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Registro Oficial No. 553 - Martes 11 de Octubre de 2011 SUPLEMENTO

miércoles 12 de octubre del 2011 | 20:50
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


REGISTRO OFICIAL

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes, 11 de Octubre de 2011 - R. O. No. 553

SUPLEMENTO

 

 

RESUMEN

 

Expídese el Reglamento Nacional al Régimen Común Sobre Acceso a los Recursos Genéticos en Aplicación a la Decisión 391 de la Comunidad Andina

 

Ministerio de Industrias y Productividad:

 

Díctase el Instructivo para la conformación, participación, convocatoria y funcionamiento del Consejo Ciudadano Sectorial del MIPRO

 

Ministerio de Finanzas, Ministerio de Recursos Naturales No Renovables,

Banco del Estado:

 

Expídese el Instructivo para distribuir los recursos provenientes del 12% de las utilidades por la participación laboral hidrocarburífera, establecida en el artículo 94 de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos

 

Servicio de Rentas Internas:

 

Instructivo para la aplicación de sanciones pecuniarias

 

Corte Constitucional-Para el Período de Transición:

 

Dictamínase que las disposiciones contenidas en el addéndum al convenio entre los gobiernos de la República del Ecuador y de la República del Perú para la cooperación entre administraciones tributarias, guardan armonía con la Constitución

 

 

Dictamínase que las disposiciones contenidas en el “Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, guardan armonía con la Constitución

 

 

Acéptase la acción extraordinaria de protección propuesta por la abogada Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente y delegada del Procurador General del Estado, en contra de la sentencia pronunciada el día 5 de marzo del 2010, por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas

 

 

Ordenanza Municipal:

 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán: Que regula el arrendamiento de los puestos y locales de la Plaza Central del Buen Vivir - Mercado Central de Tulcán

 

 

Nº 905

 

Rafael Correa Delgado

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL

DE LA REPÚBLICA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay, y declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

 

Que, los números 8 y 12 del artículo 57 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen que se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos, mediante la consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de prospección, y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen; mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad; sus medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora, prohibiendo además toda forma de apropiación sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas;

 

Que, el artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que la naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;

 

Que, el artículo 74 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir. Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado;

 

Que, el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia, considerando además a la biodiversidad y el patrimonio genético como recursos estratégicos;

 

Que, el artículo 322 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señale la Ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad;

 

Que, el artículo 400 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado ejercerá la soberanía sobre la biodiversidad, cuya administración y gestión se realizará con responsabilidad intergeneracional. Se declara de interés público la conservación de la biodiversidad y todos sus componentes, en particular la biodiversidad agrícola y silvestre y el patrimonio genético del país;

 

Que, el artículo 402 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de propiedad intelectual, sobre productos derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional;

 

Que, el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico. El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota. El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad;

 

Que, el Convenio sobre la Diversidad Biológica publicado en el Registro Oficial No. 647 de 6 de marzo de 1995, en su artículo 8 letra j) establece que de acuerdo a la legislación nacional se respetarán, preservarán y mantendrán los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentará que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente;

 

Que, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, publicado en el Registro Oficial No. 647 de 6 de marzo de 1995, en su artículo 15 establece los derechos y obligaciones de las partes contratantes, en materia de acceso a los recursos genéticos, cuyos objetivos son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada;

 

Que, el Ecuador ratificó el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, publicado en el Registro Oficial No. 423 del 17 de septiembre del 2004;

 

Que, la Decisión No. 391 de la Comunidad Andina, CAN, establece el Régimen Común sobre Acceso a Recursos Genéticos, publicada en el Registro Oficial No. 5 del 16 de agosto de 1996, establece la necesidad de reglamentación interna que permita aplicar dicho régimen;

 

Que, el artículo 5 de la Decisión 391, establece que los Países Miembros ejercen soberanía sobre sus recursos genéticos y sus productos derivados y en consecuencia determinan las condiciones de su acceso, de conformidad con lo dispuesto en la presente Decisión. La conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos y sus productos derivados, serán reguladas por cada País Miembro, de acuerdo con los principios y disposiciones contenidos en el Convenio de la Diversidad Biológica y en la mencionada Decisión;

 

Que, el artículo 6 de la Decisión 391, establece que los recursos genéticos y sus productos derivados, de los cuales los Países Miembros son países de origen, son bienes o patrimonio de la Nación o del Estado de cada País Miembro, de conformidad con lo establecido en sus respectivas legislaciones internas. Dichos recursos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, sin perjuicio de los regímenes de propiedad aplicables sobre los recursos biológicos que los contienen, el predio en que se encuentran, o el componente intangible asociado;

 

Que, el artículo 16 de la Decisión 391, establece que todo procedimiento de acceso requerirá de la presentación, admisión, publicación y aprobación de una solicitud, de la suscripción de un contrato, de la emisión y publicación de la correspondiente Resolución y del registro declarativo de los actos vinculados con dicho acceso;

 

Que, el artículo 18 de la Decisión 391, establece que los documentos relacionados con el proceso de acceso figurarán en un expediente público que deberá llevar la Autoridad Nacional Competente; y,

 

En ejercicio de sus facultades conferidas por el número 13 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador y la letra f) del artículo 11 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Decreta:

 

EL REGLAMENTO NACIONAL AL RÉGIMEN

COMÚN SOBRE ACCESO A LOS RECURSOS

GENÉTICOS EN APLICACIÓN A LA

DECISIÓN 391 DE LA COMUNIDAD ANDINA

 

TÍTULO I

 

CAPÍTULO I

 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

 

Artículo 1.- OBJETO: Este Reglamento tiene como objeto el establecimiento de las normas complementarias para la aplicación de la Decisión 391 de la Comunidad Andina, relativa al Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos en todo el territorio nacional, así como también:

 

Promover la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica y de los recursos biológicos, garantizando la estabilidad de ecosistemas y los derechos de la naturaleza para el buen vivir;

 

Determinar las autoridades encargadas de la inscripción de solicitudes, el registro público de las mismas y el control de los expedientes respecto a los Contratos Marco y Contratos de Acceso a Recursos Genéticos;

 

Prever y asegurar condiciones para una participación justa y equitativa en los beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos;

 

Asegurar el acceso y transferencia de tecnologías apropiadas para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica o que utilicen recursos genéticos y no causen daños al medio ambiente;

 

Promover la consolidación y desarrollo de capacidades científicas, tecnológicas y técnicas a nivel local y nacional, a partir de los recursos genéticos que contribuyan a la realización del Buen Vivir, la satisfacción de las necesidades básicas, la conservación del patrimonio natural y cultural e impulse la diversificación productiva del país;

 

Garantizar el principio del consentimiento fundamentado previo del Estado para otorgar la autorización del acceso a los recursos genéticos; y,

 

Garantizar el principio de consentimiento fundamentado previo de las comunidades locales, respecto de sus conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos.

 

Artículo 2.- ÁMBITO: Este Reglamento es aplicable a los recursos genéticos de los cuales el Estado ecuatoriano es país de origen, a sus productos derivados, a sus componentes intangibles asociados y a los recursos genéticos de las especies migratorias que por causas naturales se encuentren en su territorio.

 

Se excluyen del ámbito de aplicación:

 

Los recursos genéticos humanos y sus productos derivados;

 

El intercambio de recursos genéticos, sus productos derivados, los recursos biológicos que lo contienen, o de los componentes intangibles asociados a estos, que realicen las comunidades indígenas, afroecuatorianas y locales entre sí y para su propio consumo, basadas en sus prácticas consuetudinarias;

 

Las especies y variedades que constan enlistadas en el Sistema Multilateral del Anexo 1 del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos; y,

 

Los usos de material genético y biológico para fines científicos tales como: sistemática, taxonomía, conservación, evolución, biología de poblaciones, biogeografía y filogeografía. Los proyectos de investigación con tales fines científicos deberán ser respaldados por una Universidad, Museo, Herbario o cualquier otro centro de investigación debidamente reconocido por la Autoridad Ambiental Nacional Competente, y la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación, y suscribir un Contrato Marco para estos fines.

 

CAPÍTULO II

 

NORMAS GENERALES

 

Artículo 3.- BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO: Los recursos genéticos constituyen bienes nacionales de uso público. Dichos recursos son inalienables, imprescriptibles e inembargables, manejados soberanamente con responsabilidad social y ambiental, sin perjuicio de los regímenes de uso y propiedad aplicables, sobre los recursos biológicos que los contienen, el predio en que se encuentran, o el componente intangible asociado.

 

Artículo 4.- LIMITACIÓN: El Estado ecuatoriano no reconocerá ningún derecho, incluidos los de propiedad intelectual sobre productos derivados o sintetizados obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agro-biodiversidad.

 

Artículo 5.- MONITOREO OBLIGATORIO: Toda actividad de acceso, uso, manejo y aplicación tecnológica de los recursos genéticos estará sujeta a monitoreo, que se encontrará a cargo de la Autoridad Nacional Ambiental Competente, en coordinación con las demás entidades de acuerdo a la naturaleza del recurso.

 

TÍTULO II

 

DE L AS DEFINICIONES

 

Artículo 6.- DEFINICIONES: Para efectos de interpretación técnico-legal del presente Reglamento, se utilizarán las siguientes definiciones:

 

ACCESO: Obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en condiciones ex situ e in situ, de sus productos derivados o, de ser el caso, de sus componentes intangibles, con fines de investigación, prospección biológica, conservación, aplicación industrial o aprovechamiento comercial, entre otros.

 

ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS: Obtención y utilización de los recursos genéticos conservados en condiciones ex situ e in situ, de sus productos derivados o, de ser el caso, de sus componentes intangibles asociados, con fines de investigación, prospección, conservación, aplicación industrial o aprovechamiento comercial, entre otros, mediante la suscripción de un Contrato de Autorización de Acceso a recursos Genéticos y sus condiciones, celebrado con la Autoridad Ambiental Nacional Competente.

 

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE: Para fines de este Reglamento, la Autoridad Nacional Competente será la Autoridad Ambiental Nacional, entidad autorizada para proveer el recurso genético o sus productos derivados y por ende suscribir y/o fiscalizar los contratos de acceso.

 

 

BENEFICIOS: Para efectos del presente reglamento se consideran como beneficios, sean estos monetarios o no monetarios, a la transferencia tecnológica, regalías, entre otros, obtenidos de la utilización de los recursos genéticos y sus derivados, sus aplicaciones y comercialización subsiguiente. Estos beneficios deberán ser mutuamente acordados entre el Estado y el interesado, de acuerdo con lo establecido en el respectivo contrato de acceso.

 

BIOPROSPECCIÓN: Es la búsqueda sistemática, clasificación e investigación para fines comerciales de nuevas fuentes de compuestos químicos, genes, proteínas, microorganismos y otros productos con valor económico actual o potencial, que se encuentran en la biodiversidad.

 

BIOTECNOLOGÍA: Toda aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos u organismos vivos, partes de ellos o sus derivados, para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos.

 

CENTRO DE CONSERVACIÓN EX SITU: Persona reconocida por la Autoridad Ambiental Nacional Competente que conserva y colecciona los recursos genéticos o sus productos derivados, fuera de sus condiciones in situ.

 

COMPONENTE INTANGIBLE: Todo conocimiento, innovación o práctica individual o colectiva, con valor real o potencial, asociado al recurso genético, o sus productos derivados o al recurso biológico que los contiene, protegido o no por regímenes de propiedad intelectual.

 

COMUNIDAD LOCAL: Para efectos de este Reglamento, corresponde a las Comunidades, Pueblos y Nacionalidades legalmente reconocidos por el Estado ecuatoriano.

 

CONDICIONES IN SITU: Aquellas en las que los recursos genéticos se encuentran en sus ecosistemas y entornos naturales, y en el caso de especies domesticadas, cultivadas o escapadas de domesticación, en los entornos en los que hayan desarrollado sus propiedades específicas.

 

CONDICIONES EX SITU: Aquellas en las que los recursos genéticos no se encuentran en condiciones in situ.

 

CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO: Principio por medio del cual los solicitantes de un recurso genético puede tener acceso a este, cuando cuenten con la autorización del Estado ecuatoriano, cuando el Ecuador es el país de origen de los recursos biológicos y genéticos en los términos del Convenio sobre la Diversidad Biológica, como requisito previo a la negociación o suscripción de contratos de acceso a recursos genéticos, sentando las bases para una justa y equitativa distribución de los beneficios. Cuando los contratos de acceso a recursos genéticos incluyan el componente intangible asociado a un recuso genético, el Consentimiento Fundamentado Previo sobre ese componente, deberá ser otorgado además por las comunidades locales las cuales son propietarias o tienen soberanía sobre los conocimientos solicitados.

 

CONTRATO ACCESORIO: Son aquellos contratos que se suscriben, para regular las actividades relacionadas con el acceso a los recursos genéticos o sus productos derivados entre el solicitante y un tercero custodio del recurso genético.

 

 

CONTRATO ANEXO: Para efectos de este Reglamento se entiende por contrato Anexo el documento que suscriben entre el interesado en el componente intangible asociados a los recursos genéticos y la comunidad local respectiva.

 

CONTRATO DE ACCESO: Acuerdo entre la Autoridad Ambiental Nacional Competente en representación del Estado y una persona, el cual establece los términos y condiciones para el acceso a recursos genéticos, sus productos derivados y, de ser el caso, el componente intangible asociado.

 

CONTRATO MARCO: Es aquel que se suscribe con fines de investigación de acceso a recursos genéticos. Los resultados de las investigaciones amparadas en un Contrato Marco, no podrán ser utilizados para fines comerciales.

 

DIVERSIDAD BIOLÓGICA: Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otros, los ecosistemas terrestres y marinos, y otros ecosistemas acuáticos, así como los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad existente dentro de cada especie, entre las especies y de ecosistemas, como resultado de procesos naturales y culturales.

 

DIVERSIDAD GENÉTICA: Variación de genes y genotipos entre las especies y dentro de ellas. Suma total de información genética contenida en los organismos biológicos.

 

DULCEACUÍCOLA: Que vive en ecosistemas de agua dulce.

 

ECOSISTEMA: Complejo dinámico de comunidades humanas, vegetales, animales y micro-organismos y su medio no viviente que interactúan como unidad funcional.

 

ENTIDADES EVALUADORAS: Instituciones u organizaciones públicas que emitirán los dictámenes técnicos de la solicitud de Acceso a Recurso Genético, para conocimiento de la Autoridad Nacional Ambiental Competente.

 

EROSIÓN GENÉTICA: Pérdida o disminución de diversidad genética.

 

INSTITUCIÓN NACIONAL DE APOYO: Persona jurídica nacional, dedicada a la investigación biológica de índole científica o técnica, que acompaña al solicitante y participa junto con él en las actividades de acceso.

 

MATERIAL BIOLÓGICO: Todo individuo, organismo o parte de estos, poblaciones o cualquier componente biótico.

 

MATERIAL GENÉTICO: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o de otro tipo que contiene unidades funcionales de la herencia o moléculas de ácido desoxirribonucleico (ADN) o ácido ribonucleico (ARN) con información determinante de los caracteres hereditarios transmisibles a la descendencia.

 

MICROORGANISMO: Organismos unicelulares o multicelulares, cuyo tamaño es inferior a una micra. Incluyen los virus y bacterias.

 

MONITOREO: Seguimiento sistemático de un proceso o fenómeno en el largo plazo.

 

PAÍS DE ORIGEN DEL RECURSO GENÉTICO: País que posee los recursos genéticos en condiciones in situ, incluyendo aquellos que habiendo estado en dichas condiciones, se encuentran en condiciones ex situ.

 

PRODUCTO DERIVADO: Molécula, combinación o mezcla de moléculas naturales, incluyendo extractos crudos de organismos vivos o muertos de origen biológico, provenientes del metabolismo de seres vivos.

 

PRODUCTO SINTETIZADO: Substancia obtenida por medio de un proceso artificial a partir de la información genética o de otras moléculas biológicas. Incluye los extractos semi-procesados y las sustancias obtenidas a través de la transformación de un producto derivado por medio de un proceso artificial (hemisíntesis).

 

PROGRAMA DE LIBERACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS: Programa que tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, de conformidad con las disposiciones contenidas en el capítulo correspondiente del Acuerdo de Cartagena y demás normas aplicables del ordenamiento jurídico del mismo.

 

PROVEEDOR DEL COMPONENTE INTANGIBLE: Persona que a través del contrato de acceso y en el marco de este Reglamento y de la legislación nacional complementaria está facultada para proveer el componente intangible asociado al recurso genético o sus productos derivados.

 

PROVEEDOR DEL RECURSO BIOLÓGICO: Persona facultada en el marco de este Reglamento y de la legislación nacional complementaria, para proveer el recurso biológico que contiene el recurso genético o sus productos derivados.

 

RECURSOS BIOLÓGICOS: Individuos, organismos o partes de estos, poblaciones o cualquier componente biótico de valor o utilidad real o potencial que contiene el recurso genético o sus productos derivados.

 

RECURSOS GENÉTICOS: Todo material de naturaleza biológica que contenga información genética de valor o utilidad real o potencial.

 

RESOLUCIÓN DE ACCESO: Acto administrativo emitido por la Autoridad Nacional Competente que perfecciona el acceso a los recursos genéticos o a sus productos derivados, luego de haberse cumplido todos los requisitos o condiciones establecidos en el procedimiento de acceso.

 

REGALÍAS: Es el beneficio que percibe el Estado, que consiste en un porcentaje sobre el valor en monetario, resultante de la comercialización de un recurso genético sujeto a un contrato de acceso, el mismo que se negocia de conformidad con la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales.

 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA: Constituye el traspaso sistemático de habilidades y conocimiento del propietario o de quien tenga los derechos sobre la tecnología al Estado, de acuerdo a los intereses y necesidades nacionales, que incluye, entre otros: la creación de capacidad jurídica, facilitación de acceso a tecnologías, fortalecimiento de capacidad de comunidades, pueblos y nacionalidades, desarrollo de las capacidades de investigación nacionales para el desarrollo de ciencia y tecnología.

 

UTILIZACIÓN SOSTENIBLE: Utilización de componentes de la diversidad biológica de un modo y a un ritmo que no ocasione su disminución en el largo plazo y se mantengan las posibilidades de esta de satisfacer las necesidades y las aspiraciones de las generaciones actuales y futuras.

 

USO POTENCIAL: Determinado de acuerdo al interés para la industria farmacéutica, alimentaria y agrícola, hortícola, cosmética y otras, o únicamente de la investigación científica y académica.

 

TÍTULO III

 

AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

 

CAPÍTULO I

 

DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE

Y SUS ATRIBUCIONES

 

Artículo 7.- DESIGNACIÓN: Desígnese como Autoridad Ambiental Nacional competente para la Aplicación de este Reglamento en materia de Acceso a Recursos Genéticos al Ministerio del Ambiente.

 

Artículo 8.- ATRIBUCIONES: Las atribuciones de la Autoridad Ambiental Nacional en materia de recursos genéticos son:

 

Definir, implementar y difundir la política estatal referente a la conservación y uso sustentable de los recursos genéticos y su componente intangible asociado existente en el territorio ecuatoriano;

 

Expedir disposiciones administrativas, técnicas y jurídicas internas necesarias para el cumplimiento de las normas aplicables relativas al acceso a los recursos genéticos;

 

Autorizar, negociar y suscribir los contratos de acceso y expedir las resoluciones correspondientes, considerando el cumplimiento de las normas aplicables y del dictamen técnico emitido por las entidades evaluadoras;

 

Establecer los requisitos específicos para autorizar, negociar, y suscribir el correspondiente Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos;

 

Establecer los requisitos específicos para la suscripción de los contratos marco, referentes a la investigación sobre recursos genéticos;

 

Suscribir, modificar, suspender, resolver o rescindir los contratos de acceso y disponer la cancelación de los mismos, según sea el caso, conforme a los términos de dichos contratos y de las normas nacionales, internacionales y comunitarias aplicables previo dictamen de las entidades evaluadoras; 7. Convocar y coordinar de manera permanente con las entidades evaluadoras los asuntos relacionados con el cumplimiento de lo dispuesto en las normas nacionales, internacionales y comunitarias relativas al acceso a los recursos genéticos;

 

Garantizar el reconocimiento de los derechos de las comunidades locales como proveedores del componente intangible asociado a los recursos genéticos, en coordinación con la Secretaría de Pueblos Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, y las organizaciones de dichos pueblos y nacionalidades indígenas y sus comunidades;

 

Definir los mecanismos y cumplir con las disposiciones sobre trato nacional y reciprocidad establecidos en los artículos 10, 11 y 12 de la Decisión 391;

 

Integrar el Comité Andino sobre Recursos Genéticos, de acuerdo a lo establecido por el artículo 51 de la Decisión 391;

 

Realizar las notificaciones a la Secretaría Técnica de la Comunidad Andina y al resto de países que lo conforman de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Decisión 391;

 

Aplicar las sanciones administrativas establecidas en las normas nacionales y comunitarias vigentes;

 

Coordinar acciones de prevención, control y sanción contra el acceso ilegal e ilegítimo a los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados con el apoyo de otras instituciones nacionales;

 

Elaborar un inventario nacional de recursos genéticos de los cuales Ecuador es país de origen;

 

Realizar la calificación, inscripción y registro de personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras que se dediquen a la investigación científica sobre recursos biológicos y genéticos, así como las personas y entidades que realizaren conservación ex-situ de recursos genéticos; y,

 

Otras atribuciones que le confiera la Decisión 391, este Reglamento y las demás normas aplicables relacionadas con la materia.

 

CAPÍTULO II

 

DE LAS ENTIDADES EVALUADORAS

 

Artículo 9.- ENTIDADES EVALUADORAS: El Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional contará con las siguientes entidades evaluadoras: el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca; la Secretaría de Pueblos Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias; el Instituto Nacional de Pesca; y, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

 

Estas entidades tendrán a su cargo la elaboración del Informe Técnico que será puesto a consideración de la Autoridad Ambiental Nacional. El Informe Técnico que emitan estas entidades deberá observar los criterios solicitados por la Autoridad Ambiental Nacional y será el principal instrumento utilizado para la toma de decisiones por la misma.

 

Cuando una entidad evaluadora solicite acceso a un recurso genético, la Autoridad Ambiental Nacional designará a otra entidad como encargada de realizar el correspondiente Informe Técnico que será puesto a consideración de la Autoridad Ambiental Nacional competente. El coordinador de las entidades evaluadoras será la Autoridad Ambiental Nacional (a la que corresponda el proceso), quien se encargará de sistematizar entre las instituciones la transferencia de información referente a las solicitudes de acceso a recursos genéticos y que servirá de base para los informes respectivos y de las reuniones que se consideren necesarias.

 

10.- ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES EVALUADORAS: Las atribuciones de las Entidades Evaluadoras serán las siguientes:

 

Asesorar y apoyar técnicamente a la Autoridad Ambiental Nacional en todo el proceso relativo al acceso a los recursos genéticos;

 

Elaborar el Informe sobre las solicitudes de acceso presentadas, de acuerdo al formato propuesto por la Autoridad Ambiental Nacional;

 

Informar a la Autoridad Ambiental Nacional en los casos de objeción a la idoneidad de una Institución Nacional de Apoyo;

 

Otras que le confieran las demás normas aplicables relacionadas con la materia; y,

 

Asesorar y formar parte del proceso de negociación de los contratos de acceso, en particular en la distribución de beneficios que puedan generarse, por la firma del contrato de acceso a los recursos genéticos que la Autoridad Ambiental Nacional suscriba con el solicitante del recurso.

 

Artículo 11.- ÁMBITO DE COMPETENCIA: El ámbito de competencia en materia de recursos genéticos de las Entidades Evaluadoras es el siguiente:

 

El Ministerio del Ambiente, Autoridad Ambiental Nacional, es la entidad competente sobre los recursos genéticos de los organismos silvestres terrestres: animales, vegetales y microorganismos;

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través del Instituto Nacional de Pesca es competente sobre los recursos genéticos de los organismos marinos y dulceacuícolas excepto los anfibios;

 

 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, a través del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias es competente sobre los recursos genéticos de los organismos cultivados y domesticados, así como las especies y variedades silvestres relacionadas a los cultivos;

 

La Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación cuya competencia es la formación académica y profesional de pre y pos grado, la innovación y transferencia tecnológica, la investigación científica, el soporte intelectual, las redes de conocimiento y la recuperación, fortalecimiento y potenciación de los saberes ancestrales;

 

La Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, es competente para coordinar con las comunidades locales, los procesos correspondientes que permitan la obtención del consentimiento fundamentado previo para el acceso a los conocimientos tradicionales asociados a los recursos genéticos;

 

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual coordinará las acciones encaminadas a determinar la existencia de un componente intangible asociado a los recursos genéticos; y,

 

Las solicitudes de acceso a los recursos genéticos relacionadas a los cultivos en las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores y otras áreas de jurisdicción del Ministerio del Ambiente, Autoridad Ambiental Nacional requerirán de una evaluación técnica de dicho Ministerio.

 

 

Los informes que realicen las entidades evaluadores respecto de solicitudes de acceso sobre los recursos genéticos que se encuentren en comunidades locales; o que incluyan componentes intangibles asociados, deberán incorporar de manera obligatoria, los criterios de dichas comunidades, de acuerdo a las normas sobre participación social establecidas en la legislación ecuatoriana.

 

 

De acuerdo al recurso genético al que se busque acceder y a la utilidad que se pretenda dar al mismo, de ser necesario se podrá invitar a participar en las evaluaciones a otros especialistas de reconocida trayectoria científica y técnica del país, así como a representantes de instituciones técnicas, organizaciones científicas legalmente constituidas, pueblos indígenas y comunidades campesinas, que estuviesen involucradas como proveedores del componente intangible asociado a los recursos genéticos.

 

 

TÍTULO IV

 

PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LOS

RECURSOS GENÉTICOS

 

CAPÍTULO I

 

DE LA PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE

LA SOLICITUD DE ACCESO A

RECURSOS GENÉTICOS

 

Artículo 12.- NORMAS GENERALES: El trámite de acceso a recursos genéticos es público, salvo las partes del mismo que hubieren sido calificadas como información confidencial por la Autoridad Ambiental Nacional, de acuerdo con el presente Reglamento de aplicación mediante resolución motivada.

 

Artículo 13.- CUMPLIMIENTO DE LOS SOLICITANTES: Cuando se solicite el acceso a recursos genéticos existentes en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y en Bosques y Vegetación Protectores, el solicitante deberá cumplir con los requisitos que la legislación establezca tanto para su ingreso como para las actividades a ser realizadas dentro de sus límites territoriales.

 

Artículo 14.- GASTOS: El interesado en obtener la autorización de acceso a recursos genéticos correrá con los gastos de publicación, evaluación, inspección y otros que se realizaren por motivo de la tramitación de la solicitud.

 

Artículo 15.- PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD: Se presentará la solicitud ante la Autoridad Ambiental Nacional para el acceso a recursos genéticos que conduzca a la firma de un Contrato de Acceso a Recursos Genéticos con fines comerciales.

 

Además de las condiciones señaladas en el Artículo 17 de la Decisión 391, de los requisitos generales que deberá cumplir el interesado en obtener una autorización de acceso a recursos genéticos, la aludida solicitud deberá de contener lo siguiente:

 

Identificación del solicitante nacional o extranjero y, si se trata de personas jurídicas, los documentos que acrediten su capacidad para contratar en el Ecuador y su existencia legal;

 

Identificación del lugar de origen geográfico de los recursos genéticos y sus productos derivados o del componente intangible asociado, determinando la localidad o área en que se realizará el acceso mediante coordenadas geográficas;

 

Identificación y aceptación de la persona o Institución Nacional de Apoyo;

 

Identificación y hoja de vida del responsable técnico del proyecto y de su grupo de trabajo, con los respectivos respaldos documentales;

 

Propuesta del proyecto a realizar con los recursos genéticos que incluirá la descripción de la actividad de acceso que se solicita; y,

 

Declaración juramentada del solicitante ante Notario Público, relativo a la información contenida en la solicitud.

 

En el caso de que el recurso genético para el cual se solicita acceso implique componente intangible asociado, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del presente reglamento.

 

Artículo 16.- ADMISIÓN A TRÁMITE: La solicitud de acceso será revisada en el plazo no mayor a veinte (20) días, cumplido los cuales, en caso de no haber observaciones, será admitida a trámite.

 

Si la solicitud de acceso no cumple los requisitos se comunicará al interesado su obligación de completarla en el plazo de treinta (30) días. Si a criterio del interesado este plazo no fuera suficiente, podrá solicitar una prórroga única de quince (15) días plazo.

 

En caso de no completar la información requerida por la Autoridad Ambiental Nacional, dentro del plazo otorgado, se entenderá que el solicitante no desea continuar con el proceso y se procederá al archivo de la solicitud, notificando al interesado.

 

CAPÍTULO II

 

TRÁMITE DE LA SOLICITUD DE ACCESO A

RECURSOS GENÉTICOS

 

Artículo 17.- INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO: Una vez que la solicitud hubiera sido admitida a trámite, la Autoridad Ambiental Nacional en un plazo no mayor a tres (3) días procederá a la inscripción de la solicitud y sus anexos en el Registro Público de Solicitantes de Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos.

 

Artículo 18.- PUBLICACIÓN DEL EXTRACTO: Cuando la solicitud hubiere sido inscrita en el Registro Público de Acceso a los Recursos Genéticos, la Autoridad Ambiental Nacional, en un plazo no mayor a tres (3) días aprobará el extracto de la solicitud presentada por el interesado para su publicación.

 

El extracto deberá contener los datos que se hayan consignado en el Registro Público de Acceso a los Recursos Genéticos de la Autoridad Ambiental Nacional.

 

El extracto deberá ser publicado, además, de ser el caso, en la lengua nativa de la comunidad local de donde procede el recurso.

 

La publicación se hará en uno de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación a nivel nacional y de la localidad donde se realizarán las actividades de acceso. De no existir medio escrito en esta localidad se utilizará un medio radial y se adjuntará prueba de la transmisión y/o publicación de las comunicaciones. La transmisión también deberá hacerse en lenguas nativas, de ser necesario.

 

Las publicaciones realizadas en debida forma deberán ser entregadas a la Autoridad Ambiental Nacional.

 

El interesado asumirá los costos que impliquen las publicaciones del extracto que deberá hacerse dentro del plazo de los 7 días siguientes a la aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Nacional.

 

Artículo 19.- OPOSICIONES: Una vez realizada la publicación del extracto, la Autoridad Ambiental Nacional receptará las oposiciones debidamente fundamentadas que se presentaren durante el plazo de veinte (20) días contados a partir de la fecha de publicación del extracto de la solicitud.

 

Una vez concluido dicho plazo la Autoridad Ambiental Nacional, en un plazo de cinco (5) días pondrá en conocimiento del solicitante la o las oposiciones para que presente los descargos pertinentes, en un plazo no mayor a quince (15) días.

 

La Autoridad Ambiental Nacional, analizará dentro del plazo de diez (10) días las oposiciones presentadas a una o varias causas, en el primer caso procederán mediante informe técnico motivado a unificar los expedientes a que hubiere lugar. Caso contrario y por regla general, cada oposición será resuelta por separado. Dicho informe será base de la resolución de la Autoridad Ambiental Nacional.

 

Una vez concluido dicho plazo la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las entidades evaluadoras, elaborará el informe final sobre cada oposición en el orden en que se hubieran presentado, en un plazo de treinta (30) días, más una prórroga de treinta (30) en caso de ser necesario.

 

Artículo 20.- COMPONENTE INTANGIBLE ASOCIADO: En los casos en que se haya solicitado el acceso a recursos genéticos que incluya un componente intangible asociado, el proponente deberá presentar el plan correspondiente para obtener el consentimiento fundamentado previo de la comunidad local que le permita acceder al componente intangible. Dicho plan, deberá ser determinado sobre la base de los lineamientos establecidos en el protocolo desarrollado para el efecto.

 

Este plan deberá ser sometido por el interesado a conocimiento y aprobación por parte de la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con la Secretaria de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

 

La responsabilidad y los costos que demande la ejecución del Plan para acceder al consentimiento fundamentado previo correrán a cargo del interesado bajo la supervisión de la Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana en coordinación con la Autoridad Ambiental Nacional. Una vez ejecutado el plan y obtenido el consentimiento fundamentado previo, el solicitante deberá remitir a la Autoridad Ambiental Nacional los documentos de respaldo que acrediten las actividades previstas y realizadas en el plan.

 

La ejecución del plan para acceder al consentimiento fundamentado previo interrumpe los plazos señalados en el presente Reglamento, por el tiempo que formalmente hayan acordado entre el solicitante del conocimiento tradicional y la comunidad local respectiva.

 

Cuando la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con la Secretaria de los Pueblos Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, hayan verificado que las actividades previstas en el plan para obtener el consentimiento fundamentado previo, se elaborará el informe correspondiente.

 

Artículo 21.- INFORMES TÉCNICO Y LEGAL: Una vez que en el expediente se adjunte copia de las publicaciones (artículo 18) y del informe final del consentimiento fundamentado previo realizado, de ser el caso, se dispondrá de un plazo de treinta (30) días para:

 

Que la Autoridad Ambiental Nacional a través de su ente técnico y las entidades evaluadoras procedan a la elaboración del informe técnico, según la materia que esté dentro de su competencia; y,

 

Que la Autoridad Ambiental Nacional, a través del Área Jurídica proceda a la elaboración del informe legal. En caso de ser necesario, se dispondrá de una prórroga única, que no podrá exceder del plazo de treinta (30) días para proceder a la elaboración de los citados informes.

 

Artículo 22.- CASOS EN QUE SE EXIGIRÁ QUE SE CUMPLA CON EL CONSENTIMIENTO FUNDAMENTADO PREVIO: Si durante el proceso de oposiciones se llegara a probar que los recursos genéticos tienen algún componente intangible asociado, se revertirá el procedimiento y se exigirá al interesado que presente el plan correspondiente para obtener el consentimiento fundamentado previo de la comunidad local, de conformidad con los previsto en el artículo 20 de este reglamento.

 

Artículo 23.- DICTAMEN: Sobre la base de los citados informes, la Autoridad Ambiental Nacional en coordinación con las entidades evaluadoras, elaborará en el plazo de quince (15) días, un Dictamen Técnico que considerará criterios biológicos, económicos, legales, sociales y culturales. En este Dictamen obligatoriamente se evaluarán las limitaciones de acceso en los términos del Artículo 45 de la Decisión Andina 391. Si el impacto que pudiere ocasionar el acceso solicitado fuere grave, la Autoridad Ambiental Nacional emitirá dictamen negativo; así mismo, podrá recomendar la modificación del contenido de la solicitud como requisito previo para la emisión del dictamen favorable.

 

En caso de ser necesario, la Autoridad Ambiental Nacional y las entidades evaluadoras dispondrán de una prórroga única de veinte (20) días de plazo para proceder a la elaboración del Dictamen Técnico.

 

Artículo 24.- ACEPTACIÓN O DENEGACIÓN: La Autoridad Ambiental Nacional aceptará o denegará la solicitud y notificará al interesado en un plazo de diez (10) días, mediante resolución motivada que considerará obligatoriamente los informes: legales, técnicos y de oposición.

 

Si la solicitud fuera admitida, se procederá con la negociación y la suscripción del contrato de acceso.

 

Si la solicitud fuera negada, se dará por terminado el trámite y se ordenará su archivo, sin perjuicio de la interposición de los recursos en sede administrativa o de la impugnación en sede judicial.

 

TÍTULO V

 

DE LA NEGOCIACIÓN DEL CONTRATO DE

ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS

 

CAPÍTULO I

 

Artículo 25.- INTERÉS SUBREGIONAL: Con el fin de precautelar los intereses de los países miembros de la Comunidad local Andina en materia de recursos genéticos de interés compartido, la Autoridad Ambiental Nacional, podrá solicitar que el o los otros países envíen sus puntos de vista y la información que considere conveniente durante la etapa de negociación, en un plazo no mayor de 30 días.

 

Para el cumplimiento de este artículo se procurará mantener una lista andina mínima de recursos genéticos de importancia regional a través de un sistema de intercambio de información.

 

 

Artículo 26.- CONDICIONES BÁSICAS: En todo proceso de negociación deberán considerarse obligatoriamente las siguientes condiciones:

 

Determinación de mecanismos de distribución de beneficios resultado del Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos y sus derivados;

 

Especificación del sistema de seguimiento y monitoreo del Contrato de Acceso a Recursos Genéticos solicitado;

 

Participación de al menos dos (2) investigadores ecuatorianos, pertenecientes a una institución científica nacional calificada, sin perjuicio de lo convenido en los contratos accesorios;

 

El acceso y la transferencia de la tecnología empleada y biotecnología derivada de la utilización del recurso genético en condiciones mutuamente acordadas;

 

El pago de los beneficios económicos, (actuales o potenciales) derivados de la comercialización a nivel mundial de todos los productos generados a partir del recurso genético solicitado. Si el recurso genético solicitado estuviere contenido en una especie o variedad endémica, la Autoridad Ambiental Nacional, deberá establecer el pago de un monto mayor al establecido para el caso de una especie o variedad compartida con otros países;

 

La transferencia de tecnología empleada y biotecnología derivada de la utilización del recurso genético en condiciones mutuamente acordadas; y,

 

Se solicitará las autorizaciones correspondientes a la Autoridad Ambiental Nacional, para la publicación total o parcial de los resultados obtenidos en la investigación, en los casos que se requiera. Las publicaciones requeridas serán presentadas en idioma castellano.

 

Los mecanismos de implementación de estas condiciones se establecerán en la cláusula de distribución de beneficios de los contratos de acceso. En todo caso, se propenderá a la participación justa y equitativa del Estado ecuatoriano en cualquier beneficio económico, científico, tecnológico u otro de cualquier naturaleza que depare el acceso a los recursos genéticos. De igual manera, cuando se involucren comunidades locales como proveedores del componente intangible asociado al recurso genético al que se quiera acceder, se acordará la participación de estos sectores en los beneficios derivados del acceso al recurso genético en sus respectivos territorios.

 

Artículo 27.- OBLIGACIÓN EN LAS NEGOCIACIONES: La negociación entre el solicitante y a la Autoridad Ambiental Nacional incluye la obligación de solicitar a la indicada autoridad la autorización para:

 

El traslado o movilización del recurso genético fuera de las áreas designadas en el Contrato de Acceso a Recursos Genéticos;

 

Informes de avance y resultado de las actividades del Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos;

 

Informes de viabilidad de futuras investigaciones, actividades y usos de los recursos genéticos objeto del contrato;

 

Informes sobre la utilización de productos o procesos nuevos o distintos de aquellos objeto del contrato solicitado; y,

 

Informes y otras publicaciones que se realicen en base a los resultados del Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos solicitados.

 

Los mecanismos de implementación de todas estas obligaciones estarán determinados en la cláusula de seguimiento del contrato de acceso.

 

Todos los informes y demás documentos que presente el solicitante, deberán ser en idioma castellano.

 

 

CAPÍTULO II

 

DEL CONTRATO DE ACCESO A RECURSOS

GENÉTICOS

 

Artículo 28.- PARTES: Son partes del Contrato de Acceso a Recursos Genéticos, el Estado ecuatoriano representado por la Autoridad Ambiental Nacional y el interesado en el Contrato de Acceso a los Recursos Genéticos. El solicitante deberá estar legalmente facultado para contratar en el Ecuador.

 

Artículo 29.- RESERVA: El Estado ecuatoriano se reserva el derecho de rescindir el contrato en casos de especial gravedad o peligro para los recursos genéticos o para las comunidades locales poseedoras del conocimiento intangible asociado.

 

Artículo 30.- CLÁUSULAS: El contrato de acceso a recursos genéticos obligatoriamente contendrá:

 

Identificación de las partes contratantes;

Antecedentes;

Motivo o justificación;

Documentos habilitantes y anexos;

Objeto del contrato;

Distribución de Beneficios con determinación de mecanismos específicos;

Acuerdo sobre el componente intangible, en caso de existir; 8. Carácter de la Investigación;

Condiciones para la recolección del material genético;

Identificación del material;

Cooperación de terceros;

Limitaciones al uso de la Tierra;

Acceso a la Información;

Derechos soberanos sobre los Recursos Genéticos;

Derechos de Propiedad Intelectual;

Confidencialidad;

Vigilancia y Control;

Responsabilidad;

Modificación de cláusulas;

Fuerza Mayor;

Derechos y Obligaciones de las Partes;

Seguimiento del contrato;

Garantías y mecanismos de aseguramiento;

Terminación;

Marco Legal;

Controversias;

Aceptación; y,

Estipulación de vigencia y prórroga.

 

Las partes contratantes podrán estipular otras cláusulas que fueren necesarias de acuerdo con la naturaleza de los recursos solicitados o de las condiciones de su utilización u otras que acordaren mutuamente.

 

Artículo 31.- GARANTÍA: Se establece la obligación de rendir garantía que asegure el resarcimiento en caso de incumplimiento de las estipulaciones del contrato por parte del solicitante; dicha garantía será otorgada a favor de la Autoridad Ambiental Nacional y se ejecutará en caso de incumplimiento.

 

El monto de la garantía será de:

 

10% del presupuesto contenido en el Proyecto de Acceso si la investigación es financiada por una persona natural o jurídica con fines de lucro o el solicitante es una persona jurídica con dichos fines sujeto a la legislación nacional; o,

 

5% del presupuesto contenido en el Proyecto de Acceso si la investigación es financiada por una persona natural o jurídica sin fines de lucro o el solicitante es una persona natural o jurídica sin finalidad de lucro.

 

La garantía será incondicional, irrevocable y deberá ser pagada con la sola notificación por parte de la Autoridad Ambiental Nacional del hecho del incumplimiento. El pago de la garantía no impedirá que la Autoridad Ambiental Nacional inicie acciones legales contra el solicitante, en caso de que el monto de las obligaciones incumplidas exceda el valor pagado por la aseguradora.

 

Al terminar el proyecto, una vez que se haya realizado la evaluación correspondiente se reintegrará la garantía al emisor.

 

CAPÍTULO III

 

DE LAS LIMITACIONES AL ACCESO

A RECURSOS GENÉTICOS

 

Artículo 32.- LIMITACIÓN TOTAL O PARCIAL DEL ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS: La Autoridad Ambiental Nacional podrá, mediante resolución motivada limitar de forma total o parcial el acceso a recursos genéticos, en los siguientes casos:

 

Por la rareza, amenaza o el peligro de extinción que enfrente una especie o población;

 

Condiciones de vulnerabilidad o fragilidad en la estructura o función de los ecosistemas que pudieran afectarse por actividades de acceso;

 

Efectos adversos de las actividades de acceso, que influyan en la salud humana;

 

Impactos ambientales indeseables, peligrosos y de difícil control en las actividades a realizarse sobre los ecosistemas;

 

Peligro de erosión genética ocasionado por las actividades del Contrato de Acceso a Recursos Genéticos;

 

Regulaciones sobre temas de bioseguridad; y,

 

Recursos genéticos o áreas geográficas calificadas como estratégicas;

 

Artículo 33.- Exportación e importación de Recursos Genéticos: El ingreso y salida del país de recursos genéticos y sus productos derivados solo podrán realizarse bajo las normas y condiciones aprobadas por el Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional, tomando en cuenta las disposiciones de los diferentes convenios internacionales de los cuales el Estado forma parte y son materia de aplicación para el presente reglamento.

 

CAPÍTULO IV

 

DEL ACCESO AL COMPONENTE INTANGIBLE

ASOCIADO

 

Artículo 34.- OBJETO Y PARTES: Si la solicitud de acceso a recursos genéticos o sus productos derivados incluye un componente intangible asociado, obligatoriamente al contrato de acceso se incorporará como parte integrante del mismo un contrato Anexo en el que se detallarán las condiciones de acceso a dicho componente.

 

La determinación de los mecanismos de distribución justa y equitativa de los beneficios provenientes de la utilización del componente intangible asociado será un elemento constitutivo de dicho contrato Anexo.

 

El contrato Anexo será suscrito por el representante legal de la comunidad local proveedora del componente intangible asociado y el solicitante del Contrato de Acceso a Recursos Genéticos; su incumplimiento será causal de disolución y nulidad del contrato de acceso.

 

La Autoridad Ambiental Nacional deberá suscribir este contrato Anexo, y en caso de no hacerlo, éste estará sometido a condición suspensiva en los términos de la Decisión 391 y del artículo siguiente.

 

Artículo 35.- CONDICIÓN SUSPENSIVA: El contrato Anexo contendrá una cláusula de condición suspensiva que subordine su eficacia al perfeccionamiento del contrato de acceso, en los términos del Artículo 42 de la Decisión 391. El incumplimiento de lo establecido en el contrato Anexo será causal de resolución y nulidad del contrato de acceso.

 

Artículo 36.- PARTES: La suscripción del contrato accesorio se realizará en los términos que establece el artículo 41 de la Decisión Andina 391.

 

Las personas jurídicas nacionales dedicadas a la investigación biológica de índole científica o técnica, deberán ser calificadas y registradas por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

 

Artículo 37.- TÉRMINO, SEGUIMIENTO Y EVALUACION: Los contratos accesorios podrán celebrarse hasta antes de la suscripción del Contrato de Acceso a Recursos Genéticos e incluirán una condición suspensiva que sujete su perfeccionamiento al contrato de acceso.

 

En el caso de ser necesario suscribir un contrato accesorio adicional por parte del solicitante, la celebración del mismo se lo realizará de acuerdo a los términos del contrato de acceso a recursos genéticos suscrito entre las partes.

 

A partir de ese momento se harán efectivos y vinculantes y se regirán por los términos mutuamente acordados, las disposiciones de este Reglamento y de la Decisión 391. La responsabilidad por su ejecución y cumplimiento, corresponde únicamente a las partes en el contrato.

 

Artículo 38.- OBLIGACIÓN DE INFORMAR: El propietario, poseedor o administrador del predio donde se encuentre el recurso biológico que contenga los recursos genéticos; el centro de conservación ex situ; o, la Institución Nacional de Apoyo, deberán informar a la Autoridad Ambiental Nacional sobre las actividades que puedan involucrar acceso a los recursos genéticos de que tuvieren conocimiento.

 

CAPÍTULO V

 

CONTRATOS DE ACCESO MARCO

 

Artículo 39.- PARTES: La Autoridad Ambiental Nacional deberá celebrar contratos marco con Universidades, Centros de Investigación e Investigadores ecuatorianos calificados y registrados en el SENESCYT, que amparen la ejecución de proyectos de investigación y conservación de acceso a los recursos genéticos.

 

Artículo 40.- MONITOREO: La Autoridad Ambiental Nacional podrá realizar las inspecciones que estime pertinentes con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato Marco y la normativa aplicable para el caso.

 

Artículo 41.- REQUISITOS PARA ACCEDER A UN CONTRATO MARCO: Los contratos Marco deberán cumplir con lo siguiente:

 

Se deberá proveer de suficiente información relativa a los propósitos, incluyendo los eventuales usos del recurso;

 

Es de carácter obligatorio la participación de al menos un (1) profesional nacional debidamente calificado, en las actividades de recolección, así como el levantamiento de los datos del tema;

 

Se deberá presentar el respectivo programa o programas indicando la metodología para el análisis de las muestras colectadas;

 

Se deberá poner en conocimiento de la Autoridad Ambiental Nacional, y de los miembros de las entidades evaluadoras los informes periódicos de los avances, resultados y publicaciones generadas a partir de las investigaciones realizadas;

 

Los informes presentados deberán cumplir con los formatos establecidos para estos casos por parte de la Autoridad Ambiental Nacional de común acuerdo con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y,

 

Suministrar información sobre los antecedentes y otros que contribuyan al mejor conocimiento de la situación relativa a la investigación, dentro y fuera del territorio nacional.

 

Se determina además la obligatoriedad de depositar duplicados de todo material recolectado en instituciones autorizadas por la Autoridad Ambiental Nacional, se dejará expresa constancia que la salida de holotipos y muestras únicas, al exterior del país, solo de ser necesario y será únicamente en calidad de préstamo y en forma exclusiva para estudios taxonómicos, después de lo cual dichas muestras deberán retornar, caso contrario acarrearía la terminación unilateral del contrato, dando paso a las respectivas acciones civiles, administrativas y penales a que hubiera lugar.

 

CAPÍTULO VII

 

OTROS CONTRATOS

 

Artículo 42.- CENTROS DE CONSERVACION EX SITU: Los contratos de acceso a los recursos genéticos que se encuentren depositados en centros de conservación ex situ serán suscritos por la Autoridad Ambiental Nacional y el solicitante.

 

 

Si los recursos genéticos solicitados se encontraren en condiciones ex situ con anterioridad a la fecha de la vigencia de la Decisión 391, sin perjuicio de lo establecido en el contrato accesorio, el Centro de Conservación ex situ tendrá derecho preferencial sobre los beneficios no económicos derivados de la utilización del recurso genético, siempre que haya legalizado el acceso ante la Autoridad Ambiental Nacional en los términos de este Reglamento.

 

 

Artículo 43.- CONTRATOS DE DEPÓSITO: La Autoridad Ambiental Nacional podrá celebrar con las Universidades, Centros de Investigación o investigadores calificados y registrados, contratos de depósito de recursos genéticos o sus productos derivados o de recursos biológicos que los contengan, con fines exclusivos de custodia, manteniendo dichos recursos bajo su jurisdicción y control. Estos Centros de Conservación ex situ deberán inscribirse en el Registro, que para el efecto lo administrará la Dirección Nacional de Biodiversidad.

 

 

De igual manera, podrán celebrar contratos que no impliquen acceso, tales como intermediación o administración, en relación con tales recursos genéticos o sus productos derivados o sintetizados compatibles con las disposiciones de la Decisión 391 y este Reglamento.

 

 

Artículo 44.- MUESTRAS: La indicación de los mecanismos para identificación, supervisión de la recolección, distribución y traslado de muestras se realizarán de conformidad a lo establecido por la Autoridad Ambiental Nacional.

 

 

El interesado podrá depositar en la institución que designe la Autoridad Ambiental Nacional aquellas muestras y al menos un duplicado de los recursos genéticos accedidos, incluyendo todo material asociado. El material depositado no podrá salir del lugar donde se encuentre depositado.

 

 

Artículo 45.- ACUERDO DE TRANSFERENCIA MATERIAL: Los centros de conservación ex situ y otras entidades que realicen actividades que impliquen el acceso a recursos genéticos, y de ser el caso, el componente intangible asociado a éste, deberán acompañar un Acuerdo de Transferencia de Material (ATM), cuyo formato deberá ser aprobado o denegado por la Autoridad Ambiental Nacional.

 

CAPÍTULO VIII

 

DEL PERFECCIONAMIENTO DE LOS

CONTRATOS Y AUTORIZACIÓN AL ACCESO

 

Artículo 46.- RESOLUCIÓN: Una vez suscrito el contrato sea este de acceso a recursos genéticos o cualquier otro contrato, excepto el contrato marco, la Autoridad Ambiental Nacional, emitirá la Resolución motivada de autorización del acceso al recurso genético solicitado, la cual será notificada al solicitante dentro del plazo de (5) cinco días contados a partir de su emisión.

 

Adicionalmente, la Autoridad Ambiental Nacional, notificará al Director del Registro Oficial con la Resolución motivada de autorización del acceso para que sea publicada dentro del plazo establecido en el inciso anterior.

 

Dicha resolución entrará en vigencia a partir de la firma por parte de la Autoridad Ambiental Nacional.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- Previo al otorgamiento de un derecho de propiedad intelectual, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual solicitará la presentación del número del registro del contrato de acceso y copia del mismo, cuando existan indicios razonables o certeza de que los productos o procesos cuya protección se solicita hayan sido obtenidos a partir de un recurso genético o de un producto derivado del mismo, y que esté en consonancia con lo establecido en la Constitución y normativa aplicable.

 

SEGUNDA.- Los permisos otorgados por la Autoridad Ambiental Nacional, para uso de material biológico, no ampararán actividades de acceso a recursos genéticos.

 

TERCERA.- El solicitante podrá desistir en cualquier momento del trámite -previo al consentimiento fundamentado de las comunidades locales-, del acceso al componente intangible asociado y mantener únicamente su pedido de acceso al recurso genético; para ello deberá demostrar cómo reemplazará dicho componente intangible en su investigación.

 

CUARTA.- Los Contratos de Acceso a Recursos Genéticos incluirán una cláusula que prohíba al solicitante, bajo pena de resolución, adulterar cualquier información, encubrir el propósito real de la investigación y la comercialización de recursos genéticos no amparados en un contrato de acceso a recursos genéticos.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- Quienes hayan utilizado los recursos genéticos, sus productos derivados y componentes intangibles, de los cuales el Estado ecuatoriano sea el país de origen, deberán gestionar su regularización del acceso ante la Autoridad Ambiental Nacional, en el plazo no mayor a un (1) año contado a partir de la vigencia del presente Reglamento. De no cumplirse esta disposición, quedará inhabilitado para solicitar nuevos accesos a recursos genéticos o productos derivados en Ecuador, sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan una vez vencido el plazo indicado.

 

SEGUNDA.- En caso de existir recursos genéticos en condiciones ex situ con anterioridad a la fecha de la vigencia de la Decisión 391 de la CAN que este reglamento regula, sin perjuicio de lo establecido en el contrato accesorio, el Centro de Conservación ex situ tendrá derecho preferencial sobre los beneficios no económicos derivados de la utilización del recurso genético, siempre que haya legalizado el acceso ante la Autoridad Ambiental Nacional en los términos de este Reglamento.

 

TERCERA.- El Ministerio de Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional elaborará los lineamientos que regulen la distribución de beneficios prevista en el artículo 30 de este Reglamento, en el plazo de seis meses, en coordinación con las entidades evaluadoras. En este lapso, el Ministerio del Ambiente quedará facultado para operar un procedimiento temporal, acorde con el objeto y fines de este reglamento.

 

CUARTA.- El Protocolo de Consentimiento Fundamentado Previo será elaborado por el Ministerio del Ambiente y constará como anexo al presente Reglamento.

 

Artículo Final.- El presente Decreto Ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en el Registro Oficial y de su cumplimiento encárguese a la Autoridad Nacional Ambiental.

 

Dado en el Palacio Nacional, en la ciudad de San Francisco de Quito a, 3 de octubre del 2011.

 

f.) Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador.

 

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra de Ambiente.

 

f.) María Fernanda Espinosa, Ministra Coordinadora de Patrimonio.

 

Documentos con firmas electrónicas.

 

 

Nº 11 313

 

Verónica Sión de Josse

MINISTRA DE INDUSTRIAS Y

PRODUCTIVIDAD

 

Considerando:

 

Que el Art. 1 de la Constitución establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de República y se gobierna de manera descentralizada, la soberanía radica en el pueblo, y su voluntad es el fundamento de la autoridad, que se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución;

 

Que los Arts. 61, 95 y 102 de la Constitución de la República consagran el derecho a la participación en los asuntos de interés público, para lo cual las ciudadanas y ciudadanos, incluidos aquellos domiciliados en el exterior en forma individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del Estado, la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. Dicha participación se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria;

 

Que el Art. 96 de la Norma Suprema reconoce todas las formas de organización colectiva de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos.

 

Que las organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y sus formas de expresión; garantizando la democracia interna, la alternabilidad de sus dirigentes y la rendición de cuentas;

 

Que el Art. 85 de la citada Constitución señala que la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos debe garantizar los derechos reconocidos por la Constitución, así como la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades;

 

Que el Art. 100 determina que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, regidas por principios democráticos;

 

Que el Art. 278 establece como obligación de las personas y colectividades en su búsqueda por el buen vivir, el participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles;

 

Que el Art. 1 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, determina como actores para propiciar, fomentar y garantizar el ejercicio de los derechos de participación de las ciudadanas y los ciudadanos, colectivos, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, y demás formas de organización ilícitas, para actuar de manera protagónica, en la toma de decisiones que corresponda, la organización colectiva autónoma y la vigencia de las formas de gestión pública con el concurso de la ciudadanía;

 

Que el Art. 52 de la ley indicada, establece que los consejos ciudadanos sectoriales son instancias sectoriales de diálogo, deliberación y seguimiento de las políticas públicas de carácter nacional y sectorial, constituyen un mecanismo para la discusión de los lineamientos y seguimiento de la evolución de las políticas ministeriales. Serán impulsados por la Función Ejecutiva y se desempeñarán como redes de participación de la sociedad civil articuladas a los ministerios sectoriales;

 

Que el Art. 53 de la ley invocada, establece las funciones que deben cumplir los consejos ciudadanos sectoriales;

 

Que el Art. 54 de la ley citada, expresa que los consejos ciudadanos sectoriales están conformados por actores de la sociedad civil organizada que tienen relación con la temática tratada por cada sector. Se promoverá una participación amplia, democrática y plural de la sociedad civil en estos espacios. Las asambleas locales plurinacionales e interculturales para el buen vivir podrán enviar representantes a los consejos ciudadanos;

 

Que el Art. 80 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, al referirse a los consejos consultivos, señala que estos consejos son mecanismos de asesoramiento compuestos por ciudadanas o ciudadanos, o por organizaciones civiles que se constituyen en espacios y organismos de consulta; y,

 

En ejercicio de las facultades contempladas en el artículo 154 de la Constitución de la República, y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Dictar el siguiente:

 

INSTRUCTIVO PARA LA CONFORMACIÓN, PARTICIPACIÓN, CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

 

 

DE LA CONFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN

DEL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL

 

Art. 1.- Confórmase el Consejo Ciudadano Sectorial del Ministerio de Industrias y Productividad, con los actores de la sociedad civil organizada, que tengan experiencia de trabajo y relación con el sector productivo industrial y artesanal, que apoyen, generen o recomienden mejoras a la gestión ministerial y/o de los sectores y/o territorios, a través del apoyo o presentación de propuestas y proyectos que incentiven la inversión e innovación tecnológica, promuevan la producción de bienes y servicios con alto valor agregado y de calidad, en armonía con el ambiente, generando empleo digno y permitiendo su inserción en el mercado interno y externo.

 

Las personas naturales que estuvieren organizadas de hecho, también podrán participar, con voz pero sin voto, y ser recibidos en el Consejo Ciudadano Sectorial, presentando sus peticiones o propuestas, para lo cual adjuntarán las firmas de responsabilidad de respaldo a sus peticiones.

 

 

Art. 2.- En la conformación del Consejo Ciudadano Sectorial y de su Directiva, se garantizará la alternabilidad y la paridad de género de sus dirigentes, quienes serán parte del Consejo durante dos años.

 

DE LAS FUNCIONES DEL

CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL

 

Art. 3.- El Consejo Ciudadano Sectorial cumplirá con las siguientes funciones:

 

Intervenir como instancias de consulta en la formulación e implementación de las políticas sectoriales de alcance nacional;

 

Proponer al Ministerio agendas sociales de políticas públicas sectoriales;

 

Monitorear que las decisiones de las políticas y los planes sectoriales ministeriales se concreten en las partidas presupuestarias respectivas y se implementen en los programas y proyectos gubernamentales sectoriales;

 

Hacer el seguimiento y la evaluación participativa de la ejecución de las políticas públicas sectoriales en las instancias estatales correspondientes;

 

Generar debates públicos sobre temas nacionales;

 

Coordinar con las diferentes instituciones públicas y privadas en el tema de su responsabilidad para la concreción sectorial de la agenda pública; y,

 

Elegir a la delegada o delegado del consejo ciudadano sectorial a la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir.

 

 

DE LA CONVOCATORIA AL

CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL

 

Art. 4.- El Ministerio de Industrias y Productividad realizará la convocatoria de los actores para la conformación del Consejo Ciudadano Sectorial, a través de los medios de comunicación como prensa, radio o televisión, nacionales o locales; así como por afiches, pancartas y cualquier otro medio similar, que cumpla con dicho objetivo.

 

Art. 5.- El orden del día de esta primera convocatoria será:

 

Lectura del acuerdo ministerial;

 

Designación de la Directiva del Consejo Ciudadano Sectorial;

 

Integración de las mesas temáticas; y,

 

Clausura.

 

La máxima autoridad del Ministerio de Industrias y Productividad, o su delegado, instalará la reunión el día y hora señalados en la convocatoria.

 

Actuará como Secretario Ad-Hoc por esta única ocasión, el Coordinador General Jurídico del Ministerio de Industrias y Productividad, quien dará fe que se cumple con lo señalado en la convocatoria y el presente acuerdo ministerial.

 

DEL REGISTRO Y CALIFICACIÓN DE ACTORES

AL CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL

 

Art. 6.- El registro de los actores se realizará a través del portal: www.mipro.gob.ec en un término de 15 días contados a partir de la convocatoria. Las personas jurídicas de derecho privado, para efectos de dicho registro, obtendrán previamente, su acreditación en el Registro Único de las Organizaciones de la Sociedad Civil (RUOSC), la misma que se adjuntará en formato digital durante el proceso de registro.

 

Art. 7.- La calificación de las personas jurídicas de derecho privado, se realizará únicamente con los actores registrados que cumplan con los siguientes requisitos:

 

Documento de acreditación en el RUOSC;

 

Información sobre experiencia de trabajo y relación con el Sector Productivo Industrial y/o Artesanal;

 

Detalle de su área de intervención o gestión a nivel parroquial, cantonal, provincial, zonal o nacional; y,

 

Registro de directiva actualizado.

 

La comisión que realizará la calificación de los actores estará integrada por:

 

El Subsecretario de Comercio e Inversiones o su delegado;

 

El Subsecretario de MIPYMES y artesanías o su delegado;

 

El Subsecretario de Productividad, Industrias e Innovación Tecnológica o su delegado;

 

El Coordinador General Jurídico o su delegado;

 

El Coordinador General de Planificación o su delegado;

 

El Coordinador de la Regional respectiva o su delegado; y,

 

Un delegado de la Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana.

 

La comisión entregará los resultados de la calificación de los actores que cumplan con los requisitos, dentro del término de 10 días, contados a partir del cierre del registro.

 

 

DE LA DIRECTIVA Y FUNCIONAMIENTO DEL

CONSEJO CIUDADANO SECTORIAL

 

Art. 8.- El Ministerio de Industrias y Productividad convocará a los actores calificados, para la elección de la Directiva del Consejo Sectorial de Participación, la cual, una vez conformada, establecerá los días, horas y lugares de la reunión, de acuerdo con la normativa que formulare el Consejo para su funcionamiento.

 

 

Art. 9.- La Directiva de Consejo Ciudadano Sectorial del Ministerio de Industrias y Productividad, estará conformada, con derecho a voz y voto, hasta tanto el Consejo Ciudadano Sectorial no disponga de otra conformación, de la siguiente manera:

 

Un Presidente;

 

Dos vocales del Sector Industrial, con sus respectivos suplentes; y,

 

Dos vocales del Sector Artesanal, con sus respectivos suplentes.

 

Actuará además un secretario para dar fe de lo tratado, sin derecho a voto.

 

Art. 10.- El Ministerio de Industrias y Productividad garantizará un presupuesto necesario para el cumplimiento de las funciones del Consejo Ciudadano Sectorial. Dicho presupuesto no financiará sueldos, salarios, honorarios o cualquier ingreso económico o retribución, por el desempeño de las funciones de los miembros del Consejo Ciudadano Sectorial o de su Directiva.

 

Art. 11.- Con el propósito de dar seguimiento, apoyo y acompañamiento a las funciones determinas por la ley, la Directiva del Consejo Ciudadano Sectorial, establecerá, que de su seno, se integren mesas temáticas, que serán los espacios de discusión, comprensión y consolidación de las propuestas de las organizaciones sociales y sectoriales.

 

Art. 12.- Las mesas temáticas de diálogo se regirán bajo los mismos principios de integración del Consejo Ciudadano Sectorial y no podrán estar integradas por menos de 3 ni más de 5 miembros, y tratarán sobre los sectores priorizados en el Código de la Producción:

 

 

Producción de alimentos frescos, congelados e industrializados;

 

Cadena forestal y agroforestal y sus productos elaborados;

 

Metalmecánica;

 

Energías renovables, incluye bioenergía o energía a partir de la biomasa;

 

Servicios logísticos de comercio exterior;

 

Farmacéutica;

 

Biotecnología y software aplicado;

 

Petroquímica; e,

 

Sustitución estratégica de exportaciones y fomento de exportaciones.

 

Art. 13.- El Ministerio de Industrias y Productividad, podrá convocar a consejos consultivos, integrados por ciudadanos o ciudadanas u organizaciones civiles, pertenecientes o no al Consejo Ciudadano Sectorial, a fin de consultar sobre uno o varios asuntos determinados, que fueren de interés del Ministerio.

 

Art. 14.- El Ministerio de Industrias y Productividad podrá, por razones justificadas, disolver a la Directiva de Consejo Ciudadano Sectorial del Ministerio de Industrias y Productividad, y convocar a una nueva elección aún cuando no hubiere terminado el plazo para el cual fue elegido.

 

DISPOSICIÓN GENERAL

 

Art. 15.- Una vez conformado el Consejo Ciudadano Sectorial, este elaborará y expedirá su reglamento de funcionamiento.

 

Encárguese de la aplicación de este acuerdo ministerial a las subsecretarías nacionales, coordinaciones generales y coordinaciones regionales, en el ámbito de sus competencias.

 

El presente acuerdo ministerial entrará en vigencia, a partir de la fecha de publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la ciudad de Quito, D. M., a 22 de septiembre del 2011.

 

f.) Verónica Sión de Josse, Ministra de Industrias y Productividad.

 

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- CERTIFICO.- Es fiel copia del original.- Archivo Central.- f.) Ilegible.- Fecha: 6 de octubre del 2011.

 

MINISTERIO DE FINANZAS

 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

 

BANCO DEL ESTADO

 

ACUERDO INTERINSTITUCIONAL

 

Considerando:

 

Que los artículos 1 y 317 de la Constitución de la República del Ecuador, establecen que los recursos naturales no renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, irrenunciable e imprescriptible;

 

Que el numeral 11 del artículo 261 de la Carta Magna establece que el Estado central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos energéticos, minerales e hidrocarburos; y, el artículo 313 determina que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, prevención y eficiencia;

 

Que el artículo 274 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que los gobiernos autónomos descentralizados en cuyo territorio se exploten o industrialicen recursos naturales no renovables tendrán derecho a participar de las rentas que perciba el Estado por esta actividad, de acuerdo con la ley;

 

Que el artículo 94 de la Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos y a la Ley de Régimen Tributario Interno, publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 244 de 27 de julio del 2010, establece la Participación Laboral de los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera y dispone que el 12% se pague al Estado, que lo destinará única y exclusivamente, a proyectos de inversión social en salud y educación, a través de los gobiernos autónomos descentralizados; Que los recursos provenientes por el 12% de la Participación Laboral de las empresas privadas en el sector hidrocarburífero, será canalizado a los gobiernos autónomos descentralizados a través del Banco del Estado;

 

Que el Banco del Estado es una institución financiera que concentra, coordina y distribuye los recursos destinados al financiamiento de proyectos prioritarios de desarrollo del sector público y facilita la aplicación de una sana estrategia de inversión, dentro del marco de los objetivos de desarrollo económico que propugna el Gobierno Nacional. El objetivo del BEDE es financiar programas, proyectos, obras y servicios del sector público, tales como ministerios, municipios, consejos provinciales, etc. que se relacionen con el desarrollo económico nacional;

 

Que la reforma incorporada en la Ley de Hidrocarburos, tiene el propósito de atender las necesidades de los habitantes de las áreas de influencia de cada contrato a través de proyectos de inversión;

 

Que es necesario regular y establecer mecanismos para los proyectos de inversión social destinados a mejorar la calidad de vida de los habitantes que se encuentren en los territorios en los que se lleven a cabo actividades hidrocarburíferas; y,

 

En ejercicio, de la facultad que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la normativa legal vigente,

 

Acuerdan:

 

Expedir el INSTRUCTIVO PARA DISTRIBUIR LOS RECURSOS, PROVENIENTES DEL 12% DE LAS UTILIDADES POR LA PARTICIPACIÓN LABORAL HIDROCARBURÍFERA, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY REFORMATORIA A LA LEY DE HIDROCARBUROS.

 

Artículo 1.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que se encuentren localizados dentro de las áreas delimitadas por cada contrato, en donde se lleven a cabo actividades hidrocarburíferas y que presenten proyectos de inversión en los sectores de salud y educación, privilegiando aquellos más cercanos a las áreas de explotación y atendiendo las competencias correspondientes a cada nivel de gobierno, están en condiciones de acceder a los recursos recaudados por el concepto del 12% de las utilidades pagadas al Estado.

 

En el caso de las comunidades, pueblos, nacionalidades, etc., localizados dentro de las áreas delimitadas por cada contrato, estas canalizarán sus proyectos a través del gobierno parroquial o municipal del cual formen parte, para lo cual los proyectos estarán incluidos en los planes de desarrollo de ese nivel de gobierno y armonizados con el Plan Nacional de Desarrollo.

 

1.1           Asignación de Utilidades Hidrocarburíferas para cada Gobierno Autónomo Beneficiario.

 

Conforme lo dispone el acuerdo Ministerial 087, publicado en el Registro Oficial Nº 434 de 26 de abril del 2011, expedido por el Ministro de Finanzas, será el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, el encargado de enviar al Banco del Estado la información sobre los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que se encuentren dentro de las áreas de influencia delimitadas por cada contrato hidrocarburífero vigente. En función de los requerimientos del Banco del Estado, el Ministerio de Finanzas transferirá los recursos solicitados del monto recaudado a través de la subcuenta de la Cuenta Única del Tesoro Nacional creada para el efecto por el 12% de utilidades pagadas al Estado. Una vez que se cuente con estos insumos para la aplicación del artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos, se distribuirá los recursos de la siguiente manera:

 

La distribución de los recursos recaudados por el 12% de las utilidades hidrocarburíferas pagadas al Estado por participación laboral se realizará de la siguiente manera:

 

La distribución a los GAD, se realizará en partes iguales en base a la producción total de cada contrato, tomando los datos provistos por el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.

 

En el año en que recaude el monto de las utilidades generadas por las empresas petroleras privadas, se canalizará a los GAD que presenten proyectos de inversión que beneficien de manera directa a los territorios que se encuentren dentro del área de influencia de cada contrato.

 

A partir del año fiscal siguiente al de la recaudación del 12% de las utilidades, los recursos no comprometidos en el año inmediato anterior se canalizarán a los GAD que presenten proyectos de inversión en las áreas previstas en este acuerdo.

 

1.2 Condiciones Generales para Utilización de Recursos

 

Todos los proyectos presentados deben guardar coherencia con el Plan Nacional del Buen Vivir y adicionalmente, deben estar enmarcados en el Plan de Ordenamiento Territorial del gobierno autónomo beneficiario de acuerdo a sus respectivos

 

 

niveles de competencia. Estos recursos no se aplicarán para gasto corriente o transferencias a fondos y fideicomisos. El Ministerio de Recursos Naturales no Renovables (MRNNR) entregará al Banco del Estado anualmente la información acerca de los operadores privados, contratos petroleros y bloques de explotación petrolera que se encuentran dentro del área de influencia de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados beneficiarios.

 

 

El Ministerio de Finanzas proporcionará oportunamente (mayo de cada año) información referente a los montos recaudados por el 12% de utilidades pagadas al Estado depositados en la Cuenta Única del Tesoro por parte de cada operadora privada.

 

Si hasta la fecha de evaluación y aprobación de proyectos, a partir de mayo de cada año, el Banco del Estado no recibiese la información acerca de montos de reparto y beneficiarios, solicitará dos certificaciones; una del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables respecto a pertinencia del financiamiento del proyecto por encontrarse dentro de las áreas delimitadas en cada contrato hidrocarburífero y otra del Ministerio de Finanzas en donde claramente deberá indicarse los montos de utilidades recaudadas.

 

Artículo 2.- ROLES INSTITUCIONALES Para la utilización de los recursos se requiere el cumplimiento de las responsabilidades de cada uno de los diferentes actores involucrados, mismos que se enlistan a continuación:

 

 

 

 

ENTIDAD

ROLES

 

 

 

 

 

Banco del Estado

Recepción de documentación de proyectos.

a) Pre inversión términos de referencia para contratación de estudios. b) Inversión: Revisión de los estudios a nivel de diseño definitivo.

Elaboración de informe técnico o informe de evaluación según corresponda.

Calificación de proyectos.

Aprobación de la asignación y/o financiamiento.

Suscripción de convenios.

Desembolso de recursos.

Seguimiento de obra y programa.

8.

Ministerios Sectoriales

1. Emitir la viabilidad técnica o elegibilidad de los proyectos o del programa (integral), cuando corresponde.

Ministerio de Recursos Naturales No Renovables (MRNNR)

1. Listado de beneficiarios hidrocarburíferos de acuerdo a los contratos (áreas de influencia).

2. Certificación del GAD beneficiario (de ser el caso).

 

 

Ministerio de Finanzas

1. Recaudación del 12% de las utilidades pagadas al Estado por la Participación Laboral.

2. Transferencia al Banco del Estado de recursos.

3. Información acerca de los montos (en dólares) depositados por las diferentes operadoras hidrocarburíferas.

Instituto de Contratación de Obras (ICO)/Empresa Pública con competencia

1. Realizar los procesos precontractuales y contractuales de los proyectos tanto a nivel de preinversión como a nivel de inversión y fiscalización.

 

 

 

Gobiernos Autónomos

Descentralizados

1. Identificación de proyectos a partir del contenido de sus planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

2. Contratación de estudios.

3. Contratación y fiscalización de obras a través del Instituto de Contratación de Obras o la Empresa Pública; o contratación de obras y fiscalización bajo responsabilidad del GAD.

4. Suscripción de convenios y cumplimiento de obligaciones.

5. Recepción de desembolsos.

6. Presentación de justificativos de la ejecución de la obra hasta su conclusión.

 

 

 

Artículo 3.- LINEAMIENTOS PARA UTILIZACIÓN DE RECURSOS

 

Existen las siguientes modalidades de utilización de estos recursos claramente identificadas:

 

Las entidades beneficiarias podrán solicitar los recursos

 

correspondientes a su jurisdicción en calidad de asignaciones no reembolsables para el financiamiento de proyectos, en los sectores reconocidos en la ley para el efecto y, de acuerdo al proceso establecido en este acuerdo según corresponda (preinversión o inversión);

 

Los gobiernos autónomos descentralizados, que sean beneficiarios de recursos provenientes de utilidades hidrocarburíferas podrán utilizar dichos recursos de manera complementaria con financiamientos otorgados por el Banco del Estado mediante crédito ordinario. En estos casos lo correspondiente a dichos recursos se considerará como componente no reembolsable del financiamiento. Las condiciones financieras serán las vigentes en el Banco al momento de efectuar la transacción crediticia; y,

 

 

El Banco del Estado podrá, por excepción, financiar proyectos de los gobiernos autónomos descentralizados, beneficiarios de excedentes hidrocarburíferos, que sean prioritarios para su desarrollo. En estos casos será imprescindible presentar:

 

c1            Aceptación de Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos para que el proyecto sea financiado por el Banco del Estado.

 

c2            Certificación presupuestaria emitida por el Ministerio de Finanzas (de ser el caso).

 

c3            Adicionalmente se deberá adjuntar toda la documentación establecida en el presente acuerdo según corresponda (preinversión o inversión).

 

 

Artículo 4.- PRESENTACIÓN DE PROYECTOS

 

Existen dos grandes grupos de proyectos susceptibles de financiamiento con estos recursos.

 

 

4.1 Pre-Inversión

 

Se deben presentar los siguientes documentos en el Banco del Estado:

 

 

Solicitud de financiamiento (formato disponible en el anexo);

 

Perfil del proyecto a realizar dentro de los sectores que la Ley de Hidrocarburos y sus reglamentos definen como susceptibles de financiamiento (salud y educación);

 

Certificación de que el proyecto consta dentro del plan de ordenamiento territorial y/o plan de desarrollo de la entidad, o en su defecto agenda de trabajo de la entidad y listado de priorización de proyectos;

 

Términos de referencia (TDR) para la contratación de la consultoría y fiscalización que realizará los estudios a nivel de diseño definitivo;

 

Presupuesto referencial; y,

 

Cronograma.

 

4.2 Inversión

 

Se deben presentar los siguientes documentos en el Banco del Estado:

 

Solicitud de financiamiento (formato disponible en el anexo);

 

Declaración de prioridad para el/los proyecto/s por el órgano competente a nivel de GAD;

 

Estudios a nivel de diseños definitivos o perfil del proyecto a realizar en función del monto de financiamiento solicitado;

 

Certificación de que el proyecto consta dentro del plan de ordenamiento territorial y/o plan de desarrollo de la entidad; o en su defecto agenda de trabajo de la entidad y listado de priorización de proyectos;

 

Viabilidad técnica emitida por el ente rector del sector al cual pertenece el proyecto. Para proyectos de agua potable y saneamiento en montos superiores a USD 1.000.000,00 (un millón de dólares) y para los otros sectores de financiamiento contemplados en la Ley de Hidrocarburos, montos superiores a USD 150,000.00 (ciento cincuenta mil dólares) salvo excepciones contempladas en este instructivo;

 

Ficha o licencia ambiental según corresponda, emitida por autoridad competente;

 

Certificación de propiedad del terreno en el que se realizará la obra, en caso de requerirse; y,

 

Certificación de ejecución concurrente de la competencia de los GAD involucrados o delegación de competencia según establece el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD.

 

En caso de comprobarse que se requieren modificaciones o complementaciones al proyecto, el Banco del Estado notificará a la beneficiaria a fin de que proceda a atender los requerimientos.

 

Tanto para preinversión como para inversión y con el objetivo de facilitar los procesos de contratación, cada GAD suscribirá un convenio con el Instituto de Contratación de Obras (ICO) o la empresa pública con competencia, para que se realice el proceso administrativo de contratación en nombre de los GAD beneficiarios, tanto a nivel de estudios (diseños definitivos) como a nivel de obra y fiscalización, observando lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

 

 

Artículo 5.- EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, APROBACIÓN, SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y DESEMBOLSOS

 

Se procederá en base a las siguientes consideraciones

 

Financiamientos inferiores a US $ 1’000,000.00 (Un millón de dólares) requieren de informe técnico. La calificación y aprobación estará a cargo de las Sucursales Regionales del Banco del Estado; y,

 

Financiamientos superiores a US $ 1’000,000.00 (un millón de dólares) requieren de evaluación de conformidad a lo establecido en el Reglamento General de Operaciones del Banco del Estado.

 

En todos los casos, no es necesario realizar evaluación económica específica del proyecto ni financiera de la entidad, por tratarse de recursos no reembolsables, en función de las competencias del Banco del Estado.

 

El Banco del Estado utilizará la normativa vigente para la aprobación de las operaciones.

 

5.1           Contrato de crédito y/o asignación de recursos no reembolsables

 

Una vez aprobado el proyecto y para normar la entrega de los recursos, la entidad beneficiaria suscribirá un convenio de asignación de recursos y/o crédito de ser el caso, con el Banco del Estado mediante el cual se establece:

 

El destino de los recursos;

 

El compromiso de la beneficiaria de utilizar los recursos para el proyecto solicitado y ejecutarlo en el plazo previsto;

 

El seguimiento de la obra por parte del Banco del Estado y la posibilidad de aplicar las herramientas legales correspondientes en caso de comprobarse mal uso de recursos;

 

Por los servicios de la administración del fondo, el Banco del Estado percibirá un porcentaje equivalente al 1% de los fondos totales administrados de acuerdo con el Convenio de Cooperación Financiera Interinstitucional entre el Ministerio de Finanzas y el Banco del Estado;

 

La entidad beneficiaria debe cubrir el impuesto al valor agregado;

 

El compromiso de la beneficiaria de asumir con recursos propios cualquier incremento de costos;

 

Compromiso de efectuar el proceso de contratación de los estudios u obra con el Instituto de Contratación de Obras, tanto para el caso de preinversión como para el caso de proyectos de inversión;

 

La especificación de los montos que se entregan en calidad de no reembolsables y aquellos que se entregan en calidad de crédito, de ser el caso;

 

Las condiciones financieras correspondientes a la parte reembolsable (plazos, tasas, forma de amortización, etc.) de ser el caso;

 

El compromiso del GAD prestatario de cumplir con todas las obligaciones financieras y legales que apliquen según el tipo de financiamiento;

 

El compromiso de corresponsabilidad, en caso de recibir subvención de parte del Estado Ecuatoriano; y,

 

El convenio con el GAD que posea la competencia de la infraestructura contratada, de ser el caso.

 

5.2 Seguimiento y desembolsos

 

La entrega de desembolsos se definirá en el documento de aprobación. La normativa vigente prevé el siguiente esquema:

 

Anticipo

Banco del Estado entregará hasta el 40% de anticipo a la suscripción del convenio

 

Segundo

Desembolso

Entrega de porcentaje restante para completar hasta el 70% del monto de los contratos previa presentación de contratos de obra, fiscalización y comprobantes de transferencias de pagos (de ser el caso)

 

 

 

Desembolso

Final

Entrega de desembolso final hasta completar el 100% de los contratos, que por ningún concepto será mayor al convenio de asignación de recursos, previa presentación de justificativos de uso de recursos, informe de fiscalización, acta entrega recepción y terminación de obra.

 

Es importante señalar que el Banco del Estado se reserva el derecho de realizar el seguimiento de la obra en cualquier momento de ejecución de la misma.

 

Artículo 6.- SECTORES Y PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO ELEGIBLES

 

Dado los sectores que la Ley de Hidrocarburos determina que pueden ser atendidos con los recursos de utilidades hidrocarburíferas, a continuación se define el alcance de cada sector para el objeto del presente instructivo.

 

6.1 Educación

 

Los proyectos serán coordinados con el Ministerio de Educación y Cultura o la Secretaría Nacional de Educación, Ciencia y Tecnología (SENECYT) quienes se encargarán de revisar los proyectos en los ámbitos de sus competencias. En el sector de educación se contemplan proyectos de:

 

 

Planificación, construcción, mantenimiento y reconstrucción de la infraestructura física de educación para lo cual independientemente del monto en dólares del proyecto se necesita vialidad técnica del Ministerio de Educación;

 

 

Equipamiento tecnológico de los centros educativos;

 

Equipamientos públicos que fomenten la educación y la cultura de la ciudadanía; y,

 

Fondo de becas para educación universitaria que incluye estudios de postgrado.

 

 

6.2 Salud

 

Estos proyectos serán coordinados con los ministerios competentes en el área específica del proyecto. En el sector de salud, se contemplan proyectos de:

 

 

Planificación, construcción, reconstrucción y/o mantenimiento de la infraestructura física de salud;

 

Agua Potable;

 

Alcantarillado y/o soluciones sanitarias;

 

Manejo de residuos sólidos;

 

Equipamientos urbanos que mejoren las condiciones de salud de la población;

 

Preservación de riberas de ríos, lagos y lagunas;

 

Plan de manejo de cuencas y microcuencas;

 

Elaboración de planes especiales de preservación para zonas específicas;

 

Recuperación ambiental; y,

 

Equipamiento médico.

 

 

Artículo 7.- POLÍTICAS GENERALES DE FINANCIAMIENTO

 

7.1 Sobre los proyectos

 

Los proyectos de salud y educación, deberán contar con viabilidad de los ministerios rectores, quienes para el caso de infraestructura nueva, garantizarán la provisión del equipamiento necesario y del personal para la operación del servicio; y,

 

Para la entrega progresiva de desembolsos, el Banco del Estado podrá realizar el seguimiento de avance de obras y adecuado uso de los recursos entregados en los fines establecidos, conforme a los mecanismos de entrega de recursos que se estipulan en los diferentes programas elegibles que pudieran complementar esta modalidad de financiamiento.

 

 

7.2           De las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas y las circunscripciones territoriales

 

La presentación de proyectos de comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades indígenas y circunscripciones territoriales deberá ser canalizada a través del gobierno  autónomo del cual forme parte, observando la relación con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la jurisdicción territorial beneficiaria del proyecto y la articulación con los planes de los otros niveles de gobierno.

 

 

Artículo 8.- CONDICIÓN GENERAL La ejecución de los procedimientos manifestados en este instructivo; está sujeta a la transferencia oportuna de los recursos de utilidades hidrocarburíferas por parte del Ministerio de Finanzas hacia el Banco del Estado.

 

Los gobiernos autónomos descentralizados beneficiarios de estos recursos que ocasionen daños pérdidas o paralizaciones que afecten la producción hidrocarburífera, serán sujetos de suspensiones temporales de los desembolsos de los recursos provenientes del 12% de las utilidades pagadas al Estado por la Participación Laboral.

 

 

Artículo 9.- El presente acuerdo interinstitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

Disposición Transitoria Única

 

Los recursos provenientes del 12% de las utilidades pagadas al Estado por actividades hidrocarburíferas generadas en el año 2010, serán distribuidas a los GAD durante los años 2011 y 2012.

 

Comuníquese y publíquese.-

 

 

Dado, en Quito Distrito Metropolitano, a 28 de septiembre del 2011.

 

f.) Wilson Pastor Morris, Ministro de Recursos Naturales No Renovables.

 

f.) Patricio Rivera, Ministro de Finanzas.

 

f.) Diego Aulestia, Gerente General, Banco del Estado.

 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE

INFRACCIONES

DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN

TRIBUTARIA

 

Septiembre del 2011

 

INSTRUCTIVO:

PARA LA APLICACIÓN DE

SANCIONES PECUNIARIAS

 

 

CONTROL DEL DOCUMENTO

 

REGISTROS DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO

Versión

Motivo

Realizado por

Fecha

1.0

 

Creación

Rodrigo Flores

Ana Cristina Peña

Septiembre 2011

 

Comuníquese y publíquese, Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 3 de octubre del 2011.

 

f.) Carlos Marx Carrasco V, Director General, Servicio de Rentas Internas.

 

ÍNDICE Y CONTENIDO

 

1              IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO

 

2              OBJETO

 

3              ALCANCE

 

4              NORMATIVA

 

4.1           BASE LEGAL

 

4.2           RESPONSABILIDAD

 

4.3           NORMAS GENERALES

 

5              DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL INSTRUCTIVO

 

5.1           Estratificación de contribuyentes para la aplicación equitativa y proporcional de cuantías.

 

5.2           Cuantías para sancionar presentación tardía y no presentación de declaraciones de impuesto a la renta, IVA en calidad de agente de percepción, IVA en calidad de agente de retención, retenciones en la fuente de impuesto a la renta, ICE y anexos.

 

5.3           Cuantías de multa para infracciones para las cuales la norma no ha previsto sanción específica.

 

5.4           Sanciones por declaración patrimonial.

 

5.5           Disposiciones generales.

 

6.             GLOSARIO DE TÉRMINOS

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL INSTRUCTIVO

 

NOMBRE DEL MACRO - PROCESO:

Gestionar y Controlar el Cumplimiento Tributario

 

NOMBRE DEL PROCESO:

Gestionar Controles Extensivos

 

NOMBRE DEL SUB -PROCESO:

Sancionar Incumplimientos

 

VERSIÓN DEL DOCUMENTO:

 

1.0

FRECUENCIA DE EJECUCIÓN:

 

diaria

RESPONSABLE DEL PROCESO:

Área de Infracciones, Ciclo Básico

 

         

 

2 OBJETIVO

 

Implantar un modelo sancionatorio que gradúe la onerosidad de las cuantías de sanción por tipo de infracción, y por segmento o estrato de contribuyente, atiende principios de legalidad, equidad y proporcionalidad.

 

3 ALCANCE

 

El instructivo describe la manera de determinar cuantías de sanciones pecuniarias por contravención y faltas reglamentarias.

 

 

4 NORMATIVA

 

 

4.1 BASE LEGAL

 

Constitución de la República del Ecuador.

 

Código Tributario.

 

Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, publicada en el R. O. No. 181 de 30 de abril del 1999 - Ley 99-24.

 

Ley de Régimen Tributario Interno.

 

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, (Registro Oficial No. 206, 2 DIC 1997).

 

Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, publicada en el Tercer Suplemento del R. O 242 de 29 de diciembre del 2007.

 

Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios.

 

Reglamento a la Ley del Registro Único de Contribuyentes.

 

Código de Ética de los Servidores del Servicio de Rentas Internas.

 

4.2 NORMAS GENERALES

 

El presente instructivo será de aplicación obligatoria para todo el personal del SRI a nivel nacional.

 

Todos los aspectos que no se encuentren normados de forma expresa en este instructivo deberán ser complementados o suplidos por las disposiciones del marco normativo vigente.

 

El presente documento será de aplicación nacional, y se encuentra bajo la responsabilidad del Departamento de Prevención de Infracciones de la Dirección Nacional, quien definirá los lineamientos referentes a este instructivo. En caso de existir sugerencias por parte de las direcciones regionales o provinciales, estas serán remitidas al Departamento de Prevención de Infracciones para su análisis y posterior actualización.

 

El Departamento de Prevención de Infracciones velará por el debido cumplimiento de las disposiciones impartidas en el presente documento.

 

4.3 RESPONSABILIDAD

 

El servidor o trabajador que incumpliere sus obligaciones o contraviniere las disposiciones de este Instructivo, así como las leyes y normativa conexa, incurrirá en responsabilidad administrativa que será sancionada disciplinariamente, sin perjuicio de la acción civil o penal que pudiere originar el mismo hecho.

 

El régimen disciplinario lo aplicará el SRI sobre la base de las disposiciones y procedimientos de la Ley Orgánica de Servicio Público, Estatuto de Personal del SRI y demás normativa secundaria aplicable; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o indicios de responsabilidad penal que le corresponden establecer a la Contraloría General del Estado.

 

5              DESCRIPCIÓN NARRATIVA DEL INSTRUCTIVO

 

Para determinar cuantías de sanciones pecuniarias por contravención y faltas reglamentarias, se deberá seguir las siguientes directrices:

 

5.1           Estratificación de contribuyentes para la aplicación equitativa y proporcional de cuantías

 

Para el establecimiento de las cuantías de sanciones pecuniarias, se observará la siguiente estratificación prevista en las normas tributarias, y en las regulaciones emitidas por la administración tributaria:

 

Contribuyentes especiales.

 

Sociedades con fines de lucro.

 

 

Personas naturales obligadas a llevar contabilidad.

 

Personas no obligadas a llevar contabilidad y sociedades sin fines de lucro.

 

5.2           Cuantías para sancionar presentación tardía y no presentación de declaraciones de impuesto a la renta, IVA en calidad de agente de percepción, IVA en calidad de agente de retención, retenciones en la fuente de impuesto a la renta, ICE y anexos.

 

5.2.1        Liquidación de sanciones pecuniarias.- Los sujetos pasivos podrán liquidar y pagar sus multas, adicionalmente a los casos establecidos en el artículo No. 100 de la Ley de Régimen Tributario Interno, en los siguientes casos: Cuando los sujetos pasivos se encuentren obligados a presentar la declaración de impuesto a la renta, registren en cero las casillas de ingresos y del impuesto causado del período declarado.

 

Cuando la declaración de impuesto al valor agregado efectuada por un sujeto pasivo, en calidad de agente de percepción, registren en cero las casillas de impuesto a pagar y de ventas del período declarado.

 

Cuando las declaraciones de impuesto al valor agregado como agente de retención y retenciones en la fuente de impuesto a la renta, registre en cero las casillas de impuesto a pagar.

 

Cuando la declaración de impuesto a los consumos especiales, registren en cero las casillas de impuesto a pagar y de base imponible del impuesto a los consumos especiales durante el período declarado.

 

Cuando se presenten anexos de información fuera del plazo establecido para el efecto.

 

En los indicados casos, la multa se calculará observando las situaciones y cuantías a continuación señaladas:

 

5.2.1.1 Cuantías de multas liquidables por omisiones no notificadas por la administración tributaria.- Los sujetos pasivos que no hubieren recibido aviso de la administración tributaria, respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, en las situaciones y condiciones referidas en el numeral 5.2.1 del presente instructivo, podrán cumplir sus obligaciones de declaraciones o anexos considerando las multas con las siguientes cuantías:

 

Tipo de contribuyente

Cuantías en dólares de los Estados Unidos de América

Contribuyente especial

USD 250,00

Sociedades con fines de lucro

USD 125,00

Persona natural obligada a llevar contabilidad

 

USD 62,50

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, sociedades sin fines de lucro

 

USD 31,25

 

5.2.1.2     Cuantías de multas liquidables por omisiones detectadas y notificadas por la administración tributaria.- Los sujetos pasivos que hubieren sido notificados por la administración tributaria, respecto de la no presentación de declaraciones o anexos, en las situaciones y condiciones referidas en el numeral 5.2.1 del presente instructivo; y, cuando se le hubiere aperturado un proceso que podría conllevarle a una sanción pecuniaria, por no ser factible, ni materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura; podrán cumplir sus obligaciones de declaraciones o anexos liquidando y pagando antes de la notificación de la resolución sancionatoria, las siguientes cuantías de multa:

 

 

Tipo de contribuyente

Cuantías en dólares de los Estados Unidos de América

Contribuyente especial

USD 375,00

Sociedades con fines de lucro

USD 187,50

Persona natural obligada a llevar contabilidad

 

USD 93,75

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, sociedades sin fines de lucro

 

USD 46,88

 

5.2.2        Cuantías de multa por omisiones detectadas y juzgadas por la administración tributaria.- Las penas pecuniarias aplicadas a sujetos pasivos incursos en omisión de declaración de impuestos, o incumplimiento en la presentación de anexos de información, luego de concluido un proceso sancionatorio, por no haber sido factible, ni materialmente posible la aplicación de la sanción de clausura; tendrán las siguientes cuantías de multa:

 

 

Tipo de contribuyente

Cuantías en dólares de los Estados Unidos de América

Contribuyente especial

USD 500,00

Sociedades con fines de lucro

USD 250,00

Persona natural obligada a llevar contabilidad

USD 125,00

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, sociedades sin fines de lucro

USD 62,50

 

En el caso de que un sujeto pasivo hubiere incurrido en contravención, y recibido sanción de clausura, o de multa por no presentación de declaraciones o anexos, según corresponda a la infracción; y, que posteriormente cumpliera con la obligación tributaria, encontrándose en los casos previstos en el numeral 5.2.1 del presente instructivo, podrá liquidar su multa conforme a lo señalado en el numeral 5.2.1.1, por incurrir en falta reglamentaria de presentación tardía.

 

 

5.3           Cuantías de multa para infracciones para las cuales la norma no ha previsto sanción específica.

 

5.3.1        Cuantías por contravenciones y faltas reglamentarias.- Las contravenciones y faltas reglamentarias categorizadas por la administración tributaria, en atención a su gravedad, tendrán la siguiente calificación, de menor a mayor:

 

-              Contravención tipo “A”.

 

-              Contravención tipo “B”.

 

-              Contravención tipo “C”.

 

 

 

 

CUANTÍAS DE MULTAS PARA CONTRAVENCIONES

 

 

Tipo de contribuyente

Cuantía en dólares de los Estados Unidos de América

Tipo “A”

Tipo “B”

Tipo “C”

Contribuyente especial

USD 125,00

USD 250,00

USD 500,00

Sociedades con fines de lucro

USD 62,50

USD 125,00

USD 250,00

Persona natural obligada a llevar contabilidad

USD 46,25

USD 62,50

USD 125,00

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, sociedades sin fines de lucro

USD 30,00

USD 46,25

USD 62,50

 

 

CUANTÍAS DE MULTAS PARA FALTAS REGLAMENTARIAS

 

 

Tipo de contribuyente

Cuantía en dólares de los Estados Unidos de América

Tipo “A”

Tipo “B”

Tipo “C”

Contribuyente especial

USD 83,25

USD 166,50

USD 333,00

Sociedades con fines de lucro

USD 41,62

USD 83,25

USD 166,50

Persona natural obligada a llevar contabilidad

USD 35,81

USD 41,62

USD 83,25

Persona natural no obligada a llevar contabilidad, sociedades sin fines de lucro

USD 30,00

USD 35,81

USD 41,62

 

 

 

5.3.2        Sanción para contribuyentes RISE.- A los contribuyentes que se encuentren dentro del régimen simplificado RISE, se les aplicará el mínimo de la cuantía prevista en el código tributario para sancionar contravención o falta reglamentaria, según fuere el caso.

 

5.4           Sanciones por Declaración Patrimonial.

 

5.4.1        Liquidación sin notificación.- Los sujetos pasivos que no hubieren sido notificados por la administración tributaria respecto de la omisión, o no presentación de la declaración patrimonial dentro del plazo previsto en las normas emitidas para el efecto, podrán liquidar y pagar su multa, de conformidad con la tabla señalada a continuación, siempre y cuando, para el caso de omisión, se cumpla con la presentación de la declaración patrimonial.

 

5.4.2        Liquidación antes de resolución sancionatoria.- Cuando la administración tributaria hubiere notificado a los sujetos pasivos con el inicio de un proceso de control o sancionatorio, respecto de la omisión o no presentación de la declaración patrimonial dentro del plazo previsto en las normas emitidas para el efecto, podrán los sujetos pasivos liquidar y pagar la multa, antes de producida la notificación de la resolución del sumario, de conformidad con la tabla señalada a continuación; siempre y cuando, para el caso de omisión, se cumpla con la presentación de la declaración patrimonial.

 

5.4.3        Cuantías de multa por presentación tardía u omisión detectada y juzgada por la administración tributaria.- Cuando la Administración Tributaria, mediante sumario ha llegado a determinar que un sujeto pasivo ha omitido, o no presentado su declaración patrimonial dentro del plazo previsto en las normas emitidas para el efecto, procederá a sancionarlo de conformidad con las tablas señaladas a continuación por presentación tardía o no presentación, según corresponda, sin perjuicio de que para el caso de omisión, el sujeto pasivo cumpla con la obligación de presentar su declaración patrimonial.

 

 

 

CUANTÍAS DE MULTA POR PRESENTACIÓN TARDÍA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL

 

Mes o fracción de mes de vencimiento

Liquidación sin notificación (5.4.1)

Liquidación antes de resolución sancionatoria (5.4.2)

Multas juzgamiento administración tributaria (5.4.3)

1er. mes

USD 30

USD 40

USD 50

2do. mes

USD 40

USD 70

USD 100

3er. mes

USD 50

USD 100

USD 200

4to. mes

USD 75

USD 150

USD 300

5to. mes

USD 100

USD 200

USD 400

6to. mes

USD 125

USD 250

USD 500

7mo. mes

USD 150

USD 300

USD 600

8vo. mes

USD 175

USD 350

USD 700

9no. mes

USD 200

USD 400

USD 800

10mo. mes en adelante

USD 250

USD 500

USD 1.000

 

 

 

 

CUANTÍAS DE MULTA POR NO PRESENTACIÓN

DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL

 

 

Total Activos

Cuantías por no presentación

en dólares de los Estados

Unidos de América (5.4.3)

200.000-250.000

USD 500

250.001-300.000

USD 700

300.001-350.000

USD 900

350.001-400.000

USD 1.100

400.001-450.000

USD 1.300

450.001 - en adelante

USD 1.500

 

5.5 Disposiciones Generales.-

 

PRIMERA.- El pago de la multa por concepto de contravención o falta reglamentaria no exime del cumplimiento de la obligación tributaria o de los deberes formales que la motivaron.

 

SEGUNDA.- Cada infracción tendrá un proceso individual, y como tal, recibirá una sanción particular, excepto en los casos en los cuales, se juzgue y sancione una conducta infractora única, y que la misma no haya sido notificada previamente con preventiva de sanción o inicio de sumario individual.

 

TERCERA.- Para una cabal aplicación de las cuantías previstas en el numeral 5.3.1, del presente instructivo, se expedirá de manera complementaria un anexo que detalle taxativamente las infracciones y su categorización.

 

CUARTA.- El presente instructivo deja sin efecto las instrucciones y procedimientos, en la parte o contenidos que se le opongan; para lo cual, se armonizarán con el mismo, todos los procedimientos y manuales relacionados.

 

QUINTA.- Solo se iniciarán procesos de sanción pecuniaria, cuando el monto de la sanción a imponerse sea mayor al costo de su procesamiento y gestión, el mismo que será estimado por el funcionario designado para el efecto por el Director Regional respectivo.

 

Cuando exista capacidad operativa disponible, o por consideraciones de control, o importancia económica, se podrán iniciar acciones sancionatorias que no contemplen pago de obligaciones económicas, o por montos menores al valor de su procesamiento y gestión. En el segundo caso la autoridad sancionadora deberá justificar objetivamente su disposición.

 

6. GLOSARIO DE TÉRMINOS

 

Agente de retención: Constituyen agentes de retención las personas naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a ello.

 

Contravención: Constituye contravención las violaciones de normas adjetivas o el incumplimiento de deberes formales, constantes en las disposiciones legales.

 

Falta reglamentaria: Constituye falta reglamentaria la violación de reglamentos o normas secundarias de obligatoriedad general, que no se encuentren comprendidas en la tipificación de delitos o contravenciones.

 

Procedimiento sumario: Acto administrativo que parte de la determinación de una presunta infracción, y que juzga, sanciona u absuelve de responsabilidad, con observancia de procedimientos y normas constitucionales y legales.

 

Resolución de sanción: Acto administrativo emitido por funcionario competente a través de la cual se impone una sanción.

 

Sanciones pecuniarias: Constituye sanción pecuniaria la imposición de una multa.

 

Sujeto pasivo: Es sujeto pasivo la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable.

 

 

Quito, D. M., 01 de septiembre del 2011

 

DICTAMEN N.º 008-11-DTI-CC

 

CASO N.º 0032-10-TI

 

CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN

 

 

Jueza Constitucional Ponente: Dra. Ruth Seni Pinoargote

 

I. ANTECEDENTES

 

Resumen de admisibilidad

 

El Doctor Alexis Mera Giler, Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República, mediante oficio N.º T.5365-SNJ-10-1094 del 14 de julio del 2010, remitió a la Corte Constitucional, para el periodo de transición, el Addendum al Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú para la cooperación entre Administraciones Tributarias, firmado en la ciudad de Piura, Perú a los 22 días del mes de octubre del 2009, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 438, numeral 1 de la Constitución de la República, expida el correspondiente dictamen previo y vinculante acerca de la constitucionalidad de este instrumento internacional.

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Secretaría General de la Corte Constitucional, de conformidad con el sorteo realizado, remite el caso signado con el N.º 0032-10-TI a la Dra. Ruth Seni Pinoargote, como Jueza Constitucional Sustanciadora, mediante oficio N.º 2126-CC-SG-2010 del 30 de julio del 2010, quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, numeral 1, 108 y 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional determina su competencia para efectos de control, respecto al dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa de los Tratados y Convenios Internacionales.

 

II. TEXTO DEL CONVENIO

 

ADDENDUM AL CONVENIO ENTRE EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

PARA LA COOPERACIÓN ENTRE

ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

 

Con fecha 9 de marzo de 2002, en la ciudad de Lima, el Gobierno de la República del Ecuador -a través del Ministro de Relaciones Exteriores y la Directora General del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador-y el Gobierno de la República del Perú -a través del Ministro de Relaciones Exteriores y el Superintendente Nacional Adjunto de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaría (SUNAT) suscribieron un Convenio para la Cooperación entre Administraciones Tributarias -en adelante EL CONVENIO.

 

El Artículo 3° del mencionado instrumento, respecto del "Procedimiento de Asistencia Mutua" señala que las autoridades competentes de los Estados Contratantes acordarán poner en práctica un "programa" destinado a lograr el objeto de dicho convenio.

 

Por su parte el Artículo 6º establece que El CONVENIO podrá ser modificado o enmendado mediante acuerdo entre los Estados Contratantes.

 

El Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI) del Ecuador y el Superintendente Nacional de la Superintendencia Nacional de Administración Tributarla (SUNAT) del Perú -en adelante "LAS AUTORIDADES COMPETENTES" tienen interés común en desarrollar acciones de colaboración en el ámbito fiscal y que posibiliten el mejor aprovechamiento de las herramientas informáticas, junto con el continuo intercambio de procesos de gestión de datos que mejoren la efectiva aplicación para su constante perfeccionamiento con el objetivo común de mejorar la efectiva aplicación de sus sistemas tributarios y evitar las maniobras de evasión y elusión fiscales.

 

Con base en lo señalado, el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú, han tenido a bien acordar el siguiente Addendum al Convenio de Cooperación suscrito el 9 de marzo de 2002:

 

Artículo 1º.- OBJETIVO

 

LAS AUTORIDADES COMPETENTES se comprometen a cooperar mutuamente en el ámbito fiscal y tributario, promoviendo el conocimiento recíproco de legislación tributaria, métodos de control tributario, la formación de conciencia y cultura tributaria y gestión de procesos básicos y políticas aplicadas en la lucha contra la evasión y elusión fiscales.

 

Artículo 2º.- COMPROMISOS DE COOPERACIÓN

 

Con la perspectiva de tal cooperación, LAS AUTORIDADES COMPETENTES se comprometen a colaborar para:

 

Coordinar esfuerzos, experiencias y soluciones en lo relativo a la aplicación de la legislación fiscal;

 

Promover una política de intercambio mutuo de conocimientos en el ámbito de capacitación, formación técnica, realización de pasantías, intercambio de programas, cursos, iniciativas, experiencias e investigación en el campo tributario y fiscal estableciendo procedimientos para tales efectos;

 

Apoyar el intercambio de experiencias en materia de recursos humanos, formación tributaria especializada, y de conciencia y cultura tributaria;

 

Establecer un fluido intercambio de información relativo a aspectos tributarios de contribuyentes, en el ámbito de procesos de control, conforme a lo previsto en el Artículo 4º de este Addendum.

 

Artículo 3- TEMAS DE INTERCAMBIO DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS

 

Los temas a considerar en el intercambio de conocimientos y experiencias son los siguientes:

 

Sistemas y Procedimientos para combatir la evasión y elusión fiscal.

 

Técnicas de fiscalización.

 

Fiscalidad Internacional.

 

Cobro efectivo de deudas morosas.

 

Políticas de recursos humanos y capacitación del personal al servicio de la Administración Tributaría.

 

Estudios Económicos. Normativos y Tributarios.

 

Formación de conciencia y cultura tributaria.

 

Otras ternas que las AUTORIDADES COMPETENTES puedan acordar y considerar importantes para el logro de los Objetivos de EL CONVENIO.

 

Todos los productos obtenidos como resultado de este Addendum a EL CONVENIO serán de propiedad común de ambas Instituciones, que podrán utilizarlos en un futuro en aquellos proyectos o aplicaciones que estimen conveniente.

 

Artículo 4º.- DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

 

1. Objeto del Intercambio

 

Las AUTORIDADES COMPETENTES, en el marco del objeto de este Acuerdo, intercambiarán información para administrar y hacer cumplir sus leyes nacionales relativas a los tributos que administran, incluida la información para:

 

La determinación tanto de la liquidación y recaudación de dichos tributos, así como, en caso de corresponder, la determinación de las variaciones patrimoniales, consumo o disposición de bienes.

 

El cobro y la ejecución de créditos tributarios.

 

La investigación o persecución de presuntos delitos tributarios e infracciones a las leyes y reglamentos tributarios.

 

2. Información Habitual o Automática

 

Las AUTORIDADES COMPETENTES se transmitirán mutuamente información de manera habitual o automática sobre:

 

Operaciones y/o rentas gravadas, no gravadas o Exentas, realizadas u obtenidas en el territorio de los Estados de las AUTORIDADES COMPETENTES, respecto de las personas y tributos comprendidos en este acuerdo.

 

Informaciones generales sobre ramos de actividad económica.

 

La información en materia de valor tendiente a determinar la veracidad o exactitud del mismo.

 

Cualquier otro tipo de información que acuerden.

 

3. Información espontánea

 

Las AUTORIDADES COMPETENTES se transmitirán mutuamente información de manera espontánea, siempre que en el curso de sus propias actividades haya llegado al conocimiento de una de ellas, información que pueda ser relevante y de considerable influencia para el logro de los fines mencionados en el numeral 1 de este Artículo. La información relevante y de considerable influencia se podrá transmitir por vía electrónica a menos que se solicite lo contrario por la AUTORIDAD COMPETENTE requirente.

 

4. Información Específica

 

La AUTORIDAD COMPETENTE requerida facilitará información, previa solicitud específica de la AUTORIDAD COMPETENTE requirente, para los fines mencionados en el numeral 1 de este Artículo. Cuando la información que pueda obtenerse en los archivos de la AUTORIDAD COMPETENTE requerida no sea suficiente para dar cumplimiento a la solicitud, dicha Autoridad tomará las medidas permitidas por su propia legislación, incluidas las de carácter coercitivo, para facilitar a la Autoridad requirente la información solicitada, tales como:

 

Examinar libros, documentos, registros u otros bienes tangibles, que puedan ser pertinentes o esenciales para la investigación;

 

Inquirir a toda persona que tenga conocimiento o que esté en posesión, custodia o control de información que pueda ser pertinente o esencial para la investigación;

 

Hacer comparecer -de acuerdo con su propia legislación-, a toda persona que tenga conocimiento o que esté en posesión, custodia o control de información que pueda ser pertinente o esencial para la investigación, en fecha y lugar determinados, prestar declaración y presentar libros, documentos, registros u otros bienes tangibles.

 

Cuando una AUTORIDAD COMPETENTE solicita información con arreglo a lo dispuesto en este numeral, la AUTORIDAD COMPETENTE requerida le brindará la misma atención que lo haría a tributos de su competencia.

 

5. Procedimiento

 

Las AUTORIDADES COMPETENTES determinarán el tipo de información habitual o automática que se intercambiarán, así como la forma y procedimientos que se aplicarán para llevar a cabo los intercambios de información a que se refieren los numerales 2, 3 y 4 de este Artículo.

 

6. Limitaciones a la transmisión de información

 

En ningún caso, las disposiciones del apartado 1 de este Artículo pueden interpretarse en el sentido de obligar a las AUTORIDADES COMPETENTES a:

 

i.              Facilitar información cuya divulgación sería contraria al orden público,

 

ii.             Adoptar medidas administrativas contrarias a la legislación o práctica administrativa del Estado de la AUTORIDAD

 

COMPETENTE requirente o requerida,

 

iii.            Suministrar información que no se pueda obtener sobre la base de la legislación del propio Estado o en el ejercicio de su práctica administrativa normal o de las correspondientes a la otra AUTORIDAD COMPETENTE, y

 

iv.            Facilitar información solicitada por la AUTORIDAD COMPETENTE requirente para administrar o aplicar una disposición de la ley tributaria del Estado de la AUTORIDAD COMPETENTE requirente o un requisito relativo a dicha disposición, que discrimine contra un nacional del Estado de la AUTORIDAD COMPETENTE requerida.

 

7. Normas para ejecutar la solicitud

 

Salvo lo dispuesto en el numeral 5 de este Artículo, las disposiciones de los numerales anteriores se interpretarán en el sentido que imponen a una AUTORIDAD COMPETENTE, la obligación de utilizar todos los medios legales y desplegar sus mejores esfuerzos para ejecutar una solicitud. La AUTORIDAD COMPETENTE requerida actuará con la máxima diligencia no debiendo exceder para su respuesta el plazo de seis meses a contar de la fecha de recepción de la solicitud en el caso de intercambio de información específica, prorrogable, a petición de la AUTORIDAD COMPETENTE requerida por otros dos meses adicionales, en razón de la dificultad que pueda plantear la realización de la diligencia solicitada.

 

En caso de imposibilidad del cumplimiento del plazo para la respuesta o de dificultad para obtener la información, la AUTORIDAD COMPETENTE requerida deberá informarlo a la AUTORIDAD COMPETENTE requirente, indicando la oportunidad en que la respuesta podría ser enviada o la naturaleza de los obstáculos, según corresponda.

 

La AUTORIDAD COMPETENTE requerida, cuando no sea el organismo idóneo para el cumplimiento de la solicitud, remitirá la misma sin demora al organismo pertinente e informará de ello a la AUTORIDAD COMPETENTE requirente.

 

8. Uso de la información recibida

 

Toda información recibida por una AUTORIDAD COMPETENTE se considerará secreta, de igual modo que la información obtenida en virtud de las leyes nacionales del Estado de aquella Autoridad, o conforme a las condiciones de confidencialidad aplicables en la jurisdicción del Estado que la suministra, si tales condiciones son más restrictivas. Solamente se revelará a personas o autoridades del Estado de la AUTORIDAD COMPETENTE requirente, incluidos órganos judiciales, administrativos y al Ministerio Público cuando investigue hechos constitutivos de delito, que participen en la determinación, liquidación, recaudación y administración de los tributos objeto del presente Acuerdo, en el cobro de créditos tributarios derivados de tales tributos, en la aplicación de las leyes tributarias, en la persecución de delitos tributarios o en la resolución de los recursos administrativos referentes a dichos tributos, así como en la supervisión de todo lo anterior. Dichas personas o autoridades deberán usar la información únicamente para propósitos tributarios y podrán revelarla en procesos judiciales públicos ante los tribunales o en resoluciones judiciales del Estado requirente, en su relación con esas materias.

 

9. Validez legal de la información recibida

 

La información recibida por la AUTORIDAD COMPETENTE requirente se tendrá por válida siempre y cuando ésta haya sido emitida por la AUTORIDAD COMPETENTE requerida.

 

Artículo 5º.- Para los fines del presente Addendum LAS AUTORIDADES COMPETENTES se comprometen, en el marco de sus competencias y conforme a las respectivas normativas internas a:

 

Designar representantes en el seno de sus propias estructuras que sean puntos de referencia y contacto permanente, para definir y coordinar las modalidades operativas de ejecución del presente Addendum.

 

Enviar funcionarios especializados en las disciplinas que resulten de mutuo interés, para dar conferencias, apoyar en investigaciones y brindar asesoramiento de orden técnico-legal, previa determinación de los temas a desarrollar.

 

Efectuar pasantías y visitas de trabajo de funcionarios, para adquirir conocimientos fiscales, tecnológicos, legales y de capacitación del personal y de formación de conciencia y cultura tributaria, de interés para cada Administración Tributaria.

 

Artículo 6º.- Los requerimientos de cooperación, de conformidad con este Addendum, se formularán por escrito directamente entre los funcionarios designados como representantes por las AUTORIDADES COMPETENTES. La información útil para la ejecución de los requerimientos de cooperación, deberán acompañar dicha solicitud.

 

Artículo 7º.- LAS AUTORIDADES COMPETENTES -de común acuerdo- podrán efectuar ampliaciones y modificaciones al presente Addendum, conforme a las necesidades de cooperación y la experiencia lo requiera.

 

Artículo 8º.- LAS AUTORIDADES COMPETENTES, en el ámbito de cooperación establecido, mantendrán reserva respecto a la información suministrada entre las Administraciones Tributarias, con el fin de preservar la eficacia de la política fiscal para mantener la lucha contra la evasión y elusión fiscales, de acuerdo a sus respectivas legislaciones internas, en base a lo señalado en el segundo párrafo del numeral 3.1 del Artículo 3º de EL CONVENIO.

 

Artículo 9º.- LAS AUTORIDADES COMPETENTES seguirán constantemente el desarrollo de la cooperación convenida a través de este instrumento y de los resultados de conjunto de las experiencias realizadas, con el propósito de mejorar esta cooperación y elaborar, de ser el caso, ampliaciones o modificaciones al presente Addendum. Para el efecto se realizarán evaluaciones anuales a cargo de los funcionarios designados como representantes, de conformidad con el objetivo de este Addendum y cuyos resultados serán comunicados a LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

 

Artículo 10º.- Cada una de las AUTORIDADES COMPETENTES asumirá el costo de la implementación y funcionamiento originados por el presente Addendum, sin perjuicio de otras fuentes de financiamiento a las que puedan acceder independientemente cada una de ellas.

 

Artículo 11º.- El presente Addendum permanecerá en vigor en tanto ninguno de los Estados lo dé por terminado de acuerdo con lo establecido en los numerales 6.2 y 6.3 del Artículo 6º de EL CONVENIO.

 

Artículo 12º.- En caso de suscitarse controversias, dificultades o dudas en la aplicación de este Addendum, LAS AUTORIDADES COMPETENTES procurarán resolverlas de mutuo acuerdo, para lo cual pueden comunicarse directamente entre sí, a fin de llegar a un acuerdo, y lograr un cabal y oportuno cumplimiento de lo establecido en el presente instrumento.

 

Artículo 13º.- Lo dispuesto en este Addendum se aplicará sin perjuicio de lo señalado en EL CONVENIO y de lo establecido en otros convenios suscritos o a suscribirse entre dichos Estados.

 

Artículo 14º.- Adicionar al literal i), inciso a), numeral 2.1 del Artículo 2 de EL CONVENIO, lo siguiente: “…y en el caso de la República del Ecuador, el Director General del Servicio de Rentas Internas.”

 

El Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú ratifican la vigencia del Convenio suscrito el 9 de marzo de 2002. En todo aquello que no se diga en el presente Addendum, las autoridades competentes se sujetarán a las cláusulas contenidas en el Convenio principal.

 

Firmado en la Ciudad de Piura, Perú, a los 22 días del mes de octubre de 2009, en dos ejemplares originales, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

Fander Falcón Benítez

Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

del Ecuador

 

 

José Antonio García Belaunde

Ministro de Relaciones Exteriores del Perú

 

 

* Se procede a incorporar el texto del CONVENIO, suscrito en la ciudad de Lima- Perú a los nueve días del mes de marzo del dos mil dos, al que se hace referencia en el Addendum trascrito con la finalidad de realizar un control integral de constitucionalidad de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado ecuatoriano:

 

CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DEL

ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

DEL PERÚ PARA LA COOPERACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS

 

ARTÍCULO 1º

 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

 

1.1           Los Gobiernos de las Repúblicas del Ecuador del Perú, deseando velar por la precisa determinación y recaudación de impuestos, así como impedir la evasión fiscal y comprendiendo la necesidad de la colaboración mutua, a fin de sancionar las infracciones a las normas públicas y sociales, en relación a la evasión tributaria, han acordado prestarse asistencia mutua en estas materias en los términos que se establecen en el presente Convenio para la Cooperación entre Administraciones Tributarias.

 

1.2           La cooperación incluye la asistencia mutua para lograr los fines del presente Convenio, dentro del marco de la más estricta reciprocidad.

 

1.3           Ambos Estados asumirán las obligaciones y compromisos a los que se refiere este Convenio de conformidad y con las limitaciones que establezcan sus normas nacionales.

 

1.4           Las Partes se prestarán asistencia a través de los procedimientos de cooperación mutua a que se refiere el artículo 3º y mediante aquellas medidas complementarias que puedan acordar las autoridades competentes.

 

ARTÍCULO 2º

 

DEFINICIONES

 

2.1 Para los efectos del presente Convenio, se entenderá:

 

a)            Por “autoridad competente”:

 

En el caso de la República del Ecuador, el Director General del Servicio de Rentas Internas del Ecuador.

 

ii)            En el caso de la República del Perú, el Superintendente Nacional de Administración Tributaria.

 

b)            Por “Estado requirente” y “Estado requerido”.

 

El Estado Contratante que solicite o reciba la asistencia y el Estado Contratante que proporciona o al que se solicita dicha asistencia, respectivamente.

 

ARTÍCULO 3º

 

PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA MUTUA

 

3.1 Las autoridades competentes de los Estados Contratantes acordarán poner en práctica un programa destinado a lograr el objeto de este Convenio. Dicho programa podrá incluir, el intercambio de conocimientos técnicos (incluyendo consultorías, cursos de capacitación y pasantías), el desarrollo de nuevas técnicas de auditoría (incluyendo auditorias simultaneas e investigaciones simultáneas de delitos, en sus jurisdicciones y por sus autoridades competentes), la identificación de las nuevas áreas de evasión de impuestos y estudios conjuntos en torno a dichos sectores, la implementación de servicios al contribuyente, el desarrollo de sistemas de recaudación y otras medidas para mejorar el cumplimiento de las disposiciones en materia tributaria.

 

La información que se obtenga en cumplimiento de lo establecido en el Convenio será considerada reservada y no podrá transmitirse a ninguna persona distinta de las autoridades encargadas de la administración de los impuestos que son materia del presente Convenio.

 

3.2 Las autoridades competentes de los Estados Contratantes tratarán de resolver por mutuo acuerdo cualquier dificultad o duda derivada de la interpretación o aplicación del presente Convenio.

 

3.3 Las autoridades competentes de los Estados Contratantes podrán comunicarse directamente con el propósito de alcanzar un acuerdo de conformidad con lo dispuesto en este artículo.

 

ARTÍCULO 4º

 

COSTOS

 

4.1 Los costos ordinarios en que se incurra por la asistencia proporcionada serán sufragados por el Estado requirente, a menos que las autoridades competentes de los Estados Contratantes acuerden una forma distinta.

 

ARTÍCULO 5º

 

ENTRADA EN VIGOR

 

5.1 El presente Convenio entrará en vigor al efectuarse el canje de notas por los representantes de los Estados Contratantes autorizados para tal efecto, confirmando el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales y legales necesarios para poder ejecutar este Convenio.

 

ARTÍCULO 6º

 

ENMIENDA Y TERMINACIÓN

 

6.1 El presente Convenio podrá ser modificado o enmendado mediante acuerdo entre los Estados Contratantes.

 

6.2 Este Convenio permanecerá en vigor en tanto ninguno de los Estados lo dé por terminado de acuerdo con lo establecido en el numeral siguiente.

 

6.3 Cualquier Estado Contratante podrá dar por terminado el Convenio bastando para ello que comunique a la otra parte su decisión por vía diplomática y, con un mínimo de tres meses de antelación.

 

Firmado en la ciudad de Lima, Perú, a los nueve días del mes de marzo del dos mil dos, en dos ejemplares originales, siendo ambos igualmente auténticos.

 

Por el Gobierno de la República del Ecuador: Heinz Moeller Freile - Ministro de Relaciones Exteriores.

 

Por el Gobierno de la República del Perú: Diego García- Sayán Larrabure - Ministro de Relaciones Exteriores. Elsa de Mena: Directora General del Servicio de Rentas Internas del Ecuador

 

Armado Arteaga Quiñe Superintendente Nacional Adjunto de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT)

 

Intervención de la Presidencia de la República

 

Mediante oficio N.º T.5365-SNJ-10-1094 del 14 de julio del 2010 (a fs. 12), el Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República manifiesta:

 

“El Addendum tiene como objetivo que el Servicio de Rentas Internas del Ecuador y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria del Perú, se presten cooperación mutua en el ámbito fiscal y tributario a fin de promover el conocimiento recíproco de la legislación tributaria, métodos de control tributario, la formación de conciencia y cultura tributaria y gestión de procesos básicos y políticas aplicadas en la lucha contra la evasión y elusión fiscales.

 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto a los tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte del Presidente de la República, éstos deben ser puestos en conocimiento de la Corte Constitucional, la cual debe resolver si requieren o no aprobación legislativa. Por lo anteriormente mencionado, mucho le agradeceré se expida la correspondiente resolución.

 

Salvo mejor criterio, no considero procedente que el referido Addendum requiera aprobación legislativa, en razón de que no se encuentra en los casos previstos en el Art. 419 de la Constitución de la República, puesto que el Addendum estaría promoviendo la cooperación en materia Fiscal de los Estados Partes.”

 

Identificación de las Normas Constitucionales Con respecto a la protección y acceso a la información, la Constitución tiene varios artículos que los regulan, tales como:

 

 

Artículo 11, numeral 8, inciso 2, y numeral 9.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios:

 

8. inc. 2 Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos.

 

9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los Derechos garantizados en la Constitución.

 

Artículo 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:

 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior.

 

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna entidad pública negará la información.

 

Artículo 23.- Las personas tienen derecho a acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural, cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad. El derecho a difundir en el espacio público las propias expresiones culturales se ejercerá sin más limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.

 

Artículo 66, numerales 19, 20 y 21.- Se reconoce y garantizará a las personas: 19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.

 

El derecho a la intimidad personal y familiar.

 

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.

 

Artículo 147.- Son atribuciones y deberes de la Presidenta o Presidente de la República, además de los que determine la ley:

 

10. Definir la política exterior, suscribir y ratificar los tratados internacionales, nombrar y remover a embajadores y jefes de misión.

 

 

Artículo 416, numerales 1, 3 11.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que le rendirán cuenta sus responsables y ejecutores, y en consecuencia:

 

1. Proclama la independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad.

 

3. Condena la injerencia de los Estados en los asuntos internos de otros Estados, y cualquier forma de intervención, sea incursión armada, agresión, ocupación o bloqueo económico o militar.

 

11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica.

 

Artículo 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución.

 

Artículo 423.- La integración, en especial con los países de Latinoamérica y el Caribe será un objetivo estratégico del Estado. En todas las instancias y procesos de integración, el Estado ecuatoriano se comprometerá a:

 

1. Impulsar la integración económica, equitativa, solidaria y complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria; la adopción de una política económica internacional común; el fomento de políticas de compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado.

 

Artículo 424.- La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario carecerán de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución, prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder público.

 

Normativa internacional que debe observarse

 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en general se constituye en el marco jurídico de mayor deferencia y relevancia en la regulación internacional de los instrumentos internacionales, debido en gran parte a la masiva acogida que ha recibido por parte de la Comunidad Internacional, es sin duda un cuerpo normativo que tiene que observarse para determinar la capacidad del Estado ecuatoriano para que se ratifique y suscriba un instrumento internacional.

 

Así encontramos disposiciones como las contenidas en los artículos. 26; 27; 44, numeral 1; 46; 61; 62 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados que establecen:

 

Art. 26.- "Pacta sunt servanda". Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe.

 

Art. 27.- El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.

 

Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.

 

Art. 44.- Divisibilidad de las disposiciones de un tratado. 1. El derecho de una parte, previsto en un tratado o emanado del artículo 56, a denunciar ese tratado, retirarse de el o suspender su aplicación no podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto.

 

Art. 46.- Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno.

 

2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.

 

Art. 61.- Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento. (rebús sic stantibus): 1. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como causa para suspender la aplicación del tratado.

 

2. La imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por una de las partes como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación si resulta de una violación, por la parte que la alegue, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado.

 

62. Cambio fundamental en las circunstancias. 1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de é1 a menos que:

 

a) la existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado, y

 

b) ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado.

 

2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él:

 

a) si el tratado establece una frontera; o

 

b) si el cambio fundamental resulta de una violación por la parte que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado.

 

3. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como causa para suspender la aplicación del tratado.

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia de la Corte

 

El Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, es competente para conocer y emitir el correspondiente dictamen, de conformidad con lo previsto en la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N.º 52 del 22 de octubre del 2009.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 438, numeral 1 de la Norma Fundamental del Estado, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de los Tratados Internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional.

 

Sobre la base de las atribuciones conferidas en el artículo 107, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte es competente para realizar el presente control y emitir un informe sobre la necesidad de aprobación legislativa.

 

Según lo establece el artículo 110, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los Tratados Internacionales que requieran aprobación legislativa, tendrán un control automático de constitucionalidad antes de su ratificación, previo a iniciarse el respectivo proceso de aprobación legislativa.

 

Para resolver la presente causa, esta Corte procede a efectuar el análisis correspondiente.

 

Naturaleza jurídica, alcances y efectos del control constitucional de los Tratados Internacionales

 

Constituyéndose el Tratado Internacional en fuente de obligaciones por cuanto se lo considera como “un acuerdo de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional, destinado a producir efectos jurídicos, los cuales consisten en crear, modificar o extinguir una relación jurídica”1, resulta indispensable que se tome en cuenta que dentro de los tratados a suscribirse y ratificarse, se presente la posible incorporación de disposiciones que inobserven o vulneren el ordenamiento constitucional provocando una antinomia y, por ende, una falta de legitimidad formal y acoplamiento de aquellos instrumentos internacionales a la jerarquía normativa vigente.

 

El marco constitucional ecuatoriano ha enunciado taxativamente el orden de prelación normativa en su artículo 425, que establece: “El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos”. En tal virtud, se considera obligatorio el acoplamiento y respeto por parte de los tratados internacionales al texto constitucional, como también lo establece el artículo 417 de la misma norma antes citada, que obliga: “Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución”. En este sentido se hace necesario que exista un control previo y vinculante de constitucionalidad de los tratados que potencialmente puedan ser o no ratificados por parte del Estado ecuatoriano, para que la supremacía constitucional sea respetada por los convenios internacionales en los que sea parte el Estado ecuatoriano o que se constituyan en instrumentos internacionales ya ratificados y se encuentren dentro de su bloque de constitucionalidad, en lo referente a la protección de los Derechos Humanos y al alcance de las disposiciones que ahí se contengan.

 

Avanzando en el análisis de la naturaleza del control previo de constitucionalidad, vale la pena recalcar que al hablar de un Estado Constitucional, la fuerza de la norma suprema no se centra sólo en sus disposiciones, que pueden verse revestidas de una capacidad material de transformación o de innovación, sino además en los elementos que permiten su completo respeto y garantizan su efectivo cumplimiento. En tal virtud, el control de constitucionalidad se justifica plenamente, ya que de poco serviría una Constitución con parámetros garantistas de avanzada, de no presentarse la posibilidad de hacer cumplir sus disposiciones, lo que nos centra en la necesidad de proteger el estricto cumplimiento y acatamiento de ésta por sobre las normas internas o de tratados internacionales que obliguen o comprometan al Estado a una determinada situación jurídica. Por esta razón, se presenta la figura del dictamen respecto a la aprobación legislativa; el control constitucional previo a la aprobación legislativa y el control sobre las resoluciones mediante las cuales se imparte la aprobación legislativa, tal como lo dispone el artículo 107 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

En el presente caso nos encontramos frente al primero de los mecanismos de control de constitucionalidad señalados, en lo que respecta al “Addendum al Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú

 

 

   

 

1              MOROY Cabra, Marco Gerardo; “Derecho de los Tratados”; Editorial Temis; Bogotá – Colombia, 1978; P. 9.

 

para la Cooperación entre Administraciones Tributarias”; por consiguiente y dando cumplimiento al trámite previsto para determinar la necesidad de aprobación legislativa del  instrumento internacional antes señalado, se realizan las siguientes consideraciones interpretativas:

 

Se ha justificado plenamente el control de constitucionalidad que se debe realizar sobre los Tratados Internacionales en la medida en que no pueden transgredir el texto constitucional; sin embargo, otra de las razones por las cuales se hace necesario este control la encontramos en los efectos jurídicos que en la Comunidad Internacional se presentan respecto a la suscripción de uno de estos instrumentos, referente al principio “pacta sunt servanda” que constriñe a los Estados a cumplir sus obligaciones internacionales pactadas, por lo que, de suscribirse y ratificarse un Tratado o Convenio Internacional, sin revisar su pertinencia y armonía con el texto constitucional, se pondría en riesgo la eficacia y el debido respeto a la normativa suprema, y por ende a los intereses fundamentales del Estado.

 

“De modo general, en todo caso, los sistemas comparados no han previsto controles ex post facto de constitucionalidad de tratados internacionales pues, por el principio pacta sunt servanda, los instrumentos internacionales deben cumplirse sin que sea posible oponer normas de derecho interno para incumplir dichos compromisos2”.

 

Por lo dicho, se hace evidente que un control preventivo, previo o ex ante es necesario para que se logren proteger y precautelar las disposiciones constitucionales y el principio de seguridad jurídica imperante que plantea la previsión de las normas y la continuidad de las mismas, no sea irrumpido por contradicciones o errores interpretativos que se plasmen en Tratados Internacionales que obliguen al Ecuador en determinados temas que contraríen la efectiva aplicación y operatividad de la norma suprema. Se colige entonces que la finalidad del control previo de constitucionalidad es evitar que el contenido de un tratado internacional contrario a la constitución entre en vigencia, y en tal medida se realiza la interpretación del mismo.

 

El rol de la Asamblea Nacional en la ratificación o denuncia de los tratados y convenios internacionales

 

Dentro de una democracia, el órgano estatal que funge como el eje de la representatividad ciudadana es el Parlamento. En tal virtud, su actividad se debe constreñir a defender los intereses de todos los ciudadanos para cumplir con la tarea de realizar la normativa que determinará la convivencia social en búsqueda de su mejor desarrollo.

 

La Función Legislativa tiene una alta responsabilidad por cuanto de sus actos normativos dependerá la reglamentación del sistema jurídico-social que regula tanto a los ciudadanos como al propio Estado y sus instituciones. Sin embargo, las potestades legislativas tienen que cumplirse y realizarse acorde

 

               

 

2              PAREDES, Gonzáles; “Evolución y análisis histórico del Control Constitucional de Instrumentos Internacionales en el Ecuador”; en TEMAS CONSTITUCIONALES, Revista del Tribunal Constitucional del Ecuador No. 7 II Trimestre, P. 64.

 

a los límites establecidos por la norma suprema, respetándola y acatándola en todo momento, garantizando así la seguridad jurídica y la debida aplicación y respeto a sus principios fundamentales. No pueden, por ende, emitirse actos normativos contrarios a la Constitución de la República, y por ese motivo debe revisar los actos propios de sus funciones y competencias, para que se ajusten al texto constitucional.

 

Ahora bien, existen actividades del Estado, como en el caso de la suscripción de Tratados Internacionales, en las que tiene que realizarse un control de la pertinencia y respeto de lo que se pretende pactar en el Tratado con respecto a los intereses del Estado y de las personas a quienes presta sus servicios. Así, el Parlamento o, en el caso ecuatoriano, la Asamblea Nacional, como el órgano de representatividad directa de los intereses de los administrados-ciudadanos tiene dentro de sus competencias el control de los tratados internacionales a suscribirse, en los casos en que de conformidad con el artículo 419 de la Carta Magna: “1. Se refieran a materia territorial o de límites; 2. Establezcan alianzas políticas o militares; 3. Contengan el compromiso de expedir, modificar o derogar una ley; 4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución; 5. Comprometan la política económica del Estado establecida en su Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales; 6. Comprometan al país en acuerdos de integración y de comercio; 7. Atribuyan competencias propias del orden jurídico interno a un organismo internacional o supranacional; 8. Comprometan el patrimonio natural y en especial el agua, la biodiversidad y su patrimonio genético”3. Cúmplele entonces a la Asamblea revisar el contenido de los tratados internacionales en estos temas específicos, por disposición constitucional. Es así como el “Addendum al Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú para la Cooperación entre Administraciones Tributarias” requiere que se realice dicho control, por cuanto del análisis de su contenido material se constata que se enmarca dentro de las causales establecidas por el cuerpo normativo constitucional, específicamente del numeral 4, en lo que respecta a los derechos y garantías contenidos en la Constitución.

 

Constitucionalidad del instrumento internacional

 

El tratado del que se realiza el control de constitucionalidad se enmarca dentro del numeral 1 del artículo 107 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por lo que se revisará la pertinencia de su contenido con respecto a las disposiciones constitucionales respectivas.

 

Control formal

 

Dentro del presente caso que versa sobre el instrumento internacional sujeto a control de constitucionalidad no se han

 

 

 

3              Artículo 419 de la Constitución de la República del Ecuador; R.O. 449 del 20 de octubre de 2008.

 

observado errores de formalidad, por cuanto se ha seguido con el procedimiento establecido en el Capítulo III del Título V del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional. Se ha emitido el informe referente al instrumento en cuestión, observando todos los procedimientos establecidos en la normativa correspondiente.

 

 

Control material del Instrumento Internacional

 

Una vez que se ha determinado que el instrumento internacional objeto de análisis por parte de la Corte Constitucional se encuentra dentro de los casos que requieren aprobación previa de la Asamblea Nacional, es menester determinar la correspondencia o no de éste con el texto constitucional.

 

Se procede entonces a realizar el análisis de constitucionalidad del Convenio al que se trata de incorporar el Addendum materia de este control; por lo tanto, se indica que el mismo guarda pertinencia y compatibilidad con el texto constitucional ecuatoriano, en vista de que no se ha observado disposición alguna dentro de éste que contravenga o potencialmente vulnere un derecho constitucional. Sin embargo, se realiza el análisis correspondiente en lo que respecta al manejo de la información entre las Administraciones Tributarias, contenido dentro del mencionado Convenio en el artículo 3, numeral 3.1, cuando señala en su inciso segundo: “La información que se obtenga en cumplimiento de lo establecido en el Convenio será considerada reservada y no podrá transmitirse a ninguna persona distinta de las autoridades encargadas de la administración de los impuestos que son materia del presente Convenio”, lo cual representa un compromiso para que se respete y se mantenga en reserva la información confiada entre administraciones tributarias.

 

Asimismo, el Convenio, dentro de su artículo 5, en su punto 5.1 señala: “El presente Convenio entrará en vigor al efectuarse el canje de notas por los representantes de los Estados Contratantes autorizados para tal efecto, confirmando el cumplimiento de todos los requisitos constitucionales y legales necesarios para poder ejecutar este convenio”, disposición contenida en el Convenio que garantiza el respeto a la Constitución y a la observancia de sus disposiciones, así como a las disposiciones legales.

 

Continuando con el análisis de constitucionalidad del Addendum al Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú para la Cooperación entre Administraciones Tributarias, se establece que dentro de las disposiciones que se centran en el intercambio de información contenidas en este instrumento internacional se establecen varias disposiciones que regularán dicho intercambio de información, entre las cuales es preciso resaltar:

 

 

Las contenidas en el artículo 3 del Addendum, que se refieren al Intercambio de Conocimientos y Experiencias entre las administraciones tributarias que se refieren a:

 

I.              Sistemas y Procedimientos para combatir la evasión y elusión fiscal.

 

II.             Técnicas de fiscalización.

 

III.            Fiscalidad Internacional.

 

IV.           Cobro efectivo de deudas morosas.

 

V.            Políticas de recursos humanos y capacitación del personal al servicio de la Administración Tributaria.

 

VI.           Estudios Económicos, Normativos y Tributarios.

 

VII.          Formación de conciencia y cultura tributaria.

 

VIII.         Otras ternas que las AUTORIDADES COMPETENTES puedan acordar y considerar importantes para el logro de los Objetivos de EL CONVENIO.

 

Asimismo, el Addendum establece en su artículo 4 el régimen de intercambio de información, que se va determinando a lo largo de sus nueve apartados, los que guardan pertinencia con las disposiciones constitucionales y no afectan al ejercicio de los derechos que se encuentran dentro del máximo cuerpo normativo. Durante los nueve apartados a los que se hace referencia en el artículo 4 del instrumento internacional objeto del presente control, se analizan los límites y procedimientos que establece la ley nacional como válidos para la obtención de información que ha de ser compartida, así como el manejo reservado de dicha información por parte de las Administraciones Tributarias de los dos países, lo que es ratificado por el artículo 8 del mencionado Addendum. Se observa que el resto del articulado contenido en el instrumento internacional responde a la principal intención de mantener una cooperación entre las Administraciones Tributarias, lo cual responde a objetivos netamente administrativos.

 

Conclusión sobre la constitucionalidad del Instrumento Internacional

 

Del análisis realizado con respecto a la constitucionalidad del instrumento internacional en cuestión, se ha determinado que existe pertinencia y compatibilidad con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos del cuerpo normativo supremo señalados anteriormente. Es necesario indicar que el objetivo fundamental del referido instrumento internacional establece la necesidad de incrementar la cooperación y coordinación de las Administraciones Tributarias, con la finalidad de que se promueva el conocimiento recíproco de la legislación tributaria, de los métodos de control tributario, de la formación de conciencia y cultura tributaria y gestión de procesos básicos y políticas aplicadas en la lucha contra la evasión y elusión fiscales.

 

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el período de transición, emite el siguiente:

 

DICTAMEN

 

El Addendum al Convenio entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República del Perú para la Cooperación entre Administraciones Tributarias requiere de aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro del numeral 4 del artículo 419 de la Constitución de la República.

 

Se dictamina que las disposiciones contenidas en el indicado Addendum guardan armonía con la Constitución; en consecuencia, se declara su constitucionalidad.

 

Notificar al señor Presidente Constitucional de la República con el presente dictamen, a fin de que lo haga conocer a la Asamblea Nacional.

 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

 

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

Razón: Siento por tal, que el Dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con ocho votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote, Nina Pacari Vega, Manuel Viteri Olvera y Patricio Pazmiño Freire. Sin contar con la presencia del doctor Edgar Zárate Zárate, en sesión del día jueves primero de septiembre del dos mil once. Lo certifico.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

CAUSA Nº 0032-10-TI

 

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día lunes veintiséis de septiembre del dos mil once, a las 11h30.- Lo certifico.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por f.) Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 5 de octubre del 2011.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

Quito, D. M., 01 de septiembre del 2011

 

DICTAMEN N.º 009-11-DTI-CC

 

CASO N.º 0037-10-TI

 

CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN

 

Juez Constitucional Ponente: Dr. Patricio Pazmiño Freire I.

 

I. ANTECEDENTES

 

Resumen de admisibilidad

 

Mediante oficio N.º T. 5450-SNJ-10-1244 del 11 de agosto del 2010, el doctor Alexis Mera Giler, Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República, pone en conocimiento de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, el “Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en Caracas el 6 de julio del 2010, para que, de conformidad con el artículo 438, numeral 1 de la Constitución de la República, expida el correspondiente dictamen acerca de la constitucionalidad de este instrumento internacional.

 

De conformidad con el sorteo efectuado por el Pleno del Organismo en sesión ordinaria del 19 de agosto del 2010, la Secretaría General de la Corte Constitucional procedió a remitir el caso signado con el N.º 0037-10-TI al doctor Patricio Pazmiño Freire, Juez Sustanciador, quien, de conformidad con los artículos 107 numeral 1, 108 y 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, determina su competencia para efectos de control respecto al dictamen sobre la necesidad de aprobación legislativa del instrumento internacional materia de estudio.

 

Posteriormente, mediante oficio N.º 0101-CC-PPF-2010 del 23 de noviembre del 2010, el doctor Patricio Pazmiño Freire, juez ponente, remite a la Secretaría General de la Corte Constitucional el informe de necesidad de aprobación legislativa del “Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, para conocimiento y resolución del Pleno.

 

En sesión ordinaria del 25 de noviembre de 2010, el Pleno de la Corte Constitucional aprobó el informe presentado por el juez ponente, doctor Patricio Pazmiño. De esta forma, se dispone la publicación del texto del referido instrumento internacional en el Registro Oficial y en el portal electrónico de la Corte Constitucional.

 

El texto del “Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, fue publicado en el Suplemento del Registro Oficial N.º 342 del 16 de diciembre del 2010.

 

 

II. TEXTO DEL CONVENIO

 

ACUERDO DE COOPERACIÓN PARA EL

DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, COMPLEMENTARIO AL ACUERDO BÁSICO DE COOPERACIÓN TÉCNICA ENTRE Y EL

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

 

“Entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en lo sucesivo denominados las "Partes";

 

CONSIDERANDO el Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Caracas el 28 de abril de 2007;

 

REAFIRMANDO la alianza estratégica entre ambos países que contribuirá al máximo aprovechamiento de su potencial para la complementación científica, tecnológica e industrial, con miras al desarrollo de un modelo socio-productivo endógeno, diversificado e independiente en cada país;

 

DESEOSOS de promover y ampliar la cooperación entre los dos países en el campo científico y tecnológico, dada su importancia para identificar oportunidades de creación, difusión, aplicación, transferencia y apropiación social de nuevos conocimientos con criterios de igualdad y beneficio mutuo;

 

MOTIVADOS por la voluntad común de concentrar esfuerzos conjuntos para el desarrollo de proyectos y actividades de aplicación científica y tecnológica de interés mutuo con miras a alcanzar las metas sociales y económicas de sus respectivas sociedades; y,

 

Han convenido en suscribir el presente acuerdo de cooperación para el desarrollo científico y tecnológico, el cual se regirá por los artículos siguientes:

 

ARTÍCULO I

 

El presente acuerdo tiene como objeto establecer la cooperación en materia científica y tecnológica entre las Partes, mediante el impulso de iniciativas dirigidas al intercambio de experiencias, prestación de asesorías técnicas y el desarrollo de programas y/o proyectos de mutuo interés, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de cada una de las Partes.

 

ARTÍCULO II

 

Para el desarrollo del presente Acuerdo, las Partes podrán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, ejecutar cualquiera de las siguientes modalidades de cooperación:

 

Misiones técnicas y visitas exploratorias en las áreas de ciencia y tecnología;

 

El intercambio de información y experiencias en materia de investigación, aplicación y políticas públicas de ciencia y tecnología;

 

La ejecución de programas de intercambio de personal y de formación y capacitación de talento humano, incluida la formación de facilitadores, así como para el desarrollo de proyectos y actividades de cooperación científica y tecnológica;

 

El intercambio entre grupos y redes de investigación de ambos países según las actividades convenidas de mutuo acuerdo;

 

La realización conjunta y coordinada de programas y/o estudios de investigación y/o desarrollo con prioridades definidas de común acuerdo entre las Partes;

 

Realización conjunta y coordinada de actividades de investigación y difusión de nuevos conocimientos y tecnologías;

 

La organización de seminarios, talleres y cursos de formación en ciencia y tecnología, así como el intercambio de información científica y técnica, documentos, muestras de laboratorio y equipamiento;

 

La realización de programas de intercambio de científicos, especialistas y expertos para el desarrollo tecnológico y productivo;

 

Cualquier otro mecanismo de intercambio que permita consultas recíprocas e intercambio de experiencias, de conformidad con sus respectivas políticas de desarrollo económico y social.

 

 

ARTÍCULO III

 

Las áreas en las que inicialmente las Partes promoverán la realización de actividades conjuntas de desarrollo científico y tecnológico son las siguientes:

 

Ambiente.

 

Salud.

 

Biotecnología.

 

Alimentos.

 

Agroproducción.

 

Educación.

 

Tecnologías de información y comunicación.

 

Energía.

 

Construcción.

 

Automotriz.

 

Gestión científica y tecnológica.

 

Cualquier otra que de mutuo acuerdo consideren necesaria las Partes.

 

Las Partes se comprometen a revisar periódicamente los programas definidos para la cooperación en ciencia y tecnología entre los países, en función de sus planes nacionales de ciencia y tecnología.

 

Los detalles y procedimientos sobre las áreas de cooperación específicas al amparo de este acuerdo serán cumplidos mediante programas, planes de trabajo y/o convenios específicos, que deberán formularse de conformidad con las disposiciones legales de las Partes, y una vez aprobados por las Partes, se irán incorporando como anexos al presente instrumento.

 

ARTÍCULO IV

 

Las Partes acuerdan designan como órganos ejecutores;

 

Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela: el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias.

 

Por el Gobierno de la República del Ecuador: la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología.

 

Dichos órganos ejecutores podrán delegar y/o designar a entes o instituciones de su ámbito de competencia para la ejecución del presente instrumento.

 

ARTÍCULO V

 

Para la planificación, gestión y evaluación de las actividades derivadas del presente acuerdo, las Partes constituyen una Comisión Bilateral de Desarrollo Científico y tecnológico conformada por al menos tres (3) representantes de los órganos ejecutores, que se reunirá anual y alternativamente en las ciudades de Caracas y Quito.

 

Dicha Comisión presentará informes periódicos sobre la ejecución del presente acuerdo a la Comisión de Cooperación Horizontal, creada conforme a lo dispuesto en el artículo VI del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el gobierno de la República del Ecuador y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Caracas, el 28 de abril del 2007.

 

 

ARTÍCULO VI

 

La Comisión Bilateral de Desarrollo Científico y tecnológico constituida entre las Partes al amparo de este instrumento será la responsable de promover y regular la instrumentación técnica del mismo y tendrá, entre otras, las siguientes responsabilidades:

 

Realizar el levantamiento e intercambio de información, definir las prioridades de cooperación, así como elaborar y coordinar los planes de trabajo, incluyendo el cronograma de actuaciones y el seguimiento a su implementación.

 

Definir de mutuo acuerdo la metodología, mecanismo y procedimientos para el desarrollo de las actividades aquí definidas.

 

Intercambiar opiniones sobre las perspectivas de la cooperación bilateral en el campo científico y tecnológico, y examinar nuevas propuestas.

 

Identificar las fuentes y gestionar la obtención de recursos financieros necesarios para atender los proyectos y actividades que se generen en el marco de este instrumento.

 

Promover la transferencia y divulgación de los conocimientos resultantes de los trabajos conjuntos.

 

Asegurar la concreción de los proyectos y actividades específicas que se acuerden.

 

Crear condiciones favorables para la implementación de esta Acta de Compromiso.

 

Cualquier otra actividad que de mutuo acuerdo entre las partes sea necesaria para el logro del objeto del presente instrumento.

 

ARTÍCULO VII

 

Las Partes acuerdan que los gastos generados por los programas, planes de trabajo y/o convenios específicos serán asumidos por las Partes de mutuo acuerdo, y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria y al ordenamiento jurídico de las mismas.

 

ARTÍCULO VIII

 

El presente acuerdo no obliga a las Partes sino lo estrictamente expresado en su contenido. En tal sentido, no generará derechos preferentes exclusivos o excluyentes, ni compromete la ejecución de proyectos y actividades conjuntas ni la constitución de alianzas con otros países o empresas. En consecuencia, no afectará los compromisos asumidos por las Partes en acuerdos suscritos con terceras partes.

 

ARTÍCULO IX

 

Cualquier duda o controversia surgida entre las Partes, con motivo de la interpretación o aplicación del presente instrumento, será resuelta por medio de negociaciones directas, por la vía diplomática.

 

ARTÍCULO X

 

El presente acuerdo podrá ser modificado de mutuo acuerdo por las Partes, por la vía diplomática. Dichas modificaciones entrarán en vigor de conformidad con lo establecido en el Artículo XI.

 

ARTÍCULO XI

 

El presente acuerdo entrará en vigor en la fecha de la última comunicación, mediante la cual las Partes se notifiquen el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales internos exigidos para tal efecto y tendrá una duración de tres (3) años, prorrogable automáticamente por períodos iguales, salvo que una de las Partes comunique a la otra, su intención de no hacerlo, con un mínimo de tres (3) meses de anticipación a la fecha de su expiración.

 

Cualquiera de las Partes podrá denunciar el presente acuerdo, en cualquier momento mediante notificación por escrito a la otra. La denuncia surtirá efecto a los tres (3) meses después de recibida dicha notificación.

 

La denuncia del presente acuerdo, no afectará el desarrollo de los proyectos y actividades acordado por Las Partes, a menos que acuerden lo contrario.

 

Firmado en la ciudad de Caracas, a los seis (6) días del mes de julio del 2010, en dos (2) ejemplares originales en idioma castellano, siendo ambos textos igualmente auténticos.

 

Por el Gobierno de la República del Ecuador,

 

f.) Manuel Baldeón Tixe, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología. Por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela,

 

f.) Ricardo Menéndez, Ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias”.

 

Intervención de la presidencia de la república

 

Mediante oficio N.º T. 5450-SNJ-10-1244 del 11 de agosto del 2010 (a fs. 10), el doctor Alexis Mera Giler, Secretario Nacional Jurídico de la Presidencia de la República, manifiesta:

 

El Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en Caracas el 6 de julio del 2010, tiene por objeto establecer la cooperación en materia científica y tecnológica entre las Partes, mediante el impulso de iniciativas dirigidas al intercambio de experiencias, prestación de asesorías técnicas y el desarrollo de programas y/o proyectos de mutuo interés.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, respecto a los tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte del presidente de la república, señala que éstos serán puestos en conocimiento de la Corte Constitucional, para que pronuncie si requieren o no aprobación legislativa.

 

Manifiesta que salvo mejor criterio, no considera procedente que el Acuerdo en mención requiera aprobación legislativa, en razón de que no se encuentra en los casos previstos en el artículo 419 de la Constitución de la República, puesto que el presente Acuerdo Complementario busca únicamente promover y ampliar la cooperación entre los países partes en el campo científico y tecnológico.

 

Identificación de las normas constitucionales

 

Art. 417.- Los tratados internacionales ratificados por el Ecuador se sujetarán a lo establecido en la Constitución. En el caso de los tratados y otros instrumentos internacionales de derechos humanos se aplicarán los principios pro ser humano, de no restricción de derechos, de aplicabilidad directa y de cláusula abierta establecidos en la Constitución

 

Art. 418.- A la Presidenta o Presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados y otros instrumentos internacionales. La Presidenta o Presidente de la República informará de manera inmediata a la Asamblea Nacional de todos los tratados que suscriba, con indicación precisa de su carácter y contenido. Un tratado sólo podrá ser ratificado, para su posterior canje o depósito, diez días después de que la Asamblea haya sido notificada sobre el mismo.

 

Art. 419.- La ratificación o denuncia de los tratados internacionales requerirá la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos que:

 

4. Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución.

 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.

 

Art. 277.- Para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del Estado:

 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.

 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, asociativa, cooperativa y privada.

 

Art. 298.- Se establecen preasignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados, al sector salud, al sector educación, a la educación superior; y a la investigación, ciencia, tecnología e innovación en los términos previstos en la ley. Las transferencias correspondientes a preasignaciones serán predecibles y automáticas. Se prohíbe crear otras preasignaciones presupuestarias.

 

Sección VIII

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y SABERES ANCESTRALES

 

Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:

 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos.

 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.

 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir.

 

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.

 

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.

 

 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:

 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.

 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.

 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco de lo establecido en la Constitución y la Ley.

 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos ancestrales. 5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley.

 

 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo.

 

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE

LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia de la Corte

 

El Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, es competente para conocer y emitir el correspondiente dictamen, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición, publicado en la Constitución de la República del Ecuador, en el Registro Oficial N.º 449 del 20 de octubre del 2008 y la resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial N.º 451 del 22 de octubre del mismo año, y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial N.º 52 del 22 de octubre del 2009.

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 438, numeral 1 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de los tratados internacionales, previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional.

 

Sobre la base de las atribuciones conferidas en el artículo 107, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Corte Constitucional es competente para realizar el presente control y emitir un informe sobre la necesidad de aprobación legislativa; informe previo que fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional en sesión del 25 de noviembre del 2010.

 

Según lo establece el artículo 110, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, los tratados internacionales que requieran aprobación legislativa tendrán un control automático de constitucionalidad antes de su ratificación, previo a iniciarse el respectivo proceso de aprobación legislativa.

 

Siendo el Estado de la Causa el de resolver, esta Corte procede a efectuar el análisis correspondiente.

 

Constitucionalidad del instrumento internacional

 

Conforme lo previsto en el artículo 110, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, le corresponde a la Corte Constitucional efectuar un control automático de constitucionalidad de los tratados internacionales que requieran aprobación legislativa, previo a iniciarse el proceso de aprobación; disposición que guarda relación con la prevista en el artículo 71 numeral 2 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

 

En tal virtud, la Corte Constitucional realizará tanto un control formal como material del presente acuerdo internacional.

 

Control formal Conforme lo establece el artículo 438, numeral 1 de la Constitución de la República, la Corte Constitucional ejerce un control formal sobre los tratados internacionales previamente a su ratificación por parte de la Asamblea Nacional. En el caso concreto, el “Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, por desarrollar derechos fundamentales y de los denominados del buen vivir, específicamente el derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico, consagrado en el artículo 25 de la Constitución de la República, requiere aprobación de la Asamblea Nacional previo a su ratificación, al encontrarse incurso en el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución.

 

En esta línea, el informe respecto a la necesidad de aprobación legislativa, aprobado por el Pleno del Organismo el 25 de noviembre del 2010, determinó que el Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, trata en lo fundamental de establecer mecanismos de cooperación entre Ecuador y Venezuela en materia científica y tecnológica, a través del impulso de iniciativas dirigidas al intercambio de experiencias, prestación de asesorías técnicas y el desarrollo de programas y/o proyectos de mutuo interés, y por tanto, al referirse a derechos fundamentales, se enmarca dentro del numeral 1 del artículo 107 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en armonía con lo previsto en el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución de la República, que señala: “Se refieran a los derechos y garantías establecidas en la Constitución”.

 

De esta forma, al tratarse de un instrumento internacional que requiere aprobación legislativa, corresponde a esta Corte realizar un control automático de constitucionalidad, antes de su ratificación, previo a iniciarse el respectivo proceso de aprobación legislativa, conforme lo previsto en el artículo 110, numeral 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

Control material

 

La Corte Constitucional procederá a realizar el control material de las disposiciones contenidas en el instrumento internacional materia del presente análisis con el texto constitucional, con la finalidad de determinar si guardan conformidad con la Constitución de la República. Para el efecto, deberá examinar cada una de las disposiciones del Acuerdo con el objeto de determinar la constitucionalidad de las mismas.

 

En primer lugar, cabe mencionar que el Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico materia de revisión, es complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Caracas, el 28 de abril del 2007, claramente establecido en su denominación, y cuyo fundamento se encuentra en el artículo III del mencionado Acuerdo Básico, que prevé: “Las partes convienen en que el presente Acuerdo se constituya en adelante en el marco normativo de la cooperación horizontal entre los dos países, por lo que podrán adoptar Acuerdos Complementarios en cada área de interés. Dichos Acuerdos Complementarios deberán especificar los programas y proyectos de cooperación, los objetivos y metas, recursos financieros y técnicos, cronogramas de trabajo, así como las áreas donde estos serán ejecutados”.

 

El Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, se compone de once artículos, cuyo objeto es establecer la cooperación en materia científica y tecnológica entre las Partes, mediante el impulso de iniciativas dirigidas al intercambio de experiencias, prestación de asesorías técnicas y el desarrollo de programas y/o proyectos de mutuo interés, de conformidad con el ordenamiento jurídico interno de cada una de las Partes, conforme se desprende del artículo 1 del referido Acuerdo.

 

Para el desarrollo del Acuerdo, atentos a su artículo II, se establece que las partes podrán ejecutar cualquiera de las siguientes modalidades de cooperación: “a. Misiones técnicas y visitas exploratorias en las áreas de ciencia y tecnología; b. El intercambio de información y experiencias en materia de investigación, aplicación y políticas públicas de ciencia y tecnología; c. La ejecución de programas de intercambio de personal y de formación y capacitación de talento humano, incluida la formación de facilitadores, así como para el desarrollo de proyectos y actividades de cooperación científica y tecnológica; d. El intercambio entre grupos y redes de investigación de ambos países según las actividades convenidas de mutuo acuerdo; e. La realización conjunta y coordinada de programas y/o estudios de investigación y/o desarrollo con prioridades definidas de común acuerdo entre las Partes; f. Realización conjunta y coordinada de actividades de investigación y difusión de nuevos conocimientos y tecnologías; g. La organización de seminarios, talleres y cursos de formación en ciencia y tecnología, así como el intercambio de información científica y técnica, documentos, muestras de laboratorio y equipamiento; h. La realización de programas de intercambio de científicos, especialistas y expertos para el desarrollo tecnológico y productivo; e, i. Cualquier otro mecanismo de intercambio que permita consultas recíprocas e intercambio de experiencias, de conformidad con sus respectivas políticas de desarrollo económico y social”.

 

De esta forma, el objetivo del Acuerdo en mención y las modalidades de cooperación para su desarrollo se enmarcan plenamente dentro de los fines del Estado constitucional de derechos y justicia, que buscan garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, dentro de los cuales encontramos los derechos del buen vivir, entre ellos, el derecho de las personas a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales, así lo establece el artículo 25 de la Constitución.

 

Así, el derecho a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales, como parte de los derechos del buen vivir, es objeto de desarrollo en el texto constitucional, al ser tratado en otros apartados. Es claro entonces que el objeto del acuerdo es concordante con el artículo 25 de la Constitución y con otras disposiciones constitucionales que garantizan y promueven la ciencia, la tecnología, las artes y los saberes ancestrales.

 

En consecuencia, la ejecución del Acuerdo en mención contribuirá a garantizar el derecho de todas las personas a gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y tecnológico. En el artículo III del Acuerdo las Partes señalan las áreas en las que inicialmente promoverán la realización de actividades conjuntas de desarrollo científico y tecnológico, entre ellas se encuentran: “1. Ambiente. 2. Salud. 3. Biotecnología. 4. Alimentos. 5. Agroproducción. 6. Educación. 7. Tecnologías de información y comunicación. 8. Energía. 9. Construcción. 10. Automotriz. 11. Gestión científica y tecnológica. 12. Cualquier otra que de mutuo acuerdo consideren necesaria las Partes”. El artículo referido es coincidente con las normas constitucionales y legales vigentes en el país, en tanto, las áreas mencionadas inicialmente son esenciales para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, siempre que se produzca dentro de un marco de respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, entre otros. Responde además a un mandato constitucional de generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos, dentro del marco del sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, establecido en la Sección Octava, “Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales”, artículo 385 de la Constitución de la República.

 

En este orden, el artículo IV del Acuerdo en estudio establece que las Partes designan como órganos ejecutores, por el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, al Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias, y por el Gobierno de la República del Ecuador, a la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. A su vez, dichos órganos ejecutores podrán delegar y/o designar a entes o instituciones de su ámbito de competencia para la ejecución del presente Acuerdo. Dada la naturaleza del Acuerdo en revisión resulta pertinente la designación de dichos órganos ejecutores, en tanto, les han sido atribuidas facultades de rectoría en políticas de investigación científica y tecnológica. Ahora bien, en el caso de nuestro país, es necesario realizar un ajuste en el texto del convenio, debido a que la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) se fusionó1 con la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, mediante Decreto Ejecutivo N.º 517, publicado en el Registro Oficial N.º 309 del 27 de octubre del 2010. Así, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, creada mediante ley s/n, Ley Orgánica de Educación Superior, publicada en el Suplemento

 

 

   

 

1              El artículo 3 el Decreto Ejecutivo No. 517, establece: “Art. 3.- Todas las competencias, atribuciones, funciones, representaciones y delegaciones, constantes en leyes, reglamentos y demás instrumentos normativos, que hasta la presente fecha eran ejercidas por la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) pasa a ser ejercidas por la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación”.

 

del Registro Oficial N.º 298 del 12 de octubre del 2010, es el órgano que tiene por objeto ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior, conforme el artículo 182 de la referida Ley Orgánica.

 

En tal sentido, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación deberá ser el órgano ejecutor del Acuerdo materia de verificación, tomando en consideración las funciones atribuidas por ley al nuevo ente, entre las que se  encuentran: “Art. 183.- g) Establecer desde el gobierno nacional, políticas de investigación científica y tecnológica de acuerdo con las necesidades del desarrollo del país y crear los incentivos para que las universidades y escuelas politécnicas puedan desarrollarlas, sin menoscabo de sus políticas internas”. Atribución que guarda relación además con los artículos 385 y 386 de la Constitución de la República, que consagran el sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales. Este sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. Es más, el artículo 6 del Decreto Ejecutivo N.º 517, referido en líneas anteriores, prevé textualmente que: “los derechos y obligaciones constantes en convenio, contratos u otros instrumentos jurídicos, nacionales o internacionales, vinculados con la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) serán asumidos por la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. El artículo V del Acuerdo establece que para efectos de planificación, gestión y evaluación de las actividades derivadas del mismo, las Partes constituyen una Comisión Bilateral de desarrollo científico y tecnológico conformada por al menos tres (3) representantes de los órganos ejecutores, que se reunirá anual y alternativamente en las ciudades de Caracas y Quito. Asimismo, que la Comisión referida presentará informes periódicos sobre la ejecución del presente Acuerdo a la Comisión de Cooperación Horizontal, creada conforme a lo dispuesto en el artículo VI del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República del Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, suscrito en la ciudad de Caracas, el 28 de abril del 2007.

 

La disposición del presente artículo no se encuentra en oposición con norma alguna constitucional o legal, puesto que trata únicamente de la constitución de una Comisión Bilateral para efectos de planificar, ejecutar y evaluar las actividades que se deriven del Acuerdo, la cual además tendrá la obligación de presentar informes periódicos sobre su trabajo a la Comisión de Cooperación Horizontal, establecida en el artículo VI del Acuerdo Básico de Cooperación Técnica.

 

El artículo VI del Acuerdo, materia de análisis, determina las responsabilidades atribuidas a la Comisión Bilateral de Desarrollo Científico y tecnológico, referida en líneas anteriores, la cual es responsable de promover y regular la instrumentación  técnica del Acuerdo; entre ellas tenemos: “1. Realizar el levantamiento e intercambio de información, definir las prioridades de cooperación, así como elaborar y coordinar los planes de trabajo, incluyendo el cronograma de actuaciones y el seguimiento a su implementación. 2. Definir de mutuo acuerdo la metodología, mecanismo y procedimientos para el desarrollo de las actividades aquí definidas. 3. Intercambiar opiniones sobre las perspectivas de la cooperación bilateral en el campo científico y tecnológico, y examinar nuevas propuestas. 4. Identificar las fuentes y gestionar la obtención de recursos financieros necesarios para atender los proyectos y actividades que se generen en el marco de este instrumento. 5. Promover la transferencia y divulgación de los conocimientos resultantes de los trabajos conjuntos. 6. Asegurar la concreción de los proyectos y actividades específicas que se acuerden. 7. Crear condiciones favorables para la implementación de esta Acta de Compromiso. 8. Cualquier otra actividad que de mutuo acuerdo entre las partes sea necesaria para el logro del objeto del presente instrumento”.

 

El compromiso acordado por las Partes en el presente Acuerdo debe ser instrumentalizado y ejecutado. Para ello, la constitución de una Comisión Bilateral que en el marco de este Acuerdo se encargue técnicamente de dar concreción a los proyectos y actividades específicas que se convengan, dotándole para dichos efectos de varias responsabilidades; disposiciones que son concordantes con el objeto del Acuerdo y especialmente con uno de los principios de las relaciones internacionales, la integración2, objetivo estratégico del Estado, consagrado en el artículo 423, numeral 2 de la Constitución, mediante el cual el Ecuador se compromete a promover estrategias conjuntas en materia de investigación, desarrollo científico e intercambio de conocimiento y tecnología. Además de guardar relación con el artículo 387 de la Carta Suprema, que establece como responsabilidad del Estado promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la investigación científica y tecnológica y potenciar los saberes ancestrales, para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.

 

En el artículo VII, las Partes acuerdan que los gastos generados por los programas, planes de trabajo y/o convenios específicos serán asumidos por ellas de mutuo acuerdo, y de conformidad con la disponibilidad presupuestaria y al ordenamiento jurídico de las mismas. En este punto, la Corte Constitucional observa que la disposición referida otorga libertad a las Partes contratantes para asumir los gastos que demande la ejecución del presente Acuerdo, con observancia del ordenamiento jurídico y disponibilidad presupuestaria de cada Estado, y en consecuencia, la misma se ajusta a los artículos 298 y 388 de la Constitución de la República, que establecen la obligación del Estado de destinar los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento.

 

 

De la lectura del artículo VIII podemos concluir que el mismo tiene como objetivo establecer que el presente Acuerdo no obliga sino en lo estrictamente expresado en su contenido y,

por tanto, no afectará los compromisos asumidos por cada una de las Partes en acuerdos suscritos con terceras personas, puesto que no genera derechos preferentes exclusivos o excluyentes, ni compromete la ejecución de proyectos y actividades conjuntas ni la constitución de alianzas con otros países o empresas.

 

Por tanto, la aplicación de la presente disposición no encuentra contradicción alguna con la Constitución de la República, en la medida en que busca no afectar compromisos y proyectos asumidos, en aras de promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa, comunitaria, asociativa, cooperativa y privada. Por su parte, el artículo IX establece que en caso de duda o controversia surgida entre las Partes, con motivo de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo, será resuelta por medio de negociaciones directas, por la vía diplomática, norma que concuerda con lo establecido en el artículo 416, numeral 2 de la Constitución de la República, que propugna la solución pacífica de las controversias y los conflictos internacionales, y rechaza la amenaza o el uso de la fuerza para resolverlos.

 

Los artículos X y XI del Acuerdo hacen relación a los mecanismos de enmienda y denuncia de dicho instrumento internacional, otorgando amplia libertad a las Partes para el efecto, así como se establece la fecha de entrada en vigor; disposiciones que guardan plena armonía con la Constitución de la República.

 

Conclusión sobre la constitucionalidad del “Acuerdo para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Convenio Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”

 

Por las argumentaciones expuestas, esta Corte concluye que el Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, requiere aprobación legislativa previa por parte de la Asamblea Nacional, en atención a la materia de los compromisos que se adquieren, los cuales guardan relación con el presupuesto previsto en el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución de la República, al referirse a derechos y garantías establecidos en el texto constitucional.

 

 

   

 

 

 

2              El artículo 416, número 11 de la Constitución, establece: “Art. 416.- Las relaciones del Ecuador con la comunidad internacional responderán a los intereses del pueblo ecuatoriano, al que rendirán cuenta sus responsables ejecutores, y en consecuencia: 11. Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica”.

 

Además, se evidencia que las normas contenidas en el Acuerdo sujeto a revisión, suscrito entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela, guardan armonía con los preceptos constitucionales tanto formal como materialmente, en los términos indicados en este dictamen.

 

IV. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el período de transición, emite el siguiente:

 

El “Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, suscrito en la ciudad de Caracas el 6 de julio del 2010, requiere de aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional, por encontrarse dentro de los casos que establece el numeral 4 del artículo 419 de la Constitución de la República.

 

Las disposiciones contenidas en el “Acuerdo de Cooperación para el Desarrollo Científico y Tecnológico, complementario al Acuerdo Básico de Cooperación Técnica entre el Gobierno de la República de Ecuador y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela”, guardan armonía con la Constitución, en consecuencia, se declara su constitucionalidad.

 

Remítase el expediente a la Presidencia de la República.

 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

 

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

Razón: Siento por tal, que el Dictamen que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con ocho votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote, Nina Pacari Vega, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia del doctor Manuel Viteri Olvera, en sesión del día jueves primero de septiembre del dos mil once. Lo certifico.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

CAUSA Nº 0037-10-TI

 

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día lunes veintiséis de septiembre del dos mil once, a las 11h15.- Lo certifico.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por f.) Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 5 de octubre del 2011.- f.) Ilegible, Secretaría General. Quito, D. M., 01 de septiembre del 2011

 

SENTENCIA N.º 016-11-SEP-CC

 

CASO N.º 0639-10-EP

 

Juez constitucional ponente: Dr. MSc. Alfonso Luz Yunes

 

I. ANTECEDENTES

 

La causa ingresó a la Corte Constitucional, para el período de transición, el 19 de mayo del 2010.

 

El Secretario General de la Corte Constitucional, el día 19 de mayo del 2010 certificó que no se había presentado otra demanda con identidad de objeto y acción.

 

La Sala de Admisión, el día 12 de agosto del 2010 aceptó a trámite la acción extraordinaria de protección N.º 0639-10- EP.

 

El Dr. MSc. Alfonso Luz Yunes, Juez de Sustanciación de la Corte Constitucional, para el período de transición, en virtud del sorteo correspondiente, el día 5 de octubre del 2010 avocó conocimiento de la causa, de conformidad con lo previsto en el Capítulo VIII de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y los artículos 18 y 19 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

 

Detalle de la demanda

 

La abogada Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente y delegada del Procurador General del Estado, mediante delegación N.º 59000 del 23 de abril del 2010, con fundamento en lo previsto en los artículos 94 de la Constitución de la República y 58 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, presentó acción extraordinaria de protección, señalando que el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, en sesión del Pleno del organismo del 12 de abril del 2010, resolvió plantear esta acción extraordinaria de protección, debido a los efectos negativos que genera la sentencia emitida para la actividad de control que realiza el Consejo de Gobierno en la provincia de Galápagos.

 

La sentencia dictada y notificada el día 5 de marzo del 2010 y la providencia negando la aclaración de la sentencia, notificada el día 12 de abril del 2010, dentro de la acción de protección N. º 027-2010, seguida en la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, seguida por el ingeniero Jaime Ortiz Cobos, en contra del Tec. Amb. Jorge Torres Pallo, Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos y de la Comisión Técnica de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, encargada de la calificación de los documentos presentados por quienes venían realizando la actividad de tour de Bahía y tour de Bahía y Buceo, antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, se encuentran ejecutoriadas.

 

El actor de la acción de protección N.º 027-2010 consideró que la Comisión Técnica de la Dirección del Parque Nacional Galápagos no reconoció su derecho adquirido desde 1992, al emitir el informe técnico que sirvió de antecedente para que el Consejo de Gobierno de Galápagos otorgara este tipo de cupos de operación turística.

 

El ingeniero Jaime Ortiz Cobos no cumplió con los requisitos que establece el Decreto Ejecutivo N. º 1416, ya que se demostró que no poseía embarcación propia, ni ejerció la actividad en forma regular, antes de la vigencia de la LOREG. En el proceso de análisis realizado por la Comisión Técnica del Parque Nacional Galápagos, se demostró que el ingeniero Jaime Ortiz Cobos fue accionista de las empresas REPREGAL Cía. LTDA., y GALAVEN C. A. hasta el año 2009.

 

La sentencia dictada por los Jueces de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas violó lo estipulado en los artículos 73, 75 y 76, numerales 1 y 7, literal l, 258 y 406 de la Constitución de la República del Ecuador.

 

La controversia se inició como acción de protección interpuesta en el Juzgado Primero de lo Civil de Galápagos, con sede en Puerto Baquerizo Moreno, cantón San Cristóbal, Nº 189-2009, y por recurso de apelación conoció la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, N. º 027-2010, por lo que se han agotado los recursos para este tipo de acciones.

 

El actor de la acción demandó la violación a sus derechos constitucionales, por considerar que la Comisión Técnica de la Dirección del Parque Nacional Galápagos emitió el informe en el que se fundamentó el Consejo de Gobierno de Galápagos para no reconocerle el cupo de operación turística que le correspondía. El Juez en este caso no consideró la falta de legitimación de quienes fueron demandados, declarando con lugar la demanda planteada y resolviendo que sea el Consejo de Gobierno de Galápagos el que otorgue el cupo reclamado por el señor Ortiz, y que el Parque Nacional Galápagos suscriba el contrato para la operación del cupo.

 

Solicitó que se acepte la acción extraordinaria de protección interpuesta, se revoque la sentencia dictada por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, se deje sin efecto el auto dictado el día 8 de abril del 2010, por el cual el Juez Primero de lo Civil de Galápagos dispuso la destitución del cargo del Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos.

 

Contestaciones a la demanda

 

El ingeniero Jaime Ortiz Cobos señaló que ha sido afectado por las actuaciones ilegítimas de los funcionarios del INGALA y del Parque Nacional Galápagos. Que ha venido desempeñándose como Operador Turístico en la actividad de Tour de Bahías y Buceo, desde antes de la vigencia de la LOREG y lo que solicitó fue la restitución de sus derechos.

 

La sentencia de primera instancia del 24 de noviembre del 2009, se dictó a su favor, pero se impidió por parte del Presidente del Consejo de Gobierno de Régimen Especial de la provincia de Galápagos, que se la cumpla íntegramente. Se ha afectado sus derechos y principios constitucionales, debido a que la observación realizada por la Comisión Técnica al momento de elaborar y presentar su informe carece de validez, debido a que en la información requerida por la Comisión se demostró que el ingeniero Jaime Ortiz Cobos no es en la actualidad accionista de las empresas Galápagos Aventuras GALAVEN C. A., y Galápagos Agencias y Representaciones REPREGAL CÍA. LTDA.

 

El artículo 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala el término de 20 días máximo para accionar, contados desde que se notificó la decisión judicial, y en la acción de protección N.º 027-2010, la abogada Martha Troya de Velasco, Secretaria Relatora de la Primera Sala de lo Laboral, sienta la razón de que desde el 5 de marzo del 2010 hasta el 29 de abril del 2010 ha transcurrido con exceso el término de 20 días que tenía la actora para accionar, por tanto la acción ha sido presentada fuera de término y debe ser desechada.

 

 

El doctor Rubén Pazmiño de la Torre, Juez Primero de lo Civil de Galápagos, manifestó que hasta la publicación del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el Registro Oficial Nº 303 de 19 de octubre del 2010, no se había expedido alguna norma que otorgue funciones y atribuciones al Consejo del INGALA ni al Consejo de Gobierno de Galápagos, razón por la cual, el Consejo del INGALA y el actual Consejo de Gobierno de Galápagos no podían aprobar y otorgar cupos de operación turística, autorizar o negar el ingreso de vehículos, aprobar o negar la calificación de residentes, así como renovar sus carnés, nombrar administradores o sub-administradores temporales. Todo lo actuado por el INGALA y su Consejo y por el Consejo de Gobierno de Galápagos desde el 20 de octubre del 2008, fecha en que entró en vigencia la actual Constitución, hasta el 19 de octubre del 2010, fue hecho al margen de la Constitución y la ley. El haber aplicado lo dispuesto en la Disposición General Quinta del Decreto Ejecutivo 1416, a varios ciudadanos, en el caso de la legalización de la actividad turística de tour de Bahía y Buceo era inconstitucional y atentaba contra lo señalado en los artículos 66 numeral 4; 325 y 329 de la Constitución. El informe elaborado por la Comisión Técnica del Parque Nacional Galápagos carece de motivación, como dispone el artículo 76, numeral 7, literal l de la Constitución, al igual que la resolución N. º 16 del 15 de junio del 2009 emitida por el Consejo del INGALA. Se ha vulnerado el derecho al debido proceso, debido a que a pesar de haber pagado al Parque Nacional Galápagos la suma de $ 30,00 para el trámite del Recurso de reposición, no ha sido atendido oportunamente y también se ha vulnerado el contenido de los artículos 75 y 76, numerales 1 y 7; 82 y 66, numeral 17 de la Constitución de la República.

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE

LA CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia de la Corte Constitucional

 

La Corte Constitucional es competente para conocer y resolver las acciones extraordinarias de protección, al amparo de lo dispuesto en el artículo 27 del Régimen de Transición, en concordancia con lo previsto en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República del Ecuador, en el capítulo VIII, Título II de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y en el Capítulo II, Título III del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional.

 

Finalidad y alcance de la acción extraordinaria de protección

 

Dentro de las denominadas garantías jurisdiccionales, tanto la Constitución vigente como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional han establecido la denominada acción extraordinaria de protección.

 

De manera general, al referirse a las garantías jurisdiccionales, la mencionada ley establece en el inciso primero del artículo 6 que: “Las garantías jurisdiccionales tienen como finalidad la protección eficaz e inmediata de los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la declaración de la violación de uno o varios derechos, así como la reparación integral de los daños causados por su violación”.

 

La intensa labor que ejercen los operadores de justicia en las diversas materias que conocen y juzgan, en razón del volumen de su trabajo u otros motivos, podría ocasionar que en tal ejercicio cometan, por acción u omisión, vulneración de uno o más de los derechos de los que consagra la Constitución de la República a favor de las personas. Esta situación, por sí sola, resulta grave para quien sufre el agravio, su gravedad se multiplica una vez que se agotan los recursos ordinarios y extraordinarios que la ley franquea, como medios de impugnación.

 

Justamente para tutelar, proteger y remediar las situaciones que devengan de los errores de los jueces, se incorporó esta acción, que resulta nueva en la legislación constitucional del país y que responde, sin duda alguna, al anhelo de la sociedad que busca protección efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, puesto que así los jueces ordinarios, cuya labor de manera general radica en la aplicación del derecho común, tendrían un control que deviene de jueces constitucionales en el más alto nivel, cuya labor se centraría en verificar que dichos jueces, en la tramitación de las causas, hayan observado las normas del debido proceso, la seguridad jurídica y otros derechos constitucionales, en uso del principio de la supremacía constitucional.

 

Desde este punto de vista se haría tangible la disposición del artículo 58 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, cuyo texto dice: “La acción extraordinaria de protección tiene por objeto la protección de los derechos constitucionales y debido proceso en sentencias, autos definitivos, resoluciones con fuerza de sentencia, en los que se hayan violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución”.

 

Es indudable que la incorporación de la acción tratada ha causado más de una opinión encontrada, teniendo en consideración que la cosa juzgada, que deviene de una sentencia ejecutoriada, es parte del sistema jurídico, ya que dicha sentencia “…surte efectos irrevocables respecto de las partes que siguieron el juicio o de sus sucesores en el derecho”, como dice la primera parte del artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, o como sostienen varios tratadistas, que la cosa juzgada significa en general la irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia, cuando contra ella no procede ningún recurso que permita modificarla. Sin embargo, no cabe debate en cuanto a que el fundamento de la incorporación de esta acción al ordenamiento jurídico del país, con la que se supera a muchas Constituciones de América, viene dado por lo dispuesto en el artículo 424 de la Constitución, esto es, el principio de la supremacía de la norma constitucional, cuyo contenido establece que no existe precepto, de la naturaleza que sea, por encima de este mandato, incluidas las sentencias. Es en razón de este imperio que el legislador impuso que todo acto de autoridad pública, incluidos los que ejercen jurisdicción en la Función Judicial, estén bajo control de un órgano supremo en materia constitucional, para que sea éste el que determine si los actos guardan conformidad o no con las disposiciones que consagran derechos y garantías constitucionales; de todo lo cual deviene que el alcance de la acción no es otro que dar protección a los ciudadanos contra eventuales actos violatorios de dichos bienes jurídicos, como también declarar su violación, de haberla, y disponer su reparación integral.

 

El acto de juridicidad que es objeto de impugnación por intermedio de la acción extraordinaria de protección

 

La Ministra del Ambiente y delegada del Procurador General del Estado, y a nombre de otros organismos de la Provincia de Galápagos, impugna la sentencia del 5 de marzo del 2010 y la providencia del 12 de abril del mismo año, que resolvió la aclaración y ampliación de la sentencia, pronunciadas por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, fallo que confirmó lo resuelto por el Juez Primero de lo Civil de Galápagos, concediendo la acción de protección propuesta por el ingeniero Jaime Ortiz Cobos en contra del INGALA y de la Comisión Técnica del Parque Nacional Galápagos.

 

Los fundamentos de la acción extraordinaria de protección y su pretensión

 

Sostiene la legitimada activa que al pronunciarse sobre la sentencia que es objeto de la acción, los jueces provinciales de la sala mencionada han vulnerado los derechos constitucionales contemplados en los artículos 73, 75 numeral 1, 76 numeral 7, literal l, 258 y 406 de la Constitución de la República.

 

 

Dice la accionante que la vulneración de estos derechos constitucionales se produjo dentro del trámite originado con motivo de la acción de protección propuesta por el ingeniero Jaime Ortiz Cobos, al estimar éste que la Comisión Técnica del Parque Nacional Galápagos, que estuvo encargada de la calificación de los documentos presentados por quienes venían realizando la actividad de tours de bahía y tours de bahía y buceo, antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, al emitir su informe, no le reconoció el derecho adquirido que alega tener, por lo que el Consejo de Gobierno de Galápagos no le otorgó el cupo de operación turística que le correspondía.

 

En cumplimiento del Decreto Ejecutivo N.º 1416, se solicitó a las personas que realizaban la actividad turística con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos (LOREG), que presenten la documentación según la Disposición Transitoria Quinta del Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas (RETANP) para su análisis por parte de la Dirección Técnica del Parque Nacional Galápagos, que luego del análisis comunicó a los interesados y lo remitió al Consejo del INGALA para su examen y resolución.

 

El proceso de regulación de los cupos se realizó conforme a la normativa que rige la Provincia de Galápagos, y que el demandante de la acción de protección no participó en el concurso realizado por el Parque Nacional Galápagos para el otorgamiento de los nuevos cupos, sino en el proceso estipulado en el Decreto Ejecutivo N.º 1416, que era para quienes ejercían las actividades de turismo desde antes de la LOREG; por eso, es extraño que la sala haya dicho en la sentencia que a Ortiz se lo excluyó del concurso. Es decir, no distinguieron entre uno y otro concurso, esto es para aquellos que ejercían la actividad antes de la vigencia de la LOREG, y quienes participaron en el concurso para nuevos cupos de operación turística.

 

El señor Ortiz no cumplió con todos los requisitos exigidos para el concurso en el que participó, esto es, los del Decreto Ejecutivo N.º 1416, ya que no poseía embarcación propia ni había intervenido como operador turístico de manera ininterrumpida.

 

Igualmente, en el proceso de concesión de cupos que realizó el Parque Nacional Galápagos se verificó que Ortiz era socio de la empresa REPREGAL Cía. Ltda., y GALAVEN C. A., hasta el año 2009, y que la documentación soporte para la renovación de las patentes de operación turística de los cupos inscritos en el Registro Forestal N.º 55 y 65 fueron presentados, lo cual contravenía una restricción que establecía el Decreto Ejecutivo N.º 1416, pues en éste se establece que no podían acogerse a estas disposiciones quienes fueren titulares de cupos, sean personas naturales o jurídicas ni los socios de ésta, cuestiones que no consideraron los jueces que dictaron la sentencia.

 

Solicitó la legitimada activa que la Corte declare sin valor jurídico la sentencia materia de la acción, como la providencia en que se resolvió destituir de su cargo al Presidente del Consejo de Gobierno de Galápagos.

 

El pronunciamiento de los jueces que dictaron la sentencia materia de la acción

 

Sostienen que el fallo que pronunciaron es el que corresponde al asunto que les fue puesto en su conocimiento, en el que encontraron la violación a los derechos constitucionales de quien solicitó la protección. Que para mayor ilustración acompañan copia de la sentencia que dictaron, cuyo texto se explica por sí solo.

 

Consideraciones de la Corte Constitucional sobre si el acto impugnado está ejecutoriado

 

Cabe, antes de conocer lo principal, esbozar algunas ideas que permitan arribar a una conclusión respecto del tema propuesto.

 

El artículo 94 de la Constitución vigente dice: “La acción extraordinaria de protección procederá contra sentencias o autos definitivos en los que se haya violado por acción u omisión derechos reconocidos en la Constitución, y se interpondrá ante la Corte Constitucional. El recurso procederá cuando se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios dentro del término legal, a menos que la falta de interposición de estos recursos no fuera atribuible a la negligencia de la persona titular del derecho constitucional vulnerado”.

 

En la misma línea, el artículo 437 de la Constitución dispone que: “Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos y resoluciones con fuerza de sentencia. Para la admisión de este recurso la Corte constatará el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Que se trate de sentencias, autos y resoluciones firmes o ejecutoriados. 2. Que el recurrente demuestre que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución”.

 

Es evidente que de acuerdo a estas normas constitucionales, el acto objeto de la acción extraordinaria de protección, puede consistir en sentencia, auto definitivo o resolución firme o ejecutoriado, como una cuestión primera; que quien interpone la reclamación mediante dicha acción haya agotado los recursos ordinarios y extraordinarios; que de no haber ejercido este derecho, tal falencia no le sea imputable; y que en el procedimiento seguido se hubiere vulnerado algún derecho de los reconocidos en la Constitución, todo lo cual debe ser justificado.

 

La parte final del numeral 3 del artículo 86 del Estatuto Máximo en vigor dispone que: “Las sentencias de primera instancia podrán ser apeladas ante la corte provincial. Los procesos judiciales sólo finalizarán con la ejecución integral de la sentencia o resolución”.

 

La acción extraordinaria de protección, en esta especie, fue propuesta contra la decisión que contiene la sentencia expedida por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, resultado del conocimiento y resolución del recurso de apelación deducido por el Consejo del INGALA, la Comisión Técnica del Parque Nacional Galápagos y del delegado de la Procuraduría General del Estado, dentro del trámite originado con motivo de la acción de protección propuesta por el ingeniero Jaime Ortiz Cobos, en contra de las dos entidades mencionadas en primer lugar. De acuerdo a la norma antes citada, el legislador constituyente solo contempló la doble instancia para los casos de las acciones jurisdiccionales para hacer efectivos los derechos, es decir, que las sentencias que dicten las cortes provinciales son de última instancia.

 

Ni la Constitución ni la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional definen lo que es una sentencia ejecutoriada, lo cual obliga a recurrir al Código de Procedimiento Civil, en cuyo artículo 296 se dispone que la sentencia se ejecutoría, entre otros casos, por haberse decidido la causa en última instancia. Así, si las sentencias que dicten las cortes provinciales, en materia constitucional, son de última instancia, es concluyente que en la especie analizada el fallo expedido e impugnado está ejecutoriado, con lo que se cumple el primer requisito para la procedencia de la acción.

 

El acto administrativo que fue de conocimiento y resolución en la acción de protección

 

El actor de la acción de protección expresó en su demanda, entre otros particulares: “Que el Consejo del INGALA al adoptar la resolución del 15 de junio del 2009 y la Comisión al emitir su informe técnico vulneraron directamente los derechos y principios constitucionales del actor al no darle una tutela administrativa imparcial, expedita y efectiva, ya que no hubo un debido procedimiento administrativo que exigía a los miembros de la Comisión Técnica que contenga una debida motivación y objetiva que justifique en razones concretas y técnicas que el Ing. Jaime Ortiz Cobos no calificaba para el cupo de operador de tour de bahía y buceo, lo que hay es una demostración de un Abuso del Derecho y de una apreciación subjetiva injustificada que no obedece a la realidad jurídica del Ing. Jaime Ortiz Cobos por las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil del 1 de junio del 2009 en la que señala que los accionistas de la empresa GALÁPAGOS AVENTURAS GALVÁN C. A. son únicamente los señores LUIS ALFREDO ORTIZ COBOS Y RAFAEL FERNANDO ORTIZ COBOS y que la certificación de la misma Superintendencia de Compañías que señala el 1 de junio del 2009 que los accionistas de la empresa GALÁPAGOS AGENCIAS Y REPRESENTACIONES C. LTDA., son únicamente los señores LUIS ALFREDO ORTIZ COBOS Y RAFAEL FERNANDO ORTIZ COBOS, con lo cual se lesionó directamente los derechos fundamentales y constitucionales del ING. JAIME ORTIZ COBOS”.

 

Agrega que “Como se observa señor juez, la resolución No. CI-16/15-VI-2009, emitida el 15 de junio del 2009 por el CONSEJO del INGALA, suscrita por el Téc. Jorge Torres Pallo, Presidente del Consejo del INGALA y el informe de la Comisión Técnica del Parque Nacional Galápagos suscrito…carecen de validez cuando se ha afectado directamente los derechos y principios constitucionales de Jaime Ortiz Cobos, cuando se ha dictado por parte de estas autoridades públicas actos administrativos sin la debida motivación y vulnerando el debido proceso administrativo que se debía seguir antes de dictar la resolución del 15 de junio del 2009 y de elaborar el Informe Técnico sin violar los derechos constitucionales del actor”.

 

La norma constitucional que, según la legitimada activa, vulneraron los jueces provinciales de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas

 

Art. 73.- El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. Se prohíbe la introducción de organismos y material orgánico e inorgánico que puedan alterar de manera definitiva el patrimonio genético nacional.

 

Art. 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.

 

Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básicas:

 

1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes.

 

7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías:

 

l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán sancionados.

 

 

Art. 258.- La provincia de Galápagos tendrá un gobierno de régimen especial. Su planificación y desarrollo se organizará en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del buen vivir, de conformidad con lo que la ley determine.

 

Su administración estará a cargo de un Consejo de Gobierno presidido por el representante de la Presidencia de la República e integrado por las alcaldesas y alcaldes de los municipios de la provincia de Galápagos, representante de las juntas parroquiales y los representantes de los organismos que determine la ley.

 

Dicho Consejo de Gobierno tendrá a su cargo la planificación, manejo de los recursos y organización de las actividades que se realicen en la provincia. La ley definirá el organismo que actuará en calidad de secretaría técnica.

 

Para la protección del distrito especial de Galápagos se limitarán los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada que pueda afectar al ambiente. En materia de ordenamiento territorial, el Consejo de Gobierno dictará las políticas en coordinación con los municipios y juntas parroquiales, quienes las ejecutarán.

 

Las personas residentes permanentes afectadas por la limitación de los derechos tendrán acceso preferente a los recursos naturales y a las actividades ambientalmente sustentables.

 

Art. 406.- El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros.

 

 

Consideraciones sobre los derechos y garantías jurisdiccionales en el ámbito constitucional

 

Repetidamente se viene afirmando que la Constitución trae consigo un amplio listado de derechos a favor de las personas y colectivos, y no sólo eso, sino figuras procesales que permiten hacer tangibles esos derechos, pues están dirigidas a brindar protección y seguridad a los valores y bienes de todo orden que son propios de las personas, bien sea individual o colectivamente.

 

Sin duda, la superestructura denominada Estado, que comprende funciones, instituciones, dependencias, órganos y otros de igual naturaleza, se encuentra en niveles o estratos más elevados que el hombre considerado en forma aislada, por propia voluntad de éste. Sin embargo, esos entes inmóviles requieren de la acción del individuo para cumplir las funciones para lo cual fueron creadas, actividad que, indiscutiblemente, no la cumplen al azar, sino bajo normas que las someten a un lineamiento del que, obligadamente, no pueden separarse. No obstante, cuando la actividad de quien las representa se desborda, en razón del uso indebido del poder, se rompe el equilibrio que impone el orden entre administrador y administrado, lo que conlleva daño a los valores y bienes materiales de los titulares de éstos. Frente a esta situación, los mandatarios del poder soberano, por encargo de éste, deben elaborar normas que contengan derechos que impidan el abuso de quien mal emplea el poder, derechos que deben estar en la cúspide de la pirámide jurídica del Estado, destinados a garantizar la vida, la libertad y otros bienes jurídicos que pueden ser tangibles o intangibles; en el caso de estos últimos que no pueden ser cuantificados materialmente, pero que contienen un valor inapreciable. Es justamente dentro de este ámbito que se encuentran los derechos que conforman el nuevo paradigma constitucional.

 

Así, en la esfera del Estado, coexisten normas jurídicas de carácter secundario y las primarias o constitucionales. La primacía de la una sobre la otra en el campo de su aplicación, responde de manera general a la naturaleza del Estado, a su estructura política jurídica. La doctrina identifica algunos, entre ellos el monárquico, el Estado social de derecho, el Estado constitucional de derechos y justicia. En el primero prima la voluntad del rey o emperador; en el segundo, que corresponde al Estado liberal, el de dejar hacer, dejar pasar, de la economía de libre mercado, está a la cabeza la norma jurídica; en tanto que en el Estado constitucional de derechos y justicia, en el centro de la actividad está el hombre, como ente de garantías y derechos, en el que la norma constitucional tiene supremacía; en el que el ejercicio de esos derechos debe regirse bajo la segura aplicación de principios establecidos, diáfana y transparentemente. El legislador constitucional, con el propósito de conservar el orden de la sociedad, estado que permite el desarrollo de toda actividad civilizadamente, ha establecido órganos encargados de mantener ese orden, que son los que aplican la ley, administrando justicia, ante la aparición de conflictos que pudieran alterar la situación armónica en que se desenvuelven las relaciones en la sociedad. Pero no sólo el juzgador por oficio es quien debe aplicar la norma, sino que constitucionalmente, toda autoridad pública debe cumplir con el mandato de que “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”, bajo el principio de que “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte” (artículos 76 numeral 1 y 11 numeral 3 de la Constitución). Justamente en este ámbito se encuentra la actividad de los jueces que hicieron el pronunciamiento materia de la impugnación.

 

Los jueces provinciales del Guayas que expidieron la sentencia materia de la demanda, ¿vulneraron los derechos constitucionales de la legitimada activa?

 

Según lo que dispone el artículo 258 de la Constitución, la Provincia de Galápagos tiene un gobierno con régimen especial, mismo que está ejercido por un Consejo de Gobierno. Este tiene a su cargo la planificación, manejo de los recursos y organización de las actividades de las islas. Según la misma norma constitucional, dentro del régimen especial existe limitación de los derechos de migración interna, trabajo o cualquier otra actividad pública o privada. Para efectos del desarrollo de las actividades de todo orden, la Provincia de Galápagos está sujeta a la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, el Reglamento a esta ley, Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas y el Estatuto Administrativo del Parque Nacional Galápagos. Luego, en el Registro Oficial N.º 466 del 13 de noviembre del 2008, se publicó el Decreto Ejecutivo N.º 1416, mediante el cual se reformó el Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas, reformas destinadas a establecer la naturaleza de los contratos de concesión de cupos, a la forma de operarlos, limitaciones a la concesión de los cupos, el otorgamiento de cupos para los residentes permanentes de Galápagos que hubieren ejercido la actividad turística en forma ininterrumpida antes de la vigencia de la LOREG, y otros requisitos para tal concesión.

 

El meollo del asunto que motivó la acción de protección se origina por la afirmación del actor de dicha demanda, de que al expedirse la resolución por la cual le niegan el cupo como operador turístico, hubo vulneración de derechos constitucionales, puesto que él tenía un derecho adquirido al haber realizado su actividad como operador turístico desde antes de la vigencia de la LOREG.

 

De esta afirmación se infiere que está muy bien definido y aceptado que el otorgamiento de dichos cupos tenían un procedimiento distinto a los nuevos, en los que, sea cual fuere su naturaleza, se otorgan en base a un concurso previamente celebrado, esto para quienes desearen dichos cupos con posterioridad a la expedición de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, que data de 1998 (Registro Oficial N.º 278 del 18 III de 1998).

 

Al amparo de lo que dispone el régimen jurídico que resulta aplicable a Galápagos, y en atención de lo que dispone el artículo 4 de las Reformas al Reglamento Especial antes mencionado, la Dirección del Parque Nacional Galápagos pidió a las personas que habían realizado actividad turística, en el campo de tour de bahía y tour de bahía y buceo, con anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos (LOREG), que presenten la documentación para justificar ese particular, para lo cual determinó una serie de requisitos que debían cumplir quienes se creyeren asistidos del derecho que les daba haber ejercido tal actividad, antes del 18 de marzo de 1988 (fecha de publicación de la ley mencionada).

 

En cumplimiento de la norma reglamentaria referida, la Dirección del Parque Nacional Galápagos, luego del acopio de la documentación pertinente, procedió a elaborar el informe correspondiente, en el cual se determinó quienes cumplían los requisitos exigidos en la aludida norma y quienes no, entre estos últimos el ingeniero Jaime Ortiz Cobos, quien solicitó cupo para la operación turística de tour de bahía y buceo, a quien se le niega en razón de que: “En los documentos del Parque Nacional Galápagos, Registro Forestal No. 055, consta que el operador turístico Jaime Ortíz es y ha sido como parte de una persona jurídica, Repregal Cía. Ltda., y Galaven C.A., representante de un cupo turístico”.

 

La parte alusiva a los requisitos para optar por un cupo de operador turístico del artículo 4 de la referida reforma al Reglamento antes mencionado dice que:

 

Para la calificación de que trata el inciso anterior, los interesados deberán presentar en la Dirección del Parque Nacional Galápagos la siguiente documentación:

 

Aquellos con la que demuestren que han operado con embarcación propia;

 

La que acredite haber ejercido de manera regular, desde antes de la vigencia de la LOREG, y año a año hasta la actualidad, las actividades turísticas de tour de bahía y tour de bahía y buceo;

 

Matrículas, permisos de tráfico y documentos de zarpe otorgados por la DIGMAR antes de la vigencia de la LOREG, a la embarcación con la que efectuaron las actividades turísticas antes mencionadas;

 

Comunicados a la Dirección del Parque Nacional Galápagos, emitidos antes de la vigencia de la LOREG, en los que conste la autorización para realizar actividad de tour de bahía y tour de bahía y buceo;

 

Aquella que acredite la propiedad de la infraestructura necesaria para el ejercicio de la actividad; y,

 

Declaración del pago del impuesto a la renta correspondiente a los años durante los cuales han ejercido las referidas actividades turísticas.

 

A reglón seguido la norma dice: “No se otorgará el cupo al interesado que no acompañe los requisitos antes mencionados”.

 

Sin duda, si el actor de la acción de amparo cumplió con estos requisitos, era claro que tenía un derecho adquirido, lo cual lo acreditaba como idóneo para recibir el cupo que solicitó, situación en la cual la acción propuesta era procedente; en tanto que al no haberlos reunido, la protección solicitada era improcedente; y en este evento, quienes la concedieron inobservaron normas reglamentarias, legales y constitucionales.

 

El artículo 437 numeral 2 de la Constitución obliga a quien propone una acción como la que da origen a este procedimiento, a demostrar que en el juzgamiento se ha violado, por acción u omisión, el debido proceso u otros derechos reconocidos en la Constitución. Conviene examinar si quien ejerce esta acción cumple con este mandato.

 

Quedó mencionado en líneas anteriores que para optar por un cupo para ejercer la actividad turística en la Provincia de Galápagos, además de haber tenido el cupo antes de la vigencia de la LOREG, debía llenar los demás requisitos establecidos en la Disposición Transitoria Cuarta A, agregada por el artículo 4 de la reforma al RETANP.

 

De acuerdo al informe emitido por la Comisión del Parque Nacional Galápagos, Jaime Ortiz no calificó para la concesión del cupo, y teniendo como fundamento este informe, el Consejo del Instituto Nacional Galápagos (INGALA) adoptó la resolución N.º CI-16-15-VI-2009 el 15 de junio del 2009, que fue objeto de impugnación en la acción de protección.

 

Antes de la expedición de esta resolución, concretamente el 2 de junio del 2009, (fs. 147 a 152 inclusive del expediente de instancia) el Director del Parque Nacional Galápagos remitió el oficio N. º 2195-2009-PNG/DIR, en el que le comunica al ingeniero Jaime Ortiz, que no ha cumplido con los requisitos que en la comunicación se mencionan. El numeral 1 de dicho oficio dice que: “La embarcación con la que realizó la actividad perteneció al señor Jorge Burnett, lo que se contrapone con lo señalado en el literal a) del artículo 4 del Decreto Ejecutivo No 1416 antes mencionado”.

 

Respecto de este tema, se incorporó una certificación de la Capitanía de Puerto Ayora. En esta se afirma que los derechos de operación turística en Galápagos, de la F/M KING MARINE, matrícula B-01-0598 de tour de bahía y buceo del señor Jorge Burnett Cedeño, fueron cedidos a favor de Jaime Ortiz Cobos, sin señalar cuándo operó esa cesión, ni desde qué fecha dejó de operar el cedente y cuándo lo hizo el cesionario. Luego, sobre este mismo tema, el referido señor Ortiz ha presentado una certificación de la misma Capitanía en la que se indica que es propietario de la embarcación King Marine, pero no indica desde qué fecha, lo que resultaba necesario, pues la norma del numeral 1 de la Disposición Transitoria Cuarta obligaba a que haya operado –en el pasado– con embarcación propia, y ha confundido la situación, porque en la certificación del 5 de junio del 2009 se habla de cesión de operación turística, en tanto que en la del 8 de los mismos mes y año se lo convirtió en propietario. Pero la imprecisión de los certificados no termina allí, pues existe otra del 4 de junio del 2009, en la que certifica que la embarcación King Marine ha ejercido la operación turística desde 1996, año a año, pero no se menciona si el cupo de operación era del señor Burnett Cedeño o de Jaime Ortiz. Sin duda, las certificaciones han creado un caos jurídico respecto del particular examinado, a lo que ha contribuido quien ha otorgado las certificaciones, claro está, con Ortíz Cobos, que al parecer no realizó las solicitudes con precisión, sin que para el análisis importe la razón del porqué lo hizo así.

 

El punto 2 de la comunicación dice que tampoco existe información de “documentos que acrediten haber ejercido de manera regular, desde antes de la vigencia de la LOREG, año a año hasta la actualidad, las actividades turísticas de tour de bahía y tour de bahía y buceo”. Sin duda, esta obligación puede cumplirse simplemente proporcionando copias de los contratos que hubieren suscrito o algún otro documento que otorgue el Parque o el INGALA concediendo el cupo, sin perjuicio de los registros que existieren.

 

El numeral 3 del oficio en referencia dice “Matrícula, permiso de tráfico o zarpes otorgados por la DIGMAR antes de la vigencia de la LOREG, a la embarcación con la que se efectuaron las actividades turísticas antes mencionadas”. La institución mencionada o la Capitanía del Puerto a su nombre, en el caso que se examina, proporciona matrícula, permiso de tráfico o zarpe a la embarcación que tenga cupo turístico, sin indicar el nombre del propietario.

 

 

El punto 4 de la comunicación, materia de comentario, dispone que se presenten “Comunicados de la Dirección del Parque Nacional Galápagos, emitidos antes de la vigencia de la LOREG, en las que conste la autorización para realizar la actividad de tour de bahía y tour de bahía y buceo”.

 

La petición es clara, se refiere a las autorizaciones para la realización de la actividad, que se supone deben tenerla todos los operadores. En el punto no se pide certificación de que la embarcación opere bajo las regulaciones de la DIGMAR o la Capitanía del Puerto, sino la autorización para ejercer la actividad, que si no la tenía debió solicitarla.

 

No obstante, dentro del expediente constan las matrículas de la embarcación King Marine N. º TN-01-00125 desde el año 2001 al 2009; y respecto de las certificaciones, a fojas 135 consta la que afirma que mediante contrato, Jorge Burnett Cedeño cedió la propiedad a Jaime Ortiz Cobos de la embarcación King Marine, acto celebrado el 17 de septiembre de 1999, es decir, después de la vigencia de la LOREG. Luego surge una nueva contradicción: el Intendente del Parque Nacional Galápagos, el 15 de julio de 1992, certificó que el propietario de la panga King Marine no estaba registrado como concesionario del Parque.

 

También constan en el expediente, permisos de tráfico para la embarcación mencionada a nombre de Jaime Ortiz, pero todos ellos datan de los años 2000, sin que existan anteriores a la fecha de vigencia de la LOREG. Al deducir su acción de protección, el ingeniero Jaime Ortiz Cobos dijo: “Que la actividad turística de tour de bahía y tour de bahía y buceo la vengo desarrollando a través de la F/M King Marine matrícula No. B-01-0598, desde 1992 hasta la presente fecha, que actualmente tiene la matrícula No. TN.01-00125…”; sin embargo, con los documentos que aportó no justificó la alegación de haber ejercido la actividad turística de tour de bahía y buceo desde antes de la vigencia de la LOREG, año 1998, que era requisito esencial para merecer la concesión del cupo.

 

Es preciso dejar claro que fue al amparo del decreto Ejecutivo N.º 1416, que la Dirección del Parque Nacional Galápagos solicitó a quienes habían venido ejerciendo la actividad de tour de bahía y tour de bahía y buceo con anterioridad a la vigencia de la LOREG, la presentación de documentos para justificar los requisitos que el artículo 4 de las reformas al RETANP establecían; es decir, que no se trató de un concurso de carácter abierto para la concesión de nuevos cupos, sino de uno que, básicamente, estaba dirigido a regularizar la situación de quienes año a año, antes de la vigencia de la LOREG, habían venido ejerciendo tal actividad, por lo que resultaba obvio que quienes no estaban en esa situación, mal podían ser concesionados con un cupo. En este procedimiento no hubo bases, como sí las hubo para los otros concursos que realizó el Parque Nacional Galápagos para el otorgamiento de nuevos cupos para operación turística en sus diversas modalidades.

 

Uno de los argumentos que sirven de fundamento al informe de la comisión Técnica del Parque Nacional Galápagos es que Ortiz Cobos es o ha sido parte de personas jurídicas, en el caso de REPREGAL Cía. Ltda., y GALAVEN C.A. Sobre este particular, consta certificación de la Superintendencia de Compañías, otorgada el día 1 de junio del 2009, en la que se hace saber quiçenes son los accionistas de dichas compañías. No obstante esta misma certificación advierte que ella no extingue ni genera derechos respecto de su titularidad, puesto que se tiene como dueño de las acciones quien aparezca como tal en el libro de acciones y accionistas que reposa en las oficinas de la compañía, advertencia que formula en razón de que pudieren haber cesiones que se inscriben en el mencionado órgano de control, mas no en el referido libro, actitud que obedece a diversas razones que no son pertinentes a este análisis. Así, la información que debió proporcionar Ortiz Cobos debió ser completa, a fin de descargar la afirmación hecha en el informe, que seguramente tiene como fundamentos datos que aquél entregó en otro momento, cuanto más que la certificación dada se refiere al capital actualizado al 19 de septiembre del 2001, mas no a la lista de los socios actualizados a esta fecha.

 

 

Ha servido como fundamento de la sentencia dictada por los miembros de la Primera Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, el informe elaborado por el Director Regional 1 de la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión, empero, en lo que no repararon dichos jueces es que las denuncias que motivaron ese informe, que la Corte no entra a analizar, se refieren a un concurso que tenía bases y que estaba concebido para la concesión de nuevos cupos de operación turística, uno muy distinto al que generó la resolución que motivó la acción de protección, lo cual se observa en el hecho de que la norma básica para abrirlo se encuentra en el artículo 4 de las reformas al Reglamento Especial de Turismo en Áreas Naturales Protegidas, con el cual se manda a agregar una Quinta Disposición Transitoria a dicho reglamento, que en su esencia, para este análisis dispone: el otorgamiento de cupos de operación turística de tour de bahía y tour de bahía y buceo a los residentes permanentes de Galápagos que han venido realizando estas actividades desde antes de la vigencia de la Ley Orgánica de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos (LOREG), siempre que sean calificados previamente por la Dirección del Parque Nacional Galápagos, de lo cual se desprende que no hubo aplicación de normas no vigentes al momento de realizar la invitación a las personas interesadas y que se encontraban en la situación propuesta en la norma reglamentaria transcrita.

 

El análisis formulado en líneas que anteceden deja total y absolutamente claro el panorama jurídico aplicable al caso del actor de la acción de protección y de la forma que debieron proceder los jueces al resolverlo.

 

En efecto, hay dos aspectos que conviene examinar desde el punto de vista constitucional, ambos relacionados con la postura que debe tomar un funcionario público, administrativo o judicial, frente a los asuntos que deben conocer y resolver.

 

Las personas, de la naturaleza que sean, tienen derecho a recibir del Estado, a través de las autoridades que la Constitución y/o la ley determinan, tutela efectiva, imparcial y expedita, correspondiéndole, desde este punto de vista, entre otros particulares, garantizar el cumplimiento de las normas y derechos de ambas partes, aun cuando una sea sujeto pasivo de la relación controversial; y por otro lado, a esa misma autoridad le corresponde aplicar normas jurídicas previas, claras y públicas, esto es, fundamentalmente, que existan antes del conflicto y que sean conocidas según los mecanismos legales.

 

En el caso generado con motivo de la acción de protección, los jueces de la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas vulneraron los derechos antes mencionados del sujeto pasivo de la relación procesal, al confundir la situación propuesta, habiendo aplicado normas legales y reglamentarias siguiendo esa confusión, cuando la realidad histórica y procesal demandaba la aplicación de otras, toda vez que quien dedujo la acción de protección no cumplió con los requisitos para optar por un cupo para operar en la actividad turística, como lo exige la reforma al Reglamento Especial de Turismo de Áreas Naturales Protegidas (RETANP), de donde se desprende que la resolución adoptada por el Consejo del Instituto Nacional Galápagos (INGALA), que fue materia de la acción de protección, no vulneró derecho constitucional alguno de quien demandó.

 

Además, una de las formas de faltar a la obligación constitucional y legal de motivar una resolución, radica en la existencia de incoherencia entre antecedentes y normas y principios aplicables, lo cual conduce a una conclusión errada, situación aplicable al caso, por lo que también puede decirse que la sentencia impugnada, mediante la acción extraordinaria de protección, adolece de inconstitucionalidad.

 

Por último, y a propósito del pedido formulado por la recurrente de que se deje sin efecto la destitución del Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, dispuesta por el Juez Primero de lo Civil de Galápagos, en virtud del análisis realizado se establece que éste, al haber adoptado tal medida, actuó al margen del ordenamiento jurídico, por lo que tal actuación deviene en arbitraria e ilegítima.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, el Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, expide la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Aceptar la acción extraordinaria de protección propuesta por la abogada Marcela Aguiñaga Vallejo, en su calidad de Ministra del Ambiente y delegada del Procurador General del Estado, en contra de la sentencia pronunciada el día 5 de marzo del 2010, por la Primera Sala de lo Laboral, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, la misma que confirma la expedida por el Juez Primero de lo Civil de Galápagos con asiento en Puerto Baquerizo Moreno, que concede la acción de protección deducida por el ingeniero Jaime Ortiz Cobos, en consideración a que los miembros de la mencionada Sala vulneraron los derechos consignados en el artículo 75 numeral 1, 76 numeral 7 literal l y 82 de la Constitución de la República, en el caso del Ministerio del Ambiente y de los organismos de gobierno de la Provincia de Galápagos;

 

 

consecuentemente, se la deja sin efecto jurídico, al igual que todo acto resolutorio adoptado por los jueces en cumplimiento de la misma.

 

Dejar sin efecto la destitución del tecnólogo ambiental Jorge Torres Pallo, como Presidente del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, que fuera dispuesta por el Juez Primero de lo Civil de Galápagos, en el auto dictado el 8 de abril del 2010 a las 14h30.

 

Disponer que el expediente vuelva a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, para que otra Sala, luego del sorteo de ley, conozca y resuelva el recurso de apelación propuesto en contra de la sentencia dictada dentro de la acción de protección que sigue el ingeniero Jaime Ortiz Cobos, en contra del INGALA, ahora Consejo de Gobierno de la Provincia de Galápagos.

 

Notifíquese, publíquese y cúmplase

 

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con cinco votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Hernando Morales Vinueza, Alfonso Luz Yúnez, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia de los doctores Patricio Herrera Betancourt, Nina Pacari Vega, Ruth Seni Pinoargote y Manuel Viteri Olvera, en sesión del día jueves uno de septiembre del dos mil once. Lo certifico.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

CAUSA Nº 0639-10-EP

 

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente, el día miércoles 21 de septiembre del dos mil once.- Lo certifico.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por f.) Ilegible.- f.) Ilegible.- Quito, a 5 de octubre del 2011.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DE TULCÁN

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264 numeral 5 consagra a los gobiernos municipales las competencias de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras, sin perjuicio de otras que determine la ley;

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 2 establece la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado Ecuatoriano;

 

Que, en ejercicio de las atribuciones, que le otorgan los artículos 55, 57 y 186 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, referente a las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la facultad de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas, contribuciones especiales de mejoras;

 

Que, el artículo 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, tipifica que al Alcalde o Alcaldesa les corresponde; d) presentar proyectos de ordenanzas al Concejo Municipal en el ámbito de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán;

 

Que, el Convenio de Préstamo y Fideicomiso suscrito entre el Municipio de Tulcán y el Banco del Estado el 24 de noviembre del 2010, en el Capítulo V, Cláusula Vigésima Sexta, numeral 26.1, para el segundo desembolso entre los compromisos asumidos por el Municipio deberá aprobar la Ordenanza para el cobro de tasas de arrendamiento de los locales, puestos de venta y espacios publicitarios, que permita la recuperación de los costos de operación y mantenimiento; así como del servicio de la deuda del presente proyecto, en las condiciones que la entidad estime conveniente; y,

 

En uso de sus atribuciones que la ley le faculta,

 

Expide:

 

LA ORDENANZA QUE REGULA EL

ARRENDAMIENTO DE LOS PUESTOS Y LOCALES

DE LA PLAZA CENTRAL DEL BUEN VIVIR-

MERCADO CENTRAL DE TULCÁN.

 

CAPÍTULO I

 

DE LAS PERSONAS QUE SON ARRENDATARIOS

DE LOS LOCALES Y PUESTOS DE LA PLAZA

CENTRAL DEL BUEN VIVIR – MERCADO

CENTRAL DE TULCÁN

 

Art. 1.- Objeto del contrato.- El canon de arrendamiento municipal es el permiso de uso de puestos o locales en la Plaza Central del Buen Vivir-Mercado Central, que confiere el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán al arrendatario, la facultad y derecho de la ocupación para actividades lícitas y de manera permanente de cualquier orden económico, dentro de los giros de negocio que están regulados por la Municipalidad de Tulcán y la presente ordenanza.

 

Art. 2.- El arrendador.- Es el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán.

 

Art. 3.- Arrendatario.- Son arrendatarios de los puestos y locales de la Plaza Central del Buen Vivir-Mercado Central, todas las personas naturales de derecho privado que tengan contrato de arrendamiento y estén catastradas en la Municipalidad, no adeuden a la Municipalidad, paguen cumplidamente el canon de arrendamiento y ejerzan diariamente las actividades comerciales dentro del mercado.

 

Art. 4.- Obligaciones del arrendador.- La Dirección de Gestión Financiera a través de la Jefatura de Rentas Municipales, emitirá los comprobantes de pago hasta el 30 de cada mes, para el cobro del canon de arrendamiento de la Plaza Central del Buen Vivir-Mercado Central. La Comisaría Municipal emitirá los permisos de funcionamiento.

 

Art. 5.- Funcionamiento.- La Comisaria Municipal emitirá los permisos de funcionamiento, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos:

 

El Contrato suscrito por los representantes legales de la Municipalidad y el interesado.

 

Patente municipal actualizada.

 

Copia a color de la cédula de ciudadanía y certificado de votación.

 

Art. 6.- Facultades del arrendador.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, a través del Administrador de Mercados, se le otorga las siguientes facultades:

 

Cobrar a los diferentes arrendatarios el pago mensual del arrendamiento por el uso del puesto o local en la Plaza Central del Buen Vivir-Mercado Central.

 

El Administrador de Mercados deberá presentar a la Dirección de Gestión Financiera un informe mensual de la apertura de los locales o puestos, con la finalidad de determinar la recaudación de este bien municipal.

 

Actualizar el catastro mensualmente de los arrendatarios.

 

Establecer el Reglamento de funcionamiento de la Plaza Central del Buen Vivir-Mercado Central.

 

Dar por terminado los contratos de arrendamiento por mutuo acuerdo o unilateralmente de conformidad con la ley.

 

Ejercer el cobro vía coactiva de acuerdo a la ley.

 

 

Art. 7.- Obligaciones de los arrendatarios.- Son obligaciones:

 

Pagar cumplidamente el canon de arrendamiento y patente anual;

 

Conservar en buen estado el puesto de trabajo, dándole mantenimiento continuo;

 

Informar oportunamente al Administrador de Mercados, sobre cualquier daño material que se produjere en el local arrendado;

 

Reparar los daños que hubiese ocasionado el arrendatario en el local;

 

Permitir al Administrador de Mercados que en cumplimiento de sus funciones realice la inspección de los productos de expendio para determinar si son aptos para el consumo humano;

 

Utilizar las medidas y pesas exactas, de acuerdo con las disposiciones legales municipales y la Ley de Defensa del Consumidor;

 

Mantener visible para el público, la lista de precios de los productos que se expenden;

 

Tener permanentemente en su puesto un depósito de basura con tapa para recolectar los desechos sólidos;

 

Observar buena conducta para con el público y autoridades del mercado dando la debida cortesía, atención y respeto;

 

Los arrendatarios que expenden artículos de primera necesidad, alimentos preparados, frutas y verduras, deberán usar diariamente el uniforme completo;

 

Acatar las disposiciones de la Dirección de Salud y Medio Ambiente:

 

Renovar a tiempo las patentes de salud, tanto el arrendatario y sus trabajadores si los tuviere, de todos los locales sujetos de control.

 

Seguir y terminar el tratamiento clínico, cuando el usuario adolezca una enfermedad infecto-contagiosa; y, l) Atender personalmente el local arrendado.

 

Art. 8.- Prohibiciones a los arrendatarios.- Son prohibiciones:

 

El sub-arriendo de los locales;

 

Realizar cualquier mejora locativa en el local, sin autorización de la Municipalidad;

 

Propiciar escándalos públicos en la Plaza Central del Buen Vivir-Mercado Central;

 

Dar distinto uso para el fin que fue arrendado;

 

Arrendar más de un local en la Plaza Central del Buen Vivir-Mercado Central; y,

 

Las que determina la Ley de Inquilinato.

 

Art. 9.- Obligatoriedad de pago.- Todos los arrendatarios de los locales y puestos de la Plaza Central del Buen Vivir- Mercado Central, referidos en el Art. 3 de la presente ordenanza, están obligados a cancelar el valor del canon de arrendamiento en los plazos previstos en la presente ordenanza.

 

Art. 10.- Determinación del canon de arrendamiento.- La determinación del canon de arrendamiento se fijará con la vigencia de la presente ordenanza y previo a los informes de los diferentes departamentos.

 

Art. 11.- De la actualización de datos.- Todo cambio de datos producido en el uso del puesto y local se realizará con el aval de la Comisaría Municipal, y tendrá que aprobarse o negarse cualquier cambio de giro de negocio después de un análisis de factibilidad según zonificación de giros estipulado por la Municipalidad. Cualquier modificación de datos requiere un registro en los catastros municipales y deberán realizarse con 15 días de anticipación a los cambios solicitados por el arrendatario.

 

Art. 12.- De la suspensión y terminación de los contratos.- En caso de que los arrendatarios de la Plaza Central del Buen Vivir-Mercado Central suspendan su actividad por más de ocho días sin justificativo alguno, se procederá con la terminación del contrato de arrendamiento, las personas que justifiquen su ausencia tendrán hasta un periodo no mayor a ocho días después del suceso para informar los motivos de su falta. En caso contrario la Municipalidad tendrá la facultad de hacer uso de ese puesto o local.

 

Art. 13.- De la traslación de dominio.- Cuando la actividad comercial se haya transferido a otra persona, será el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, quien autorice y determine el nuevo arrendatario.

 

Art. 14.- Plazo del canon de arriendo.- Será de acuerdo a lo siguiente: Todos los arrendatarios de puestos y locales de la Plaza Central del Buen Vivir-Mercado Central realizarán su pago mensual hasta los 5 primeros días de cada mes.

 

Art. 15.- Canon de arrendamiento.- Los arrendatarios de los puestos y locales de la Plaza Central del Buen Vivir- Mercado Central, realizarán su pago del canon de arrendamiento de acuerdo a la categorización de los puestos establecidos por la Jefatura de Avalúos y Catastros del GAD Municipal de Tulcán, según la dimensión, ubicación y al producto de expendio, tentativamente de acuerdo a la siguiente tabla:

 

 

Giro

Arrendamiento

/m2

Capacidad de pago adicional al Pago /m2*

Disposición adicional al pago / m2

Máximo

Recomendado

Arrendamientos PBV/m2

Abarrotes

$              0,88

$                4,16

$              2,87

$                5,04

Carnes

$              0,87

$                9,23

$              2,43

$              10,09

Comidas

$              1,01

$              12,20

$              2,61

$              13,21

Frutas/Verduras

$              0,69

$                2,12

$              1,57

$                2,81

Peq Negocios

$              0,81

$                7,02

$              5,46

$                7,82

BAzar

$              2,01

$                3,23

$              5,21

$                7,22

 

 

CAPÍTULO II

 

DE LA RECAUDACIÓN DEL CANON DE

ARRENDAMIENTO

 

DE LA PLAZA CENTRAL DEL BUEN VIVIR-

MERCADO CENTRAL

 

Art. 16.- De la recaudación del canon de arrendamiento.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán a través de Tesorería y la Administración de mercados, emitirá el documento de venta (factura), quienes procederán de la siguiente manera:

 

En base al catastro de arrendamiento de locales y puestos ya establecidos.

 

En el caso de arrendatarios nuevos, se emitirá una vez que se levante el catastro y exista la autorización de funcionamiento por parte de la Comisaría Municipal.

 

Art. 17.- De la recaudación.- Emitido el documento de venta (factura) y realizados los correspondientes registros contables, la Tesorería Municipal, será la encargada de recaudar los valores sin que medie notificación alguna a las y los arrendatarios, y en los casos que sea necesario, dando cumplimiento con los procesos coactivos de conformidad con lo dispuesto en el COOTAD y Código Orgánico Tributario.

 

Art. 18.- Fecha de exigibilidad para inicio del proceso coactivo.- El pago del canon de arrendamiento será exigible mediante proceso coactivo desde el primero de enero del siguiente ejercicio económico.

 

Art. 19.- Intereses y multas a cargo del arrendatario.- Las y los arrendatarios que no hayan cancelado el canon de arrendamiento en los plazos previstos, cancelarán los intereses y multas vigentes de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Tributario y la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

 

 

CAPÍTULO III

 

DE LAS CONTRAVENCIONES Y MULTAS

 

Art. 20.- Contravenciones y sanciones.- La Dirección de Gestión Financiera, previo informe de Tesorería y Administración de Mercados, en los casos que les competa, impondrá multas por contravenir las disposiciones establecidas en la presente ordenanza, las que no eximirán al contraventor en el pago de las mismas:

 

La violación a las disposiciones de la presente ordenanza serán sancionadas por el Comisario Municipal bajo el siguiente procedimiento:

 

Previa acta de juzgamiento el Comisario Municipal impondrá sanciones pecuniarias de carácter preventivo que van de 1,00 a 10,00 USD de multa, dependiendo de la gravedad de la falta. En caso de reincidencia se aplicará el doble de la sanción anterior;

 

Sanciones administrativas, que implican la suspensión temporal de los puestos o locales de 30 días por la gravedad de la falta; y,

 

 

Previa entrega de un recibo por parte de la Policía Municipal, el decomiso de las mercaderías si estas se encontraren en lugares no autorizados o cuando estas no reúnan las condiciones higiénicas necesarias, se encuentren en estado de caducidad o descomposición, para lo cual el Comisario contará con un informe de la Dirección Provincial de Salud y Medio Ambiente, mercaderías que serán destruidas o incineradas;

 

Los productos perecibles decomisados, podrán ser retirados por sus dueños previo el pago de la sanción pecuniaria correspondiente dentro de las veinticuatro horas posteriores al decomiso, vencido el plazo el Comisario Municipal procederá a donar estos productos si son aptos para el consumo humano a las guarderías infantiles del cantón Tulcán, previo un acta de entrega recepción.

 

Si las mercaderías comisadas son artículos no perecibles podrán ser retirados por sus dueños, previo el pago de la sanción pecuniaria respectiva, dentro de los 30 días subsiguientes. Si vencido el plazo las mercaderías comisadas no son retiradas por sus dueños, el Comisario Municipal procederá a donar a las guarderías infantiles del cantón Tulcán, previo la suscripción de un acta de entrega recepción.

 

Para conocimiento de la contravención y juzgamiento de esta, por parte del Comisario Municipal, el Policía Municipal que conozca el caso, elevará el parte policial correspondiente al Administrador de Mercados, el mismo que lo remitirá al Comisario Municipal quien actuará y aplicará la sanción, de acuerdo a lo previsto en el Código de Procedimiento Penal, las multas se recaudarán por intermedio de la Tesorería Municipal.

 

Art. 21.- En las resoluciones emitidas por el Comisario Municipal por contravenciones, no habrá recurso alguno de conformidad a lo que establece el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal.

 

Art. 22.- El Comisario Municipal aplicará estas sanciones sin perjuicio de las establecidas en el Código de Salud y su Reglamento, el Código Penal y otras disposiciones legales. Si fuere el caso el Comisario Municipal, pondrá al infractor a órdenes de otra autoridad competente.

 

Art. 23.- Clausura.- La clausura es el acto administrativo de carácter reglado e impugnable, por el cual la Dirección de Gestión Financiera a través de la Comisaría Municipal con el personal a su cargo, procederá a cerrar los puestos y locales de los arrendatarios por falta de pago de los valores emitidos por dos meses.

 

Art. 24.- Destrucción de sellos.- La destrucción de sellos que implique el reinicio de actividades sin autorización o la oposición a la clausura, dará lugar a iniciar las acciones legales pertinentes.

 

Art. 25.- Intervención de la Comisaría Municipal.- Para la ejecución de la clausura, el Administrador de mercados, solicitará la intervención de la Comisaría Municipal y/o Fuerza Pública, quienes actuarán en forma inmediata sin necesidad de trámite previo.

 

Art. 26.- Normas complementarias.- En todos los procedimientos y aspectos no señalados en esta ordenanza, se aplicarán las disposiciones contempladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, Código Orgánico Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, su reglamento, Ley del Registro Único de Contribuyentes, su reglamento, Código de Procedimiento Penal y demás leyes conexas.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia una vez que esté en funcionamiento la Plaza Central del Buen Vivir-Mercado Central.

 

SEGUNDA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, para la celebración de los contratos de arrendamiento de los locales frentistas a la calle Bolívar de nuestra ciudad, se establecerá en base al canon de arrendamiento al valor comercial de la zona.

 

TERCERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, previo a la vigencia de la presente ordenanza, emitirá el Reglamento de Funcionamiento de la Plaza Central del Buen Vivir-Mercado Central, en un plazo de 60 días.

 

CUARTA.- La violación a esta ordenanza, por parte de los funcionarios municipales encargados de la Administración de Mercados, serán sancionados de acuerdo a las normas internas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán.

 

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

PRIMERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Municipal de Tulcán, a veinte y ocho de junio del dos mil once.

 

f.) Ing. Julio César Robles Guevara, Alcalde.

 

f.) Ab. Marlon Suárez Obando, Secretario General.

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN. CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: LA ORDENANZA QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO DE LOS PUESTOS Y LOCALES DE LA PLAZA CENTRAL DEL BUEN VIVIR-MERCADO CENTRAL DE TULCÁN, fue analizada y aprobada en sesiones ordinarias del Concejo realizadas el 25 de mayo y 28 de junio del 2011.

 

Lo certifico.

 

f.) Ab. Marlon Suárez Obando, Secretario General.

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN.- Tulcán, 29 de junio del 2011, las 09h00. De conformidad con lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde para su sanción.

 

f.) Ab. Marlon Suárez Obando, Secretario General.

 

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN.- Tulcán, treinta de junio del dos mil once, a las 12h00 por reunir los requisitos legales exigidos en el Art. 322 y en cumplimiento del Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, promúlguese y publíquese en el Registro Oficial.

 

f.) Ing. Julio César Robles Guevara, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán.

 

Proveyó y firmó la Ordenanza que regula el arrendamiento de los puestos y locales de la Plaza Central del Buen Vivir- Mercado Central de Tulcán, el Ing. Julio César Robles Guevara, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Tulcán, el treinta de junio del dos mil once.

 

Lo certifico.

 

f.) Ab. Marlon Suárez Obando, Secretario General.

 

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