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Registro Oficial No. 485 - Miércoles 6 de Julio de 2011

viernes 08 de julio del 2011 | 21:49
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


REGISTRO OFICIAL

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles, 06 de Julio de 2011 - R. O. No. 485

 



FUNCIÓN EJECUTIVA

DECRETOS:

798 Transfórmase la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en la “Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR”, adscrita a la Secretaría Nacional de la Administración Pública.

799 Modifícase el Reglamento Orgánico Funcional de la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional.

800 Ratifícase en todos sus artículos el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Italiana, el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú con la participación del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú para la ejecución del “Programa de Cooperación Socio Sanitaria en apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú - II Fase”.

801 Derógase el Decreto Ejecutivo Nº 1772, publicado en el Registro Oficial Nº 512 de 13 de junio de 1983.

802 Confiérese la condecoración de la Orden Nacional “Al Mérito” en el Grado de Gran Cruz, al señor Luis Gallegos Chiriboga, Embajador de la República y funcionario del Servicio Exterior Ecuatoriano.

ACUERDOS:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA:

00000462 Delégase y autorízase funciones a la Subecretaría General de Salud de esta Cartera de Estado.

00000492 Confórmase el Comité de Emergencia que se encargará de llevar adelante todos los procesos precontractuales bajo el estado de excepción sanitaria.
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS:

053 Modifícase el Acuerdo Ministerial Nº 007 de 8 de febrero del 2011.

RESOLUCIONES:

MINISTERIO DEL AMBIENTE:

149 Ratifícase la aprobación del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas y otórgase la licencia ambien-tal para la ejecución0 de dicho proyecto.

165 Habilítase el ejercicio de la Regencia Forestal al ingeniero Carlos Geovanni Pazos Álava.

166 Habilítase el ejercicio de la Regencia Forestal al ingeniero Hugo Flores Caicedo
MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD, SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIAS, PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA:

Oficialízanse con el carácter de voluntaria y obligatoria la revisión de varias Normas Técnicas Ecuatorianas:

11 154 NTE INEN 2 534 (Disposición de productos. Pilas y Baterías en desuso. Requisitos).

11 155 NTE INEN 2 572 (Cables pre-ensamblados soportados por un neutro portante, con aislamiento extraído resistente a la intemperie hasta 600 voltios. Requisitos e inspección).

11 156 NTE INEN 2 573 (Conductores de aluminio trenzados unidireccionalmente de combinación 19 alambres para su posterior aislamiento. Requisitos).

11 157 NTE INEN 2 574 (Válvulas de compuerta con sello metálico para suministro de agua. Requisitos e inspección).

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS, SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL:

SPTMF 275/11 Fíjanse las tarifas que EP PETRO-ECUADOR, reconocerá a la Empresa de Economía Mixta C.E.M. AUSTROGAS, que presta los servicios de comercialización de gas licuado de petróleo, en cuanto se relacionen con el transporte marítimo o fluvial, cabotaje, estibaje y manipuleo, en la ruta Guayaquil-Isla Puná- Guayaquil.

SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR:

01020-2011 Modifícase la Resolución 4083 de fecha fecha 30 de diciembre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 374 del 31 de enero del 2011 y deléganse funciones y atribuciones al(la) Director(a) de Reclamos y Trámites Operativos de la Dirección Distrital de Guayaquil.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS:

PSD-DPRRDFI11-00001 Confiérense facultades a varias funcionarias del Departamento de Gestión Tributaria de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Dirección Regional Norte del SRI.

REO-JURRDRI11-00152 Delégase al Jefe de Área de RUC del Departamento de Servicios Tributarios de la Dirección Regional El Oro del Servicio de Rentas Internas, la emisión y suscripción de varios documentos.

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS:

Califícanse a varias personas para que puedan ejercer cargos de peritos avaluadores en las instituciones del sistema financiero:

SBS-INJ-2011-431 Ingeniero civil José Eduardo Infante Robles.

SBS-INJ-2011-435 Arquitecto Santiago Daniel Moreira Villavicencio.

SBS-INJ-2011-454 Arquitecto Fabián Ramiro López Llerena.

SBS-INJ-2011-467 Contador público autorizado Ulises Wilberto Vargas Cruz.

SBS-INJ-2011-469 Arquitecto Mario Fernando Mera Ortiz.

SBS-INJ-2011-481 Ingeniero civil Víctor Humberto Herrera Lainez.

SBS-INJ-2011-494 Ingeniero agrónomo Iván Homero Larrea Serrano.

CORTE CONSTITUCIONAL

CAUSA:

00012-11-IN Acción pública de inconstitucionalidad de “los artículos 42, 43, 48, 51, 53 primer inciso, 68, 73, 89, disposición transitoria décimo primera tercer inciso y disposición transitoria vigésimo sexta de la Ley Orgánica de Educación Superior”, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298 de 12 de octubre de 2010, por considerar que vulneran los principios de autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica reconocidos en los artículos 355 y 346 de la Constitución de
la República. Legitimado activo: Ing. Eléctrico Alejandro Ribadeneira Espi-nosa, en nombre y representación de las personas agrupadas con la denominada Corporación Ecuatoriana de Universi-dades Particulares-CEUPA.

FUNCION JUDICIAL

CORTE NACIONAL DE JUSTICIA:

RESOLUCIÓN:

Dispónese que los jueces de la Sala de lo Penal de las cortes provinciales de justicia, que, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes, confirmaron un auto de llamamiento a juicio o revocaron el sobreseimiento y dictaron auto de llamamiento a juicio, no pueden conocer el mismo proceso que viene por recurso de apelación de la sentencia expedida por un Tribunal Penal que declara la responsabilidad del acusado o lo exime de la misma; en razón de que se hallan incursos en el causal prevista en el numeral 2 del artículo 264 del Código de Procedimiento Penal.

ORDENANZAS MUNICIPALES:

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba: De creación del Registro de la Propiedad y Mercantil.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón: Sobre Discapacidades.

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo: Para adoptar la denominación de: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, provincia de Loja.

 

 

 

Nº 798

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que los números 3, 5 y 6 del artículo 147 de la Constitución de la República establecen entre las atribuciones y deberes del Presidente de la República el definir y dirigir las políticas públicas de la Función Ejecutiva, dirigir la Administración Pública en forma desconcentrada y expedir decretos necesarios para su integración, organización, regulación y control, así como, crear, modificar y suprimir los ministerios, entidades e instancias de coordinación;

 

Que a través de Decreto Ejecutivo Nº 1479, publicado en el Registro Oficial Nº 495 de 24 de diciembre del 2008, se creó la UNIDAD DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, INMOBILIAR, como una entidad de derecho público, con personería jurídica, de ámbito nacional, patrimonio y presupuesto propio e independencia técnica, administrativa y financiera, adscrita a la Presidencia de la República, con domicilio en la ciudad de Quito, y de gestión desconcentrada a nivel nacional;

 

Que el Decreto Ejecutivo Nº 1479 fue reformado por el Decreto Ejecutivo Nº 1505, publicado en el Registro Oficial Nº 503 de 9 de enero del 2009, y por el Decreto Ejecutivo Nº 506, publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 303 de 19 de octubre del 2010;

 

Que el artículo 10-2 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone que corresponde a la Función Ejecutiva ejercer la atribución de planificación, que consiste en la facultad de establecer y articular políticas, estrategias, objetivos y acciones en el diseño, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos, para lograr un resultado esperado; y la de rectoría, que es la facultad de emitir  políticas públicas nacionales o de Estado que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del desarrollo, así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés nacional;

 

Que los artículos 13 y 14 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establecen que la Secretaría Nacional de la Administración Pública es una dependencia de la Presidencia de la República destinada a facilitar la adopción de decisiones del Presidente de la República y a coordinar, por instrucciones directas del Jefe de Estado, las actividades de la Función Ejecutiva; y que compete al Secretario Nacional de la Administración Pública asesorar y asistir al Presidente de la República en la adopción y ejecución de las políticas generales del Estado, para lo cual coordinará y realizará las gestiones que se requieran con los ministros de Estado y funcionarios del sector público;

 

Que siendo la función principal de la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, y abarcando su ámbito de acción las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional, resulta insuficiente la estructura orgánica y funcional actual de la institución y su categorización como unidad adscrita a la Presidencia de la República;

 

Que el artículo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 726 de 8 de abril del 2011 dispone que los organismos públicos adscritos a la Presidencia de la República dependerán de la Secretaria Nacional de la Administración Pública;

 

Que la letra g) del artículo 10-1 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva establece que las secretarías son organismos públicos que, por delegación y bajo la supervisión del ente al cual están adscritos, tienen la facultad de asesorar, dictar y gestionar política transversal a un sector;

 

Que la letra m) del artículo 15 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva determina como atribución del Secretario Nacional de la Administración Pública coordinar el manejo de los bienes inmuebles de las diversas instituciones del Estado y la Administración Pública Central e Institucional; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 147, numerales 5 y 6 de la Constitución de la República, y el artículo 11, letras f) y g) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Transformar la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, en la “Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR” como una entidad estratégica de derecho público, con personería jurídica, patrimonio y presupuesto propio e independencia técnica, administrativa y financiera, adscrita a la Secretaría Nacional de la Administración Pública, con domicilio en la ciudad de Quito y  de gestión desconcentrada a nivel nacional.

 

Artículo 2.- La máxima autoridad de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será el Secretario, funcionario de libre nombramiento y remoción, quien será designado por el Secretario Nacional de la Administración Pública.

 

El Secretario de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, tendrá la facultad de emitir reglamentos, políticas, lineamientos, procedimientos generales, acuerdos, resoluciones y la estructura orgánica y funcional de la Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR para el desarrollo de sus actividades y funciones.

 

Artículo 3.- El ámbito de acción de la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, será respecto de los bienes inmuebles urbanos de las siguientes entidades:

 

Las instituciones de la Administración Pública Central e Institucional.

 

Las empresas públicas creadas por la Función Ejecutiva y las empresas en las que el Estado posea participación accionaría mayoritaria.

 

Artículo 4.- Funciones.- La Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, ejercerá la rectoría del SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN INMOBILIARIA DEL SECTOR PÚBLICO, con las siguientes atribuciones:

 

Identificar mediante inventario los registros de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.

 

Desarrollar y administrar el Catastro Único de Bienes Inmuebles del Estado, con cada uno de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.

 

Establecer la situación técnica y jurídica de los bienes inmuebles de propiedad, en uso o en posesión de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto, aquellos sobre los que se ha establecido o consolidado el derecho de dominio, aquellos que se encuentran invadidos, abandonados, arrendados, entregados en comodato, en posesión de otras personas, aquellos cuya situación jurídica no se encuentre regularizada, aquellos respecto de los que se tenga la expectativa legítima de adquirir su uso o dominio, o que bajo cualquier otro título se encuentren en tenencia de las referidas instituciones. Esta función se extiende, inclusive, a los inmuebles aportados a fideicomisos en los que las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto, sean constituyentes, beneficiarias o que bajo cualquier título mantengan derechos fiduciarios o cuotas de participación fiduciaria.

 

Emitir políticas, directrices y determinar mediante informe técnico sobre el uso correcto y eficiente de los inmuebles  de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto y en caso de identificarse la utilización deficiente de los mismos, comunicará y requerirá de la máxima autoridad de la entidad la ejecución de los actos correctivos.

 

Coordinar con las direcciones de Avalúos y Catastros de las municipalidades, y con la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, la elaboración de avalúos previo a la compra, venta, permuta, comodato, subasta o remate, donación o arriendo de inmuebles de o para las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.

 

Asesorar a las instituciones del sector público en lo relacionado a bienes inmuebles.

 

Requerir y ejecutar con sus propios recursos construcciones, reconstrucciones, adecuaciones o avalúos de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.

 

Gestionar los requerimientos y adquirir inmuebles para satisfacer necesidades públicas de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.

 

Ejecutar con sus propios recursos la demolición de los edificios de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto cuando lo considere necesario y siempre que exista la orden de demolición de la máxima autoridad de la institución propietaria.

 

Administrar o emitir políticas de administración inmobiliaria para los inmuebles en los que se ubiquen dos o más de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.

 

Emitir las políticas, lineamientos y procedimientos generales para la asignación, compra, venta, comodato, permuta, donación y arrendamiento de inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto, y emitir el dictamen técnico previo al acto correspondiente.

 

Emitir las políticas de imagen institucional y de estandarización de ergonomía sobre los inmuebles de propiedad o utilizadas por las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.

 

Emitir dictamen técnico previo respecto de las adecuaciones y construcciones mayores, reconstrucciones, demoliciones o rehabilitación de los bienes inmuebles de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto.

 

Artículo 5.- Las máximas autoridades de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto, en el plazo improrrogable de SESENTA DIAS, entregarán a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR la información completa de todos los bienes inmuebles que, a cualquier título, mantengan registrados como activos inmobiliarios en sus balances, al igual que la información de aquellos bienes inmuebles que se encuentren en patrimonios autónomos de fideicomisos cuyo constituyente o beneficiario  sea una institución pública.

 

Artículo 6.- La Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, subrogará en todos los derechos y obligaciones a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

 

Los servidores públicos que actualmente prestan sus servicios bajo contrato o nombramiento en la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR pasarán a prestar sus servicios en la Secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR, previa evaluación positiva.

 

Artículo 7.- La defensa de los derechos reales de las entidades detalladas en el artículo 3 de este decreto corresponde a cada una de ellas, sin perjuicio de las atribuciones del Procurador General del Estado.

 

PRIMERA DISPOSICIÓN GENERAL.- La Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR podrá intervenir en la forma expresada en este decreto respecto de los bienes dispuestos para la seguridad interna y externa del Estado y de los que integran el patrimonio cultural, natural y las áreas protegidas, a petición expresa de las máximas autoridades que ejerzan la titularidad de dominio.

 

SEGUNDA DISPOSICIÓN GENERAL.- Toda referencia a la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Sector Público. INMOBILIAR en normas de igual o menor jerarquía, se entenderá hecha a la Secretaría de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 1479 de 12 de diciembre del 2008, publicado en el Registro Oficial Nº 495 de 24 de diciembre del 2008, y sus reformas.

 

DISPOSICIÓN FINAL.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo, encárguese al Secretario Nacional de la Administración Pública. El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Palacio Nacional, en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 22 de junio del 2011.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Documento con firmas electrónicas.

 

Nº 799

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 147 número 5, faculta al Presidente de la República a expedir los decretos necesarios para la regulación y control de la Administración Pública;

 

Que la Constitución de la República en su artículo 227 dispone que los servicios públicos se regirán por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación;

 

Que la Ley de Migración fue publicada en el Registro Oficial Nº 382 de diciembre 30 de 1971, y reformada posteriormente mediante ley reformatoria publicada en el Registro Oficial Nº 6 de agosto 18 de 1998;

 

Que el Reglamento de la Ley de Migración fue publicado el 30 de diciembre de 1971, y luego reformado mediante los decretos ejecutivos Nos. 1658 y 1642 del 20 de abril de 1994 y del 28 de julio de 1998 respectivamente;

 

Que la Ley de Migración y su reglamento fueron expedidos en consideración con la política migratoria vigente en aquella época, por lo que es necesario se actualicen las normas de procedimiento de control migratorio acorde a las disposiciones constitucionales vigentes, coherentes a la realidad actual y afines a los objetivos de la política migratoria gubernamental;

 

Que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y el Ministerio del Interior, el 28 de febrero del 2011, suscribieron el Acuerdo de Cooperación para el Intercambio de Información por Medios Tecnológicos en la Dirección Nacional de Migración; y,

 

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 147 número 5 de la Constitución de la República, el artículo 11 literal f) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Artículo 1.- Suprímase el literal a) del artículo 32 del Reglamento Orgánico Funcional de la Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional.

 

Artículo 2.- Sustitúyase el Capítulo II.A del Reglamento a la Ley de Migración que dirá:

 

“Artículo 19.A.- Los extranjeros inmigrantes y no inmigrantes deberán acudir ante las autoridades competentes para su respectivo empadronamiento o censo.

 

El empadronamiento o censo de extranjeros inmigrantes y no inmigrantes tendrá una validez indefinida. Será necesaria la renovación del censo de extranjeros inmigrantes y no inmigrantes, únicamente en el caso de que cambien su calidad migratoria.

 

En caso de que el extranjero haya obtenido la visa de inmigrante o no inmigrante en el exterior, la misma deberá ser inscrita una vez ingresado al territorio ecuatoriano, y se lo realizará personalmente ante la autoridad competente.

 

La entidad competente llevará un registro y control de los extranjeros inmigrantes y no inmigrantes, en base a los datos proporcionados por la autoridad competente que emitió el censo.”.

 

Disposición Final.- De la ejecución del presente decreto que entrará en vigencia en forma inmediata sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los señores ministros de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración y del Interior.

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito a 22 de junio del 2011.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Documento con firmas electrónicas.

 

Nº 800

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Italiana, el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú con la participación del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú para la ejecución del “Programa de Cooperación Socio Sanitaria en apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú - II Fase”, fue suscrito en Loja el 26 de octubre del 2010;

 

Que el específico del convenio es el mejoramiento de la capacidad de los servicios de salud y de las competencias del personal sanitario, así como de las infraestructuras y equipamiento de las unidades de salud que conforman las micro redes del ámbito de intervención, con el propósito de contribuir a mejorar la calidad y condiciones de vida de las comunidades fronterizas y a fortalecer la integración y organización de la red de servicios de salud binacional Ecuador - Perú;

 

Que el artículo 418 de la Constitución de la República establece que al Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales;

 

Que el Pleno de la Corte Constitucional en sesión ordinaria efectuada el 26 de mayo del 2011 resolvió aprobar el informe del Juez sustanciador que establece que el referido convenio no requiere de aprobación de la Asamblea Nacional;

 

Que de conformidad con el segundo inciso del artículo 418 de la Constitución de la República, el Presidente de la República notificó con oficio Nº T.5638-SNJ-11-786 de fecha 1 de junio del 2011, a la Asamblea Nacional el contenido del convenio; y,

 

En ejercicio de la facultad conferida por el artículo 147 numeral 10 de la Constitución de la República,

 

Decreta:

 

Artículo Primero.- Ratifícase en todos sus artículos del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República Italiana, el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú con la participación del Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú para la ejecución del “Programa de Cooperación Socio Sanitaria en apoyo al Plan Binacional de Desarrollo de la Región Fronteriza Ecuador Perú - II Fase”, suscrito el 26 de octubre del 2010.

 

Artículo Segundo.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro Oficial y de su ejecución encárgase al Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

 

Dado en el Palacio de Gobierno, en Quito a 22 de junio del 2011.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Documento con firmas electrónicas.

 

Nº 801

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que mediante Decreto Ejecutivo Nº 1772, publicado en el Registro Oficial Nº 512 de 13 de junio de 1983, se expidió el “Reglamento de Contabilidad Aplicables a los Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos”;

 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial Nº 244 del 27 de julio del 2010, se publicó la “Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno” en cuyo artículo 7 sustituye el artículo 16 de la Ley de Hidrocarburos, normando, de esta manera, nuevas disposiciones en el ámbito de contratos de prestación de servicios para la exploración y/o explotación de hidrocarburos; por lo que el reglamento indicado en el párrafo inmediato anterior carecería de valor jurídico;

 

Que, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el número 1 del artículo 21 del Reglamento a las Reformas a la Ley de Hidrocarburos, el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, mediante Resolución Nº 001-DIR-ARCH-2010-11-23, aprobó, por unanimidad, el 22 de noviembre del 2010, expedir el Reglamento de Contabilidad y de Control y Fiscalización de los Contratos de Prestación de Servicios para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el número 5 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador, y el artículo 11 literal f) del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

Art. 1.- Deróguese el Decreto Ejecutivo Nº 1772, publicado en el Registro Oficial Nº 512 de 13 de junio de 1983, con el cual se expidió el Reglamento de Contabilidad aplicables a los contratos de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos.

 

Art. 2.- El presente decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, y de su ejecución encárguese al Ministro de Recursos Naturales No Renovables.

 

Dado, en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de junio del 2011.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

Documento con firmas electrónicas.

 

Nº 802

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

 

Considerando:

 

Que en el ejercicio diplomático de seis años frente a la Embajada de Ecuador ante los Estados Unidos de América, el Embajador Luis Gallegos Chiriboga ha realizado una fructífera gestión dando muestras de su capacidad profesional, así como total dedicación en la promoción de los intereses del país;

 

Que es deber del Estado distinguir a aquellos ciudadanos que con sus esfuerzos han servido lealmente a la Patria, en particular en el ejercicio de la representación diplomática del Ecuador; y,

 

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 6° del Decreto Nº 1306 de 12 de noviembre de 1985, publicado en el Registro Oficial Nº 317 de 19 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la Medalla de la Orden Nacional “Al Mérito” creada por ley de 8 de octubre de 1921,

 

 

Decreta:

 

Art. 1º.- Confiérase la condecoración de la Orden Nacional “Al Mérito” en el Grado de GRAN CRUZ, al señor Luis Gallegos Chiriboga, Embajador de la República y funcionario del Servicio Exterior Ecuatoriano.

 

 

Art. 2º.- Encárguese de la ejecución del presente decreto, al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

 

Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a 22 de junio del 2011.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República.

 

f.) Ricardo Patiño Aroca, Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

 

Documento con firmas electrónicas.

 

Nº 00000462

 

EL SEÑOR MINISTRO DE

SALUD PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador manda: “Art. 154. A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la leyes, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”;

 

Que, la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública ordena: “Art. 61.- Delegación.- Si la máxima autoridad de la Entidad Contratante decide delegar la suscripción de los contratos a funcionarios o empleados de la entidad u organismos adscritos a ella o bien a funcionarios o empleados de otras entidades del Estado, deberá emitir la resolución respectiva sin que sea necesario publicarla en el Registro Oficial, debiendo darse a conocer en el Portal de COMPRAS PÚBLICAS.

 

Esta delegación no excluye las responsabilidades del delegante. Para la suscripción de un contrato adjudicado no se requerirá de autorización previa alguna.”;

 

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado, permite que cuando la conveniencia institucional lo requiera los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones y oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones;

 

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: “Art. 4.- Delegación.- En aplicación de los principios de Derecho Administrativo son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad tanto en la Ley como en el Reglamento General, aun cuando no conste en dicha normativa la facultad de delegación expresa. La Resolución que la máxima autoridad emita para el efecto, determinará el contenido y alcance de la delegación.

 

Las máximas autoridades de las personas jurídicas de derecho privado que actúen como entidades contratantes, otorgarán poderes o emitirán delegaciones, según corresponda, conforme a la normativa de derecho privado que les sea aplicable.

 

En el ámbito de las responsabilidades derivadas de las actuaciones, producto de las delegaciones o poderes emitidos, se estará al régimen aplicable a la materia. De ser el caso, generar alertas o recomendaciones de cumplimiento obligatorio, sin perjuicio de que sean puestas en conocimiento de los organismos de control pertinentes.”;

 

Que, el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública dispone: “Art. 109 en su párrafo tercero: Los ministros de Estado y los representantes legales de las entidades del sector público podrán delegar la celebración de los contratos a funcionarios o servidores de la entidad o dependencia a su cargo de entidades u organismos a ella adscritos; o, de otras entidades del sector público si los contratos deben celebrarse en un lugar en el que la entidad contratante no tenga oficinas permanentes”;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 000380 del 3 de mayo del 2011 el Dr. David Chiriboga Allnutt, en su calidad de Ministro de Salud Pública delegó y autorizó a la Subsecretaria General de Salud, para que realice todos los procedimientos precontractuales de preparación, selección y contratación referentes a Comunicación Social del Ministerio de Salud;

 

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: “Art. 17. DE LOS MINISTROS.- Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.”;

 

Que, con el ánimo de lograr agilizar los procesos de contratación pública inherentes al ámbito de comunicación social, se hace necesario delegar a la Subsecretaria General de Salud la realización de estos trámites; y,

 

En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos 151 y 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador; el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y el artículo 61 y 109 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento respectivamente,

 

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Delegar y autorizar a la Subsecretaría General de Salud de esta Cartera de Estado para que a través de su autoridad, a más de las funciones inherentes a su cargo, a nombre y representación del Ministro de Salud Pública, realice todos los procedimientos precontractuales y contractuales de preparación, selección y contratación referentes a comunicación social, así como la ejecución de los mismos, amparados por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento. Expresamente se delega, al titular de la Subsecretaría General, la suscripción de contratos referentes a comunicación social del Ministerio de Salud Pública.

 

Art. 2.- La o el delegada/o deberá actuar en los términos de la Constitución de la República del Ecuador, del presente acuerdo ministerial y las disposiciones legales y reglamentarias que rigen sobre la materia, caso contrario responderá administrativa, civil y penalmente por los actos u omisiones verificados en el ejercicio de la designación, ante los organismos de control.

 

Art. 3.- Mediante el presente acuerdo ministerial se deroga el Acuerdo Ministerial No. 000380 del 3 de mayo del 2011.

 

Art. 4.- El presente acuerdo ministerial se publicará a través del Portal de Compras Públicas y entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 8 de junio del 2011.

 

f.) Dr. David Chiriboga Allnutt, Ministro de Salud Pública.

 

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo del Proceso de Asesoría Jurídica al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 23 de junio del 2011.- f.) Dra. Nelly Cecilia Mendoza O., Secretaria General, Ministerio de Salud Pública.

 

No. 00000492

 

EL SEÑOR MINISTRO DE

SALUD PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 32 de la Constitución de la República establece que “la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, el ambiente sano y otros que sustentan el buen vivir.

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”;

 

Que, el artículo 361 de la Constitución de la República dispone que el Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector;

 

Que, el inciso segundo del artículo 362 de la Constitución de la República prescribe que los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios;

 

Que, el numeral 3 del artículo 363 de la Norma Suprema determina que el Estado será responsable de fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de salud;

 

Que, el literal d) del artículo 9 de la Ley Orgánica de Salud dispone que corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud para lo cual tiene, entre otras, la responsabilidad de adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 618 de 10 de enero del 2011, el Presidente Constitucional de la República, Econ. Rafael Correa Delgado, declaró por el plazo constitucional de 60 días, el Estado de Excepción Sanitaria en todas las unidades operativas del Ministerio de Salud, en toda la República, especialmente en los hospitales Eugenio Espejo y Baca Ortiz de Quito, Francisco Ycaza Bustamante y Abel Gilbert Pontón de Guayaquil, Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, Delfina Torres de Concha de Esmeraldas, Alfredo Noboa Montenegro de Guaranda, y, José María Velasco Ibarra de Tena con el fin de evitar un colapso en sus servicios y proceder a la implementación por parte del Ministerio de Salud Pública de las siguientes acciones emergentes: 1. Intervención en infraestructura y equipamiento. 2. Intervención administrativa y organizacional. 3. Intervención en los aspectos técnicos sanitarios. 4. Adquisición y dispensación de medicamentos e insumos médicos. 5. Procesos transversales de respaldo; ya que por el incremento de la demanda de los servicios de salud la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud tiene el riesgo de ser sobrepasada, lo que podría generar grave conmoción interna y declara la movilización nacional especialmente de todo el personal de las unidades operativas y planta central del Ministerio de Salud Pública, tales como: médicos, odontólogos, obstetrices, psicólogos, químicos farmacéuticos, tecnólogos sanitarios, enfermeras, auxiliares de enfermería y personal directivo, administrativo y de apoyo;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 693 de 11 de marzo del 2011, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, renovó el Estado de Excepción Sanitaria referido por el plazo constitucional de 30 días, y dispuso intervenir, además, en los hospitales de las ciudades del Puyo, “Teófilo Dávila” de Machala, y, “ Pablo Arturo Suárez” de Quito;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 734 de 11 de abril del 2011, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, declaró el Estado de Excepción Sanitaria en todas las unidades operativas del Ministerio de Salud, en toda la República, especialmente en varios hospitales de las ciudades señaladas en el mentado decreto, por el plazo constitucional de 60 días;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 795 de 9 de junio del 2011, el Presidente Constitucional de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, renovó el Estado de Excepción Sanitaria referido por el plazo constitucional de 30 días;

 

Que, mediante Acuerdo No. 00000028 de 11 de enero del 2011, el Ministro de Salud Pública resolvió, entre otras cosas, “declarar la emergencia sanitaria en las unidades operativas del Ministerio de Salud, en toda la República, especialmente en los hospitales Eugenio Espejo y Baca Ortiz de Quito, Ycaza Bustamante y Abel Gilbert de Guayaquil, Verdi Cevallos Balda de Portoviejo, Delfina Torres de Concha de Esmeraldas, Alfredo Noboa de Guaranda y José María Velasco Ibarra de Tena, dispuesto con el fin de evitar un colapso en sus servicios y proceder a la implementación por parte del Ministerio de Salud Pública”;

 

Que, en el mentado acuerdo ministerial se emitieron las directrices pertinentes, y se conformó los comités técnicos de emergencia, por cada una de las áreas de intervención, conforme la Constitución constante en el literal c) del artículo 2 del referido acuerdo, entre otros aspectos;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 00000313 de 1 de abril del 2011 se conformó el Comité de Emergencia encargado de llevar a cabo todos los procesos precontractuales para la adquisición de obras, bienes y servicios en las siete áreas que se señalan, se designó al Asesor Jurídico del Ministro de Salud, Gerente de Seguimiento de Metas de la Emergencia y al Gerente del Proyecto Mi Hospital como miembros delegados de la máxima autoridad a dicho comité, se determinaron atribuciones del comité y más facultades que en él constan;

 

Que, mediante Acuerdo No. 0000374 de 23 de abril del 2011, se conformó el Comité de Emergencia encargado de llevar adelante los procesos precontractuales para la adquisición de obras, bienes y servicios en las siete áreas que allí se señalan y se conformó un nuevo comité que lo integran los siguientes funcionarios: un delegado del Ministro de Salud Pública que presidirá el Comité de Emergencia, el Director Financiero como miembro delegado de la máxima autoridad y profesional especialista en algún área médica como miembro delegado de la máxima autoridad y profesional especialista en la materia, a un abogado de la Dirección Jurídica del Ministerio de Salud Pública y un funcionario del Ministerio de Salud Pública como Secretario del comité;

 

Que, el Comité de Emergencia referido en el considerando precedente, ha tenido dificultades para reunirse y llevar adelante la labor encomendada respecto a los procedimientos precontractuales de su competencia;

 

 

Que, es necesario establecer un nuevo procedimiento que viabilice las contrataciones sometidas al régimen especial de emergencia contemplado en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en pro del cumplimiento de los mandatos constitucionales respecto al derecho fundamental de la ciudadanía a la salud pública; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 151 y 154 de la Constitución de la República en concordancia con el Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Artículo 1.- Conformar el Comité de Emergencia que se encargará de llevar adelante todos los procesos precontractuales bajo el Estado de Excepción Sanitaria en relación a las contrataciones del régimen especial de emergencia para la ejecución de obras, adquisición de bienes y prestación de servicios, incluidos los de consultoría, en las áreas de: 1.- Infraestructura física; 2.- Equipamiento médico; 3.- Insumos médicos; 4.- Medicamentos; 5.- Recursos Informáticos; 6.- Bienes inmuebles para proyectos hospitalarios; 7.- Talento humano; y, demás contratos que coadyuven a superar la emergencia.

 

Artículo 2.- El Comité de Emergencia estará conformado por: 1.- Un delegado del Ministro de Salud Pública, quien lo presidirá; 2.- Un profesional del derecho abogado/a y/o doctor/a en Jurisprudencia designado por el Ministro de Salud Pública; 3.- Un profesional técnico designado por el Ministro de Salud Pública; y, un Secretario/a quien no tendrá voto.

 

El Comité de Emergencia podrá, de ser necesario, solicitar el soporte técnico de un profesional en la materia objeto de la contratación o de una comisión de apoyo.

 

Artículo 3.- El procedimiento que deberá observarse para llevar adelante las contrataciones que trata el artículo 1 del presente acuerdo será el siguiente:

 

El Gerente del Proyecto Mi Hospital, sobre la base de la necesidad emergente dispuesta por el Ministro de Salud Pública o suscrita por la máxima autoridad de cada una de las unidades operativas y/o especializadas del Ministerio de Salud Pública u otros y, de ser necesario, conjuntamente con el informe sustentado de la firma consultora, presentará al Ministro de Salud Pública un requerimiento debidamente fundamentado respecto a la contratación que se va a realizar y adjuntará los respectivos pliegos de contratación;

 

El Ministro de Salud Pública autorizará el inicio del procedimiento y remitirá el requerimiento y los pliegos al Comité de Emergencia para su aprobación;

 

El Comité de Emergencia aprobará los pliegos de contratación y dispondrá se realice la invitación al proveedor o proveedores seleccionado(s) para que presente(n) su oferta. La invitación a remitirse será suscrita por el Presidente del Comité de Emergencia;

 

El proveedor o proveedores seleccionados presentarán su oferta en un plazo no mayor a cinco días, conforme se lo determine en la respectiva invitación. En casos excepcionales el Comité de Emergencia podrá ampliar el plazo máximo de presentación de la oferta a petición de parte, de acuerdo a la complejidad de la contratación, cuya decisión será potestad del Comité de Emergencia;

 

Presentada la oferta, el Comité de Emergencia la analizará y de ser conveniente a los intereses institucionales y nacionales, previo conocimiento del Ministro de Salud Pública, decidirá la adjudicación o caso contrario declarará desierto el procedimiento. En caso de decidirse la adjudicación, la resolución que la contenga será suscrita por el Presidente del Comité de Emergencia; y,

 

El Ministro de Salud Pública, una vez adjudicada la contratación, suscribirá el contrato respectivo.

 

Artículo 4.- Conforme lo determina el artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se delega al Comité de Emergencia, en forma expresa, la facultad de adjudicar o declarar desierto las contrataciones que trata el artículo 1 del presente acuerdo y a su Presidente la suscripción tanto de la invitación cuanto de la resolución de adjudicación.

 

Artículo 5.- Publíquese en el portal de compras públicas www.compraspublicas.gob.ec.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.- Los procedimientos precontractuales iniciados al amparo del Acuerdo Ministerial No. 00000374 de 23 de abril del 2011 que aún no hayan sido conocidos por el Comité de Emergencia creado en el mentado acuerdo, o que estando en su conocimiento no fueron analizados o no tienen el informe respectivo de sugerencia de adjudicación o declaratoria de desierto del procedimiento conforme el artículo 5 de referido acuerdo, en forma inmediata deberán ser analizados por el Comité de Emergencia creado en el presente acuerdo, mismo que adjudicará o declarará desierto el procedimiento conforme el literal e) del artículo 3 del presente acuerdo.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.- En caso de que el Comité de Emergencia creado al amparo del Acuerdo Ministerial 0000374 de 23 de abril del 2011, haya emitido el informe sugiriendo la adjudicación de una contratación, el Comité de Emergencia creado en este acuerdo ministerial, analizará la respectiva sugerencia de adjudicación con el apoyo técnico del Proyecto Mi Hospital y, de ser el caso, el Comité de Emergencia enviará el expediente de contratación al Proyecto Mi Hospital para iniciarlo nuevamente al amparo del presente acuerdo.

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.- Se deroga expresamente el Acuerdo Ministerial 0000374 de 23 de abril del 2011.

 

Se deroga el artículo 2 del Acuerdo Ministerial 0000028 de 11 de enero del 2011.

 

El presente acuerdo ministerial entra en vigencia en la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 15 de junio del 2011. f.) Dr. David Chiriboga Allnutt, Ministro de Salud Pública.

 

Es fiel copia del documento que consta en el Archivo del Proceso de Asesoría Jurídica al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 23 de junio del 2011.- f.) Dra. Nelly Cecilia Mendoza O., Secretaria General, Ministerio de Salud Pública.

 

No. 053

 

EL MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República en su artículo 227 preceptúa que la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad que se rige fundamentalmente por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, planificación y transparencia;

 

Que, conforme el párrafo generalidades, artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública en aplicación de los Principios del Derecho Administrativo, son delegables todas las facultades previstas para la máxima autoridad institucional;

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 007 de 8 de febrero del 2011, la señora Ministra de Transporte y Obras Públicas, delegó al Ing. David Andrés Mejía Sarmiento para que a nombre y representación de esta Cartera de Estado tramite los procesos precontractuales y contractuales determinados en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento de aplicación; y,

 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154 numeral 1 de la Constitución de la República, 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, artículo 4 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Sustitúyase el literal a) del artículo 1 por el siguiente texto:

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designe la Comisión Técnica para cada proceso precontractual, con excepción de aquellos que se refieran a proyectos de infraestructura vial y de consultoría de estudios y de fiscalización de proyectos de infraestructura vial.

 

Art. 2.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 23 de junio del 2011.

 

f.) Arq. María de los Ángeles Duarte, Ministra de Transporte y Obras Públicas.

 

Nº 149

 

Marcela Aguiñaga Vallejo

MINISTRA DEL AMBIENTE

 

Considerando:

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

 

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

 

Que, el numeral 4 del artículo 276 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que el régimen de desarrollo tendrá como uno de sus objetivos el de recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los recursos del subsuelo y del patrimonio natural;

 

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de Gestión Ambiental, las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, deben previamente a su ejecución ser calificados, por los organismos descentralizados de control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será el precautelatorio;

 

Que, para el inicio de toda actividad que suponga riesgo ambiental, se deberá contar con la licencia ambiental, otorgada por el Ministerio del Ambiente, conforme así lo determina el artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental;

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene derecho a participar en la gestión ambiental a través de los mecanismos de participación social, entre los cuales se incluirán consultas, audiencias públicas, iniciativas, propuestas o cualquier forma de asociación entre el sector público y el privado;

 

Que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Gestión Ambiental, toda persona natural o jurídica tiene derecho a ser informada sobre cualquier actividad de las instituciones del Estado; que pueda producir impactos ambientales;

 

Que, de acuerdo al artículo 20 del Sistema Único de Manejo Ambiental, del Libro IV del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, la participación ciudadana en la gestión ambiental tiene como finalidad considerar e incorporar los criterios y las observaciones de la ciudadanía, especialmente la población directamente afectada de una obra o proyecto, sobre las variables ambientales relevantes de los estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental, siempre y cuando sea técnica y económicamente viable, para que las actividades y proyectos que puedan causar impactos ambientales se desarrollen de manera adecuada minimizando y/o compensando estos impactos a fin de mejorar las condiciones ambientales para la realización de la actividad o proyecto propuesto en todas sus fases;

 

Que, mediante oficio s/n de 28 de mayo del 2004, la Comercializadora de Combustibles Ecuador S. A., remite a la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, los Términos de Referencia para la Elaboración del Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº DINAPA-EEA 0409366 de 14 de julio del 2004, la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, observa los Términos de Referencia para la Elaboración del Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº 005-2004 Medio Ambiente C.C. ECUA de 23 de julio del 2004, la Comercializadora de Combustibles Ecuador S. A., remite a la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, las observaciones a los Términos de Referencia para la Elaboración del Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº DINAPA-EEA 0412005 de 14 de septiembre del 2004, la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, aprueba los Términos de Referencia para la elaboración del Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº 0017-2004 Medio Ambiente C.C. ECUA recibido el 28 de septiembre del 2004, la Comercializadora de Combustibles Ecuador S. A., remite a la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, el Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº DINAPA-EEA 0415403 de 7 de diciembre del 2004, la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, observa el Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº 068-2005 Medio Ambiente C.C. ECUA recibido el 20 de enero del 2005, la Comercializadora de Combustibles Ecuador S. A., remite a la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, las observaciones del Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº 168-SPA-DINAPA-EEA 0000503372 de 17 de marzo del 2005, la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, aprueba el Diagnóstico y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº CCECUA OFC.0269-2007 de 22 de junio del 2007, la Comercializadora de Combustible Ecuador S. A., remite a la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, los términos de referencia para la ejecución de la Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº 466-DINAPA-CSA 0704509 de 18 de octubre del 2007, la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, observa los términos de referencia para la Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº CCECUA OFC. 00422-2007 de 1 de noviembre del 2007, la Comercializadora de Combustible Ecuador S. A., remite a la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, las observaciones a los términos de referencia para la Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº 766-DINAPA-CSA 0706856 de 30 de noviembre del 2007, la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, aprueba los términos de referencia para la Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº CCECUA OFC. 0021-2009 de 19 de enero del 2009, la Comercializadora de Combustible Ecuador S. A., remite a la Dirección Nacional de Protección Ambiental del Ministerio de Energía y Minas, la Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nº 1630, publicado en el Registro Oficial Nº 561 del 1 de abril del 2009 se transfirieron al Ministerio del Ambiente, todas las competencias, atribuciones, funciones y delegaciones que en materia ambiental ejercía la Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de Minas y Petróleos, la Dirección Nacional de Protección Ambiental Minera, DINAPAM y la Dirección Nacional de Protección Ambiental Hidrocarburífera, DINAPAH;

 

Que, mediante oficio s/n del 5 de mayo del 2009, el representante legal, Sr. Eduardo Acuña, solicita la emisión del certificado de intersección con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado, para la estación de servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº 0491-2009-DNPCA-MAE de 30 de mayo del 2009, la Dirección Nacional de Prevención y Control de la Contaminación del Ministerio del Ambiente otorga el certificado de intersección al Proyecto ESTACIÓN DE SERVICIO NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas, en el cual se determina que el mencionado proyecto no intersecta con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del Estado. Las coordenadas UTM del proyecto son las siguientes:

 

PUNTO

COORDENADAS

X

Y

1

671079

9760702

Coordenadas UTM PSAD56, Zona 17 Sur

 

Que, mediante oficio Nº MAE-SCA-2009-1923 de 13 de agosto del 2009, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, observa la Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº CCECUA OFC. 0126-2009 de 23 de septiembre del 2009, Comercializadora de Combustible Ecuador S. A., remite a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, las respuestas a las observaciones realizadas a la Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, mediante oficio Nº MAE-SCA-2009-3767 de 18 de noviembre del 2009, la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, en base al informe técnico Nº 1133-AA-DNPCA-SCA-MA de 15 de octubre del 2009 en el que consta la Actualización del Plan de Manejo Ambiental, remitido mediante memorando Nº MAEDNCA- 2009-1093 de 10 de noviembre del 2009, acepta la Auditoría Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

Que, en conformidad al Decreto Ejecutivo Nº 1040, publicado en el Registro Oficial Nº 332 del 8 de mayo del 2008, en la Escuela Eugenio Espejo, a las 16h00 del día 30 de julio del 2010, se llevó a cabo la audiencia pública de la Auditoría Ambiental de Cumplimiento y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas;

 

 

Que, mediante oficio Nº 0367 tecp. 2010. de 29 de noviembre del 2010, TECPLUS S. A., remite a la Subsecretaría de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, documentación habilitante para emisión de la licencia ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas:

 

Garantía Bancaria Nº 0045027 de fiel cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, por la cantidad de USD 1.631,00 (mil seiscientos treinta y un dólares con 00/100).

 

Comprobante de depósito Nº 0350202 por concepto de tasas de emisión de licencia ambiental por un valor de USD 500,00 (quinientos dólares con 00/100);

 

Comprobante de depósito Nº 1038339 por concepto de tasa de seguimiento y monitoreo por un valor de USD 200,00 (doscientos dólares con 00/100); y,

 

En uso de las atribuciones establecidas en el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Resuelve:

 

Art. 1.- Ratificar la aprobación del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas, remitido mediante oficio Nº 168-SPA-DINAPAEEA 0000503372 de 17 de marzo del 2005.

 

Art. 2.- Aprobar la Auditoría Ambiental y la Actualización del Plan de Manejo Ambiental que consta en el informe técnico de la Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas, sobre la base del oficio Nº MAE-SCA-2009-3767 de 18 de noviembre del 2009, memorando Nº MAE-DNCA-2009-1093 de 10 de noviembre del 2009 e informe técnico Nº 1133-AADNPCA- SCA-MA de 15 de octubre del 2009.

 

Art. 3.- Otorgar la licencia ambiental para el Proyecto Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas.

 

Art. 4.- Los documentos habilitantes que se presentaren para reforzar la evaluación ambiental del proyecto, pasarán a constituir parte integrante del Estudio de Impacto y Plan de Manejo Ambiental, los mismos que deberán cumplirse estrictamente, caso contrario se procederá con la suspensión o revocatoria de la licencia ambiental conforme lo establecen los artículos 27 y 28 del Título I, del Sistema Único de Manejo Ambiental, SUMA, de Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente.

 

Notifíquese con la presente resolución al señor Eduardo Acuña Ron y publíquese en el Registro Oficial por ser de interés general.

 

De la aplicación de esta resolución se encarga a la Subsecretaría de Calidad Ambiental y a la Dirección Provincial del Guayas del Ministerio del Ambiente.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a 1 de marzo del 2011.

 

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE 149

 

LICENCIA AMBIENTAL PARA EL PROYECTO

ESTACIÓN DE SERVICIO NARANJITO, UBICADA

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS

 

El Ministerio del Ambiente, en su calidad de Autoridad Ambiental Nacional, en cumplimiento de sus responsabilidades establecidas en la Constitución de la República y en la Ley de Gestión Ambiental, de precautelar el interés público en lo referente a la preservación del ambiente, la Prevención de la Contaminación Ambiental y la Garantía del Desarrollo Sustentable, confiere la presente licencia ambiental al proyecto Estación de Servicio NARANJITO, ubicada en el cantón Naranjito, provincia del Guayas, en la persona de su propietario, el señor Eduardo Acuña Ron, para que en sujeción al Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental aprobado, proceda a la operación del proyecto en los períodos establecidos.

 

En virtud de lo expuesto, el señor Eduardo Acuña Ron, se obliga a lo siguiente:

 

Cumplir estrictamente lo señalado en el Estudio de Impacto Ambiental y Plan de Manejo Ambiental.

 

Realizar el monitoreo interno y enviar los reportes de monitoreo al Ministerio del Ambiente conforme lo establecido en el artículo 12 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador y demás normativas aplicables.

 

Ser enteramente responsable de las actividades que cumplan sus concesionarias o subcontratistas.

 

Presentar al Ministerio del Ambiente las auditorías ambientales de cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 y 43 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador, Decreto Ejecutivo 1215 (RAOHE D. E. 1215).

 

Proporcionar al personal técnico del Ministerio del Ambiente, todas las facilidades para llevar a efecto los procesos de monitoreo, control, seguimiento y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado.

 

Cancelar anualmente y sujeto al plazo de duración del proyecto, el pago por servicios ambientales de seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental aprobado, conforme lo establecido en el Acuerdo Ministerial Nº 068 de 26 de abril del 2010, que modifica los valores establecidos en el Ordinal V, artículo 11, Título II, Libro IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, referente a los Servicios de Gestión y Calidad Ambiental.

 

Cumplir con la normativa ambiental vigente a nivel nacional y local.

 

Mantener vigente la Garantía de Fiel Cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental, durante la vida útil del proyecto.

 

El plazo de vigencia de la presente licencia ambiental corre desde la fecha de su expedición hasta el término de la ejecución del proyecto.

 

El incumplimiento de las disposiciones y obligaciones determinados en la licencia ambiental causará la suspensión o revocatoria de la misma, conforme a lo establecido en la legislación que la rige; se la concede a costo y riesgo del interesado, dejando a salvo derechos de terceros.

 

La presente licencia ambiental se rige por las disposiciones de la Ley de Gestión Ambiental y normas del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, y tratándose de acto administrativo, por el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.

 

Se dispone el registro de la licencia ambiental en el Registro Nacional de Fichas y Licencias Ambientales.

 

Dado en Quito, a 1 de marzo del 2011.

 

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

 

Nº 165

 

Marcela Aguiñaga Vallejo

MINISTRA DEL AMBIENTE

 

Considerando:

 

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial Nº 038, publicado en el Registro Oficial Nº 390 de 2 de agosto del 2004, sobre Normas del Sistema de Regencia Forestal, en concordancia con el artículo 122 del Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que la Regencia Forestal es el mecanismo por el cual el Ministerio del Ambiente, en calidad de Autoridad Nacional Forestal delega a ingenieros forestales en libre ejercicio profesional las labores de control y supervisión del aprovechamiento forestal y asistencia técnica;

 

Que, el artículo 34 del Acuerdo Ministerial antes citado, establece que con la finalidad de precautelar el correcto ejercicio de las funciones y obligaciones de los regentes forestales, e impedir el perjuicio a consecuencia de la inobservancia de la normativa que regula el ejercicio de la Regencia Forestal, en contra de los administrados o usuarios, la máxima autoridad forestal al inicio y durante el expediente podrá ejercer la medida cautelar consistente en prohibir de manera inmediata el ejercicio de la Regencia Forestal;

 

Que, la señora Ministra del Ambiente, mediante Resolución Nº 129 de 2 de febrero del 2007, revocó temporalmente el ejercicio de la Regencia Forestal al Ing. Carlos Geovanni Pazos Álava, por el lapso de ciento ochenta días;

 

Que, mediante oficio s/n de 3 de febrero del 2011, con hoja de control Nº MAE-SG-2011-2182 de fecha 3 de febrero del 2011, se recibió el documento en la Coordinación General de la Asesoría Jurídica del Ing. Carlos Geovanni Pazos Álava, quien solicita a la señora Ministra su reincorporación al ejercicio de la Regencia Forestal;

 

Que, el Director Nacional Forestal mediante memorando Nº MAE-DNF-2011-0215 de 9 de febrero del 2011, solicitó a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la elaboración de la resolución para habilitar el ejercicio de la Regencia Forestal al Ing. Carlos Geovanni Pazos Álava, por haber cumplido con el tiempo de suspensión temporal establecido; la suspensión temporal venció el 1 de agosto del 2007; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Resuelve:

 

Art. 1.- Habilitar el ejercicio de la Regencia Forestal al Ing. Carlos Geovanni Pazos Álava.

 

Art. 2.- Encárguese del cumplimiento de esta resolución, al Director Nacional Forestal.

 

Art. 3.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a 10 de marzo del 2011.

 

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

 

Nº 166

 

Marcela Aguiñaga Vallejo

MINISTRA DEL AMBIENTE

 

Considerando:

 

Que, el artículo 1 del Acuerdo Ministerial No. 038, publicado en el Registro Oficial Nº 390 de 2 de agosto del 2004, sobre Normas del Sistema de Regencia Forestal, en concordancia con el artículo 122 del Libro III del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que la Regencia Forestal es el mecanismo por el cual el Ministerio del Ambiente, en calidad de Autoridad Nacional Forestal delega a ingenieros forestales en libre ejercicio profesional las labores de control y supervisión del aprovechamiento forestal y asistencia técnica;

 

Que, el artículo 34 del Acuerdo Ministerial antes citado, establece que con la finalidad de precautelar el correcto ejercicio de las funciones y obligaciones de los regentes forestales, e impedir el perjuicio a consecuencia de la inobservancia de la normativa que regula el ejercicio de la Regencia Forestal, en contra de los administrados o usuarios, la máxima autoridad forestal al inicio y durante el expediente podrá ejercer la medida cautelar consistente en prohibir de manera inmediata el ejercicio de la Regencia Forestal;

 

Que, la señora Ministra del Ambiente, mediante Resolución Nº 310 de 3 de agosto del 2010, revocó temporalmente el ejercicio de la Regencia Forestal al Ing. Hugo Flores Caicedo por el lapso de ciento ochenta días;

 

Que, mediante oficio s/n de 3 de febrero del 2011, con hoja de control Nº MAE-SG-2011-2182 de fecha 3 de febrero del 2011, se recibió el documento en la Coordinación General de la Asesoría Jurídica del Ing. Hugo Flores Caicedo, quien solicita a la señora Ministra su reincorporación al ejercicio de la Regencia Forestal;

 

Que, el Director Nacional Forestal mediante memorando Nº MAE-DNF-2011-0213 de 8 de febrero del 2011, solicitó a la Coordinadora General de Asesoría Jurídica, la elaboración de la resolución para habilitar el ejercicio de la Regencia Forestal al Ing. Hugo Flores Caicedo, por haber cumplido con el tiempo de suspensión temporal establecido; la suspensión temporal venció el 3 de febrero del 2011; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Resuelve:

 

Art. 1.- Habilitar el ejercicio de la Regencia Forestal al Ing. Hugo Flores Caicedo.

 

Art. 2.- Encárguese del cumplimiento de esta resolución, al Director Nacional Forestal.

 

Art. 3.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese.- Dado en Quito, a 10 de marzo del 2011.

 

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

 

No. 11 154

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD

 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIAS,

PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

 

Considerando:

 

Que está en vigencia la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad de 2007-02-08, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del jueves 22 de febrero del 2007;

 

Que de conformidad con la ley mencionada en el considerando anterior, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad;

 

Que con Acuerdo Ministerial No. 10 551 de 29 de diciembre del 2010, se delega a la Subsecretaría de Industrias, Productividad e Innovación Tecnología del MIPRO todas las atribuciones, deberes y obligaciones asignadas al Ministerio de Industrias y Productividad mediante Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad modificada por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones;

 

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad competente en materia de reglamentación, normalización y metrología, ha formulado la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 534. DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS. PILAS Y BATERÍAS EN DESUSO. REQUISITOS;

 

Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario;

 

Que la Subsecretaría de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica del Ministerio de Industrias y Productividad, conoció y aprobó la indicada norma;

 

Que por disposición del Ministerio de Industrias y Productividad, el Subsecretario de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica, debe proceder a la oficialización con el carácter de VOLUNTARIA, mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; y,

 

En ejercicio de las facultades que le concede la ley,

 

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- Oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 534 (Disposición de productos. Pilas y baterías en desuso. Requisitos), que establece los requisitos que debe cumplir la disposición de las pilas y baterías que se encuentran en desuso con exclusión de las baterías plomo-ácido que están compuestas por metales pesados y/o compuestos persistentes, bioacumulativos y tóxicos.

 

ARTÍCULO 2.- Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 534 entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.

 

 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 20 de mayo del 2011.

 

 

f.) Mgs. Edgar Bayardo Flores Tapia, Subsecretario de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica.

 

 

MIPRO, MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifico.- Es fiel copia del original.- Archivo Central.- Firma: Ilegible.- Fecha: 20 de mayo del 2011.

 

No. 11 155

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD

 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIAS,

PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

 

Considerando:

 

Que está en vigencia la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad de 2007-02-08, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del jueves 22 de febrero del 2007;

 

Que de conformidad con la ley mencionada en el considerando anterior, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad;

 

Que con Acuerdo Ministerial No. 10 551 de 29 de diciembre del 2010, se delega a la Subsecretaría de Industrias, Productividad e Innovación Tecnología del MIPRO todas las atribuciones, deberes y obligaciones asignadas al Ministerio de Industrias y Productividad mediante Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad modificada por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones;

 

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad competente en materia de reglamentación, normalización y metrología, ha formulado la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 572. CABLES PREENSAMBLADOS SOPORTADOS POR UN NEUTRO PORTANTE, CON AISLAMIENTO EXTRUIDO RESISTENTE A LA INTEMPERIE HASTA 600 VOLTIOS. REQUISITOS E INSPECCIÓN;

 

Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario;

 

Que la Subsecretaría de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica del Ministerio de Industrias y Productividad, conoció y aprobó la indicada norma;

 

Que por disposición del Ministerio de Industrias y Productividad, el Subsecretario de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica, debe proceder a la oficialización con el carácter de VOLUNTARIA, mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; y,

 

En ejercicio de las facultades que le concede la ley,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.-. Oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 572 (Cables pre-ensamblados soportados por un neutro portante, con aislamiento extraído resistente a la intemperie hasta 600 voltios. Requisitos e inspección), que establece los requisitos de los materiales, construcción y verificación de los ensambles de conductores de fase aislados y conductor de neutro portante desnudo o recubierto, utilizados en cables resistentes a la intemperie, suspendido entre estructuras de soporte para la distribución aérea de energía eléctrica.

 

ARTÍCULO 2.- Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 572 entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 20 de mayo del 2011.

 

f.) Mgs. Edgar Bayardo Flores Tapia, Subsecretario de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica.

 

MIPRO, MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifico.- Es fiel copia del original.- Archivo Central.- Firma: Ilegible.- Fecha: 20 de mayo del 2011.

 

No. 11 156

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD

 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIAS,

PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

 

Considerando:

 

Que está en vigencia la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad de 2007-02-08, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del jueves 22 de febrero del 2007;

 

Que de conformidad con la ley mencionada en el considerando anterior, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad;

 

Que con Acuerdo Ministerial No. 10 551 de 29 de diciembre del 2010, se delega a la Subsecretaría de Industrias, Productividad e Innovación Tecnología del MIPRO todas las atribuciones, deberes y obligaciones asignadas al Ministerio de Industrias y Productividad mediante Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad modificada por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones;

 

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad competente en materia de reglamentación, normalización y metrología, ha formulado la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 573. CONDUCTORES DE ALUMINIO TRENZADOS UNIDIRECCIONALMENTE DE COMBINACIÓN 19 ALAMBRES PARA SU POSTERIOR AISLAMIENTO. REQUISITOS;

 

Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario; Que la Subsecretaría de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica del Ministerio de Industrias y Productividad, conoció y aprobó la indicada norma;

 

Que por disposición del Ministerio de Industrias y Productividad, el Subsecretario de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica, debe proceder a la oficialización con el carácter de VOLUNTARIA, mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; y,

 

En ejercicio de las facultades que le concede la ley,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- Oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 573 (Conductores de aluminio trenzados unidireccionalmente de combinación 19 alambres para su posterior aislamiento. Requisitos), que establece los requisitos para los conductores combinados desnudos trenzados unidireccionalmente hechos de alambres redondos de aluminio 1350 y aleación de aluminio de la serie 8000, para ser usados en conductores aislados con propósitos eléctricos. Alambres de aluminio 1350 con temples -H19 (extra duro), -H16 o -H26 (3/4 duro), -H14 o -H24 (1/2 duro), y H142 o H242 (1/2 duro) y alambres de aleación de aluminio de la serie 8 000 con temples “0” y H1X o H2X son permitidos. Esta norma se aplica a los conductores construidos con un alambre central rodeado de dos capas de alambres trenzados helicoidalmente, de manera que se obtenga un diámetro exterior igual al de los conductores equivalentes de trenzado comprimido.

 

ARTÍCULO 2.- Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 573 entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.

 

Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 20 de mayo del 2011.

 

f.) Mgs. Edgar Bayardo Flores Tapia, Subsecretario de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica.

 

MIPRO, MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifico.- Es fiel copia del original.- Archivo Central.- Firma: Ilegible.- Fecha: 20 de mayo del 2011.

 

No. 11 157

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD

 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIAS,

PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

 

Considerando:

 

Que está en vigencia la Ley 2007-76 del Sistema Ecuatoriano de la Calidad de 2007-02-08, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 26 del jueves 22 de febrero del 2007;

 

Que de conformidad con la ley mencionada en el considerando anterior, el Ministerio de Industrias y Productividad es la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad;

 

Que con Acuerdo Ministerial No. 10 551 de 29 de diciembre del 2010, se delega a la Subsecretaría de Industrias, Productividad e Innovación Tecnología del MIPRO todas las atribuciones, deberes y obligaciones asignadas al Ministerio de Industrias y Productividad mediante Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad modificada por el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones;

 

Que el Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, entidad competente en materia de reglamentación, normalización y metrología, ha formulado la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 574. VÁLVULAS DE COMPUERTA CON SELLO METÁLICO PARA SUMINISTRO DE AGUA. REQUISITOS E INSPECCIÓN;

 

Que en su elaboración se ha seguido el trámite reglamentario;

 

Que la Subsecretaría de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica del Ministerio de Industrias y Productividad, conoció y aprobó la indicada norma;

 

Que por disposición del Ministerio de Industrias y Productividad, el Subsecretario de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica, debe proceder a la oficialización con el carácter de VOLUNTARIA, mediante su promulgación en el Registro Oficial, a fin de que exista un justo equilibrio de intereses entre proveedores y consumidores; y,

 

En ejercicio de las facultades que le concede la ley,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- Oficializar con el carácter de VOLUNTARIA la Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 574 (Válvulas de compuerta con sello metálico para suministro de agua. Requisitos e inspección), que establece los requisitos que deben cumplir las válvulas de cuerpo de hierro con elementos de bronce incluidos, las válvulas de compuerta de vástago no ascendente NRS con diámetros nominales NPS de 50 mm a 1 200 mm y las válvulas de compuerta con vástago ascendente OS&Y con diámetros nominales desde NPS 50 mm a 600 mm, ya sea de compuerta de doble disco con bases paralelas o inclinadas, o bien de compuerta de cuña sólida y los métodos de ensayo.

 

ARTÍCULO 2.- Esta Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 574 entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.

 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.- Dado en Quito, Distrito Metropolitano, 20 de mayo del 2011.

 

f.) Mgs. Edgar Bayardo Flores Tapia, Subsecretario de Industrias, Productividad e Innovación Tecnológica.

 

MIPRO, MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifico.- Es fiel copia del original.- Archivo Central.- Firma: Ilegible.- Fecha: 20 de mayo del 2011.

 

No. SPTMF 275/11

 

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PÚBLICAS

 

VICEMINISTERIO DE GESTIÓN DE TRANSPORTE SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

 

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1111 del 27 de mayo del 2008 y publicado en el Registro Oficial No. 358 del 12 de junio del 2008, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial asumió las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones contempladas entre otras en la Ley de Facilitación de las Exportaciones y del Transporte Acuático;

 

Que, en el Art. 11 del antes señalado decreto ejecutivo, determina que en toda disposición legal y reglamentaria en que se haga referencia a la “Dirección General de la Marina Mercante y del Litoral-DIGMER”, sustitúyase por “Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial”;

 

Que, el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos, mediante Resolución 003/00 del 4 de abril del 2000, publicada en el Registro Oficial Nº 67 del 28 de los mismos mes y año, estableció las sanciones que la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial aplicará en caso de comprobarse infracción;

 

Que, el señor Ministro de Recursos Naturales No Renovables, mediante Acuerdo Ministerial No. 152, publicado en el Registro Oficial No. 158 del 25 de marzo del 2010, en su artículo 1 acordó que PETROCOMERCIAL, reconocerá a la Empresa de Economía Mixta C.E.M. AUSTROGAS, quien presta los servicios de comercialización de gas licuado de petróleo, al momento de la facturación las tarifas establecidas por la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en cuanto se relacionen con el transporte marítimo o fluvial, cabotaje, estibaje y manipuleo, en las rutas Galápagos, Taisha y Puná;

 

 

Que, el 6 de abril del 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 315 publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 171, de 14 de abril del 2010, se creó la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador, EP. PETROECUADOR con los derechos y obligaciones, así como las actividades de la Empresa Estatal Petróleos del Ecuador PETROECUADOR y sus empresas filiales;

 

 

Que, la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, mediante Resolución No. 070/11 del 25 de marzo del 2011, publicada en el Registro Oficial Nº 458 del 30 de mayo del 2011, aprobó las tarifas del transporte marítimo o fluvial, cabotaje, estibaje y manipuleo de gas líquido, en la ruta Puná;

 

 

Que, es necesario aclarar los rubros estipulados en la resolución antes mencionada, puesto que los costos de estibaje y manipuleo entre el muelle y el barco son parte del transporte marítimo y fluvial, y deben estar completamente detallados; y, En uso de la facultad que le concede el Art. 7, literal l) de la Ley General del Transporte Marítimo y Fluvial,

 

 

Resuelve:

 

Artículo 1.- Las tarifas que EP. PETROECUADOR, reconocerá a la Empresa de Economía Mixta C.E.M. AUSTROGAS, que presta los servicios de comercialización de gas licuado de petróleo, en cuanto se relacionen con el transporte marítimo o fluvial, cabotaje, estibaje y manipuleo, en la ruta Guayaquil-Isla Puná- Guayaquil, serán las que se detallan a continuación:

 

 

 

 

Concepto

Costo unitario por

cilindro 15 kg

 

Costo unitario por

kilogramo

Cilindros transportados, Guayaquil - Isla Puná - Guayaquil

1, 00

0,06667

Embarque/desembarque de cilindros llenos en la Isla Puná y en Guayaquil

0,25

0,01667

Embarque/desembarque de cilindros vacíos en la Isla Puná y en Guayaquil

0,18

0,01200

 

 

 

 

Artículo 2.- Encárguese de la ejecución de la presente resolución, a las entidades señaladas en el artículo precedente.

 

Artículo 3.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Artículo Final.- Deróguense todas las disposiciones que se opongan a la presente resolución.

 

Dada en la ciudad de Guayaquil, en el despacho del señor Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, a los diez días del mes de junio del dos mil once.

 

 

 

f.) Ing. Jorge Vera Armijos, Subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial.

 

 

DDG-RES-01020-2011

 

LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE GUAYAQUIL

DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANA

DEL ECUADOR

 

Considerando:

 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador consagra que “…las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución…”; asimismo el artículo 227 ibídem consagra que “…La administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación...”;

 

Que, el artículo 212 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones dispone que “…el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador es una Persona Jurídica de derecho público, de duración indefinida, con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, domiciliada en la ciudad de Guayaquil y con competencia en todo el territorio nacional. Es un organismo al que se le atribuye en virtud de este Código, las competencias técnicoadministrativas, necesarias para llevar adelante la planificación y ejecución de la política aduanera del país y para ejercer, en forma reglada, las facultades tributarias de determinación, de resolución, de sanción y reglamentarla en materia aduanera…”;

 

Que, el artículo 217 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones dispone que “…las Direcciones Distritales comprenden las áreas territoriales donde el Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador ejerce todas las atribuciones operativas y demás que le asigne este Código y su reglamento…”;

 

Que, el artículo 35 de la Ley de Modernización del Estado dispone que todas las facultades y atribuciones de las autoridades administrativas, entre las que se encuentra las autoridades aduaneras, cuyas atribuciones y facultades establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, por expresa disposición del ordenamiento jurídico ecuatoriano, puedan ser delegadas cuando la importancia económica y/o geográfica de la zona así lo amerite;

 

Que, el artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: "…Las atribuciones propias de las diversas entidades y autoridades de la Administración Pública Central e Institucional, serán delegables en las autoridades u órganos de inferior jerarquía, excepto las que se encuentren prohibidas por la ley o por decreto. La delegación será publicada en el Registro Oficial...", en concordancia con los artículos 56 que dispone: “…Salvo autorización expresa, no podrán delegarse las competencias que a su vez se ejerzan por delegación....” artículo 57 dispone: “…La delegación podrá ser revocada en cualquier momento por el órgano que la haya conferido y se extinguirá, en el caso de asuntos únicos, cuando se haya cumplido el acto cuya expedición o ejecución se delegó”. El Art. 59 del Estatuto Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, señala la responsabilidad del delegado respecto de los actos que celebre amparado en ésta delegación.

 

Que, considerando que el Servicio de Aduana es una potestad pública que ejerce el Estado, a través del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, sin perjuicio del ejercicio de atribuciones por parte de sus delegatarios debidamente autorizados y de la coordinación o cooperación de otras entidades u órganos del sector público, con sujeción al presente cuerpo legal, sus reglamentos, manuales de operación y procedimientos, y demás normas aplicables; que tiene por objeto facilitar el comercio exterior y ejercer el control de la entrada y salida de mercancías, unidades de carga y medios de transporte por las fronteras y zonas aduaneras de la República, así como quienes efectúen actividades directa o indirectamente relacionadas con el tráfico internacional de mercancías; determinar y recaudar las obligaciones tributarias causadas por efecto de la importación y exportación de mercancías, resolver los reclamos, recursos, peticiones y consultas de los interesados; prevenir, perseguir y sancionar las infracciones aduaneras; y, en general, las atribuciones que le son propias a las Administraciones Aduaneras conforme a la normativa adoptada por el Ecuador en los convenios Internacionales;

 

Que, mediante Resolución No. DG-002-2010 de fecha 30 de diciembre de 2010 el Econ. Mario Pinto Salazar, Director General del SENAE, a la fecha, nombra como Director Distrital de Guayaquil al Econ. Fabián Arturo Soriano Idrovo, nombramiento que rige a partir de la fecha de su suscripción sin perjuicio de su publicación el Registro Oficial;

 

Que, mediante Resolución No. DGN-0282-2011 de fecha 26 de mayo de 2011, suscrita por el Econ. Santiago León Abad, Director General del SENAE, resolvió expedir el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;

 

Que, mediante Resolución No. DGN-0282-2011 y DGN- 0283-2011 de fecha 26 de mayo de 2011, suscrita por el Econ. Santiago León Abad, Director General del SENAE, dispuso la implementación de la estructura ocupacional institucional de puestos con el objetivo de poner en funcionamiento el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador; y,

 

Que, en ejercicio de las competencias establecida en los literales a) y r) del artículo 218 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicada en el Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre del 2010, en concordancia con el Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro V del COPCI, Ley de Modernización del Estado y el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, y por no existir disposición legal expresa que prohíba la delegación de atribuciones en materia aduanera, el suscrito Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de la Aduana del Ecuador,

 

Resuelve:

 

Artículo 1.- Dejar sin efecto el artículo segundo de la delegación contenida en la Resolución 4083, de fecha 30 de diciembre del 2011, publicada en el Registro Oficial No. 374 del 31 de enero del 2011.

 

Artículo 2.- Delegar al(la) DIRECTOR(A) DE RECLAMOS Y TRÁMITES OPERATIVOS de la Dirección Distrital de Guayaquil, las siguientes funciones y atribuciones administrativas y operativas dentro del ámbito de su competencia:

 

Las atribuciones contempladas en el literal d) del artículo 218 en concordancia con el artículo 124 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, en lo que respecta a la avocación, sustanciación y evacuación de diligencias dentro de los Reclamos Administrativos presentados ante la Dirección Distrital del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador;

 

Las comprendidas en las letras e), h) e i) del Art. 125 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, respecto a la exención de pagos de los tributos al comercio exterior, de las importaciones a consumo, esto es: e) Donaciones provenientes del exterior, h) Ley de Inmunidades, Privilegios y Franquicias Diplomáticas e i). Ley sobre Discapacidades; y,

 

Las comprendidas en el artículo 127 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, dentro del ámbito de su competencia, con relación a la transferencia de dominio de las mercancías importadas con exención total o parcial de tributos, observando el reglamento al presente código y las disposiciones dictadas para el efecto por la administración aduanera, derivadas de los literales e), h) e i) del Art. 125 del COPCI.

 

Artículo 3.- El(la) Director(a) de Reclamos y Trámites Operativos de la Dirección Distrital de Guayaquil será el(la) responsable de coordinar con el personal que tenga a su cargo, la emisión de los correspondientes actos administrativos, de los cuales se deberá llevar un control estadístico en cada una de las aéreas, teniendo en cuenta que las actuaciones que realicen en el ejercicio de la delegación otorgada en el presente instrumento, recaerá las responsabilidades establecidas en el Art. 221 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

 

Artículo 4.- Para el ejercicio y aplicación de las facultades administrativas y operativas delegadas en el presente instrumento, téngase como aplicables a su vez, todas las disposiciones establecidas en el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, reglamentos que se dicten para su aplicación, manuales de procedimiento, resoluciones administrativas emanadas por la Dirección General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Instructivos, concordantes con todo ordenamiento jurídico jerárquicamente inferior vigente, decisiones de la Comunidad Andina y demás normativa que fuera pertinente para su aplicación, no requiriendo para efectos de su ejercicio, ninguna otra delegación expresa de la normativa legal vigente.

 

ARTÍCULO 5.- La presente delegación entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Dirección de Secretaría General de la Dirección Distrital de Guayaquil la notificación del contenido de la presente resolución al Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y a los otros departamentos de la Dirección Distrital de Guayaquil; y, encárguese de la publicación de la presente resolución en el Registro Oficial para su difusión obligatoria.

 

Dada y firmada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, en el despacho del Director Distrital de Guayaquil del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, el 13 de junio del 2011.

 

f) Econ. Fabián Soriano Idrovo, Director Distrital de Guayaquil, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, Dirección Distrital de Guayaquil, Dirección de Secretaría General.- 15 de junio del 2011.- Certifico.- Que es fiel copia del original de los documentos que reposa en nuestros archivos.- Firma: Arely López Hurtado, Directora, Secretaría General, Servicio Nacional de Aduana del Ecuador.

 

No. PSD-DPRRDFI11-00001

 

EL DIRECTOR PROVINCIAL DE SANTO

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS DEL SERVICIO

DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 del 2 de diciembre de 1997, el Director Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas del Servicio de Rentas Internas ejercerá dentro de su respectiva jurisdicción, las funciones que el Código Tributario asigna al Director General del Servicio de Rentas Internas;

 

Que, el artículo 25 en concordancia con el numeral segundo del artículo 24 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, establece como facultad de los directores provinciales entre otras, las de dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del Servicio de Rentas Internas dentro de su jurisdicción, y vigilar la estricta aplicación de las leyes y reglamentos tributarios;

 

Que, el artículo 105 del Código Tributario, establece que la notificación es el acto por el cual se hace saber a una persona natural o jurídica el contenido de un acto o resolución administrativa, o el requerimiento de un funcionario competente  de la administración en orden al cumplimiento de deberes formales;

 

Que, el artículo 106 del Código Tributario establece que la notificación se hará por el funcionario o empleado a quien la ley, el reglamento o el propio órgano de la administración designe. El notificador dejará constancia, bajo su responsabilidad personal y pecuniaria, del lugar, día, hora y forma de notificación;

 

Que, mediante Resolución No. NAC-RHUR2008-0943 del 4 de julio del 2008 la Dirección General del Servicio de Rentas Internas encarga al economista Jorge Manuel Garrido Andrade las funciones de Director Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas del Servicio de Rentas Internas;

 

Que, el Reglamento Orgánico Funcional del Servicio de Rentas Internas en su artículo 109 establece como funciones del Director Provincial el asegurar la aplicación de los procedimientos de verificación y control para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente, según su real situación económica y financiera; dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión operativa y administrativa de la Dirección Provincial y las delegaciones zonales y jefaturas de agencias bajo su jurisdicción, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes; y,

 

Que, es necesario optimizar las atribuciones de los distintos funcionarios de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Dirección Regional Norte, con el fin de mejorar la atención al contribuyente, desconcentrando las funciones que estos tienen asignadas; y de conformidad con las normas legales vigentes,

 

Resuelve:

 

Artículo Único.- Conferir a las funcionarias Unda Tamayo Mayra Mabel; Morales Vera Wendy Johanna; Orellana Ascaribay Carmen Julia; y, Flor Mafla Sheyla Tatiana, la facultad para notificar, dentro del ámbito de competencia del Departamento de Gestión Tributaria de la Dirección Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas de la Dirección Regional Norte del Servicio de Rentas Internas, las resoluciones de clausura que se generen para la imposición de dichas sanciones.

 

La presente resolución surtirá efecto a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Publíquese y cúmplase.

 

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Jorge Manuel Garrido Andrade, Director Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas (E) del Servicio de Rentas Internas, en la ciudad de Santo Domingo, a 22 de junio del 2011.

 

 

Lo certifico.

 

f.) Ab. Zoila Sarzosa Tirado, Secretaria Provincial de Santo

 

Domingo de los Tsáchilas, Servicio de Rentas Internas.

 

No. REO-JURRDRI11-00152

 

EL DIRECTOR REGIONAL EL ORO DEL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

Considerando:

 

Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial No. 206 del 2 de diciembre de 1997, el Director Regional de El Oro del Servicio de Rentas Internas ejercerá dentro de su respectiva jurisdicción, las funciones que el Código Tributario le asigna al Director General del Servicio de Rentas Internas;

 

Que, el numeral 2 del artículo 24 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, establece como facultad de los directores regionales entre otras, las de dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión del Servicio de Rentas Internas dentro de su jurisdicción, y vigilar la estricta aplicación de las leyes y reglamentos tributarios;

 

Que, el artículo 76 del Código Tributario determina que las competencias en materia tributaria pueden ser ejercidas mediante delegación o sustitución en los casos prescritos en la ley;

 

Que, mediante Resolución No. NAC-DNRRSFI10-00593 del 13 de septiembre del 2010, el Director General del Servicio de Rentas Internas expidió nombramiento al Econ. Antonio Enrique Avilés San Martín, luego de que el Directorio del Servicio de Rentas Internas lo designase como Director Regional El Oro;

 

Que, el Reglamento Orgánico Funcional del Servicio de Rentas Internas en su artículo 84 establece como funciones del Director Regional el asegurar la aplicación de los procedimientos de verificación y control para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias del contribuyente; el dirigir, organizar, coordinar y controlar la gestión operativa y administrativa de la Dirección Regional, de las direcciones provinciales, zonales o agencias bajo su jurisdicción, de conformidad con las disposiciones legales reglamentarias y de los procedimientos establecidos;

 

Que, es necesario optimizar las atribuciones de los distintos funcionarios de la Dirección Regional El Oro, con el fin de mejorar la atención al contribuyente, desconcentrando las funciones que estos tienen asignadas; y,

 

En aplicación del artículo 55 del Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva, y de conformidad con las normas legales vigentes,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO ÚNICO.- Delegar al Jefe de Área de RUC del Departamento de Servicios Tributarios de la Dirección Regional El Oro del Servicio de Rentas Internas, la emisión y suscripción de los siguientes documentos:

 

Certificado de no estar inscrito en el registro único de contribuyentes.

 

Certificado de estar designado como contribuyente especial por el Servicio de Rentas Internas.

 

Certificado de constar registrado como artesano calificado.

 

Certificado de cumplimiento tributario.

 

Requerimientos de información mediante los cuales se solicite a los sujetos pasivos exhiban el registro único de contribuyentes a los funcionarios autorizados para el efecto.

 

Requerimientos de comparecencia, con el fin de comunicar situaciones relacionadas con sus deberes formales y obligaciones tributarias.

 

Requerimientos de información mediante los cuales se solicite a los sujetos pasivos exhiban los comprobantes de venta a los funcionarios autorizados para el efecto.

 

Oficios en el que se da conocer sobre la entrega de copias certificadas de las declaraciones realizadas por el sujeto pasivo, cuyo domicilio tributario se encuentra en la provincia de El Oro.

 

Oficios en el que se dan a conocer sobre la entrega de copias certificadas de trámites realizados por el Área de Impuesto a la propiedad de los vehículos.

 

Oficios con los cuales se procede a hacer el cambio de servicio de los vehículos, conforme lo solicitado por los sujetos pasivos.

 

Emisión y suscripción de resoluciones mediante las cuales se niegue la exoneración o rebaja del impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados a los sujetos pasivos cuya jurisdicción corresponda a la Regional El Oro.

 

Oficios con los cuales se otorga a los sujetos pasivos, la exoneración o rebaja del impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados.

 

Esta resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Proveyó y firmó la resolución que antecede el Econ. Antonio Avilés Sanmartín, Director del Servicio de Rentas Internas Regional El Oro, en Machala, a 24 de junio del 2011.

 

 

Lo certifico.

 

 

f.) Lcda. Tania Urdiales Espinoza, Secretaria Regional El Oro, Servicio de Rentas Internas.

 

No. SBS-INJ-2011-431

 

César Cano Flores

INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO,

ENCARGADO

 

Considerando:

 

Que según lo dispuesto en el artículo 3, del Capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, del Título XXI “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del Libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y experiencia del perito avaluador;

 

Que el ingeniero civil JOSÉ EDUARDO INFANTE ROBLES, ha presentado la solicitud y documentación respectivas para su calificación como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;

 

Que al 16 de mayo del 2011, el ingeniero civil JOSÉ EDUARDO INFANTE ROBLES no registra hechos negativos relacionados con la central de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques protestados;

 

Que con base al memorando No. SN-2011-299 de 16 de mayo del 2011, la Subdirección de Normatividad, ha emitido informe favorable para la calificación del ingeniero civil JOSÉ EDUARDO INFANTE ROBLES; y,

 

En ejercicio de las funciones conferidas por el Superintendente de Bancos y Seguros mediante Resolución No. ADM-2006-7616 de 16 de mayo del 2006, que contiene el Estatuto Orgánico por Procesos y Organigrama Estructural de la Superintendencia de Bancos y Seguros, reformada mediante Resolución No. ADM-2007-8194 de 7 de diciembre del 2007; así como de la Resolución No. ADM-2011-10076 de 6 de enero del 2011,

 

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- Calificar al ingeniero civil JOSÉ EDUARDO INFANTE ROBLES, portador de la cédula de ciudadanía No. 110316686-2, para que pueda desempeñarse como perito avaluador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número de registro No. PA-2011-1362, y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías. Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.- Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el veintitrés de mayo del dos mil once.

 

f.) Dr. César Cano Flores, Intendente Nacional Jurídico, encargado

 

 Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el veintitrés de mayo del dos mil once.

 

f.) Ab. Luis Cabezas-Klaere, Secretario General.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Experto en Administración 4.

 

No. SBS-INJ-2011-435

 

César Cano Flores

INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO,

ENCARGADO

 

Considerando:

 

Que según lo dispuesto en el artículo 3, del Capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, del Título XXI “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del Libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y experiencia del perito avaluador;

 

Que el arquitecto SANTIAGO DANIEL MOREIRA VILLAVICENCIO, ha presentado la solicitud y documentación respectivas para su calificación como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;

 

Que al 20 de mayo del 2011, el arquitecto SANTIAGO DANIEL MOREIRA VILLAVICENCIO no registra hechos negativos relacionados con la central de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques protestados;

 

Que con base al memorando No. SN-2011-305 de 20 de mayo del 2011, la Subdirección de Normatividad, ha emitido informe favorable para la calificación del arquitecto SANTIAGO DANIEL MOREIRA VILLAVICENCIO; y,

 

En ejercicio de las funciones conferidas por el Superintendente de Bancos y Seguros mediante Resolución No. ADM-2006-7616 de 16 de mayo del 2006, que contiene el Estatuto Orgánico por Procesos y Organigrama Estructural de la Superintendencia de Bancos y Seguros, reformada mediante Resolución No. ADM-2007-8194 de 7 de diciembre del 2007; así como de la Resolución No. ADM-2011-10076 de 6 de enero del 2011,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- Calificar al arquitecto SANTIAGO DANIEL MOREIRA VILLAVICENCIO, portador de la cédula de ciudadanía No. 130597997-1, para que pueda desempeñarse como perito avaluador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número de registro No. PA-2011-1363, y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías.

 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.- Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el veinticinco de mayo de dos mil once.

 

f.) Dr. César Cano Flores, Intendente Nacional Jurídico, encargado.

 

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el veinticinco de mayo de dos mil once.

 

f.) Ab. Luis Cabezas-Klaere, Secretario General.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Experto en Administración 4.

 

No. SBS-INJ-2011-454

 

César Cano Flores

INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO,

ENCARGADO

 

Considerando:

 

Que según lo dispuesto en el artículo 3, del Capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, del Título XXI “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del Libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y experiencia del perito avaluador;

 

Que mediante Resolución No. SBS-INJ-2005-0628 de 27 de octubre del 2005, el arquitecto FABIÁN RAMIRO LÓPEZ LLERENA, fue calificado para ejercer el cargo de perito avaluador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros; y, con resolución SBS-INJ-2009-103 de 26 enero del 2009, se dejó sin efecto la calificación que le fuera otorgada a través de la citada Resolución No. SBS-INJ-2005-0628;

 

Que el arquitecto FABIÁN RAMIRO LÓPEZ LLERENA, ha presentado una nueva solicitud y documentación respectivas para su calificación como perito avaluador en las instituciones del sistema financiero, las que reúnen los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;

 

Que al 30 de mayo del 2011, el arquitecto FABIÁN RAMIRO LÓPEZ LLERENA no registra hechos negativos relacionados con la central de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques protestados;

 

Que con base al memorando No. SN-2011-313 de 30 de mayo del 2011, la Subdirección de Normatividad, ha emitido informe favorable para la calificación del arquitecto FABIÁN RAMIRO LÓPEZ LLERENA; y,

 

En ejercicio de las funciones conferidas por el Superintendente de Bancos y Seguros mediante Resolución No. ADM-2006-7616 de 16 de mayo del 2006, que contiene el Estatuto Orgánico por Procesos y Organigrama Estructural de la Superintendencia de Bancos y Seguros, reformada mediante Resolución No. ADM-2007-8194 de 7 de diciembre del 2007; así como de la Resolución No. ADM-2011-10076 de 6 de enero del 2011,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- Calificar al arquitecto FABIÁN RAMIRO LÓPEZ LLERENA, portador de la cédula de ciudadanía No. 100075972-8, para que pueda desempeñarse como perito avaluador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el Registro de Peritos Avaluadores, se le mantenga el número de registro No. PA-2005-748 y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías.

 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.- Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el uno de junio del dos mil once.

 

f.) Dr. César Cano Flores, Intendente Nacional Jurídico, encargado.

 

Lo certifico.

 

Quito, Distrito Metropolitano, el uno de junio del dos mil once.

 

f.) Ab. Luis Cabezas-Klaere, Secretario General.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Experto en Administración 4.

 

No. SBS-INJ-2011-467

 

César Cano Flores

INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO,

ENCARGADO

 

Considerando:

 

Que según lo dispuesto en el artículo 84 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y experiencia del auditor interno;

 

Que en el Título XXI “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del Libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, consta el Capítulo II “Normas para la calificación de los auditores internos de las entidades sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros”;

 

Que el contador público autorizado ULISES WILBERTO VARGAS CRUZ, ha presentado la solicitud y documentación respectivas para su calificación como auditor interno, quien reúne los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes; Que al 31 de mayo del 2011, el contador público autorizado ULISES WILBERTO VARGAS CRUZ, no registra hechos negativos relacionados con central de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques protestados;

 

Que con base al memorando No. SN-2011-0317 de 31 de mayo del 2011, la Subdirección de Normatividad, ha emitido informe favorable para la calificación del contador público autorizado ULISES WILBERTO VARGAS CRUZ; y,

 

En ejercicio de las funciones conferidas por el Superintendente de Bancos y Seguros mediante Resolución No. ADM-2006-7616 de 16 de mayo del 2006, que contiene el Estatuto Orgánico por Procesos y Organigrama Estructural de la Superintendencia de Bancos y Seguros, reformada mediante Resolución No. ADM-2007-8194 de 7 de diciembre del 2007; así como de la Resolución No. ADM-2011-10076 de 6 de enero del 2011,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- Calificar al contador público autorizado ULISES WILBERTO VARGAS CRUZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 0906786181, para que pueda desempeñarse como auditor interno en las instituciones del sistema financiero privado.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el Registro de Auditores Internos y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías.

 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.- Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el tres de junio del dos mil once.

 

f.) Dr. César Cano Flores, Intendente Nacional Jurídico, encargado.

 

 

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el tres de junio del dos mil once.

 

 

f.) Ab. Luis Cabezas-Klaere, Secretario General.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Experto en Administración 4.

 

No. SBS-INJ-2011-469

 

César Cano Flores

INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO,

ENCARGADO

 

Considerando:

 

Que según lo dispuesto en el artículo 3, del Capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, del Título XXI “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del Libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y experiencia del perito avaluador;

 

Que el arquitecto MARIO FERNANDO MERA ORTIZ, ha presentado la solicitud y documentación respectivas para su calificación como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes; Que al 2 de junio del 2011, el arquitecto MARIO FERNANDO MERA ORTIZ no registra hechos negativos relacionados con la central de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques protestados;

 

Que con base al memorando No. SN-2011-321 de 2 de junio del 2011, la Subdirección de Normatividad, ha emitido informe favorable para la calificación del arquitecto MARIO FERNANDO MERA ORTIZ; y,

 

En ejercicio de las funciones conferidas por el Superintendente de Bancos y Seguros mediante Resolución No. ADM-2006-7616 de 16 de mayo del 2006, que contiene el Estatuto Orgánico por Procesos y Organigrama Estructural de la Superintendencia de Bancos y Seguros, reformada mediante Resolución No. ADM-2007-8194 de 7 de diciembre del 2007; así como de la Resolución No. ADM-2011-10076 de 6 de enero del 2011,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- Calificar al arquitecto MARIO FERNANDO MERA ORTIZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 090581203-8, para que pueda desempeñarse como perito avaluador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número de registro No. PA-2011-1364, y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías.

 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.- Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el tres de junio del dos mil once.

 

f.) Dr. César Cano Flores, Intendente Nacional Jurídico, encargado.

 

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el tres de junio del dos mil once.

 

f.) Ab. Luis Cabezas-Klaere, Secretario General.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Experto en Administración 4.

 

No. SBS-INJ-2011-481

 

César Cano Flores

INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO,

ENCARGADO

 

Considerando:

 

Que según lo dispuesto en el artículo 3, del Capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, del Título XXI “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del Libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y experiencia del perito avaluador;

 

Que el ingeniero civil VÍCTOR HUMBERTO HERRERA LAINEZ, ha presentado la solicitud y documentación respectivas para su calificación como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes; Que al 6 de junio del 2011, el ingeniero civil VÍCTOR HUMBERTO HERRERA LAINEZ no registra hechos negativos relacionados con la central de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques protestados;

 

Que con base al memorando No. SN-2011-326 de 6 de junio del 2011, la Subdirección de Normatividad, ha emitido informe favorable para la calificación del ingeniero civil VÍCTOR HUMBERTO HERRERA LAINEZ; y,

 

En ejercicio de las funciones conferidas por el Superintendente de Bancos y Seguros mediante Resolución No. ADM-2006-7616 de 16 de mayo del 2006, que contiene el Estatuto Orgánico por Procesos y Organigrama Estructural de la Superintendencia de Bancos y Seguros, reformada mediante Resolución No. ADM-2007-8194 de 7 de diciembre del 2007; así como de la Resolución No. ADM-2011-10076 de 6 de enero del 2011,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- Calificar al ingeniero civil VÍCTOR HUMBERTO HERRERA LAINEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 091182461-3, para que pueda desempeñarse como perito avaluador de bienes inmuebles en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número de registro No. PA-2011-1366, y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías.

 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.- Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el ocho de junio de dos mil once.

 

f.) Dr. César Cano Flores, Intendente Nacional Jurídico, encargado.

 

Lo certifico.- Quito, Distrito Metropolitano, el ocho de junio de dos mil once.

 

f.) Ab. Luis Cabezas-Klaere, Secretario General.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Experto en Administración 4.

 

No. SBS-INJ-2011-494

 

César Cano Flores

INTENDENTE NACIONAL JURÍDICO,

ENCARGADO

 

Considerando:

 

Que según lo dispuesto en el artículo 3, del Capítulo IV “Normas para la calificación y registro de peritos avaluadores”, del Título XXI “De las calificaciones otorgadas por la Superintendencia de Bancos y Seguros”, del Libro I “Normas generales para la aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros y de la Junta Bancaria, corresponde a la Superintendencia de Bancos y Seguros calificar la idoneidad y experiencia del perito avaluador;

 

Que el ingeniero agrónomo IVÁN HOMERO LARREA SERRANO, ha presentado la solicitud y documentación respectivas para su calificación como perito avaluador, las que reúnen los requisitos exigidos en las normas reglamentarias pertinentes;

 

Que al 6 de junio del 2011, el ingeniero agrónomo IVÁN HOMERO LARREA SERRANO no registra hechos negativos relacionados con la central de riesgos, cuentas corrientes cerradas y cheques protestados;

 

Que con base al memorando No. SN-2011-324 de 6 de junio del 2011, la Subdirección de Normatividad, ha emitido informe favorable para la calificación del ingeniero agrónomo IVÁN HOMERO LARREA SERRANO; y,

 

En ejercicio de las funciones conferidas por el Superintendente de Bancos y Seguros mediante Resolución No. ADM-2006-7616 de 16 de mayo del 2006, que contiene el Estatuto Orgánico por Procesos y Organigrama Estructural de la Superintendencia de Bancos y Seguros, reformada mediante Resolución No. ADM-2007-8194 de 7 de diciembre del 2007; así como de la Resolución No. ADM-2011-10076 de 6 de enero del 2011,

 

Resuelve:

 

ARTÍCULO 1.- Calificar al ingeniero agrónomo IVÁN HOMERO LARREA SERRANO, portador de la cédula de ciudadanía No. 090376864-6, para que pueda desempeñarse como perito avaluador de bienes agrícolas en las instituciones del sistema financiero, que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

 

ARTÍCULO 2.- Disponer que se incluya la presente resolución en el Registro de Peritos Avaluadores, se le asigne el número de registro No. PA-2011-1365, y se comunique del particular a la Superintendencia de Compañías.

 

Comuníquese y publíquese en el Registro Oficial.- Dada en la Superintendencia de Bancos y Seguros, en Quito, Distrito Metropolitano, el ocho de junio del dos mil once.

 

f.) Dr. César Cano Flores, Intendente Nacional Jurídico, encargado.

 

Lo certifico.

 

Quito, Distrito Metropolitano, el ocho de junio del dos mil once.

 

f.) Ab. Luis Cabezas-Klaere, Secretario General.

 

SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y SEGUROS.- Certifico que es fiel copia del original.- f.) Lcdo. Pablo Cobo Luna, Experto en Administración 4.

 

CORTE CONSTITUCIONAL

 

SALA DE ADMISIÓN

 

RESUMEN CAUSA No. 0012-11-IN

(Admitida a trámite)

 

De acuerdo con lo ordenado por la Sala de Admisión mediante Auto de fecha 09 de junio del 2011 a las 12h30 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80, numeral 2, literal e) de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 52 de 22 de octubre de 2009, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

 

CAUSA No. 00012-11-IN, Acción Pública de Inconstitucionalidad de “los artículos 42, 43, 48, 51, 53 primer inciso, 68, 73, 89, disposición transitoria décimo primera tercer inciso y disposición transitoria vigésimo sexta de la Ley Orgánica de Educación Superior”, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 298 de 12 de octubre de 2010, por considerar que vulneran los principios de autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica reconocidos en los artículos 355 y 346 de la Constitución de la República.

 

LEGITIMADO ACTIVO: Ing. Eléctrico Alejandro Ribadeneira Espinosa, en nombre y representación de las personas agrupadas con la denominada Corporación Ecuatoriana de Universidades Particulares-CEUPA.

 

CASILLA CONSTITUCIONAL: N.° 150 CORREO ELECTRÓNICO: etamariz@gye.satnet.net LEGITIMADOS PASIVOS: Presidente Constitucional de la República, Presidente de la Asamblea Nacional y Procurador General del Estado.

 

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

 

Artículos 355 y 346 de la Constitución de la República.

 

PRETENSIÓN JURÍDICA:

 

Declarar “la inconstitucionalidad de los artículos 42, 43, 48, 51, 53 primer inciso, 68, 73, 89, disposición transitoria décimo primera tercer inciso y disposición transitoria vigésimo sexta de la Ley Orgánica de Educación Superior, por vulnerar derechos reconocidos en la propia Constitución de la República del Ecuador.”

 

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

 

LO CERTIFICO.- Quito, D.M., 09 de junio del 2011.- Las 12h30.

 

f.) Dra. María Augusta Durán Mera, SECRETARIA GENERAL (e).

 

LA CORTE NACIONAL

DE JUSTICIA

 

CONSIDERANDO

 

Que los doctores Camila Navia de León, José Verdi Cevallos Peralta y Rafael Loor Pita, jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, con oficio No. 108-CPJM-SSP, de 11 de mayo de 2011, presentan a consideración de la Corte Nacional de Justicia, la siguiente consulta: “Si habiendo resuelto la confirmatoria de un auto de llamamiento a juicio o revocado un sobreseimiento y dictado un auto de llamamiento a juicio, podemos conocer el mismo proceso que por apelación viene con sentencia expedida por el tribunal penal, que declara la culpabilidad del acusado o confirma la inocencia del mismo; o debemos excusarnos de acuerdo con lo previsto en el artículo 856, numeral 6 del Código de Procedimiento Civil, norma supletoria aplicable en materia penal”;

 

El Art. 856 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “Una jueza o juez, sea de tribunal o de juzgado, puede ser recusado por cualquiera de las partes, y debe separarse del conocimiento de la causa, por alguno de los motivos siguientes: …6.- Haber fallado en otra instancia y en el mismo juicio la cuestión que se ventila u otra conexa con ella”. La indicada causal precisa la existencia de dos presupuestos: a) Haber fallado en la misma causa en otra instancia; o b) Haber fallado otra conexa con ella; respecto del primer presupuesto, precisa decisión y determinación de alguna cosa; mientras que en el segundo caso, el fallo debe producirse en otra causa que sea conexa con la que se pretende resolver. La confirmación del auto de llamamiento a juicio o la revocatoria del sobreseimiento y el pronunciamiento del auto de llamamiento a juicio no equivale a una sentencia, tampoco decide la causa.

 

Sin embargo, el numeral 9 del artículo 856 en análisis, precisa como causal de excusa o recusación: “Haber dado opinión o consejo sobre el juicio que conste por escrito”. Al existir la revocatoria de un auto de sobreseimiento por la emisión de un auto de llamamiento a juicio o la confirmación de un auto de llamamiento a juicio en las causas anteriores a las reformas introducidas al Código de Procedimiento Penal, el 24 de marzo de 2009, publicadas en el Suplemento del Registro Oficial No. 555, es evidente que consta por escrito la opinión del juez o jueces; por lo que, en respeto del artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador, que consagra el derecho de toda persona “a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses”, y del artículo 76 numeral 7, literal k), de la misma norma Constitucional, que establece el derecho de ser juzgado por un juez independiente, imparcial y competente, así como por lo señalado en el artículo 264 del Código de Procedimiento Penal, que señala: “Son causas de excusa y recusación de las juezas y jueces del tribunal de garantías penales las determinadas en el Código de Procedimiento Civil y además, las siguientes: …..2.- Haber intervenido en el proceso, como jueza o juez, testigo, perito, intérprete, defensor, acusador o secretario”; en tanto que, de conformidad con el artículo 18 del Código Civil, reglas primera y segunda, cuando el sentido de la Ley es claro, no se desatenderá su tenor literal, a pretexto de consultar su espíritu; y, las palabras de la Ley se entenderán en el sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; por lo que los jueces provinciales están obligados a excusarse del conocimiento de dichas causas en este evento;

 

El Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en uso de la facultad prevista en el artículo 118, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial;

 

RESUELVE:

 

Los jueces de la Sala de lo Penal de las cortes provinciales de justicia, que, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las partes, confirmaron un auto de llamamiento a juicio o revocaron el sobreseimiento y dictaron auto de llamamiento a juicio, no pueden conocer el mismo proceso que viene por recurso de apelación de la sentencia expedida por un tribunal penal que declara la responsabilidad del acusado o lo exime de la misma; en razón de que se hallan incursos en el causal prevista en el numeral 2 del artículo 264 del Código de Procedimiento Penal, norma que guarda concordancia con el artículo 856, numeral 9 del Código de Procedimiento Civil, supletorio en materia penal.

 

En estos casos, las causas serán conocidas por los jueces que no se encuentren impedidos o por los respectivos Conjueces de la Sala.

 

Publíquese en el Registro Oficial y en la Gaceta Judicial.

 

Dado, en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en el Salón de Sesiones de la Corte Nacional de Justicia, a los quince días del mes de junio del año dos mil once.

 

 

f.) Dr. Carlos Ramírez Romero, Presidente.

 

f.) Dr. Rubén Bravo Moreno, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Hernán Ulloa Parada, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Carlos Espinosa Segovia, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Manuel Sánchez Zuraty, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Alonso Flores Heredia, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Manuel Yépez Andrade, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Luis Moyano Alarcón, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Ramiro Serrano Valarezo, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Jorge Pallares Rivera, Juez Nacional.

 

f.) Dr. Galo Martínez Pinto, Juez Nacional.

 

f.) Dr. José Suing Nagua, Conjuez Permanente.

 

f.) Dr. Luis Quiroz Erazo, Conjuez Permanente.

 

f.) Dr. Felipe Granda Aguilar, Conjuez Permanente.

 

f.) Dr. Enrique Pacheco Jaramillo, Conjuez Permanente.

 

f.) Dr. Gustavo Durango Vela, Conjuez Permanente.

 

f.) Dr. Javier Cordero Ordóñez, Conjuez Permanente.

 

f.) Dr. Clotario Salinas Montaño, Conjuez Permanente.

 

f.) Dr. Elías Barzallo Cabrera, Conjuez Permanente.

 

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria General.

 

Razón: Siento como tal que las cuatro fojas que anteceden son copias iguales a sus originales, las mismas que reposan en el libro de Acuerdos Resoluciones del Tribunal de la Corte Nacional de Justicia.- Certifico.- Quito, 23 de junio de 2011.

 

f.) Dra. Isabel Garrido Cisneros, Secretaria General de la Corte Nacional de Justicia.

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN BABA (GADMCB)

 

Considerando:

 

Que, el artículo 265 de la Constitución de la República determina que “El sistema público de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las municipalidades”;

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 303 del 19 de octubre del 2010 determina en el Art. 142 que: “La administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. El sistema público nacional de registro de la propiedad corresponde al gobierno central, y su administración se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos autónomos descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la ley que organice este registro. Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los respectivos gobiernos Municipales.”;

 

Que, dentro de la autonomía política los gobiernos autónomos descentralizados se expresa en el pleno ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera concurrente se vayan asumiendo;

 

Que, la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, LSNRDP, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 162 de 31 de marzo del 2010 en su artículo 19 determina que de conformidad con la Constitución de la República, el Registro de la Propiedad será administrado conjuntamente entre las municipalidades y la Función Ejecutiva a través de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Por lo tanto, el Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano se encargará de la estructuración administrativa del registro y su coordinación con el catastro. La Dirección Nacional dictará las normas que regularán su funcionamiento a nivel nacional;

 

Que, los registros de la propiedad asumirán las funciones y facultades del Registro Mercantil, en los cantones en los que estos últimos no existan y hasta tanto la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos disponga su creación y funcionamiento;

 

Que, el Art. 35 de la LEY SINARDAP determina que los registros de la propiedad y mercantil se financiarán con el cobro de los aranceles por los servicios de registros y el remanente pasará a formar parte de los presupuestos de los respectivos municipios y de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en su orden…

 

Que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos constituirá un fondo de compensación para los registros que lo requieran;

 

Que, con fecha 31 de enero del 2011 el Ministerio de Relaciones Laborales mediante Resolución Nº MRL-2011- 000025, incorporó las clases de puestos de Registrador de la Propiedad y Registrador Mercantil en los grados y valoración de la Escala de Remuneraciones mensuales unificadas del nivel jerárquico superior, y dispuso que las remuneraciones mensuales de los puestos de registrador de la propiedad y registrador mercantil se ajustarán al grado y valoración que constan en el Art. 1 de dicha resolución;

 

Que, mediante correo electrónico de fecha 16 de marzo del 2011, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hizo conocer a la Municipalidad que han sido aceptados los veedores para el proceso de la designación del Registrador de la Propiedad del Cantón Baba;

 

Que, mediante oficio Nº MRL-VMT-2011.05923 de 4 de abril del 2011, el señor Viceministro de Trabajo del Ministerio de Relaciones Laborales, hace conocer al señor Director Nacional de Registro de Datos Públicos, su pronunciamiento con respecto al proceso de traspaso y remuneraciones de los empleados de los Registros de la Propiedad a las nuevas dependencias que la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos encarga las atribuciones registrales, en el que indica que el personal de las registradurías de la propiedad y mercantil del país, continuarán prestando sus servicios en las nuevas dependencias públicas, manteniendo los derechos laborales individuales de cada trabajador, siempre considerando las normas que rigen al sector público, pasando a laborar con el régimen que mantienen bajo el Código del Trabajo, hasta que sean clasificados por el Ministerio de Relaciones Laborales;

 

Que, con fecha 11 de abril del 2011, el Director Nacional de Registro de Datos Públicos, mediante oficio circular Nº 0022-DN-DINARDAP-2011 de 11 de abril del 2011, informa que los procesos de designación del funcionario público de Registrador de la Propiedad, pueden continuar y deberán ser ejecutados de conformidad con la Resolución Nº 001-DINARDAP de 24 de diciembre del 2010;

 

Que, la disposición transitoria primera ibídem determina que el personal que actualmente trabaja en los registros de la propiedad y mercantil, continuarán prestando sus servicios en las dependencias públicas creadas en su lugar, por lo que dicho cambio no conlleva despido intempestivo. En los casos de renuncia voluntaria o despido los registradores de la propiedad y mercantiles tendrán la obligación de liquidar a sus trabajadoras o trabajadores, con base en su tiempo de servicios y de conformidad con las normas del Código de Trabajo. Las funcionarias o funcionarios que se requieran en las funciones registrales bajo competencia de las municipalidades y del gobierno central, respectivamente, estarán sujetos a la ley que regule el servicio público;

 

Que, la Disposición Transitoria Tercera de la LSNRDP determina que dentro del plazo de trescientos sesenta y cinco días contados a partir de la vigencia de dicha ley, los municipios y la Directora o Director Nacional del Registro de Datos Públicos deberán ejecutar el proceso de concurso público de merecimientos y oposición, nombramiento de los nuevos registradores de la propiedad y mercantiles. Dentro del mismo plazo, organizarán la infraestructura física y tecnológica de las oficinas en las que funcionará el nuevo Registro de la Propiedad y su respectivo traspaso, para cuyo efecto elaborará un cronograma de transición que deberá contar con la colaboración del registrador/a saliente. En este mismo lapso, de así acordarse o requerirse, el municipio dispondrá la valoración de activos y su liquidación respectiva;

 

Que, la Disposición Transitoria Décimo Segunda de la LSNRDP determina que los programas informáticos que actualmente utilicen los Registros de la Propiedad Inmueble y Mercantil, se seguirán utilizando hasta que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos elabore el nuevo programa informático sin que esto signifique ningún costo a las municipalidades y a la Función Ejecutiva;

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba GADMCB debe crear la dependencia pública en donde funcionará el registro de la propiedad del cantón, adscrita a la Municipalidad, para que una vez creada y conformada la nueva dependencia pública, este asuma y ejerza la competencia en materia de registro de la propiedad brindando un servicio eficiente y de calidad para la ciudadanía del cantón Baba, sujetos al control, auditoría y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de bases de datos y de información pública; administrado de manera conjunta con la Municipalidad del cantón Baba;

 

Que, es necesario determinar los mecanismos para que el Gobierno Municipal asuma y ejerza la competencia en materia de registro de la propiedad y mercantil, procurando el mayor beneficio para las ciudadanas y ciudadanos del cantón; y,

 

En ejercicio de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de la Constitución de la República, artículos 7 y 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD,

 

Expide:

 

LA ORDENANZA DE CREACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BABA. Título I GENERALIDADES

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente ordenanza regula Los mecanismos de creación y organización para el ejercicio de la competencia respecto al Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba, en los términos previstos en la Constitución y la ley, y regula los aranceles de registro dentro de la jurisdicción del cantón Baba.

 

Art. 2.- Base Legal.- Las disposiciones de la presente ordenanza están regidas por la Ley del Registro, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos; el Reglamento del concurso de merecimientos y oposición para la selección y designación de registradores de la propiedad, y el Código Civil como norma supletoria, así como las normas que dicte la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos y demás normas aplicables relacionados con la materia expedida por el Ministerio de Relaciones Laborales.

 

Art. 3.- Funciones y facultades del Registro Mercantil.- Por cuanto en el cantón Baba no existe un órgano administrativo encargado del ejercicio de las funciones del Registro Mercantil, el Registro de la Propiedad ejercerá también esas funciones y facultades, hasta que se cree un órgano independiente, de ser necesario.

 

Art. 4.- DINARDAP.- La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos dictará las políticas y normas técnicas que regularán la correcta actividad registral, así como también vigilarán y controlarán el cumplimiento de las mismas. De igual manera es deber de la DINARDAP elaborar el sistema informático aplicable en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba.

 

Art. 5.- Administración concurrente.- Los asuntos de carácter administrativo, organizativos, de gestión, entre otros serán manejados de manera independiente por los respectivos registradores, la auditoría y control de la misma lo hará la Municipalidad del Cantón Baba a través de la Dirección General de Auditoría Interna. La DINARDAP se encargará del control y vigilancia de la correcta administración registral, para lo cual emitirá las normas necesarias para cumplir los objetivos antes mencionados.

 

La concurrencia entre la Municipalidad y la DINARDAP en cuanto al Registro de la Propiedad y Mercantil, en relación a los excedentes que les corresponde por Ley a la Municipalidad de Baba y a la DINARDAP, se contabilizarán de acuerdo al total de costos y gastos de operación.

 

Título II

 

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN

ADMINISTRATIVA Y FUNCIONES

 

Art. 6.- Estatus jurídico.- El Registro de la Propiedad y Mercantil es una dependencia pública, desconcentrada, con autonomía registral y administrativa, adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba y guardará estrecha coordinación y cooperación con la Jefatura de Avalúos y Catastros de la Municipalidad.

 

Art. 7.- Del Registrador o Registradora de la Propiedad.- El Registrador o Registradora de la Propiedad y Mercantil, será nombrado por la Alcaldesa del cantón Baba, previo al concurso de méritos y oposición para un período fijo de cuatro años. A la fecha de conclusión del período concluirá automáticamente en sus funciones, pudiendo ser reelegido por una sola vez. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba. Su remuneración será la que conste en la resolución dictada por el Ministerio de Relaciones Laborables. Estará sujeto a los derechos, deberes, obligaciones y régimen disciplinario que prevé la Ley Orgánica del Servicio Público, Ley de Registro de Datos Públicos, Ley de Registro y de la normatividad que se cree para los fines respectivos.

 

La o el Registrador de la Propiedad es servidor caucionado y sujeto al Reglamento para registro y control de las cauciones emitida por la Contraloría General del Estado.

 

Art. 8.- Servidores y servidoras.- Quienes laboren en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba, serán considerados como servidores y servidoras de dicha dependencia al amparo del Código del Trabajo hasta tanto sean clasificados por el Ministerio de Relaciones Laborales, quienes deberán observar las normas que rigen al sector público desde su fecha de ingreso a la nueva dependencia pública del Registro de la Propiedad de Baba.

 

Las servidoras y servidores del Registro de la Propiedad serán evaluadas por una comisión designada por la Alcaldesa integrada por el Director Administrativo y por el Jefe de Recursos Humanos para determinar el grado de eficiencia y de conocimientos que posean en materia registral y de administración pública.

 

Art. 9.- Jornada laboral.- Los servidores que laboren en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba cumplirá la misma jornada laboral que cumplen los demás servidores del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Baba. El control de la asistencia diaria de las jornadas laborales de trabajo estará a cargo del Jefe del Talento Humano de la Municipalidad, funcionario municipal que implementará los mecanismos necesarios de control.

 

Art. 10.- Coordinación con la Jefatura de Avalúos y Catastro.- El Registro de la Propiedad coordinará con la Jefatura de Avalúos y Catastros y procederá a realizar los respectivos cruces de información a fin de mantener actualizada permanentemente la información catastral, para lo cual inmediatamente de inscrita una escritura, sentencia judicial o cualquier forma traslaticia de dominio de bienes inmuebles informará al Jefe de Avalúos y Catastro.

 

Por su parte la Jefatura de Avalúos y Catastro; y, la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial, remitirán al Registro de la Propiedad y Mercantil toda información relacionada con afectaciones, limitaciones, autorizaciones de divisiones o desmembraciones, lotizaciones, urbanizaciones u otras que adopte la Municipalidad de Baba, relacionadas con bienes inmuebles ubicados dentro de la jurisdicción cantonal de Baba.

 

Capítulo I

 

DEL SISTEMA INFORMÁTICO

 

Art. 11.- El sistema informático tiene como objetivo la tecnificación y modernización de los registros, empleando tecnologías de información, bases de datos y lenguajes informáticos estandarizados, protocolos de intercambio de datos seguros, que permitan un manejo adecuado de la información que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, reproduzca, verifique, certifique o procese.

 

El sistema informático utilizado para el funcionamiento e interconexión de los registros y entidades es de propiedad pública.

 

Art. 12.- Toda base informática de datos debe contar con su respectivo respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan de contingencia que impidan la caída del sistema, mecanismos de seguridad y protección de datos e información que impidan el robo de datos, modificación o cualquier otra circunstancia que pueda afectar la información pública.

 

Capítulo II

 

DESIGNACIÓN DEL REGISTRADOR

DE LA PROPIEDAD

 

Art. 13.- Requisitos.- Para ejercer el cargo de Registrador de la Propiedad y Mercantil, se requiere ser ecuatoriano /a, abogado con por lo menos tres años de ejercicio profesional y deberá cumplir con los requisitos previstos en la Ley Orgánica del Servicio Público, LOSEP, y deberá adjuntar el record policial, los certificados de antecedentes penales otorgados por los tribunales penales de la provincia de Los Ríos, el certificado de responsabilidades extendido por la Contraloría General del Estado; y, de la Superintendencia de Bancos, de que no tiene prohibición para el registro de firmas, los que se deberán hacer constar en la convocatoria pública, y además deberá cumplirse con lo que determina el reglamento de concurso de merecimientos y oposición para la selección y designación de registradores de la propiedad, dictado por la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

 

Art. 14.- Veedurías ciudadanas.- Previo a la convocatoria pública la Municipalidad dará cumplimiento a lo que determina la Ley y el Reglamento de Participación Ciudadana y el Reglamento del concurso de merecimientos y oposición para la selección y designación de registradores de la propiedad.

 

Art. 15.- Proceso de selección.- El proceso de selección será por concurso de méritos y oposición abierto, el que será llevado de acuerdo a lo establecido en el reglamento del concurso de merecimientos y oposición para la selección y designación de los Registradores de la Propiedad, expedido por la DINARDAP mediante Resolución Nº 001- DINANRDAP-2010 del 24 de diciembre del 2010.

 

 

El Tribunal se integrará de la siguiente manera:

 

La Alcaldesa del cantón o su delegado que será el Vicealcalde, quien lo Presidirá;

 

El Procurador Síndico Municipal; y,

 

El Jefe de la Unidad de Administración del Talento Humano.

 

Art. 16.- Designación.- El postulante que obtenga el mayor puntaje en el concurso será quien sea nombrado por la Alcaldesa del cantón para que ejerza las funciones de Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba.

 

El ganador del concurso de mérito y oposición, deberá presentar la declaración patrimonial juramentada de bienes, en la que se incluirá además lo siguiente:

 

Autorización para levantar el sigilo de sus cuentas bancarias.

 

Declaración de no adeudar más de dos pensiones alimenticias.

 

Declaración de no encontrarse incurso en nepotismo, inhabilidades o prohibiciones previstas en la Constitución de la República y el ordenamiento jurídico vigente.

 

Art. 17.- Del encargo del registro.- En caso de ausencia temporal del titular del Registro de la Propiedad de Baba, este será reemplazado por un servidor del registro de la propiedad, lo cual se notificará a la Municipalidad. El servidor que reemplace al registrador titular deberá tener título de abogado. De no existir otro abogado en el Registro de la Propiedad, su ausencia será reemplazada de manera temporal por uno de los abogados de la Municipalidad de Baba.

 

Capítulo III

 

POTESTAD DISCIPLINARIA

 

Art. 18.- Régimen disciplinario.- El Registrador o Registradora de la Propiedad y los servidores que laboren en dicha dependencia serán responsable administrativa, civil y penalmente por las acciones u omisiones cometidas en el ejercicio de sus funciones y estarán sujetos/as al régimen disciplinario establecido para los servidores públicos. La destitución o suspensión temporal del cargo procederá únicamente por las causas determinadas en la Ley Orgánica del Servicio Público, Ley de Registro y en la Ley del Sistema Nacional de Datos Públicos, y las normas emitidas por la Dirección Nacional de Datos Públicos para el efecto.

 

Título III

 

DE LOS ARANCELES DE REGISTRO

 

Capítulo I

 

Art. 19.- Aranceles del Registro de la Propiedad.- Conforme lo determina el artículo 33 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, le corresponde al Concejo del Gobierno Cantonal de Baba, anualmente y previo informe técnico financiero, fijar los aranceles de Registro de la Propiedad, mediante ordenanza la revisión de las mismas solamente procederá por reforma a la ordenanza.

 

Art. 20.- Excedentes de recaudación.- Los excedentes obtenidos por las municipalidades y la Dirección Nacional de

 

 

Registro de Datos Públicos con respecto a los registros de la propiedad y mercantiles respectivamente, pasarán a formar parte de sus presupuestos.

 

 

Capítulo II

 

EXPEDICIÓN DE LA TABLA DE ARANCELES

 

Art. 21.- 1.- En consideración a las condiciones socioeconómicas de la población residente en el cantón Baba, fíjase los siguientes aranceles para el registro de bienes inmuebles.

 

Para el pago de los derechos de registro por la calificación e inscripción de actos que contengan la constitución, modificación, transferencia de dominio, adjudicaciones y extinción de derechos reales o personales sobre muebles e inmuebles, así como la imposición de gravámenes o limitaciones de dominio y cualquier otro acto similar, se considerará las siguientes categorías sobre las cuales pagarán los derechos:

 

 

 

 

CATEGORÍA DESDE HASTA DERECHO DE INSCRIPCIÓN

 

CATEGORÍA

CUANTÍA INICIAL

CUANTÍA FINAL

DERECHO TOTAL DE INSCRIPCIÓN

1

USD          20,01

USD        100

USD   10

2

USD        100,01

USD        500

USD   15

3

USD        500,01

USD     1.000

USD   20

4

USD     1.000,01

USD     5.000

USD   30

5

USD     5.000,01

USD   10.000

USD   40

6

USD   10.000,01

USD   20.000

USD   50

7

USD   20.000,01

USD   30.000

USD   60

8

USD   30.000,01

USD   50.000

USD   80

9

USD   50.000,01

USD 100.000

USD 150

10

USD 100.000,01

USD 300.000

USD 250

11

USD 300.000,01

USD 500.000

USD 500

12

USD 500.000,01

En adelante 500 dólares más el 0,5% por el exceso

 

 

 

Por el registro de la declaratoria de propiedad horizontal y todos los documentos que esta comprenda, la cantidad de cincuenta dólares;

 

Por la inscripción o cancelación de patrimonio familiar, testamentos, la cantidad de treinta dólares;

 

Por el registro de hipotecas o de venta e hipoteca constituidas a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Banco de la Vivienda, pagarán el cincuenta por ciento, de la cuantía del valor previsto en la correspondiente categoría fijada en el literal a) de este artículo;

 

Por la inscripción de concesiones mineras de exploraciones, la cantidad de treinta dólares por cada hectárea concesionada; por las concesiones mineras de explotación, la cantidad de cien dólares por cada hectárea concesionada; y, por la inscripción de autorizaciones de explotación de materiales áridos y pétreos la cantidad de cien dólares por cada hectárea;

 

Por la domiciliación, disolución y liquidación de compañías, reforma y codificación de estatutos, cambio de domicilio, capitulaciones matrimoniales, poderes otorgados en el Ecuador o extranjeros, cancelación de permisos de operación la cantidad de veinte dólares; y,

 

Las aclaraciones de homónimos de imputados o acusados en procesos penales, así como las prohibiciones de enajenar y embargos ordenados en procesos penales, laborales o de alimentos forzosos, serán gratuitos.

 

 

2.- Para el pago de derechos de registro, calificación e inscripción de los siguientes actos, incluyendo los gastos generales se establecen los siguientes valores:

 

Por la inscripción de posesiones efectivas, la cantidad de diez dólares;

 

Por la inscripción de embargos, gravámenes, demandas, sentencias, interdicciones, prohibiciones judiciales de enajenar y sus cancelaciones, la cantidad de veinte dólares por cada uno;

 

Por las certificaciones de propiedad, gravámenes y limitaciones de dominio, la cantidad de diez dólares en cada caso;

 

Por las certificaciones de matrículas inmobiliarias, la cantidad de diez dólares; y,

 

Las demás similares que no consten, la cantidad de diez dólares.

 

3.- Cuando se trate de la inscripción de contratos celebrados entre entidades públicas y personas de derecho privado, regirá la categoría que corresponda, según el numeral 1 de este artículo. Los contratos celebrados entre instituciones del Estado no pagarán aranceles de registro.

 

4.- En los actos y contratos de cuantía indeterminada, tales como: hipotecas abiertas, fideicomisos, fusiones, rectificaciones, entre otras, se considerará para el cálculo de derechos de registro el avalúo municipal de cada inmueble. 5.- Los aranceles de registro serán calculados por cada acto o contrato según la categoría y cuantía correspondiente aunque estén comprendidos en un solo instrumento. La Oficina de Recaudaciones incluirá en las planillas el desglose pormenorizado y total de los derechos que serán pagados por los usuarios.

 

Art. 22.- Aranceles de Registro Mercantil.- Los valores a pagar por concepto de aranceles de Registro Mercantil, serán los que determine la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- El Registrador o Registradora de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba desempeñará sus funciones desde la fecha en la que sea legalmente posesionado o posesionada por la Alcaldesa del cantón Baba.

 

SEGUNDA.- La administración del Gobierno Municipal del Cantón Baba adecuará las oficinas en las cuales funcionará el Registro de la Propiedad y Mercantil y dotará del equipamiento e instalaciones suficientes, para el efecto se efectuarán los ajustes presupuestarios y las adquisiciones de bienes que fueren necesarias.

 

TERCERA.- En el presupuesto para el ejercicio municipal del año siguiente se incorporará la asignación presupuestaria para cubrir los gastos que demande la incorporación del Registro de la Propiedad a cada gobierno autónomo descentralizado.

 

CUARTA.- Los registros de la propiedad se financiarán con el cobro de los aranceles por los servicios de Registro de la Propiedad y Mercantil, y el remanente pasará a formar parte de los presupuestos de los respectivos municipios y de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos.

 

QUINTA.- En virtud de haberse expedido con fecha 24 de febrero del 2011, la resolución por parte de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, se prorroga la tabla de aranceles de Registro Mercantil, por lo tanto para el cobro de dichos aranceles, se aplicará la última tabla expedida por el Consejo Nacional de la Judicatura, en el Registro Oficial Nº 204 de 5 de noviembre del 2003.

 

SEXTA.- A partir de la fecha del traspaso e incorporación del Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba, el pago de los aranceles de registro será efectuado en la oficina del respectivo registro, en los montos previstos en esta ordenanza. Las recaudaciones de los aranceles del registro de la propiedad y mercantil serán auditadas por el Auditor General Interno de la Municipalidad y por la DINARDDAP.

 

SEPTIMA.- De acuerdo a la Disposición Transitoria Décimo Segunda de la Ley de Registro de Datos Públicos, los programas que actualmente utilicen los registros de la propiedad inmueble y mercantil, se continuarán utilizando hasta que la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos elabore el nuevo programa informático.

 

OCTAVA.- Notifíquese con el contenido y alcance de la presente ordenanza a la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, para los efectos de coordinación.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Además deberá publicarse en la gaceta oficial y en el dominio web de la Municipalidad de Baba www.municipiodebaba.gob.ec.

 

SEGUNDA.- Notifíquese con la presente ordenanza al Registrador de la Propiedad y Mercantil del Cantón Baba, quien deberá prestar todas las facilidades que el caso requiere para que se lleve a feliz término el cronograma del traspaso de bienes y archivos, al amparo de lo que determina la ley.

 

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo Municipal, a los doce días del mes de mayo del año dos mil once.

 

f.) Sonia Palacios Velásquez, Alcaldesa del GADM de Baba.

 

f.) Egda. Yimabel Arana Coello, Secretaria General.

 

SECRETARIA DEL GADM DE BABA.

 

CERTIFICO: La infrascrita Secretaria General del GADM del Cantón Baba, certifico: QUE LA ORDENANZA DE CREACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BABA, fue discutida en dos sesiones ordinarias celebradas el 24 de marzo y el 12 de mayo del año dos mil once.

 

Baba, 12 de mayo del 2011.

 

f.) Egda. Yimabel Arana Coello, Secretaria General.

 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 322 y 324 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono LA ORDENANZA DE CREACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BABA, y ordeno su promulgación a través de la publicación en la Gaceta Municipal; en el portal www.municipiodebaba.gov.ec y en el Registro Oficial.

 

Baba, a 16 de mayo del 2011.

 

f.) Sonia Palacios Velásquez, Alcaldesa del GADM del Cantón Baba.

 

Proveyó y firmó LA ORDENANZA DE CREACIÓN DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN BABA, la señora Sonia Palacios Velásquez, Alcaldesa del GADM del Cantón Baba, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil once. Lo certifico.

 

Baba, a 17 de mayo del 2011.

 

f.) Egda. Yimabel Arana Coello, Secretaria General.

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GIRÓN

 

Considerando:

 

Que, los artículos 11, 47, 48 y 49 de la Constitución Política de la República, declaran la igualdad ante la ley y el goce de derechos, libertades y oportunidades, sin discrimen entre otras, por razones de discapacidad; que los grupos vulnerables tienen derecho a atención prioritaria entre otras, las personas con discapacidad; y que el Estado garantizará la prevención de las discapacidades, la atención y rehabilitación integral de las personas con discapacidad en especial en casos de indigencia; y, conjuntamente con la sociedad y la familia, asumirán la responsabilidad de su integración social y equiparación de oportunidades;

 

Que, el Art. 54 literal j) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, faculta a los municipios a realizar acciones a favor de los grupos de atención prioritaria, emprendiendo procesos relacionadas con el bienestar, desarrollo y seguridad de toda la población que habita en nuestra ciudad; buscando la igualdad y no discriminación de este importante grupo humano;

 

Que, la Ley sobre Discapacidades dispone que los municipios dictarán las ordenanzas para el ejercicio de los derechos establecidos en dicha ley y que se desarrollarán acciones concretas en beneficio de las personas con discapacidad, para la supresión de las barreras urbanísticas, arquitectónicas y de accesibilidad al medio físico transporte; así como la ejecución de actividades para la protección familiar, salud y educación de las personas con discapacidad en coordinación con el CONADIS e instituciones públicas y privadas encargadas del tema, y;

 

Que, con fecha 4 de enero del 2000, el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Normalización, aprueba como obligatorias las “Normas Técnicas sobre Accesibilidad de las Personas al Medio Físico”, oficializadas como “obligatorias” mediante Acuerdo Ministerial Nº 2000127 - Al del 20 de enero del 2000, publicadas en el Registro Oficial Nº 17 del 15 de febrero del mismo año. Además que las barreras arquitectónicas presentes en el cantón, han contribuido a que las personas con discapacidad en general, se hayan visto excluidas de su participación plena como miembros de un conglomerado. Por lo que el Municipio tiene por ley, la responsabilidad social frente a los sectores vulnerables, de otorgar facilidades para que los ciudadanos en general y las personas con discapacidad en particular, puedan ejercer sus derechos y participar en igualdad de oportunidades, de las actividades consideradas como comunes para todas las personas que viven dentro de una comunidad.

 

Que es necesario establecer normas que determinen las facilidades para eliminar todas las barreras arquitectónicas y acceso al transporte para las ciudades del país, sean accesibles para las personas con discapacidad y movilidad reducida;

 

Que el Art. 19 literal a) de la Ley sobre Discapacidades faculta a los municipios a dictar ordenanzas que garanticen la accesibilidad y la utilización de bienes y servicios de la sociedad por parte de las personas con discapacidad; y,

 

En uso de las facultades conferidas en el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

 

Expide:

 

“LA ORDENANZA SOBRE DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN GIRÓN”.

 

CAPÍTULO I

 

OBJETIVO

 

Art. 1.- La presente ordenanza tiene por objeto crear las normas que hagan posible equiparar las oportunidades de las personas con discapacidad, frente a todas las demás, especialmente en el campo laboral, de la salud y educativo, estableciendo regulaciones que obliguen a eliminar cualquier forma de discrimen que esté especialmente dirigido en contra de personas con discapacidad con el fin de que los niños, niñas, adolescentes, adultos, adultas, adultos mayores y adultas mayores puedan gozar a plenitud de todos los servicios que preste la I. Municipalidad y ejercer todos los derechos que les reconoce la Constitución y la ley sin menoscabo alguno.

 

CAPÍTULO II

 

ÁMBITO Y COBERTURA

 

Art. 2.- La ordenanza ampara a todas las personas con discapacidad física, sensorial, mental o intelectual, sea por causa genética, congénita o adquirida; a sus padres o representantes legales que tengan bajo su dependencia a una persona con discapacidad; de igual manera a las instituciones públicas y personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro que trabajen a favor de las personas con alguna discapacidad.

 

CAPÍTULO III

 

CALIFICACIÓN, INSCRIPCIÓN E

IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS

CON DISCAPACIDAD

 

Art. 3.- La certificación e identificación de discapacidad conferida por el Consejo Nacional de Discapacidades - CONADIS, será el único documento exigible para la consecución de los beneficios y exoneraciones de acuerdo a las disposiciones constantes en el artículo 18 de la Ley sobre Discapacidades.

 

CAPÍTULO IV

 

ACCESIBILIDAD AL

MEDIO FÍSICO Y TRANSPORTE

 

Art. 4.- Para la construcción o modificación de toda obra pública o privada la dirección responsable del control municipal cuidará y garantizará que los diseños guarden estricta relación con las “Normas INEN sobre la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad al Medio Físico” que se encuentren vigentes al tiempo de la aprobación de los proyectos.

 

El incumplimiento a las disposiciones de la Municipalidad sobre accesibilidad, serán sancionadas por los comisarios municipales.

 

En todas las oficinas municipales, o sus empresas, las personas con discapacidad tendrán atención preferente. El funcionario, servidor o trabajador que no lo hiciere así, será sujeto a sanción por parte de la entidad, de conformidad con la ley.

 

Art. 5.- Las edificaciones existentes que presten servicios públicos o servicios al público, serán objeto de intervención para eliminar las barreras arquitectónicas, por disposición de la dirección responsable del control municipal que notificará el plazo razonable para su ejecución; plazo que no será mayor a seis meses, caso contrario al propietario del bien inmueble, sea persona natural o jurídica, se le aplicará la multa de veinte remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general, e inmediatamente el edificio será clausurado hasta que remedien los problemas que causan la falta de accesibilidad para las personas con discapacidad y se eliminen las barreras arquitectónicas. Si no se cumple con la determinación municipal, podrá la Municipalidad ejecutar las obras necesarias a costa del infractor con el 30% de recargo.

 

Art. 6.- Las personas con discapacidad tienen derecho a la prestación eficiente del servicio de transporte y a la accesibilidad en el transporte público, para lo cual el sector de la transportación de pasajeros, evitará y suprimirá todo tipo de barreras de acuerdo a las normas INEN que impidan y dificulten su normal desenvolvimiento, previendo accesos en cada una de sus unidades.

 

Con la finalidad de que la ciudad cuente con unidades de transporte de pasajeros totalmente accesibles, el sector de los transportistas progresivamente incorporarán en Girón, unidades libres de barreras y obstáculos que garanticen el fácil acceso y circulación en su interior de personas con discapacidad y movilidad reducida, y deberán contar en todas sus unidades, con asientos identificados con el símbolo internacional de discapacidad; disposiciones que estarán bajo la regulación y el control del organismo municipal encargado del control del tránsito y del transporte. El incumplimiento de las disposiciones del organismo del tránsito y del transporte municipal constituye infracción administrativa al servicio público que será sancionada en la primera notificación con cinco remuneraciones del trabajador en general, en la segunda notificación con diez remuneraciones y en la tercera notificación se retirará el permiso de operaciones de manera definitiva.

 

CAPÍTULO V

 

DEL DESTINO DE LAS MULTAS

 

Art. 7.- Del destino de las multas:

 

El 50% de los ingresos a la partida municipal que la Dirección Financiera destinará para recaudar las multas que se generen por el incumplimiento a esta ordenanza; del porcentaje anterior, el 70% será administrado por el organismo municipal a cargo del área de discapacidades y servirá para el desarrollo de proyectos en beneficio de las personas con discapacidad, y el 30% restante se destinará a financiar gastos logísticos y no remunerativos de la Comisión Cantonal de Vigilancia Social de Accesibilidad; y,

 

El restante 50%, en concordancia al literal d), del Art. 16 de la Ley Codificada de Discapacidades, publicada en el Registro Oficial Nº 301 del 3 de abril del 2001, serán depositadas en la cuenta del Consejo Nacional de Discapacidades para el desarrollo de planes, programas y acciones sobre accesibilidad.

 

CAPÍTULO VI

 

COMISIÓN CANTONAL DE VIGILANCIA SOCIAL

SOBRE LA ACCESIBILIDAD

 

Art. 8.- Se crea la Comisión Cantonal Permanente de Vigilancia Social sobre la Accesibilidad como un observatorio del cumplimiento de las normas de esta ordenanza y de los planes y proyectos que desarrolle la Municipalidad a favor de las personas con discapacidad. Dicha comisión cantonal estará integrada por:

 

Un/a representante de las personas con discapacidad.

 

El/ la Presidente de Acción Social Municipal.

 

El/ la Presidente de la Federación de Barrios.

 

Un/a representante del Municipio de Girón.

 

El/ la Secretaria Ejecutiva del COCPINAG.

 

Un representante de los transportistas del cantón Girón elegido de entre sus miembros.

 

 

El representante de las personas con discapacidad, será de las o la asociación respectiva que exista en el cantón o en su defecto serán de la sociedad civil.

 

Una vez conformada la Comisión de Vigilancia Social, se elegirá a la persona que la presida, al igual que su Secretario que será el Secretario Ejecutivo del COCPINAG, quienes estarán al frente por un período de 2 años, pudiendo el Presidente ser reelegido por una sola vez. La sede de la Comisión de Vigilancia será en la institución de quien ejerza la Presidencia o por lo contrario la Municipalidad asignará un espacio físico, a fin de que este cuerpo colegiado cuente con una oficina para el desarrollo de sus actividades.

 

El tiempo de actuación de los miembros de la comisión, a excepción del Secretario o Secretaria, observará las mismas reglas aplicables al cargo de la Presidencia.

 

La comisión para un efectivo accionar pedirán el asesoramiento del Instituto Nacional Ecuatoriano de Normalización, INEN, y del Consejo Nacional de Discapacidades, CONADIS.

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE

LA COMISIÓN DE VIGILANCIA

 

Art. 9.- Son funciones de esta comisión:

 

Sesionar trimestralmente de forma ordinaria, o extraordinariamente cuando se requiera, con la finalidad de tratar las acciones necesarias de control social, relativas a la accesibilidad al medio físico y el transporte de las personas con discapacidad. Las sesiones serán convocadas obligatoriamente por quién presida la comisión, para tratar temas solicitados por las dos terceras partes;

 

Diseñar el Plan anual de intervención sobre la vigilancia y control social de la accesibilidad al medio físico y de transporte, para las personas con discapacidad y movilidad reducida;

 

Exigir que toda autorización de construcción de asistencia masiva y toda obra pública, cumplan con lo que dispone las normas INEN sobre accesibilidad;

 

Supervigilar que el departamento municipal respectivo y los comisarios o inspectores municipales realicen las inspecciones y exijan a los propietarios de los edificios públicos y privados de asistencia masiva, adapten la accesibilidad, para las personas con discapacidad y movilidad reducida, según lo dispone la normativa vigente;

 

Demandar actividades a la Municipalidad, a la Comisión Provincial de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y otras organizaciones, con el fin de que las unidades de transporte público cuenten o adapten la accesibilidad para las personas con discapacidad y movilidad reducida;

 

Requerir al Alcalde, al Concejo Cantonal, al Departamento de Obras Públicas y a los que fuere necesario, la gestión para que todas las vías cuenten y adapten la accesibilidad idónea para las personas con discapacidad y movilidad reducida de conformidad con la norma que más favorezca al ejercicio de los derechos;

 

Solicitar a los departamentos y unidades municipales pertinentes, desarrollen procesos de capacitación dirigido a estudiantes, profesionales, técnicos, maestros constructores, etc.; involucrados en el servicio, fabricación y construcción referente al acontecer de la accesibilidad para las personas con discapacidad;

 

Receptar denuncias sobre edificaciones de asistencia masiva y medios de transporte público, que no cuentan con accesibilidad para las personas con discapacidad; las mismas que serán remitidas al organismo respectivo, para que procedan a sancionar y exigir la adecuación inmediata;

 

Comprometer y sensibilizar a las autoridades, medios de comunicación y la comunidad en general, sobre el derecho a la accesibilidad, que tienen las personas con discapacidad, el mismo que garantiza una sociedad incluyente e integral;

 

Fomentar la creación de espacios de control social a temas vinculantes a la accesibilidad;

 

Promover y capacitar sobre control social de la accesibilidad de las personas con discapacidad;

 

Publicar los resultados de las inspecciones y cumplimientos de normas en la página web de la comisión, así como el contenido de las denuncias y el respectivo seguimiento que se le haya dado a todos los casos;

 

Solicitar el uso de la silla vacía y comisión general, en los organismos pertinentes, las veces que la comisión considere necesario;

 

Analizar los materiales y formularios técnicos que se requieran para los controles y levantamientos de inspecciones necesarias; y,

 

Será responsable de discutir, sugerir y plantear normativas y políticas cantonales que vayan en beneficio de este sector de la sociedad.

 

CAPÍTULO VII

 

ATENCIÓN PRIORITARIA Y BENEFICIOS

SOCIALES PARA LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

 

Art. 10.- Es obligatorio en las instituciones públicas y privadas brindar atención prioritaria a todas las personas con discapacidad. La falta de atención preferencial será sancionada por los comisarios municipales, previo al informe emitido por la Dirección de Planificación Municipal, con una multa igual a cinco salarios básicos unificados del trabajador en general, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que haya lugar.

 

Art. 11.- La Ilustre Municipalidad creará un centro o centros especializados a través del departamento respectivo, para el bienestar de las personas con discapacidad, en el ámbito de educación, capacitación, comunicación y salud, promoviendo de manera permanente su integración e interacción entre todas las personas, apoyando y fortaleciendo a entidades dedicadas al servicio de personas y grupos de atención prioritaria.

 

Art. 12.- La Municipalidad derivará las denuncias de las personas con discapacidad que sufran discriminación o que no reciban atención prioritaria en las entidades públicas y privadas a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, organismo que velará para que el discapacitado reciba ayuda psicológica y social en caso de que lo requiera.

 

Art. 13.- La Municipalidad a través del departamento municipal correspondiente, se encargará de fortalecer los programas de prevención de discapacidades, que serán dictados por personas especializadas o involucradas en el tema, y viabilizará la provisión de ayudas técnicas como ortesis y prótesis a personas de bajos recursos económicos con discapacidades, en coordinación con otras instituciones que trabajen en este ámbito.

 

Art. 14.- Las personas con discapacidad tendrán acceso a los espectáculos artísticos, culturales, recreacionales y deportivos, organizados por el Municipio o por sus empresas, en localidades adecuadas y accesibles.

 

Art. 15.- Los espectáculos públicos que se brinden en el cantón deberán garantizar accesos adecuados a las personas con discapacidad, asientos y localidades preferentes y tarifas reducidas, con un mínimo del 50% de descuento en todo espectáculo público.

 

La Municipalidad en todas las sesiones solemnes y actos trascendentales de índole municipal, contratará a un o una intérprete de la lengua de señas ecuatorianas, a fin de que las personas con discapacidad auditiva tengan acceso a una comunicación adecuada.

 

Art. 16.- Las personas con discapacidad tendrán tratamiento preferencial en todo tipo de trámites municipales sin hacer fila, a través de sus ventanillas u oficinas y para el pago de sus obligaciones, correspondiendo a los funcionarios y empleados municipales el cumplimiento de esta disposición, para lo cual el Municipio realizará la publicidad necesaria, así como la capacitación al personal encargado de estos trámites. El incumplimiento de los funcionarios y empleados municipales y el trato discriminatorio a las personas con discapacidad, será sancionado como falta a los derechos humanos.

 

Art. 17.- La Municipalidad en las dependencias, empresas municipales y empresas contratadas para la concesión de servicios municipales, creará y destinará puestos de trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Servicio Público, el Código del Trabajo para las personas con discapacidad, u otra normativa que exprese tal particular. Cualquier persona u organización de personas con discapacidad podrá exigir el cumplimiento de este mandato.

 

Art. 18.- La Municipalidad y los organismos que integran la Corporación Municipal en todos los mercados municipales, centros comerciales, terminales, y demás espacios públicos municipales, obligatoriamente reservarán y destinarán un porcentaje que será determinado de acuerdo a un estudio técnico de los locales comerciales de futura disponibilidad, para que las personas con discapacidad o sus representantes legales, instalen sus negocios y comercialicen sus productos o servicios, con un descuento especial tan solo con la presentación del carné de discapacidad; estos descuentos se aplicarán en relación proporcional directa al porcentaje de discapacidad del locatario o de su representado.

 

Del 30% al 49% de discapacidad, el descuento será del 50% de su tarifa normal.

 

Del 50% al 69% de discapacidad, el descuento será del 65%.

 

Del 70% de discapacidad en adelante, el descuento será del 80%.

 

En caso de no contar con la petición de los beneficiarios a los que hace referencia este artículo, la Corporación Municipal dispondrá del total de espacios disponibles.

 

Art. 19.- El servicio de transporte público está obligado a respetar la tarifa preferencial del 50% de descuento para las personas con discapacidad, así como las normas de accesibilidad que determina la normativa legal pertinente.

 

El incumplimiento será sancionado con una multa igual a tres salarios básicos unificados del trabajador en general por afectación al servicio público, sin perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

 

Art. 20.- La instancia municipal respectiva en todos los espacios públicos y aparcamientos privados, determinará y establecerá una zona de parqueo para el uso exclusivo de vehículos de personas con discapacidad.

 

Art. 21.- La Municipalidad y las entidades con las que mantenga contratos o convenios, en coordinación y autorización del respectivo organismo, priorizarán en sus proyectos a aquellas personas con discapacidad y a los representantes legales que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; para la construcción o adquisición de una vivienda o bien inmueble. Siempre y cuando no posean vivienda propia y en buenas condiciones de habitabilidad.

 

Art. 22.- La Ilustre Municipalidad adaptará la infraestructura física necesaria, en todos sus espacios de servicio municipal para el libre acceso y disfrute de las personas con cualquier tipo de discapacidad y creará la infraestructura tecnológica adecuada con la implementación de software y hardware apropiado para equiparar las oportunidades.

 

 

Art. 23.- Serán beneficiarios de descuentos en tasas y contribuciones municipales vigentes en las empresas, consejos, corporaciones, fundaciones y todas aquellas que conformen la Corporación Municipal y en las que a futuro estas crearen:

 

Las personas con discapacidad.

 

Los padres, madres o representantes legales que tengan bajo su dependencia a una o más personas con discapacidad que por su propia cuenta no pueden ser beneficiarios, acorde a lo que determina el numeral anterior, serán beneficiarios de esta exoneración siempre y cuando los ingresos familiares no superen los tres salarios unificados del trabajador en general. ?

 

Las instituciones públicas o personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto social sea trabajar a favor de las personas con discapacidad, debidamente registradas.

 

Los descuentos de las tasas y contribuciones se aplicarán en relación proporcional directa al porcentaje de discapacidad de la persona con discapacidad o del representado o representada de acuerdo a lo establecido en el Art. 18 de esta ordenanza.

 

Para poder acceder a los descuentos y exenciones de las tasas y contribuciones establecidas en este artículo, obligatoriamente se presentará el carné de discapacidad.

 

Las personas jurídicas que trabajen en el ámbito de las discapacidades sin fines de lucro, serán beneficiarias de un descuento del 50 por ciento en las tasas y contribuciones municipales, entidades que estarán obligadas a justificar su condición, presentando los documentos habilitantes.

 

Existirá un descuento del 50%, en cada planilla total mensual de los servicios de agua potable y recolección de desechos sólidos, cuando estas no superen el diez por ciento de un salario básico unificado del trabajador en general; y en las personas jurídicas que trabajen en el ámbito de las discapacidades que no tengan ánimos de lucro.

 

Art. 24.- La Ilustre Municipalidad delegará a la Comisión Cantonal Permanente de Vigilancia Social sobre la Accesibilidad, la instancia técnica de igualdad y no discriminación, la misma que será un ente municipal de carácter técnico, encargada de operatividad las políticas de igualdad. Instancia que en el ámbito de las discapacidades tendrá las funciones de organizar, planificar y ejecutar, programas, proyectos y acciones en el cantón.

 

CAPÍTULO VIII

 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LA INSTANCIA MUNICIPAL TÉCNICA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

 

Art. 25.- La instancia municipal técnica de igualdad y no discriminación, además de las funciones determinadas en la ley y en los respectivos reglamentos, dentro del área de las discapacidades tendrá las siguientes funciones:

 

Formular los planes cantonales de operativización de las políticas sobre las discapacidades, para conocimiento y aprobación del Alcalde, quién de forma oportuna hará conocer al Concejo Cantonal;

 

Vigilar que los derechos de las personas con discapacidad, sean respetados y cumplidos en todos los ámbitos de la vida ciudadana;

 

Coordinar con las unidades, dependencias, departamentos y demás órganos municipales, la aplicación y ejecución de las políticas y normativas sobre discapacidades;

 

Coordinar y ejecutar con organismos públicos y privados locales, nacionales e internacionales, la aplicación y desarrollo de acciones en el ámbito de las discapacidades;

 

Planificar y ejecutar acciones concretas con las organizaciones de y para personas con discapacidad, a fin de atender eficientemente a este grupo de atención prioritaria;

 

Planificar y ejecutar programas de prevención, atención integración e inclusión de las personas con discapacidades;

 

Elaborar y presentar al Alcalde y a la Comisión de Inclusión Social, Género y Grupos de Atención Prioritaria el Plan Operativo Anual (POA), de la instancia;

 

Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, tratados internacionales, la Ley sobre Discapacidades, la presente ordenanza y demás disposiciones afines;

 

Presentar proyectos de reformas de la ordenanza y reglamentos ante el Concejo Cantonal; y,

 

Exigir la aplicación de sanciones a quienes incumplan la presente normativa.

 

CAPÍTULO IX

 

ORGANIZACIÓN DE LA INSTANCIA TÉCNICA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN

 

Art. 26.- La instancia municipal técnica de igualdad y no discriminación, para su correcta administración y funcionamiento estará integrada por el/la Presidente de Acción Social Municipal, el Jefe de Planificación Urbana y Rural y el equipo técnico correspondiente a la Junta Cantonal de Protección de Derechos, como entidad responsable.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

Primera.- El Concejo Cantonal vigilará que todos los organismos, entidades y empresas municipales, determinen y cumplan los descuentos y exoneraciones necesarias en la prestación de sus servicios a personas con alguna discapacidad.

 

Segunda.- La Municipalidad, realizará todas las acciones

 

 

necesarias, a fin de que la presente ordenanza sea conocida; y, aplicada adecuadamente por todas las personas naturales o jurídicas, involucradas en el tema; y, buscará los medios idóneos para la aplicación efectiva de sanciones en caso de incumplimiento.

 

Tercera.- La presente ordenanza prevalecerá sobre cualquier otra, de igual o menor jerarquía que se le oponga.

 

Cuarta.- La presente ordenanza prevalecerá sobre cualquier otra que se contraponga en lo referente a descuentos o exenciones en tasas, contribuciones y servicios municipales al atender al sector de las personas con discapacidad, contemplado en la Constitución como grupo de atención prioritaria.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- La convocatoria para la integración de la primera Comisión Cantonal Permanente de Vigilancia Social sobre la Accesibilidad, que señala el artículo ocho de esta legislación, la realizará el Concejo Cantonal de Girón.

 

SEGUNDA.- Durante el año 2011, todas las multas que por concepto de incumplimiento a esta ordenanza, la Municipalidad recaudará en la partida “OTROS INGRESOS” que será contabilizado de forma independiente, hasta que se cumpla la creación de la partida especial de multas sobre discapacidades.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

Esta ordenanza entrará en vigencia a partir de su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dada en la sala de sesiones del Ilustre Concejo Municipal de Girón, a los veinte días del mes de enero del año dos mil once.

 

f.) Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del cantón Girón.

 

f.) Sra. Zoila Patiño Gómez, Secretaria (E) del Concejo Cantonal de Girón.

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN.- La suscrita Secretaria (E) del Concejo Cantonal de Girón certifica que la “ORDENANZA SOBRE DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN GIRÓN”; fue aprobada en por el I. Concejo Cantonal de Girón en dos debates, en sesiones ordinarias del 13 y 20 de enero del 2011, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).

 

Girón, 21 de enero del 2011.

 

f.) Sra. Zoila Patiño Gómez, Secretaria (E) del Concejo Cantonal de Girón.

 

CERTIFICACIÓN: Certifico que el 21 de enero del 2011; a las 09h00, en cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito original y copias de la “ORDENANZA SOBRE DISCAPACIDADES EN EL CANTÓN GIRÓN”, al señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Girón para su sanción y promulgación.

 

f.) Sra. Zoila Patiño Gómez, Secretaria (E) del Concejo Cantonal de Girón.

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN GIRÓN: Girón, a 21 de enero del 2011; a las 09h30 de conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 inciso cuarto del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto esta ordenanza se ha emitido de acuerdo con la Constitución y leyes de la República.- Sanciono la presente ordenanza. Ejecútese y publíquese.

 

f.) Sr. Jorge Duque Illescas, Alcalde del cantón Girón.

 

CERTIFICO: Que promulgó, sancionó y firmó la presente ordenanza, conforme el decreto que antecede, el Alcalde del cantón Girón, Sr. Jorge Duque Illescas, en la fecha y hora antes indicada.

 

Girón, a 21 de enero del 2011.

 

f.) Sra. Zoila Patiño Gómez, Secretaria del Concejo (E) Cantonal de Girón.

 

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN OLMEDO

 

Considerando:

 

Que, el Art. 328 de la Constitución de la República del Ecuador, en su párrafo primero establece: “Constituyen gobiernos descentralizados, las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los concejos regionales;

 

 

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.- Naturaleza Jurídica.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este código, para el ejercicio de sus funciones y competencias que le corresponden;

 

 

La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón”; y,

 

 

En uso de sus atribuciones que le confiere el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

 

Expide:

 

 

La Ordenanza para adoptar la denominación de: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, provincia de Loja.

 

 

Art. 1.- A partir de la promulgación de la presente ordenanza el Municipio del Cantón Olmedo, se denominará Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo.

 

 

Art. 2.- La sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, provincia de Loja, será la ciudad de Olmedo, quien gozará de autonomía política administrativa y financiera de conformidad con el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador y el 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

 

Art. 3.- Las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, provincia de Loja, se sujetarán en su accionar administrativo y operativo al cumplimiento de las competencias y funciones que establece el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador y de conformidad a lo que establece los Art. 54 y 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y las que sean asumidas mediante delegación u otras; y las que le asigne el Sistema Nacional de Competencias.

 

 

Art. 4.- Su denominación para su identificación y publicación en medios impresos, electrónicos y demás medios de comunicación, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, provincia de Loja, será GAD del Cantón Olmedo.

 

 

Art. 5.- De la ejecución y cumplimiento de la presente ordenanza encárguese la Secretaría General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, provincia de Loja.

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- Las hojas de papel valorado, traspaso de dominio, servicios administrativos, oficios impresos que mantienen la identificación con Municipio del Cantón Olmedo se utilizarán hasta la fecha 28 de febrero del año dos mil once.

 

 

Para el efecto el Alcalde de conformidad con el Reglamento Sustitutivo de Bienes del Sector Público, una vez cumplido el plazo, establecerá la correspondiente Comisión Técnica para dar de baja las especies que se mantengan con la denominación de Municipio del Cantón Olmedo.

 

Es dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal del GAD del Cantón Olmedo, a los quince días del mes de febrero del año dos mil once.

 

 

f.) Jorge Luis Márquez Jiménez, Alcalde del cantón.

 

f.) Oswaldo Ocampo J., Secretario de Concejo.

 

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN.- CERTIFICO: Que la  ordenanza precedente fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del GAD del Cantón Olmedo, provincia de Loja, en las sesiones realizadas en los días: 14 y 15 de febrero del dos mil once.

 

 

f.) Oswaldo Ocampo J., Secretario del Concejo.

 

 

Al tenor de lo dispuesto en el Art. 322 del COOTAD, estoy remitiendo al Sr. Alcalde, tres ejemplares de la Ordenanza para adoptar la denominación de: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, provincia de Loja, una vez cumplidos los requisitos de rigor para su aprobación.- Olmedo, diecisiete de febrero del dos mil once.

 

 

f.) Oswaldo Ocampo J., Secretario del Concejo.

 

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN.- RAZÓN: Una vez recibida la Ordenanza para adoptar la denominación de: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, provincia de Loja, en tres ejemplares firmados y sellados por el Secretario del Concejo Municipal. Al tenor del Art. 322 del COOTAD y en uso de las facultades que la ley me otorga dispongo sea sancionada y remitida para su promulgación.

 

 

Olmedo, 25 de febrero del 2011.

 

f.) Jorge Luis Márquez Jiménez, Alcalde del cantón Olmedo.

 

 

SECRETARÍA GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD.-Proveyó y firmó la presente Ordenanza para adoptar la denominación de: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Olmedo, provincia de Loja, el Sr. Jorge Luís Márquez Jiménez, Alcalde del cantón Olmedo, provincia de Loja, el día veinticinco de febrero del dos mil once.

 

 

Lo certifico.- Olmedo, 25 de febrero del 2011.

 

 

f.) Oswaldo Ocampo J., Secretario del Concejo Municipal de Olmedo.

 

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