a formar parte del CONATEL y SENATEL, previa evaluación y selección del Secretario Nacional de Telecomunicaciones o su delegado, de acuerdo a los requerimientos de esas instituciones.

En el caso de existir cargos innecesarios el Secretario Nacional de Telecomunicaciones podrá aplicar un proceso de supresión de puestos para lo cual observará las normas contenidas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, su reglamento y las normas técnicas pertinentes expedidas por la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público -SENRES-.

Artículo 18.-El presupuesto, los bienes muebles e inmuebles, equipamiento, mobiliario, y demás activos de propiedad del CONARTEL pasan a formar parte del patrimonio institucional de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones -SENATEL-.

Artículo 19.- Los derechos y obligaciones, constantes en convenios, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales, vinculados con el CONARTEL, serán asumidos por la SENATEL.

Artículo 20.- La Ministra de Finanzas, expedirá las demás regulaciones presupuestarias necesarias, dispondrá las acciones y emitirá las resoluciones que considere pertinentes para la aplicación del presente decreto ejecutivo, y asignará los recursos que sean necesarios para cubrir las eventuales indemnizaciones que correspondan por la supresión de puestos.

Artículo 21.- Adscripción del Registro Civil.- Adscríbase la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación al Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, el que supervisará la inmediata reforma y modernización de esa entidad.

La Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación será una entidad descentralizada y desconcentrada administrativa y financieramente, su representante legal será el Director General.

El Director General de Registro Civil, Identificación y Cedulación, será nombrado por el Ministro de Telecomunicaciones y podrá dictar la normativa interna de carácter general.

Deróguese el Decreto Ejecutivo No. 2283 de 24 de noviembre del 2004, publicado en el Registro Oficial No. 476 de 7 de diciembre del 2004.

Artículo 22.- Reformas del Reglamento de Servicios Postales.- Refórmese el Reglamento de Servicios Postales, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1207 de 17 de julio del 2008, publicado en el Registro Oficial No. 291 de 29 de julio del 2008, de la siguiente manera:

1.     En el artículo 9: reemplácese la expresión "Ministerio de Transporte y Obras Públicas" por la de: "Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información".

2.     Sustitúyese el artículo 10 por el siguiente:

"La Agencia Nacional Postal contará con un Director Ejecutivo quien será un servidor público de libre nombramiento y remoción designado por el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, sus facultades y atribuciones serán determinadas por el indicado Ministro.

Los servidores y trabajadores de la Agencia al momento de su designación, no podrán mantener relaciones de dirección o gerencia, ser socio, accionista o empleado de las personas naturales o jurídicas sujetas a su regulación y control.".

3.     En el primer inciso del artículo 12 reemplácese la expresión “a la Vicepresidencia de la República” por la de: “al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información”.

4.     Sustitúyese el artículo 14 por el siguiente:

"El Presidente Ejecutivo de Correos del Ecuador será un funcionario de libre nombramiento y remoción designado por el Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

En casos de ausencia del Presidente Ejecutivo le reemplazará el servidor público que le siga en jerarquía.".

Artículo 23.- Deróguense los decretos ejecutivos relacionados con la creación de la Comisión Nacional de Conectividad y sus reformas: No. 1781, publicado en el Registro Oficial No. 400 de 28 de agosto del 2001; y, Nos. 3392 y 3393, publicados en el Registro Oficial No. 719 de 5 de diciembre del 2002; y, todas las disposiciones reglamentarias que se opongan al presente decreto ejecutivo.

DISPOSICION GENERAL UNICA.- Todas aquellas competencias o funciones relacionadas con telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación que en la actualidad estén asignadas a otras dependencias del Ejecutivo y que a través de este decreto son atribuidas al Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, serán asumidas por dicho Ministerio, para lo cual se coordinarán las acciones correspondientes.

DISPOSICION FINAL.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 13 de agosto del 2009.

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico. Quito, 13 de agosto del 2009.

f.) Abg. Oscar Pico Solórzano, Subsecretario General de la Administración Pública.

Nº 10

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPUBLICA Considerando:

Que la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público crea la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES, como la entidad encargada de regular y controlar los recursos humanos y remuneraciones del sector público;

Que de conformidad con la Codificación del Código del Trabajo, el Ministerio de Trabajo y Empleo es la entidad encargada de regular las relaciones entre empleadores y trabajadores en las diversas modalidades y condiciones de trabajo;

Que dentro de las políticas laborales del Gobierno se ha considerado oportuno fusionar las antedichas instituciones para un funcionamiento más eficiente;

Que el artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado establece la facultad del Presidente de la República para fusionar aquellas entidades públicas que dupliquen funciones y actividades, o que puedan desempeñarse más eficientemente fusionadas, y para reorganizar y suprimir entidades públicas cuya naturaleza haya dejado de ser prioritaria y oportuna a las demandas de la sociedad; y,

En uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 17 de la Ley de Modernización del Estado y 147 número 5 de la Constitución de la República,

Decreta:

Art. 1.- Fusiónase la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, SENRES, y el Ministerio de Trabajo y Empleo, y créase el Ministerio de Relaciones Laborales.

El Ministerio de Relaciones Laborales, en el nivel operativo dispondrá de dos viceministerios técnicos. La actual SENRES pasará a ser el Viceministerio del Servicio Público, con las competencias establecidas en la LOSCCA; y, el Ministerio de Trabajo y Empleo será el Viceministerio de Trabajo, con las competencias determinadas en el Código del Trabajo. Cada Viceministerio tendrá como responsable a un Viceministro, los cuales serán designados y dependerán del Ministro de Relaciones Laborales.

Art. 2.- El Ministerio de Relaciones Laborales asume todas las competencias establecidas para la SENRES que constan en la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, así como las competencias y atribuciones determinadas para el Ministerio de Trabajo y Empleo en la Codificación del Código del Trabajo, y todas aquellas establecidas para estas instituciones en el ordenamiento legal vigente.

Art. 3.- Transfiéranse todas las funciones, atribuciones, representaciones, delegaciones, derechos, obligaciones, unidades, presupuesto, personal; así como, los recursos, patrimonio y en general, todos los activos y pasivos, tanto de la SENRES como del Ministerio de Trabajo y Empleo, al Ministerio de Relaciones Laborales, para lo cual este podrá estructurar las unidades de apoyo y ejecución que sean necesarias.

Art. 4.- Los servidores que vienen prestando sus servicios con nombramiento o contrato o bajo cualquier otra modalidad tanto en la SENRES como en el Ministerio de Trabajo y Empleo, continuarán prestando sus servicios para el Ministerio de Relaciones Laborales con sus mismos derechos y obligaciones, y serán sujetos a procesos de evaluación y selección a efectos de determinar su continuidad en la nueva institución, de acuerdo a los requerimientos estructurales y orgánicos de esta. Una vez realizado el proceso de evaluación y selección, se determinarán los puestos que continuarán siendo necesarios para la estructura del Ministerio de Relaciones Laborales, para lo cual se analizarán los expedientes individuales de las servidoras y servidores, y aquellos puestos que de acuerdo con la nueva estructura orgánica funcional del Ministerio de Relaciones Laborales no sean necesarios, serán suprimidos de conformidad con las normas contenidas en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, su reglamento y las Normas Técnicas pertinentes expedidas por la SENRES, cuya vigencia se ratifica.

Art. 5.- El Ministerio de Finanzas ejecutará las asignaciones y reasignaciones presupuestarias que correspondan en sus sistemas de administración financiera, para que los presupuestos de la SENRES y del Ministerio de Trabajo y Empleo, sean trasladados al presupuesto del Ministerio de Relaciones Laborales.

Art. 6.- El Ministerio de Relaciones Laborales, efectuará todas las gestiones necesarias para la plena ejecución y aplicación del presente decreto.

Art. 7.- Sustitúyase la letra g) del artículo 16 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, por la siguiente:

“g) Ministerio de Relaciones Laborales”.

Art. 8.-Este decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 13 de agosto del 2009.

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

Es fiel copia del original.- Lo certifico. Quito, 13 de agosto del 2009.

f.) Abg. Oscar Pico Solórzano, Subsecretario General de la Administración Pública.

Nº 822

Vinicio Alvarado Espinel

SECRETARIO GENERAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA

Visto el mensaje enviado por correo electrónico de 3 de agosto del 2009, del señor José Gabriel Apolo S., en el que comunica que el Ing. Camilo Samán, Presidente de la Corporación Financiera Nacional, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, por lo que solicita licencia por una semana desde el 3 al 7 de agosto del 2009; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el Decreto Ejecutivo Nº 4 de 15 de enero del 2007 y, el Decreto Ejecutivo Nº 1332, publicado en el Registro Oficial Nº 257 del 25 de abril del 2006, reformado mediante Decreto Ejecutivo Nº 1653, publicado en el Registro Oficial Nº 324 del 31 de julio de igual año,

Acuerda:

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar la licencia del 3 al 7 de agosto del 2009, al ingeniero Camilo Samán, Presidente de la Corporación Financiera Nacional.

ARTICULO SEGUNDO.- Este acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 3 de agosto del 2009. f.) Vinicio Alvarado Espinel. Es fiel copia del original.- Lo certifico. Quito, 7 de agosto del 2009.

f.) Dr. Alexis Mera Giler, Subsecretario General de la Administración Pública (E).

Nº 823

Vinicio Alvarado Espinel

SECRETARIO GENERAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA

Visto el oficio Nº 1138 DM-2009 00910543 del 3 de agosto del 2009 del Ing. Germánico Pinto T., Ministro de Minas y Petróleos, en el que solicita la autorización para hacer uso de dos días con cargo a vacaciones, a partir del 6 de agosto del 2009; y,

En ejercicio de la facultad que le confiere el Decreto Ejecutivo Nº 4 de 15 de enero del 2007 y el Decreto Ejecutivo Nº 1332, publicado en el Registro Oficial Nº 257 del 25 de abril del 2006, reformado mediante Decreto Ejecutivo Nº 1653, publicado en el Registro Oficial Nº 324 del 31 de julio de igual año,

Acuerda:

ARTICULO PRIMERO.- Autorizar dos días de vacaciones, al ingeniero Germánico Pinto T., Ministro de Minas y Petróleos, a partir del 6 de agosto del 2009.

ARTICULO SEGUNDO.- Este acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de agosto del 2009. f.) Vinicio Alvarado Espinel. Es fiel copia del original.- Lo certifico. Quito, 7 de agosto del 2009.

f.) Dr. Alexis Mera Giler, Subsecretario General de la Administración Pública (E).

Nº 824

Vinicio Alvarado Espinel

SECRETARIO GENERAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA

Visto el oficio Nº MC-DM-804-09 de 30 de julio del 2009 del señor Francisco Salazar Larrea, Ministro de Cultura (E), en el que solicita legalizar la licencia por enfermedad del señor Ramiro Noriega, Ministro de Cultura, en el periodo comprendido entre el 22 de julio y el 3 de agosto del 2009.

En ejercicio de la facultad que le confiere el Decreto Ejecutivo No. 4 de 15 de enero del 2007 y el Decreto Ejecutivo No. 1332, publicado en el Registro Oficial No. 257 del 25 de abril del 2006, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 1653, publicado en el Registro Oficial No. 324 del 31 de julio de igual año,

Acuerda:

ARTICULO PRIMERO.- Legalizar la licencia al Ministro de Cultura señor Ramiro Noriega Fernández, durante el período comprendido entre el 22 de julio y el 3 de agosto del 2009.

ARTICULO SEGUNDO.- Este acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de agosto del 2009. f.) Vinicio Alvarado Espinel. Es fiel copia del original.- Lo certifico. Quito, 7 de agosto del 2009.

f.) Dr. Alexis Mera Giler, Subsecretario General de la Administración Pública (E).

Nº MICSE-09-004

Arq. Galo Borja Pérez

MINISTRO COORDINADOR

DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

Considerando:

Que, según resolución del Congreso Nacional de 26 de abril del 2005, se expide la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, LOSCCA; publicada en el Registro Oficial No. 16 del 12 de mayo del 2005;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 2474, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 505 de 17 de enero del 2005, se expidió el Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, LOSCCA; el mismo que en su artículo 236, norma los anticipos de remuneraciones;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1601, publicado en el Registro Oficial No. 550 de 17 de marzo del 2009, se sustituye el artículo 236 del Reglamento de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, LOSCCA; mediante el cual se expiden las disposiciones para la concesión de anticipos de remuneraciones para los funcionarios y servidores públicos de las entidades del sector público;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 849 de 3 de enero del 2008, se crea el Ministerio de Coordinación Institucional de los Sectores Estratégicos, el mismo que tiene a su cargo la coordinación y supervisión de las actividades de los ministerios de Minas y Petróleos, Electricidad y Energía Renovable, Transporte y Obras Públicas, Fondo de Solidaridad, PETROECUADOR y CENACE;

Que, dentro del mismo decreto se expresa que el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos será la máxima autoridad de esta dependencia de Estado y ejecutará su representación legal, tendrá la responsabilidad de emitir acuerdos y resoluciones para la reglamentación y estructura orgánica funcional, desarrollo de actividades, nombrar y remover a su personal de conformidad a las disposiciones previstas en la ley de la materia; y,

En uso de las atribuciones legales de que se halla investido, Acuerda:

Expedir el presente Reglamento de anticipo de remuneraciones para el personal del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos.

Art. 1.-Tendrán derecho a solicitar anticipos los servidores que se encuentren legalmente prestando servicios en la institución bajo la modalidad de nombramiento y contrato de prestación de servicios ocasionales.

DE LOS ANTICIPOS.

Art. 2.-Se establecen los siguientes anticipos:

Hasta el 100% de la remuneración mensual unificada, valor que será recaudado al momento de efectuar el pago normal de remuneraciones de acuerdo con la programación de pagos aprobada por la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, MICSE, que no excederá de 18 meses contados desde la concesión del anticipo.

De dos a tres remuneraciones mensuales unificadas, este anticipo será recaudado al momento de efectuar el pago normal de remuneraciones de acuerdo con la programación de pagos presentada y validada por la Dirección Administrativa y Financiera del MICSE, que no excederá de 18 meses, contados desde la concesión del anticipo.

Art. 3.-Dentro de la programación de pagos de los anticipos señalados en el artículo anterior queda prohibida la aplicación de descuentos con cargo al décimo tercer sueldo, con excepción de aquellos casos emergentes debidamente comprobados y autorizados por la Dirección Administrativa y Financiera del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, MICSE.

REQUISITOS Y CONDICIONES.

Art. 4.-Para la concesión de anticipos se observarán las siguientes disposiciones:

a)     Los anticipos se concederán a los servidores públicos con nombramiento y contrato de servicios ocasionales, para estos últimos, considerando la fecha de terminación del contrato dentro del ejercicio fiscal en que se concede el anticipo;

b)     Los anticipos se podrán renovar siempre que se haya cancelado el 50% del anticipo anterior;

c)     Los anticipos se otorgarán en función de las disponibilidades financieras de la entidad con cargo a las remuneraciones mensuales unificadas, señaladas en el vigente presupuesto del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos y dependiendo de la capacidad de endeudamiento del servidor este perciba una remuneración líquida mensual no menor al 30% de la respectiva remuneración mensual unificada, luego de deducidos los descuentos del anticipo solicitado y demás retenciones mensuales calculadas sobre la base del mes anterior;

d)     Los anticipos se entregarán mediante transferencia a nombre del servidor solicitante; y,

e)     Los anticipos se entregarán previa la suscripción de un documento en el que el solicitante autorice a la Dirección Administrativa-Financiera del MICSE el descuento de los valores pendientes por cancelar del anticipo conferido cuando el servidor sea separado de la institución de forma definitiva.

DE LAS GARANTIAS.

Art. 5.-Los anticipos que trata el presente reglamento se garantizarán de la siguiente forma:

a)     Los anticipos hasta una RMU por estar avalados con la remuneración mensual del solicitante no requerirán de la presentación de ninguna garantía;

b)     Para el caso de los solicitantes que sean servidores públicos con nombramiento, los anticipos de dos a tres remuneraciones estarán garantizados con la liquidación de haberes a que tenga derecho el solicitante; y,

c)     Para el caso de los solicitantes que sean servidores públicos bajo la modalidad de contrato de servicios ocasionales, los anticipos de dos a tres remuneraciones estarán garantizados con la liquidación de haberes a que tenga derecho el solicitante. En caso de que estos rubros no sean suficientes para cubrir el monto de la obligación, el solicitante deberá presentar un título de crédito, que consistirá en una letra de cambio o un pagaré a la orden debidamente avalada por un servidor de la institución con nombramiento de igual o mayor denominación institucional.

DEL PROCEDIMIENTO.

Art. 6.-La concesión de anticipos estará a cargo de la Dirección Administrativa-Financiera del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégico, MICSE; a través de sus diferentes microprocesos para lo cual se cumplirá el siguiente procedimiento:

a)     Hasta una remuneración mensual unificada, presentada ante la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, MICSE, las solicitudes deberán ser presentadas hasta los primeros diez días (10) de cada mes, adjuntando, cada funcionario, la correspondiente autorización de descuento en su rol de pagos;

b)     De dos a tres remuneraciones mensuales unificadas, presentadas en la Dirección Administrativa Financiera del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos, MICSE, las solicitudes deberán ser presentadas hasta los primeros diez días (10) de cada mes, adjuntando, cada funcionario la correspondiente autorización de descuento en su rol de pagos y el título de crédito señalado en el artículo 5, literal c) del presente reglamento;

c)     La Dirección Administrativa-Financiera aprobará o negará el monto de la solicitud de anticipos sobre la base de la capacidad de pago del solicitante y del informe emitido por el microproceso contable;

d)     Una vez autorizada y aprobada la solicitud se enviará al microproceso de contabilidad para el registro y la transferencia respectiva; y,

e)     El subproceso contable-nómina mantendrá un registro e historial de los anticipos conferidos.

DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICION GENERAL PRIMERA.- La concesión de los anticipos se atenderá hasta los primeros diez días (10) de cada mes de conformidad con las instrucciones emitidas por la Dirección Administrativa-Financiera del Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos.

DISPOSICION GENERAL SEGUNDA.- El subproceso contable-nómina de la Dirección Administrativa Financiera del MICSE, emitirá informes trimestrales, sobre la concesión y recuperación de los anticipos, previa conciliación de cifras.

DISPOSICION GENERAL TERCERA.- La Dirección Administrativa-Financiera será responsable de recibir, registrar y devolver los documentos originales de las garantías que respalden los anticipos concedidos de conformidad con el presente reglamento, para lo cual deberá mantener un registro actualizado.

DISPOSICION GENERAL CUARTA.- De producirse la separación definitiva del solicitante que mantenga saldos originados en anticipos la Dirección Administrativa Financiera descontará los valores adeudados de la liquidación a que tenga derecho el servidor.

DISPOSICION GENERAL QUINTA.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de San Francisco de Quito, a 8 de julio del 2009.

f.) Arq. Galo Borja Pérez, Ministro Coordinador de los Sectores Estratégicos.

No. 388

Econ. Sandra Vela Dávila

MINISTRA DEL DEPORTE – SECRETARIA

NACIONAL DE CULTURA FISICA, DEPORTES Y RECREACION

Considerando:

Que, en nuestro país se llevan a cabo campeonatos deportivos internacionales en calidad de sede por los organismos deportivos reconocidos, y que por lo tanto se comprometen recurso técnicos, administrativos y económicos;

Que, el artículo 381 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que “el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la  educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y, fomentará la participación de las personas con discapacidad. El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa”;

Que, el artículo 2, letra a) de la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación, establece que para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al Estado le corresponde, entre otras funciones, la de proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la recreación;

Que, el artículo 20 del mismo cuerpo legal manifiesta que la cultura física del deporte ecuatoriano se coordina a través de la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación (SENADER), organismo con autonomía económica, técnica y administrativa;

Que, el artículo 21, letra f) ibídem señala como una de las funciones y atribuciones de la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación coordinar el deporte recreativo, formativo y de alto rendimiento, con los organismos deportivos, de conformidad con la ley;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 6 de 15 de enero del 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22 de 14 de febrero del mismo año, se creó el Ministerio del Deporte que asumió las funciones que actualmente corresponden a la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación; y,

En uso de la facultad contenida en los artículos 154 de la Constitución de la República del Ecuador y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1.- Reformar el Acuerdo Ministerial No. 172 del 20 de abril del 2009, en su artículo 1, cuyo texto queda de la siguiente manera: “Previo el inicio de las competencias internacionales, en las que se tenga como sede deportiva al Ecuador, los organismos deportivos a nivel nacional, deben comunicar al Ministerio del Deporte sobre la realización del evento a desarrollarse, adjuntando un resumen ejecutivo que contenga lo siguiente: características del evento, sus participantes, presupuesto, sus fuentes de financiamiento y las medidas de seguridad a aplicarse.

Así como, se deberá informar al Ministerio del Deporte, cuando vengan al Ecuador; delegaciones y deportistas de forma oficial, de las diferentes disciplinas deportivas”.

Art. 2.-Suprimir el artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 172 del 20 de abril del 2009.

Art. 3.- El presente acuerdo entrará en vigencia desde su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y cúmplase.- Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de julio del 2009.

f.) Econ. Sandra Vela Dávila, Ministra del Deporte, Secretaria Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación.

No. 389

Econ. Sandra Vela Dávila

MINISTRA DEL DEPORTE – SECRETARIA

NACIONAL DE CULTURA FISICA, DEPORTES Y RECREACION

Considerando:

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que, a más de las atribuciones conferidas en la ley, les corresponde a las ministras y ministros de Estado, ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 381 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta que, el Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y, fomentará la participación de las personas con discapacidad;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 383 garantiza el derecho de las personas y las colectividades al tiempo libre, la ampliación de las condiciones físicas, sociales y ambientales para su disfrute, y la promoción de actividades para el esparcimiento, descanso y desarrollo de la personalidad;

Que, el artículo 2, letra a) de la Ley de Cultura Física, Deportes y Recreación señala que al Estado le corresponde proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la recreación;

Que, el artículo 20 del mismo cuerpo legal manifiesta que la cultura física del deporte ecuatoriano se coordina a través de la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación (SENADER), organismo con autonomía económica, técnica y administrativa;

Que, el artículo 21, letra f) ibídem señala como una de las funciones y atribuciones de la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación coordinar el deporte recreativo, formativo y de alto rendimiento, con los organismos deportivos, de conformidad con la ley;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 6 de 15 de enero del 2007, publicado en el Registro Oficial No. 22 de 14 de febrero del mismo año, se creó el Ministerio del Deporte que asumió las funciones que actualmente corresponden a la Secretaría Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación;

Que, con memorando No. SSTD-2009-326 de 22 de junio del 2009, el ingeniero José Luis Arias, Subsecretario Técnico de Cultura Física, adjunta el Informe Técnico de los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles, dentro del cual se indica que por tratarse de un compromiso adquirido por el gobierno nacional es impresindible su ejecución en el presente año, toda vez que estos juegos servirán para la consolidación del Sistema de Juegos Multideportivos Nacionales;

Que, con memorando No. GD-2009-656 de 23 de junio del 2009, la ingeniera Floralba Cárdenas, Directora de Gestión de Deportes, pone en consideración del licenciado José Luis Arias, Subsecretario Técnico, que la ciudad a ser elegida sede principal de los Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles sea Ibarra, en virtud de que la Federación Deportiva Provincial de Imbabura tiene la infraestructura necesaria en la ciudad capital, así como en algunos cantones de la provincia, de igual manera cuenta con la mayoría de la implementación de cada uno de los deportes y tiene experiencia organizativa con buenos resultados, ya que ha organizado los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles en el año 2004, los Juegos Deportivos Nacionales de Menores en el año 2007;

Que, con memorando No. SSTD-2009-341 de 29 de junio del 2009, el ingeniero José Luis Arias, Subsecretario Técnico de Cultura Física, en virtud del memorando No. GD-2009-656 de 23 de junio del 2009, en el que la ingeniera Floralba Cárdenas, Directora de Gestión de Deportes, informa que luego del análisis correspondiente considera que la ciudad de Ibarra sea sede para el desarrollo de los I Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles 2009, solicita a la señorita Ministra del Deporte, se sirva declarar a la ciudad de Ibarra, sede de los Primeros Juegos Nacionales Deportivos Prejuveniles 2009, en razón de que cumple con los requisitos necesarios para ser declarada sede;

Que, con sumilla inserta en el memorando No. SSTD-2009-341 de 29 de junio del 2009, suscrito por el ingeniero José Luis Arias, Subsecretario Técnico de Cultura Física, la señorita Ministra autoriza la realización de tal evento deportivo y solicita se realicen los trámites pertinentes para declarar a Ibarra sede de los Primeros Juegos Nacionales Deportivos Prejuveniles 2009;

Que, con memorando No. SSTD-2009-326 de 7 de julio del 2009, el ingeniero José Luis Arias, Subsecretario Técnico de Cultura Física, solicita a la señora doctora Patricia Zambrano, Directora de Gestión de Asesoría Legal, se sirva elaborar el acuerdo ministerial, declarando a la ciudad de Ibarra, sede de los Primeros Juegos Nacionales Deportivos Prejuveniles, que se llevarán a cabo del 9 al 16 de octubre del 2009; y,

En uso de la facultad contenida en los artículos 154 de la Constitución de la República del Ecuador y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1.- Declarar a la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, Sede de los Primeros Juegos Nacionales Deportivos Prejuveniles, que se llevarán a cabo del 9 al 16 de octubre del 2009.

Art. 2.- El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y cúmplase.-Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de julio del 2009.

f.) Econ. Sandra Vela Dávila, Ministra del Deporte, Secretaria Nacional de Cultura Física, Deportes y Recreación.

Nº 0235-09

Raúl Vallejo Corral

MINISTRO DE EDUCACION

Considerando:

Que el señor economista Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, mediante Decreto Ejecutivo Nº 708 de 5 de noviembre del 2007, publicado en el Suplemento del Registro Oficial Nº 211 de 14 de los mismos mes y año, dicta las reformas al Reglamento a la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional, que permiten aplicar de manera imperativa el principio constitucional de alternabilidad de los funcionarios que desempeñan cargos directivos en los establecimientos educativos públicos, a fin de lograr el mejoramiento, eficiencia y eficacia de la Administración Pública en el sector educativo, para la optimización en la gestión de sus recursos;

Que el artículo 10 del Decreto Ejecutivo Nº 708 de 5 de noviembre del 2007, en su primer inciso establece que “Las personas que desempeñan los cargos de rector, vicerrector, inspector general y subinspector de los colegios, director y subdirector de escuela y directores y subdirectores de redes de los establecimientos de educación fiscal en todas las modalidades y niveles, durarán cuatro años en estas funciones y podrán ser reelegidos inmediatamente por una sola vez para estos cargos”;

Que con Acuerdo Ministerial Nº 446 de 12 de diciembre del 2007, el Ministerio de Educación, expide la normativa de los concursos de méritos y oposición para la designación de autoridades de establecimientos educativos públicos (fiscales y municipales) en todos los niveles y modalidades, incluidos los institutos superiores públicos hispanos y bilingües (pedagógicos, técnicos y tecnológicos);

Que los artículos 15 y 16 del Acuerdo Ministerial Nº 446 de 12 de diciembre del 2007, disponen que cada concursante diseñará, sustentará un perfil de proyecto de gestión educativa y será entrevistado por el jurado calificador, cuyos resultados deberán ser remitidos por su Presidente a la Comisión de Excelencia para la Docencia, de cada Dirección Provincial de la jurisdicción correspondiente;

Que mediante Acuerdo Ministerial Nº 299 de 4 de septiembre del 2008, en su artículo 1 dispone que el jurado calificador encargado de calificar el perfil del proyecto, sustentación; y, la entrevista en el concurso de méritos y oposición para la designación de autoridades de los institutos superiores pedagógicos, técnicos, tecnológicos, colegios de la modalidad a distancia, establecimientos educativos nocturnos fiscales, de jurisdicción hispana e intercultural bilingüe, en los que no ha sido posible designar a los representantes de los padres de familia, se conforme de la siguiente manera:

a) Un representante de los docentes elegido por la Junta General de Directivos y Profesores, quien lo presidirá;

b)     Dos representantes de los docentes elegidos por la Junta General de Directivos y Profesores para ser miembros del jurado; y,

c)     Dos delegados de los estudiantes, para lo cual cada paralelo seleccionará a su representante, quien participará en una sesión especial convocada por el Rector o Director, en donde se nombrarán a dos delegados que les representarán en el jurado calificador;

Que con Acuerdo Ministerial Nº 481 de 10 de diciembre del 2008, el Ministerio de Educación, dispone a las directoras y directores provinciales de educación hispana e intercultural bilingüe, para que a través de la supervisión educativa, procedan a conformar y/o integrar el jurado calificador en los establecimientos educativos fiscales de todos los niveles y modalidades, incluidos los institutos superiores públicos pedagógicos, técnicos, tecnológicos, colegios de la modalidad a distancia, establecimientos educativos nocturnos fiscales, de jurisdicción hispana e intercultural bilingüe, en los que por motivos de fuerza mayor no se haya podido conformar y/o integrar el jurado calificador para calificar el diseño del perfil del proyecto de gestión educativa, la sustentación y defensa del mismo y la entrevista a los participantes de los concursos de méritos y oposición para la designación de autoridades;

Que el ingeniero Luis Calle Gutiérrez, Director Provincial de Educación Hispana de Pichincha, con oficio Nº 2009001179 de 20 de marzo del 2009, informa a la doctora Gloria Vidal Illingworth, Ministra de Educación (E), a esa fecha, que el plazo para la conformación del jurado que califica el diseño del perfil del proyecto de gestión educativa que deben presentar y sustentar los candidatos que aspiran a llenar las vacantes de autoridades en los establecimientos educativos, constante en el artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nº 481 de 10 de diciembre del 2008, no se ha cumplido. Además, indica las razones por las cuales no se dio cumplimiento a dicho mandato;

Que mediante oficio Nº 027-SCEDPEP de 29 de abril del 2009, el ingeniero Luis Calle Gutiérrez, Director Provincial de Educación Hispana de Pichincha, informa al licenciado Raúl Vallejo Corral, Ministro de Educación, sobre las instituciones educativas de la provincia que no han concluido el proceso del concurso de merecimientos y oposición para la designación de autoridades, remitiendo a la vez, copias de las actas ordinarias números 7 y 10 de la Comisión de Excelencia para la Docencia; y, el oficio Nº 899 de la División de Supervisión, trámite ingresado con el número 120153;

Que el Director Provincial de Educación Hispana de Pichincha, ingeniero Luis Calle Gutiérrez, con oficio Nº 037-SCEDPEP de 20 de mayo del 2009, solicita la elaboración del acuerdo ministerial referente al plazo para la conformación del jurado calificador y la sustentación del perfil del proyecto por parte de los aspirantes para autoridades a los diferentes establecimientos educativos y que a continuación se detalla:

DIRECTOR NIVEL PREPRIMARIO: 1.-    Jardín Amaguaña NIVEL PRIMARIO: 2.-    Escuela Luis A. Martínez. 3.-    Escuela Eduardo Salazar Gómez. 4.-    Escuela Ciudad de Ibarra. 5.-    Escuela Manuel Abad. 6.-    Escuela Luis Napoleón Dillon. 7.-    Escuela República de Chile. 8.-    Escuela Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 9.-    Escuela Luz Emilia Saa. 10.- Escuela General San Martín. 11.- Escuela Sixto Durán Ballén. 12.- Escuela Roberto Arregui. NIVEL BACHILLERATO: 13.- Colegio María Angélica Carrillo - Rector.

14.- Colegio Aloasí - Rector, Vicerrector, Inspector General.

15.- Colegio Pomasqui - Inspector General. 16.- Colegio Ligdano Chávez - Rector. 17.- Colegio Camilo Ponce - Rector-Vicerrector;

Que el proceso de selección de autoridades de los establecimientos educativos debe cumplirse con absoluta transparencia y en este contexto la conformación y actualización del jurado calificador en las instituciones educativas es de vital importancia; así como la aplicación del debido proceso en el diseño, sustentación del perfil de proyecto de gestión educativa y la entrevista ante el jurado calificador, dentro de la fase de oposición. En razón que los establecimientos educativos fiscales detallados en el considerando anterior, dentro del plazo previsto en el Acuerdo Ministerial Nº 481 de 10 de diciembre del 2008, no conformaron y/o integraron el jurado calificador para que califiquen el diseño del perfil del proyecto de gestión educativa, la sustentación y defensa del mismo y la entrevista a los participantes de los concursos de méritos y oposición para la designación de autoridades; y,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, en armonía con los artículos 24 de la Ley Orgánica de Educación, 29 literal f) del Reglamento de Aplicación y, 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1.-Disponer al Director Provincial de Educación Hispana de Pichincha, para que a través de la Supervisión Educativa, al tenor de lo prescrito en el artículo 17 del Acuerdo Ministerial Nº 446 de 12 diciembre del 2007 y de las instrucciones emanadas a través de los oficios circulares Nros. 018 de 12 de febrero del 2008, 025 y 026 de 7 de marzo del mismo año, en el término de quince días de expedido el presente acuerdo, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, procedan a conformar y/o integrar el jurado calificador en los establecimientos educativos fiscales detallados en el oficio Nº 037-SCEDPEP de 20 de mayo del 2009, en los que por motivos de fuerza mayor no hayan dado cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nº 481 de 10 de diciembre del 2008.

Art. 2.- Disponer al jurado calificador, para que en el término de quince días de haberse conformado y/o integrado, recepten y califiquen el diseño, la sustentación del perfil del proyecto de gestión educativa y, la entrevista a cada participante. El jurado calificador actuará conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 del Acuerdo Ministerial Nº 446 de 12 de diciembre del 2007.

Art. 3.-Prevenir a las autoridades de los establecimientos educativos y a los miembros del jurado calificador, que no cumplan las obligaciones inherentes a las funciones encomendadas, se les aplicará las acciones legales administrativas previstas en el respectivo ordenamiento jurídico, observando el debido proceso.

Art. 4.-Responsabilizar a la Unidad de Universalización, a la Dirección Provincial de Educación Hispana de Pichincha, la aplicación del presente instrumento jurídico, dentro de los términos previstos.

DISPOSICION DEROGATORIA

Deróganse todas las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente acuerdo.

DISPOSICION FINAL

El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de junio del 2009.

f.) Raúl Vallejo Corral, Ministro de Educación.

MINISTERIO DE EDUCACION.- ASESORIA JURIDICA.- Certifico, que esta copia es igual a su original.- Quito, a 24 de julio del 2009.- f.) Patricia Cruz.


Nº 0236-09

Raúl Vallejo Corral

MINISTRO DE EDUCACION

Considerando:

Que el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República dispone que a las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”;

Que el artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada;

Que el segundo inciso del artículo 344 de la Constitución de la República determina que “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; así mismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema;

Que el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e institucional serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por ley o por decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial; y,

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154 de la Constitución, artículo 24 de la Ley Orgánica de Educación, artículo 29, literal r) del Reglamento General de la Ley de Educación; y, artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

Acuerda:

Art. 1.-Delegar a los señores/as Subsecretaria General de Educación, y subsecretarios regionales de Educación del Litoral, Austro y Amazonia la facultad de suscribir las acciones de personal de ingreso al nivel directivo en todos los establecimientos educativos fiscales de su jurisdicción, así como la aceptación de renuncia de los mismos.

Art. 2.-La Subsecretaria General de Educación y las subsecretarias o subsecretarios regionales responderán directamente ante el Ministro y ante las instancias administrativas y judiciales correspondientes por todos los actos realizados en el ejercicio de la presente delegación y serán responsables por cualquier falta de acción u omisión en el ejercicio de la misma.

Art. 3.-Comunicar a la Contraloría General del Estado y Procuraduría General del Estado el presente acuerdo.

Comuníquese y publíquese.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 17 de junio del 2009.

f.) Raúl Vallejo Corral, Ministro de Educación.

MINISTERIO DE EDUCACION.- ASESORIA JURIDICA.- Certifico, que esta copia es igual a su original.- Quito, a 20 de julio del 2009.- f.) Patricia Cruz.

Nº 0241-09

Raúl Vallejo Corral

MINISTRO DE EDUCACION

Considerando:

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley de Creación del Fondo de Solidaridad, publicada en el Registro Oficial Nº 661 de 24 de marzo de 1995, el Directorio del Fondo de Solidaridad está integrado, entre otros miembros por el Ministro de Educación o su delegado;

Que el Art. 55 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, “Delegación de Funciones”, faculta al Ministro de Educación y Cultura delegar sus funciones a fin de ser representado con eficiencia y eficacia; y,

En uso de esta atribución, Acuerda:

Art. 1.-Designar a la ingeniera Verónica Falconí Jaramillo, Subsecretaria Administrativa y Financiera de este Portafolio, como delegada ante el Directorio del Fondo de Solidaridad, quien informará al titular de esta Cartera de Estado sobre los temas tratados y los resultados obtenidos.

Art. 2.-Dejar sin efecto el Acuerdo Ministerial Nº 066 de 15 de febrero del 2007.

Art. 3.- Comunicar a la Contraloría y Procuraduría generales del Estado, para efecto de determinar los diferentes grados de responsabilidad en los actos de acción u omisión que se cometan en el ejercicio de la presente delegación.

Comuníquese y publíquese.

Dado en el Distrito Metropolitano del I. Municipio de Quito, a 26 de junio del 2009.

f.) Raúl Vallejo Corral, Ministro de Educación.

MINISTERIO DE EDUCACION.- ASESORIA JURIDICA.- Certifico, que esta copia es igual a su original.- Quito, a 20 de julio del 2009.- f.) Patricia Cruz.

Nº 240-A MF-2009

LA MINISTRA DE FINANZAS

Considerando:

Que, del contenido del Decreto Ejecutivo Nº 131, publicado en el Registro Oficial Nº 35 de 7 de marzo del 2007, se advierte que el señor Presidente Constitucional de la República, delegó a los ministros de Estado la facultad para que sean ellos quienes encarguen el respectivo Ministerio a la autoridad correspondiente, mientras dure la comisión de servicios o cualquier otra causa de ausencia temporal; y,

En ejercicio de la delegación referida, Acuerda:

ARTICULO UNICO.- Por calamidad doméstica, encargo las atribuciones y deberes del cargo de Ministra de Finanzas a la economista Isela V. Sánchez Viñán, Subsecretaria General de Finanzas, a partir del 29 al 31 de julio del año en curso.

Comuníquese. Quito, Distrito Metropolitano, 13 de julio del 2009. f.) María Elsa Viteri Acaiturri, Ministra de Finanzas. Es copia.- Certifico.

f.) Ing. Xavier Orellana Páez, Secretario General del Ministerio de Finanzas.

Nº 240-B MF-2009

LA MINISTRA DE FINANZAS

Considerando:

Que, del contenido del Decreto Ejecutivo Nº 131, publicado en el Registro Oficial Nº 35 de 7 de marzo del 2007, se advierte que el señor Presidente Constitucional de la República, delegó a los ministros de Estado la facultad para que sean ellos quienes encarguen el respectivo Ministerio a la autoridad correspondiente, mientras dure la comisión de servicios o cualquier otra causa de ausencia temporal; y,

En ejercicio de la delegación referida, Acuerda:

ARTICULO UNICO.-Por calamidad doméstica, encargo las atribuciones y deberes del cargo de Ministra de Finanzas a la economista Isela V. Sánchez Viñán, Subsecretaria General de Finanzas, a partir del 1 al 7 de agosto del año en curso.

Comuníquese. Quito, Distrito Metropolitano, 13 de julio del 2009. f.) María Elsa Viteri Acaiturri, Ministra de Finanzas. Es copia.- Certifico.

f.) Ing. Xavier Orellana Páez, Secretario General del Ministerio de Finanzas.

Nº 256 MF-2009

LA MINISTRA DE FINANZAS (E)

Considerando:

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Título IV, capítulo tercero, artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 449 de 20 de octubre del 2008; y, de los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y de su reforma constante en el Decreto Ejecutivo Nº 131, publicado en el Registro Oficial Nº 35 de 7 de marzo del 2007,

Acuerda:

ARTICULO UNICO.-Designar delegado principal al economista Juan Carlos García Folleco, Subsecretario de Consistencia Macrofiscal (E); y, como delegado suplente al doctor Juan Carlos Herrera, funcionario de esta Cartera de Estado, para que asistan a la sesión de la Junta de Fideicomiso OCAÑA Nº 6, que se llevará a cabo el miércoles 29 de julio del 2009.

Comuníquese. Quito, Distrito Metropolitano, 28 de julio del 2009. f.) Isela V. Sánchez Viñán, Ministra de Finanzas (E). Es copia.- Certifico.

f.) Ing. Xavier Orellana Páez, Secretario General del Ministerio de Finanzas.

Nº 258 MF-2009

LA MINISTRA DE FINANZAS (E)

Considerando:

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Título IV, capítulo tercero, artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 449 de 20 de octubre del 2008; y, de los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y de su reforma constante en el Decreto Ejecutivo Nº 131, publicado en el Registro Oficial Nº 35 de 7 de marzo del 2007,

Acuerda:

ARTICULO UNICO.-Delegar a la doctora María del Carmen Jibaja, Subsecretaria de Tesorería de la Nación, para que me represente en la sesión del Directorio del Banco Central del Ecuador, que se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil, el jueves 30 de julio del 2009.

Comuníquese. Quito, Distrito Metropolitano, 29 de julio del 2009. f.) Isela V. Sánchez Viñán, Ministra de Finanzas (E). Es copia.- Certifico.

f.) Ing. Xavier Orellana Páez, Secretario General del Ministerio de Finanzas.

Nº 260 MF-2009

LA MINISTRA DE FINANZAS (E)

Considerando:

Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 119 de la Codificación de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado; 17 y 28, literal b) del Estatuto General del Banco del Estado; y,

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Título IV, capítulo tercero, artículo 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Nº 449 de 20 de octubre del 2008; y, de los artículos 17 y 55 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva y de su reforma constante en el Decreto Ejecutivo Nº 131, publicado en el Registro Oficial Nº 35 de 7 de marzo del 2007,

Acuerda:

ARTICULO UNICO.-Delegar a la economista Madeleine Abarca Runruil, Subsecretaria de Crédito Público (E), para que me represente en la sesión ordinaria del Directorio del Banco del Estado, a realizarse el miércoles 5 de agosto del 2009.

Comuníquese. Quito, Distrito Metropolitano, 4 de agosto del 2009. f.) Isela V. Sánchez Viñán, Ministra de Finanzas (E). Es copia.- Certifico.

f.) Ing. Xavier Orellana Páez, Secretario General del Ministerio de Finanzas.

Nº 360

MINISTERIO DE GOBIERNO,

POLICIA Y CULTOS Fredy Rivera Vélez

SUBSECRETARIO DE COORDINACION POLITICA

Considerando:

Que, el representante legal, del PATRIARCADO GNOSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DEL LINAJE DE LOS VENERABLES MAESTROS SAW Y GARGHA KUICHINES EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, con domicilio en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, comparece a este Ministerio y solicita la aprobación de la reforma al estatuto que fuera aprobado con Acuerdo Ministerial Nº 1380 de 16 de agosto del 2000;

Que, en Asamblea General de miembros de la Iglesia, realizadas los días 13 y 14 de febrero del 2009, los miembros de la organización han resuelto reformar el estatuto social vigente;

Que, la Subsecretaría Jurídica mediante informe Nº 2009-0583-SJ/ptp de 26 de junio del 2009, emite pronunciamiento favorable al pedido de aprobación de reforma del estatuto presentado por el representante legal del PATRIARCADO GNOSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DEL LINAJE DE LOS VENERABLES MAESTROS SAW Y GARGHA KUICHINES EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR; y,

En ejercicio de la delegación otorgada por el señor Ministro de Gobierno, Policía y Cultos con Acuerdo Ministerial Nº 045 de 2 de marzo del 2009 y conforme dispone la Ley de Cultos y el Reglamento de Cultos Religiosos,

Acuerda:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Reforma y Codificación del Estatuto del PATRIARCADO GNOSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DEL LINAJE DE LOS VENERABLES MAESTROS SAW y GARGHA KUICHINES EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, con domicilio en el cantón Machala, provincia de El Oro y se  dispone que el Registrador de la Propiedad del cantón Machala, tome nota en el Libro de Organizaciones Religiosas, el Acuerdo Ministerial de aprobación de la reforma estatutaria.

ARTICULO SEGUNDO.- Conforme establece el Decreto Ejecutivo Nº 982, publicado en el Registro Oficial Nº 311 de 8 de abril del 2008, el PATRIARCADO GNOSTICO CRISTIANO UNIVERSAL DEL LINAJE DE LOS VENERABLES MAESTROS SAW y GARGHA KUICHINES EN LA REPUBLICA DEL ECUADOR, deberá registrarse en la página www.sociedadcivil.gov.ec  y de percibir recursos públicos, obtener la respectiva acreditación, en los términos señalados en los Arts. 30 y 31 del decreto ejecutivo citado.

ARTICULO TERCERO.- El Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos podrá ordenar la cancelación del registro de la entidad religiosa, de comprobarse hechos que constituyan violaciones graves al ordenamiento jurídico.

ARTICULO CUARTO.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su notificación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 29 de junio del 2009.

f.) Fredy Rivera Vélez, Subsecretario de Coordinación Política, Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos.

Ministerio de Gobierno.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Dirección al cual me remito en caso necesario.- Quito, 13 de julio del 2009.- f.) Director de Asesoría Jurídica.

Nº 394

MINISTERIO DE GOBIERNO,

POLICIA Y CULTOS Fredy Rivera Vélez

SUBSECRETARIO DE COORDINACION POLITICA

Considerando:

Que, en esta Secretaría de Estado se ha presentado la solicitud y documentación anexa para el otorgamiento de personalidad jurídica a la organización religiosa denominada IGLESIA CRISTIANA BETHESDA DEL VALLE, cuya naturaleza y objetivos religiosos constan en su estatuto;

Que, el numeral 8 del artículo 66 de la Constitución Política de la República, reconoce y garantiza a las personas el derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el respeto a los derechos;

Que, la Subsecretaria Jurídica del Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos mediante informe Nº 2009-641-SJ/VV de 2 de julio del 2009, ha emitido pronunciamiento favorable para la aprobación del estatuto y otorgamiento de personalidad jurídica a la organización religiosa IGLESIA CRISTIANA BETHESDA DEL VALLE, por considerar que ha cumplido con lo dispuesto en el Decreto Supremo 212 de 21 de julio de 1937 (Ley de Cultos), publicado en el R. O. Nº 547 de 23 del mismo mes y año, así como, con el Reglamento de Cultos Religiosos, publicado en el Registro Oficial Nº 365 de 20 de enero del 2000, y el Reglamento para la Aprobación de estatutos, reformas y codificaciones, liquidación y disolución, registro de socios y directivas de las organizaciones previstas en el Código Civil y en las leyes especiales; por lo tanto, no contraviene el orden o la moral pública, la seguridad del Estado o el derecho de otras personas o instituciones; y,

En ejercicio de la delegación otorgada por el señor Ministro de Gobierno, Policía y Cultos, mediante Acuerdo Ministerial Nº 045 de 2 de marzo del 2009,

Acuerda:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar el estatuto y otorgar personalidad jurídica de la organización religiosa denominada IGLESIA CRISTIANA BETHESDA DEL VALLE, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha.

ARTICULO SEGUNDO.- Disponer la publicación del estatuto en el Registro Oficial y la inscripción en el Registro Especial de organizaciones religiosas del Registro de la Propiedad del domicilio de la organización religiosa, de conformidad con el Art. 3 del Decreto Nº 212, R. O. 547 de 23 de julio de 1937 (Ley de Cultos).

ARTICULO TERCERO.- Disponer que la organización religiosa ponga en conocimiento del Registro de la Propiedad del respectivo cantón la nómina de la directiva, a efecto de acreditar la representación legal a la que se refiere el Art. 5 de la ley de Cultos.

ARTICULO CUARTO.-Disponer se incorpore al Registro General de Entidades Religiosas del Ministerio de Gobierno, el estatuto y expediente de la organización religiosa IGLESIA CRISTIANA BETHESDA del VALLE, de conformidad con el Art. 11 del Reglamento de Cultos Religiosos; así como también, se registre la directiva y los cambios de directivas que se produjeren a futuro, apertura de oficinas, filiales o misiones, cambios de domicilio, ingreso de nuevos miembros o la exclusión de los mismos, para fines de estadística y control.

ARTICULO QUINTO.- Registrar en calidad de miembros fundadores a las personas que suscribieron el acta constitutiva de la organización.

ARTICULO SEXTO.- Notificar a los interesados con una copia de este acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 126 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva.

ARTICULO SEPTIMO.- El presente acuerdo, entrará en vigencia a partir de su notificación sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 9 de julio del 2009.

f.) Fredy Rivera Vélez, Subsecretario de Coordinación Política, Ministerio de Gobierno, Policía y Cultos.

Ministerio de Gobierno.- Certifico que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el archivo de esta Subsecretaría, al cual me remito en caso necesario.- Quito, 17 de julio del 2009.- f.) Ilegible, Subsecretaría Jurídica.

Nº 023 CG

EL CONTRALOR GENERAL

DEL ESTADO Considerando:

Que, el artículo 204 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Contraloría General del Estado tiene personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaría y organizativa;

Que, el artículo 389 de la Constitución de la República del Ecuador preceptúa que es necesario proteger a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico mediante la prevención del riesgo, con el objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad.

Que, es pertinente establecer la unidad administrativa responsable de planificar, organizar, dirigir y coordinar las actividades para salvaguardar la integridad física de las personas, así como resguardar y proteger los bienes físicos institucionales;

Que, es necesario mejorar la capacidad de respuesta frente a los impactos catastróficos de toda índole y estar preparados para afrontarlos dentro de la institución;

Que, mediante Acuerdo 021-CG, publicado en el Registro Oficial 215 de 20 de noviembre del 2007, se expidió el Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo de la Contraloría General del Estado;

Que a través de los acuerdos 030-CG de 19 de diciembre del 2007, 006-CG de 31 de enero del 2008 y 015-CG de 27 de junio del 2008, publicados en los registros oficiales 257, 274 y 381 de 22 de enero, 15 de febrero y 381 de 15 de julio del 2008, respectivamente; 023-CG y 024-CG de 6 y 11 de noviembre del 2008; y, 029-CG de 31 de diciembre del 2008, se emitieron las reformas al Reglamento Orgánico Funcional Sustitutivo de la Contraloría General del Estado; y,

En ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 31 numeral 23 reformado, 35 y 95 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado,

Acuerda:

EXPEDIR LAS SIGUIENTES REFORMAS AL REGLAMENTO ORGANICO FUNCIONAL SUSTITUTIVO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.

Art. 1.- En el artículo 7 del nivel auxiliar o de apoyo, inclúyase en el literal d) el numeral 4 que dirá:

4) Departamento de Gestión de Riesgos y Seguridad.

Art. 2.- En el Capítulo V de las Funciones de los Organos del Nivel Auxiliar o de Apoyo realícense los siguientes cambios:

En el artículo 37, en el título que dice, “En relación con los Centros”, suprímase el literal b); y enlístese en orden alfabético los restantes.

En el artículo 38, suprímase el título que dice: “Respecto de la seguridad y vigilancia”, así como el contenido de los literales a); b); c) y d).

Art. 3.- Agréguese en el Capítulo V de las Funciones de los Organos del Nivel Auxiliar o de Apoyo el artículo 39A, cuyo contenido será el siguiente:

DEPARTAMENTO DE GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD

Art.- 39 A.- Le corresponde al Departamento de Gestión de Riesgos y Seguridad:

a)     Elaborar y presentar al Director Administrativo para su aprobación la planificación, organización, y coordinación de las actividades relacionadas con la gestión de riesgos y seguridad de la Contraloría General del Estado, en el ámbito nacional;

b)     Ejecutar el plan integral de prevención de riesgos y amenazas y de gestión de seguridad, a nivel nacional;

c)     Elaborar y actualizar periódicamente los manuales, instructivos y otros documentos normativos relacionados con el riesgo y seguridad aplicables en la institución; poner a consideración del Director Administrativo y coordinar con la Dirección de Investigación Técnica Normativa y Desarrollo Administrativo y más unidades administrativas, en el ámbito de su competencia;

d)     Analizar e informar al Director Administrativo de los riesgos y amenazas que puedan afectar a las personas y bienes y presentar propuestas de mitigación de los mismos, para conocimiento de la Subcontraloría Administrativa;

e)     Diseñar y aplicar sistemas de custodia y protección de las máximas autoridades y servidores de la entidad, en coordinación con la Fuerza Pública y los organismos de inteligencia y seguridad del sector público;

f)     Aplicar sistemas de seguridad para el resguardo de los vehículos y demás bienes de la institución;


g)     Solicitar y justificar la adquisición y mantenimiento de bienes de seguridad;

h)     Precautelar la correcta y oportuna utilización de los recursos materiales para seguridad;

i)      Coordinar con la Dirección de Recursos Humanos la definición de funciones y tareas para el desempeño eficiente y disciplinario del personal de seguridad;

j)      Supervisar el desempeño del personal a su cargo y efectuar su evaluación periódicamente, promoviendo la armonía y el ambiente de trabajo en equipo;

k)     Operar y poner en vigencia normas de seguridad y cuidado de edificios y bienes institucionales;

l)      Establecer un sistema de control para el ingreso a los edificios de visitantes y personas ajenas a la institución;

m)    Coordinar las acciones de seguridad, riesgos naturales y antrópicos y eventos catastróficos con las direcciones nacionales, regionales y delegaciones provinciales de la institución, así como con los demás organismos públicos;

n)     Proponer al Director Administrativo, un plan de entrenamiento y capacitación en materia de seguridad, prevención de riesgos y manejo de eventos catastróficos, para coordinar con la Dirección de Capacitación; y,

o)     Las demás que le sean asignadas por el Director.

Art. 4.- Las direcciones de Recursos Humanos, Financiera, Administrativa y de Servicios, realizarán los ajustes de recursos humanos, presupuestarios y materiales correspondientes, para la ejecución del presente acuerdo.

Art. 5.- Este acuerdo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el despacho del Contralor General del Estado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 29 de julio del 2009.

Comuníquese. f.) Dr. Carlos Pólit Faggioni, Contralor General del Estado.

Dictó y firmó el acuerdo que antecede, el señor doctor Carlos Pólit Faggioni, Contralor General del Estado, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de julio del año 2009.

Certifico. f.) César Mejía Freire, Secretario General de la Contraloría.

No. 075

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO-AGROCALIDAD

Considerando:

Que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), establece que los países miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;

Que, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), utilizadas por las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF), como la NIMF No. 2 sobre directrices para el análisis de riesgo de plagas de 1995 y la NIMF No. 11 sobre análisis de riesgo de plagas, para plagas cuarentenarias, incluido el análisis de riesgo ambientales y organismos vivos modificados del 2004; así como, la Resolución 025 del 13 de noviembre de 1997 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), describen los procedimientos de análisis de riesgos de plagas, mediante los cuales se establecen los requisitos fitosanitarios de productos vegetales de importación;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1449, publicado en el Registro Oficial No. 479 del 2 de diciembre del 2008, se crea la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD;

Que, AGROCALIDAD de conformidad al Art. 4 del Decreto Ejecutivo No. 1449 asume las funciones y atribuciones de la Resolución No. 003 del 8 de enero del 2008, publicada en el Registro Oficial 260 del 25 de enero del 2008, normativa que establece el procedimiento de Análisis de Riesgo de Plagas, ARP, para implementar los requisitos fitosanitarios de importación de: Plantas, productos vegetales, productos básicos y artículos reglamentados;

Que, de acuerdo a la Resolución 1008 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) del 31 de marzo del 2006, sobre categorías de riesgos fitosanitarios, las semillas de teca (Tectona grandis) para la siembra se encuentran en categoría 4;

Que, corresponde a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD, establecer las medidas fitosanitarias para controlar la situación fitosanitaria de las plantas, los productos vegetales y los artículos reglamentados que se importan y exportan; y,

En uso de las atribuciones legales que le concede el artículo 3 inciso cuarto; Art. 4 letra d) del Decreto Ejecutivo No. 1449, publicado en el Registro Oficial No. 479 del 2 de diciembre del 2008,

Resuelve:

Art. 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios para la importación de semillas de teca (Tectona grandis) para la siembra, procedentes de Indonesia.

Art. 2.- Las semillas de teca, provendrán de lugares de producción registrados por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Indonesia, cuya lista debe ser enviada anualmente a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad de Agro-AGROCALIDAD.

Art. 3.- Las semillas de teca, deben estar libres de suelo, materia orgánica y cualquier material extraño y estarán contenidos en envases nuevos de primer uso.

Art. 4.- Los requisitos para la importación son:

1.     Permiso fitosanitario de importación, solicitado en el área respectiva de AGROCALIDAD.

2.     Tratamiento de desinfección utilizando una mezcla de Carboxin + Captan (2gr/kg de semilla) u otro producto equivalente.

3.     Tratamiento con fosfamina (Phosphine), a las dosis y períodos de aplicación indicados en el siguiente cuadro.

Cuadro No. 1. Tratamiento con fosfamina.

Dosis gr. de fosfamina/m3

Período de exposición

días Temperatura ºC 3 4 > 21 3 5 16-20 3 8 11-15

4.     Inspección por parte del personal fitosanitario de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD, para determinar su situación fitosanitaria y toma de muestras de material vegetal para análisis de laboratorio, cuyo costo será asumido por el importador; si en la inspección realizada en el punto de ingreso en Ecuador, no se detectan problemas fitosanitarios, el producto será liberado.

5.     Certificado fitosanitario de exportación, otorgado por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Indonesia.

Art. 5.- En el certificado fitosanitario de exportación se consignará los tratamientos fitosanitarios aplicados a las semillas.

Art. 6.- De la ejecución de la presente resolución encárgase a las áreas respectivas de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD.

Art. 7.-La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, 29 de julio del 2009. Comuníquese, publíquese y cúmplase.

f.) Dr. Francisco A. Jácome Robalino,Director Ejecutivo, Agencia Ecuatoriana del Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD.

No. 076

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO - AGROCALIDAD

Considerando:

Que, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (AMSF), establece que los países miembros tienen derecho a adoptar las medidas sanitarias y fitosanitarias necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales;

Que, las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias (NIMF), utilizadas por las Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria (ONPF), como la NIMF No. 2 sobre directrices para el análisis de riesgo de plagas de 1995 y la NIMF No. 11 sobre análisis de riesgo de plagas, para plagas cuarentenarias, incluido el análisis de riesgo ambientales y organismos vivos modificados del 2004; así como, la Resolución 025 del 13 de noviembre de 1997 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), describen los procedimientos de análisis de riesgos de plagas, mediante los cuales se establecen los requisitos fitosanitarios de productos vegetales de importación;

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1449, publicado en el Registro Oficial No. 479 del 2 de diciembre del 2008, se crea la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD;

Que, AGROCALIDAD de conformidad al Art. 4 del Decreto Ejecutivo No. 1449 asume las funciones y atribuciones de la Resolución No. 003 del 8 de enero del 2008, publicada en el Registro Oficial 260 del 25 de enero del 2008, normativa que establece el procedimiento de Análisis de Riesgo de Plagas, ARP, para implementar los requisitos fitosanitarios de importación de: Plantas, productos vegetales, productos básicos y artículos reglamentados;

Que, de acuerdo a la Resolución 1008 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) del 31 de marzo del 2006, sobre categorías de riesgos fitosanitarios, los esquejes de rosa (Rosa spp.) para transplante se encuentran en categoría 4;

Que, corresponde a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD, establecer las medidas fitosanitarias para controlar la situación fitosanitaria de las plantas, los productos vegetales y los artículos reglamentados que se importan y exportan; y,

En uso de las atribuciones legales que le concede el artículo 3 inciso cuarto; Art. 4 letra d) del Decreto Ejecutivo No. 1449, publicado en el Registro Oficial No. 479 del 2 de diciembre del 2008,

Resuelve:

Art. 1.- Establecer los requisitos fitosanitarios para la importación de esquejes o varetas de rosa (Rosa spp.) para transplante, procedentes de Estados Unidos.

Art. 2.- Los esquejes de rosa, provendrán de lugares de producción registrados por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Estados Unidos, cuya lista debe ser enviada anualmente a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD.

Art. 3.- Los esquejes de rosa, deben estar libres de hojas, raíces y otro cualquier material extraño y estarán contenidos en envases nuevos de primer uso.

Art. 4.- Los requisitos para la importación son:

1.     Permiso fitosanitario de importación, solicitado en el área respectiva de AGROCALIDAD.

2.     Una certificación oficial señalando que los esquejes están libres de Rose Mosaic Virus (ApRMV), Tetranychus pacificus, Coniothyrium wernsdorffiae, Diatrype tristicha, Hendersonia canina, Pestalotia longisetula, Phragmidium tuberculatum, Sphaeropsis rosarum, Tapesia rosae, Aleurocanthus spiniferus y Edwardsiana rosae.

3.     Tratamiento de desinfección por inmersión de los esquejes en una mezcla de benomyl al 2% y metalaxil + mancozeb al 2% u otro producto de efecto similar.

4.     Certificado fitosanitario de exportación, otorgado por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria (ONPF) de Estados Unidos.

5.     Inspección por parte del personal fitosanitario de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD para determinar su situación fitosanitaria y toma de una muestra de material vegetal para análisis de laboratorio, cuyo costo será asumido por el importador; si en la inspección realizada en el punto de ingreso en Ecuador, no se detectan problemas fitosanitarios, el producto será liberado.

6.     Aplicación de cuarentena post entrada por 60 días e inspección por dos ocasiones de cuyo resultado dependerá del destino final del producto.

Art. 5.- En el certificado fitosanitario de exportación se consignará la siguiente declaración adicional: El producto se encuentra libre de: Rose Mosaic Virus (ApRMV), Tetranychus pacificus, Coniothyrium wernsdorffiae, Diatrype tristicha, Hendersonia canina, Pestalotia longisetula, Phragmidium tuberculatum, Sphaeropsis rosarum, Tapesia rosae, Aleurocanthus spiniferus y Edwardsiana rosae.

Art. 6.- De la ejecución de la presente resolución encárgase a las áreas respectivas de la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro- AGROCALIDAD.

Art. 7. - La presente resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en Quito, 29 de julio del 2009. Comuníquese, publíquese y cúmplase.

f.) Dr. Francisco A. Jácome Robalino, Director Ejecutivo, Agencia Ecuatoriana del Aseguramiento de la Calidad del Agro-AGROCALIDAD.

No. 00832

LA GERENCIA GENERAL DE LA

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

Considerando:

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Aduanas establece: “Que la Potestad Aduanera es el conjunto de derechos y atribuciones que la Ley y el Reglamento otorgan de manera privativa a la Aduana para el cumplimiento de sus fines”;

Que, el Art. 64 de este mismo cuerpo legal, establece: “Devolución condicionada es el régimen por el cual se permite obtener la devolución total o parcial de los impuestos pagados por la importación de las mercancías que se exporten dentro de los plazos que señale el reglamento de esta ley”;

Que, el Decreto Ejecutivo No. 1441, publicado en el Registro Oficial No. 477 del 28 de noviembre del 2008 establece el Reglamento para la devolución condicionada de tributos;

Que, mediante Resolución No. 00744 de 15 de mayo del 2009, se estableció el procedimiento que regula la facultad de la Corporación Aduanera Ecuatoriana para aplicar el régimen de devolución condicionada de tributos;

Que, la inspección in situ se realizó el 9 de abril del 2009, en virtud de lo contemplado en los artículos 4, 5, 7 y 54 de la Ley Orgánica de Aduanas;

Que, una vez realizado el análisis técnico por parte de la Coordinación General de Gestión Aduanera, dispuesto mediante el Art. 2 del Decreto Ejecutivo No. 1441 y artículo 1 de la Resolución No. 00744, tal como está previsto en el informe técnico No. DCV-JC-PDB-EC-OF-001, correspondiente a la Empresa Agrícola Oficial S. A.; y,

Por lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones contempladas en el artículo 111.I. Administrativas, literal ñ) de la Ley Orgánica de Aduanas,

Resuelve:

Artículo 1.-Autorizar a la Empresa Agrícola Oficial S. A., AGROFICIAL con RUC No. 0991213821001, quien cumplió con todos los requisitos establecidos, para acogerse al régimen de devolución condicionada de tributos.

Artículo 2.-Establecer el coeficiente de devolución condicionada de tributos para los productos exportados, detallados en el siguiente cuadro, en base al análisis de las matrices y catálogos entregados por parte de la Empresa Agrícola Oficial S. A., a la Coordinación General de Gestión Aduanera y que fueron validados por el perito delegado para el efecto.

Producto exportado

Subpartida arancelaria

Coeficiente de devolución

Concentrado de mango Kent Brix 28-30 fundas 55 Gal.

2008993000 0.27% Concentrado de mango Tommy Brix 28-30 fundas 55 Gal. 2008993000 0.29% Pulpa de Guayaba Brix 8-11 fundas 55 Gal. 2008999000 0.49%

Pulpa de Maracayá Brix 12-14 fundas 55 Gal.

2008999000 0.23%

Pulpa de mango Kent Brix 14-16 fundas 55 Gal.

2008993000 0.46%

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.-Que la Coordinación General de proyectos y sistemas deberá almacenar las matrices de los coeficientes de devolución condicionada de tributos, catálogos de productos exportados y demás información registrada en la herramienta informática establecida para el efecto de conformidad a lo dispuesto en la presente resolución en concordancia con la Resolución No. 744 del 15 de mayo del 2009 emitida por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, a fin de que dicha información se encuentre disponible en el sistema SICE y sean utilizados por las unidades de regímenes especiales de los distritos aduaneros a nivel nacional.

Segunda.-Las gerencias distritales serán responsables del fiel cumplimiento de la presente resolución, en concordancia con la normativa relacionada, debiendo considerar el porcentaje de coeficientes definido, para el cálculo de la correspondiente devolución condicionada de tributos aduaneros, información que deberá contener la resolución de aceptación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 7 del Reglamento para la devolución condicionada de tributos aduaneros, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1441 del 20 de noviembre del 2008.

Tercera.-La presente resolución, entrará en vigencia a partir del 28 de mayo del 2009, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en la ciudad de Guayaquil, a 26 de mayo del 2009.

f.) Econ. Santiago León Abad, Gerente General, Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Corporación Aduanera Ecuatoriana, Secretaría General.- Certifico.- Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.- 28 de julio del 2009.- f.) Ilegible.

No. 00833

LA GERENCIA GENERAL DE LA

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

Considerando:

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Aduanas establece: “Que la Potestad Aduanera es el conjunto de derechos y atribuciones que la Ley y el Reglamento otorgan de manera privativa a la Aduana para el cumplimiento de sus fines”;

Que, el Art. 64 de este mismo cuerpo legal, establece: “Devolución condicionada es el régimen por el cual se permite obtener la devolución total o parcial de los impuestos pagados por la importación de las mercancías que se exporten dentro de los plazos que señale el reglamento de esta ley”;

Que, el Decreto Ejecutivo No. 1441, publicado en el Registro Oficial No. 477 del 28 de noviembre del 2008 establece el Reglamento para la devolución condicionada de tributos;

Que, mediante Resolución No. 00744 de 15 de mayo del 2009, se estableció el procedimiento que regula la facultad de la Corporación Aduanera Ecuatoriana para aplicar el régimen de devolución condicionada de tributos;

Que, la inspección in situ se realizó el 15 de abril del 2009, en virtud de lo contemplado en los artículos 4, 5, 7 y 54 de la Ley Orgánica de Aduanas;

Que, una vez realizado el análisis técnico de parte de la Coordinación General de Gestión Aduanera, dispuesto mediante el Art. 2 del Decreto Ejecutivo No. 1441 y artículo 1 de la Resolución No. 00744, tal como está previsto en el informe técnico No. DCV-JC-PDB-EC-OF-002, correspondiente a la Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A.; y,

Por lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones contempladas en el artículo 111.I. Administrativas, literal ñ) de la Ley Orgánica de Aduanas,

Resuelve:

Artículo 1.- Autorizar a la Compañía Ecuatoriana del Caucho S. A. ERCO con RUC No. 0190005070001, quien cumplió con todos los requisitos establecidos, para acogerse al régimen de devolución condicionada de tributos.

Artículo 2.-Establecer el coeficiente de devolución condicionada de tributos para los productos exportados, detallados en el siguiente cuadro, en base al análisis de las matrices y catálogos entregados por parte de la Empresa Agrícola Oficial S. A., a la Coordinación General de Gestión Aduanera y que fueron validados por el perito delegado para el efecto:

Producto exportado

Subpartida Arancelaria Coeficiente de devolución Llantas auto bias 4011109000 1.30% Llantas auto radial 4011101000 2.04% Llantas camioneta bias 4011109000 1.04% Llantas camioneta radial 4011101000 2.58% Llantas de camión Size > a 900 4011201000 1.14% Llantas de camión Size < a 900 4011209000 1.14%

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Que la Coordinación General de proyectos y sistemas deberá almacenar las matrices de los coeficientes de devolución condicionada de tributos, catálogos de productos exportados y demás información registrada en la herramienta informática establecida para el efecto de conformidad a lo dispuesto en la presente resolución en concordancia con la Resolución No. 744 del 15 de mayo del 2009, emitida por la Corporación Aduanera Ecuatoriana; a fin de que dicha información se encuentre disponible en el sistema SICE y sean utilizados por las unidades de regímenes especiales de los distritos aduaneros a nivel nacional.

Segunda.- Las gerencias distritales serán responsables del fiel cumplimiento de la presente resolución, en concordancia con la normativa relacionada, debiendo considerar el porcentaje de coeficientes definido, para el cálculo de la correspondiente devolución condicionada de tributos aduaneros, información que deberá contener la resolución de aceptación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 7 del Reglamento para la devolución condicionada de tributos aduaneros, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1441 del 20 de noviembre del 2008.

Tercera.- La presente resolución, entrará en vigencia a partir del 28 de mayo del 2009, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en la ciudad de Guayaquil, a 26 de mayo del 2009.

f.) Econ. Santiago León Abad, Gerente General, Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Corporación Aduanera Ecuatoriana, Secretaría General.- Certifico.- Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.- 28 de julio del 2009.- f.) Ilegible.

No. 00834

LA GERENCIA GENERAL DE LA

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA

Considerando:

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Aduanas establece: “Que la Potestad Aduanera es el conjunto de derechos y atribuciones que la Ley y el Reglamento otorgan de manera privativa a la Aduana para el cumplimiento de sus fines”;

Que, el Art. 64 de este mismo cuerpo legal, establece: “Devolución condicionada es el régimen por el cual se permite obtener la devolución total o parcial de los impuestos pagados por la importación de las mercancías que se exporten dentro de los plazos que señale el reglamento de esta ley”;

Que, el Decreto Ejecutivo No. 1441, publicado en el Registro Oficial No. 477 del 28 de noviembre del 2008 establece el Reglamento para la devolución condicionada de tributos;

Que, mediante Resolución No. 00744 de 15 de mayo del 2009, se estableció el procedimiento que regula la facultad de la Corporación Aduanera Ecuatoriana para aplicar el régimen de devolución condicionada de tributos;

Que, la inspección in situ se realizó el 17 de abril del 2009, en virtud de lo contemplado en los artículos 4, 5, 7 y 54 de la Ley Orgánica de Aduanas;

Que, una vez realizado el análisis técnico de parte de la Coordinación General de Gestión Aduanera, dispuesto mediante el Art. 2 del Decreto Ejecutivo No. 1441 y artículo 1 de la Resolución No. 00744, tal como está previsto en el informe técnico No. DCV-JC-PDB-EC-OF-004, correspondiente a la Empresa Hilsea Investments Ltda.; y,

Por lo antes expuesto y de conformidad con las atribuciones contempladas en el artículo 111.I. Administrativas, literal ñ) de la Ley Orgánica de Aduanas,

Resuelve:

Artículo 1.- Autorizar a la Empresa Hilsea Investments Ltda., con RUC No. 1791006356001, quien cumplió con todos los requisitos establecidos, para acogerse al régimen de devolución condicionada de tributos.

Artículo 2.- Establecer el coeficiente de devolución condicionada de tributos para los productos exportados, detallados en el siguiente cuadro, en base al análisis de las matrices y catálogos entregados por parte de la Empresa Hilsea Investments Ltda., a la Coordinación General de Gestión Aduanera y que fueron validados por el perito delegado para el efecto:

Producto exportado

Subpartida Arancelaria Coeficiente de devolución Rosas y spray rosas 0603.11.00.00 1.01% Gypsophila 0603.19.10.00 0.91% Flores de verano 0603.90.00.00 5% Mini arreglos 0603.90.00.00 5% Hypericum 0603.90.00.00 1.16%

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Que la Coordinación General de proyectos y sistemas deberá almacenar las matrices de los coeficientes de devolución condicionada de tributos, catálogos de productos exportados y demás información registrada en la herramienta informática establecida para el efecto de conformidad a lo dispuesto en la presente resolución en concordancia con la Resolución No. 744 de 15 de mayo del 2009 emitida por la Corporación Aduanera Ecuatoriana; a fin de que dicha información se encuentre disponible en el sistema SICE y sean utilizados por las unidades de regímenes especiales de los distritos aduaneros a nivel nacional.

Segunda.- Las gerencias distritales serán responsables del fiel cumplimiento de la presente resolución, en concordancia con la normativa relacionada, debiendo considerar el porcentaje de coeficientes definido, para el cálculo de la correspondiente devolución condicionada de tributos aduaneros, información que deberá contener la resolución de aceptación de acuerdo a lo estipulado en el Art. 7 del Reglamento para la devolución condicionada de tributos aduaneros, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1441 del 20 de noviembre del 2008.

Tercera.- La presente resolución, entrará en vigencia a partir del 28 de mayo del 2009, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada y firmada en la ciudad de Guayaquil, a 26 de mayo del 2009.

f.) Econ. Santiago León Abad, Gerente General, Corporación Aduanera Ecuatoriana.

Corporación Aduanera Ecuatoriana, Secretaría General.- Certifico.- Que es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.- 28 de julio del 2009.- f.) Ilegible.

No. OAE-D 09-004

EL DIRECTORIO DEL ORGANISMO DE ACREDITACION ECUATORIANO - OAE

Considerando:

Que, la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad del 2007-02-08, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del jueves 22 de febrero del 2007; establece; en su Art. 21 que al Organismo de Acreditación Ecuatoriano-OAE, le corresponde: Acreditar, en concordancia con los lineamientos internacionales, la competencia técnica de los organismos que operan en materia de evaluación de la conformidad;

Que, en conformidad con lo establecido en el Num. 4.3.5 de la Norma NTE INEN ISO/IEC 17011: 2006, el Organismo de Acreditación debe asegurar que cada decisión sobre la acreditación sea tomada por una o más personas o comités competentes y distintos de quienes llevaron a cabo la evaluación;

Que, la Dirección General del OAE ha delegado el análisis de los expedientes de los laboratorios que han emprendido en el proceso de acreditación del OAE a la Comisión de Acreditación, debidamente conformada y aprobada y ha acogido las recomendaciones de los correspondientes informes respecto al otorgamiento de la acreditación;

Que, el Directorio del OAE en reunión del día 2009-05-20, ha conocido el informe técnico No. DG D 09-023 de la Dirección General del OAE sobre las recomendaciones de la Comisión de Acreditación del OAE, las que constan en las correspondientes actas de las reuniones que han tenido lugar a partir de la emisión de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; y,

En ejercicio de las facultades que le concede la ley, Resuelve:

Adoptar las recomendaciones del informe técnico No. DG D 09-028 de la Dirección General del OAE y con ello autorizar la incorporación al registro de laboratorios acreditados las resoluciones sobre el otorgamiento, mantenimiento, extensión, reducción o suspensión de la acreditación que constan en el cuadro que se presenta a continuación, quedando así actualizado a la fecha el mencionado registro, con los alcances de acreditación que constan en las resoluciones de la Comisión de Acreditación del OAE y que reposan en sus versiones actualizadas en los archivos del Organismo de Acreditación Ecuatoriano, OAE y se encuentran accesibles a través de la página web www.oae.gov.ec:


LISTA DE RESOLUCIONES RESPECTO A LA ACREDITACION DE LABORATORIOS

SECTOR: LABORATORIOS DE ENSAYO CAMPO: Calidad de agroquímicos Laboratorio Informe técnico No. Fecha resolución Resolución Certificado No. Ciudad Laboratorio AGROCALIDAD OAE L 08-046 2009-06-04

- Otorgar la acreditación

OAE LE C 09-003 Quito, Pichincha
CAMPO: Derivados de petróleos Laboratorio Informe técnico No. Fecha resolución Resolución Certificado No. Ciudad

Laboratorio del Departamento de Petróleos, Energía y Contaminación-DPEC de la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad Central del Ecuador

OAE L 09-009 2009-06-30

- Ampliación del alcance

OAE LE 2C 06-010 Quito, Pichincha CAMPO: Ambiental Laboratorio Informe técnico No. Fecha resolución Resolución Certificado No.

Ciudad, provincia

Laboratorio LAGIN Ecuador OAE L 09-006 2009-07-02

- Ampliación de alcance

OAE LE 2C 05-004 Quito, Pichincha Laboratorio G. Q. M. Grupo Químico Marcos S. A. - Guayaquil OAE L 09-007 2009-07-02

- Ampliación del alcance

OAE LE 2C 05-001

Guayaquil, Guayas

Laboratorio de EISMASTER Consultores Ambientales Cía. Ltda. OAE L 09-043 2009-06-30

- Suspender parcialmente la acreditación

OAE LE 2C 06-001 Quito, Pichincha Laboratorio AGROCALIDAD OAE L 08-046 2009-06-04

- Otorgar la acreditación

OAE LE C 09-003 Quito, Pichincha Campo: Alimentos Laboratorio

Informe técnico No.

Fecha resolución Resolución Certificado No. Ciudad

Laboratorio Centro de Servicios para el Control de la Calidad CESECCA, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí

OAE L 09-004 2009-06-04

- Ampliación del alcance

OAE LE C 08-004 Manta, Manabí

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de julio del 2009.

f.) Econ. Andrés Robalino, Presidente del Directorio, Subsecretario de Productividad, MIPRO.

f.) Dra. Blanca Viera, Secretaria del Directorio, Directora General del OAE.

“,”  



Nro. 0788-2006-RA

Juez Constitucional Ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie

“LA CORTE CONSTITUCIONAL,

para el período de transición

En el caso signado con el Nro. 0788-2006-RA ANTECEDENTES:

El señor Gustavo Hernán Palacios Alvaro acude ante el Juez de lo Civil de Pichincha interponiendo Acción de Amparo Constitucional en contra del señor Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores, demandando se deje sin efecto la destitución de su cargo de Chofer Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores. En lo principal manifiesta que se encontraba trabajando con nombramiento desde el 12 de mayo del 2004, hasta que el 14 de marzo del 2006, mediante Acuerdo Ministerial suscrito por el señor Embajador Eduardo Calderón Ledesma, Director General de Ceremonial de Estado y Protocolo del Ministerio de Relaciones Exteriores, fue destituido de su cargo. Al momento de su ilegítima destitución, se encontraba al servicio del señor Embajador Eduardo Calderón Ledesma, en calidad de Chofer del vehículo Hyundai con placas CD-0467. Los hechos, materia de ésta Acción de Amparo, se desencadenan desde el momento que su jefe inmediato, el señor Embajador Eduardo Calderón Ledesma, le ordenó verbalmente que ingrese el automotor de la referencia a la mecánica, durante los días 4 y 7 de enero del 2006, para que se le realicen arreglos en los amortiguadores traseros, revisión del sistema eléctrico y de motor, a más de hacerlo lavar, engrasar y pulverizar, aprovechando de su viaje al exterior. La autorización verbal que le fue impartida por quien era su Jefe inmediato, fue ratificada por él mismo, mediante orden escrita del 27 de enero del 2006, particular que también fue del conocimiento del Jefe de Transportes: señor Joffre Balseca, quien lo autorizó verbalmente a trasladar el vehículo para los fines ya previstos y referidos. El día jueves 05 de enero del 2006 siendo aproximadamente las 20h00, al terminar la revisión mecánica y hacerle al vehículo los otros trabajos de electromecánica (arreglo de luces del automotor), conducía el referido vehículo para ingresarlo a la cochera del Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando sufrió una falla: se le fueron los frenos momentáneamente, y no pudo controlar el vehículo; defecto mecánico comprobado en el mecanismo del automotor, ocasionado por el mal material que poseen los discos delanteros que tienen algunos de los vehículos Hyundai XG, material que se recalienta y produce la pérdida de frenos en el momento menos pensado. Esta explicación fue corroborada por el Ing. Diego Barba, propietario del Taller D.B.R., servicio de reparación y mantenimiento de automóviles, y por el señor David Rubio, que conducen vehículos similares. Por esta razón se impactó contra un taxi que circulaba en sentido sur – norte. El accidente de tránsito se produjo por fuerza mayor o caso fortuito determinado expresamente en el Art. 30 del Código Civil vigente. Por encontrarse afectado de salud y por el problema surgido, el día viernes 06 de enero del 2006, aproximadamente a las 09h30, se presentó con el vehículo a la mecánica autorizada por el Ministerio a fin de que solucionen los problemas materiales que por el choque se ocasionaron, y sobre todo para que no se vaya a dañar la imagen de la institución. El 19 de enero del 2006 se levanta un expediente administrativo en su contra; no existe, ni existió sustracción del vehículo, inculpación que es totalmente falsa, que se ha desvirtuado totalmente porque en este expediente se ha adjuntado la autorización escrita del señor Embajador Eduardo Calderón Ledesma, Director General de Ceremonial de Estado y Protocolo, del Ministerio de Relaciones Exteriores; y que consiguientemente actuó en cumplimiento del Reglamento de Uso, Movilización, Mantenimiento y Control de Vehículos de Propiedad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Del informe del 09 de enero del 2006, suscrito por  el  señor  Joffre  Balseca  Maldonado, Jefe  de  Transportes  del  Ministerio  de  Relaciones  Exteriores, respecto  a  las  alegaciones  que   se  hacen  en  su contra,  éstas no tienen  sustento  legal  ni    eficacia  probatoria.  Los  valores  de los daños  materiales  causados  a  los  dos  vehículos, han  sido asumidos  por  la  compañía  de  Seguros   Ecuatoriano  Suiza, por haberse  demostrado  caso  fortuito  y fuerza   mayor, y por  no haber negligencia  de  ninguna  clase  atribuible  al conductor. Que su puesto  de  conductor  lo  obtuvo  mediante    concurso  de  oposición y merecimientos;  que  en  el  sumario  administrativo  incoado     en su contra  no  se  le  dio  derecho   a  la defensa,  ya  que  no  se  le convocó a  ninguna  audiencia,  lo que viola  sus  derechos  fundamentales, determinados  en  el  Art.  23 numerales 3, 8;  Art. 24 numeral 7; Art. 35  numeral  6  de  la  Constitución  Política  de  la  República (1998).  Solicita  se  deje   sin  efecto  su destitución del  cargo de Chofer  Profesional   del  Ministerio  de    Relaciones  Exteriores, por haberse  violado  expresas  disposiciones  constitucionales , de  manera ilegal,  arbitraria  e inexacta,  por  lo cual demanda se disponga  se  le  reintegre  inmediatamente  a    sus  labores, así como  al  pago  de  todos  los  salarios  y  beneficios  sociales  que  por ley le corresponden,  de  acuerdo  a  lo  que  dispone  el Art.  51  de  la Ley de  Control  Constitucional.  El  26  de  junio  del  2006, en el Juzgado  Décimo  Tercero  de  lo  Civil, en  el  que,  por  el  sorteo de rigor  se  sustancia  la  causa, se lleva  a  cabo la  Audiencia Pública, a la que no comparece la parte accionada, por lo que se la declara en rebeldía. La Dra. Cecilia Lescano Aguilera, con oferta de poder y ratificación del Procurador General del Estado, manifiesta que no existe acto u omisión ilegítima; que de conformidad con el numeral 6 del artículo 179 de la Constitución del Estado (1998), el Ministro de Relaciones Exteriores es competente para expedir normas, acuerdos y resoluciones que requiera la gestión ministerial. En relación con el artículo 17 del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, es competente para el despacho de los asuntos inherentes a su ministerio. Que los actos administrativos se presumen legítimos, y que de acuerdo al articulo 47 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, el competente para conocer los aspectos de legalidad a los que hace relación el accionante, es el Tribunal de lo Contencioso Adminis-trativo. Por estas razones, alega que no existe violación de derecho constitucional alguno que permita el reclamo a través de Amparo Constitucional, por lo que pide se rechace la acción interpuesta. El Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha, resuelve negar el recurso de amparo constitucional, solicitado por Gustavo Hernán Palacios Alvaro; resolución que es apelada ante este organismo.

Encontrándose el presente caso en estado de resolver, para hacerlo, se realizan las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- La Corte Constitucional, para el Período de Transición, es competente para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición, publicado con la Constitución de la República del Ecuador, en el Registro Oficial N.° 449 del 20 de octubre del 2008 y la resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial N° 451 del 22 de octubre del 2008.

SEGUNDA.- Que no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa por lo que se declara su validez.

TERCERA.- Es pretensión del accionante se deje sin efecto la destitución del cargo de Chofer Profesional del Ministerio de Relaciones Exteriores, por haberse violado expresas disposiciones constitucionales, mediante el acto administrativo contenido en la Acción de Personal N.° 00159, del 14 de marzo del 2006, suscrita por el señor doctor Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores.

CUARTA.- Que la acción de amparo procede ante la concurrencia simultánea de los siguientes elementos: a) que exista un acto u omisión ilegítimo de autoridad pública; b) que el acto viole, o pueda violar, cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio o tratado internacional vigente; c) que el acto u omisión de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También procede el amparo constitucional ante actos de particulares que prestan servicios públicos o cuando su conducta afecte grave y directamente un interés comunitario, colectivo o un derecho difuso.

QUINTA.- Que un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello; que no se lo haya dictado con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario al ordenamiento jurídico vigente, o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación. Por lo tanto, el análisis de legitimidad del acto impugnado no se basa sólo en el estudio de competencia, sino también en su forma, contenido, causa y objeto.

SEXTA.- La Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, en el artículo 49 determina las causales de destitución de los servidores públicos: “Causales de destitución.- Son causales de destitución: a) incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previo el informe de la unidad de desarrollo de recursos humanos sobre la evaluación del desempeño” y ésta es la causal que se invoca en el Acuerdo Ministerial N.° 00081 del 14 de marzo del 2006, suscrito por el Sr. Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores, mediante el que se dispone: ARTICULO PRIMERO.- Destituir al señor Gustavo Palacios Álvaro, por su incapacidad probada y negligencia en el desempeño de sus funciones, cuyas actuaciones afectan a la institución y al patrimonio del Estado.” El acto administrativo es privilegiado por que goza de presunción de legitimidad, es decir, de la presunción de validez al haber sido dictado con apego a las normas legales y reglamentarias – tanto de forma como de fondo – señaladas para su expedición; pero es al mismo tiempo impugnable, por las razones que debe argumentar y probar el accionante. La destitución, tal como la describe el articulo 77 de la LOSCCA, constituye “la máxima sanción administrativa dentro del sector publico, y debe ser impuesta únicamente por la autoridad nominadora, con posterioridad al sumario administrativo respectivo, y fundamentada en las causales señaladas en el artículo 50 de la LOSCCA y en el ordenamiento jurídico vigente”. En la especie, el referido Acuerdo Ministerial N.° 00081, del 14 de marzo del 2006, suscrito por el Dr. Francisco Carrión Mena, Ministro de Relaciones Exteriores, parte de una básica consideración, que a la postre resulta falsa: “Que del informe presentado con memorando Nº 025/06/DBSO de 10 de enero de 2006, por la Dirección de Bienes y Servicios Organizacionales se desprende que el señor Gustavo Palacios Álvaro, sin la autorización de esa Dirección, sacó de los patios de la Cancillería el vehículo con placas Nº CD-467, asignado a la Dirección General de Ceremonial del Estado y Protocolo, causando graves daños en el mismo a consecuencia de un choque con otro vehículo, actuaciones que se dan por su falta de capacidad, probidad y diligencia en el desempeño de su cargo, además de abuso de éste bien publico”, cuando a fojas 191 del expediente obra el memorando N.º 83-2006-DGCEP suscrito por el Dr. Eduardo Calderón Ledesma, Director General de Ceremonial de Estado y Protocolo, fechado al 27 de enero del 2006 y dirigido a la Directora de Bienes y Servicios Organizacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, que señala : “Cumplo con dirigirle la presente por pedido del señor Gustavo Palacios conductor del automóvil Hyundai de placas CD-0467, con el objeto de informarle que, el día 04 de enero del año en curso, solicité al mencionado conductor que aprovechara mi desplazamiento al exterior entre el 04 y 07 de éste mes, a fin de realizar arreglos en los amortiguadores traseros, revisión del sistema eléctrico del motor y lavado, engrasado y pulverizado”; es decir, el accionante obró con autorización plena de su jefe inmediato, a cuyo cargo se encuentra el automotor del caso. No ha sido probada de manera alguna en el sumario administrativo, la “incapacidad en el desempeño de sus funciones”, ni existe el “informe de la unidad de desarrollo de recursos humanos sobre la evaluación del desempeño” del recurrente, elementos sustanciales del sumario administrativo. Al contrario, a fojas 102 y 103 del expediente, aparecen fotocopias simples de varias identificaciones personales del accionante, como CHOFER o CONDUCTOR del Ministerio de Relaciones Exteriores en los siguiente eventos internacionales: II Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Sudamericana de Naciones; XXXIV Asamblea General de la OEA en Quito; Reunión Presidencial Binacional Ecuador Colombia; Cumbre de Países Latinoamericanos Exportadores de Banano; XV Consejo Presidencial Andino; Visita Oficial al Ecuador del Presidente del Brasil; certificación conferida por el Subsecretario del Servicio Exterior, Embajador Fernando Flores, sobre “la permanente disposición, buena voluntad, espíritu de trabajo y la conducción responsable, profesional y de gran experiencia del señor Gustavo Palacio” (fojas 98 del expediente). Acuerdo del Ministerio de Relaciones Exteriores del 14 de septiembre del 2004, con el que se designa al Sr. Gustavo Hernán Palacios, Conductor para la III Reunión de la Comisión Binacional Especial Ecuador – Colombia sobre Asuntos Migratorios en Ipiales, Colombia (foja 91 del expediente). En el accidente de tránsito debemos advertir que, precisamente por tratarse de un accidente, en principio, nos encontramos ante un suceso no querido; en otras palabras ante una figura culposa. La característica esencial del delito culposo es que la finalidad del sujeto no coincide con el resultado obtenido; en otras palabras, el autor no deseó provocar el resultado obtenido. Teniendo en cuenta la falta de coincidencia entre la finalidad del sujeto y el resultado ocasionado, el fundamento del reproche se basa en que el hecho fue consecuencia de una infracción al deber de cuidado, conclusión precedente que nos permite desmembrar los tres elementos básicos que deben presentarse en una conducta culposa. Por un lado, tenemos la infracción al deber de cuidado; por el otro, el resultado típico y, finalmente,  que  éste  haya  sido consecuencia de   aquella  infracción.  Si  falta  alguno  de  éstos  elementos por más desgraciado que haya sido el accidente  no  habrá  responsabilidad. El  avance  de la sociedad   impone la  creación  de  ciertos riesgos y la comunidad  no  pretende  eliminar todo  tipo  de riesgos sino administrarlos  y  fijar  pautas  para  convivir  con  ellos.  Para ser más  claros,  si  bien  la  utilización  de  automóviles  es  uno  de los factores  de  mayor  riesgo, se  considera  que su utilización representa  una  gran  utilidad,  y  por  ello  se  acepta  la circulación bajo  ciertas  pautas,  las  cuales  pretenden  fijar  así  el  riesgo permitido,  (resulta inconcebible  en  la  actualidad  que   una sociedad  resuelva  prohibir  la  utilización  de  vehículos en atención  a   la  gran  cantidad  de accidentes).  En   otras  palabras, hablamos  de  un  riesgo  permitido,  el   cual  delimitará,  en cada caso  concreto,  si  se  ha  infringido   el  deber  de  cuidado.  Por consiguiente,  si  la  actividad  se  lleva  a  cabo  dentro    de  los límites del  riesgo  que  la  comunidad  tolera, y  sin embargo, el resultado se  concreta,  ello  no  implicará  reproche. Precisamente los reglamentos  y  la lex artis (la verificación  de   que  el agente se comportó  conforme  lo  imponían    las  circunstancias  del  caso) son los  que,  teniendo  en  cuenta  el  caso  en    concreto, nos permiten  determinar  que  el  agente    se  comportó dentro del riesgo permitido,  y  que  no  infringió   el    deber  de  cuidado,  pues  goza de la  presunción  de  inocencia  y  no   se  ha  probado  culpabilidad alguna.  El  sumario  administrativo  es un procedimiento administrativo formal que debe llevarse a cabo con observancia de las garantías del debido proceso (el incumplimiento de éstas garantías procesales de rango constitucional, acarrean la nulidad del mismo); de allí que, si en éste no se ha llevado a cabo la Audiencia, no se han valorado los informes (con el carácter de pruebas); no se ha presumido la inocencia del accionante; no se le ha garantizado la seguridad jurídica. Concluimos que se han se violado sus derechos constitucionales.

SÉPTIMA.- La Corte considera necesario realizar un ejercicio de armonización, incorporando en la presente Resolución, la disposición derogatoria única de la Constitución de la Republica del Ecuador vigente que manda: “Se deroga la Constitución Política de la República del Ecuador publicada en el Registro Oficial número uno de 1998 y, toda norma contraria a ésta Constitución. El resto del ordenamiento jurídico permanecerá vigente en cuento no sea contrario a la Constitución.” Al respecto, la Corte procede a compatibilizar las normas presuntamente vulneradas (garantías constitucionales) con las de la Constitución vigente, y de ello determina que las garantías constitucionales han tenido una ampliación de su cobertura original, que se inicia con la declaratoria contenida en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, al definirlo como:…”El Ecuador es un Estado Constitucional de derechos y Justicia…” lo que implica la existencia material y práctica del ejercicio de las garantías, que serán además “de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte” (numeral 3 del artículo 13 –CRE). Entre los que se denominan derechos de protección, aparece el del debido proceso – que corre para todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, y se responsabiliza a la autoridad - administrativa o judicial – de asegurarlo. Al ejercicio de derecho comparado, necesario al armonizar los mandatos constitucionales de 1998 y 2008, aparece, con claridad, que se violentaron las garantías constitucionales del debido proceso, derecho garantizado al accionante en el artículo 76 de la Constitución vigente; así: la presunción de inocencia y el derecho a presentar y que sean valoradas las pruebas de descargo de responsabilidad presentadas; iniciar un proceso sumario administrativo sobre un supuesto fáctico falso; la debida proporcionalidad entre la supuesta infracción y la pena, advirtiendo además que esto implica distorsionar la finalidad de la pena, que histórica y doctrinariamente, en el Ecuador es rehabilitadora; ser objeto de un procedimiento arbitrario y por ello inconstitucional, al no aparecer en el expediente constancia de una evaluación, sine qua non para establecer: incapacidad probada en el desempeño de sus funciones, previo el informe de la unidad de desarrollo de recursos humanos sobre la evaluación del desempeño”.

Por las consideraciones expuestas, el Pleno de la Corte Constitucional, para el Período de Transición, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales,

RESUELVE:

1.-    Revocar la resolución adoptada por el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha y, en consecuencia, conceder el amparo solicitado por el señor Gustavo Hernán Palacios Alvaro; y,

2.-    Devolver el expediente al Juez de origen para los fines contemplados en el artículo 55 de la Ley del Control Constitucional. Notifíquese y publíquese”.

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la Resolución que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional para el Período de Transición, con siete votos a favor de los doctores Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire y dos votos salvados de los doctores Alfonso Luz Yunes y Nina Pacari Vega, en sesión del día martes veintiuno de abril de dos mil nueve.- Lo certifico.

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ......- f.) Ilegible.- Quito, 12 de agosto del 2009.- f.) El Secretario General.

VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES ALFONSO LUZ YUNES Y NINA PACARI VEGA EN EL CASO SIGNADO CON EL Nro. 0788-2006-RA.

Quito D. M., 21 de abril de 2009.

Con los antecedentes constantes en la resolución adoptada, nos separamos de la misma a partir de la QUINTA consideración, por las siguientes consideraciones las siguientes consideraciones:

QUINTA.- A fojas 23 del proceso consta copia de la Nota N.° 005/DBSO, remitido por la Directora de Bienes y Servicios Organizacionales al Ing. Diego Barba, Propietario del taller Automotriz DBR solicitando información en relación al vehículo CD-0467. Sobre la hora de ingreso de dicho vehículo, el jueves 5 de enero, las condiciones del mismo; hora en que fue retirado y persona que lo retiró, así como la hora del viernes 6 de enero del 2006 en que volvió a ingresar el vehículo; persona que lo entregó y bajo qué circunstancias; cuáles son los daños actuales del vehículo y costos de su reparación. A fojas 25 del proceso, se ha incorporado copia del Fax N.° 593-2-243630, enviado por el Ing. Diego Barba Rivadeneira a la directora a de Bienes y Servicios Organizacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que expresa que “el vehículo CD-0467 de marca HYUNDAI XG300 que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores, ingresó el 5 de enero de 2006 aproximadamente a las 9h45 para realizar un chequeo de suspensión una vez concluido este fue retirado por el señor Gustavo Palacios aproximadamente a las 14h30, el vehículo no presentaba ningún desperfecto físico ni mecánico (EL SUBRAYADO ES DE LA SALA). Pero el viernes 6 de enero del 2006 el mismo vehículo reingresó al taller a las 9h30 de manos del Sr. Gustavo Palacios y el vehículo presentaba un golpe en la esquina delantera izquierda del vehículo con lo cual se encontraba afectado: -Guardafango delantero izquierdo; - Foco delantero izquierdo; - Parachoque delantero; - Foco halógeno delantero izquierdo; - Deformación de compacto en parte delantera”. De lo anotado, en lo fundamental, el vehículo no presentaba desperfecto físico ni mecánico. Luego de la segunda revisión (esto es, después del choque) tampoco consta que haya sido por desperfectos del freno. De ahí que el choque se ha producido debido a negligencia o impericia.

SEXTA.- El sumario administrativo se ha realizado cumpliendo con los procedimientos establecidos en la ley; en el propio libelo de su demanda el accionante señala que “no dieron validez a las pruebas presentadas”; revelándose que sí tuvo derecho a la defensa y al debido proceso. No corresponde a este Órgano de Control Constitucional entrar en las minuciosidades de la valoración de la prueba.

SÉPTIMA.- La Asamblea Constituyente, al expedir la Constitución de la República del Ecuador, mantuvo la norma del Art. 120 de la constitución de 1998, incorporándola en el inciso primero del “Art. 233.- Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos”. En el segundo inciso del Art. 229 se ha incorporado los criterios del Art. 124 de la Constitución de 1998: “Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus servidores”. En la revisión del proceso se constata que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha cumplido con los mandatos contenidos en la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa.

OCTAVA.- Bien sabemos que “Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado por una autoridad que no tiene competencia para ello, que no se lo haya dictado con los procedimientos señalados por el ordenamiento jurídico, o cuyo contenido sea contrario al ordenamiento jurídico vigente o bien que se lo haya dictado sin fundamento o suficiente motivación…”. Del estudio del proceso no se evidencian algunas de las circunstancias que invalidaría u ocasionaría la declaratoria de ilicitud del Acuerdo Ministerial emitido por el Ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual resuelve destituir al accionante, así como tampoco se ha demostrado que el Acuerdo Ministerial impugnado contraríe las normas establecidas en la Constitución Política promulgada en 1998 o carezca de motivación.

Por lo expuesto, somos del criterio que el Pleno debe:

1.-    Confirmar la resolución dictada el 26 de junio del 2006 por el Juez Décimo Tercero de lo Civil de Pichincha; y, en consecuencia, negar el amparo solicitado por el señor GUSTAVO HERNAN PALACIOS ALVARO; y,

2.-    Devolver el expediente al Juez de origen para los fines previstos en el Art. 55 de la Ley Orgánica de Control Constitucional.- Notifíquese y publíquese.

f.) Dr. Alfonso Luz Yunes, Juez.

f.) Dra. Nina Pacari Vega, Jueza.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ......- f.) Ilegible.- Quito, 12 de agosto del 2009.- f.) El Secretario General.

PLENO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN.- Quito, 06 de agosto de 2009 a las 13H30.-VISTOS: En el caso signado con el N.° 0788-06-RA, agréguese al proceso el escrito presentado por el doctor Fander Falconí, Ministro de Relaciones Exteriores. En lo principal, la Resolución expedida por la Corte Constitucional, para el período de transición, es suficientemente clara y precisa; por lo que deviene en improcedente el pedido de ampliación y aclaración de la Resolución N.° 0788-06-RA de 21 de abril del 2008. NOTIFÍQUESE.

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente. LO CERTIFICO.- 06 de agosto de 2009, las 13H30. f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General (e).

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ......- f.) Ilegible.- Quito, 12 de agosto del 2009.- f.) El Secretario General.

Nº 1505-07-RA

Juez Constitucional Ponente: doctor Freddy Donoso Páramo

LA CORTE CONSTITUCIONAL,

para el periodo de transición

En el caso signado con el Nº 1505-2007-RA ANTECEDENTES:

La señora abogada Anita Cecilia Albán Mora compareció ante el señor Juez Tercero de lo Civil de Pichincha y dedujo acción de amparo constitucional en contra de los señores: doctor Xavier Garaicoa Ortiz, Procurador General del Estado; arquitecto Jorge Cevallos Macías, Presidente del Congreso Nacional y Ramssés Torres Espinosa, Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, e impugnó el acto administrativo expedido el 27 de agosto del 2007 por el señor Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, mediante providencia dictada a las 10h00, en la que se declaró concluido el término de prueba y se ordenó que todo el expediente pase al señor Presidente del Congreso Nacional para que se continúe con el trámite de juzgamiento. En lo principal, manifestó lo siguiente:

Que el Congreso Nacional instauró un juicio político en su contra por supuestas omisiones en el ejercicio de la función como Ministra del Ambiente, conforme a la acusación que planteara el señor Ángel Yánez Vinueza, Diputado por la provincia de Galápagos, y por las posteriores adhesiones formuladas por los señores diputados Ángel Vilema Freire, Salvador Quishpe Lozano, Dolores Padilla Chiriboga y Tania Massón Fiallos.

En ejercicio de su derecho a la defensa presentó varios escritos de respuesta a las acusaciones presentadas en su contra y solicitó la actuación de pruebas de descargo de distinta naturaleza.

En providencia del 24 de agosto del 2007, que le fuera notificada el 29 de los mismos mes y año, el señor Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional dispuso la actuación de las últimas pruebas solicitadas, incluidas las de los diputados opositores.

No obstante, sin que se hayan actuado las pruebas, mediante providencia del 27 de agosto del 2007, se declaró concluido el término de prueba y se ordenó que todo el expediente pase al Presidente del Congreso Nacional para que continúe el procedimiento de juzgamiento.

El acto impugnado violó el contenido del artículo 23, numeral 27 y 24, numeral 10 de la Constitución Política del Estado de 1998 y le causó daño grave e inminente, por lo que con fundamento en los artículos 95 de la Ley Suprema vigente en 1998, 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, interpone Acción de Amparo Constitucional y solicita se suspenda el acto expedido el 27 de agosto del 2007 por el señor Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional.

En la audiencia pública, la actora se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, en tanto que los señores: arquitecto Jorge Cevallos Macías, Presidente del Congreso Nacional y diputado Ramssés Torres Espinosa, Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, manifestaron que con la acción de amparo propuesta se trató de privar de competencia al Congreso Nacional de una de las prerrogativas indelegables, prevista en el artículo 139, numeral 9 de la Carta Política de 1998, que es la de proceder al enjuiciamiento político, entre otras autoridades, a los Ministros de Estado. El amparo planteado no reunió los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política del Ecuador de 1998. Que el enjuiciamiento político propuesto por los señores legisladores se sustentó, entre otras causas, en la omisión incurrida por la señora Ministra del Ambiente al no dictar o ejercer oportunas políticas, acciones y gestiones tendientes a evitar el deterioro del Parque Nacional Galápagos –Patrimonio Natural de la Humanidad, al momento en riesgo- y su frágil ecosistema, no obstante la preocupación internacional de la UNESCO y el inadecuado control en la pesca ilegal en la zona insular galapagueña. Finalmente, solicitaron se deseche la Acción de Amparo por improcedente e infundada.

El señor Juez Tercero de lo Civil de Pichincha resolvió declarar con lugar el Amparo Constitucional propuesto y, posteriormente, concedió el Recurso de Apelación interpuesto por los accionados.

Con estos antecedentes, para resolver el caso se realizan las siguientes

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición publicado con la Constitución de la República del Ecuador en el Registro Oficial N. º 449 del 20 de octubre del 2008 y la Resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial N. º 451 del 22 de octubre del 2008.SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez.TERCERA.- Fundamentada en lo ordenado en el artículo 95 de la Constitución de 1998 y 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, es pretensión de la recurrente se suspendan los efectos del acto expedido el 27 de agosto del 2007, por el Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, dentro del enjuiciamiento político propuesto por Ángel Yánez y otros legisladores, con el que se declaró concluido el término de prueba, ordenándose que todo el expediente pase al Presidente del Congreso Nacional.

CUARTA.- La Acción de Amparo Constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Constitución de 1998 y 46 y siguientes de la Ley del Control Constitucional, tiene un propósito tutelar traducido en objetivos de protección destinados a cesar, evitar la comisión o remediar las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos que violen derechos constitucionales protegidos, por lo que es condición sustancial de esta acción analizar la conducta impugnada de la autoridad y, como consecuencia, establecer las medidas conducentes a la protección de los derechos constitucionales vulnerados cuyo daño grave o inminencia de daño imponga la tutela constitucional efectiva que la acción de amparo garantiza. En este sentido, es de valor sustantivo y condición de procedencia del amparo la verificación de la ilegitimidad en la que haya incurrido la autoridad pública y la posibilidad efectiva de tutela que la acción promueve para garantía de los derechos constitucionales violentados.

QUINTA.- Manifiesta la accionante que el Congreso Nacional instauró en su contra, en su calidad de Ministra del Ambiente, un juicio político por supuestas omisiones en el ejercicio de la función que desempeñaba, conforme consta en las acusaciones presentadas por el señor Ángel Yánez Vinueza, Diputado por la Provincia de Galápagos y las posteriores adhesiones a éstas por parte de los diputados Ángel Vilema Freire, Salvador Quishpe Lozano, Dolores Padilla Chiriboga y Tania Massón Fiallos, causa en lo que, a criterio de la actora, no se observó el debido proceso, principalmente en lo que se refiere al derecho a la defensa.

SEXTA.- Sin embargo, la recurrente, si bien se refiere al acto del 27 de agosto del 2007 mediante el cual el Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional declara concluido el término de prueba, este acto en sí no cumple los requerimientos que prevé el artículo 95 de la Constitución; es decir, no crea, genera ni extingue derecho alguno de la recurrente. Se trata pues, de aquellos actos de simple administración cuya finalidad, en el caso que nos ocupa, tiende a impulsar la tramitación del juicio político seguido en su contra. La improcedencia de la acción cobra mayor significación cuando a más de su pedido de suspensión del referido acto, solicita se suspendan los actos ulteriores que se generen sobre la base de dicho acto, frente a lo cual se hace necesario precisar que la acción de amparo, del modo que se encuentra instituida en la Constitución, no ha sido creada para tal efecto; tanto más que en el expediente no se ha evidenciado, a pesar del transcurso del tiempo, la existencia de los supuestos ulteriores actos. En otras palabras, la Acción de Amparo no ha sido concebida para actuar sobre meras expectativas, ya que como se conoce, las expectativas no generan derecho. En definitiva, frente a la inexistencia de un acto que genere, crea o extinga derechos, mal se puede profundizar en un análisis que busque evidenciar violaciones al Debido Proceso que han sido invocadas en la demanda.

Por las consideraciones expuestas, el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales:

RESUELVE:

1.     Revocar lo resuelto el señor Juez Tercero de lo Civil de Pichincha, en consecuencia negar el recurso de amparo planteado por la accionante.

2.     Devolver el expediente al Juez de origen para los fines legales pertinentes.

3.     Publíquese y notifíquese y cúmplase. f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la Resolución que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con ocho votos a favor, de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote, Fabián Sancho Lobato, Manuel Viteri Olvera, Diego Pazmiño Holguín y Patricio Pazmiño Freire; un voto salvado del doctor Alfonso Luz Yunes, en sesión del día martes veintiuno de julio de dos mil nueve. Lo certifico.

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ......- f.) Ilegible.- Quito, 12 de agosto del 2009.- f.) El Secretario General.

VOTO SALVADO DEL DR. MSc. ALFONSO LUZ YUNES RESOLUCIÓN: Nº 1505-2007-RA

Por cuanto no comparto con el criterio de la resolución de mayoría, me aparto de la misma por lo siguiente:

ANTECEDENTES:

En el caso N° 1505-2007-RA, la señora abogada Anita Cecilia Albán Mora compareció ante el señor Juez Tercero de lo Civil de Pichincha y dedujo acción de amparo constitucional en contra de los señores doctor Xavier Garaicoa Ortiz, Procurador General del Estado, arquitecto Jorge Cevallos Macías, Presidente del Congreso Nacional y Ramssés Torres Espinoza, Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional e impugnó el acto administrativo expedido el 27 de agosto del 2007 por el señor Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, mediante providencia dictada a las 10h00, en la que se declaró concluido el término de prueba y se ordenó que todo el expediente pase al señor Presidente del Congreso Nacional para que se continúe con el procedimiento de juzgamiento. En lo principal manifestó lo siguiente:

Que el Congreso Nacional instauró un juicio político en su contra por supuestas omisiones en el ejercicio de la función como Ministra del Ambiente, conforme a la acusación que planteara el señor Ángel Yánez Vinueza, Diputado por la provincia de Galápagos y por las posteriores adhesiones formuladas por los señores diputados Ángel Vilema Freire, Salvador Quishpe Lozano, Dolores Padilla Chiriboga y Tania Massón Fiallos.

En ejercicio de su derecho a la defensa presentó varios escritos de respuesta a las acusaciones presentadas en su contra y solicitó la actuación de pruebas de descargo de distinta naturaleza.

En providencia de 24 de agosto del 2007 que le fuera notificada el 29 de los mismos mes y año, el señor Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional dispuso la actuación de las últimas pruebas solicitadas, incluidas las de los diputados opositores.

No obstante, sin que se hayan actuado las pruebas, mediante providencia de 27 de agosto del 2007 se declaró concluido el término de prueba y se ordenó que todo el expediente pase al Presidente del Congreso Nacional para que continúe el procedimiento de juzgamiento.

El acto impugnado violó el contenido del artículo 23, numeral 27 y, 24, numeral 10 de la Constitución Política del Estado y le causó daño grave e inminente por lo que con fundamento en lo ordenado en los Arts. 95 de la Ley Suprema, 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, interpone acción de amparo constitucional y solicitó se suspenda el acto expedido el 27 de agosto del 2007 por el señor Presidente de la Comisión Permanente de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional.

En la audiencia pública la actora se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, en tanto que los señores arquitecto Jorge Cevallos Macías, Presidente del Congreso Nacional y diputado Ramssés Torres Espinosa, Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional, manifestaron que la acción de amparo propuesta trató de privar de competencia al Congreso Nacional, una de cuyas prerrogativas indelegables, prevista en el artículo 139, numeral 9 de la Carta Política, es la de proceder al enjuiciamiento político, entre otras autoridades, a los Ministros de Estado. El amparo planteado no reunió los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución Política del Ecuador. Que el enjuiciamiento político propuesto por los señores legisladores se sustentó, entre  otras causas, en la omisión incurrida por la señora Ministra del Ambiente al no dictar o ejercer oportunas políticas, acciones y gestiones tendientes a evitar el deterioro del Parque Nacional Galápagos- Patrimonio Natural de la Humanidad, al momento en riesgo- y su frágil ecosistema, no obstante la preocupación internacional de la UNESCO y el inadecuado control en la pesca ilegal en la zona insular galapagueña. Finalmente solicitaron se deseche la acción de amparo por improcedente e infundada.

El señor Juez Tercero de lo Civil de Pichincha resolvió declarar con lugar el amparo constitucional propuesto y, posteriormente, concedió el recurso de apelación interpuesto por los accionados.

Encontrándose el presente caso en estado de resolver, para hacerlo se realizan las siguientes,

CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- La Corte Constitucional, para el período de transición, es competente para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición publicado con la Constitución de la República del Ecuador en el Registro Oficial N. º 449 del 20 de octubre del 2008 y la resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial N. º 451 del 22 de octubre del 2008.

SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez.

TERCERA.- La acción de amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 95 de la Constitución y artículo 46 de la Ley del Control Constitucional, tiene un propósito tutelar traducido en objetivos de protección destinados a cesar, evitar la comisión o remediar las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos que violen derechos constitucionales protegidos, por lo que es condición sustancial de esta acción analizar la conducta impugnada de la autoridad y, como consecuencia, establecer las medidas conducentes a la protección de los derechos constitucionales vulnerados cuyo daño grave o inminencia de daño imponga la tutela constitucional efectiva que la acción de amparo garantiza. En este sentido, es de valor sustantivo y condición de procedencia del amparo la verificación de la ilegitimidad en la que haya incurrido la autoridad pública y la posibilidad efectiva de la tutela que la acción promueve para garantía de los derechos constitucionales violentados.

CUARTA.- Manifiesta la accionante que el Congreso Nacional instauró en su contra, en su calidad de Ministra del Ambiente, un juicio político por supuestas omisiones en el ejercicio de la función que desempeñaba, conforme consta en las acusaciones presentadas por el señor Ángel Yánez Vinueza, Diputado por la Provincia de Galápagos y las posteriores adhesiones a éstas por parte de los diputados: Ángel Vilema Freire, Salvador Quishpe Lozano, Dolores Padilla Chiriboga y Tania Massón Fiallos, proceso en el que, a criterio de la actora, no se observó el debido proceso, principalmente en lo que se refiere al derecho a la defensa.


QUINTA.-Se puede observar en las copias del expediente del referido juicio político que la señora Anita Cecilia Albán Mora se dirige al Presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político del Congreso Nacional en el sentido de que “…al amparo de lo previsto en el segundo inciso del artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, desde ahora solicito que se amplíe, por el máximo legal, el término para la actuación de las pruebas que he solicitado, bien entendido que para el caso de los oficios a enviar y de las comparecencias que he pedido disponer, para no conculcar mi derecho a la defensa deberán ser dispuestas a la brevedad”.

En el artículo 90 de la ex Ley Orgánica de la Función Legislativa dice: “Durante el término señalado en el artículo anterior [cinco días] el funcionario acusado podrá ejercer su defensa ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, en forma oral o escrita y, con igual derecho, actuarán el o los legisladores acusadores”.

“La Comisión de Fiscalización y Control Político, a petición de parte, podrá conceder un término adicional de cinco días para efectos de la actuación de todas las pruebas. Vencido el mismo, en cinco días improrrogables remitirá todo lo actuado al Presidente del Congreso Nacional”.

SEXTA.- Pese a no haberse actuado las pruebas solicitadas y que fueron proveídas en providencia del 24 de agosto del 2007, de manera súbita, el 27 de agosto a las 10h00, el Presidente de la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político dispone que se remita todo el expediente del juicio político y sus anexos al Presidente del Congreso Nacional.

SÉPTIMA.- Entre las instituciones del debido proceso encontramos abundantes argumentos en Derecho acerca de la importancia de la prueba, tanto en su formación como en su desarrollo; esto es, cuando la misma ha sido formalmente pedida, ordenada y actuada dentro del proceso. Al no haber sido atendida la petición en legal y debida forma durante la estación probatoria en el juicio político, se han violado preceptos constitucionales que los recurridos estaban en la obligación de acatar, cosa que no sucedió, dejando a la accionante en la precaria situación de la indefensión. Nadie podrá ser privado del derecho de defensa en ningún estado o grado del respectivo procedimiento, nos dice el numeral 10 del artículo 24 de la Constitución de la República. Adicionalmente, el numeral 17 de la misma Carta Suprema preceptúa que: “Toda persona tendrá derecho a acceder a los órganos judiciales y a obtener de ellos la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, sin que en caso alguno quede en indefensión”.

Por lo expuesto soy del criterio que el Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, debería resolver:

1.-    Confirmar la resolución subida en grado y, en consecuencia, conceder la acción de amparo constitucional planteada.

2.-    Devolver el expediente al Juez de Instancia para los fines legales pertinentes.

3.-    Notifíquese, publíquese y cúmplase. f.) Dr. MSc. Alfonso Luz Yunes, Juez Constitucional.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ......- f.) Ilegible.- Quito, 12 de agosto del 2009.- f.) El Secretario General.

Nº 1512-07-RA

Jueza Constitucional Ponente: Dra. Ruth Seni Pinoargote

LA CORTE CONSTITUCIONAL,

para el periodo de transición

En el caso signado con el Nº 1512-07-RA ANTECEDENTES:

El señor Subprefecto de Tránsito, Ulbio Alejandro Cortez Rivera, compareció ante el señor Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil y dedujo acción de amparo constitucional en contra del señor Ricardo Antón Khairalla, Director Ejecutivo y representante legal de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas y Presidente del Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores, impugnando el acto administrativo contenido en la resolución del Consejo, en la que se lo sancionó con la baja del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas. En lo principal manifestó lo siguiente:

El Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores N.º 01-2007 dictó la resolución en la que determinó que cometió faltas disciplinarias atentatorias, determinadas en el literal a del art. 65 y literales a y t del art. 47 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la CTG, sancionándole con la baja del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas, la que se publicó en la Orden General N.º 21762 el día viernes 06 de julio del 2007, art. 2, en que se conoció la providencia del 29 de junio del 2007.

La resolución impugnada fue firmada por los señores: Ricardo Antón Khairalla, Enrique Fócil Baquerizo y Segundo Barrera Rodríguez, integrantes del Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores, quienes lo hicieron por desafecto y en perjuicio de su persona, fallando contra ley expresa, ya que se rehusaron a realizar la prueba pericial de su firma y rúbrica transcrita en el parte policial del 08 de marzo del 2006 y se suprimieron las pruebas que aportó a su declaración rendida en el Departamento de Asuntos Internos.

En el primer numeral de las consideraciones que adoptaron los Vocales del Consejo, se omitió solemnidad sustancial, ya que se permitió que los Departamentos GEOT y DAI realicen las investigaciones internas, sin tener aprobados sus deberes y atribuciones en ninguna Ley ni reglamento que regule la vida institucional. Otra irregularidad cometida fue que el GEOT recibió, en sobre cerrado, dos partes de novedades del 08 de marzo y del 06 de octubre del 2006, sin que se haya anotado, por parte del guardia de turno, quién dejó dicha documentación, a la que se adhirió un parte de novedades del 08 de marzo del 2006, supuestamente con su firma, lo que fue investigado por la GEOT y el DAI. Después de realizadas las investigaciones, el sargento Simón Carlier y el cabo Kléber Ronquillo fueron sancionados disciplinariamente, violentando lo dispuesto en el numeral 26 del art. 24 de la Constitución Política de 1998, al haber sido interrogados por segunda ocasión dentro del caso Nº 5751.

Que no se tomó en cuenta, en el cambio de servicio de labores, lo apuntado en el libro de novedades del control de El Empalme, ya que entraban al destacamento detenidos dos vehículos y un conductor, producto de un choque ocurrido en las vías Quevedo y Quito. Lo que sucedió fue que se acercó el Cabo Villamar al Agente Bravo, preguntándole la causa de las novedades, sin anotarlas en el libro del destacamento ni informar a la Central del suceso y peor, al no haber elaborado el parte a la superioridad, como lo determina el art. 90 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la CTG. Que el Suboficial Alcívar, al llegar al lugar del accidente, en el cantón El Empalme, el 06 de octubre del 2006 y al ver una persona accidentada, dos vehículos chocados y un conductor, debió haber elaborado el parte correspondiente, como lo establece el art. 90 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la CTG.

Que existió contradicción entre lo dicho en el DAI y lo reportado en la Central de Radio de la CTG, ya que según lo reportado en el Departamento de Asuntos Internos, señala que, aproximadamente a las 16h50, la Central de Radio de la CTG le comunicó que verifique la novedad en las Avenidas Quito y Quevedo en el cantón El Empalme y al llegar, no vio novedad, comunicándolo a centracom, y continuó con la circulación regular de patrullaje. El cabo Lascano, en su declaración en el DAI, señaló que luego de haber sido designado a laborar en la X-112 con el vigilante Bravo y el Suboficial Alcívar, un grupo de personas les comunicaron que minutos antes había ocurrido un accidente de tránsito, producto del cual, había una persona herida, que era la acompañante del motociclista, sin observar en el sitio de la colisión ni vehículos ni choferes. Que se detecta que la declaración realizada por el Cabo Kléber Ronquillo es falsa, ya que en la entrevista ejecutada por los investigadores del DAI, el ciudadano José García Cantos, de El Empalme, manifestó. “que al accidente llegó una camioneta de los vigilantes, doble cabina Chevrolet, pero no recuerda el número, y se llevaron preso al de la buena fe y la moto”, de lo que se desprendería que una de las dos camionetas de los vigilantes actuó en el accidente de tránsito.

Fundamentado en lo estipulado en los artículos 95 de la Constitución Política de 1998 y 46 de la Ley de Control Constitucional, interpuso acción de amparo constitucional y solicitó se suspenda definitivamente la resolución dictada por el Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores de la CATG 01-2007; se lo reincorpore a las filas del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas; se le cancele sus haberes y demás emolumentos dejados de percibir a partir del mes de agosto del 2007, más los beneficios sociales y la indemnización, como lo determina el art. 21 de la Constitución Política de 1998.

En la audiencia pública, el actor se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, en tanto que los accionados señalaron que l

a demanda no reunía los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución Política de 1998 y en el artículo 46 de la Ley de Control Constitucional. Que la sanción impuesta por el Consejo de Disciplina fue la adecuada, proporcionalmente a la falta de disciplina cometida por el accionante; no hubo excesos en la aplicación de la sanción, misma que se encuentra determinada en los artículos 79, 86 y 88 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley del Personal del Cuerpo de Vigilancia, por lo que solicitó se niegue la acción. Por otro lado, el representante de la Procuraduría General del Estado manifestó que no existió acto ilegítimo de autoridad pública, por lo que la acción propuesta debió ser rechazada.

El señor Juez Suplente del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil resolvió inadmitir el amparo y posteriormente concedió el recurso de apelación interpuesto por el actor.

Para resolver el presente caso, se realizan las siguientes: CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- La Corte Constitucional, para el período de transición, es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición publicado con la Constitución de la República del Ecuador en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008 y la resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 451 del 22 de octubre del 2008.

SEGUNDA.- No se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución de la causa, por lo que se declara su validez.

TERCERA.- La acción de amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en el art. 95 de la Constitución de 1998 y art. 46 de la Ley del Control Constitucional, tiene un propósito tutelar traducido en objetivos de protección destinados a cesar, evitar la comisión o remediar las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos que violen derechos constitucionales protegidos, por lo que es condición sustancial de esta acción analizar la conducta impugnada de la autoridad y, como consecuencia, establecer las medidas conducentes a la protección de los derechos constitucionales vulnerados, cuyo daño grave o inminencia de daño, imponga la tutela constitucional efectiva que la acción de amparo garantiza. En este sentido, es de valor sustantivo y condición de procedencia del amparo la verificación de la ilegitimidad en la que haya incurrido la autoridad pública y la posibilidad efectiva de la tutela que la acción promueve para garantía de los derechos constitucionales violentados.

CUARTA.- El accionante, por intermedio de esta acción de amparo, impugna el acto contenido en la resolución del 29 de junio del 2007 (fs. 238-240), adoptada por el Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas, dentro de expediente N.º 001-2007, mediante el cual, se le impone al accionante la sanción de baja de las filas del Cuerpo de Vigilancia, por haber incurrido en las faltas atentatorias previstas en el literal a del art. 65; literal f del art. 42 y faltas graves establecidas en los literales a y t del art. 47 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, en el grado de autor.

QUINTA.- El Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, establece que: “Art. 86.- Serán sometidos al juzgamiento del Consejo de Disciplina respectivo, y sancionados con la baja de la Institución o la suspensión de funciones y mando por tres meses, según la gravedad de la falta cometida; quienes hubieran incurrido en cualquiera de las faltas atentatorias, previstas en el Título III del presente Reglamento”; el literal a del art. 65, señala que son faltas en atentatorias en “Contra de la Seguridad de las Operaciones “Art. 65.- FALTAS ATENTATORIAS a.- Incurrir en acciones y omisiones atribuibles a negligencia o impericia, imprudencia o inobservancia de leyes, reglamentos y más normas de seguridad que pongan en peligro el cumplimiento de una operación o la integridad de las personas o de los bienes;”. Los literales a y t del art. 47 disponen que son faltas graves “Contra los Deberes y Obligaciones”: “Art. 47.- FALTAS GRAVES a.- No mantener la debida disciplina en el personal a su mando; […] t.- Infringir deliberadamente leyes y reglamentos de tránsito que atenten contra el prestigio institucional” y finalmente el art. 80 dispone: “Cuando existieren varios responsables de una misma falta disciplinaria, se aplicará la sanción mayor al miembro más antiguo o de jerarquía superior”.

SEXTA.- El Pleno de la Corte encuentra que el Consejo de Disciplina conoció y juzgó las faltas imputadas al actor de esta acción, conforme establece el Título VII “De los Consejos de Disciplina y su Procedimiento”, del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, procedimiento al que compareció el accionante, ejerció el derecho a su defensa y se le garantizó el debido proceso.

SÉPTIMA.- El Consejo de Disciplina que sanciona al hoy accionante, lo hace considerando que su conducta se adecuó a las faltas atentatorias previstas en el literal a del art. 65, literal f del art. 42 y faltas graves establecidas en los literales a y t del art. 47 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, en el grado de autor, y mediante esta acción se pretende que se revea esa decisión, lo que no es competencia de este Tribunal por no ser un órgano de apelación y no tener dentro de su competencia la posibilidad de valorar pruebas ni los criterios de juzgamiento.

OCTAVA.- No se establece que el acto impugnado y el procedimiento previo lesionen los derechos alegados por el accionante, pues se ha observado la normativa pertinente de la institución para juzgar un hecho calificado como falta; se ha realizado un juzgamiento en el ámbito administrativo y disciplinario, apegado a la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, concluyendo en una resolución debidamente motivada, pues determina los hechos juzgados y la pertinencia a ellos de la aplicación de la norma sancionadora, por lo que el presente caso no reúne los requisitos de procedibilidad de la acción de amparo constitucional.

Por las consideraciones expuestas, el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales:

RESUELVE:

1.-    Confirmar la resolución subida en grado y, en consecuencia, negar la acción de amparo planteada.

2.-    Devolver el expediente al Juez de Instancia para los fines legales pertinentes.

3.-    Notifíquese, publíquese y cúmplase. f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la Resolución que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con seis votos a favor, de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Ruth Seni Pinoargote, Fabián Sancho Lobato, Diego Pazmiño Holguín y Patricio Pazmiño Freire, y dos votos concurrentes de los doctores: Hernando Morales Vinueza y Manuel Viteri Olvera, y un voto salvado del doctor Alfonso Luz Yunes, en sesión del día martes veintiuno de julio del dos mil nueve. Lo certifico.

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ......- f.) Ilegible.- Quito, 12 de agosto del 2009.- f.) El Secretario General.

VOTO CONCURRENTE DE LOS DOCTORES HERNANDO MORALES VINUEZA Y MANUEL VITERI OLVERA EN EL CASO SIGNADO CON EL Nº 1512-07-RA

Quito, D. M., 21 de julio del 2009

Conforme con los antecedentes, consideraciones y parte resolutiva de la resolución adoptada, nos separamos de la misma y consignamos nuestro voto concurrente en los siguientes términos:

OCTAVA.-Se ha observado la normativa pertinente de la institución para juzgar un hecho calificado como falta; se ha realizado un juzgamiento en el ámbito administrativo y disciplinario, apegado a la normativa constitucional, legal y reglamentaria vigente, concluyendo en una resolución debidamente motivada, pues determina los hechos juzgados y la pertinencia a ellos de la aplicación de la norma sancionadora, por lo que el presente caso no reúne los requisitos de procedibilidad de la acción de amparo constitucional.

f.) Dr. Hernando Morales Vinueza, Juez Constitucional. f.) Dr. Manuel Viteri Olvera, Juez Constitucional.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ......- f.) Ilegible.- Quito, 12 de agosto del 2009.- f.) El Secretario General.

RESOLUCIÓN Nº 1512-07-RA

VOTO SALVADO DEL DR. ALFONSO LUZ YUNES

ANTECEDENTES:

El señor Subprefecto de Tránsito, Ulbio Alejandro Cortez Rivera, compareció ante el señor Juez Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil y dedujo acción de amparo constitucional en contra del señor Ricardo Antón Khairalla, Director Ejecutivo y representante legal de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas y Presidente del Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores, impugnando el acto administrativo contenido en la resolución del Consejo, en la que se lo sancionó con la baja del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas. En lo principal manifestó lo siguiente:

El Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores N.º 01-2007 dictó la resolución en la que determinó que cometió faltas disciplinarias atentatorias, determinadas en el literal a del art. 65 y literales a y t del art. 47 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la CTG, sancionándole con la baja del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas, la que se publicó en la Orden General N.º 21762 el día viernes 06 de julio del 2007, art. 2, en que se conoció la providencia del 29 de junio del 2007.

La resolución impugnada fue firmada por los señores: Ricardo Antón Khairalla, Enrique Fócil Baquerizo y Segundo Barrera Rodríguez, integrantes del Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores, quienes lo hicieron por desafecto y en perjuicio de su persona, fallando contra ley expresa, ya que se rehusaron a realizar la prueba pericial de su firma y rúbrica transcrita en el parte policial del 08 de marzo del 2006 y se suprimieron las pruebas que aportó a su declaración rendida en el Departamento de Asuntos Internos.

En el primer numeral de las consideraciones que adoptaron los Vocales del Consejo, se omitió solemnidad sustancial, ya que se permitió que los Departamentos GEOT y DAI realicen las investigaciones internas, sin tener aprobados sus deberes y atribuciones en ninguna Ley ni reglamento que regule la vida institucional. Otra irregularidad cometida fue que el GEOT recibió, en sobre cerrado, dos partes de novedades del 08 de marzo y del 06 de octubre del 2006, sin que se haya anotado, por parte del guardia de turno, quién dejó dicha documentación, a la que se adhirió un parte de novedades del 08 de marzo del 2006, supuestamente con su firma, lo que fue investigado por la GEOT y el DAI. Después de realizadas las investigaciones, el sargento Simón Carlier y el cabo Kléber Ronquillo fueron sancionados disciplinariamente, violentando lo dispuesto en el numeral 26 del artículo 24 de la Constitución Política de 1998, al haber sido interrogados por segunda ocasión dentro del caso Nº 5751.

Que no se tomó en cuenta, en el cambio de servicio de labores, lo apuntado en el libro de novedades del control de El Empalme, ya que entraban al destacamento detenidos dos vehículos y un conductor, producto de un choque ocurrido en las vías Quevedo y Quito. Lo que sucedió fue que se acercó el Cabo Villamar al Agente Bravo, preguntándole la causa de las novedades, sin anotarlas en el libro del destacamento ni informar a la Central del suceso y peor, al no haber elaborado el parte a la superioridad, como lo determina el art. 90 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la CTG. Que el Suboficial Alcívar, al llegar al lugar del accidente, en el cantón El Empalme, el 06 de octubre del 2006 y al ver una persona accidentada, dos vehículos chocados y un conductor, debió haber elaborado el parte correspondiente, como lo establece el art. 90 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la CTG.

Que existió contradicción entre lo dicho en el DAI y lo reportado en la Central de Radio de la CTG, ya que según lo reportado en el Departamento de Asuntos Internos, señala que, aproximadamente a las 16h50, la Central de Radio de la CTG le comunicó que verifique la novedad en las Avenidas Quito y Quevedo en el cantón El Empalme y al llegar, no vio novedad, comunicándolo a centracom, y continuó con la circulación regular de patrullaje. El cabo Lascano, en su declaración en el DAI, señaló que luego de haber sido designado a laborar en la X-112 con el vigilante Bravo y el Suboficial Alcívar, un grupo de personas les comunicaron que minutos antes había ocurrido un accidente de tránsito, producto del cual, había una persona herida, que era la acompañante del motociclista, sin observar en el sitio de la colisión ni vehículos ni choferes. Que se detecta que la declaración realizada por el Cabo Kléber Ronquillo es falsa, ya que en la entrevista ejecutada por los investigadores del DAI, el ciudadano José García Cantos, de El Empalme, manifestó. “que al accidente llegó una camioneta de los vigilantes, doble cabina Chevrolet, pero no recuerda el número, y se llevaron preso al de la buena fe y la moto”, de lo que se desprendería que una de las dos camionetas de los vigilantes actuó en el accidente de tránsito.

Fundamentado en lo estipulado en los artículos 95 de la Constitución Política de 1998 y 46 de la Ley de Control Constitucional, interpuso acción de amparo constitucional y solicitó se suspenda definitivamente la resolución dictada por el Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores de la CATG 01-2007; se lo reincorpore a las filas del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas; se le cancele sus haberes y demás emolumentos dejados de percibir a partir del mes de agosto del 2007, más los beneficios sociales y la indemnización, como lo determina el art. 21 de la Constitución Política de 1998.

En la audiencia pública, el actor se ratificó en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, en tanto que los accionados señalaron que el  a demanda no reunía los requisitos señalados en el artículo 95 de la Constitución Política de 1998 y en el artículo 46 de la Ley de Control Constitucional. Que la sanción impuesta por el Consejo de Disciplina fue la adecuada, proporcionalmente a la falta de disciplina cometida por el accionante; no hubo excesos en la aplicación de la sanción, misma que se encuentra determinada en los artículos 79, 86 y 88 del Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley del Personal del Cuerpo de Vigilancia, por lo que solicitó se niegue la acción. Por otro lado, el representante de la Procuraduría General del Estado manifestó que no existió acto ilegítimo de autoridad pública, por lo que la acción propuesta debió ser rechazada.

El señor Juez Suplente del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Civil de Guayaquil resolvió inadmitir el amparo y posteriormente concedió el recurso de apelación interpuesto por el actor.

Para resolver el presente caso, se realizan las siguientes: CONSIDERACIONES:

PRIMERA.- La Corte Constitucional, para el período de transición, es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición publicado con la Constitución de la República del Ecuador en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008 y la resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 451 del 22 de octubre del 2008. SEGUNDA.- La acción de amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en el art. 95 de la Constitución de 1998 y art. 46 de la Ley del Control Constitucional, tiene un propósito tutelar traducido en objetivos de protección destinados a cesar, evitar la comisión o remediar las consecuencias de un acto u omisión ilegítimos que violen derechos constitucionales protegidos, por lo que es condición sustancial de esta acción analizar la conducta impugnada de la autoridad y, como consecuencia, establecer las medidas conducentes a la protección de los derechos constitucionales vulnerados, cuyo daño grave o inminencia de daño, imponga la tutela constitucional efectiva que la acción de amparo garantiza. En este sentido, es de valor sustantivo y condición de procedencia del amparo la verificación de la ilegitimidad en la que haya incurrido la autoridad pública y la posibilidad efectiva de la tutela que la acción promueve para garantía de los derechos constitucionales violentados.

TERCERA.- Cabe que se ubique la situación que trae el asunto que sirve de fundamento a la acción de amparo. A manera de síntesis, la demanda de amparo de Cortez Rivera se centra a impugnar el acto administrativo que contiene la Resolución expedida por el Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores de la Comisión de Tránsito del Guayas del 29 de junio del 2007 a las 10h00, que fue publicada en la Orden General N.º 21767, numeral 3, del 06 de julio del mismo año, mediante la cual, le dieron de baja de las filas del Cuerpo de Vigilancia de dicha institución. Que al juzgarlo, el Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores ha violado las normas relativas al debido proceso, a la seguridad jurídica y otras que menciona, al haber considerado informes del Grupo Especial de Operativos de Tránsito GEOT y del Departamento de Asuntos Internos DAI de la Comisión de Tránsito del Guayas, que han distorsionado la realidad, según asevera.

CUARTA.- La Constitución Política de 1998, contiene una serie de derechos y garantías a favor de los ecuatorianos, que los protege de cualquier abuso de autoridad pública, y la legislación secundaria, entre ellas, las normas legales, reglamentarias, resoluciones y otras que rigen la actividad de la Comisión de Tránsito de la Provincia del Guayas, deben guardar armonía con las normas constitucionales que contienen tales derechos y garantías, pues de lo contrario, la norma secundaria o resoluciones no tendrían valor jurídico alguno.

Dentro de este campo, hay que tener presente que la autoridad pública, al dictar cualquier acto de su competencia, debe observar también en la forma y fondo dichos preceptos, pues de lo contrario, su obrar sería ilegítimo, que es uno de los casos por los cuales procede el amparo. Los numerales 26 y el 27 del artículo 23 de la Constitución Política de 1998 consagran los principios de la seguridad jurídica y del debido proceso, y el art. 24 de la misma Constitución realiza un amplio desarrollo, en 17 numerales, de las garantías que comprende el debido proceso, normas todas que deben ser observadas, como se dijo, por toda autoridad pública. Por otro lado, el art. 1 de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas dice que: “…tiene por objeto: regular la actividad profesional de sus miembros, garantizarles su estabilidad y propender a su perfeccionamiento y superación”. El art. 46 de la misma Ley dice que: “Se establece el principio de que ninguna falta de las fijadas en el Reglamento de Disciplina, merece dos sanciones y que al producirse pluralidad de aquellas, se sancionará por la más grave”. Y el art. 47 garantiza el derecho pleno a la defensa que tiene todo imputado. El Decreto Ejecutivo 438 del 22 de diciembre del año 1998, publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 097 del 29 de los mismos mes y año, determina que los oficiales superiores de la Comisión de Tránsito del Guayas serán juzgados por el Tribunal conformado por el Director Ejecutivo que los presidirá, y como vocales actuarán el Jefe Provincial de Tránsito y el Asesor Jurídico. Hay que tener en cuenta las normas relacionadas con la prescripción en materia penal. Y en este sentido, el art.93 del Código Penal de la Policía Nacional establece que para el cómputo del tiempo para que prescriba la acción, debe contarse desde el momento de cometido el delito, haya o no enjuiciamiento; en tanto que el Código Penal común legisla en el sentido de que la acción, para perseguir las contravenciones, prescribe en treinta días y la pena, en noventa. Tales normas son de carácter general y al no estar reglado este tema en la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas, debe remitirse a ellas, por ser superiores a las reglamentarias.

QUINTA.- Del examen de los recaudos procesales que contienen las actuaciones practicadas en el procedimiento que motiva la acción y de las efectuadas en este trámite, se pueden extraer los siguientes particulares, en estrecha síntesis: 1.- Que efectivamente, mediante Orden General N.º 21603 del 24 de enero del 2007, se convoca a audiencia de juzgamiento para el día 29 de los mismos mes y año, al actor de la acción de amparo; 2.- Que el elemento fundamental para el inicio del procedimiento en contra de Cortez Rivera, según los propios términos que constan en los antecedentes de la Resolución dictada por el Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores de la Comisión de Tránsito del Guayas, que es materia de la impugnación, fue el informe 5751-DAI-CTG. del 29 de noviembre del 2006, que fue elaborado por el Inspector Jesús León Alvarado; 3.- Que este informe, a su vez, está motivado por el oficio N.º 385-GEOT-CTG:-06 del 31 de octubre del año 2006, remitido por el Jefe del GEOT, Alex Arévalo Vercold, al Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas; 4.- Que a consecuencia de este procedimiento seguido en contra del demandante, el Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores de la Comisión de Tránsito del Guayas, dictó resolución en su contra el 29 de junio del 2007, mediante la cual, se lo sanciona con la pena de baja de las filas del Cuerpo de Vigilancia; 5.- Que la sanción que se impuso al demandante del amparo está publicada en la Orden General N.º 21767 del 06 de julio del 2007; 6.- Que es parte del expediente la copia de la Resolución expedida por el Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores, que ha de ser objeto de análisis para determinar si reúne las condiciones establecidas en el numeral 13 del art. 24 de la Constitución de 1998; 7.- Que de acuerdo a los informes que fueron considerados como antecedentes para la iniciación del procedimiento disciplinario en contra del actor del amparo, el hecho que fue materia de investigación en dichos informes fue el ocurrido el 06 de octubre del 2006, en tanto que, como quedó mencionado, la audiencia fue convocada para el 29 de enero del 2007 y la Resolución fue expedida el 29 de junio del 2007, publicada en la Orden General N.º 21767 del 06 del julio del 2007; 8.- Que existe constancia en cuanto a que el actor del amparo, antes de que se le inicie el procedimiento ante el Tribunal de Disciplina, presentó un recurso de Hábeas Data para que se le proporcione documentos relacionados con él, respecto a la investigación que se había dispuesto en el caso 5751-DAI-CTG.

SEXTA.- De la confrontación que se puede hacer, con la utilización de una lógica sencilla, entre la forma y contenido del acto administrativo que es objeto del amparo propuesto por el actor, con las normas legales que quedaron mencionadas en la consideración Cuarta de esta resolución, si bien puede concluirse que el Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores de la Comisión de Tránsito del Guayas es competente para juzgar y sancionar a oficiales superiores de dicha institución, tal situación no obsta para que quien se considere afectado con una sanción pueda presentar su reclamo, conforme al art. 96 del Reglamento a la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia, para recibir una respuesta a su reclamo, conforme al art. 99 del mismo Reglamento. El numeral 13 del art. 24 de la Constitución Política de 1998 dice: “Las resoluciones de los poderes públicos que afecten a las personas, deben ser motivadas. No habrá tal motivación si en la resolución no se enunciaren normas o principios jurídicos en que se haya fundado, y si no se explicare la pertinencia de su aplicación a los antecedentes del hecho…”. El principio constitucional antes aludido, conjugado con normas legales y principios doctrinales sobre la materia, permite inferir que toda resolución debe tener tres partes bien definidas: los antecedentes o parte expositiva, la que sirve para hacer las consideraciones y la resolutiva. La primera ha de centrarse a exponer los hechos que son materia del asunto sobre el que se va a decidir y los argumentos de quien es parte legitimada pasiva. En la segunda, que tiene importancia trascendental, la autoridad debe realizar todas las operaciones mentales que le permitan confrontar los hechos  expuestos  en   la  resolución  con las normas y  principios  que  resulten  aplicables  al  caso  que  se examina; y, finalmente,  la  parte  decisiva  o  resolutiva, que  está dirigida a plasmar la consecuencia del análisis realizado, es decir, conceder parcial o totalmente, o negar lo que es materia de resolución, reconocer o no el derecho o la cosa que se exige, ya sea en forma total o parcial, que en el caso de los asuntos penales disciplinarios, sería la de condenar o absolver. Si se revisa la resolución del 29 de junio del 2007 expedida por el Consejo de Disciplina de Oficiales Superiores de la Comisión de Tránsito del Guayas, se encuentra que en cuanto a la primera parte, a la expositiva o de antecedentes, lejos de referirse a los hechos que motivan el juzgamiento, que debe comprender, entre otros particulares, la clase de falta disciplinaria cometida, las circunstancias de modo, tiempo y espacio en que fue realizada y datos afines, se toma como fundamento un informe elaborado el 29 de noviembre del 2006, del que ni siquiera se dice cuál es la razón de origen del mismo. Luego, la parte considerativa hace una enumeración de las pruebas que se afirma actuadas, entre tales, se destacan los informes elaborados por el DAI, que sirvieron como antecedente, sin que se explique, de ninguna manera, los hechos investigados y el resultado o conclusiones que contienen; se proporciona una serie de nombres de personas que se afirman han depuesto, sin que se haga análisis de los términos de sus testimonios, examen que, sobre todo, ha de servir para adoptar las conclusiones de la resolución, pues al no ser así, nadie podría entender porqué una sanción o una absolución. Vale hacer referencia a que la iniciación del expediente de juzgamiento del actor del amparo se da con fecha posterior a la acción de hábeas data que este interpuso para que se le entregara documentos que contenían información sobre su persona, que devenía de una investigación hecha sobre faltas cometidas que, se afirma, había cometido, acción que era un acto de defensa al no haber conseguido que se le dé copias para conocer el contenido de lo que era materia de la pesquisa policial interna; la documentación se refería justamente al caso N.º 5751. Finalmente, el examen tiene que comprender el aspecto de la prescripción que ha alegado el actor del amparo. De acuerdo a los datos recogidos de los documentos que obran en este expediente, la falta disciplinaria de la que se acusa al demandante, surge de un accidente de tránsito ocurrido el 06 de octubre del 2006, del que se desprendió el informe antes referido y que fue conocido por el Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Guayas el 29 de noviembre del mismo año 2006, situación que para efectos de contar el tiempo de la prescripción, para esta Sala, no tiene ningún efecto jurídico, en tanto que la resolución mediante la cual se sancionó al actor con la baja del cuerpo de vigilancia y que es materia de impugnación, fue expedida el 29 de junio del 2007, es decir, que hasta tal fecha había prescrito la acción para perseguir la contravención cometida, aún considerando el tiempo que se sostiene contempla el Reglamento de Disciplina y Sanciones de la Ley de Personal del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito del Guayas, que es de noventa días; prescripción que debe ser declarada a petición de parte o de oficio. De todo lo examinado, surge como conclusión lógica que al proceder en la forma como lo hizo el Tribunal de Disciplina de Oficiales Superiores de la Comisión de Tránsito del Guayas, ha violado flagrantemente la norma del numeral 26 del art. 23, relativa a la seguridad jurídica, y el numeral 13 del art. 24 de la Constitución Política de 1998.

Por lo expuesto soy del criterio que el Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, debe:

RESUELVE:

1.-    Revocar la resolución subida en grado y, en consecuencia, aceptar la acción de amparo planteada.

2.-    Devolver el expediente al Juez de Instancia para los fines legales pertinentes.

3.-    Notifíquese, publíquese y cúmplase. f.) Dr. Alfonso Luz Yunes, Juez Constitucional.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ......- f.) Ilegible.- Quito, 12 de agosto del 2009.- f.) El Secretario General.

Nº 0003-09-AI

Ponencia: doctor Hernando Morales Vinueza

LA CORTE CONSTITUCIONAL,

para el periodo de transición

En el caso signado con el Nº 0003-2009-AI ANTECEDENTES:

El abogado Joffre Campaña Mora, en calidad de Procurador Judicial de SERTELEC S. A., MILLATEL S. A., SATEL SOCIEDAD ANÓNIMA DE TELECOMUNICACIONES S. A. y TELEMAXCORP S. A., de conformidad con el artículo 81 de la Constitución Política del Ecuador, y fundamentado en los artículos: 1, 5, 21, 22 y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, interpone Recurso de Acceso a la Información en contra del Presidente Ejecutivo de la Compañía de Telefonía Pública PACIFICTEL S. A., a fin de que se le entregue la información relacionada con el concurso público CC-002-2008 para el “Mantenimiento General de la Planta Externa de Pacifictel”. La información solicitada por el recurrente se encuentra detallada en 11 numerales de su demanda, así como en la petición efectuada el 21 de mayo del 2008, al Presidente Ejecutivo de Pacifictel S. A., la que no ha sido atenida.

El demandado, en la audiencia pública efectuada el 10 de junio del 2008, da contestación a la demanda y rechaza la presentación del recurso alegando su improcedencia, debido a que en el caso existe un indebido ámbito de aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información ya que en su artículo 3, literal f, se dice que esta ley es aplicable a las personas jurídicas de derecho privado que sean delegatarias o concesionarias, o cualquier otra forma contractual de servicios públicos del Estado, sino en los términos del respectivo contrato, por lo cual, el mismo legislador estaría limitando su alcance e imposibilitando el acceso a la información a otros temas o áreas que no sean los relativos a la concesión. Señala que la compañía tiene como único accionista al Fondo de Solidaridad, con el 100% de sus acciones; está regida por la Superintendencia de Compañías y tiene un contrato de Concesión de Servicios Finales y Portadores de Telecomunicaciones, por lo que compite en el mercado igual que las otras compañías que tienen concesiones estatales de servicios de telecomunicaciones y cuyos accionistas son privados, por lo que el recurrente debe estar dispuesto a lo que establece la ley, es decir, limitarse a solicitar información referente al contrato modificatorio, ratificatorio y codificatorio de la Concesión de Servicios Finales y Portadores de Telecomunicaciones, otorgado por la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; que Pacifictel S. A., tampoco maneja recursos públicos ni recibe fondos o asignaciones del Presupuesto Nacional ni de cualquier institución del Estado para que pueda ser considerada como parte de la Administración Pública, o que sus personeros sean funcionarios estatales; y que Pacifictel está presta a entregar información, pero solo en los términos del contrato de Concesión antes citado.

Por su parte, la Procuraduría General del Estado señala que de acuerdo con los artículos 3 y 5 de la Codificación de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, tiene competencia para supervisar los procesos que se siguen en contra de las instituciones del Estado ecuatoriano o las instituciones de derecho privado que cuenten con fondos del Estado, como lo es, en el presente caso, Pacifictel S. A., cuyo único accionista es el Estado a través del Fondo de Solidaridad, institución establecida en el artículo 250 de la Constitución Política de 1998.

El accionante, Joffre Armando Campaña Mora, se afirma y ratifica en el total contenido de su demanda, es decir, en los fundamentos de hecho y derecho, y hace notar la contradicción entre los argumentos de Pacifictel y la Procuraduría: los primeros afirman que sus fondos son privados y que, por tanto, sus representantes podrán hacer cualquier cosa con los mismos; y los segundos, que son públicos: que precisamente la Ley de Transparencia fue expedida para controlar posibles actos de corrupción y es pertinente que la ciudadanía pueda tener acceso a la información sobre el manejo de los fondos del Estado.

El Juez Décimo de lo Civil de Guayaquil, con fecha 13 de enero del 2009, resuelve declarar con lugar el Recurso de Acceso a la Información, Resolución que es apelada por el accionado ante el Tribunal Constitucional.

CONSIDERACIONES

PRIMERA.- La Corte Constitucional, para el período de transición, es competente para conocer y resolver el presente caso, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición publicado con la Constitución de la República del Ecuador, en el Registro Oficial N.° 449 del 20 de octubre del 2008 y la Resolución publicada en el suplemento del Registro Oficial N.° 451 del 22 de octubre del 2008, en concordancia con los artículos 22, antepenúltimo inciso de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 17, inciso segundo del Reglamento General a dicha ley.

SEGUNDA.- De acuerdo con la Ley N.º 2004-34 del 18 de mayo del 2004, referida a la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se garantiza a todas las personas el ejercicio de un genuino y legítimo acceso a la información pública, de conformidad con las garantías consagradas en la Carta Magna y más instrumentos internacionales, información que están obligadas a proporcionar todas las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas que conforman el sector público en los términos del artículo 118 de la Constitución Política de 1998, las personas jurídicas de derecho privado que realicen obras o servicios con asignaciones públicas o tengan participación del Estado o sean concesionarios de éste; las personas jurídicas de derecho privado y más entes contemplados en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

TERCERA.-Por tanto, todos los actos jurídicos que emanen de ellas, las declaraciones, los registros, archivos públicos, el manejo de sus recursos, los documentos obtenidos por ellas que se encuentren bajo su responsabilidad, constituyen información pública que está regida por el principio de apertura, publicidad y transparencia, y pueden y deben ser conocidos por todas y todos a efectos de ejercer un verdadero control social, una efectiva participación ciudadana, y configura un mecanismo para exigir rendición de cuentas, como lo señala, de manera puntual, la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información: La información pública pertenece a los ciudadanos y ciudadanas”. Este derecho guarda armonía con el artículo 81 de la Constitución Política del Ecuador de 1998, que establecía como obligación del Estado el hacer efectivo el derecho a acceder a fuentes de información y determinaba que: No existirá reserva respecto de informaciones que reposen en los archivos públicos, excepto de los documentos para los que tal reserva sea exigida por razones de defensa nacional y por otras causas expresamente establecidas en la ley”, así como aquella información que tiene el carácter de confidencial que es derivada de los derechos personalísimos y fundamentales que no está sujeta al principio de publicidad. En la vigente Constitución este derecho se encuentra garantizado en el artículo 18.2 que señala que todas las personas pueden acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas y de manara puntual, en el artículo 91 que refiere que la acción de acceso a la información pública tendrá por objeto garantizar el acceso a ella cuando ha sido denegada expresa o tácitamente o cuando la que se ha proporcionado sea incompleta.

CUARTA.- Revisados los distintos instrumentos que constan en el expediente, así como las argumentaciones de las partes y la normativa constitucional y legal, podemos establecer que el peticionario solicita información relacionada con el proceso de contratación CC-002 sobre “Mantenimiento General de la Planta Externa de Pacifictel”, sobre la oferta presentada por la compañía ORTIZ REY INGENIEROS S. A.; los nombres de las personas que formaron parte de la Comisión de Apoyo según las bases del concurso; copia de los documentos que esta Comisión hubiere preparado y que tengan relación con el concurso; los documentos que sirvieron de antecedente para que PACIFICTEL S. A. haya tomado la decisión de convocar al concurso; los documentos u otra información que hayan determinado la conveniencia de convocar a dicho Concurso; la información de carácter técnico o económico que haya permitido la elaboración de las bases del concurso y que permita determinar el porqué se impusieron las exigencias técnicas que constan en las bases; los nombres de las personas que hayan participado de manera directa o indirecta en la preparación de las bases del concurso; los nombres de los integrantes del Comité de Contrataciones; copia de toda la documentación que hubiere sido elaborada, solicitada o aprobada por el Comité de Contrataciones; copia de cualquier documento que contenga una evaluación de la situación actual del mantenimiento de la planta externa de PACIFICTEL S. A., y copia del informe técnico económico que haya determinado la conveniencia para PACIFICTEL S. A., de modificar el sistema de contratación del mantenimiento de la planta externa para pasar al sistema actual proyectado con el concurso convocado.

QUINTA.- El segundo inciso del artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría determina que: “Los recursos públicos no pierden su calidad de tales al ser administrados por corporaciones, fundaciones, sociedades civiles, compañías mercantiles y otras entidades de derecho privado, cualquiera hubiere sido o fuere su origen, creación o constitución hasta tanto los títulos, acciones, participaciones o derechos que representen ese patrimonio sean transferidos a personas naturales o personas jurídicas de derecho privado, de conformidad con la ley”. Por otra parte, el artículo 4 de la misma ley establece: “Para todos los efectos contemplados en esta Ley, están sometidas al control de la Contraloría General del Estado, las personas jurídicas y entidades de derecho privado, exclusivamente sobre bienes, rentas y otras subvenciones de carácter público de que dispongan, cualesquiera sea su monto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 211 de la Constitución Política de la República”. Finaliza señalando que se evitará la superposición de funciones con otros organismos de control, en clara alusión a la Superintendencia de Compañías, sin que esto perjudique su actuación en el marco de sus competencias.

Hay que señalar que en relación al tema de la naturaleza jurídica de las operadoras PACIFICTEL S. A. y ANDINATEL S. A., el Tribunal Constitucional en el Caso N.º 0537-RA-07, consideración QUINTA, hizo alusión a que “…el señor Procurador General del Estado, mediante oficio Nº 00189 de 12 de marzo del 2007, dirigido al titular de la Contraloría General del Estado señaló: “Si bien es cierto que TELECSA es una sociedad anónima cuyo capital social (100%) pertenece a las compañías anónimas ANDINATEL Y PACIFICTEL, personas jurídicas de derecho privado, es de advertir que el 100% de la participación accionaria de las referidas empresas pertenecen al Fondo de Solidaridad, entidad que conforma el sector público, por tanto los recursos públicos que administran esas empresas privadas no pierden la calidad de tales, al tenor de lo previsto en el invocado artículo 3 de la Ley Orgánica de Contraloría General del Estado”. A su vez, el señor Contralor, abogado Carlos Pólit Faggioni, asevera en uno de los escritos agregados al expediente que, de las circunstancias concentradas en el caso, “...se colige que la competencia de la Contraloría General del Estado se extiende a la inversión de recursos  públicos en entidades de derecho privado como el caso de TELECSA S. A., cuyo capital se ha integrado con aportaciones de Andinatel S. A. y Pacifictel S. A., a través de acciones o participaciones, tanto más que el único accionista de estas empresas es el Fondo de Solidaridad...”.

SEXTA.-Al tenor de lo expuesto, tenemos que ANDINATEL y PACIFICTEL, en la actualidad, se encuentran fusionadas mediante Resolución N. º 450-19 del 18 de septiembre del 2008, expedida por el CONATEL; empresas en las que la totalidad de su participación accionaria pertenecía al Fondo de Solidaridad, entidad del sector público, cuyos rendimientos, originados de las inversiones que mantiene, se utilizan para financiar programas de orden público. Por tal razón, y en armonía con las disposiciones constitucionales y legales transcritas en líneas anteriores, los recursos que administraban aquellas empresas no perdieron la calidad de tales, y hoy se encuentran fusionadas en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) S. A. creada con sujeción al Mandato N. º 15 que facultó la reestructuración de las operadoras para una mejor y eficiente prestación del servicio público de de telefonía.

SÉPTIMA.- De conformidad con el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la transparencia es la gestión administrativa a la que están obligadas a observar todas las instituciones del Estado que conforman el sector público en los términos del artículo118 de la Constitución Política de 1998, que hoy equivale al artículo 226 de la vigente Constitución del 2008, y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente Ley; difundirán, a través de un portal de información o página Web, así como de los medios necesarios a disposición del público, implementados en la misma institución, la siguiente información mínima actualizada que, para efectos de esta Ley, se la considera de naturaleza obligatoria:

i) Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, incluidos concesiones, permisos o autorizaciones.

En consecuencia, en lo que tiene que ver con lo solicitado en los 11 numerales de la demanda presentada en contra de la Compañía PACIFICTEL S. A., esta información deberá proporcionarla, de existir, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en los términos dispuestos por el Juez de instancia.

Por las consideraciones expuestas, el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales:

RESUELVE:

1.-           Confirmar la Resolución del Juez de instancia y, en consecuencia, conceder el Acceso a la Información solicitado por el doctor Joffre Campaña Mora, en su  condición de Procurador Judicial de SERTELEC S. A., MILLATEL S. A., SATEL SOCIEDAD ANONIMA DE TELECOMUNICACIONES S. A. y TELEMAXCORP S. A.

2.-           Devolver el expediente al Juez de instancia para los fines legales pertinentes.

3.-    Notifíquese, publíquese y cúmplase.

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

Razón: Siento por tal, que la Resolución que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con nueve votos a favor, de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Ruth Seni Pinoargote, Hernando Morales Vinueza, Manuel Viteri Olvera, Fabián Sancho Lobato, Diego Pazmiño Holguín y Patricio Pazmiño Freire, en sesión del día martes veintiuno de julio del dos mil nueve. Lo certifico.

f.) Dr. Arturo Larrea Jijón, Secretario General.

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ......- f.) Ilegible.- Quito, 12 de agosto del 2009.- f.) El Secretario General.

No. 413-2007

ACTORES:

Ing. Milton Valdivieso Samaniego y María Victoria Eguiguren Eguiguren.

DEMANDADO: Luis Javier Pardo y Carmen Cevallos Bermeo.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

Quito, 7 de diciembre del 2007, las 09h30.

VISTOS: Se encuentra actuando y avoca conocimiento de la presente causa, en su calidad de Conjuez Permanente, designado por el Pleno de la Presente Excma. Corte Suprema de Justicia en sesión ordinaria del 29 de agosto del 2007, el doctor Gerardo Morales Alcázar, por el llamado constante en providencia de 26 de octubre del año en curso (fojas 23 de este cuaderno). En lo principal, para resolver, se considera: PRIMERO.- La Sala es competente para reconocer el recurso de casación en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto con el Art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación, y por el sorteo de ley de 8 de noviembre del 2004; habiéndose admitido a trámite y calificado el recurso mediante auto dictado el 10 de febrero del 2005; a las 09h15, por considerar que cumple con los requisitos de oportunidad, legitimación y de formalidades previstos en el Art. 6 de la Codificación de la Ley de Casación, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 299 del 24 de marzo del 2004, recurso aceptado parcialmente a trámite, en cuanto a las causales tercera y cuarta del Art. 3 de la Ley de Casación; dentro del juicio ordinario de reivindicación seguido por el Ing. Milton Valdivieso Samaniego y María Victoria Eguiguren Eruiguren contra Luis Javier Pardo y Carmen Cevallos Bermeo. El recurso ha sido planteado por la parte actora. Corresponde resolver sobre el mismo, a cuyo efecto la Sala hace las siguientes consideraciones: 1.1. El casacionista acusa, dentro de la causal primera, la infracción por errónea interpretación de los artículos 721, 953 y 1781 del Código Civil (-actuales 702, 933 y 1754, respectivamente-), relativos a: cómo se efectúa la tradición de bienes raíces; la definición de reivindicación; y, la venta de cosa ajena; así como por la falta de aplicación de los artículos 735 y 736 (-actuales 716 y 717) ibídem, relativos a la posesión por varios títulos y la posesión regular, e irregular de buena y de mala fe. Puesto que dichos cargos se refiere a la primera causal, que, como se indica anteriormente, no fueron admitidos, no corresponde que la Sala los considere. 1.2. El recurrente invoca también las causales tercera y cuarta, por las cuales sí fue admitido el recurso dentro de ellas, acusa: a) Por la causal tercera: La infracción de errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, señalando: “…como es el artículo 953 del Código Civil y 119 del Código de Procedimiento Civil…”; b) Por la causal cuarta “… en cuanto la sentencia resuelve sobre linderos, que no es materia de litigio; no es un asunto de linderos sino la reivindicación de un lote de terreno urbano…somos propietarios del lote, del que hemos perdido la posesión y pedimos la restitución del mismo, el que se encuentra singularizado en forma clara y precisa y completa en el proceso”; y, más adelante fundamenta debidamente el recurso, bajo el acápite V del escrito. 1.3. en cuanto a la causal tercera, señala el casacionista que por haber sido la prueba apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica, como lo dispone el Art. 119 (-actual 115-) del Código de Procedimiento Civil, se ha violado el Art. 953 (-actual 933-) del Código Civil. Respecto de causal, de proceder la misma, se produce lo que la doctrina denomina violación indirecta, como lo expresa el Dr. Santiago Andrade Ubidia: “La distinción entre la causal primera (violación directa) y la tercera (violación indirecta) ha sido señalado por la primera Sala…de la siguiente manera: […] se puede violar la norma sustantiva en forma directa o indirecta. En la primera, el Juez no aplica la norma sustantiva que debe aplicar, o interpreta erróneamente la norma que aplica, directamente; sin cometer antes violación de otra norma media: En cambio,en la violación indirecta se viola la ley sustantiva por carambola, porque el Juez para llegar a esta violación antes ha violado normas sobre valoración de la prueba. Esta violación de la norma sustantiva se origina o tiene como fuente un error anterior, el Juez viola la norma sustantiva porque antes a cometido otro error al valor la prueba. La violación directa está ubicada en la causal primera y la violación indirecta en la causal tercera del artículo 3 de Ley de Casación “(la Casación Civil en el Ecuador, Andrade y Asociados Fondo Editorial, Quito, 2005, pp. 194-195). En relación con la causal cuarta, fundamenta la invocación que de ella hace y el vicio imputado, en el literal c) del mencionado Acápite V del recurso, con indicación de la parte de la sentencia donde en Tribunal ad-quem ha resuelto en forma extra petita. La Sala aprecia que en la invocación de estas dos causales, es decir, la tercera y la cuarta, se ha formulado la proposición jurídica completa de que se trata la obra mencionada, p. 200 SEGUNDO.- Cabe determinar si en la sentencia recurrida se ha incurrido en errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que haya conducido a una equivocada aplicación de normas de derecho en la sentencia. Al respecto, se hace el siguiente análisis: 2.1. En relación con los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, la jurisprudencia se ha pronunciado de la siguiente manera: “…es importante aclarar que la sana crítica no está definida en ningún código y que tampoco se podría encontrar sus reglas de ningún texto legal; las reglas de la sana critica son reglas del correcto entendimiento humano, en los que se juntan la lógica del raciocinio y la experiencia personal del Juez quien tiene plena atribución para valorar las pruebas según estas reglas, a menos que se demuestre que en ese proceso de valoración se haya tomado un camino ilógico o contradictorio que condujo a los juzgadores a tomar una decisión absurda o arbitraria; el vicio de la valoración absurda de la prueba constituye, al mismo tiempo, trasgresión del mandato de motivación del fallo que está consagrado en el numeral 13 del artículo 24 de la Constitución Política de la República, ya que la violación de las reglas de la lógica en la valoración de la prueba priva a la resolución de motivación válida, porque atenta las reglas de la sana crítica y si la motivación no es válida, jurídicamente la resolución carece de motivación. La falta de motivación no solo se da cuando se ha omitido enunciar normas legales o los principios jurídicos en que se fundamenta la resolución, es decir cuando hay un vicio físico, sino también cuando hay una fundamentación absurda e ilógica. Este criterio se sostuvo en la Resolución No. 172-02 dictada en el juicio 26-02 (V.-Z.), y publicada en el R. O. 666 de 19 de septiembre del 2002” (Resolución No. 320-2003, Primera Sala, R. O. 354, 11-VI-2004). “Es cierto,…que la sana crítica no está definida en ningún código y que tampoco se podrán encontrar sus reglas en ningún texto legal. Tal cosa sería imposible, pues no son sino las reglas del correcto entendimiento humano, en el que se juntan las lógica del raciocinio y la experiencia personal de Juez; como las describe Friedrich Steim: ‘Definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos’ (El conocimiento privado del Juez, TEMIS, Santafé de Bogota, 1999, p. 27) …/…Operación intelectual que el Juez realiza con todo el acervo de su experiencia humana, que es variable y contingente, pues depende de circunstancias locales y temporales, pero que deberá hacerlo dentro de la racionalidad y aplicando las reglas de la lógica, que son estables y permanentes. Es por eso que la sana crítica no le permitirá hacer una valoración absurda, o que contraríe las reglas de la experiencia humana, pues si tal situación se detectara una sentencia, el Tribunal de Casación si tendría atribución para corregirla” 14-IV-2002  (Resolución  127-2002, Primera Sala, R. O. 630, 31-VII-2002). 2.2. La  Sala  estima que, en  el  caso,  el  Tribunal  ad-quem  no ha  apreciado la  prueba  en su conjunto,  incurriendo  en  la  causal  tercera  del  artículo 3 de  la Ley de  Casación,  en  lo  principal:  a)  La  prueba  instrumental consiste en  la  escritura  pública de  partición extrajudicial de los bienes de Zoila Herminia Samaniego de Valdivieso, otorgada el 19 de agosto el 19 de agosto de 1974, en la Notaría Cuarta del cantón Loja, inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el 9 de junio de 1976 según consta de la certificación puesta por el Registrador de la Propiedad al reverso de la copia auténtica de tal escritura constante a fojas 144 vta. del segundo cuerpo de la primera instancia, en la cual aparece claramente identificado el lote del terreno adjudicado a Milton Raúl Valdivieso Samaniego; b) La prueba testimonial, esto es la declaraciones de Segundo Jadán Alvarado y César Octavio Alvarado Alvarado, de las cuales también se llega a la misma conclusión lógica; c) Las inspecciones judiciales y consecuentes informes parciales; y, d) Los planos aportados por las partes y los incorporados por los peritos, de todos lo cuales constan claramente determinada la línea divisoria con la parte de los terrenos de Raúl Valdivieso. Al no haber apreciado las pruebas en su conjunto se ha violado la norma sustantiva, esto es, se ha producido la violación indirecta considerada por la doctrina. En efecto, tal violación se colige del considerado sexto de la sentencia recurrida, cuando expresa: “…sin que hayan podido determinar la línea demarcatoria entre las dos heredades,…y singularizar el predio el predio que es materia de la reinvidicación, faltando… el elemento previsto en el Art. 953 del Código Civil, para la procedencia de la acción dominio, esto es, la singularización del terreno diputado, por lo que resulta imposible aplicar los preceptos relativos a la acción reivindicatoria…”. La Sala aprecia que, aprecia que, de acuerdo con las pruebas actuadas en el proceso, el lote materia de la reivindicación sí está debidamente singularizado y por consiguiente se cumple con este requisito para que proceda la acción reivindicatoria. TERCERO.- En cuanto a la causal cuarta invocada, la Sala estima que no se ha incurrido en ella en la sentencia recurrida por cuanto en la misma, no se resuelve sobre linderos ni medidas, por lo que se desestima este cargo. Con tales antecedentes y especialmente expresado en el considerando Segundo de este fallo de casación, la Segundo Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,casa la sentencia recurrida, debiendo estarse a lo resuelto por el Juez a-quo. Sin costas ni multas. Actué la doctora Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora de la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de a Corte Suprema de Justicia, por ausencia del actuario titular. Notifíquese.

Fdo.) Dres Freddy Ordóñez Bermeo, Rigoberto Barrera Carrasco, Gerardo Morales Alcázar, Conjueces Permanentes.

Certifico. f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora (E).

Certifico: Que las tres copias que anteceden, son tomadas de sus originales, constantes en el juicio No. 283-2004 BTR (Resolución No. 413-2007) que, sigue ING. MILTON VALDIVIESO SAMANIEGO y MARIA VICTORIA EGUIGUREN EGUIGUREN contra LUIS JAVIER PARDO y CARMEN CEVALLOS BERMEO.

Quito, 19 de febrero del 2008. f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator.

No. 414-2007

ACTOR: Yuri Veintimilla Romero. DEMANDADO: Subcomisición Ecuatoriana PREDESUR.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA DE LO CIVIL Y MERCANTIL

Quito, 7 de diciembre del 2007; las 09h40.

VISTOS: Se encuentra actuando y avoca conocimiento de la presente causa, en su calidad de Conjuez Permanente, designado por el Pleno de la Excma. Corte Suprema de Justicia en sesión ordinaria del 29 de agosto del 2007, el doctor Gerardo Morales Alcázar, por llamado constante en providencia de 24 de octubre del año en curso (fojas 19 de este cuaderno). En lo principal, el actor, ingeniero Yuri Veintimilla Romero, interpone recurso de casación en contra de la sentencia dictada el 15 de julio del 2002; las 14h30 por la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Loja que, confirma la dictada por el Juez Cuarto de lo Civil de Loja, quien desecha la demanda presentada por el recurrente en contra de la Subcomisión Ecuatoriana PREDESUR dentro del juicio contencioso administrativo que por dinero sigue el ingeniero Yuri Veintimilla Romero. El recurrente basa su recurso en las causales 1ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación y en los Art. 20 y 23 numeral 17 de la constitución Política del Estado, Menciona el recurrente, de manera general, que ha existido en la sentencia recurrida “Aplicación indebida o interpretación errónea de la valoración de la prueba” y “Aplicación indebida de las normas de derecho o errónea interpretación, esto es, la Sala no implica correctamente, la Ley de Consultoría en relación con la Ley de Contratación Pública” (ver fs. 9, segunda instancia); finalmente, generaliza el recurrente, que “no se ha aplicado las normas pertinentes de consultoría, en concordancia con la anterior Ley de Contratación Pública” (ver fs. 10 vta. segunda instancia). Encontrándose el juicio en estado de resolución, para hacerlo, esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema deJusticia, considera: PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y resolver el recurso de casación interpuesto, en virtud de sorteo de ley realizado el 14 de octubre del 2002 y de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política de la República en concordancia con el Art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación. El recurso de casación interpuesto por la parte actora ha sido calificado y admitido al trámite correspondiente mediante auto de mayoría de 6 de marzo del 2003; las 11h20. SEGUNDO.- El actor invoca en su recurso las causales 1ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación, sin embargo, esta Sala observa que no se ha fundamentado debidamente la alegación de tales causales, de conformidad con el Art. 6 de la ley de la materia, conforme se pasa analizar: 2.1. Las causales 1ª y 3ª se refieren, en su orden, a la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de normas de derecho, incluyendo los precedentes jurisprudenciales obligatorios, en la sentencia recurrida, que hayan sido determinantes de su parte dispositiva; y, a la aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, siempre que hayan conducido a una equivocada aplicación o a la no aplicación de normas de derecho en la sentencia recurrida. 2.2. El recurrente no determina en el recurso qué normas de las que consideró infringidas corresponden a las normas de derecho ni cómo su violación habría sido determinante en la parte dispositiva del fallo, a fin de justificar la invocación de la causal 1ª; ni cuáles corresponden a preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, ni señala cómo estas habrían conducido a la equivocada aplicación o a la inaplicación de normas de derecho en la sentencia, lo cual habría justificado la invocación de la causal 3ª. Tal indeterminación y dispersión no puede ser suplida, corregida, interpretada ni, peor aún, acomodada por el Tribunal de Casación a fin de hacer viable el recurso de casación respecto de las causales analizadas, ya que esta Sala debe moverse única y exclusivamente dentro de los límites establecidos por el propio recurrente en su recurso, sentido en el cual se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia al decir que: “...La actividad del órgano jurisdiccional de casación se mueve, de igual modo que en una instancia, por el impulso de la voluntad del recurrente; y es él, quien en los motivos que el recurso cristaliza, condiciona la actividad del Tribunal y señala de antemano los límites que no pueden ser rebasados. Dado el carácter de extraordinario del recurso, por la limitación de los medios de que es lícito valerse al utilizarlo e interponer el recurso de casación, el artículo 6 de la referida ley, constituye norma formularia a la que es indispensable ajustar el escrito en el que se interponga el recurso, lo cual responde a la necesidad de que se señale de modo preciso los términos dentro de los que se ha de plantear el litigio entre el recurso y la sentencia que por su medio se combate (…)”. Resolución No. 687-97, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 261 del 19 de febrero de 1998). 2.3. Por otra parte, el recurrente no especifica de manera inequívoca en su recurso el vicio que, a su entender, estaría afectando a las normas que consideró infringidas; en otras palabras, respecto de aquellas no determina si existió aplicación indebida, o falta de aplicación o errónea interpretación, ya que confunde la aplicación indebida con la errónea interpretación, lo cual imposibilita que este Tribunal de Casación pude analizar la procedencia o no de los cargos basados en las causales 1ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación que establecen expresa, clara y excluyentemente que la “aplicación indebida” o la “falta de aplicación” o la “errónea interpretación” son los únicos vicios que pueden afectar a la normativa legal que se estime infringida, no pudiendo esta ser afectada simultáneamente por los vicios previstos, imprecisión frente a la cual esta Sala no puede pronunciarse porque no le corresponde interpretar el vicio al que, eventualmente, quiso referirse el recurrente ni resolver laexistencia simultánea, respecto de una misma norma, de dos vicios que han sido establecidas por la doctrina y la jurisprudencia como excluyente entre sí. Ya lo ha sostenido la Corte Suprema al decir que: “(…) La importancia de la fundamentación del recurso es tal, que Devis Echandía, en su obra ‘Compendio de Derecho Procesal’, al respecto anota: ‘La Corte no puede examinar causales no alegadas, ni errores de la sentencia no alegadas aunque pueda corresponder a una de las causales escogidas por el recurrente. En esto se diferencia de la apelación y por ello no se trata de otorgar una tercera instancia’. Por su parte Véscovi, en su obra ‘Los Recursos Judiciales y demás medios impugnativos en iberoamérica’ enseña que ‘El recurso de casación en todos los sistemas esta sometido a estrictas reglas formales, especialmente en lo que se refiere a los requisitos para la interposición del recurso’, añade: ‘Resulta esencial el respecto a dichas formas, que no son simples requisitos extremos sin contenido. Y que determinan el rechazo, por razones de forma, del recurso de casación, dentro de la calificación, dentro de la calificación primaria de admisibilidad que todos los sistemas incluyen’, y dando más fuerza a estas ideas, agrega: ‘Podemos reproducir, al respecto, las exactas expresiones del profesor argentino Fernando de la Rúa, cuando expresa <No son solemnidades innecesarias ni mecanismos sacramentales que hayan perdidos justificación procesal…> sino que <responden a la necesidad, siempre actualizada, de no quitar al recurso su carácter de medio de impugnación verdaderamente extraordinaria que supone -por eso mismo- el previo cumplimiento de obligaciones inexcusables, para evitar que en la practica se concluya por desvirtuarlo>’. El profesor Fernando de la Rúa, en su obra ‘El Recurso de Casación en el Derecho Positivo Argentino’ manifiesta que ‘El recurso de casación debe ser motivado, y esa motivación debe ser suministrada por la parte recurrente en el mismo escrito de interposición, determinando concretamente agravio, tanto en lo referente al vicio que denuncia como al derecho que lo sustenta’” (Resolución No. 687-97, publicada en el Suplemento del Registro oficial No. 261 del 19 de febrero de 1998). En este mismo sentido tenemos que “(…) La casación, como bien lo señala la doctrina procesal, es considerada como una demanda contra la sentencia y en tal virtud, debe quedar trabada la litis con relación a las normas de derecho, normas procesales y preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que se estimen aplicados indebidamente, erróneamente interpretadas y no aplicados: dichas circunstancias deben quedar expuestas en forma clara por el recurrente para que proceda la impugnación. Por otro lado, el recurrente no ha tenido presente que los vicios a los que hace referencia del Art. 3 de la ley en cuestión, son excluyentes entre sí; no pueden concurrir simultáneamente la aplicación indebida, falta de aplicación y errónea interpretación de una misma norma de derecho, de una misma norma procesal o de un mismo precepto jurídico aplicable a la valoración de la prueba, la mera enunciación de las causales no constituye la fundamentación del recurso, se requiere del análisis del vicio en relación a la norma de derecho, norma procesal y precepto jurídico aplicables a la valoración de la prueba (…) (énfasis añadido) (fallo de la Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia de 5 de diciembre de 1997, publicado en la Gaceta Judicial, año XCVII, No. 10, p. 2522). Esta Sala, por los motivos expuestos en este considerando, se ve imposibilitada de analizar la supuesta infracción de la normativa legal señalada por el recurrente que lo habría llevado invocar las causales 1ª y 3ª del Art. 3 de la Ley de Casación. En base a las consideraciones expuesta, esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de La Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia: Actúe la doctora Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora de la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, por ausencia del actuario titular. Sin costas ni multas. Notifíquese y devuélvase.

Fdo.) Dres. Freddy Ordóñez Bermeo, Rigoberto Barrera Carrasco y Gerardo Morales Alcázar, Conjueces Permanentes.

Certifico.- f.) Dra. Lucía Toledo, Secretaria Relatora (E).

Certifico: Que las tres copias que anteceden, son tomadas de sus originales, constantes en el juicio No. 233-2002 BTR (Resolución No. 414-2007) que, sigue YURI VEINTIMILLA ROMERO contra SUBCOMISION ECUATORIANA PREDESUR.- Quito, 19 de febrero del 2008.

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator.

No. 416-2007

ACTOR: Walter Fernando Jácome Jarrín. DEMANDADA:

Universidad Técnica de Babahoyo, representada por el Ing. Bolívar Lupera Icaza, en su calidad de Rector y representante legal.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA CIVIL Y MERCANTIL

Quito, a 7 de diciembre del 2007; las 10h30.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en nuestras calidad de: Magistrado Titular de esta Sala, designados por el Comité de Calificación, Designación y Posesión de Magistrados y Conjueces de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución Nº 199 de 29 de noviembre del 2005, publicada en el R. O. Nº 165 del 14 de diciembre del mismo año; y conjueces permanentes designados en sesión ordinaria de 29 de agosto del 2007. En lo principal en el juicio ordinario planteado por WALTER FERNANDO JACOME JARRIN en contra de la Universidad Técnica de Babahoyo, representada por el Ing. Bolívar Lupera Icaza, en su calidad de Rector y representante legal; el demandado, inconforme con la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Babahoyo, que confirma en todas sus partes el fallo del inferior, interpone recurso de casación.- Luego del sorteo de ley y siendo el estado del recurso, el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- La competencia de esta Sala se halla radicada en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política de la República del Ecuador y del Art. 1 de la Ley de Casación.- SEGUNDO.- El recurrente estima que en la sentencia dictada por la Sala que conoció el recurso de apelación planteado por ellos, se infringieron las siguientes normas jurídicas: Arts. 71 (actual 67) numerales segundo, tercero, cuarto y quinto; 73 (actual 69); 107 (actual 113) y 358 (actual 349) del Código del Código de Procedimiento Civil; y, el Art. 164 numeral tercero del Código de Comercio; fundamentando el recurso en las causales segunda y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, por errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables que han viciado el proceso de nulidad insanable o provocado indefensión, siempre que hubieren influido en la decisión de la causa; y falta de aplicación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, que han conducido a una equivocada aplicación de las normas de derecho en la sentencia.- TERCERO.- Del estudio realizado en forma minuciosa y pormenorizada tanto del escrito de casación, cuanto de la sentencia impugnada y las piezas procesales se hacen las siguientes anotaciones: a) El recurrente fundamenta su recurso en las causales segunda y tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, por cuanto dice, se ha incurrido en errónea interpretación de las normas procesales, pues señala que el actor no es el emisor de todas las facturas que constan en el proceso, algunas de ellas emitidas por personas diferentes que no son parte en el mismo, incluyendo en la obligación a todas las facturas que suman un total de $ 10.183,58, conforme consta a fs. 4, 5, 15, 17, 22, 25, 27, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 53, 56, 59, 61, 65, 68, 70, 73, 76, 78, 80, 83, 88, 89, 90, 96, 97 y 107; además alega errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba, ya que según el demandado las facturas no están reconocidas ni aceptadas por él; de igual manera expresa que el Tribunal de segunda instancia ha dado valor a facturas que no fueron emitidas por el actor existiendo en tal virtud ilegitimidad de personería; b) El recurrente fundamenta su recurso en el Art. 71 (actual 67) numerales segundo, tercero, cuarto y quinto del Código Adjetivo Civil que dice: “La demanda debe ser clara y contendrá: 2.- Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los nombres completos del demandado. 3.- Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y precisión. 4.- La cosa, cantidad o hecho que se exige. 5.- La determinación de la cuantía;…”; 73 (actual 69) del Código de Procedimiento Civil: “Presentada la demanda, el Juez examinará si reúne los requisitos legales. Si la demanda no reúne los requisitos que se determinan en los artículos precedentes, ordenará que el actor la complete o aclare en el término de tres días; y si no lo hiciere, se abstendrá de tramitarla, por resolución de la que podrá apelar únicamente el actor. La decisión de segunda instancia causará ejecutoria. El Juez cuando se abstenga de tramitar la demanda, ordenará la devolución de los documentos acompañados a ella, sin necesidad de dejar copia. El superior sancionará con multa de diez a cincuenta dólares de los Estados Unidos de América al Juez que incumpliere las obligaciones que le impone este artículo”; y del Art. 358 (actual 349) del Código referido que expresa: “Los jueces y tribunales declararán la nulidad aunque las partes no hubieren alegado la omisión, cuando se trate de las solemnidades  1, 2, 3, 4, 6,  y  7  del  Art. 346,  comunes  a   todos los juicios  e  instancias;  siempre  que  pueda  influir  en  la  decisión de la  causa,  salvo  que  conste  en el  proceso  que  las  partes hubiesen convenido  en  prescindir  de  la  nulidad  y  que  no   se  trate  de  la falta de  jurisdicción”  en  virtud  de   estas  disposiciones legales, fundamentalmente  el  demandado  alega  la  existencia de ilegitimidad  de  personería  que  acarrearía  la  nulidad  procesal, por cuanto  dice  que  no  todas  las  facturas  constantes    en  el proceso fueron  emitidas  por  el  actor, en  tal  virtud,  siempre  a criterio  del demandado, existe falta de legitimación del actor al comparecer como emisor de todas las facturas adscritas al proceso. La Sala considera que previamente se debe puntualizar una clara distinción entre la legitimidad procesal o “legitimatio ad processum” y la legitimidad en la causa o “legitimatio ad causam”, la primera que hace relación a la legitimidad de personería, es aquella capacidad procesal de una persona para comparecer como parte a juicio, por sus propios derechos o en representación de otra y que constituye una condición que no hace relación al derecho que tiene el actor para iniciar la acción sino a su condición. Las personas que comparecen a juicio pueden hacerlo por sus propios derechos o en representación de otra (natural o jurídica), pero deben tener capacidad para actuar en el proceso en la calidad en que lo han hecho; lo contrario determina la ilegitimidad de personería y se produce cuando ha comparecido a juicio por sí sola una persona que no tiene capacidad (artículo 1448 del Código Civil); quien afirma ser representante legal y no lo es (artículo 28 del Código Civil); quien comparece como procurador sin tener poder y los procuradores con poder insuficiente (artículo 40 del Código Civil); el que hace agencia oficiosa sin que el interesado ratifique lo actuado por aquel (artículo 2213 del Código Civil); la falta de legitimación de personería, es causa de nulidad procesal. Mientras que la 'legitimatio ad causam' consiste en que el actor debe ser la persona que pretende ser el titular del derecho sustancial discutido y el demandado el llamado por la ley a contradecir u oponerse a la demanda, lo cual es corroborado por el tratadista Hernando Devis Echandía quien en su obra Compendio de Derecho Procesal, p. 266 expresa es 'el presupuesto de la pretensión contenida en la demanda y de la oposición que de aquella formula el demandado, para que sea posible la sentencia de fondo, que resuelva sobre ellas', y añade 'lejos de referirse al procedimiento o al válido ejercicio de la acción, contemplada la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y el interés sustancial discutido en el proceso. Se trata de presupuestos materiales o sustanciales para la sentencia de fondo' de lo cual se infiere que la legitimación en la causa no es un presupuesto procesal; es decir que para actuar como parte de un proceso, no basta ser legalmente capaz o tener poder suficiente sino que es necesaria una condición más precisa referida al litigio de que se trata y consiste en una relación entre el sujeto y el derecho reclamado. En el caso que nos ocupa existe parcialmente esa relación, lo cual se deduce de las facturas existentes, la relación sujeto y objeto debe establecerse entre cada una de ellas, la no concurrencia del titular de varias de las facturas constantes en el proceso no implica ilegitimidad de personería del actor, lo que acarrea es la falta de legitimación ad causam. Hernando Devis Echandía en su obra referida, p. 236 explica que la legitimación en la causa incompleta, como también se la conoce, nunca es causal de nulidad del proceso, sino motivo de sentencia inhibitoria, ya que al no estar presentes todos los sujetos de la relación jurídico sustancial, carecerá de efecto una sentencia de fondo. No es necesario ser el titular del derecho discutido en la relación jurídica para tener legitimidad de personería; se puede tener la legitimación en la causa, pero no el derecho sustancial pretendido, la sentencia en ese caso será de fondo y será adversa a la demanda; en el presente caso las facturas emitidas por una tercera persona no determina la existencia de ilegitimidad de personería por parte del actor, ya que reclama y pretende ser el titular de las facturas por él emitidas; no siempre es necesaria la presencia en el proceso de todos los sujetos legitimados para el caso concreto, sino cuando en algunos casos la ausencia en él de ciertas personas impide la decisión de fondo sobre las pretensiones formuladas en la demanda. Es decir, no existe debida legitimación en la causa en dos casos: a) Cuando el demandante o el demandado no tenía en absoluto legitimación en la causa, por ser personas distintas a quienes correspondía formular esas pretensiones o contradecirlas; b) Cuando aquéllos debían ser parte en esas posiciones, pero en concurrencia con otras personas que no han comparecido al proceso> (obra citada, pp. 268-269)...’. El recurrente ha confundido entre lo que constituye la falta de legitimatio ad processum o capacidad de las partes para actuar por sus propios derechos o en representación de otra persona, con la falta de legitimatio ad causam, que en este caso estaría dada por la falta de legitimación en la causa de la parte actora, ya que se sostiene era necesario que comparezcan como actores los emisores de todas las facturas. No se ha violado por lo tanto, la solemnidad sustancial que implica legitimidad de personería; c) El recurrente alega también violación del Art. 107 (actual 113) del Código de Procedimiento Civil que dice: “Es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto afirmativamente en el juicio, y que ha negado el reo. El demandado no está obligado a producir pruebas, si su contestación ha sido simple o absolutamente negativa. El reo deberá probar su negativa, si contiene afirmación explícita o implícita sobre el hecho, el derecho o la calidad de la cosa litigada. Impugnados en juicio una letra de cambio o un pagaré a la orden, por vía de falsedad, la prueba de esta corresponderá a quien la hubiere alegado”; así como el contenido del Art. 164 numeral tercero del Código de Comercio que señala: “Los contratos mercantiles se prueban por cualquier medio de prueba admitido por la ley civil, y, además: 1o.- Con los extractos de los libros de los corredores, conforme al Art. 86. 2o.- Con los libros de los corredores, según lo establecido en el Art. 87. 3o.- Con facturas aceptadas o reconocidas, o que, según la Ley, se tengan por reconocidas”. Respecto a las alegadas trasgresiones se señala: La primera de las normas invocadas es una disposición relativa a la carga de la prueba y no a su valoración; impone conductas que debe adoptar quien afirma o niega hechos que se deben probar (actor o demandado), mas no hace relación alguna a cómo el juzgador debe valorar los hechos invocados por las partes, por lo que no puede acusarse esta violación. En cuanto a la valoración de la prueba, las normas no contienen regla sobre la misma sino un método para que el juzgador valore la prueba. El Juez, puede libremente según la sana crítica, acoger elementos de prueba aportados por el actor y, asimismo, desestimar elementos de prueba aportados por el demandado. La apreciación de la prueba es una facultad exclusiva del Juez de instancia, y el Tribunal de Casación no está autorizado a examinar ese proceso que ha conducido al Juez de instancia a dar a las pruebas determinada valoración, salvo que se alegue y demuestre que esa valoración es absurda o arbitraria, lo que no ha ocurrido en la especie. Por lo tanto, se desechan los cargos basados en la causal tercera del artículo 3 de la Ley de Casación por carecer de fundamento.- El Tribunal ad-quem en la sentencia resolvió los puntos sobre los que se trabaron la litis y fundamentó debidamente la misma, razón por la cual, no se han infringido los Arts. 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil.- En tal virtud, y, por las consideraciones expuestas, esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia recurrida y rechaza el recurso de casación.- Se encuentran actuando los doctores Freddy Ordóñez Bermeo y Rigoberto Barrera Carrasco, Conjueces de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con los oficios números 2206-SP-CSJ de fecha 6 de noviembre del 2007 y 2015-SP-CSJ de fecha 11 de octubre del 2007, respectivamente, suscritos por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Actúe la doctora Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora de la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, por ausencia del actuario titular. Sin costas ni multas.- Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Carlos Ramírez Romero, Ministro Juez, Freddy Ordóñez Bermeo y Rigoberto Barrera Carrasco, Conjueces Permanentes.

f.) Dra. Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relator (E) que certifica.

Es igual a su original. Quito, a 19 de febrero del 2008.

Certifico: Que las cinco copias que anteceden son tomadas de su original, constante en el juicio No. 153-2005-k.r (Resolución No. 416-2007), que por cobro de dinero sigue: WALTER FERNANDO JACOME JARRIN contra UNIVERSIDAD TECNICA DE BABAHOYO, representada por el ING. BOLIVAR LUPERA ICAZA, en su calidad de Rector y representante legal.- Quito, 19 de febrero del 2008.

f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator de la Segunda Sala Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia.

No. 417-2007

ACTORES:

Isaías Eduardo Quiroga Becerra y Dolores Josefina Acaro Rueda.

DEMANDADOS: César Alulima Uchuari e Isabel Jadán González.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SEGUNDA SALA CIVIL Y MERCANTIL

Quito, a 7 de diciembre del 2007; las 10h20.

VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en nuestras calidades de: Magistrado Titular de esta Sala, designado por el Comité de Calificación, Designación y Posesión de Magistrados y Conjueces de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución No. 199 de 29 de noviembre del 2005, publicada en el R. O. No. 165 de 14 de diciembre del mismo año; y conjueces permanentes designados en sesión ordinaria de 29 de agosto del 2007. En lo principal, Isaías Eduardo Quiroga Becerra y Dolores Josefina Acaro Rueda, interponen recurso de casación impugnando la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Civil de la H. Corte Superior de Justicia de Loja, el 5 de julio del 2006, que confirma la sentencia de primera instancia, dentro del juicio ordinario que por lesión enorme siguen en contra de César Alulima Uchuari e Isabel Jadán González. Encontrándose el recurso de casación en estado de resolución, para hacerlo, esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, considera: PRIMERO: La Sala es competente para conocer el recurso de casación interpuesto, en virtud de lo dispuesto en el Art. 200 de la Constitución Política de la República, en relación con el Art. 1 de la Codificación de la Ley de Casación, una vez que el juicio fue sorteado el 18 de septiembre del 2006, y el recurso fue admitido a trámite y calificado, mediante auto de 31 de enero del 2007, por considerar que cumple con los requisitos de procedencia, legitimación y de formalidades que prescribe el Art. 6 de la Codificación de la Ley de Casación, en concordancia con el artículo 2, 4 y 5 ibídem, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 299 de 24 de marzo del 2004. SEGUNDO: Los recurrentes estiman que en la sentencia dictada por la Sala que conoció el recurso de apelación planteado por ellos, se infringieron las siguientes normas jurídicas: Arts. 1828, 1829, 1562 del Código Civil; y, 194 numerales 1 y 4, Art. 168, 195, 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil y fundamentan el recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, por errónea interpretación de los preceptos jurídicos aplicables a la valoración de la prueba que ha conducido a una equivocada aplicación de las normas de derecho en la sentencia. TERCERO: Del estudio realizado en forma minuciosa y pormenorizada tanto del escrito de casación, cuanto de la sentencia impugnada y las piezas procesales se hacen las siguientes anotaciones: a) Los recurrentes fundamentan su recurso en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, por cuanto dicen, se ha incurrido en la falta de valoración de la prueba, pues señala que en la escritura de compra venta, la venta se hizo por la suma de US $ 905, cantidad que asegura fue la única que les entregaron en el momento de la suscripción de la escritura pública, que contiene el precio real de la compraventa; de igual manera expresan que no se han aplicado los numerales 1, 2 y 4 del Art. 194 del Código de Procedimiento Civil pues el Tribunal de segunda instancia ha dado valor al documento aclaratorio, que únicamente fue protocolizado y que por lo tanto no lo transforma en escritura pública, otorgándole al documento aclaratorio valor de prueba como instrumento público; y manifiestan que en relación a la promesa de compra venta se ha dado una errónea aplicación del Art. 1723 del Código Civil; no se ha aplicado el Art. 1562 del Código Civil, por lo que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los Arts. 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil, esto es “en la sentencia no se ha apreciado nuestra prueba y por ello no se ha aplicado correctamente las disposiciones sobre los puntos que se trabó la litis; b) Los Arts. 1828 y 1829 del Código Civil tratan sobre la rescisión por lesión enorme y dicen: “Art. 1828.- El contrato de compraventa puede rescindirse por lesión enorme. Art. 1829.- El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende; y el comprador, a su vez, sufre lesión enorme cuando el justo precio de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato”; para mayor abundamiento se indica que la rescisión de la venta por lesión enorme; de cuándo el vendedor sufre lesión enorme; y de cómo el comprador, contra quien se pronuncia la rescisión puede consentir en ella o completa el justo precio, así como la facultad del vendedor o aceptar la rescisión o restituir el exceso del precio. Estos artículos de la ley no han sido “erróneamente interpretados” en el fallo del Tribunal ad-quem, como argumentan los recurrentes; c) A fojas 56 consta la escritura de compra venta, en la cual se determina que el precio de la compra venta es de 905 dólares; a fojas 60 y 61 consta el documento aclaratorio el mismo que en la parte pertinente dice: “En consecuencia, como este no es precio real, se procede a aclarar mediante el presente documento que el verdadero y justo precio es de TREINTA Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS, pagaderos de la siguiente forma: TREINTA MIL DOLARES AMERICANOS, al momento de suscribir las escrituras públicas; y, los CINCO MIL DOLARES AMERICANOS restantes, en un plazo de dos meses contados desde la entrega de las escrituras …”; documento cuyas firmas y rúbricas han sido debidamente reconocidas anta el Notario Primero del Cantón Loja; y, a fojas 54 - 55 consta la escritura de promesa de compra venta; d) El Art. 194 del Código de Procedimiento Civil dispone: “El instrumento privado en que una persona se obliga a dar, hacer o no hacer alguna cosa, en que confiesa haberla recibido o estar satisfecha de alguna obligación, hace tanta fe como un instrumento público en los casos siguientes, siempre que la ley no prevenga la solemnidad del instrumento público: 1.- Si el que lo hizo o mandó hacer lo reconoce como suyo ante cualquier juez civil, notario público o en escritura pública...”. El Art. 195 del Código de Procedimiento Civil determina la forma que debe realizarse el reconocimiento de los documentos privados: “El reconocimiento de los documentos privados debe hacerse expresando que la firma y rúbrica son del que los reconoce, sin que sea necesario que se declare ser verdadera la obligación, o cierto el contenido del documento. En caso de que hubiere firmado otro por la persona obligada, bastará que esta confiese que el documento fue firmado con su consentimiento”; e) La escritura pública de promesa de compra venta, fue impugnada por los recurrentes, sin embargo, como bien lo determina el Tribunal ad quem, no surte efecto legal alguno; y, f) En la especie, la copia certificada del documento aclaratorio que obra de fojas 60 y 61, no ha sido simplemente protocolizado como lo afirman los recurrentes, sino que fue firmado ante Notario Público y consta en él el reconocimiento de firma y rúbrica, razón por la cual, adquiere el valor probatorio constante en el Art. 194 del Código de Procedimiento Civil, sin que por ello, se convierta en escritura pública como erradamente lo afirman los recurrentes. Si bien es cierto, los recurrentes impugnaron el documento aclaratorio, esta impugnación se quedó en el mero enunciado, pues, en el escrito en el que interponen los recurrentes el recurso, no hacen relación a prueba o pruebas que no fueron valoradas y que hubieren demostrado que el documento carece de legitimidad o que ha sido falsificado. La Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se ha expresado en el siguiente sentido: “El vendedor sufre lesión enorme cuando el precio que recibe es inferior a la mitad del justo precio de la cosa que vende;  y  el  comprador, a  su vez,  sufre  lesión enorme cuando  el  justo  precio  de  la  cosa que  compra  es  inferior a la mitad del precio que paga por ella. El justo precio se refiere al tiempo del contrato’. La rescisión por lesión, prevista en el Código Civil francés, fue adoptada en el Código de don Andrés Bello y traída luego a la legislación ecuatoriana, por lo cual es pertinente considerar las reflexiones que sobre esta institución realizan los comentaristas del Código Chileno. Según el autor Arturo Alessandri Besa, que cita en apoyo de su punto de vista a Alessandri Rodríguez: ‘El verdadero fundamento de la lesión es la equidad, contra la que se atenta al ejecutar un acto jurídico que acarrea una desigualdad considerable entre las prestaciones de una y otra parte. No se trata, por cierto, de que entre dichas prestaciones exista una igualdad absoluta, pero la desigualdad permitida no debe exceder un límite que se transforma en la explotación de una parte por otra. La ley debe propender a hacer imperar la equidad en las relaciones jurídicas y evitar los abusos que una de las partes pueda cometer aprovechándose de la situación aflictiva en que pueda hallarse la otra. El abuso de que puede ser víctima una de las partes <es el inconveniente que se quiere evitar con la lesión. Es esa violencia moral, por decirlo así, que sufre el vendedor o comprador, en el caso de la venta, la que motiva la acción rescisoria por lesión enorme. No es propiamente una coacción o violencia en el sentido jurídico de la palabra, la que sufre el contratante; no es la consecuencia de un engaño, sino la necesidad de procurarse dinero o la cosa lo que lo obliga a aceptar un negocio perjudicial para sus intereses. Son, pues, razones de interés práctico, de interés social y no de carácter jurídico las que han dado origen a esta institución y pretender encontrar en el derecho lo que arranca de una necesidad de hecho es buscar un imposible>’ (La nulidad y la rescisión en el Derecho Civil Chileno, Segunda Edición, Santiago de Chile, Ediar Editores, s/f, Tomo II, página 751). Ahora bien, para que esa razón de equidad prevalezca, para que ese interés práctico y social sean los fundamentos de una sentencia que acepte la rescisión, debe comprobarse que en el contrato de compraventa se produjo una desigualdad inadmisible de las prestaciones, es decir una diferencia desproporcionada entre el justo precio del bien que fue objeto del contrato, no al momento actual sino al tiempo en que éste se celebró, y lo que efectivamente se pagó por dicho bien. Esos son, entonces, los dos datos fundamentales que deben probarse en un litigio que se entable sobre esta materia. En cuanto al justo precio del bien, que según nuestra legislación sólo puede ser un inmueble (Código Civil, artículo 1858 <1831>), es incuestionable que el Juez deberá determinarlo con ayuda de peritos, pues él carece de los conocimientos prácticos necesarios para establecerlo por sí mismo. Será el perito el que podrá darle luces al Juez sobre el justo precio, calculado retroactivamente al tiempo de la celebración del contrato y tomando en cuenta la ubicación y extensión del inmueble, su destinación, sus condiciones, los servicios de que dispone y todos los aspectos que en la negociación inmobiliaria sean necesarios para la fijación de ese valor. En cuanto al otro dato, es decir lo que efectivamente se pagó, lo lógico sería acudir al contrato respectivo, que tratándose de un bien inmueble debe constar en una escritura pública; pero ante la práctica absolutamente extendida de no hacer constar el verdadero precio en este documento, por razones que no es del caso examinar, puede recurrirse a otras evidencias para determinarlo. Lo más frecuente será que las partes firmen simultáneamente una contraescritura en la que se establece el verdadero precio, documento que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1751 (1724) del propio Código Civil, no surte efecto contra terceros, pero, contrario sensu, sí surte efecto entre los contratantes.” (Resolución No. 204-2004, Primera Sala, R. O. 532-S, 25-II-2005). CUARTO: La causal tercera invocada procede si se ha configurado lo que doctrina llama la proposición jurídica completa, y que en relación a la mencionada causal tercera debe señalar “… a) la norma relativa a la valoración de la prueba que ha sido inaplicada, indebidamente aplicada o erróneamente interpretada; y b) la norma de derecho sustantivo que, como consecuencia del vicio en la aplicación de la norma de valoración de la prueba, ha sido equivocadamente aplicada o inaplicada.” (Dr. Santiago Andrade U. “La Casación Civil en el Ecuador”, Andrade & Asociados, Fondo Editorial, Quito, 2005, p. 202). Por lo expuesto, el Tribunal ad-quem, no ha incurrido en la causal tercera del Art. 3 de la Ley de Casación, al contrario ha valorado la prueba conforme a derecho, razón por la cual no se ha configurado lesión enorme, pues los recurrentes recibieron el justo precio, conforme se desprende de los documentos señalados, por lo que no ha lugar a la rescisión del contrato de compra venta. El Tribunal ad-quem en la sentencia resolvió los puntos sobre los que se trabaron la litis y fundamentó debidamente la misma, razón por la cual, no se han infringido los Arts. 273 y 274 del Código de Procedimiento Civil. En tal virtud, y, por las consideraciones expuestas, esta Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, no casa la sentencia recurrida y rechaza el recurso de casación.- Se encuentran actuando los doctores Freddy Ordóñez Bermeo y Rigoberto Barrera Carrasco, conjueces permanentes de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con los oficios números 2206-SP-CSJ de 6 de noviembre del 2007, y 2015-SP-CSJ de fecha 11 de octubre del 2007, respectivamente, suscritos por el señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Actúe la doctora Lucía Toledo Puebla, Secretaria de la Tercera Sala de lo Civil y Mercantil por ausencia del titular. Sin costas ni multas.- Notifíquese, devuélvase y publíquese.

Fdo.) Dres. Carlos Ramírez Romero, Ministro Juez, Freddy Ordóñez Bermeo y Rigoberto Barrera Carrasco, Conjueces Permanentes.

f.) Lucía Toledo Puebla, Secretaria Relatora (E) que certifica.

Certifico: Que las cuatro copias que anteceden, son tomadas de sus originales, constantes en el juicio No. 365-2006wg (Resolución No. 417-2007) que, sigue Isaías Eduardo Quiroga Becerra y Dolores Josefina Acaro Rueda contra César Alulima Uchuari e Isabel Jadán González.

Quito, febrero 19 del 2008. f.) Dr. Carlos Rodríguez García, Secretario Relator.

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