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Registro Oficial No 692- Viernes, 27 de Abril de 2012 SUPLEMENTO

lunes 30 de abril del 2012 | 21:56
Útima actualizacion: miércoles 26 de septiembre del 2012 | 19:26


REGISTRO OFICIAL

Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Viernes, 27 de Abril de 2012 - R. O. No. 692

 

SUPLEMENTO

SUMARIO

              

Servicio de Rentas Internas:

Circular 

NAC-DGECCGC12-00005 A las notarias y notarios públicos              

Corte Constitucional-Para el Periodo de Transición.

 

Sentencias           

 

004-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Pablo Fernando Chiriboga Becdach y déjase sin efecto las providencias emitidas por la Jueza Octava de Garantías Penales de Pichincha dentro del expediente No. 0061-2010              

010-12-SIS-CC Acéptase la demanda propuesta y declárase el incumplimiento de la Resolución 334-RA-99-I.S. adoptada por la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional              

Ordenanzas Municipales:              

-       Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 24 de Mayo: Que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2012-2013

             

-       Gobierno Municipal del Cantón Otavalo: De creación, regulación y establecimiento del Sistema de Estacionamiento Rotativo y Tarifado del cantón Otavalo

              

-       Gobierno Municipal del Cantón Puerto Quito: Que reforma a la Ordenanza que reglamenta la gestión integral de los residuos sólidos

              

-       Mancomunidad del Norte: Apruébanse los estatutos de creación de la “Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y Perfeccionamiento de los Depó-sitos de Carbono (plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador (EP REDD+ MNE)

 

CONTENIDO

 

No. NAC-DGECCGC12-00005

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

 

A LAS NOTARIAS Y NOTARIOS PÚBLICOS

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 7 del Código Tributario, en concordancia con el artículo 8 de la Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es facultad del Director General del Servicio de Rentas Internas expedir las resoluciones, circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio necesarias para la aplicación de las normas legales y reglamentarias.

 

De conformidad con el artículo 199 de la Constitución de la República del Ecuador, es facultad del Consejo de la Judicatura fijar las remuneraciones de las notarias y notarios, el régimen de personal auxiliar de estos servicios y las tasas que deban satisfacer los usuarios.

 

El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece que las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

 

El artículo 303 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que: “Es atribución del Consejo de la Judicatura establecer, modificar o suprimir mediante resolución las tasas por servicio notarial, fijar sus tarifas y regular sus cobros. Igualmente, es atribución de dicho Consejo fijar y actualizar periódicamente, mediante resolución, los mecanismos de remuneración de las notarias y notarios, que serán pagados por los usuarios del servicio”.

 

El artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial señala que le corresponde exclusivamente a la Notaria o Notario asumir los costos de la administración general de su despacho, su propia remuneración y el cumplimiento de las obligaciones laborales de su personal, por medio de la recaudación directa que por concepto de tasas realiza. En ningún caso el Estado deberá erogar valor alguno por estos conceptos. La Notaria o Notario sentará razón al margen de la escritura matriz o del documento protocolizado o de la diligencia practicada, del número de la factura emitida por el acto o contrato notarial realizado.

 

 

El referido artículo establece que el Estado recibirá, según lo determinado en el esquema previsto en dicho artículo, un porcentaje del ingreso bruto percibido por la Notaria o Notario, porcentajes que podrán ser modificados por el Consejo de la Judicatura, mediante resolución, según las necesidades del servicio.

 

El mismo artículo 304 del Código Orgánico de la Función Judicial establece que esta participación del Estado en el rendimiento no constituye un tributo; por lo tanto no constituye crédito fiscal a favor de la Notaria o Notario, debiendo depositar este monto dentro de los diez primeros días del mes siguiente, en la cuenta única del Tesoro Nacional y presentar la respectiva liquidación al Consejo de la Judicatura.

 

El Pleno del Consejo de la Judicatura de Transición, mediante Resolución No. 017-2011, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 575 de 14 de noviembre del 2011, expidió los valores correspondientes a las tasas por servicios notariales, indicando en su disposición final segunda que el Consejo de la Judicatura de Transición coordinará con el Servicio de Rentas Internas la emisión de la respectiva resolución que regulará el contenido que observarán las notarias y notarios para la emisión de sus facturas.

 

Adicionalmente, mediante la Resolución No. 209-2011, publicada en el Registro Oficial No. 623 de 20 de enero del 2012, el Consejo de la Judicatura de Transición reforma la Resolución No. 017-2011 y establece que el Servicio de Rentas Internas deberá emitir la “resolución o acto administrativo” para regular la facturación de los servicios notariales, hasta el 1 de marzo del 2012.

 

En atención de lo señalado, el Servicio de Rentas Internas, con fecha 28 de febrero del 2012 expidió la circular No. NAC-DGECCGC12-00004, publicada en el Registro Oficial No. 659 de 12 de marzo del 2012, en la cual se recuerda a las notarias y notarios públicos aspectos relacionados a la facturación de sus servicios.

 

El artículo 1 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios señala que las facturas acreditan la transferencia de bienes, la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos; y el artículo 11 del mismo cuerpo normativo, a su vez, indica que se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con impuestos. Para el efecto, dichos documentos deben contener los requisitos preimpresos y de llenado constantes en los artículos 18 y 19 del referido reglamento.

 

Por su parte, en lo que al impuesto a la renta se refiere, el primer inciso del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala que en general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos, de conformidad con la ley.

 

El artículo 16 de la Ley de Régimen Tributario Interno dispone que en general la base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados  con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. El artículo 58 de la Ley de Régimen Tributario Interno, señala que la base imponible del IVA es el valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado a base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio.

 

Finalmente, conforme al referido artículo, del precio así establecido podrán deducirse los valores correspondientes a: Los descuentos y bonificaciones normales concedidos a los compradores según los usos o costumbres mercantiles y que consten en la correspondiente factura.

 

Con base en la normativa expuesta, esta Administración Tributaria recuerda a las notarias y notarios públicos lo siguiente:

 

Los valores correspondientes a los servicios notariales fijados por el Consejo de la Judicatura, cobrados por la Notaria o el Notario en cada uno de sus servicios prestados, incluyen todos los montos legalmente imputables al precio y constituyen, a su vez, ingresos brutos de la Notaria o del Notario, correspondientes al respectivo servicio prestado en el ejercicio de sus funciones.

 

De igual manera, tales valores constituyen la base imponible para el cálculo del 12% de impuesto al valor agregado y retenciones en la fuente, debiendo la Notaria o el Notario Público emitir, en cada prestación de sus servicios, la respectiva factura, de acuerdo a lo señalado en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación y cumpliendo los requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, desglosando en la referida factura el monto correspondiente al IVA percibido.

 

Respecto a los valores del servicio notarial que le corresponden al Estado, estos por su naturaleza constituyen un derecho establecido legalmente, que debe ser satisfecho directamente al Estado con ocasión de dicho servicio, por lo que no son objeto de Impuesto al Valor Agregado (IVA), en los términos establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.

 

En este sentido, el valor del servicio notarial que le corresponde al Estado, no constará desglosado en la respectiva factura emitida por su servicio prestado y su pago, que de conformidad con lo señalado en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación constituye gasto deducible para la Notaria o el Notario Público, deberá estar sustentado en el documento que el Consejo de la Judicatura disponga para el cobro de estos valores, en ejercicio de sus facultades legalmente establecidas.

 

El presente acto normativo deroga a la circular No. NAC-DGECCGC12-00004, publicada en el Registro Oficial No. 659 de 12 de marzo del 2012.

 

Comuníquese y publíquese.

 

Dictó y firmó la circular que antecede, Carlos Marx Carrasco Vicuña, Director General del Servicio de Rentas Internas, en Quito, D. M., a 19 de abril del 2012.

 

Lo certifico.

 

f.) Dra. Alba Molina, Secretaria General del Servicio de Rentas Internas.

 

Quito, D. M., 05 de enero del 2012

 

SENTENCIA N.º 004-12-SEP-CC

 

CASO N.º 0626-10-EP

 

CORTE CONSTITUCIONAL

PARA EL PERIODO DE TRANSICIÓN

 

Juez constitucional ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie

 

I. ANTECEDENTES

 

Resumen de admisibilidad

 

Pablo Fernando Chiriboga Becdach, mediante acción extraordinaria de protección presentada el 15 de abril del 2010, impugna ante la Corte Constitucional, para el periodo de transición, el auto definitivo emitido el 16 de marzo del 2010 a las 17h03, por la jueza octava de garantías penales de Pichincha.

 

El 07 de julio del 2010, de conformidad con las normas de la Constitución de la República aplicables al caso, el artículo 197 y las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Sala de Admisión, conformada por los doctores: Edgar Zárate Zárate, Hernando Morales Vinueza y Patricio Pazmiño Freire, jueces constitucionales, en ejercicio de su competencia, avocaron conocimiento y admitieron a trámite la acción extraordinaria de protección N.º 0626-10-EP.

 

El 24 de noviembre del 2010 a las 17h16, en virtud del sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, y de conformidad con lo dispuesto en la parte pertinente del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Dr. Roberto Bhrunis Lemarie, en calidad de juez sustanciador, avocó conocimiento de la presente acción.

 

Sentencia o auto que se impugna

 

“JUZGADO OCTAVO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA. QUITO, 16 de marzo del 2010, las 17H03.- VISTOS: Dra. María Cerón de Navarro, designada Juez  Suplente del Juzgado Octavo de lo Penal de Pichincha […] dispongo: 1) Tomando en cuenta los siguientes puntos: La Fiscalia Provincial manifiesta: Examinado el expediente de desestimación, del mismo que el Dr. CESAR ALMEIDA SUBIA. Agente Fiscal del Distrito de Pichincha, solicita el archivo se advierte que la denuncia es de fecha: 08 DE JULIO DE 2009, la fase preprocesal de Indagación Previa comprende una serie de actividades de carácter no formal, no procesal, de orden técnico investigativo, cuyo objeto comprende descubrir como ocurrieron los hechos puestos en conocimiento del Fiscal al fin de establecer si a su vez estos hechos son delictivos y quien o quienes serian los presuntos responsables del hecho delictuoso, que tal oficio, pese a ser considerado por el denunciante como una RESOLUCION emitida por la Superintendencia de Compañías, no goza de tal calidad, sino que se trata de un alcance a un Informe Jurídico del que el denunciante solicitara copias certificadas. En tal virtud no se desprenden indicios que permitan presumir la existencia del ilícito denunciado, sin que el Fiscal pueda construir una teoría del caso que le permita dar inicio a la etapa de Instrucción Fiscal, esta Fiscalia Provincial ratifica la DESESTIMACIÓN, y requerimiento de ARCHIVO de la denuncia, 2).- Iniciar la Instrucción Fiscal; en tal virtud con fundamento en el inciso 3ro del Art. 215 del Código de Procedimiento Penal y de conformidad con el Art. 38 Ibidem del Código de Procedimiento Penal y habiendo dado cumplimiento a lo que dispone el inciso 1 del Art. 39 del Código de Procedimiento Penal, dispongo el ARCHIVO de la denuncia presentada en esta causa por PABLO FERNANDO CHIRIBOGA BEDACH y todas las actuaciones anexas a la misma”.

 

“JUZGADO OCTAVO DE GARANTÍAS PENALES DE PICHINCHA. QUITO, 29 de Marzo del 2010, las 16h56.- Dra. María Cerón de Navarro, designada Juez Suplente del Juzgado Octavo de lo Penal de Pichincha […] dispongo: […] c) Dentro de este proceso el señor Fiscal de la causa, una vez realizado la investigación remite el expediente de desestimación y una vez cumplido con la audiencia respectiva, esta se remitió en consulta al señor fiscal provincial, quién a su vez ratifica la desestimación del fiscal inferior. En base de lo anotado y por cuanto la Fiscalía como único facultado para continuar con la investigación ha considerado no hacerlo, esta autoridad en estricta observancia al inciso segundo del Art. 39 del Código de Procedimiento Penal, desecha la solicitud de revocatoria formulada por el denunciante Pablo Fernando Chiriboga Becdach por ilegal e improcedente y dispongo que las partes estén a lo dispuesto en el auto inmediato anterior y cúmplase con lo mismo”.

 

Argumentos planteados en la demanda

 

El legitimado activo, sobre lo principal, hace las siguientes argumentaciones:

 

Como primer fundamento manifiesta que la jueza octava de garantías penales de Pichincha, dentro del proceso N.º 061- 2010 –desestimación de denuncia de falsedad documental– al  emitir las decisiones judiciales recurridas, violentó varias prerrogativas constitucionales, ya que aceptó la desestimación realizada por el fiscal, Dr. César Almeida Subía y la ratificación de la desestimación de Marco Freire López, fiscal distrital de Pichincha, de la denuncia tendiente a que se investigue el delito de falsedad de documento presuntamente cometido por Sofía Bianchi y José Buera Cienfuegos.

 

Como segundo fundamento, el legitimado activo señala que uno de los requisitos para que el fiscal pueda abstenerse de iniciar la investigación penal o desistir de la misma, según lo establecido en el artículo 39 numeral 1 del Código de Procedimiento Civil, es que el hecho constitutivo de presunto delito no comprometa de manera grave el interés público, que no implique vulneración a los intereses del Estado y tenga una pena máxima de hasta cinco años de prisión, particular que no fue evidenciado por parte de la jueza octava de garantías penales de Pichincha, por cuanto el caso que se investigaba se comprometía de manera grave un interés público, esto por el hecho cierto, que la compañía INTERVISETRADE S. A., mantiene un contrato de concesión vigente de veinticinco años con el Estado ecuatoriano: “del que se desprende que dicha compañía, con el uso de su único bien la BARCAZA VICTORIA II, mantiene un contrato con el Consejo Nacional de Electricidad CONELEC, vale decir, con el ESTADO ECUATORIANO, para la generación TERMO eléctrica, por lo que recibe como pago, dinero del Estado, por la prestación y generación eléctrica, servicio básico considerado como estratégico según lo dispuesto en los Arts. 313 y 314 de la Constitución de la República del Ecuador”.

 

Como tercer fundamento, considera que el artículo 39 numeral 2 del Código de Procedimiento Penal preceptúa que en los casos de desistimiento o archivo, el juez de garantías penales que considere improcedente este requerimiento, enviará el expediente al fiscal superior, quien dispondrá que se continúe con la investigación a cargo de un fiscal distinto al que solicitó la desestimación o archivo. Al respecto considera que en la audiencia oral celebrada en la causa le hace conocer a la jueza que es socio de INTERVISATRADE S. A., y que la señora Sofía Bianchi está actuando de manera ilegal y dolosa con un nombramiento que adolece de falsedad, ya que acepta el cargo el 18 de marzo del 2009 en la ciudad de Guayaquil, sin embargo, del certificado de movimiento migratorio constante en el proceso se evidencia que Sofía Bianchi no se encontraba en el país.

 

Considera que la jueza octava de garantías penales de Pichincha no citó y notificó al procurador general del Estado, pese a que en el presente caso, por comprometer de manera grave el interés del Estado, se debió contar con el él, vulnerando de esta manera lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

Finalmente, señala que la jueza octava de garantías penales de Pichincha, al momento de emitir el auto definitivo, no tiene presente lo establecido en el artículo 11 numeral 5 de la Constitución de la República, que dice: “En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y  servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezca su efectiva vigencia” vulnerando de esta manera su derecho constitucional a la defensa.

 

Derechos constitucionales supuestamente vulnerados

 

Por lo expuesto, señala que la decisión recurrida vulnera el artículo 76 (debido proceso) de la Constitución de la República.

 

Pretensión

 

Apoyado en la argumentación precedente, solicita a la Corte Constitucional, para el periodo de transición, que: “proceda a anular la providencia de 16 de marzo de 2010, así como la providencia de 29 de marzo de 2010, dictada por la Jueza Octava de Garantías Penales, disponiendo que, en su lugar, dicte un Auto en el cual, respetando mis derechos constitucionales así como el debido proceso, declare improcedente la desestimación de la denuncia y ordene al Fiscal superior continúe con la investigación encargado a un fiscal distinto al que conoció esta causa.”DECLARAR LA EXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA MOTIVACIÓN y al debido proceso […] aceptar la acción extraordinaria de protección, revocar la sentencia de la Primera Sala de lo Civil, Mercantil y Materias Residuales de la Corte Provincial del Guayas, y declarar con lugar a la acción de protección”.

 

Contestaciones a la demanda

 

Comparecen Sofía Bianchi y José Buera, quienes en lo principal expresan:

 

La acción extraordinaria de protección no es un remedio judicial a la inconformidad de los sujetos procesales dentro de un juicio concluido. El objeto de las garantías jurisdiccionales, dentro de las que incluye la acción extraordinaria de protección, es garantizar jurisdiccionalmente los derechos reconocidos en la Constitución de la República.

 

Consideran que dentro de la causa N.º 061-2010, el agente fiscal del distrito de Pichincha, al no encontrar suficientes indicios y luego de seis meses de investigación, solicitó el archivo de la denuncia, la cual fue ratificada por el fiscal distrital de Pichincha, quién confirmó el archivo y la desestimación de la denuncia.

 

Además, manifiesta que la acción extraordinaria de protección cabe contra sentencias y autos de carácter definitivo, en el presente caso, el auto recurrido es provisional, ya que el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal señala que: “De encontrarse nuevos elementos el fiscal podrá reabrir la investigación y proseguirá con el trámite […] el ofendido podrá solicitar al fiscal la reapertura de la investigación”.

 

En consecuencia, solicita que se inadmita la acción extraordinaria de protección y se disponga el archivo de la causa según el artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia

 

La Corte Constitucional, para el periodo de transición, es competente para conocer y pronunciarse sobre las acciones extraordinarias de protección, en virtud de lo establecido en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República y el artículo 63 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; en el presente caso la decisión judicial emitida por la jueza octava de garantías penales de Pichincha.

 

Legitimación activa

 

El peticionario se encuentra legitimado para interponer la presente acción extraordinaria de protección, en virtud de cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 437 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone: “Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos (…)”; y del contenido del artículo 439 ibídem, que dice: “Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente”; en concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cabe resaltar que el sistema constitucional vigente es abierto en el acceso a la justicia.

 

Determinación de los problemas jurídicos a resolver

 

La Corte Constitucional, para el periodo de transición, examinará si las decisiones judiciales recurridas por el legitimado activo –expuestas anteriormente–, tienen sustento constitucional; para ello, es indispensable determinar cuáles son las cuestiones constitucionales que se plantean en la demanda y las contestaciones a la demanda. Así:

 

1. Las decisiones judiciales impugnadas ¿vulneran los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva, la motivación y la seguridad jurídica?

 

La tutela judicial efectiva consiste en el derecho de acceso a la justicia y de protección efectiva de los derechos y garantías ciudadanas, tendientes a materializar en forma real sus derechos individuales y sociales. La efectividad en el acceso a la justicia puede ser considerada como el requisito más esencial dentro de un sistema legal igualitario moderno, destinado a garantizar los derechos constitucionales y humanos. Dentro de esta perspectiva, el acceso a la justicia puede asimilarse como una “corriente de pensamiento que se interroga sobre las condiciones de paso de un estado formal a un estado real de derecho en que la causa de uno sea escuchada por las cortes y los tribunales (…)”1.

 

Para ello se demanda la existencia de un sistema jurídico válido y eficaz, a efectos de alcanzar los objetivos que pretende la seguridad jurídica, en otras palabras, evitar la vulneración a la seguridad del ordenamiento constitucional, capaz de garantizar a las personas, la certeza de contar con jueces competentes que le defiendan, protejan y tutelen sus derechos, evitando recurrir de forma incesante a las formalidades legales2.

 

En el contexto del Estado constitucional de derechos y justicia, los valores y los principios desempeñan un rol trascendental, y se imponen a las reglas, en la consolidación de la administración de justicia constitucional. La aplicación de los principios es esencial cuando la realidad exige una reacción y que se asuma posición ante esta de conformidad con ellos. “Los principios, no agotan en absoluto su eficacia como apoyo de las reglas jurídicas, sino que poseen una autónoma razón de ser frente a la realidad. La realidad, al ponerse en contacto con el principio, se vivifica, por así decirlo, y adquiere valor”3. Dentro de estas perspectivas, a criterio de Prieto Sanchís: “(…) los derechos no sólo defienden el estatus subjetivo de sus titulares, sino que constituyen criterios hermenéuticos preferentes, que han de ser tenidos en cuenta en toda operación de creación o aplicación del Derecho (…)”4.

 

 

 

 

 

 

     

1.             BOUEIRI BASSIL, Sonia; Acceso a la justicia y servicios jurídicos no estatales en Venezuela; en El Acceso a la Justicia, entre el Derecho Formal y el Derecho Alternativo; El Otro Derecho. 35; Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos; Bogotá 2006; Pág. 301.

2.             PECES-BARBA, Gregorio; Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General; Universidad Carlos III de Madrid; BOE; Madrid;1999;Págs.249y250.

3.             ZAGREBELSKI, Gustavo; El Derecho Dúctil; Traducción Marina Gascón; Sexta Edición; Editorial Trotta S.A; Madrid; 2005; Págs. 11 y 118.

 

4.             PRIETO Sanchís Luis; Estudios sobre derechos fundamentales; Debate, Madrid; 1990; Pág. 120.

 

MENDEZ Juan E.; El Acceso a la Justicia, un enfoque desde los derechos humanos; en Acceso a la Justicia y Equidad; Instituto Interamericano de Derechos Humanos y Otro; San José; 2000; Págs. 15 y 16.

 

SANTOS PASTOR PRIETO; ¡ah de la justicia¡ política judicial y economía; Editorial Civitas, S.A.; 1993; Pág. 267.


De acuerdo a estos criterios, vale decir que la tutela judicial efectiva se rige en el derecho que tienen las personas para acceder al sistema judicial y a conseguir resoluciones motivadas de los tribunales, capaces de evitar su indefensión. Es decir, que cuando una persona pretenda la defensa de sus derechos o intereses legítimos, ella debe ser atendida por un órgano jurisdiccional mediante un proceso dotado de un conjunto de garantías mínimas. Así, las actuaciones de los jueces ordinarios, al equivocar la aplicación normativa: sustantiva y adjetiva, naturalmente que vulnera el derecho a la defensa de la accionante. De esta forma, el sistema de administración de justicia se asimila como la última frontera donde los ciudadanos valoran si sus derechos son efectivamente respetados y garantizados, por lo que se hace imperiosa la necesidad de facilitar y favorecer no solo el acceso a la justicia, sino el acceso efectivo a la misma5. De aquello se colige que el acceso a la justicia se transforma en el derecho humano que toda persona posee para hacer valer jurisdiccionalmente un derecho que considera vulnerado.

 

Sobre su conceptualización se considera que: “el (…) acceso a la justicia no es unívoco ni sencillo. Generalmente es entendido como capacidad para acceder al “bien o servicio” denominado “tutela judicial”; en otras palabras, como capacidad para acudir a los tribunales y obtener de ellos una resolución (justa) sobre un conflicto o disputa, ya sea entre sujetos privados (civil), entre sujetos privados y públicos (penal, administrativo…) o entre sujetos públicos”6, es decir que el derecho a la tutela judicial es consentido como el derecho de toda persona a que se le <>, a que cuando pretenda algo de otra, esta pretensión sea atendida por un órgano jurisdiccional, a través de un proceso con unas garantías mínimas7.

 

En el ámbito de la protección internacional de los derechos humanos, en particular dentro del Sistema Interamericano, la Corte, en su jurisprudencia, ha dejado establecido cuales son los alcances y efectos del acceso a la justicia, y que en palabras de Manuel Ventura Robles8 desarrolla su conceptualización y efectos, concibiendo que el acceso a la justicia consiste en la posibilidad de toda persona, independientemente de su condición económica o de otra naturaleza, de acudir al sistema previsto para la resolución de conflictos y vindicación de los derechos protegidos de los cuales es titular. Vale decir que a través de este principio se puede entender la acción, ante una controversia o la necesidad de esclarecimiento de un hecho, de poder acudir a los medios previstos por los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales para su respectiva resolución. Aquello infiere en que este derecho se instituya como un equivalente al mejoramiento de la administración de justicia, siendo este una forma de ejecución de dicho principio.

 

Otro de los aspectos fundamentales que fortalecen la consolidación del Estado Constitucional es la eficaz administración de justicia y parte de esta es la motivación de sus decisiones. La motivación, como exigencia política, tiene relación con la fundamentación razonada de los pronunciamientos judiciales, los cuales otorgan significado a la democracia institucional y a su vez legitiman la intervención judicial dentro de un esquema constitucional. Así, la motivación como garantía constitucional tiene sustento en la obligación de determinar los motivos de persuasión adquiridos e indicados en la decisión.

 

Como parte esencial del debido proceso, en nuestro ordenamiento constitucional consta la garantía básica de la motivación de las resoluciones de los poderes públicos. El deber de la motivación encuentra sustento en el interés legítimo de la comunidad jurídica en general para conocer las razones de la decisión que se adopta y a la vez, la correlación de esta decisión con la ley y con el sistema de fuentes del Derecho procedente de la Constitución9. La finalidad o función de la motivación de las sentencias incide en facilitar el control de las resoluciones a través de los tribunales superiores; dar a

 

 

 

conocer al justiciable las razones por las que se le niega o restringe su derecho y garantizar que la solución conferida al caso es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento y no consecuencia de la arbitrariedad10. Dentro de esta lógica los jueces y tribunales tienen la obligación de interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico, conforme a los preceptos y principios constitucionales, tendientes a obtener la conformidad con el contenido constitucionalmente declarado, sin que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido11.

 

La seguridad jurídica se relaciona con la idea del Estado de Derecho; su relevancia jurídica se traduce en la necesidad social de contar y garantizar con claros y precisos modelos normativos de conducta destinados a otorgar una seguridad de realización de las previsiones normativas12. La seguridad jurídica13 determina las condiciones que debe tener el poder para producir un sistema jurídico (validez y eficacia) capaz de alcanzar sus objetivos, evitando aquellos aspectos del poder que pueden dañar la seguridad del ordenamiento normativo. A través de la seguridad jurídica se garantiza a la persona la certeza y existencia de un operador jurídico competente para que lo defienda, proteja y tutele sus derechos.

 

En este contexto, la seguridad jurídica es el imperio de la ley y la Constitución, el Estado de Derechos donde se regula y se racionaliza el uso de la fuerza por el poder (quien puede usarlo, con qué procedimientos, con qué contenidos, con qué límites), asegura, da certeza y previene en sus efectos. En el presente caso, de la revisión del proceso la Corte verifica que mediante dictamen fiscal del 15 de enero del 2010, el señor fiscal, doctor César Almeida Subía, considerando que el acto denunciado no constituía delito, se pronunció en los siguientes términos: “la denuncia de forjamiento y falsedad de documentos públicos y su utilización dolosa, presentada por el señor Pablo Fernando Chiriboga Becdach en contra de Sofía Bianchi y José Buera y de acuerdo al artículo 39.1 solicito se disponga su archivo”.

 

 

La señora jueza octavo de Garantías Penales de Pichincha, el 25 de enero del 2010 señaló día y hora para resolver en audiencia la solicitud de archivo presentada por la Fiscalía.

 

 

     

 


GONZALEZ Pérez Jesús; El Derecho a la Tutela Jurisdiccional; Editorial Civitas, Tercera Edición, Madrid, 2001; Pág. 33.

 

VENTURA Robles Manuel E. La Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Materia de Acceso a la Justicia e Impunidad: Disponible en http: www.2.ohchr.org/spanish/.

 

Tribunal Constitucional de España; Sentencia 13/1987.

 

Tribunal Constitucional de España; Sentencia 116/1986.

 

Tribunal Constitucional de España; Sentencia 195/2009.


 

El 05 de febrero del 2010 se llevó a efecto la mencionada diligencia. El 20 de febrero del 2010 la señora juez dispone al respecto:

 

“(…) Luego de escuchar al denunciante por sí y por intermedio de su abogado patrocinador fundamentar su oposición al archivo de la denuncia y considerando que las diligencias solicitadas por el denunciante como constan de la revisión del expediente de indagación previa no se han realizado pese a la insistencia expresa del denunciante, diligencias con las que se hubiera podido tener una visión más clara del hecho; razón por la cual y con el único fin de cumplir con los presupuestos establecidos en la Constitución Arts. 75, 76 numeral 7 literales: a, b, c, g, h y m, Art. 77 numeral 7 literal a), numeral 14, Art. 82 e inciso segundo del Art. 39 del Código de Procedimiento Penal, remítase en consulta al Fiscal Superior...”. (El resaltado fuera del texto).

 

El 10 de marzo del 2010, el fiscal provincial de Pichincha absuelve la consulta dispuesta y ratifica la solicitud de desestimación y requerimiento de archivo de la denuncia solicitada por el señor fiscal, doctor César Almeida.

 

Frente a estas actuaciones procesales, el 16 de marzo del 2010 a las 17h03, la jueza octavo de Garantías Penales de Pichincha dispuso el archivo de la denuncia presentada por el señor Pablo Chiriboga y todas las actuaciones anexas a la misma. Posteriormente, el 29 de marzo del 2010, la misma jueza octavo de garantías penales de Pichincha, ante la solicitud de revocatoria del auto de marras presentada por el prenombrado Chiriboga Becdach, desechó por ilegal e improcedente tal petición.

 

Las reformas introducidas al Código de Procedimiento Penal el 24 de marzo del 2009 en el Suplemento de Registro Oficial Nº 555, determinaron que el artículo 39 quede configurado de la siguiente manera:

 

“Art. 39.- Desestimación.- El fiscal solicitará al juez de garantías penales, mediante requerimiento debidamente fundamentado, el archivo de la denuncia, parte informativo o cualquier otra forma por la que llegue la noticia del ilícito, cuando sea manifiesto que el acto no constituye delito o cuando exista algún obstáculo legal insubsanable para el desarrollo del proceso.

 

La resolución del juez de garantías penales no será susceptible de impugnación. Si el juez decide no aceptar el pronunciamiento del fiscal, enviará el caso al fiscal superior, quien a su vez delegará a otro fiscal para que continúe con la investigación pre procesal o en su caso prosiga con la tramitación de la causa.” (El resaltado fuera del texto).

 

Bajo este contexto, la Corte Constitucional puede determinar que esta norma legal era aplicable a la fecha en que se tramitó la petición de desestimación y archivo presentada por la Fiscalía, por lo que si el juez de garantías penales decidía no  aceptar la solicitud del señor agente fiscal, debía enviarlo ante el superior a fin de que delegara a otro fiscal para que continúe con la investigación preprocesal, o en su caso prosiguiera con la tramitación de la causa.

 

En el caso concreto aquello no sucedió, pues la jueza octavo de Garantías Penales de Pichincha, en providencia del 20 de febrero del 2010, decidió enviar el expediente en consulta al fiscal superior –fiscal provincial de Pichincha–, considerando que las diligencias solicitadas por el denunciante no se habían realizado pese a las peticiones expresas que realizara este, mediante las cuales se hubiera podido tener una visión más clara del hecho que se investigaba. La jueza octavo de Garantías Penales de Pichincha, en este caso, no podía enviar en consulta al fiscal provincial de Pichincha la petición de desestimación y archivo de la denuncia solicitada por el señor agente fiscal Dr. César Almeida, pues la señora jueza, al evidenciar su inconformidad con tal pronunciamiento y en consecuencia no aceptarlo por no haberse efectuado todas las diligencias peticionadas por el denunciante, debió enviar el expediente al fiscal provincial de Pichincha –superior– para que delegue a otro agente fiscal la continuación de la investigación pre procesal, mas no para que se pronunciara al respecto, por lo que tal disposición de consulta y lo actuado a partir de ahí deviene en arbitrario.

 

El artículo 76 numeral 1 de la Constitución de la República determina que corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes, lo cual en el presente caso, como la Corte Constitucional lo ha evidenciado, no se ha cumplido, terminando por afectar el debido proceso constitucional, generando indefensión y vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, a la motivación y a la seguridad jurídica.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el período de transición, expide la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Declarar vulnerados los derechos constitucionales a la tutela efectiva, al debido proceso y a la seguridad jurídica, previstos en los artículos 75, 76 numeral 7 literal l, y 82 de la Constitución de la República.

 

Aceptar la acción extraordinaria de protección planteada por el señor Pablo Fernando Chiriboga Becdach y, por tanto, dejar sin efecto las providencias de fechas: 20 de febrero del 2010 a las 15h28; 16 de marzo del 2010 a las 17h03 y 29 de marzo del 2010 a las 16h56, emitidas por la jueza octava de Garantías Penales de Pichincha, dentro del expediente N.º 0061- 2010.

 

Devolver el expediente a la señora jueza octavo de Garantías Penales de Pichincha, a fin de que lo remita al fiscal provincial de Pichincha y dé estricto cumplimiento a las reformas introducidas al Código de Procedimiento Penal el 24 de marzo del 2009, esto es, a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, de conformidad a la parte motiva de la presente sentencia constitucional.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

12.           Enrique Bacigalupo; Justicia Penal y Derechos Fundamentales; Marcial Pons; Madrid; 2002; Pág. 225.

 

13.           Gregorio Peces-Barba Martínez; Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General; Boletín Oficial del Estado; Madrid; 1999; Págs. 245 - 258.


 

 

 

4.             Notifíquese, publíquese y cúmplase.

 

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

 

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario General (e).

 

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con ocho votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinargote, Fabián Sancho Lobato, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire, sin contar con la presencia del doctor Alfonso Luz Yunes, en sesión extraordinaria del día jueves cinco de enero del dos mil doce. Lo certifico.

 

f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretario General (e).

 

CAUSA 0626-10-EP

 

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día miércoles doce de enero de dos mil doce.- Lo certifico.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: … f.) Ilegible.- Quito, a 23 de marzo del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

CASO No. 0626-10-EP

 

CORTE CONSTITUCIONAL, PARA EL PERIODO DE TRANSICION.- Quito D. M., 28 de febrero de 2012; las 18h00.- VISTOS: Agréguese al proceso el escrito de aclaración presentado por Sofía Bianchi y José Buera a las 16h00 del 18 de enero de 2012, dentro de la acción extraordinaria de protección signada con el número No. 0626-10-EP, la misma que fue resuelta por el Pleno de la Corte Constitucional, mediante sentencia No. 004-12-SEPCC de 05 de enero de 2012. En lo principal se realizan las siguientes consideraciones: PRIMERO.- El Pleno de la Corte Constitucional para el Período de Transición es competente para atender el recurso horizontal interpuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 27 del Régimen de Transición publicado con la Constitución de la  República del Ecuador, en el Registro Oficial No. 449 de 20 de octubre del 2008; Resolución publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 451 de 22 de octubre de 2008; y la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- SEGUNDO.- Conforme lo prescribe el artículo 29 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la aclaración de una sentencia constitucional se la puede solicitar en el término de tres días contados a partir de su notificación. En el presente caso, la Corte Constitucional ha constatado que el presente recurso ha sido presentado dentro de dicho término por una de las partes procesales.- TERCERA.- Los peticionarios solicitan: “…aclarar, por qué razón la Corte Constitucional y la sentencia comentada, jamás repararon en que se aceptó una acción extraordinaria de protección que buscaba analizar el auto de 16 de marzo del 2010, las 17h03, luego de más de 20 DÍAS de notificada […]”. De igual manera, los accionantes consideran que los autos recurridos no son de carácter definitivo con fuerza de sentencia. En base a ello solicitan se aclare cuáles han sido las consideraciones jurídicas, fácticas y legales para que se revise dicho auto impugnado si como indicó era extemporánea la acción extraordinaria y el auto impugnado no era definitivo.- CUARTA.- Esta Corte a pesar de determinar que no existe oscuridad en la sentencia constitucional No. 004-12-SEP-CC, pues la misma es clara, se permite realizar las siguientes apreciaciones: En primer lugar, el Art. 60 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional con relación a la interposición de la acción extraordinaria de protección se refiere a días hábiles, lo asimila entonces a término y no a plazo- todos los días-. Así establece que: “El término máximo para la interposición de la acción será de veinte días contados desde la notificación de la decisión judicial a la que se imputa la violación del derecho constitucional, para quienes fueron parte”, particular que fue evidenciado por el Pleno de la Corte Constitucional, por cuanto la notificación del último auto impugnado de fecha 29 de marzo de 2010, dictado por el Juez Octavo de Garantías Penales de Pichincha, fue realizada la misma fecha según consta de la razón sentada por Secretaría del Juzgado,1 y la presentación de la demanda de acción extraordinaria de protección por parte de Pablo Fernando Chiriboga Becdach, fue el día 15 de abril de 2010, las 16h54, esto es, luego de 13 días hábiles, y no como equivocadamente pretenden los recurrentes en su petición de aclaración en la que consideran que corren para la interposición de este recurso extraordinario, todos los días, confundiendo de esta manera, lo que establece el Art. 8 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional, que señala que son hábiles todos los días y horas, pero esta normativa se refiere al procedimiento en si, normativa que tiene como objetivo la celeridad procesal para la protección de los derechos en las garantías constitucionales. No obstante, existen salvedades en cuanto a términos y plazos en las respectivas acciones jurisdiccionales como es el caso de la acción extraordinaria de protección que corre solamente días hábiles para interponer este recurso extraordinario. QUINTA.- Con relación, a lo señalado por los accionantes respecto a que los autos recurridos no son autos definitivos con fuerza de sentencia, es importante mencionar que el Art. 437 de la Constitución de la República establece que la acción extraordinaria de protección  cabe contra: 1. Sentencias; 2. Autos definitivos y 3. Resoluciones con fuerza de sentencia, que vulneren por acción u omisión derechos constitucionales. En la especie, el auto impugnado se enmarca dentro de la tercera posibilidad, pues evidentemente es una resolución con fuerza de sentencia, es decir, que es de aquellos autos que si bien no son definitivos por ser modificables al cambiar ciertas condiciones fácticojurídicas que al momento procesal de ser dictados no existen -precisamente por no haberse observado los derechos del recurrente-, deciden o definen una situación jurídica determinada vulnerando derechos constitucionales y dejando en indefensión al recurrente como se estableció en la sentencia. En este sentido, lo alegado por los peticionarios es errado, pues ello implicaría que este tipo de autos estarían exentos de control constitucional y los derechos constitucionales que se podrían ver vulnerados por acción u omisión en este tipo de resoluciones, no podrían ser protegidos, consecuencia que reñiría con el principio de supremacía constitucional y un Estado Constitucional de Derechos y Justicia como el nuestro en donde todos estamos sujetos al control de la Constitución, cuestiones jurídicas que fueron observadas tanto por la Sala de Admisión como por el Pleno del Organismo. Por lo expuesto y en virtud de que la sentencia constitucional N.° 004-12-SEP-CC de 05 de enero de 2012, es clara y precisa esta Corte desecha el pedido de aclaración y ampliación por improcedente. Notifíquese y cúmplase. f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente. 1. Fojas 276 del proceso.

 

Razón: Siento por tal, que el Auto que antecede fue aprobado por el Pleno de la Corte Constitucional, para el periodo de transición, con seis votos de los doctores Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Alfonso Luz Yunes, Ruth Seni Pinoargote, Nina Pacari Vega y Patricio Pazmiño Freire; sin contar con la presencia de los doctores Manuel Viteri Olvera y Edgar Zárate Zárate y Hernando Morales Vinueza, en sesión del día martes 28 de febrero de dos mil doce.- Lo certifico.

 

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: … f.) Ilegible.- Quito, a 23 de marzo del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

 

Quito, D. M., 27 de marzo del 2012

 

SENTENCIA N.º 010-12-SIS-CC

 

CASO N.º 0037-11-IS

 

CORTE CONSTITUCIONAL PARA EL PERIODO

DE TRANSICIÓN

 

Jueza Constitucional Sustanciadora: Dra. Ruth Seni Pinoargote

 

 

I. ANTECEDENTES

 

Resumen de admisibilidad

 

La presente causa ingresa a la Corte Constitucional, para el periodo de transición, el 28 de marzo del 2011.

 

La secretaria general (e) de la Corte Constitucional, el 28 de marzo del 2011 certifica que la acción de incumplimiento planteada tiene relación con el caso N.º 1252-99-RA, que se encuentra resuelto.

 

En virtud del sorteo correspondiente efectuado por el Pleno del Organismo y de conformidad con las normas consagradas en la Constitución de la República aplicables al caso y artículos 194 numeral 3, 195 inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 84 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencias de la Corte Constitucional, correspondió la sustanciación de la presente causa a la señora jueza constitucional, Dra. Ruth Seni Pinoargote, quien mediante providencia del 19 de julio del 2011 a las 11h45, avocó conocimiento de la presente acción, N.º 0037-11-IS, y se notificó con el contenido de la misma a la parte recurrida, a los señores de la Comandancia General de la Fuerza Aérea, al Ministro de Defensa Nacional y al Procurador General del Estado, con la finalidad de que en el término de cinco días presenten un informe de descargo sobre el incumplimiento demandado, según razón sentada por el actuario, Abg. Esteban Secaira Vaca, constante a folio 15 de expediente.

 

Parte expositiva de los antecedentes de hecho y de derecho

 

Luis Alberto Tobar Abril, por sus propios derechos, propone acción de incumplimiento señalando que de la copia certificada de la resolución N.º 334-RA-99-IS, de la entonces Primera Sala del Tribunal Constitucional en el caso signado con el N.º 1252-99-RA, que en la parte resolutiva manifiesta conceder el amparo propuesto por el Teniente Coronel de Aviación Luis Alberto Tobar Abril, suspendiendo el efecto retroactivo del acto administrativo impugnado y revocando la Resolución emitida por el juez tercero de lo Civil de Pichincha, en la que se expresa claramente la suspensión de los efectos del Decreto Ejecutivo N.º 1303 dictado el 22 de septiembre de 1999, en el que se le colocó en situación “a disposición” del señor ministro de Defensa Nacional el 12 de julio de 1999.

 

Las personad que tuvieron que dar cumplimiento a la Resolución son el comandante general de la Fuerza Aérea y el Ministro de Defensa Nacional.

 

 

Sentencia y Dictamen Constitucional cuyo cumplimiento se solicita

 

La resolución cuyo cumplimento se demanda es la signada con el N.º 334-RA-99-I.S., adoptada por la Primera Sala del Tribunal Constitucional el 11 de agosto del 2000, dentro de la causa N.º 1252-99-RA, en la que se resolvió:

 

“1. Conceder el amparo interpuesto por el teniente coronel  de Aviación Luís Alberto Tobar Abril, suspendiendo el efecto retroactivo del acto administrativo impugnado, revocando la resolución emitida por el Juez Tercero de lo Civil de Pichincha;

 

2. Devolver el expediente al Juez de origen para los fines previstos en el artículo 55 de la Ley de Control Constitucional.- Notifíquese”.

 

Contestación de la demandada

 

Pronunciamiento del comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, teniente general Leonardo Barreiro Muñoz

 

A fojas 35 consta la comparecencia del comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, teniente general Leonardo Barreiro Muñoz, quien por intermedio de su abogada manifiesta:

 

“…me permito hacer conocer a usted señora Jueza, los trámites que este Comando General ha efectuado en cumplimiento de la Resolución No. 334-RA-99-IS de la Primera Sala del Tribunal Constitucional; permitiéndome adjuntar el proyecto de Autógrafo del señor Presidente Constitucional de la República, en el cual consta las rectificaciones a las fechas respectivas, documento éste que ha sido elaborado en la Fuerza Aérea Ecuatoriana y tramitado conforme al Ministerio de Defensa Nacional. El Decreto debidamente legalizado y publicado, será en forma inmediata remitido a su Despacho”.

 

Pronunciamiento del procurador general del Estado y del ministro de Defensa Nacional

 

A fojas 22 y 27 se encuentran los escritos presentados por el procurador general del Estado y por el ministro de Defensa Nacional, respectivamente, los cuales se limitan a señalar casillero constitucional para futuras notificaciones.

 

 

II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

Competencia de la Corte Constitucional y validez del proceso

 

El Pleno de la Corte Constitucional, de conformidad con lo previsto en los artículos 429 y 436 numeral 9 de la Constitución de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 162 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y artículo 84 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, es competente para conocer y sancionar el incumplimiento de las sentencias y dictámenes constitucionales.

 

La presente acción ha sido tramitada de conformidad con el ordenamiento jurídico constitucional y legal aplicable al caso, por lo que se declara su validez. Naturaleza jurídica y finalidad de la acción de incumplimiento de las Sentencias y Dictámenes Constitucionales

 

Conforme se ha manifestado en múltiples fallos emitidos por el Pleno de esta Corte, dentro de la amplia esfera de administrar justicia constitucional le corresponde conocer a la Corte Constitucional las acciones de incumplimiento de sentencias y dictámenes constitucionales, tal como lo determina el artículo 436 numeral 9 de la Constitución de la República, a fin de asegurar la efectiva materialización de los derechos y garantizar una correcta administración de la justicia constitucional.

 

Esta Corte ha indicado en fallos anteriores que no resultaría admisible que en el actual marco jurídico se convierta en un órgano pasivo y contemplativo frente a los incumplimientos de la decisiones emanadas de la jurisdicción constitucional, por lo que a través de la acción de incumplimiento se le ha dotado del mecanismo idóneo y efectivo para hacer cumplir con las más amplías facultades y potestades: las sentencias de la justicia constitucional.

 

La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su Título VI, hace eco del lineamiento constitucional sobre el tema. El inciso primero del artículo 63 señala: “Las juezas y jueces tienen la obligación de ejecutar las sentencias en materia constitucional que hayan dictado. Subsidiariamente, en caso de inejecución o defectuosa ejecución, se ejercitará la acción de incumplimiento ante la Corte Constitucional”, por lo que bajo esta normativa, en la justicia constitucional, al igual que ocurre en los procesos de la justicia ordinaria, es aplicable el derecho al cumplimiento de las sentencias emitidas en procesos constitucionales y de garantías de derechos, comprendido en el núcleo esencial del derecho a la tutela efectiva.

 

Análisis del incumplimiento alegado en la presente causa

 

La Primera Sala del ex Tribunal Constitucional, en su Resolución N.º 334-RA-99-IS del 11 de agosto del 2000, adoptada dentro de la causa N.º 1252-99-RA, resolvió conceder el amparo interpuesto por el teniente coronel de aviación Luis Alberto Tobar Abril, suspendiendo el efecto retroactivo del acto administrativo impugnado, esto es, el Decreto Ejecutivo N.º 1303 dictado el 22 de septiembre de 1999 por el presidente de la república y por el ministro de Defensa Nacional, que se encuentra publicado en la Orden General Ministerial N.º 169 del 23 de septiembre de 1999, mediante el cual coloca al accionante en situación “A Disposición” del señor ministro de Defensa Nacional, con fecha 12 de julio de 1999, por el lapso de tres meses.

 

De la contestación dada a la presente acción por por el comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, se desprende, en forma clara, que las autoridades ahora demandadas no han dado cumplimiento a la resolución N.º 334-RA-99-IS, ya que se adjunta un proyecto de Decreto Ejecutivo para la firma del señor presidente de la república, haciendo alusión a varias rectificaciones de fechas, sin que eso haya sido lo resuelto por  la Primera Sala del Tribunal Constitucional. Asimismo, se debe hacer notar que la resolución cuyo cumplimiento se solicita fue adoptada el 11 de agosto del 2000, es decir, hace aproximadamente 10 años, y hasta la presente fecha ninguna de las autoridades demandadas han realizado acto alguno en forma directa para cumplir lo resuelto por la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional.

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República del Ecuador, la Corte Constitucional, para el periodo de transición, en uso de sus atribuciones, expide la siguiente:

 

SENTENCIA

 

Aceptar la demanda propuesta y declarar el incumplimiento de la resolución N.º 334-RA-99-I.S. adoptada por la Primera Sala del ex Tribunal Constitucional, el 11 de agosto del 2000, dentro de la causa N.º 1252-99-RA.

 

Se dispone que el ministro de Defensa Nacional, el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y toda autoridad obligada a cumplir con lo dispuesto en la resolución N.º 334-RA-99-I.S., en el término de 45 días contados a partir de la notificación de la presente sentencia, dicten los actos administrativos que sean necesarios para el cumplimiento de la resolución aludida.

 

Notifíquese, publíquese y cúmplase.

 

f.) Dr. Patricio Pazmiño Freire, Presidente.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con ocho votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote, Nina Pacari Vega, Manuel Viteri Olvera, Edgar Zárate Zárate y Patricio Pazmiño Freire; sin contar con la presencia del Dr. Alfonso Luz Yunes, en sesión extraordinaria del día 27 de marzo del dos mil doce. Lo certifico.

 

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

CAUSA 0037-11-IS

Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Patricio Pazmiño Freire, Presidente de la Corte Constitucional, el día miércoles once de abril de dos mil doce.- Lo certifico.

f.) Dra. Marcia Ramos Benalcázar, Secretaria General.

 

CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por: … f.) Ilegible.- Quito, a 23 de marzo del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General.

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO

 

Considerando:

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República determina que el “Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico.”;

 

Que, en este estado de derechos, se da prioridad a los derechos de las personas, sean naturales o jurídicas, los mismos que al revalorizarse han adquirido rango constitucional; y, pueden ser reclamados y exigidos a través de las garantías constitucionales, que constan en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional;

 

Que, el Art. 10 de la Constitución de la República prescribe que, las fuentes del derecho se han ampliado considerando a: “Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales.”;

 

Que, el Art. 84 de la Constitución de la República determina que: “La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades.”. Esto significa que los organismos del sector público comprendidos en el Art. 225 de la Constitución de la República, deben adecuar su actuar a esta norma;

 

Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución Política de la República, confiere competencia exclusiva a los gobiernos municipales para la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

 

Que, el Art. 270 de la Constitución de la República determina que los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y equidad;

 

Que, el Art. 321 de la Constitución de la República establece que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y ambiental;

 

Que de acuerdo al Art. 426 de la Constitución Política: “Todas las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las normas constitucionales y las previstas en los instrumentos internacionales de derechos humanos siempre que sean más favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las partes no las invoquen expresamente.”. Lo que implica que la Constitución de la República adquiere fuerza normativa, es decir puede ser aplicada directamente y todos y todas debemos sujetarnos a ella;

 

Que, el Art. 599 del Código Civil, prevé que el dominio, es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, conforme a las disposiciones de las leyes y respetando el derecho ajeno, sea individual o social.

 

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad;

 

Que, el Art. 715 del Código Civil, prescribe que la posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño; sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo, o bien por otra persona en su lugar y a su nombre.

 

El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica serlo;

 

Que el artículo 55 del COOTAD establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán entre otras las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras que determine la ley: I) Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales;

 

Que, el artículo 139 del COOTAD determina que la formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la ley y que es obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural;

 

Que, el artículo 57 del COOTAD dispone que al Concejo Municipal le corresponde:

 

El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantorales, acuerdos y resoluciones.

 

Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor. Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares;

 

Que, el COOTAD prescribe en el Art. 242 que el Estado se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales o de población podrán constituirse regímenes especiales.

 

 

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales serán regímenes especiales;

 

Que, las municipalidades según lo dispuesto en los artículos 494 y 495 del COOTAD reglamentarán los procesos de formación del catastro, de valoración de la propiedad y el cobro de sus tributos, su aplicación se sujetará a las siguientes normas:

 

Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán actualizados en forma permanente, los catastros de predios urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro con el valor de la propiedad actualizado, en los términos establecidos en este código;

 

Que, los ingresos propios de la gestión según lo dispuesto en el Art. 172 del COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, metropolitano y municipal son beneficiarios de ingresos generados por la gestión propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que regule las finanzas públicas;

 

Que, la aplicación tributaria se guiará por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria;

 

Que, las municipalidades y distritos metropolitanos reglamentarán por medio de ordenanzas el cobro de sus tributos;

 

Que, en aplicación al Art. 492 del COOTAD, el valor de la propiedad se establecerá mediante la suma del valor del suelo y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado sobre el mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, propio o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de impuestos y para otros efectos tributarios, y no tributarios;

 

Que, el artículo 68 del Código Tributario le faculta a la Municipalidad a ejercer la determinación de la obligación tributaria;

 

Que, los artículos 87 y 88 del Código Tributario, de la misma manera, facultan a la Municipalidad a adoptar por disposición administrativa a la modalidad para escoger cualquiera de los sistemas de determinación previstos en este código; y,

 

Por lo que en aplicación directa de la Constitución de la República y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en los artículos 53, 54, 55 literal i); 56, 57, 58, 59 y 60 y el Código Orgánico Tributario,

 

Expide:

 

La Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2012 - 2013.

 

Art. 1.- DEFINICIÓN DE CATASTRO.- Catastro es “el inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los  particulares, con el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica”.

 

Art. 2.- FORMACIÓN DEL CATASTRO.- El objeto de la presente ordenanza es regular la formación, organización, funcionamiento, desarrollo y conservación del catastro inmobiliario urbano y rural en el territorio del cantón.

 

El Sistema Catastro Predial Urbano y Rural en los municipios del país, comprende; el inventario de la información catastral, la determinación del valor de la propiedad, la estructuración de procesos automatizados de la información catastral, y la administración en el uso de la información de la propiedad, en la actualización y mantenimiento de todos sus elementos, controles y seguimiento técnico de los productos ejecutados.

 

Art. 3.- DOMINIO DE LA PROPIEDAD.- Es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella.

 

La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.

 

Posee aquél que de hecho actúa como titular de un derecho o atributo en el sentido de que, sea o no sea el verdadero titular.

 

La posesión no implica la titularidad del derecho de propiedad ni de ninguno de los derechos reales.

 

 

Art. 4.- JURISDICCIÓN TERRITORIAL.- Comprende dos momentos:

 

 

CODIFICACIÓN CATASTRAL:

 

La localización del predio en el territorio está relacionado con el Código de División Política Administrativa de la República del Ecuador INEC, compuesto por seis dígitos numéricos, de los cuales dos son para la identificación PROVINCIAL; dos para la identificación CANTONAL y dos para la identificación PARROQUIAL URBANA y RURAL, las parroquias que configuran por si la cabecera cantonal, el código establecido es el 50, si el área urbana de una ciudad está constituida por varias parroquias urbanas, la codificación va desde 01 a 49 y la codificación de las parroquias rurales va desde 51 a 99.

 

 

En el caso de que un territorio que corresponde a una parroquia urbana y ha definido el área urbana menos al total de la superficie de la parroquia, significa que esa parroquia tiene área rural, por lo que la codificación para el catastro urbano en lo correspondiente a ZONA, será a partir de 01. En el catastro rural la codificación en lo correspondiente a la ZONA será a partir de 51.

 

El código territorial local está compuesto por trece dígitos numéricos de los cuales dos son para identificación de ZONA, dos para identificación de SECTOR, tres para identificación de MANZANA, tres para identificación del PREDIO y tres para identificación de LA PROPIEDAD HORIZONTAL.


 

LEVANTAMIENTO PREDIAL:

 

Se realiza con el formulario de declaración mixta (ficha catastral) que prepara la Administración Municipal para los contribuyentes o responsables de entregar su información para el catastro urbano y rural, para esto se determina y jerarquiza las variables requeridas por la administración para la declaración de la información y la determinación del hecho generador.

 

Estas variables nos permiten conocer las características de los predios que se van a investigar, con los siguientes referentes:

 

1.- Identificación del predio.

 

2.- Tenencia del predio.

 

3.- Descripción física del terreno.

 

4.- Infraestructura y servicios.

 

5.- Uso de suelo del predio.

 

6.- Descripción de las edificaciones.

 

Estas variables expresan los hechos existentes a través de una selección de indicadores que permiten establecer objetivamente el hecho generador, mediante la recolección de los datos del predio levantados en la ficha o formulario de declaración.

 

Art. 5.- SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de los impuestos señalados en los artículos precedentes es la Municipalidad del Cantón 24 de Mayo.

 

Art. 6.- SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos pasivos, los contribuyentes o responsables de los impuestos que gravan la propiedad urbana y rural, las personas naturales o jurídicas, las sociedades de hecho, las sociedades de bienes, las herencias yacentes y demás entidades aún cuando careciesen de personalidad jurídica, como señalan los Arts. 23, 24, 25, 26 y 27 del Código Tributario y que sean propietarios o usufructuarios de bienes raíces ubicados en las zonas urbanas y rurales del cantón.

 

Art. 7.- VALOR DE LA PROPIEDAD.- Para establecer el valor de la propiedad se considerará en forma obligatoria, los siguientes elementos:

 

El valor del suelo que es el precio unitario de suelo, urbano o rural, determinado por un proceso de comparación con precios de venta de parcelas o solares de condiciones similares u homogéneas del mismo sector, multiplicado por la superficie de la parcela o solar;

 

El valor de las edificaciones que es el precio de las construcciones que se hayan desarrollado con carácter permanente sobre un solar, calculado sobre el método de reposición; y,

 

El valor de reposición que se determina aplicando un proceso que permite la simulación de construcción de la obra que va a ser avaluada, a costos actualizados de construcción, depreciada de forma proporcional al tiempo de vida útil.

 

Art. 8.- DEDUCCIONES, REBAJAS Y EXENCIONES.- Determinada la base imponible, se considerarán las rebajas, deducciones y exoneraciones consideradas en el COOTAD y demás exenciones establecidas por ley, para las propiedades urbanas y rurales que se harán efectivas, mediante la presentación de la solicitud correspondiente por parte del contribuyente ante el Director Financiero Municipal.

 

Por la consistencia tributaria, consistencia presupuestaria y consistencia de la emisión plurianual es importante considerar el dato de la RBU (Remuneración Básica Unificada del trabajador), el dato oficial que se encuentre vigente en el momento de legalizar la emisión del primer año del bienio y que se mantenga para todo el período del bienio. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior y estarán acompañadas de todos los documentos justificativos.

 

Art. 9.- EMISIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO.- Sobre la base de los catastros urbanos y rurales la Dirección Financiera Municipal ordenará a la Oficina de Rentas o quien tenga esa responsabilidad la emisión de los correspondientes títulos de crédito hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior al que corresponden, los mismos que refrendados por el Director Financiero, registrados y debidamente contabilizados, pasarán a la Tesorería Municipal para su cobro, sin necesidad de que se notifique al contribuyente de esta obligación.

 

Los títulos de crédito contendrán los requisitos dispuestos en el Art. 151 del Código Tributario, la falta de alguno de los requisitos establecidos en este artículo, excepto el señalado en el numeral 6, causará la nulidad del título de crédito.

 

Art. 10.- LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS.- Al efectuarse la liquidación de los títulos de crédito tributarios, se establecerá con absoluta claridad el monto de los intereses, recargos o descuentos a que hubiere lugar y el valor efectivamente cobrado, lo que se reflejará en el correspondiente parte diario de recaudación.

 

Art. 11.- IMPUTACIÓN DE PAGOS PARCIALES.- Los pagos parciales, se imputarán en el siguiente orden: primero a intereses, luego al tributo y, por último, a multas y costas.

 

Si un contribuyente o responsable debiere varios títulos de crédito, el pago se imputará primero al título de crédito más antiguo que no haya prescrito.

 

Art. 12.- NOTIFICACIÓN.- A este efecto, la Dirección Financiera notificará por la prensa o por una boleta a los propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo. Concluido el proceso se notificará al propietario el valor del avalúo.

 

Art. 13.- RECLAMOS Y RECURSOS.- Los contribuyentes responsables o terceros, tienen derecho a presentar reclamos e interponer los recursos administrativos previstos en los Arts. 110 del Código Tributario y 383 y 392 del COOTAD, ante el Director Financiero Municipal, quien los resolverá en el tiempo y en la forma establecida.

 

En caso de encontrarse en desacuerdo con la valoración de su propiedad, el contribuyente podrá impugnarla dentro del término de quince días a partir de la fecha de notificación, ante el órgano correspondiente, mismo que deberá pronunciarse en un término de treinta días. Para tramitar la impugnación, no se requerirá del contribuyente el pago previo del nuevo valor del tributo.

 

Art. 14.- SANCIONES TRIBUTARIAS.- Los contribuyentes responsables de los impuestos a los predios urbanos y rurales que cometieran infracciones, contravenciones o faltas reglamentarias, en lo referente a las normas que rigen la determinación, administración y control del impuesto a los predios rurales, estarán sujetos a las sanciones previstas en el Libro IV del Código Tributario.

 

Art. 15.- CERTIFICACIÓN DE AVALÚOS.- La Oficina de Avalúos y Catastros conferirá la certificación sobre el valor de la propiedad urbana y propiedad rural, que le fueren solicitados por los contribuyentes o responsables del impuesto a los predios urbanos y rurales, previa solicitud escrita y, la presentación del certificado de no adeudar a la Municipalidad por concepto alguno.

 

Art. 16.- INTERESES POR MORA TRIBUTARIA.- A partir de su vencimiento, el impuesto principal y sus adicionales, ya sean de beneficio municipal o de otras entidades u organismos públicos, devengarán el interés anual desde el primero de enero del año al que corresponden los impuestos hasta la fecha del pago, según la tasa de interés establecida de conformidad con las disposiciones del Banco Central, en concordancia con el Art. 21 del Código Tributario. El interés se calculará por cada mes, sin lugar a liquidaciones diarias.

 

Art. 17.- CATASTROS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD.- El Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano se encargará de la estructura administrativa del registro y su coordinación con el catastro.

 

Los notarios y registradores de la propiedad enviarán a las oficinas encargadas de la formación de los catastros, dentro de los diez primeros días de cada mes, en los formularios que oportunamente les remitirán esas oficinas, el registro completo  de las transferencias totales o parciales de los predios urbanos y rurales, de las particiones entre condóminos, de las  adjudicaciones por remate y otras causas, así como de las hipotecas que hubieren autorizado o registrado. Todo ello, de acuerdo con las especificaciones que consten en los mencionados formularios.

 

Si no recibieren estos formularios, remitirán los listados con los datos señalados. Esta información se la remitirá a través de medios electrónicos.

 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA

 

Art. 18.- OBJETO DEL IMPUESTO.- Serán objeto del impuesto a la propiedad urbana, todos los predios ubicados dentro de los límites de las zonas urbanas de la cabecera cantonal y de las demás zonas urbanas del cantón determinadas de conformidad con la ley y la legislación local.

 

Art. 19.- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LOS PREDIOS URBANOS.- Los predios urbanos están gravados por los siguientes impuestos establecidos en los Art. 494 al 513 del COOTAD:

 

1.-           El impuesto a los predios urbanos.

 

2.-           Impuestos adicionales en zonas de promoción inmediata.

 

 

Art. 20.- VALOR DE LA PROPIEDAD.-

 

Valor de terrenos.- Los predios urbanos serán valorados mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición previstos en este código; con este propósito, el Concejo aprobará mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno por los aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad a determinados servicios, como agua potable, alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la valoración de las edificaciones.

 

Se establece sobre la información de carácter cualitativo de la infraestructura básica, de la infraestructura complementaria y servicios municipales, información que cuantificada mediante procedimientos estadísticos permitirá definir la cobertura y déficit de las infraestructuras y servicios instalados en cada una de las área urbana del cantón.


 

CATASTRO PREDIAL URBANO DEL CANTON

CUADRO DE COBERTURA Y DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 2011

PARRROQUIA SUCRE

 

 

Infraestructura Básica

Infraest.Complem.

Serv.Mun

Serv.Mun

Total

Número de

Manzanas

 

 

Alcant.

Agua Pot.

Energ. Elect.

Alum. Pub.

Red Víal

Red Telef.

Red Telef. Acera y Bord

Aseo calles

Rec.Basura

 

 

S.H. 1

COBERTURA

99,20

99,20

100,00

100,00

84,85

91,88

92,00

96,50

96,88

95,34

 

32

DÉFICIT

0,80

0,80

0,00

0,00

15,15

8,13

8,00

3,50

3,13

4,66

 

S.H. 2

COBERTURA

87,89

89,03

90,48

90,86

48,84

60,00

54,29

47,05

90,19

75,46

 

21

DÉFICIT

12,11

10,97

9,52

9,14

51,16

40,00

45,71

52,95

9,81

24,54

 

S.H. 3

COBERTURA

8,00

62,13

71,30

66,22

34,79

36,59

29,26

22,22

61,63

52,20

 

27

DÉFICIT

92,00

37,87

28,70

33,78

65,21

63,41

70,74

77,78

38,37

47,80

 

S.H. 4

COBERTURA

8,00

44,00

47,92

42,00

23,87

22,00

12,00

8,00

45,67

33,59

 

12

DÉFICIT

92,00

56,00

52,08

58,00

76,13

78,00

88,00

92,00

54,33

66,41

 

S.H. 5

COBERTURA

8,00

44,00

47,92

42,00

23,87

22,00

12,00

8,00

45,67

33,59

 

29

DÉFICIT

92,00

56,00

52,08

58,00

76,13

78,00

88,00

92,00

54,33

66,41

 

CIUDAD

COBERTURA

50,77

73,59

77,42

74,77

48,08

52,62

46,89

43,44

73,59

64,15

 

92

DÉFICIT

49,23

26,41

22,58

25,23

51,92

47,38

53,11

56,56

26,41

35,85

 

PARRROQUIA NOBOA

 

 

Infraestructura Básica

Infraest.Complem.

Serv.Mun

Serv.Mun

Total

Número de

Manzanas

 

 

Alcant.

Agua Pot.

Energ. Elect.

Alum. Pub.

Red Víal

Red Telef.

Red Telef. Acera y Bord

Aseo calles

Rec.Basura

 

 

 

S.H. 1

COBERTURA

96,06

96,06

96,15

94,46

45,35

63,85

51,38

65,85

86,31

79,09

 

13

DÉFICIT

3,94

3,94

3,85

5,54

54,65

36,15

48,62

34,15

13,69

20,91

 

 

S.H. 2

COBERTURA

70,97

70,97

71,43

72,00

22,40

38,86

17,14

6,86

70,57

53,31

 

7

DÉFICIT

29,03

29,03

28,57

28,00

77,60

61,14

82,86

93,14

29,43

46,69

 

 

S.H. 3

COBERTURA

35,04

35,04

35,00

33,60

10,56

24,40

0,00

4,80

34,40

25,90

 

5

DÉFICIT

64,96

64,96

65,00

66,40

89,44

75,60

100,00

95,20

65,60

74,10

 

PARROQUIA

NOBOA

COBERTURA

67,36

67,36

67,53

66,69

26,10

42,37

22,84

25,83

63,76

52,77

 

25

DÉFICIT

32,64

32,64

32,47

33,31

73,90

57,63

77,16

74,17

36,24

47,23

 

PARRROQUIA BELLAVISTA

 

 

Infraestructura Básica

Infraest.Complem.

Serv.Mun

Serv.Mun

Total

Número de

Manzanas

 

 

Alcant.

Agua Pot.

Energ. Elect.

Alum. Pub.

Red Víal

Red Telef.

Red Telef. Acera y Bord

Aseo calles

Rec.Basura

 

 

 

S.H. 1

COBERTURA

87,20

100,00

100,00

88,00

83,80

74,50

68,00

73,00

87,50

88,00

 

4

DÉFICIT

12,80

0,00

0,00

12,00

16,20

25,50

32,00

27,00

12,50

12,00

 

 

S.H. 2

COBERTURA

50,40

50,40

50,00

48,00

44,00

37,00

33,00

36,00

50,00

46,22

 

6

DÉFICIT

49,60

49,60

50,00

52,00

56,00

63,00

67,00

64,00

50,00

53,78

 

 

S.H. 3

COBERTURA

24,80

24,80

50,00

24,00

24,80

24,00

0,00

0,00

24,00

25,63

 

1

DÉFICIT

75,20

75,20

50,00

76,00

75,20

76,00

100,00

100,00

76,00

74,37

CIUDAD

BELLAVISTA

COBERTURA

54,13

58,40

66,67

53,33

50,87

45,17

33,67

36,33

53,83

53,28

 

11

DÉFICIT

45,87

41,60

33,33

46,67

49,13

54,83

66,33

63,67

46,17

46,72

 

PARRROQUIA SIXTO DURAN BALLEN

 

 

Infraestructura Básica

Infraest.Complem.

Serv.Mun

Serv.Mun

Total

Número de

Manzanas

 

 

Alcant.

Agua Pot.

Energ. Elect.

Alum. Pub.

Red Víal

Red Telef.

Red Telef. Acera y Bord

Aseo calles

Rec.Basura

 

 

 

S.H. 1

COBERTURA

0,00

0,00

2,27

0,00

0,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

 

11

DÉFICIT

100,00

100,00

97,73

100,00

99,56

100,00

100,00

100,00

100,00

99,58

CIUDAD

SIXTO

COBERTURA

0,00

0,00

2,27

0,00

0,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,42

 

11

DÉFICIT

100,00

100,00

97,73

100,00

99,56

100,00

100,00

100,00

100,00

99,58

 

 


 

Además se considera el análisis de las características del uso y ocupación del suelo, la morfología y el equipamiento urbano en la funcionalidad urbana del cantón, resultado con los que permite establecer los sectores homogéneos de cada una de las áreas urbanas. Sobre los cuales se realiza la investigación de precios de venta de las parcelas o solares, información que mediante un proceso de comparación de precios de condiciones similares u homogéneas, serán la base para la elaboración del plano del valor de la tierra; sobre el cual se determine el valor base por ejes, o por sectores homogéneos. Expresado en el cuadro siguiente:

 


 

 

VALOR M2 DE TERRENO CATASTRO 2011

ÁREA URBANA DEL CANTÓN 24 DE MAYO

 

SECTOR

HOMOG.

LÍMIT.

SUP.

VALOR

M2

LÍMIT.

INF.

 

VALOR

M2

MZ.

1

 

 

 

 

 

 

9,57

20

8,06

16,84

32

2

 

 

 

 

 

 

7,87

16

6,3

12,81

21

3

 

 

 

 

 

 

5,96

12

4,07

8,19

27

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,98

8

2,68

5,39

12

5

 

 

 

 

 

 

2,63

6

1,07

2,44

29

1

 

 

 

 

 

 

7,95

10

6,02

7,57

13

2

 

 

 

 

 

 

5,35

8

4,65

6,95

7

3

 

 

 

 

 

 

3,93

6

2,3

3,51

5

1

 

 

 

 

 

 

9,65

10

7,18

7,44

4

2

 

 

 

 

 

 

5,28

8

4,11

6,23

6

3

 

 

 

 

 

 

3,02

6

3,02

6,00

1

1

 

 

 

 

 

 

5,66

3

1,37

0,73

11

 

 


 

Del valor base que consta en el plano del valor de la tierra se deducirán los valores individuales de los terrenos de acuerdo a la normativa de valoración individual de la propiedad urbana, documento que se anexa a la presente ordenanza, en el que constan los criterios técnicos y jurídicos de afectación al valor o al tributo de acuerdo al caso, el valor individual será afectado por los siguientes

factores de aumento  o  reducción:  Topográficos:  A  nivel, bajo nivel,  sobre nivel,  accidentado  y  escarpado.  Geométricos: Localización, forma, superficie ,  relación  dimensiones  frente  y fondo.  Accesibilidad  a  servicios: Vías, energía eléctrica, agua, alcantarillado, aceras, teléfonos,  recolección  de  basura y aseo  de  calles; como  se  indica  en  el siguiente  cuadro:

alt

alt

alt

 

alt

 

 

CUADRO DE COEFICIENTES

DE MODIFICACIÓN POR INDICADORES

 

1.- GEOMÉTRICOS              COEFICIENTE

 

1.2.- FORMA          1.0 a .94

1.3.- SUPERFICIE1.0 a .94

1.4.- LOCALIZACIÓN EN LA                1.0 a .95

MANZANA

 

2.- TOPOGRÁFICOS

 

2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL            1.0 a .95

SUELO

2.2.- TOPOGRAFÍA              1.0 a .95

 

 

3.- ACCESIBILIDAD A SERVICIOS      COEFICIENTE

 

3.1.- INFRAESTRUCTURA BÁSICA    1.0 a .88

 

AGUA POTABLE

ALCANTARILLADO

ENERGÍA ELÉCTRICA

 

3.2.- VÍAS               COEFICIENTE

 

ADOQUÍN              1.0 a .88

HORMIGÓN

ASFALTO

PIEDRA

LASTRE

TIERRA

 

3.3.- INFRAESTRUCTURA   1.0 a .93

COMPLEMENTARIA Y

SERVICIOS

 

ACERAS

BORDILLOS

TELÉFONO

RECOLECCIÓN DE BASURA

ASEO DE CALLES

 

Las particularidades físicas de cada terreno de acuerdo a su implantación en la ciudad, en la realidad dan la posibilidad de múltiples enlaces entre variables e indicadores, los que representan al estado actual del predio, condiciones con las que permite realizar su valoración individual.

 

Por lo que para la valoración individual del terreno (VI) se considerarán: (Vsh) el valor M2 de sector homogéneo localizado en el plano del valor de la tierra y/o deducción del valor individual, (Fa) obtención del factor de afectación, y (S) Superficie del terreno así:

 

VI = Vsh x Fa x s

 

Donde:

 

VI            =              VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO.

 

Vsh         =              VALOR M2 DE SECTOR HOMOGÉNEO O VALOR INDIVIDUAL.

 

Fa           =              FACTOR DE AFECTACIÓN.

 

S             =              SUPERFICIE DEL TERRENO.

 

b) Valor de edificaciones

 

Se establece el valor de las edificaciones que se hayan desarrollado con el carácter de

 permanente, proceso que a través de la aplicación de la simulación de presupuestos de obra que va a ser avaluada a costos actualizados, en las que constarán los siguientes indicadores: de carácter general; tipo de estructura, edad de la construcción, estado de conservación, reparaciones y número de pisos. En su estructura; columnas, vigas y cadenas, entrepisos, paredes, escaleras y cubierta. En acabados; revestimiento de pisos, interiores, exteriores, escaleras, tumbados, cubiertas, puertas, ventanas, cubre ventanas y closet. En instalaciones; sanitarias, baños y eléctricas. Otras inversiones; sauna/turco/hidromasaje, ascensor, escalera eléctrica, aire acondicionado, sistema y redes de seguridad, piscinas, cerramientos, vías y caminos e instalaciones deportivas.

 


 


 

Cuadro de factores de reposición

 

Factores – Rubros de Edificación del predio

 

Constante Reposición

Valor

 

 

 

 

 

 

1 piso

 

 

 

 

 

 

 

+ 1 piso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubro Edificación

Valor

Rubro Edificación

Valor

Rubro Edificación

Valor

Rubro Edificación

Valor

ESTRUCTURA

 

ACABADOS

 

ACABADOS

 

INSTALACIONES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Columnas Pilastras

 

Pisos

 

Tumbados

 

Sanitarios

 

No tiene

0,0000

Madera Común

0,2150

No tiene

0,0000

No tiene

0,0000

Hormigón Armado

2,6100

Caña

0,0755

Madera Común

0,4420

Pozo Ciego

0,1090

Pilotes

1,4130

Madera Fina

1,4230

Caña

0,1610

Servidas

0,1530

Hierro

1,4120

Arena-Cemento

0,2100

Madera Fina

2,5010

Lluvias

0,1530

Madera Común

0,7020

Tierra

0,0000

Arena-Cemento

0,2850

Canalización Combinado

0,5490

Caña

0,4970

Mármol

3,5210

Grafiado

0,4250

 

 

Madera Fina

0,5300

Marmeton

2,1920

Champiado

0,4040

Baños

 

Bloque

0,4680

Marmolina

1,1210

Fibro Cemento

0,6630

No tiene

0,0000

Ladrillo

0,4680

Baldosa Cemento

0,5000

Fibra Sintética

2,2120

Letrina

0,0310

Piedra

0,4680

Baldosa Cerámica

0,7380

Estuco

0.4040

Baño Común

0,0530

Adobe

0,4680

Parquet

1,4230

 

 

Medio Baño

0,0970

Tapial

0,4680

Vinyl

0,3650

Cubierta

 

Un Baño

0,1330

 

 

Duela

0,3980

Arena-Cemento

0.3100

Dos Baños

0,2660

Vigas y Cadenas

 

Tablón / Gress

1,4230

Fibro Cemento

0,6370

Tres Baños

0,3990

No tiene

0,0000

Tabla

0,2650

Teja Común

0,7910

Cuatro Baños

0,5320

Hormigón Armado

0,9350

Azulejo

0,6490

Teja Vidriada

1,2400

+ de 4 Baños

0,6660

Hierro

0,5700

 

 

Zinc

0,4220

 

 

Madera Común

0,3690

Revestimiento Interior

 

Polietileno

 

Eléctricas

 

Caña

0,1170

No tiene

0,0000

Domos / Traslúcido

 

No tiene

0,0000

Madera Fina

0,6170

Madera Común

0,6590

Ruberoy

 

Alambre Exterior

0,5940

 

 

Caña

0,3795

Paja-Hojas

0,1170

Tubería Exterior

0,6250

Entre pisos

 

Madera Fina

3,7260

Cady

0,1170

Empotradas

0,6460

No tiene

0,0000

Arena-Cemento

0,4240

Tejuelo

0,4090

 

 

Hormigón armado

0,9500

Tierra

0,2400

Baldosa Cerámica

0,0000

 

 

Hierro

0,6330

Mármol

2,9950

Baldosa Cemento

0,0000

 

 

Madera Común

0,3870

Marmeton

2,1150

Azulejo

0,0000

 

 

Caña

0,1370

Marmolina

1,2350

 

 

 

 

Madera Fina

0,4220

Baldosa Cemento

0,6675

Puertas

 

 

 

Madera y Ladrillo

0,3700

Baldosa Cerámica

1,2240

No tiene

0,0000

 

 

Bóveda de Ladrillo

1,1970

Grafiado

1,1360

Madera Común

0,6420

 

 

Bóveda de Piedra

1,1970

Champiado

0,6340

Caña

0,0150

 

 

 

 

 

 

Madera Fina

1,2700

 

 

Paredes

 

Exterior

 

Aluminio

1,6620

 

 

No tiene

0,0000

No tiene

0,0000

Enrollable

0,8630

 

 

Hormigón Armado

0,9314

Arena-Cemento

0,1970

Hierro-Madera

1,2010

 

 

Madera Común

0,6730

Tierra

0,0870

Madera Malla

0,0300

 

 

Caña

0,3600

Mármol

0,9991

Tol Hierro

1,1690

 

 

Madera Fina

1,6650

Marmetón

0,7020

 

 

 

 

Bloque

0,8140

Marmolina

0,4091

Ventanas

 

 

 

Ladrillo

0,7300

Baldosa-Cemento

0,2227

No tiene

0,0000

 

 

Piedra

0,6930

Baldosa Cerámica

0,4060

Madera Común

0,1690

 

 

Adobe

0,6050

Grafiado

0,3790

Madera Fina

0,3530

 

 

Tapial

0,5130

Champiado

0,2086

Aluminio

0,4740

 

 

Bahareque

0,4130

 

 

Enrollable

0,2370

 

 

Fibro-Cemento

0,7011

Escalera

 

Hierro

0,3050

 

 

 

 

No tiene

0,0000

Madera Malla

0,0630

 

 

Escalera

 

Madera Común

0,0300

 

 

 

 

No tiene

0,0000

Caña

0,0150

Cubre Ventanas

 

 

 

Hormigón armado

0,1010

Madera Fina

0,1490

No tiene

0,0000

 

 

Hormigón Ciclopeo

0,0851

Arena-Cemento

0,0170

Hierro

0,1850

 

 

Hormigón Simple

0,0940

Mármol

0,1030

Madera Común

0,0870

 

 

Hierro

0,0880

Marmetón

0,0601

Caña

0,0000

 

 

Madera Común

0,0690

Marmolina

0,0402

Madera Fina

0,4090

 

 

Caña

0,0251

Baldosa Cemento

0,0310

Aluminio

0,1920

 

 

Madera Fina

0,0890

Baldosa Cerámica

0,0623

Enrollable

0,6290

 

 

Ladrillo

0,0440

Grafiado

0,0000

Madera Malla

0,0210

 

 

Piedra

0,0600

Champiado

0,0000

 

 

 

 

 

 

 

 

Closets

 

 

 

Cubierta

 

 

 

No tiene

0,0000

 

 

Hormigón Armado

1,8600

 

 

Madera Común

0,3010

 

 

 

 


 

Para la aplicación del método de reposición y establecer los parámetros específicos de cálculo, a cada indicador le corresponderá un número definido de rubros de edificación, a los que se les asignarán los índices de participación. Además se define la constante de correlación de la unidad de valor en base al volumen de obra. Para la depreciación se aplicará el método lineal con intervalo de dos años, con una variación de hasta el 20% del valor y año original, en relación a la vida útil de los materiales de construcción de la estructura del edificio. Se afectará además con los factores de estado de conservación del edificio en relación al mantenimiento de este, en las condiciones de estable, a reparar y obsoleto.


 

Factores de Depreciación de Edificación Urbano - Rural

 

Años

Hormigón

Hierro

Madera

fina

Madera

común

Bloque

ladrillo

Bahareque

Adobe/tapial

0-2

1

1

1

1

1

1

1

3-4

0,97

0,97

0,96

0,96

0,95

0,94

0,94

5-6

0,93

0,93

0,92

0,9

0,92

0,88

0,88

7-8

0,9

0,9

0,88

0,85

0,89

0,86

0,86

9-10

0,87

0,86

0,85

0,8

0,86

0,83

0,83

11-12

0,84

0,83

0,82

0,75

0,83

0,78

0,78

13-14

0,81

0,8

0,79

0,7

0,8

0,74

0,74

15-16

0,79

0,78

0,76

0,65

0,77

0,69

0,69

17-18

0,76

0,75

0,73

0,6

0,74

0,65

0,65

19-20

0,73

0,73

0,71

0,56

0,71

0,61

0,61

21-22

0,7

0,7

0,68

0,52

0,68

0,58

0,58

23-24

0,68

0,68

0,66

0,48

0,65

0,54

0,54

25-26

0,66

0,65

0,63

0,45

0,63

0,52

0,52

27-28

0,64

0,63

0,61

0,42

0,61

0,49

0,49

29-30

0,62

0,61

0,59

0,4

0,59

0,44

0,44

31-32

0,6

0,59

0,57

0,39

0,56

0,39

0,39

33-34

0,58

0,57

0,55

0,38

0,53

0,37

0,37

35-36

0,56

0,56

0,53

0,37

0,51

0,35

0,35

37-38

0,54

0,54

0,51

0,36

0,49

0,34

0,34

39-40

0,52

0,53

0,49

0,35

0,47

0,33

0,33

41-42

0,51

0,51

0,48

0,34

0,45

0,32

0,32

43-44

0,5

0,5

0,46

0,33

0,43

0,31

0,31

45-46

0,49

0,48

0,45

0,32

0,42

0,3

0,3

47-48

0,48

0,47

0,43

0,31

0,4

0,29

0,29

49-50

0,47

0,45

0,42

0,3

0,39

0,28

0,28

51-52

0,46

0,44

0,41

0,29

0,37

0,27

0,27

55-56

0,46

0,42

0,39

0,28

0,34

0,25

0,25

53-54

0,45

0,43

0,4

0,29

0,36

0,26

0,26

57-58

0,45

0,41

0,38

0,28

0,33

0,24

0,24

59-60

0,44

0,4

0,37

0,28

0,32

0,23

0,23

61-64

0,43

0,39

0,36

0,28

0,31

0,22

0,22

65-68

0,42

0,38

0,35

0,28

0,3

0,21

0,21

69-72

0,41

0,37

0,34

0,28

0,29

0,2

0,2

73-76

0,41

0,37

0,33

0,28

0,28

0,2

0,2

77-80

0,4

0,36

0,33

0,28

0,27

0,2

0,2

81-84

0,4

0,36

0,32

0,28

0,26

0,2

0,2

85-88

0,4

0,35

0,32

0,28

0,26

0,2

0,2

89 o más

0,4

0,35

0,32

0,28

0,25

0,2

0,2

 


 

Para proceder al cálculo individual del valor metro cuadrado de la edificación se aplicará los siguientes criterios: Valor M2 de la edificación = Sumatoria de factores de participación por rubro x constante de correlación del valor x factor de depreciación x factor de estado de conservación.

 

AFECTACIÓN

 

COEFICIENTE CORRECTOR

POR ESTADO DE CONSERVACIÓN

AÑOS

ESTABLE

% A

TOTAL

CUMPLIDOS

 

REPARAR

DETERIORO

0-2

1

0,84 a .30

0

 

El valor de la edificación = Valor M2 de la edificación x superficies de cada bloque.

 

Art. 21.- DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE.- La base imponible, es el valor de la propiedad previstos en el COOTAD.

 

Art. 22.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.- Para determinar la cuantía el impuesto predial urbano, se aplicará la tarifa de 0.0008‰ (cero punto ocho por mil), calculado sobre el valor de la propiedad.

 

Art. 23.- IMPUESTO ANUAL ADICIONAL A PROPIETARIOS  DE SOLARES NO EDIFICADOS O DE CONSTRUCCIONES OBSOLETAS EN ZONAS DE PROMOCIÓN INMEDIATA.- Los propietarios de solares no edificados y construcciones obsoletas ubicados en zonas de promoción inmediata descrita en el COOTAD, pagarán un impuesto adicional, de acuerdo con las siguientes alícuotas:

 

El 1‰ adicional que se cobrará sobre el valor de la propiedad de los solares no edificados; y,

 

El 2‰ adicional que se cobrará sobre el valor de la propiedad de las propiedades consideradas obsoletas, de acuerdo con lo establecido con esta ley. Este impuesto se deberá transcurrido un año desde la declaración de la zona de promoción inmediata, para los contribuyentes comprendidos en la letra a). Para los contribuyentes comprendidos en la letra b), el impuesto se deberá transcurrido un año desde la respectiva notificación. Las zonas de promoción inmediata las definirá la Municipalidad mediante ordenanza.

 

 

Art. 24.- RECARGO A LOS SOLARES NO EDIFICADOS.- El recargo del dos por mil (2‰) anual que se cobrará a los solares no edificados, hasta que se realice la edificación, para su aplicación se estará a lo dispuesto en el COOTAD.

 

 

Art. 25.- LIQUIDACIÓN ACUMULADA.- Cuando un propietario posea varios predios avaluados separadamente en la misma jurisdicción municipal, para formar el catastro y establecer el valor imponible, se sumarán los valores imponibles de los distintos predios, incluido los derechos que posea en condominio, luego de efectuar la deducción por cargas hipotecarias que afecten a cada predio. Se tomará como base lo dispuesto por el COOTAD.

 

 

Art. 26.- NORMAS RELATIVAS A PREDIOS EN CONDOMINIO.- Cuando un predio pertenezca a varios condóminos podrán estos de común acuerdo, o uno de ellos, pedir que en el catastro se haga constar separadamente el valor que corresponda a su propiedad según los títulos de la copropiedad de conformidad con lo que establece el COOTAD y en relación a la Ley de Propiedad Horizontal y su reglamento.

 

 

Art. 27.- ZONAS URBANO MARGINALES.- Están exentas del pago de los impuestos a que se refiere la presente sección las siguientes propiedades:

 

Los predios unifamiliares urbano-marginales con avalúos de  hasta veinticinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general.

 

Las zonas urbano-marginales las definirá la Municipalidad mediante ordenanza.

 

 

Art. 28.- ÉPOCA DE PAGO.- El impuesto debe pagarse en el curso del respectivo año. Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aún cuando no se hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago a base del catastro del año anterior y se entregará al contribuyente un recibo provisional. El vencimiento de la obligación tributaria será  el 31 de diciembre de cada año.

 

 

Los pagos que se hagan desde enero hasta junio inclusive, gozarán de las rebajas al impuesto principal, de conformidad con la escala siguiente:

 

 

FECHA DE PAGOPORCENTAJE DE

DESCUENTO

 

Del 1 al 15 de enero             10%

Del 16 al 31 de enero           9%

Del 1 al 15 de febrero           8%

Del 16 al 28 de febrero         7%

Del 1 al 15 de marzo             6%

Del 16 al 31 de marzo           5%

Del 1 al 15 de abril                4%

Del 16 al 30 de abril              3%

Del 1 al 15 de mayo              3%

Del 16 al 31 de mayo            2%

Del 1 al 15 de junio              2%

Del 16 al 30 de junio            1%

 

De igual manera, los pagos que se hagan a partir del 1 de julio, soportarán el 10% de recargo sobre el impuesto principal, de conformidad con el COOTAD.

 

Vencido el año fiscal, se recaudarán los impuestos e intereses correspondientes por la mora mediante el procedimiento coactivo.

 

 

URBANO MARGINAL.- Son considerados áreas urbanos marginales, aquellas en donde no se cuenta con todos los servicios básicos, o aquellos son limitados, en base a este sustento que da la ley procedió el departamento técnico de la Municipalidad a la delimitación de las zonas urbanas marginales en sus cuatro parroquias.

alt

alt

alt

alt

 

IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL

 

Art. 29.- OBJETO DEL IMPUESTO.- Son objeto del impuesto a la propiedad rural, todos los predios ubicados dentro de los límites del cantón excepto las zonas urbanas de la cabecera cantonal y de las demás zonas urbanas del cantón determinadas de conformidad con la ley.

 

Art. 30.- IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA PROPIEDAD RURAL.- Los predios rurales están gravados por los siguientes impuestos establecidos en el COOTAD: 1.- El impuesto a la propiedad rural.

 

Art. 31.- EXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR.- El catastro registrará los elementos cualitativos y cuantitativos que establecen la existencia del hecho generador, los cuales estructuran el contenido de la información predial, en el formulario de declaración o ficha predial con los siguientes indicadores generales:

 

1.- Identificación predial.

 

2.- Tenencia.

 

3.- Descripción del terreno.

 

4.- Infraestructura y servicios.

 

5.- Uso y calidad del suelo.

 

6.- Descripción de las edificaciones.

 

7.- Gastos e Inversiones.

 

 

Art. 32.- VALOR DE LA PROPIEDAD.- Los predios rurales serán valorados mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición previstos en este código; con este propósito, el Concejo aprobará, mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción del valor del terreno por aspectos geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, agua potable, alcantarillado y otros elementos semejantes, así como los factores para la valoración de las edificaciones. La información, componentes, valores y parámetros técnicos, serán particulares de cada localidad y que se describen a continuación:

 

 

a) Valor de terrenos

 

 

Se establece sobre la información de carácter cualitativo de la infraestructura básica, de la infraestructura complementaria, comunicación, transporte y servicios municipales, información que cuantificada mediante procedimientos estadísticos permitirá definir la estructura del territorio rural y establecer sectores debidamente jerarquizados.

 

SECTORES HOMOGÉNEOS DEL

ÁREA RURAL DEL CANTÓN 24 DE MAYO

 

 

SECTORES

1

SECTOR HOMOGÉNEO 3.1

2

SECTOR HOMOGÉNEO 4.1

3

SECTOR HOMOGÉNEO 4.2

4

SECTOR HOMOGÉNEO 5.3

5

SECTOR HOMOGÉNEO 4.21

 

Además se considera el análisis de las características del uso actual, uso potencial del suelo, la calidad del suelo deducida mediante análisis de laboratorio sobre textura de la capa arable, nivel de fertilidad, Ph, salinidad, capacidad de intercambio catiónico, y contenido de materia orgánica, y además profundidad efectiva del perfil, apreciación textural del suelo, drenaje, relieve, erosión, índice climático y exposición solar, resultados con los que permite establecer la clasificación agrológica que relacionado con la estructura territorial jerarquizada permiten el planteamiento de sectores homogéneos de cada una de las áreas rurales. Sobre los cuales se realiza la investigación de precios de venta de las parcelas o solares, información que mediante un proceso de comparación de precios de condiciones similares u homogéneas, serán la base para la elaboración del plano del valor de la tierra; sobre el cual se determine el valor base por sectores homogéneos. Expresado en el cuadro siguiente:

 


 

SECTOR HOMOGÉNEO

CALIDAD DEL SUELO 1

CALIDAD DEL SUELO 2

CALIDAD DEL SUELO 3

CALIDAD DEL SUELO 4

CALIDAD DEL SUELO 5

CALIDAD DEL SUELO 6

CALIDAD DEL SUELO 7

CALIDAD DEL SUELO 8

SH 3.1

19,000

16,800

15,000

11,600

10,800

8,000

5,600

3,400

SH 4.1

1,966

1,738

1,552

1,200

1,117

828

579

352

SH 4.2

1,638

1,448

1,293

1,000

931

690

483

293

SH 5.3

1,407

1,244

1,111

859

800

593

415

252

SH 4.21

16,379

14,483

12,931

10,000

9,310

6,897

4,828

2,931

 

 


 

El valor base que consta en el plano del valor de la tierra de acuerdo a la Normativa de valoración individual de la propiedad urbana el que será afectado por los siguientes factores de aumento o reducción del valor del terreno por aspectos Geométricos: Localización, forma, superficie, Topográficos: Plana, pendiente leve, pendiente media, pendiente fuerte. Accesibilidad al riego: Permanente, parcial, ocasional. Accesos y Vías de Comunicación; primer orden, segundo orden, tercer orden, herradura, fluvial, férrea. Calidad del suelo: de acuerdo al análisis de laboratorio se definirán en su orden desde la primera como la de mejores condiciones hasta la octava que sería la de peores condiciones. Servicios básicos: Electricidad, abastecimiento de agua, alcantarillado, teléfono, transporte; como se indica en el siguiente cuadro:

 

CUADRO DE COEFICIENTES

DE MODIFICACIÓN POR INDICADORES

 

1.- GEOMÉTRICOS:

 

1.1. FORMA DEL PREDIO    1.00 A 0.98

 

REGULAR

IRREGULAR

MUY IRREGULAR

 

1.2. POBLACIONES CERCANAS         1.00 A 0.96

 

CAPITAL PROVINCIAL

CABECERA CANTONAL

CABECERA PARROQUIAL

ASENTAMIENTO URBANOS


 

1.3. SUPERFICIE   2.26 A 0.65

 

0.0001 a 0.0500

0.0501 a 0.1000

0.1001 a 0.1500

0.1501 a 0.2000

0.2001 a 0.2500

0.2501 a 0.5000

0.5001 a 1.0000

1.0001 a 5.0000

5.0001 a 10.0000

10.0001 a 20.0000

20.0001 a 50.0000

50.0001 a 100.0000

100.0001 a 500.0000

+ de 500.0001

 

2.- TOPOGRÁFICOS            1. 00 A 0.96

 

PLANA

PENDIENTE LEVE

PENDIENTE MEDIA

PENDIENTE FUERTE

 

3.- ACCESIBILIDAD AL RIEGO            1.00 A 0.96

 

PERMANENTE

PARCIAL

OCASIONAL

 

4.- ACCESOS Y VÍAS DE      1.00 A 0.93

COMUNICACIÓN

 

PRIMER ORDEN

SEGUNDO ORDEN

TERCER ORDEN

HERRADURA FLUVIAL

LÍNEA FÉRREA NO TIENE

 

5.- CALIDAD DEL SUELO

 

5.1.- TIPO DE RIESGOS      1.00 A 0.70

 

DESLAVES

HUNDIMIENTOS

VOLCÁNICO

CONTAMINACIÓN

HELADAS

INUNDACIONES

VIENTOS

NINGUNA

 

5.2- EROSIÓN       0.985 A 0.96

 

LEVE

MODERADA

SEVERA

 

5.3.- DRENAJE      1.00 A 0.96

 

EXCESIVO

MODERADO

MAL DRENADO

BIEN DRENADO

 

6.- SERVICIOS BÁSICOS     1.00 A 0.942

 

5 INDICADORES

4 INDICADORES

3 INDICADORES

2 INDICADORES

1 INDICADOR

0 INDICADORES

 

 

Las particularidades físicas de cada terreno de acuerdo a su implantación en el área rural, en la realidad dan la posibilidad de múltiples enlaces entre variables e indicadores, los que representan al estado actual del predio, condiciones con las que permite realizar su valoración individual.

Por lo que el valor comercial individual del terreno está dado: por el valor hectárea de sector homogéneo localizado en el plano del valor de la tierra, multiplicado por el factor de afectación de: calidad del suelo, topografía, forma y superficie, resultado que se multiplica por la superficie del predio para obtener el valor comercial individual. Para proceder al cálculo individual del valor del terreno de cada predio se aplicará los siguientes criterios:

 

Valor de terreno = Valor base x factores de afectación de aumento o reducción x Superficie así: Valoración individual del terreno:

 

VI = S x Vsh x Fa

 

Fa = CoGeo x CoT x CoAR x CoAVC x CoCS x CoSB

 

Donde:

 

VI            =              VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO.

 

S             =              SUPERFICIE DEL TERRENO.

 

Fa           =              FACTOR DE AFECTACIÓN.

 

Vsh         =              VALOR DE SECTOR HOMOGÉNEO.

 

CoGeo   =              COEFICIENTES GEOMÉTRICOS.

 

CoT        =              COEFICIENTE DE TOPOGRAFÍA.

 

CoAR      =              COEFICIENTE DE ACCESIBILIDAD AL RIEGO.

 

CoAVC   =              COEFICIENTE DE ACCESIBILIDAD A VÍAS DE COMUNICACIÓN.

 

CoCS      =              COEFICIENTE DE CALIDAD DEL SUELO.

 

CoSB      =              COEFICIENTE DE ACCESIBILIDAD SERVICIOS BÁSICOS.

 

Para proceder al cálculo individual del valor del terreno de cada predio se aplicará los siguientes criterios: Valor de terreno = Valor base x factores de afectación de aumento o reducción x Superficie.

 

Art. 33.- DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.- Para determinar la cuantía el impuesto predial rural, se aplicará la tarifa de 0.0008‰ (cero punto ocho por mil), calculado sobre el valor de la propiedad.

 

Art. 34.- FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO.- El pago del impuesto podrá efectuarse en dos dividendos: el primero hasta el primero de marzo y el segundo hasta el primero de septiembre.

 

Los pagos que se efectúen hasta quince días antes de esas fechas, tendrán un descuento del diez por ciento (10%) anual. Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada año, aún cuando no se hubiere emitido el catastro. En este caso, se realizará el pago a base del catastro del año anterior y se entregará al contribuyente un recibo provisional. El vencimiento de la obligación tributaria será el 31 de diciembre de cada año.

 

Art. 35.- VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en la gaceta oficial, en el dominio Web de la Municipalidad y en el Registro Oficial.

 

 

Art. 36.- DEROGATORIA.- A partir de la vigencia de la presente ordenanza quedan sin efecto ordenanzas y resoluciones que se opongan a la misma.

 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 24 de Mayo, a los 19 días del mes de diciembre del 2011.

 

f.) Lcdo. Bairon Arturo Toala Rodríguez, Alcalde.

 

f.) Ing. Ulbio Guadamud Farías, Secretario Municipal.

 

CERTIFICO: Que la presente “La Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2012 - 2013”, fue discutido y aprobado por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 24 de Mayo, en sesiones ordinarias de fechas 8 y 19 de diciembre del dos mil once, en primero y segundo debate respectivamente.

 

Sucre, 24 de Mayo, diciembre 20 del 2011.

 

f.) Ing. Ulbio Guadamud Farías, Secretario Municipal.

 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 inciso cuarto, y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2012 - 2013”, y ordeno su PROMULGACIÓN a través de su publicación en el Registro Oficial.

 

Sucre, 24 de Mayo, diciembre 20 del 2011.

 

f.) Lcdo. Bairon Arturo Toala Rodríguez, Alcalde del cantón 24 de Mayo.

 

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en el Registro Oficial “La Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios urbanos y rurales para el bienio 2012 - 2013”, el señor Lcdo. Bairon Arturo Toala Rodríguez, Alcalde del cantón 24 de Mayo, a los veinte días del mes de diciembre del dos mil once.- Lo certifico.

 

Sucre, 24 de Mayo, diciembre 20 del 2011.

 

f.) Ing. Ulbio Guadamud Farías, Secretario General.

 

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO

 

Considerando:

 

Que, el Art. 260 de la Constitución de la República, de acuerdo al contenido en el Capítulo Cuarto, Régimen de competencias, establece que: “El ejercicio de las competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos niveles de gobierno”;

 

Que, en el Art. 264 numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Art. 55 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece: Los gobiernos municipales tendrán como competencia exclusiva el ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón;

 

Que, el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Economía y Finanzas, de Gobierno y del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, mediante el convenio suscrito el 31 de mayo del 2006 transfirió a la Municipalidad de Otavalo, las funciones, atribuciones, competencias y responsabilidades para la planificación, organización y regulación del tránsito y transporte terrestre del cantón Otavalo;

 

Que, la Ordenanza sustitutiva de regulación, funcionamiento y control del transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en el cantón Otavalo, en la disposición transitoria sexta establece que, “En el Plazo de 120 días se presentará la ordenanza que regule el sistema de estacionamiento rotativo tarifado en el centro de la ciudad, que ya se hace necesario, con lo cual a más de mejorar el ambiente urbano, se generaría recursos económicos valiosos para el financiamiento y fortalecimiento de la Jefatura de Tránsito y Transporte Terrestre Municipal”;

 

Que, mediante informe técnico Nº 004-JTTM-2011- GADMO, se ha determinado la necesidad y la factibilidad social, económica, tecnológica y sobre todo la viabilidad medioambiental que hace del Proyecto de Estacionamiento Rotativo y Tarifado para la ciudad de Otavalo, la propuesta más idónea y de menor impacto socio-económico, permitiendo de esta manera cumplir con la competencia exclusiva de las municipalidades de planificar, regular y controlar el tránsito…. Así como también el de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo…. Y de esta manera contribuir con el objetivo del buen vivir consagrado en la Constitución de la República; y,

 

En uso de las atribuciones que le confieren los Arts. 57, literal a) y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,

 

Expide:

 

LA ORDENANZA DE CREACIÓN, REGULACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO Y TARIFADO DEL CANTÓN OTAVALO.

 

CAPÍTULO I

 

DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO

ROTATIVO Y TARIFADO

 

Art. 1.- Establecimiento del sistema.- Créase el Sistema de Estacionamiento Rotativo y Tarifado para el Cantón Otavalo, dentro del sistema de control y gestión del espacio público urbano de la ciudad, al cual se le denominará SERTCO, el mismo que será de observancia general y aplicación progresiva; y, tiene como propósito:

 

Planificar, organizar y racionalizar el uso y ocupación de  las vías públicas de la ciudad, que permita preservar y regular la utilización de los espacios públicos disponibles en las calles de la ciudad dentro de la zona regulada para ser utilizadas como estacionamiento de automotores, en las zonas de mayor afluencia vehicular o lugares en los que la Municipalidad determine;

 

Garantizar a todos/as los/as usuarios/as el derecho a utilizar la vía pública en forma organizada y ordenada, a través de la generación de una oferta permanente y continua de espacios libres para estacionamiento, además de reducir la contaminación ambiental provocada por el flujo continuo de vehículos;

 

Responder eficiente y oportunamente a la creciente demanda de estacionamiento vehicular;

 

Establecer las tasas, sanciones y valores correspondientes a servicio de grúa, custodia y demás que requiera la operación y puesta en marcha del sistema;

 

Reducir de forma real la congestión, así como contribuir a la fluidez del tránsito vehicular en las zonas de aplicación del sistema, mejorando de esta manera la circulación vehicular y peatonal;

 

Contribuir con el ahorro en tiempo, dinero y energía (combustible);

 

Generar un mayor flujo en la actividad económica y comercial de la zona;

 

Construir un programa municipal generador de empleo local, directo e indirecto;

 

Mejorar la seguridad del sector, al haber en la zona personal plenamente identificado y comunicado con una central, quienes actuarán como disuasorios;

 

Generar una cultura de respeto y consideración para con las personas vulnerables; y,

 

Crear una cultura ciudadana en torno al buen uso del espacio público.

 

Art. 2.- Sistema de estacionamiento rotativo y tarifado.- Se entiende por Sistema de Estacionamiento Rotativo y Tarifado la utilización privativa y aprovechamiento regulado de la vía pública urbana, dentro de una área debidamente delimitada y señalizada o en lugares cerrados dedicados para el efecto y destinados al estacionamiento de vehículos, con o sin reserva de espacio.

 

Art. 3.- Vado.- Se entiende por vado el espacio de la vía pública urbana debidamente delimitado para ser utilizado y aprovechado, única y exclusivamente, como entrada y salida de vehículos, a través de rampas sobre las aceras o en las áreas peatonales o no peatonales, a garajes particulares, aparcamientos públicos o áreas industriales o comerciales, con o sin reserva del espacio.

 

Art. 4.- Administración del sistema.- La organización, administración, control y ejecución integral del sistema estará a cargo de la Unidad Municipal denominada Sistema de Estacionamiento Rotativo y Tarifado del Cantón Otavalo, SERTCO.

 

La Unidad Municipal SERTCO será la encargada de implementar, administrar y controlar el Sistema de Estacionamiento Rotativo y Tarifado del Cantón Otavalo, para cuyo fin el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo contratará el personal administrativo y operativo necesarios, y dispondrá de un equipo de personas en calidad de inspectores/as, controladores/as y supervisores/as, quienes cumplirán su función en las calles dentro de la zona regulada y áreas asignadas. La Unidad Municipal SERTCO será supervisada desde la Jefatura de Tránsito y Transporte Municipal.

 

Corresponde a la Unidad Municipal SERTCO, determinar los parámetros técnicos, administrativos, financieros y de comercialización del sistema, así como los de organización, operación y control, y aprobar los reglamentos, manuales e instructivos necesarios para la correcta gestión del mismo.

 

El control del uso y aprovechamiento adecuado de las plazas de estacionamiento, determinados dentro de la zona regulada, así como del correcto pago de las tasas, multas y demás valores respectivos, serán de responsabilidad de la Unidad Municipal SERTCO, el mismo que lo ejercerá a través de su personal operativo y administrativo, en calidad de controladores/as, inspectores/as y supervisores/as, debidamente entrenados/as e identificados/as, en coordinación con la Policía Municipal.

 

Los/as controladores/as, inspectores/as y supervisores/as serán quienes verificarán, en sus respectivas zonas, que se cumplan con los tiempos de estacionamiento marcados en las tarjetas prepago o en las autorizaciones respectivas, además los/as supervisores/as controlarán que los/as inspectores/as cumplan con las funciones asignadas y normas de la presente ordenanza.

 

Art. 5.- Facultad controladora.- Los/as controladores/as, inspectores/as y supervisores/as acreditados por la Unidad Municipal SERTCO, serán los/as únicos/as autorizados/as por esta institución e investidos de la autoridad necesaria para hacer cumplir las normas establecidas en la presente ordenanza, así como para ejercer las acciones de inmovilización y disposición de traslado previstas en la misma. En el cumplimiento de sus funciones contarán con el respaldo de la Administración Municipal.

 

 

Art. 6.- Hecho imponible.- El hecho imponible de las tarifas que se regulan por la presente ordenanza, es el estacionamiento regulado que se origina al momento de utilizar la vía pública urbana o presentar una solicitud de autorización, y se satisface mediante el aprovechamiento de una área del espacio público vial, para ser utilizado de forma particular; se consideran los siguientes:

 

La utilización privativa y aprovechamiento regulado de un espacio de la vía pública urbana de la ciudad de Otavalo, para el estacionamiento de un vehículo a motor, dentro de la zona regulada del sistema, en lugares y horarios determinados, con las características y limitaciones establecidas;

 

La gestión técnica y administrativa, tendente a otorgar las autorizaciones de reserva o asignación de espacios;

 

El servicio de inmovilización o de grúa, para el retiro de un vehículo de la vía pública en el área regulada por esta ordenanza y su traslado al patio de custodia, provocado por el/la usuario/a del sistema, al dejarlo abandonado, sobrepasar los tiempos permitidos, estacionarlo antirreglamentariamente y por la custodia del mismo hasta su devolución;

 

La utilización privativa y aprovechamiento regulado de un espacio de la vía pública urbana dentro de la zona regulada, para la entrada y salida de vehículos (vados) con las limitaciones establecidas; y,

 

El mal uso del espacio público urbano, provocado por el/la usuario/a del sistema, al sobrepasar los tiempos permitidos o estacionar el vehículo en lugares no autorizados por la presente ordenanza o la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como por las agresiones, verbales o físicas, hechas a las personas autorizadas para ejercer el control.

 

Art. 7.- Sujetos activo y pasivo.- Es sujeto activo el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo; y, son sujetos pasivos de las tarifas establecidas en la presente ordenanza, las personas naturales o jurídicas, que utilicen o aprovechen un espacio de la vía pública urbana de la ciudad, dentro de la zona regulada, en beneficio particular y aquellas que soliciten el otorgamiento de una autorización para la reserva o asignación de espacios para estacionamiento, dentro de los días y horarios definidos en este instrumento legal.

 

Art. 8.- Obligación de pago.- La obligación de pago de las tarifas establecidas en la presente ordenanza, son de carácter general en los siguientes casos:

 

En el momento en que se estaciona un vehículo en la vía pública, en una de las plazas demarcadas dentro de la zona regulada, en los días y horarios señalados;

 

En el momento en que se presenta y aprueba la solicitud para utilización, asignación o reserva de un espacio en la vía pública urbana, para el estacionamiento;

 

En el momento que un vehículo es inmovilizado, sin perjuicio de que sea retirado de la vía pública, por abandono, mal estacionamiento, uso inadecuado del espacio público, sobrepasar los tiempos permitidos o trasladado al patio de custodia;

 

En el momento que un vehículo es retirado de la vía  pública, por abandono, mal estacionamiento, uso inadecuado del espacio público, sobrepasar los tiempos permitidos o trasladado al patio de custodia; y,

 

En el momento en que se produzcan agresiones, físicas o verbales, por parte de un/a usuario/a del sistema en contra de una o más personas encargadas del control.

 

Art. 9.- De los/as usuarios/as.- Son usuarios/as del sistema las personas que conduzcan un vehículo a motor, así como las personas naturales o jurídicas titular de una autorización, que hagan uso privativo o aprovechamiento temporal o permanente de una plaza de estacionamiento o de un vado dentro de la zona regulada, debidamente demarcada y señalizada, sea mediante la utilización de una o más tarjetas prepago o una autorización específica.

 

Art. 10.- Delimitación de la zona regulada.- El área de la vía pública urbana considerada, en una primera etapa y en la cual se implementará el Sistema de Estacionamiento Rotativo y Tarifado, de conformidad con los estudios técnicos realizados, es la comprendida por las siguientes calles:

 

Al Norte:La calle Quito.

 

Al Sur:     La calle Olmedo.

 

Al Este:   La calle Atahualpa.

 

Al Oeste:                La calle Modesto Jaramillo.

 

El Concejo Municipal, con base en los estudios de demanda y capacidad de oferta de plazas de estacionamientos que la Unidad Municipal SERTCO realice o contrate para el efecto y en función de la dinámica urbana, autorizará la ampliación y aplicación, temporal o definitiva, del sistema en nuevas áreas de la ciudad.

 

Art. 11.- Días y horarios.- Los días y horarios de aplicación del sistema de estacionamiento regulado, dentro del cual los/as usuarios/as están obligados/as a pagar una tarifa por el uso de la vía pública urbana, serán:

 

Lunes a sábado, de 08h00 a 18h00 (50 horas semanales). Se exceptúan del control y pago de la tarifa, los días domingos todo el día.

 

Art. 12.- Tipos de estacionamientos.- Dentro de la zona regulada por la Unidad Municipal, en cuanto al tiempo de uso, se establecen dos clases de plazas de estacionamiento en la vía pública urbana:

 

De periodo corto (Plazas azul).- Aquellas destinadas para el estacionamiento de vehículos mediante un uso regular o demanda de rotación moderada, identificados como “plaza azul”; las de uso expreso o de alta demanda o rotación, aledaña a sitios o actividades de gran requerimiento de espacio libre para estacionamiento. Dentro de las plazas de uso regular se considerarán espacios exclusivos para vehículos de personas con  discapacidad, mujeres embarazadas, motocicletas y bicicletas, de conformidad con los requerimientos establecidos en los estudios respectivos, restringido a periodos de una hora o múltiplos de esta, hasta el tiempo máximo permitido (2 horas). Se exceptúan de este límite de tiempo, los estacionamientos en plazas especiales o para personas con movilidad reducida.

 

De periodo extendido (Plazas verdes).- Aquellos espacios a ser reservados/asignados (autorización), previa solicitud voluntaria, para el estacionamiento de vehículos de: emergencias, uso turístico; oficinas públicas; empresas o establecimientos comerciales o de servicio privados, la ocupación de estas plazas no es fija para el/la titular de la autorización, sino rotativo para los/as usuarios/as por períodos máximos de una hora y no podrán ser asignados más de dos plazas.

 

Art. 13.- Del seguro.- La Unidad Municipal SERTCO contratará y mantendrá vigente un seguro por daño o sustracción de partes o piezas para todo vehículo que haya sido objeto de traslado y custodia, en aplicación de las disposiciones de la presente ordenanza, el mismo cubrirá los siniestros producidos desde el momento en que el vehículo es trasladado desde la plaza de estacionamiento hasta el instante en que es retirado del patio de custodia, previo el pago por las sanciones impuestas y costos generados por la operación.

 

Art. 14.- Límite de responsabilidad.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, la Unidad Municipal SERTCO, así como el personal de inspectores/as, controladores/as y supervisores/as de ésta, no serán responsables en caso de robo de un vehículo o de sus partes, daños a los mismos o pérdidas de piezas u objetos dejados en su interior, mientras estén haciendo uso de la vía pública urbana dentro de la zona regulada y durante el tiempo de su permanencia.

 

La Unidad Municipal SERTCO, administradora del sistema, instruirá y preparará al personal especializado en la materia, para que ejerzan funciones de vigilancia y acción disuasiva dentro de la zona regulada, de tal forma que se eviten posibles actos delictivos en contra de los vehículos estacionados y mobiliario público del sistema.

 

CAPÍTULO II

 

Art. 15.- Tarifas.- Las tarifas de tasa de uso del espacio público como estacionamiento y/o por la utilización privativa y aprovechamiento, establecidas en la presente ordenanza, los cuales estarán debidamente demarcados y señalizados, dentro de la zona regulada y durante la franja horaria determinada, están fijadas conforme a estudios técnicos y en función del tiempo de ocupación, área y ubicación del espacio público, son las siguientes:

 


 

Para estacionamientos:

 

Tipo de plaza

Fracción mínima de comercialización

 

Tiempo máximo de ocupación

Precio de tarjeta

Precio

suscripción

Plaza Azul

30 min. o fracción

120 minutos

0,25 USD

0,20 USD

 


 

Las motocicletas pagarán una tarifa fija obligatoria anual de USD 10,00.

 

De períodos extendidos, por plaza reservada previa solicitud voluntaria:

 

Plaza Verde

Tiempo de ocupación indefinido

Empresas de actividades turísticas:

Un solo pago anual de 2 RBU

Instituciones o empresas públicas:

Un solo pago anual de 1 RBU

Hospitales o clínicas privadas:

Un solo pago anual de 2 RBU

Empresas/locales comerciales o de servicio, privados:

Un solo pago anual de 2 RBU

 

El uso de la vía pública para carga y descarga de bienes y mercancías, así como plazas en paradas de taxis y camionetas se sujetan a lo establecido en la Ordenanza Sustitutiva de Regulación, Funcionamiento y Control del Transporte Terrestre,

 

Tránsito y Seguridad Vial en el Cantón Otavalo.

 

Art. 16.- Forma de pago.- El pago de las tarifas establecidas en la presente ordenanza por la utilización y aprovechamiento de la vía pública urbana, para los casos de estacionamientos en plazas azules, se efectuará al momento de adquirir la tarjeta prepago o en el caso de los/as suscriptores/as por la activación por medio de sistemas de comunicación; para aquellos casos de reserva o asignación de espacios (autorizaciones plazas verdes), éste se lo realizará por adelantado en los lugares de recaudación del sistema.

 

Igualmente, los valores por concepto de multa, servicios de traslado y custodia, según corresponda, serán igualmente pagados, previos al retiro del inmovilizador o de la entrega-recepción del vehículo, en los lugares de recaudación del sistema.

 

 

Art. 17.- Revisión de tarifas.- Las tarifas establecidas en la presente ordenanza podrán ser revisadas con base en los estudios técnicos presentados por la Unidad Municipal

 

SERTCO. Para su aplicación se requerirá la aprobación del Concejo Municipal.

 

Art. 18.- Forma de uso de la tarjeta prepago.- Cada usuario/a para ocupar un espacio de estacionamiento comprendido dentro de la zona regulada y señalizada, deberá adquirir una tarjeta prepago.

 

Para hacer uso de la tarjeta el/a usuario/a deberá pintar con marcador/esfero oscuro (azul o negro) en los cuadros, de tal forma que se indique el mes, día, hora y minuto. Marcada la tarjeta, deberá colocar la misma en el interior del vehículo y adherida contra el parabrisas delantero o vidrio de la ventana del lado del conductor/a, cuidando de que sea plena y totalmente visible y legible desde el exterior. La tarjeta prepago sólo puede ser utilizada una sola vez.

 

Art. 19.- Uso continuo de varias tarjetas prepago.- Se pueden utilizar varias tarjetas prepago a fin de sumar el tiempo efectivo a ser utilizado en una misma plaza de estacionamiento, en este caso se han de exponer y fijar en el interior del parabrisas, totalmente visible y legible desde el exterior, de tal manera que el inicio del período de tiempo de una coincida con el final del período de validez de la anterior. En todo caso la duración del estacionamiento continuo no podrá exceder del tiempo máximo permitido.

 

Art. 20.- Derecho al uso efectivo del tiempo.- La fracción de tiempo no utilizada de una tarjeta prepago, dentro de una plaza de estacionamiento determinada, no da derecho al usuario/a a utilizar el remanente del tiempo en otra plaza distinta u otras del mismo tipo dentro del sistema.

 

La fracción de tiempo no utilizada de una tarjeta prepago, no da derecho a reclamo por concepto de no uso del tiempo remanente, ni a la devolución de valor alguno por parte de la Municipalidad o local autorizado de venta.

 

Art. 21.- Canje o devolución de tarjetas.- Las tarjetas prepago no vendidas por los locales autorizados y las no utilizadas por los/as usuarios/as, podrán ser canjeadas por otras ante la Municipalidad, sólo en los casos de incremento de tarifa, modificación de sus formatos, o cambio de tecnología de recaudo, conforme los mecanismos que establezca la Unidad Municipal Administradora SERTCO, garantizando los valores efectivamente pagados.

 

Art. 22.- Exenciones.- Están exentos/as de pago de la tarifa establecida en la presente ordenanza, por el uso de una plaza de la zona azul y verde los siguientes vehículos:

 

Los de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y servicios de emergencia, debidamente identificados, cuando se encuentren realizando actividades operativas inherentes a su servicio y por el tiempo que demande la ejecución de las mismas;

 

Los vehículos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, debidamente identificados, cuando se encuentren ejecutando una actividad oficial de su competencia y por el tiempo que demande la ejecución de la misma;

 

Los vehículos de transporte escolar e institucional debidamente registrados ante la Jefatura de Tránsito y Transporte Terrestre Municipal que brinden servicio a las instituciones educativas públicas y privadas que requieran de espacios en la vía pública urbana para el embarque y desembarque de estudiantes restringido a dos plazas azules específicas y sujetos al horario de 12h30 hasta 13h30; y,

 

El aprovechamiento del espacio público urbano para vado, que requieran los establecimientos educativos públicos, estatales o municipales que, por motivos de seguridad y en salvaguarda de la integridad de los/las estudiantes, deban disponer de tal espacio para la entrada y salida de los vehículos que transportan a los/as alumnos/as.

Art. 23.- Señalización.- En la zona en la cual se implemente el sistema, la Jefatura de Tránsito y Transporte Municipal, procederá a fijar la debida señalización horizontal y vertical necesaria para el uso organizado y adecuado de las plazas y espacios autorizados para el estacionamiento de vehículos y el uso de vados.

 

La señalización vertical será de carácter regulatorio e indicará, en cada tramo de la calle o cuadra, que el área está sometida a un régimen de estacionamiento regulado. La señalización horizontal demarcará las plazas destinadas al estacionamiento y a las áreas de vado y constituyen los únicos espacios de la vía pública urbana en los cuales está permitido aparcar o ingresar o salir un vehículo, según el caso.

 

Características y ubicación de las señales.- La señalización horizontal y vertical, se ajustará a los parámetros técnicos nacionales o internacionales reconocidos, se la hará conforme a los diseños, medidas y colores que se especificarán en el correspondiente manual a ser elaborado y por la Unidad Municipal SERTCO.

 

Las placas deberán situarse en un lugar de modo que sean visibles por los/las conductores/as desde un vehículo y legibles desde la calzada de la calle. Se utilizarán placas específicas para señalizar plazas reservadas, personas con movilidad reducida, discapacidad, mujeres embarazadas, motocicletas. Se colocarán al ingreso de la zona del sistema y al inicio de cada cuadra regulada.

 

Art. 24.- Estacionamiento en plazas especiales.- Las personas con movilidad reducida, discapacidad y mujeres embarazadas podrán utilizar, dentro de la zona regulada, las plazas azules señalizadas y demarcadas como especiales, para el estacionamiento de su vehículo, dentro de los días y horarios del sistema y sin el máximo de tiempo continuo previsto en la presente ordenanza.

 

Para acreditar la calidad de persona con discapacidad podrá, conforme lo establecido en la presente ordenanza,  obtener una credencial y un adhesivo de identificación otorgada por la Unidad Municipal SERTCO o mediante la presentación del carné del CONADIS.

 

Para acreditar la calidad de mujer embarazada o persona con movilidad reducida deberá, conforme lo establecido en el reglamento de operación, obtener una credencial y un adhesivo de identificación otorgada por la Unidad Municipal SERTCO. ? Para hacer uso de una plaza de estacionamiento especial, los/as beneficiarios/as deberán mostrar en el vehículo uno de los documentos de identificación señalados en los incisos anteriores y adquirir la tarjeta prepago o activar la suscripción respectivamente.

 

El adhesivo de identificación del vehículo tendrá, para el caso de las personas con discapacidad, vigencia de un año; y, para el caso de las mujeres embarazadas, el tiempo que dure su período de gestación, conforme los certificados respectivos; el número de placa del vehículo autorizado y, si la tecnología lo permite, un código de identificación.

 

El adhesivo o distintivo del vehículo será proporcionado y adherido a éste por la Unidad Municipal SERTCO Administradora del sistema, en la cara interior del parabrisas delantero y en un lugar que sea totalmente visible.

 

Art. 25.- Estacionamiento para motocicletas.- Los/as conductores/as de motocicletas podrán utilizar, dentro de la zona regulada, las plazas señalizadas y demarcadas para el efecto, para el estacionamiento de tales vehículos, dentro de los días y horarios del sistema y sin el máximo de tiempo continuo previsto en la presente ordenanza.

 

Para hacer uso de una plaza de estacionamiento para este tipo de vehículos, el/la beneficiario/a deberá obtener una autorización anual, previa cancelación de la tasa correspondiente y registrar la placa de identificación del vehículo.

 

Art. 26.- Estacionamiento para empresas de actividad turística.- Los museos, hoteles, hostales, residenciales o cualquier otro establecimiento autorizado para prestar servicio de hospedaje o desarrolle una actividad turística y que posean sus instalaciones dentro de la zona regulada por el sistema, si así lo desearen, podrán solicitar se les asigne o reserve, previo el pago de la tarifa respectiva y por el período requerido, hasta dos plazas de parqueo, para ser ocupada exclusivamente por los vehículos autorizados para realizar actividades turísticas de propiedad de su empresa o negocio o contratados por ésta y sólo para el embarque o desembarque de personas con su equipaje, no puede dicha plaza ser utilizada para el estacionamiento de vehículos o actividades particulares.

 

Art. 27.- Estacionamiento para instituciones o empresas públicas.- Las instituciones públicas, ya sean estatales, seccionales o autónomas y que posean sus instalaciones administrativas dentro de la zona regulada, si así lo desearen, podrán solicitar se les asigne o reserve, previo el pago de la tarifa respectiva, dentro de los días, horario del sistema y por el  tiempo requerido, un número no mayor a dos plazas por cada institución, a ser utilizada exclusivamente por los vehículos del organismo respectivo, adecuadamente identificado.

 

Art. 28.- Estacionamiento para emergencia médica.- Los hospitales, clínicas y centro médico privados, que posean sus instalaciones dentro de la zona regulada y que no cuenten con plazas de estacionamiento al interior, están obligados a solicitar se les asigne o reserve, permanentemente, previo el pago de la tarifa respectiva y por el tiempo requerido, hasta dos plazas por cada establecimiento, para ser utilizadas exclusivamente por aquellos vehículos que atiendan emergencias e identificados como tales.

 

Art. 29.- Asignación y delimitación de espacios.- Las plazas de estacionamiento de período corto o extendido se situarán, delimitarán y señalizarán en aquellos espacios de la vía pública urbana que determinen los estudios respectivos. El espacio público vial para área de vado se ubicará, señalizará y adecuará conforme las necesidades de cada inmueble y las disposiciones municipales.

 

Art. 30.- Uso de una plaza de estacionamiento.- Toda persona que requiera hacer uso de un espacio en la vía pública urbana, comprendido dentro de la zona regulada, para el estacionamiento de un vehículo, deberá cancelar la tasa de utilización o haber obtenido la autorización respectiva.

 

El uso de una plaza deberá hacerse dentro del espacio delimitado. Si un vehículo ocupa más de una plaza, como consecuencia de su longitud, su conductor/a deberá pagar la tarifa teniendo en cuenta el número de plazas que ocupa, igual circunstancia ocurrirá si el mismo ha sido mal aparcado.

 

Art. 31.- Mecanismos de gestión y recaudación.- La Unidad Municipal SERTCO utilizará, como mecanismo de recaudación de los valores establecidos en la presente ordenanza, para la clase de estacionamiento de periodo corto, “plazas azules”, tarjetas prepago que estarán disponibles en la zona regulada y suscripción de los/las usuarios/as los cuales podrán pagar anticipadamente.

 

Para las primeras, cada usuario/a las adquirirá en los lugares autorizados y usará durante el tiempo de aprovechamiento del espacio público urbano, asignado como plaza o plazas de estacionamiento y comprendido dentro de la zona regulada.

 

Para las segundas los/las usuarios/as se registrarán en el sistema para poder acceder a este servicio de prepago.

 

Para el estacionamiento en plazas de periodos extendidos, la Unidad Municipal SERTCO aprobará y podrá establecer mecanismos de pago mensual, trimestral, semestral o anual, u otros periodos temporales según las necesidades o requerimientos del sistema, en función del tipo de usuario, servicio prestado por el/la beneficiario/a y la tasa establecida en la presente ordenanza.

 

Los valores correspondientes a las tarifas por la utilización privativa y aprovechamiento del espacio público urbano, multas  y servicios adicionales, dentro de la zona regulada, serán hechos efectivo en los lugares de recaudación de las ventanillas municipales.

 

Art. 32.- Tarjeta prepago.- Las tarjetas prepago se las editará de forma genérica. En ellas, además, se indicará el valor a pagar por el consumidor final, el año de emisión, el tiempo del estacionamiento autorizado y dentro de cuadros pequeños, signos numéricos que determinará los meses, días, horas y minutos.

 

Para su control se podrá incorporar, en cada tarjeta, un código de identificación secuencial o cualquier otro tipo de seguridad que permita establecer mecanismos de control, identificación remota y gestión de inventario.

 

A futuro se podrán introducir dispensadores y/u otros sistemas tecnológicos de pago más eficientes.

 

Art. 33.- Distribución de tarjeta prepago.- Durante la administración del sistema la Unidad Municipal SERTCO podrá distribuir las tarjetas con su único valor de 0,25 centavos de dólar, según determine la demanda y los tiempos de estacionamiento. A los canales de distribución se les podrá entregar un valor de comisión como pago por los servicios de venta y distribución de las tarjetas de estacionamiento.

 

Art. 34.- Lugares de distribución autorizados.- La Unidad Municipal SERTCO calificará y autorizará, los canales de distribución y venta de las tarjetas prepago en base a las disposiciones que se dicten para el efecto.

 

Art. 35.- Las autorizaciones para el uso de plazas de estacionamiento de periodo extendido, serán expedidas en las oficinas de la Jefatura de Tránsito y Transporte Terrestre Municipal, previo a la solicitud y pago de la tasa establecida en la presente ordenanza.

 

Art. 36.- De la suscripción.- Los/as usuarios/as podrán suscribirse al sistema para hacerse acreedores de beneficios especiales. Para ello la Unidad Municipal SERTCO pondrá en conocimiento de la ciudadanía los requisitos y mecanismos de registro, que permitan recaudar los valores por el uso privativo del suelo como estacionamiento regulado dentro del sistema SERTCO.

 

Art. 37.- De los requisitos para la suscripción.- La suscripción al sistema se la realizará única y exclusivamente en la Municipalidad, para lo cual deberán presentar los siguientes requisitos:

 

Formulario según el trámite (datos personales, número del móvil).

 

Certificado de la matrícula.

 

Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de votación actualizado.

 

Certificado de no adeudar al Municipio.

 

Art. 38.- En caso de traspaso de un vehículo, el nuevo tenedor deberá tomar las medidas necesarias para asegurarse que el vehículo se encuentra libre de haberes, multas, etc. establecidas en la presente ordenanza, ya que las deudas pendientes son asignadas al vehículo.

 

CAPÍTULO III

 

DE LAS PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES

DEL USUARIO

 

Art. 39.- De las prohibiciones.- En las plazas de estacionamiento comprendidas dentro de las zonas reguladas, delimitadas y señalizadas no se podrán:

 

Estacionar bicicletas, triciclos, coches y, en general, todo vehículo de tracción humana o animal, en los espacios destinados a los vehículos motorizados.

 

Colocar objetos destinados a reservar espacios de la vía pública urbana como plazas de estacionamientos.

 

Instalar, temporal o permanentemente, puestos de comercio informal o ambulante, de cualquier índole, en las plazas señalizadas o en lugares que obstaculicen el estacionamiento de vehículos.

 

Ejercer desde o en un vehículo, usuario del sistema, actividad comercial o prestación de servicio. Se exceptúan los puestos de atención médica y los de extracción de sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana.

 

Abandonar el vehículo, causando perturbación, entorpecimiento u obstaculización de la vía pública.

 

Art. 40.- Prohibición de estacionar fuera de las plazas delimitadas.- Dentro de la zona regulada, queda estrictamente prohibido el uso de la vía pública urbana para el estacionamiento de vehículos fuera de las plazas demarcadas y señalizadas para el efecto.

 

Art. 41.- Obstrucciones.- Las plazas de estacionamiento no obstruirán, las aceras, pasos peatonales, entrada y salida de vehículos a garajes autorizados como vados, los hidrantes de abastecimiento de agua a vehículos contra incendios, entradas de hospitales y centros de asistencia médica y los cuarteles de los cuerpos de bomberos.

 

Art. 42.- Obligaciones del beneficiario.- El/la titular de una autorización de plaza de estacionamiento o asignada será responsable de:

 

 

Conservar en buen estado de los postes y placas de señalización;

 

Ejecutar, por su cuenta y a su costa, las obras de retiro de los postes y placas de señalización y su reposición al estado anterior, cuando no se renueve, se revoque o se solicite la baja del mismo; y,

 

La reposición de los postes y placas de señalización en caso de robo, deterioro o destrucción.

 

CAPÍTULO IV

 

DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

 

Art. 43.- Cancelación previa de valores adeudados.- Previo al retiro de un inmovilizador o de un vehículo trasladado al patio de custodia, el/la interesado/a pagará todos los valores pendientes que por concepto de tasas municipales, multas u otros servicios que se encuentre adeudando al sistema y/o al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo.

 

Art. 44.- Actos administrativos.- La presente ordenanza prevé los siguientes actos administrativos:

 

Notificación;

 

Requerimiento municipal; y,

 

Revocatoria de la autorización.

 

Art. 45.- Notificación.- Procede en los casos en que un/a usuario/a del sistema ha sido detectado/a como infractor/ra de las disposiciones de la presente ordenanza o no ha cumplido con el pago por uso del espacio público urbano o la multa respectiva.

 

En este caso, la infracción cometida y los valores adeudados serán puestos en conocimiento del usuario/a del Sistema, mediante notificación escrita y/o colocada en el parabrisas del vehículo. Dicha infracción imposibilitará hacer nuevamente uso de una plaza de estacionamiento. La notificación se la hará por una sola vez.

 

Si el vehículo infractor luego de la notificación vuelve hacer uso de una plaza de estacionamiento y su propietario/a o conductor/a no ha cancelado los valores adeudados, será inmediatamente inmovilizado hasta por una hora y si transcurrido ese tiempo aún no cancela dichos valores será trasladado al patio de custodia.

 

Art. 46.- Requerimiento municipal.- Por razones de interés público, previa notificación al usuario/a del sistema, se requerirá del espacio temporalmente o en caso de existir autorización será suspendida temporalmente, mientras el requerimiento así lo determine por emergencias, actos o celebraciones y autorizados por la Municipalidad o intervenciones de carácter urbanoarquitectónicas.

 

Art. 47.- Revocatoria de la autorización.- Las plazas de estacionamiento permanentes o asignadas, así como las áreas de vado, deberán ser utilizadas única y exclusivamente para el fin al que fueron autorizadas.

 

Cuando una plaza de estacionamiento reservada o asignada o un área de vado ha sido utilizada para un fin distinto al autorizado o su titular ha incumplido las disposiciones u  obligaciones establecidas en la presente ordenanza, la Unidad Municipal SERTCO administradora del sistema, notificará a su titular, en el domicilio señalado y registrado, haciéndole conocer el particular y concediéndole un plazo de setenta y dos horas para que corrija el incumplimiento o cumpla con su obligación, caso contrario procederá a notificar la revocatoria de la autorización, quedando la Unidad Municipal SERTCO desde este momento en facultad de hacer uso de dicha plaza de estacionamiento o área de vado.

 

En todos los casos de revocatoria el/la titular no tendrá derecho a reclamar devolución del valor pagado, por el tiempo que falte hasta el vencimiento de la autorización.

 

CAPÍTULO V

 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

 

Art. 48.- Infracción.- Se considera infracción a toda acción u omisión que contravenga las disposiciones contenidas en la presente ordenanza.

 

Art. 49.- Uso de espacio público urbano no autorizado.- Todo vehículo estacionado fuera de las plazas y que no corresponda al estacionamiento determinado, será sujeto de inmovilización y traslado inmediato del vehículo al patio de custodia; y, el usuario/a al pago de la multa más el servicio de grúa y bodegaje, conforme lo establece la presente ordenanza; sin perjuicio de las sanciones que establezca la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su reglamento general de aplicación y normas complementarias por la infracción cometida.

 

Art. 50.- Mal uso de la tarjeta, autorización y adhesivo de identificación.- El/la usuario/a que no coloque la tarjeta prepago en un sitio visible del parabrisas de su vehículo, o las tarjetas que contengan enmendaduras, correcciones, uso repetido, recuadros marcados incorrectamente, que no correspondan a la fecha y hora de inicio de uso del estacionamiento, se considerará como estacionamiento no autorizado, estará sujeto a las sanciones de inmovilización y traslado inmediato del vehículo al patio de custodia y la/el usuaria/o al pago de la multa, servicio de grúa y custodia que establece la presente ordenanza. Igual concepto se aplicará cuando se detecte una autorización fuera del plazo de vigencia señalado.

 

Art. 51.- Uso de espacio público urbano como vado sin autorización.- Quien efectúe cualquier obra de modificación en la acera, calle peatonal o bordillo, o señalice la misma, para ser aprovechada como área de vado o estacionamiento, sin tener la correspondiente autorización, será notificado por la JTTM para que en un plazo no mayor a 15 días y a su costa, vuelva la vía pública a su estado anterior.

 

Si transcurrido el plazo determinado en el párrafo anterior no se ha subsanado el daño causado a la vía pública, el/la usuario/a será sancionado al pago de la multa correspondiente.

 

Art. 52.- Obstaculización de la vía pública.- Se considerará  que un vehículo obstaculiza o entorpece gravemente la libre circulación en la vía pública urbana, vehicular o peatonal, cuando el mismo viola disposiciones expresas de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su reglamento general de aplicación, la presente ordenanza y demás normas complementarias.

 

Todo vehículo que, dentro de la zona regulada perturbe, entorpezca u obstaculice gravemente la libre circulación en la vía pública urbana, vehicular o peatonal, por abandono, mal estacionamiento o incumplimiento de las disposiciones de la presente ordenanza, será inmediatamente inmovilizado y trasladado al patio de custodia y su propietario estará sujeto al pago de la multa, servicio de grúa y custodia, correspondiente.

 

La ubicación de bicicletas, triciclos, remolques, objetos, en general, de todo vehículo de tracción humana o animal en una de las plazas de estacionamiento libres u ocupadas, así como la colocación de objetos o de señales no homologadas destinados a reservar o guardar espacio de la vía pública urbana como plaza de estacionamiento, será sancionada con el retiro del lugar de tales objetos, su traslado al patio de custodia y al pago de la multa correspondiente.

 

Art. 53.- Indemnización por obras que obstaculizan las plazas.- Si a consecuencia de la ejecución de obra autorizada por la Municipalidad, se causare inutilización por daños de una o varias plazas, el deterioro o la destrucción del mobiliario o señalización implantada, la persona o institución responsable de la misma está obligada a resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a la restitución de los bienes destruidos y al pago de la multa correspondiente.

 

Art. 54.- Evasión de pago.- La evasión en el pago de las tarifas de tasa establecidas en la presente ordenanza por parte de los/as usuarios/as del sistema, será sancionada con la inmovilización y traslado inmediato del vehículo al patio de custodia, así como al pago de la multa, haberes anteriores, servicio de grúa y custodia, conforme la presente norma.

 

Art. 55.- Vehículos sin identificación.- Los vehículos sin identificación, que se presuma no son nuevos, serán reportados a la Policía Nacional para su sanción bajo la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. Para hacer uso del sistema los vehículos nuevos deberán mostrar en el parabrisas una identificación que contenga la placa asignada por la CNTTTSV, su VIN.

 

 

Art. 56.- Uso indebido del espacio público vial urbano.- El uso indebido del espacio de la vía pública urbana asignado a parada de buses, taxis o camionetas de carga liviana, plaza reservada de periodo extendido dentro de su horario, plazas para mujeres embarazadas y personas con discapacidad, movilidad reducida o en los espacios destinados a vados para la salida o entrada de vehículo, por parte de un vehículo no autorizado, será sancionado con la inmovilización y traslado inmediato del mismo al patio de custodia, así como al pago de la multa, servicio de grúa y custodia, conforme la presente ordenanza.

 

El usuario del sistema que desde un vehículo estacionado en una plaza debidamente señalizada, ejerce alguna actividad comercial o de prestación de servicio, será sancionado con la inmovilización y traslado inmediato del vehículo al patio de custodia, así como al pago de la multa, servicio de grúa y bodegaje, conforme la presente ordenanza.

 

Art. 57.- Casos de agresión.- La agresión verbal o física causada por un/a usuario/a del sistema a un funcionario/a, Supervisor/a, Inspector/a o Controlador/a, debidamente identificados/as durante su actividad laboral, dará lugar al pago de una multa sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que dicha agresión corresponda.

 

Art. 58.- Otros casos de traslado.- Se procederán, además, al traslado de un vehículo al patio de custodia, en los siguientes casos:

 

Cuando transcurrido sesenta minutos, contados a partir del vencimiento del tiempo de la tarjeta prepago, el/la usuario/a no haya cancelado la tarifa por el tiempo del espacio público utilizado y las multas respectivas;

 

Cuando el horario de regulación y vigencia del sistema haya finalizado y el vehículo inmovilizado no haya sido retirado por su conductor/a; y,

 

Cuando un/a suscriptor/a tenga una mora superior a treinta días en el pago de sus débitos por consumo y se encuentre dentro de la zona regulada.

 

Art. 59.- Sanciones.- La presente ordenanza establece los siguientes tipos de sanciones según lo establecido en el presente capítulo:

 

Multa;

 

Inmovilización del vehículo;

 

Traslado del vehículo al patio de custodia del sistema; y,

 

En todos los casos de multa, estas serán aplicadas a la placa o identificación del vehículo.

 

Art. 60.- Multas.- El valor de las multas que se establecen, por la presente ordenanza, para cada uno de los casos sancionados en la misma, son los siguientes:

 

 

MULTAS POR INOBSERVANCIA A LA

PRESENTE ORDENANZA

 

Uso de espacio público urbano no autorizado (Art. 49)

5% de UNA RBU

Mal uso de la tarjeta, autorización y adhesivo de identificación (Art. 50)

5% de UNA RBU

Uso de espacio público urbano como vado sin autorización (Art. 51)

10% de UNA RBU

Obstaculización de la vía pública (Art. 52)

10% de UNA RBU

 

Indemnización por obras que obstaculizan las plazas (Art. 53)

5% de UNA RBU

Evasión de pago (Art. 54)

10% de UNA RBU

Vehículos sin identificación (Art. 55)

10% de UNA RBU

Uso indebido del espacio público vial urbano (Art. 56)

10% de UNA RBU

Casos de agresión (Art. 57)

UNA RBU

Por abandono del vehículo, causando perturbación, entorpecimiento de la vía pública

5% de UNA RBU

Colocar objetos destinados a reservar espacios de la vía pública urbana como plazas de estacionamientos

10% de UNA RBU

Instalar, temporal o permanentemente, puestos de comercio informal o ambulante, de cualquier índole, en las plazas señalizadas o en lugares que obstaculicen el estacionamiento de vehículos

15% de UNA RBU

Ejercer desde o en un vehículo, usuario del sistema, actividad comercial o prestación de servicio

20% de UNA RBU

 

El personal del sistema asignará la infracción correspondiente a cada caso anteriormente citado; y, en caso de dos o más infracciones conjuntas se aplicará sólo una y será la de mayor valor.

 

Recargo por mora.- En caso de mora se cancelará un recargo adicional de 5% sobre el valor principal por cada día calendario de retraso, hasta un máximo equivalente al cien por ciento de la multa.

 

Art. 61.- Obligación de pago por el espacio de vía pública utilizado.- El pago de una multa no exime, en ningún caso, al usuario/a del pago de la tarifa a que haya lugar por el tiempo detectado y registrado en el sistema de ocupación de la vía pública.

 

Art. 62.- Reincidencia.- La reincidencia de una misma infracción por el mismo vehículo, en un periodo de tres meses, será sancionada con el doble del valor de la multa establecida, para cada caso, en la presente ordenanza.

 

Art. 63.- Daños a bienes públicos.- Si una persona o un conductor/a con su vehículo causare daño, destrozo o pérdida de algún elemento del sistema o mobiliario urbano, será notificado/a y el automotor será inmovilizado y sujeto de traslado hasta el patio de custodia, hasta que se determine el valor de los daños ocasionados y su responsable proceda al pago correspondiente.

 

CAPÍTULO VII

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

Art. 64.- Discrecionalidad de las autorizaciones.- El otorgamiento de las autorizaciones de asignación o reserva de plaza de estacionamiento o de espacios para vado, señaladas en la presente ordenanza, tienen carácter discrecional y  restrictivo, sin perjuicio de terceros. No crea derecho subjetivo a favor del beneficiario, pudiendo ser revocada en cualquier momento por razones de interés público o urbanístico, previa notificación al interesado. Igualmente podrá ser temporalmente suspendida con motivo de actos o celebraciones programadas y autorizadas por la Municipalidad.

 

Se exceptúan de esta discrecionalidad y restricción las plazas de estacionamiento o vados autorizados para servicios de emergencia médica.

 

Art. 65.- Exenciones, reducciones o bonificaciones.- Queda estrictamente prohibido cualquier exención, reducción o bonificación de las tarifas, multas y valores por servicio de grúa o bodegaje, establecidas por la presente ordenanza, excepto en los casos prescritos en este cuerpo legal y otras disposiciones competentes.

 

Art. 66.- Retiro del inmovilizador.- Para proceder al retiro de un inmovilizador el/a usuario/a del sistema deberá haber pagado previamente el valor de la multa respectiva en las oficinas de recaudación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo o agencia bancaria acreditada.

 

Art. 67.- Servicios de grúa y custodia.- El/la propietario/a de todo vehículo de uno o dos ejes, que haya sido sujeto de traslado y bodegaje, deberá pagar, a más de la multa respectiva establecida en la presente ordenanza, la suma equivalente al 35% de la remuneración básica unificada (RBU) por concepto de servicio de grúa y 5% de una remuneración básica unificada (RBU) por día o fracción, por concepto de custodia, este último, contado a partir de la media noche del día en que se produjo dicho traslado; en caso de vehículos de 3 o más ejes se cobrarán por dichos servicios la suma equivalente al 100% de la remuneración básica unificada (RBU) y 5% de una remuneración básica unificada (RBU), respectivamente, sin perjuicio de los daños que se pudieren ocasionar por el arrastre del vehículo.

 

Ningún vehículo que hubiera requerido el inicio de los servicios de inmovilización o traslado, será devuelto a su propietario mientras no se acredite, previamente, el pago de la tarifa y la obligación de abonar el valor correspondiente a la multa, a que hubiere lugar.

 

Art. 68.- Renovación de las autorizaciones.- Las autorizaciones de asignación o reserva de plaza para estacionamiento de vehículo permanentes o temporales, deberán ser renovadas hasta 10 días laborables después de su vencimiento; en caso de no hacerlo caducará la misma en forma automática y sin necesidad de notificación, sin perjuicio de que los/as titulares de dichas plazas o espacios de vía pública paguen por el tiempo ocupado y no pagado, sumados los intereses legales correspondientes y el costo de la señalización, cuando lo hubiere.

 

 

Producida la caducidad de la autorización, la Unidad Municipal SERTCO queda en libertad para disponer de la plaza o espacio de estacionamiento y de ser el caso, asignarlo o reservarlo a favor de otro usuario.

 

Para renovar una autorización, a más de la actualización de los requisitos e información requerida, el/a usuario/a deberá adjuntar a su solicitud copia del recibo del pago correspondiente.

 

Art. 69.- Solicitud de inmovilización y retiro.- El otorgamiento de una autorización de utilización de espacio público urbano para estacionamiento o vado, faculta a su beneficiario/a a solicitar a la Unidad Municipal Administradora SERTCO, que proceda con la inmovilización, retiro y traslado inmediato al patio de custodia, del vehículo que sin autorización estuviere ocupando dicho espacio.

 

Art. 70.- Métodos de impugnación.- Los/as usuarios/as del sistema que se encuentren inconformes con una multa o sanción impuesta por infracciones cometidas a las disposiciones establecidas en la presente ordenanza, podrán recurrir ante la Comisaría Municipal y presentar su impugnación, quien resolverá dicha solicitud en el término de ocho días. En este caso, la Unidad Administradora SERTCO está obligada a entregar y proporcionar toda la información que le sea solicitada, relacionada con la infracción cometida y la multa impuesta, en un plazo de veinticuatro horas.

 

Para tales casos de impugnación, se generará una resolución, la cual causará ejecutoria y será de cumplimiento obligatorio de las partes.

 

Art. 71.- Emisión de recibo o factura.- El documento justificativo del pago de la tarifa, así como aquellos valores correspondientes a multas, servicio de grúa y bodegaje, serán emitidos a nombre de la persona que aparezca como titular de la autorización o propietario/a del vehículo.

 

Art. 72.- Contravenciones de tránsito.- Las sanciones establecidas en la presente ordenanza se aplicarán sin perjuicio de aquellas previstas para las contravenciones en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, normas complementarias, las que serán exigidas por las instancias administrativas y/o judiciales pertinentes.

 

La Jefatura de Tránsito y Transporte Municipal y la Unidad Municipal SERTCO coordinarán acciones con la Subjefatura de Control de Tránsito de Otavalo, a fin de establecer un convenio o mecanismo que permita, la disuasión, prevención y el reprimir el cometimiento de contravenciones de tránsito en la zona regulada.

 

Art. 73.- Estacionamientos generales en la vía pública.- En todas aquellas vías públicas urbanas que no se encuentren incorporadas a la zona regulada por el sistema y en aquellas áreas en las que no está prohibido estacionarse, por la no existencia de señales restrictivas de tránsito o por no existir restricciones en la ley, la ordenanza, reglamentos, acuerdos o resoluciones municipales, los conductores podrán estacionar los vehículos automotores sin límite de tiempo y sin pago de tarifa alguna, pero conforme a la disposiciones legales  pertinentes. De hacer mal uso del espacio público se sancionará con el retiro inmediato del vehículo a los patios de custodio y al pago de la multa correspondiente.

 

Art. 74.- Auxilio de la fuerza pública.- La Unidad Municipal, en coordinación con la Jefatura de Tránsito y Transporte Municipal, establecerá los mecanismos necesarios que permitan el apoyo y auxilio inmediato de la Policía Nacional y la Policía Municipal en aquellos casos en que se la requiera para el cumplimiento de la presente ordenanza.

 

Art. 75.- Cierre parcial o total de vía.- Todo cierre parcial o total de vía, dentro de la zona regulada, por efecto de obra municipal o de las empresas de servicio público que se crearen y que ejerzan sus actividades dentro de la ciudad, deberá comunicar por escrito, obligatoriamente, a la Unidad Municipal Administradora del Sistema SERTCO, por lo menos, con cuarenta y ocho horas de anticipación; salvo en aquellos casos de emergencia, de lo contrario se sancionará con el 10% de una RBU, al servidor/a público responsable del departamento municipal y 15% de una RBU a la empresa pública.

 

Art. 76.- Cancelación total de deuda.- El titular de una solicitud, previo al inicio de cualquier trámite, deberá haber cancelado todos los haberes que por concepto de sanciones, multas, tasas o servicio municipales se encuentre adeudando a la Municipalidad. El único documento habilitante será el “Certificado de no Adeudar al Municipio”.

 

Art. 77.- Vehículos no retirados.- Los vehículos y demás objetos depositados en el patio de custodia que hayan superado un plazo de doce meses, contados a partir de su ingreso, sin haber sido retirados por sus propietarios/as, serán puestos en custodia del Municipio para su trámite de remate, producto que será entregado una vez realizada la liquidación y descuento que corresponda.

 

Art. 78.- Tecnología y nuevos mecanismos.- La Unidad Municipal SERTCO, encargada del sistema, podrá habilitar nuevos mecanismos de mejora del sistema, como reserva de espacios, control del uso de estacionamientos con medios tecnológicos y otros que considere, para los cuales deberá contar con la aprobación del Alcalde/sa y si implicaren cobro de tasas, con una resolución del Concejo Municipal.

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, con treinta días de anticipación, como mínimo, a la fecha de inicio de aplicación del Sistema de Estacionamiento Rotativo y Tarifado del Cantón Otavalo (SERTCO), hará público, mediante la aplicación de una campaña de difusión a través de los medios de comunicación, la implementación del mismo, con el objeto de que la ciudadanía conozca la operatividad y beneficios del sistema.

 

SEGUNDA.- A partir de la publicación de la presente ordenanza en el Registro Oficial, dentro del plazo de noventa días entrará en funcionamiento el SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO Y TARIFADO DEL CANTÓN OTAVALO.

 

TERCERA.- Mientras se conforma la Unidad Municipal Administradora del Sistema SERTCO, destinada a la operación y administración del Sistema de Estacionamiento Rotativo y Tarifado en el Cantón Otavalo, la Jefatura de Tránsito y Transporte Municipal queda facultada para realizar los procesos de adquisición de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento del Sistema Nacional de Contratación Pública, gestionar los convenios y contratos inherentes al caso y comenzar a operar el sistema, pudiendo realizar la operación y administración del mismo de forma manual o conforme disponga el/la señor/a Alcalde/sa, coordinadamente con el resto de direcciones, departamentos y unidades municipales.

 

CUARTA.- Una vez conformada la Unidad Municipal SERTCO todos los activos, pasivos, contratos y empleados/as del sistema pasarán a ser parte integrante de la Jefatura de Tránsito y Transporte Municipal y de la Dirección de Planificación conforme el Orgánico Funcional lo determine.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- Vigencia.- La presente ordenanza entrará en vigencia una vez que se encuentre publicada en el Registro Oficial, por su carácter de tributaria.

 

SEGUNDA.- Derogatorias.- Derógase toda disposición anterior contenida en ordenanzas, acuerdos y resoluciones municipales que contravengan o se opongan a lo dispuesto en la presente ordenanza.

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Cantón Otavalo, a los veinte y nueve días del mes de diciembre del año dos mil once.

 

f.) Sr. Mario Conejo Maldonado, Alcalde

 

 f.) Dr. Gabriel Rodríguez Pavón, Secretario General.

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO.- Certifico: Que la presente “ORDENANZA DE CREACIÓN, REGULACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO Y TARIFADO DEL CANTÓN OTAVALO”, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Cantón Otavalo, en dos discusiones, realizadas en sesiones ordinarias del día seis de agosto del año dos mil siete; y, veinte y nueve de diciembre del año dos mil once. De conformidad con el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remito al señor Alcalde para su sanción. En la ciudad de Otavalo, a los cinco días del mes de enero del año dos mil doce, las nueve horas.

 

f.) Dr. Gabriel Rodríguez Pavón, Secretario General.

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO.- En la ciudad de Otavalo, a los seis días del mes de enero del año dos mil doce, las quince horas.- Vistos: Por cuanto la “ORDENANZA DE CREACIÓN, REGULACIÓN Y

 

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO Y TARIFADO DEL CANTÓN OTAVALO” reúne todos los requisitos constitucionales y legales; y, de conformidad con lo prescrito en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sanciono la presente ordenanza para su inmediata vigencia. Remítase al Registro Oficial para su promulgación.

 

f.) Sr. Mario Conejo Maldonado, Alcalde.

 

Certifico: Que el señor Mario Conejo Maldonado, en su calidad de Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Otavalo, sancionó y ordenó la promulgación de la presente “ORDENANZA DE CREACIÓN, REGULACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO ROTATIVO Y TARIFADO DEL CANTÓN OTAVALO”, a los seis días del mes de enero del año dos mil doce.

 

f.) Dr. Gabriel Rodríguez Pavón, Secretario General.

 

EL ILUSTRE CONCEJO MUNICIPAL DEL

CANTÓN PUERTO QUITO

 

Considerando:

 

Que, el Art. 240 de la Constitución de la República del Ecuador determina que los gobiernos autónomos descentralizados cantonales tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;

 

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en el ámbito de sus competencias y territorio, faculta a los gobiernos municipales expedir ordenanzas cantonales;

 

Que, de conformidad con el Art. 60, literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, corresponde al Alcalde o Alcaldesa presentar proyectos de ordenanza al Concejo Municipal en el ámbito de su competencia; y,

 

En uso de las atribuciones señaladas en el literal g) del Art. 57 y Art. 322 del COOTAD,

 

Expide:

 

LA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN PUERTO QUITO.

 

Art. 1.- En el Art. 7, luego de “a las que están” y antes de “todos los habitantes” cámbiese “sometidos” por “subordinados”.

 

Art. 2.- En el Art. 45.- Después de: “establecidas para los cerramientos” y antes de: “del Municipio.” cámbiese “obras según la Dirección de Obras Públicas” por “según lo determinado en la ordenanza respectiva y de acuerdo a lo establecido por la Dirección de Planificación”.

 

Art. 3.- Agréguese luego del Art. 45, dos artículos que dirán:

 

“Art.- Las empresas o distribuidoras de bebidas, de alimentos o productos de consumo masivo que generen gran cantidad de residuos sólidos de sus productos de venta serán los responsables de su almacenamiento, recolección y disposición final o tratamiento de los desechos”.

 

“Art.- Se prohíbe la comercialización de envases de vidrio no retornables superiores a 330 centímetros cúbicos de capacidad dentro del cantón Puerto Quito”.

 

Art. 4.- En el Art. 50.- En la categoría 1, luego de “públicas y privadas tales como” y antes de: “escuelas, colegios, iglesias” sustitúyase “guarderías” por “Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV)”.

 

Art. 5.- En el Art. 50.- En la categoría 2.- luego de: “predios no habitados” agréguese “carpinterías, piladoras de arroz y café, aserraderos, depósitos de madera, vulcanizadoras”.

 

Art. 6.- En el Art. 50.- En la categoría Art. 3.- Luego de “microempresas agroindustriales” elimínese: “carpinterías”.

 

Art. 7.- Luego del Art. 52, agréguese un artículo que dirá: “Los puestos en las ferias temporales por motivos de fiestas cantonales y de fundación deberán pagar una tasa por recolección de basura de 1,00 USD; que será cancelado en la Tesorería Municipal”.

 

Art. 8.- Luego del Art. 66 inclúyase un artículo que dirá: “CONTRAVENCIONES DE CUARTA CLASE Y SUS SANCIONES.- Serán sancionados con una multa del 100% de una Remuneración Mensual Unificada quienes cometan el no cumplimiento al artículo 46 y 47 de la presente ordenanza”.

 

Art. 9.- Vigencia.- La presente reforma a la ordenanza entrará en vigencia, a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

 

Art. 10.- Derogatoria.- A partir de la vigencia de la presente reforma, quedan sin efecto las ordenanzas, disposiciones, y resoluciones que se opongan a la presente reforma.

 

Dada en la sala de sesiones del Concejo Municipal del Cantón Puerto Quito, a los 20 días del mes de octubre del 2011.

 

f.) Sra. Narciza Párraga Ibarra, Alcaldesa del cantón.

 

f.) Dr. Franklin Mena Escobar, Secretario General.

 

CERTIFICACIÓN DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL.- Puerto Quito, a 21 de octubre del 2011.- La presente ordenanza fue discutida y aprobada por el Ilustre Concejo Municipal del Cantón Puerto Quito, en las sesiones ordinarias realizadas los días 7 de abril del 2011 y 20 de octubre del 2011.- Lo certifico.

 

f.) Dr. Franklin Mena Escobar, Secretario General.

 

 

PROCESO DE SANCIÓN:

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUERTO QUITO.- Puerto Quito, a 21 de octubre del 2011.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización remítase a la señora Alcaldesa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Puerto Quito, la reforma a la Ordenanza que reglamenta la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón Puerto Quito, para la sanción respectiva.

 

f.) Dr. Franklin Mena Escobar, Secretario General.

 

SANCIÓN:

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PUERTO QUITO.- Puerto Quito, a 23 de octubre del 2011.- De conformidad con la disposición contenida en el inciso quinto del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, sanciono la reforma a la Ordenanza que reglamenta la gestión integral de los residuos sólidos en el cantón Puerto Quito, para que entre en vigencia, a partir de su publicación en el Registro Oficial, conforme lo determina el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

f.) Sra. Narciza Párraga Ibarra, Alcaldesa del cantón Puerto Quito.

 

CERTIFICACIÓN.- Puerto Quito, a 24 de octubre del 2011, el infrascrito Secretario General del Concejo Municipal del Cantón Puerto Quito, certifica que la señora, Narciza Párraga Ibarra, Alcaldesa del cantón, proveyó y firmó la ordenanza que antecede en la fecha señalada. Lo certifico.

 

f.) Dr. Franklin Mena Escobar, Secretario General.

 

LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL

ECUADOR

 

Considerando:

 

Que, la Constitución Política de la República mediante artículo 243, dispone en su parte pertinente, que los gobiernos autónomos descentralizados podrán agruparse y formar mancomunidades;

 

Que, el Art. 285 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización dispone que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán formar mancomunidades entre sí, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración;

 

Que, en la Edición Especial del Registro Oficial No. 142 del 5 de mayo del 2011, se publicó la creación de la Mancomunidad  del Norte del Ecuador como entidad pública;

 

Que, la Mancomunidad del Norte del Ecuador, se encuentra desarrollando un proceso REDD+, con el objetivo de reducir la emisión de gases efecto invernadero y conseguir recursos financieros para realizar proyectos de desarrollo humano, con las poblaciones vulnerables de sus provincias y cantones;

 

Que, el artículo 5, numeral 2 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, define en su parte pertinente, que la creación de empresas públicas por parte de los gobiernos autónomos descentralizados se hará por acto público legalmente expedido;

 

Que, la Mancomunidad del Norte del Ecuador en sesión ordinaria de Directorio, realizada en Esmeraldas, de fecha 13 de enero del 2012, resolvió aprobar los estatutos de creación de la “Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósitos de carbono (plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador (EP REDD+ MNE)”; y,

 

En ejercicio de las atribuciones que la ley le concede,

 

Resuelve:

 

Art. 1.- RESOLUCIÓN.- El Directorio de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, por unanimidad, resuelve aprobar los estatutos de creación de la “Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósitos de carbono (plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador (EP REDD+ MNE)”.

 

La presente resolución entra en vigencia desde la fecha de su aprobación, sin perjuicio de la publicación en el Registro Oficial para su conocimiento.

 

Dado y firmado en la ciudad de Esmeraldas, a los 13 días del mes de enero del 2012.

 

Firman el señor Presidente y Secretario-Coordinador General, quienes certifican lo resuelto.

 

f.) Gral. René Yandún Pozo, Presidente.

 

f.) René Bayardo Terán, Secretario-Coordinador General.

 

ESTATUTOS DE LA EMPRESA PÚBLICA

REDD+ MNE

 

LA MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL

ECUADOR

 

Considerando:

 

Que, los artículos 14 y 27 de la Constitución de la República declaran que se reconoce el derecho a la población de vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado;

 

Que, en el artículo 83, numeral 6, con respecto de las responsabilidades, está la de respetar los derechos de la  naturaleza, preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible;

 

Que, el artículo 225 de la Constitución de la República señala que el sector público comprende, entre otros, a: 4) Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos;

 

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República dispone que el Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;

 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 40 señala que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, integradas por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización y ejecutivas previstas en el COOTAD, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden;

 

Que, el artículo 289 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, permite a los gobiernos autónomos descentralizados mancomunados, la creación de empresas públicas de acuerdo con la ley que regula las empresas públicas;

 

Que, la Mancomunidad del Norte del Ecuador fue creada como institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, mediante resolución publicada en Edición Especial del Registro Oficial No. 142 del 5 de mayo del 2011;

 

Que, la Fundación Fondo Ecuatoriano de Desarrollo Sustentable FED, ha llevado a cabo la socialización del proyecto REDD+ Sucumbíos, como fase piloto a ser replicada en las otras provincias de la Mancomunidad del Norte del Ecuador y sus actores han decidido apoyar y avanzar con el proceso;

 

Que, la Fundación FED ha desarrollado el proceso de acompañamiento técnico en todo lo que tiene que ver con el Proceso REDD+ Sucumbíos y REDD+ Mancomunidad del Norte del Ecuador;

 

Que, la Mancomunidad del Norte del Ecuador y la Fundación Fondo Ecuatoriano de Desarrollo Sustentable FED, han firmado un Convenio de Cooperación Técnica Financiera y Promoción del Proyecto REDD+;

 

Que, la Mancomunidad del Norte del Ecuador ha solicitado al Consejo Nacional de Competencias y ha sido concedida la Descentralización de las Competencias de Gestión Ambiental; y,

 

En uso de las atribuciones que la ley le concede,

 

Resuelve:

 

Crear la Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósitos de carbono (plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador (EP REDD+ MNE) al tenor siguiente:

 

Art. 1.- DENOMINACIÓN, CONSTITUCIÓN Y JURISDICCIÓN.- La Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósitos de carbono (plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador, se crea mediante este instrumento y se denomina EP REDD+ MNE, se constituye como una persona de derecho público con personalidad jurídica, con patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.

 

Art. 2.- DOMICILIO.- La EP REDD+ MNE tendrá su domicilio principal, inicialmente en la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi.

 

Art. 3.- OBJETO.- El objeto principal de la Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósitos de Carbono (plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador, es administrar y ejecutar el proyecto REDD+.

 

Para el cumplimiento de su objetivo podrá constituir filiales subsidiarias, direcciones técnicas, unidades de negocio, o celebrar convenios de asociación, uniones transitorias y alianzas estratégicas, con consorcios, empresas de coordinación y otras de naturaleza similar con alcance nacional e internacional, y en general, celebrar todo acto o contrato permitido por las leyes ecuatorianas que directa o indirectamente se relacionen con su objetivo, con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas.

 

Art. 4.- ÁMBITO.- La Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósitos de carbono (plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador, EP REDD+ MNE, podrá desarrollar sus actividades en el ámbito local, provincial, regional, nacional e internacional, para lo cual podrá conformar empresas mixtas nacionales e internacionales, en todos y cada uno de los ámbitos de su gestión.

 

Art. 5.- ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL.- La Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósitos de carbono (plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador, EP REDD+ MNE tendrá como órganos de dirección y administración:

 

El Directorio.

 

La Gerencia General.

 

La Dirección Técnica. La EP REDD+ MNE contará con las unidades requeridas para su desarrollo y gestión.

 

Art. 6.- INTEGRACIÓN.- El Directorio de la Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósitos de carbono (plus)

 

Mancomunidad del Norte del Ecuador, EP REDD+ MNE estará integrado por:

 

El Presidente actual de la Mancomunidad del Norte del Ecuador, quien la presidirá por dos años, pudiendo ser reelecto.

 

Los prefectos de las provincias que integran la mancomunidad, o sus delegados debidamente acreditados.

 

El Presidente Ejecutivo de la Fundación Fondo Ecuatoriano de Desarrollo Sustentable (FED), o su delegado debidamente acreditado.

 

Considerando los antecedentes como promotor exclusivo y pionero en procesos REDD+ en el Ecuador, de la Fundación Fondo Ecuatoriano de Desarrollo Sustentable FED, se dispone que integre el Directorio a través de su Presidente Ejecutivo como dirección, apoyo y acompañamiento técnico, por el tiempo que determine el convenio de cooperación técnica financiera y promoción del proyecto REDD+ suscrito entre el FED y la mancomunidad, constituyéndose automáticamente en la unidad técnica general del proceso y de la empresa.

 

Los organismos de Dirección y Administración de la EP REDD+ MNE se reunirán ordinariamente en forma trimestral, y extraordinariamente cuando el Presidente o tres de sus miembros lo consideren necesario.

 

Art. 7.- DURACIÓN.- La EP REDD+ MNE se constituye con carácter permanente y por tiempo indefinido pudiéndose disolver por las causales y motivos contemplados en este instrumento y las leyes.

 

Art. 8.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO.- Son atribuciones del Directorio las siguientes:

 

Establecer las políticas y metas de la Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósitos de carbono (Plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador, EP REDD+ MNE, en concordancia con las políticas nacionales, regionales, provinciales o locales y evaluar su cumplimiento.

 

Aprobar los programas anuales y plurianuales de inversión y reinversión de la Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósitos de carbono (Plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador, EP REDD+ MNE.

 

Aprobar la desinversión de la empresa pública en sus filiales o subsidiarias.

 

Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura  organizacional y responsabilidad social corporativa.

 

Aprobar el presupuesto general de la empresa y evaluar su ejecución.

 

Aprobar el plan estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General, y evaluar su ejecución.

 

Aprobar y modificar el orgánico funcional de la empresa sobre la base del proyecto presentado por el Gerente General.

 

Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio.

 

Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las inversiones que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales, cuyo monto será el definido en el Reglamento General de la Ley Orgánica de Empresa Públicas, con sujeción a las disposiciones de la ley y la normativa interna de la Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósito de carbono (plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador, EP REDD+ MNE. Las contrataciones de crédito, líneas de crédito o inversiones inferiores a dicho monto serán autorizadas directamente por el Gerente General de la empresa.

 

Autorizar la enajenación de bienes de la empresa de conformidad con la normativa aplicable desde el monto que establezca el Directorio.

 

Conocer y resolver sobre el informe anual de la o el Gerente General, así como los estados financieros de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada año;

 

Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la empresa pública;

 

Aprobar y modificar los reglamentos internos que requiera la empresa, excepto el señalado en el numeral 8 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas;

 

Disponer el ejercicio de las acciones legales, según el caso, en contra de ex administradores de la empresa pública; y,

 

Las demás que le asigne la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su reglamento general y la reglamentación interna de la empresa.

 

 

Art. 9.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones del Presidente las siguientes:

 

Aprobar la creación de filiales o subsidiarias, nombrar a sus administradoras o administradores con base a una terna presentada por la o el Gerente General, y sustituirlos.

 

Nombrar a la o el Gerente General, y sustituirlo.

 

Designar al Gerente General subrogante.

 

Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocio.

 

Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios, de conformidad con la normativa aplicable.

 

Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) en los plazos y formas previstos en la ley; Presidente.

 

Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los administradores de agencias o unidades de negocios, obteniendo la previa autorización del Directorio.

 

Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o servicios para atender las necesidades de los usuarios en general, del mercado y el desarrollo de los fondos establecidos: Fondo de Mercados Verdes y Turismo, Fondo de Recursos Hídricos y Manejo de Cuencas, Fondo de Compensación Social y REDD+ y Fondo de Energía Limpia, para lo cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas.

 

Art. 10.- GERENTE GENERAL.- La o el Gerente General de la Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación y perfeccionamiento de los depósito de carbono (plus) - Mancomunidad del Norte del Ecuador, EP REDD+ MNE será designado por el Presidente, de fuera de su seno, por un período de dos años, pudiendo ser ratificado por tiempo igual.

 

Ejercerá conjuntamente y en unidad de acto la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa.

 

Deberá dedicarse de forma exclusiva, a tiempo completo a las labores inherentes a su cargo, con la salvedad establecida en la Constitución de la República. Para ser Gerente General se requiere demostrar conocimiento y experiencia vinculados a la actividad de la empresa.

 

En caso de ausencia o incapacidad temporal del Gerente General lo subrogará el Gerente General subrogante.

 

Art. 11.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública, tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

 

Ejercer conjuntamente con el Presidente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa pública.

 

Cumplir y hacer cumplir la ley, reglamentos y demás  normativas aplicables, incluidas las resoluciones emitidas por el Directorio.

 

Suscribir con el Presidente, las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio.

 

Administrar la empresa pública, velar por su eficiencia empresarial e informar al Directorio trimestralmente o cuando sea solicitado por este, sobre los resultados de la administración, gestión de aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados.

 

Presentar al Directorio los informes de la empresa pública y los estados financieros.

 

Preparar, para conocimiento y aprobación del Directorio, el Plan General de Negocios, Expansión e Inversión y el Presupuesto General de la empresa pública.

 

Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos alternativos solución de conflictos, de conformidad con la ley y los montos establecidos por el Directorio. El Gerente procurará utilizar dichos procedimientos alternativos antes de iniciar un proceso judicial, en todo lo que sea materia transigible.

 

Nombrar, contratar y sustituir al talento humano no señalado en el numeral que antecede, respetando la normativa aplicable.

 

Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado.

 

Actuar como Secretario del Directorio.

 

Las demás que le asigne la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su reglamento general y las normas internas de la Empresa Pública de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación más - Mancomunidad del Norte del Ecuador - EP REDD+ MNE.

 

Art. 12.- GERENTE GENERAL SUBROGANTE.- El Gerente General Subrogante reemplazará al Gerente General de la empresa en caso de ausencia o impedimento temporal de este último, cumplirá los deberes y atribuciones previstas para el titular mientras dure el reemplazo.

 

En caso de ausencia definitiva del Gerente General, será el Presidente de la empresa el que designe al nuevo Gerente General.

 

Art. 13.- GERENTES DE FILIALES Y SUBSIDIARIAS.- El Presidente resolverá la creación de filiales y subsidiarias que actuarán de manera desconcentrada a través de la gestión de una o un Gerente de libre nombramiento y remoción, que cumplirá bajo su exclusiva responsabilidad, las siguientes atribuciones:

 

Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emitidas por el  Directorio y el Gerente General.

 

Ejecutar la planificación de conformidad con las políticas e instrucciones emitidas por el Directorio y el Gerente General de la empresa.

 

Administrar la filial o subsidiaria, velar por su eficiencia empresarial e informar al Gerente General y Presidente de su gestión.

 

Suscribir los convenios y contratos de conformidad con los montos de atribución aprobados por el Directorio.

 

Las demás que le asigne la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su reglamento general y el Gerente General de la empresa. La remoción del Gerente de la filial o subsidiaria no dará lugar al pago de indemnización alguna.

 

Art. 14.- PROHIBICIÓN.- No podrán ser designados ni actuar como Gerente General, gerentes de filiales y subsidiarias; o, administradores de agencias o unidades de negocio, ni como personal de libre designación de la empresa pública, los que al momento de su designación o durante el ejercicio de sus funciones se encuentren incursos o incurran en una o más de las siguientes inhabilidades:

 

Ser cónyuge, persona en unión de hecho o pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de alguno de los miembros del Directorio o de las autoridades nominadoras de los miembros del Directorio.

 

Estuvieren ejerciendo la calidad de gerentes, auditores, accionistas, asesores, directivos o empleados de las personas naturales y jurídicas privadas, sociedades de hecho o asociaciones de estas que tengan negocios con la empresa pública o con respecto de los cuales se deduzca un evidente conflicto de intereses.

 

Tengan suscritos contratos vigentes con la empresa pública o en general con el Estado en actividades relacionadas al objeto de la empresa pública.

 

Se encuentren litigando en calidad de procuradores judiciales, abogados patrocinadores o parte interesada contra la empresa pública o en general con el Estado en temas relacionados con el objeto de la empresa pública.

 

Ostenten cargos de elección popular y servicio público.

 

No tener sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos sancionados con reclusión, o por cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado.

 

Se encuentren inhabilitados en el Registro Único de Proveedores RUP.

 

Las demás que se establecen en la Constitución y la ley.

 

En el evento de comprobarse que la persona designada para estos cargos se encuentra incursa en una o cualquiera de las  inhabilidades señaladas, será inmediatamente cesada en sus funciones por el Presidente o el Gerente General según corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y/o penales que se pudieren determinar. La cesación del cargo o terminación del contrato no dará lugar al pago o reconocimiento de indemnización alguna.

 

Art. 15.- CONTRATACIÓN EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS.- Todo proceso de contratación de obras, bienes y servicios, incluidos los de consultoría, así como las contrataciones en actividades de desarrollo humano sostenible o desarrollo comunitario, comercialización, industrialización de los certificados de reducción de emisiones, estarán sujetos a las leyes respectivas.

 

Art. 16.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS.- La administración de los recursos se realizará de acuerdo a cada modelo de gestión aprobado por el Directorio.

 

Art. 17.- DESCONCENTRACIÓN EMPRESARIAL.- Las contrataciones de esta empresa pública de ámbito nacional se realizarán de manera desconcentrada, en consecuencia:

Las contrataciones para la ejecución de obras y adquisición de bienes o prestación de servicios declaradas emergentes en los términos previstos en la ley, de la cuantía que fueren, requieren la autorización previa y favorable del Gerente General de la empresa pública, en caso contrario generarán responsabilidad personal del administrador que autorizó dicha contratación; y,

 

Los administradores de las agencias o unidades de negocio de esta empresa pública, siempre que la contratación esté dentro del límite de los montos autorizados por la normativa interna de la empresa, serán responsables de los actos y contratos; y en consecuencia asumirán las responsabilidades que de ello se derive.

 

Art. 18.- CAPACIDAD ASOCIATIVA.- La EP REDD+ MNE tienen capacidad asociativa para el cumplimiento de sus fines y objetivos empresariales y en consecuencia para la celebración de los contratos que se requieran, para cuyo efecto podrán constituir cualquier tipo de asociación, alianzas estratégicas, sociedades de economía mixta con sectores públicos o privados en el ámbito nacional o internacional o del sector de la economía popular y solidaria, en el marco de las disposiciones del artículo 316 de la Constitución de la República.

 

Art. 19.- INVERSIONES EN OTROS EMPRENDIMIENTOS.- Para ampliar sus actividades, acceder a tecnologías avanzadas y alcanzar las metas de productividad y eficiencia en todos los ámbitos de sus actividades, esta empresa pública gozará de capacidad asociativa, entendida esta como la facultad empresarial para asociarse en consorcios, alianzas estratégicas, conformar empresas de economía mixta en asocio con empresas privadas o públicas, nacionales o extranjeras, constituir subsidiarias, adquirir acciones y/o participaciones en empresas nacionales y extranjeras y en general optar por cualquier otra figura asociativa que se considere pertinente conforme a lo dispuesto en los Arts. 315 y 316 de la Constitución de la República. La EP REDD+ MNE con empresas estatales de otros países, con compañías en las que otros estados sean directa o indirectamente accionistas mayoritarios.

 

En general los acuerdos asociativos e inversiones previstas en el inciso anterior deberán ser aprobados mediante resolución del Directorio en función de los justificativos técnicos, económicos y empresariales presentados mediante informe motivado y no requerirán de otros requisitos o procedimientos que no sean los establecidos por el Directorio para perfeccionar la asociación o inversiones, respectivamente.

 

Las inversiones financieras y en los emprendimientos en el exterior serán autorizadas por el respectivo Directorio de la Empresa Pública.

 

Art. 20.- ÁMBITO Y ALCANCE DE LOS NUEVOS EMPRENDIMIENTOS.- Los emprendimientos y asociaciones previstos en el artículo anterior se sujetarán al contenido específico de los acuerdos que se celebren y en lo no previsto en ellos, a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y en las normas contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

 

En el caso de que la EP REDD+ MNE conformará una empresa de economía mixta, la administración del talento humano se sujetará a las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, Ley Orgánica del Servicio Público y la Codificación del Código de Trabajo en lo que corresponda. En esta empresa no habrá pago de utilidades conforme lo señala el último inciso del Art. 328 de la Constitución de la República.

 

Art. 21.- PATRIMONIO.- Constituye patrimonio de la EP REDD+ MNE todas las acciones, participaciones, títulos habilitantes, bienes tangibles e intangibles y demás activos y pasivos que posean tanto al momento de su creación como en el futuro.

 

Art. 22.- RÉGIMEN TRIBUTARIO.- La EP REDD+ MNE aplicará el Régimen Tributario correspondiente al de entidades y organismos del sector público, incluido el de exoneraciones, previsto en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes de naturaleza tributaria. Con tal propósito se dispone su inscripción en el Registro Único de Contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y demás leyes de la República.

 

Las empresas públicas que presten servicios públicos estarán exentas del pago de regalías, tributos o de cualquier otra contraprestación por el uso u ocupación del espacio público o la vía pública y del espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para colocación de estructuras, postes y tendido de redes.

 

Art. 23.- FORMAS DE FINANCIAMIENTO.- La EP REDD+ MNE, sus subsidiarias y filiales podrán adoptar las formas de financiamiento que estimen pertinentes para cumplir sus fines y objetivos empresariales, tales como: ingresos provenientes de  la comercialización de bienes y prestación de servicios así como de otros emprendimientos; rentas de cualquier clase que produzcan los activos, acciones, participaciones; acceso a los mercados financieros, nacionales o internacionales, a través de emisión de obligaciones, titularizaciones, contratación de créditos; beneficio de garantía soberana; inyección directa de recursos estatales, reinversión de recursos propios; entre otros. Para el efecto se requerirá la resolución favorable del Directorio de la empresa y el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y otras leyes, así como en la normativa aplicable, en función de la naturaleza del financiamiento al que se acceda.

 

Art. 24.- GARANTÍA SOBERANA.- Se concederá en los términos que señala el numeral 6 del artículo 34 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

 

Art. 25.- ENDEUDAMIENTO.- El nivel de endeudamiento de la EP REDD+ MNE se regulará en observancia a los planes nacional y local de desarrollo y con sujeción a las políticas que, de conformidad con la ley, emita el Comité de Deuda Pública y a los requisitos y límites legales que permitan mantener niveles de endeudamiento acordes a la capacidad real de pago de la empresa pública o de la Mancomunidad del Norte del Ecuador.

 

Art. 26.- TRANSPARENCIA.- La EP REDD+ MNE divulgará, en sus sitios web, entre otros aspectos: la información financiera y contable del ejercicio fiscal anterior; la información mensual sobre la ejecución presupuestaria de la empresa; el informe de rendición de cuentas de los administradores; los estudios comparativos de los dos últimos ejercicios fiscales; sus reglamentos internos; y, de ser posible, el estado o secuencia de los trámites o petitorios que hagan los usuarios o consumidores; así como información sobre el estado de cuenta relativo al pago por consumo o por servicios. También publicarán la información sobre los procesos de contratación que realicen, de conformidad con las disposiciones que para el efecto contempla la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás normas especiales.

 

Art. 27.- DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la información comercial, empresarial y en general aquella información estratégica y sensible a los intereses de la EP REDD+ MNE, desde el punto de vista tecnológico, comercial y de mercado, goza de la protección del régimen de propiedad intelectual e industrial, de acuerdo a los instrumentos internacionales y a la Ley de Propiedad Intelectual, con el fin de precautelar la posición de la empresa en el mercado. En consecuencia serán aplicables a esta empresa pública, en los ámbitos indicados en este artículo, las disposiciones legales o reglamentarias sobre transparencia y acceso a la información pública, en los términos señalados en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

 

 

Art. 28.- CONTROL Y AUDITORÍA.- La EP REDD+ MNE estará sujeta a todos los entes de control que establece la ley y a las auditorías internas que se puedan aplicar.

 

Art. 29- FUSIÓN DE LA EP REDD+ MNE.- La EP REDD+ MNE podrá fusionarse:

 

Cuando esta y otra u otras empresas públicas decidan unirse para formar una nueva que las sucede en sus derechos y obligaciones.

 

Cuando esta y/u otra u otras empresas públicas son absorbidas por otra que continúa subsistiendo.

 

Para la fusión de esta empresa pública con otra, en una nueva, acatará lo previsto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas y a la decisión del Directorio, en lo que corresponda.

 

 

Art. 30.- ESCISIÓN DE LA EP REDD+ MNE.- Sobre la base de la recomendación motivada del Directorio de la Empresa Pública, la Mancomunidad del Norte del Ecuador podrá resolver la escisión de la empresa pública en más empresas públicas.

 

La EP REDD+ MNE acatará las normas de procedimiento de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y las que allí no se hubieren contemplado, tanto para la fusión como para la escisión, se aplicarán las normas previstas en la Ley de Compañías.

 

 

Art. 31.- LIQUIDACIÓN DE LA EP REDD+ MNE.- Si por cualquiera de los motivos señalados en la Ley Orgánica de Empresas Públicas la EP REDD+ MNE debiera liquidarse, en la resolución aprobatoria, se dispondrá la liquidación de la empresa pública. Acatando lo establecido en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, sobre este aspecto y los artículos relacionados.

 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

PRIMERA.- Las actividades y operaciones a cargo de la EP REDD+ MNE, serán desarrolladas y ejecutadas de acuerdo al programa de actividades y presupuesto de costos, gastos e inversiones que se apruebe para el año 2012, el mismo que se financiará inicialmente con un aporte de USD 30.000 por parte de la Mancomunidad del Norte del Ecuador.

 

En todo lo demás la EP REDD+ MNE se regirá por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y su reglamento interno.

 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en Esmeraldas, a los 13 días del mes de enero del 2012.

 

 

f.) Gral. René Yandún Pozo, Presidente, Mancomunidad Norte del Ecuador.

 

f.) René Terán, Coordinador General, Mancomunidad Norte del Ecuador.

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