Mi Maletín de Compras

# de items: 0
Total: $0.00

Registro Oficial No. 621 - Miércoles 18 de Enero de 2012 SUPLEMENTO

lunes 23 de enero del 2012 | 22:14
Útima actualizacion: miércoles 17 de julio del 2013 | 11:00


REGISTRO OFICIAL
Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado
Presidente Constitucional de la República del Ecuador
Miércoles, 18 de Enero de 2012 - R. O. No. 621

SUPLEMENTO

Ministerio del Ambiente:

225 Oficialízase el mecanismo de la Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde”

Tribunal Contencioso Electoral:

062-2011-TCE Díctase sentencia en la denuncia presentada por el señor Jorge Elías Escala Zambrano, Asambleísta Nacional del MPD, en contra de la señora Ministra de Educación, Dra. Gloria Vidal y otros


063-2011-TCE Declárase parcialmente con lugar la denuncia presentada por la señorita Natasha Sashenka Rojas Pilaquinga


308-2011 Desestímase por improcedente el recurso ordinario de apelación interpuesto por el señor ingeniero Marco Antonio Barreto Bone, proponente de la revocatoria del mandato del señor Humberto Antonio García Farina, Alcalde del cantón San Vicente, provincia de Manabí

Ordenanza Municipal:

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Mira: Que fija el pago de remuneraciones de los señores concejales y concejalas

 

No. 225

Marcela Aguiñaga Vallejo
MINISTRA DEL AMBIENTE

Considerando:

Que, el artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;

Que, el artículo 15 de la Constitución de la República del Ecuador establece; el Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto;

Que, el numeral 27 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza;

Que, el inciso tercero del artículo 71 de la Constitución de la República del Ecuador señala; el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema;

Que, el artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador dice, el Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad;

Que, el artículo 413 de la Constitución de la República del Ecuador señala, el Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua;

Que, el artículo 2 de la Ley de Gestión Ambiental, señala los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales, a los cuales se sujeta la gestión ambiental;

Que, el artículo 142 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece; el Ministerio del Ambiente conjuntamente con la comunidad académica y ambientalista del país, concederá de manera anual a las actividades socio-económicas que se desarrollen en el territorio nacional, el "Reconocimiento al Mérito Ambiental" a sus productos, procesos o prácticas;

Que, el artículo 143 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece que el "Reconocimiento al Mérito Ambiental" solo será otorgado a aquellas actividades que durante el ejercicio económico inmediato anterior hayan demostrado su fiel cumplimiento a los planes ambientales respectivos;

Que, el artículo 145 del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente, establece la Autoridad Ambiental Nacional concederá el Reconocimiento al Mérito Cívico-Ambiental en favor de las personas naturales o jurídicas privadas o públicas o para las comunidades cuyas prácticas y actividades hayan contribuido significativamente en la prevención y control de la contaminación ambiental;

Que, para efectos de esta norma, se considerarán los lineamientos de la Norma ISO 14024, la cual establece los principios y procedimientos para desarrollar los programas de etiquetado ambiental tipo I y los procedimientos de certificación para otorgamiento de la etiqueta; y,

Que, la Certificación Ecuatoriana Ambiental de Empresa Ecoeficiente, deberá ser emitida por los organismos de certificación de producto, acreditados por el organismo de acreditación ecuatoriano u organismos designados por el Ministerio de Industrias y Productividad, que demuestren el cumplimiento con los requerimientos establecidos en la Guía GPE INEN ISO/IEC 65 relacionados con “Requisitos generales para organismos que operan sistemas de certificación de productos”,

Acuerda:

Art. 1.- Oficializar el Mecanismo de la Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde”.

Art. 2.- Establecer el uso del logotipo “Punto Verde” por parte de las empresas acreedoras a la Certificación Ecuatoriana Ambiental.

Art. 3.- Los procedimientos oficializados, se aplicarán a proyectos postulados de producción limpia del sector productivo y de servicios que cuenten con licencia o ficha ambiental.

Art. 4.- Los requisitos indispensables para el otorgamiento de la Certificación Ecuatoriana Ambiental, son los siguientes:

?    Formato de inscripción lleno (Anexo III).

?    Formato de autoevaluación lleno (Anexo I o II de acuerdo al sector).

?    Oficio remitido por la empresa manifestando su interés por obtener la Certificación Ecuatoriana Ambiental.

?    Informe positivo por parte de un organismo evaluador de la conformidad.

?    Información respaldada y bien documentada.

Art. 5.- La participación de los organismos de evaluación de la conformidad, en la evaluación en planta se realizará, siguiendo los procedimientos establecidos en las normas nacionales o internacionales pertinentes para certificación.

Art. 6.- El Ministerio del Ambiente como Autoridad Ambiental Nacional se encargará de verificar la respectiva documentación y podrá solicitar información de su cumplimiento en cualquier momento.

De la ejecución del presente acuerdo ministerial que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Subsecretaría de Calidad Ambiental.

Comuníquese y publíquese.

Dado en Quito, a 8 de noviembre del 2011.

f.) Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente.

MECANISMO PARA OTORGAR LA
CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL
“PUNTO VERDE” PROCESOS LIMPIOS

Subsecretaría de Calidad Ambiental
Producción y Consumo Sustentable

2010-2011

MECANISMO PARA OTORGAR LA
CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL
A PROCESOS LIMPIOS

1.- Antecedentes

El objetivo de la Gestión Ambiental es alcanzar el desarrollo sostenible y lograr el sumak kawsay, a través de procesos eco-sistémicos y considerando como principio la prevención, como estrategia la producción y el consumo sustentable y como meta la reducción de la contaminación y el uso de recursos naturales no renovables.


El Ministerio del Ambiente de Ecuador, como entidad rectora ambiental tiene entre sus competencias el establecer estrategias de coordinación administrativa y de cooperación con los diferentes organismos públicos y privados competentes para expedir y aplicar normas técnicas, manuales y parámetros generales de protección y el control ambiental, el régimen normativo general aplicable al sistema de permisos y licencias de actividades potencialmente contaminantes, así como promover en el sector público y privado, el desarrollo y uso de tecnologías ambientalmente limpias; la eficiencia energética, así como de energías renovables, diversificadas y de bajo impacto.

El regulado en este caso, son las empresas de tipo público o privado, que cumplen con actividades productivas y de servicio, las cuales deben someterse al cumplimiento de normativa ambiental vigente, a fin de que en el contexto de su producción al “fin de tubo” puedan verter efluentes líquidos, sólidos o gaseosos de acuerdo a parámetros permitidos.

En este contexto, Producción Más Limpia, concebida como una estrategia preventiva ambiental en la que son parte: Buenas prácticas ambientales, innovación o cambio de tecnología, debe ser el concepto que se asimile en el marco del desarrollo productivo y de servicio para cumplir con lo estipulado en el marco jurídico nacional e internacional y reducir el riesgo a las personas y al ambiente.

La dinámica del comercio mundial y la concienciación en la importancia de reducir la contaminación ambiental, ha despertado una clara tendencia a otorgar un valor agregado y preferencia comercial a aquellos productos provenientes de empresas que en sus procesos de producción aplican tecnologías limpias como medidas preventivas para minimizar los impactos ambientales generados por la actividad industrial.

Las empresas actualmente deberán considerar a la Producción más Limpia como una opción de inversión y de mejorar su competitividad; como una necesidad o un requisito de eco-eficiencia que se traducirá en efectivo beneficio económico, ambiental y social de la empresa, y así reflejar una imagen de sustentabilidad del país con productos de exportación competitivos sobre todo en su componente ambiental.

En este contexto, se dispondrá de un mecanismo para otorgar la Certificación Ecuatoriana Ambiental con “Punto Verde”, actualmente conocida como Reconocimiento Ecuatoriano Ambiental (REA), a empresas de producción o servicios, que con la aplicación efectiva de tecnologías para optimización o ahorro en el uso de recursos no renovables demuestren reducción en la contaminación y persigan un mejoramiento continuo en el desempeño ambiental de sus procesos, productos y servicios.

2.- Objetivos y principios de la certificación

2.1.- Objetivo general

Incentivar a las empresas de producción y servicios del Ecuador implementar la estrategia de Producción Más Limpia como una herramienta para el mejoramiento del desempeño ambiental y posicionamiento competitivo de las empresas en el mercado nacional, regional e internacional.

2.2.- Objetivos específicos

Fomentar la aplicación de los principios y estrategias de P+L en las empresas a nivel de procesos y productos.

Otorgar la Certificación Ecuatoriana Ambiental con “Punto Verde” a las empresas que demuestren la aplicación de P+L y beneficios ambientales, económicos y sociales logrados.

Otorgar la máxima Certificación Ecuatoriana Ambiental como “Empresa Eco-eficiente”.

Fomentar la reducción de la contaminación por parte del sector productivo y de servicios.

Proporcionar al consumidor responsable la seguridad de procesos y productos limpios, con un proceso transparente de certificación.

Cumplir con las directrices de políticas y estrategias ambientales, especialmente en producción y consumo sustentable.

3.- Alcance

El proceso para el otorgamiento de la Certificación Ecuatoriana Ambiental con “Punto Verde”, a procesos de producción y de servicios, incluye las siguientes actividades:

Evaluación de la eficacia de estrategias ambientales preventivas implementadas en las empresas participantes.

Evaluación de acciones puestas en práctica con vista a asegurar el aprovechamiento racional de recursos y materiales así como el de energía, prácticas que permitan la reducción o eliminación de los materiales tóxicos así como la toxicidad de las emisiones y residuos antes de que se concluya el proceso productivo y al final del mismo.

Análisis del nivel de reducción de los impactos en todo el ciclo de vida del producto.

Evaluación de la constante aplicación de conocimientos, mejoramiento de la tecnología y cambio de actitudes.


4.- Actores involucrados

Ministerio de Ambiente (MAE): Es la Autoridad Nacional Ambiental que lidera el proceso a través de la Subsecretaría de Calidad Ambiental y la unidad competente.

Postulantes (P): Empresa pequeña, mediana, grande del sector productivo industrial o de servicios que soliciten su participación para la obtención de la Certificación Ecuatoriana Ambiental.

Gremios y corporaciones: Entidades sin fines de lucro o privadas, que apoyan voluntariamente en la promoción de la Certificación.

Dirección de Comunicación del MAE: Encargados de organizar el proceso de entrega de la Certificación.

Organismos de Certificación de Productos acreditados por el OAE o designados por el MIPRO.

5.- Marco Legal

5.1.-    Base Legal Nacional que sustente el Procedimiento de Certificación Ambiental

5.1.1.- Constitución Política del Ecuador

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay;

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto…

Art. 66, numeral 27.- Se reconoce y garantiza a las personas el derecho a vivir en un ambiente sano ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza.

Art. 71, 3er inciso: El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema.

Art. 408, último inciso: El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y uso de los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los ciclos naturales y permitan condiciones de vida con dignidad.

Art. 413.- El Estado promoverá la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como de energías renovables, diversificadas, de bajo impacto y que no pongan en riesgo la soberanía alimentaria, el equilibrio ecológico de los ecosistemas ni el derecho al agua.

5.2.-    Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible, 1992

Principio 8

Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todas las personas, los Estados deberán reducir y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y fomentar políticas demográficas apropiadas.

5.3.- Ley de Gestión Ambiental

Art. 2.- La gestión ambiental se sujeta a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos, utilización de tecnologías alternativas ambientalmente sustentables y respecto a las culturas y prácticas tradicionales.

5.4.-    Decreto Ejecutivo No. 3517, publicado en el Registro Oficial Suplemento 2, de marzo 31 del 2003:

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente. Libro VI De la Calidad Ambiental, Título IV Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la Prevención y Control de la Contaminación Ambiental, Capítulo X Incentivos.

Art. 142.- Mérito Ambiental.- Sobre la base del monitoreo y seguimiento ambiental que efectúan las autoridades de control, el Ministerio del Ambiente conjuntamente con la comunidad académica y ambientalista del país, concederá de manera anual a las actividades socio-económicas que se desarrollen en el territorio nacional, el "Reconocimiento al Mérito Ambiental" a sus productos, procesos o prácticas. Este reconocimiento a los receptores del mismo informa que la actividad de un regulado cumple, a la fecha de expedición del mismo, con las políticas y regulaciones ambientales del país, lo cual será refrendado por el Gobierno Nacional, y los centros académicos y ambientalistas participantes.

Así, a fin de incentivar la comercialización de productos y servicios ambientalmente responsables, el Ministerio del Ambiente concederá el derecho de uso del "Reconocimiento al Mérito Ambiental" a las actividades seleccionadas.

Art. 143.- Limitaciones al Uso del Reconocimiento al Mérito Ambiental.- El "Reconocimiento al Mérito Ambiental" solo será otorgado a aquellas actividades que durante el ejercicio económico inmediato anterior hayan demostrado un fiel cumplimiento a los planes ambientales respectivos. Mientras mantengan esta condición, el Reconocimiento podrá ser utilizado en sus productos.

Art. 145.- Mérito Cívico-Ambiental.- La Autoridad Ambiental Nacional concederá el Reconocimiento al Mérito Cívico-Ambiental en favor de las personas naturales o jurídicas privadas o públicas o para las comunidades cuyas prácticas y actividades hayan contribuido significativamente en la prevención y control de la contaminación ambiental.

Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria.

a. Libro VI, Anexo 1: Recurso agua

4.1.9 Criterios de calidad para aguas de uso industrial.

Se entiende por uso industrial del agua su empleo en actividades como:

Procesos industriales y/o manufactureros de transformación o explotación, así como aquellos conexos o complementarios.

Generación de energía y Minería.

Para el uso industrial, se deberán observar los diferentes requisitos de calidad correspondientes a los respectivos procesos, aplicando el criterio de tecnología limpia que permitirá la reducción o eliminación de los residuos (que pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos).

b.    Libro VI, Anexo 6: Manejo y Disposición Final de Desechos Sólidos no Peligrosos

4.1.1, último inciso: Todas las personas que intervengan en cualquiera de las fases de la gestión de productos químicos peligrosos, están obligados a minimizar la producción de desechos sólidos y a responsabilizarse por el manejo adecuado de éstos, de tal forma que no contaminen el ambiente. Se deberán instaurar políticas de producción más limpias para conseguir la minimización o reducción de los desechos industriales.

La entidad de aseo deberá propiciar el reuso y reciclaje de desechos sólidos no peligrosos, mediante campañas educativas dirigidas a la comunidad con tal fin, impulsando la reducción de la producción, mediante la aplicación de técnicas de producción más limpia.

6.- Principios y beneficios de la Certificación

6.1.- Principios de la Certificación

La Certificación Ecuatoriana Ambiental (CEA) con “Punto Verde”, será otorgada bajo los siguientes principios:

Transparencia: Será de dominio público el proceso de certificación a casos de producción más limpia en sectores de la producción y de servicios.

Desempeño ambiental: La Certificación Ecuatoriana Ambiental a procesos limpios, promueve la aplicación de medidas preventivas en los procesos o servicios de las empresas, mejorando su desempeño ambiental y cumpliendo la normativa ambiental vigente en el país.

Mejoramiento continuo: La Certificación Ecuatoriana Ambiental a procesos limpios, incentiva a que las empresas apliquen medidas preventivas a los aspectos ambientales identificados en sus procesos, productos y servicios y evalúen su eficacia a través de indicadores ambientales.

Participación amplia: Todas las empresas del sector productivo o de servicios pueden participar en la obtención del CEA a procesos limpios, que cumplan con los requisitos preestablecidos.

Confidencialidad: La información proporcionada por las empresas participantes en el proceso de la certificación a procesos limpios, es exclusivamente utilizada para fines de evaluación preliminar y selección de las mismas así como para la conformación de indicadores globales de ahorro en recursos no renovables.

6.2.- Beneficios de la Certificación

La Certificación Ecuatoriana Ambiental, implica importantes beneficios; tanto desde el punto de vista económico como ambiental, para los diferentes partes involucradas.

Desde la perspectiva empresarial los beneficios son los siguientes:

Obtiene una Certificación a sus procesos limpios por la aplicación de medidas preventivas y logro de un desempeño ambiental eficiente.

La facultad de utilizar el logo “Punto Verde” en los envases de sus productos, empaques, afiches, pancartas, gigantografías, etc., como un medio de publicidad y marketing, siempre y cuando se indique bajo el logo la razón por la cual fue entregado.

Mejora su competitividad e imagen corporativa, al aumentar el valor agregado y preferencia comercial de sus productos y servicios, lo cual posibilita el acceso a nuevos mercados.

Incrementa sus beneficios económicos al mejorar el control de los costos.

Atrae inversionistas y fuentes de financiamiento, particularmente de aquellos con conciencia ambiental.

Aumenta la motivación de los empleados y el conocimiento de sus procesos y productos.

Reduce los impactos ambientales a lo largo del ciclo de vida del producto o servicio.

Logra procesos más eficientes con menor uso de materias primas, agua y energía; reduce en cantidad y toxicidad la generación de desechos y emisiones.

Facilita la identificación y gestión de los requisitos legales, lo que contribuye a mejorar las relaciones con los entes reguladores y reduce el riesgo de sanciones de la autoridad ambiental.

Incorpora el concepto de mejoramiento continuo.

Incrementa la imagen de sustentabilidad de la empresa y del país con productos de exportación competitivos sobre todo en su componente ambiental.

Incorpora consideraciones ambientales en el diseño y desarrollo de productos y servicios.

6.3.-    Desde la óptica del consumidor los beneficios perceptibles son:

Mayor confianza con una gestión ambiental y de calidad demostrable.

Incremento de la sustentabilidad del producto y su aceptación por el consumidor.

Mayor confianza en el consumo de productos por el compromiso de empresas en reducir impactos y riesgos ambientales.


6.4.- Los beneficios para el ambiente son:

Uso racional de materias primas, recursos y otros insumos.

Conservación de los recursos naturales no renovables.

Reducción de los contaminantes.

Armonización de las actividades con el ecosistema.

7.-    Estructura del procedimiento del otorgamiento de la CEA

La Autoridad Ambiental Nacional es la responsable de otorgar la Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde” con el siguiente procedimiento:

La empresa de producción o de servicios remite a la Autoridad Ambiental una carta de interés de la empresa a fin de obtener la Certificación Ecuatoriana Ambiental.

A la carta de interés se adjuntan los formularios de inscripción y auto-evaluación de la empresa con los ítems de evaluación de acuerdo al tipo de actividad.

La Subsecretaría de Calidad Ambiental solicita a la Unidad competente, que realice una evaluación preliminar a la documentación enviada, de acuerdo al orden de ingreso.

Si la empresa de producción o servicios pasa el 80% de la evaluación, se elabora una carta informando el resultado y se adjunta un listado de organismos certificadores para que entre la empresa y el organismo certificador seleccionado por esta, acuerden la visita de evaluación que se realizará a la planta.

El organismo certificador verificará en planta los ítems señalados en el formulario con una comprobación de tipo documental y en proceso; bajo la vigilancia permanente de técnicos de la Subsecretaría de Calidad Ambiental.

El organismo certificador, con la documentación revisada y validada conjuntamente con el responsable de la empresa, definen el caso de Producción más Limpia a ser certificado con “Punto Verde”. El caso deberá contar con el suficiente respaldo de datos e indicadores.

El organismo certificador emite un informe positivo o negativo sobre la demostración del caso de Producción más Limpia, el que es enviado a la máxima autoridad de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, así como a la empresa evaluada, indicando si la empresa será acreedora o no de la Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde”.

El proceso de entrega formal de la Certificación, estará bajo la responsabilidad de la empresa en coordinación con la Dirección de Comunicación del Ministerio del Ambiente.


7.1.-    Categorías, ejes temáticos e indicadores ambientales

7.1.1.- Categorías de la certificación

Podrán participar empresas de producción o servicios que cuenten con licencia o ficha ambiental otorgada por la Autoridad Ambiental, autoridades sectoriales o Gobierno Autónomo Descentralizado con acreditación ante el SUMA.

Las empresas se clasificarán de acuerdo al número de personas que forman la empresa, así: de 10 a 49 personas Pequeñas; de 50 a 199 personas Medianas y más de 200 personas Grandes.

Las empresas de producción o servicios, al mismo tiempo o en diferentes períodos, podrán optar con hasta cuatro casos de Producción más Limpia, de forma individual o simultánea.

La opción individual, (hasta tres casos de Producción más Limpia) se certificará individualmente por caso de Producción más Limpia comprobado.

Si se presentaren cuatro casos de Producción más Limpia simultáneamente, o estos casos en un período máximo de hasta dos años, se le otorgará la máxima certificación como “Empresa Eco-eficiente”.

Empresa Eco-eficiente es aquella que “proporciona bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta". World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).

7.1.2.- Ejes temáticos de evaluación

Los ejes temáticos de evaluación son:

Materiales: Incluye todos aquellos programas enfocados en técnicas de ecodiseño, reducción en el consumo de materias primas y/o residuos, optimización de procesos productivos, reciclaje y manejo de residuos sólidos, sustitución o reducción de materiales y/o sustancias químicas, entre otras opciones aplicadas a las entradas y salidas de los procesos, exceptuando el agua.

Agua: Incluye todos aquellos programas enfocados a la reducción del consumo de agua, reutilización y/o reciclaje de agua, reducción de efluentes y de la carga contaminante de los efluentes.

Energía: Incluye todos aquellos programas enfocados en eficiencia energética y energía renovable (uso de fuentes de energía no convencionales, como son: energía eólica, solar, biogás, entre otras).

Sistema de Gestión: Empresas que cuenten con sistemas que muestren un mejor desempeño ambiental con cualquiera de los recursos antes mencionados.

7.1.3.- Indicadores macro

7.1.3.1.- Cumplimiento de la normativa Ambiental vigente

Poseer ficha o licencia ambiental.

Controlar el cumplimiento de los principales requisitos ambientales aplicables a la empresa; esto es entre otros, que los parámetros de emisión, no superen los límites máximos permisibles establecidos en la normativa ambiental vigente.

Entrega oportuna de los reportes de monitoreo ambiental a la autoridad ambiental correspondiente.

Cumplimiento de las acciones propuestas en los planes de manejo ambiental así como las relacionadas a materiales químicos y desechos peligrosos.

7.1.3.2.-    Cumplimiento de metas con aplicación de tecnologías limpias

La empresa deberá demostrar en forma documental y en ejecución el cumplimiento de las metas de optimización de recursos, establecidas en su empresa en forma comparativa antes de implementar tecnologías limpias y el resultado después de su implementación.

El cumplimiento de las metas ambientales debe ser demostrado mediante indicadores ambientales verificables, relacionados con los siguientes aspectos

Uso eficiente del agua, recursos energéticos, materias primas, productos e insumos.

Minimización y manejo adecuado de descargas líquidas y sólidas y emisiones gaseosas.

Reducción de cargas contaminantes emitidas al medio ambiente.

Reutilización y reciclado de los residuos sólidos y/o líquidos.

Establecimiento de una política de compra de tecnologías y productos amigables con el medio ambiente.

Educación y capacitación ambiental de los recursos humanos y participación de estos en las soluciones de los problemas ambientales de la organización.

Reducción de los consumos de materias primas y recursos no renovables.

Utilización de fuentes de energía renovable.

7.1.3.2.1.- Manejo del agua

Reflejar los consumos de agua (anuales totales) y por unidad de producto/servicio en el último año y comparar estos índices con relación a años anteriores.

Reflejar medidas o programas para el uso eficiente del agua.

Reflejar resultados representativos de caracterizaciones y monitoreos para determinar su calidad físico-química y microbiológica y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

7.1.3.2.2.- Manejo de la energía

Brindar datos de los consumos de recursos energéticos de la organización en el último año y hacer análisis comparativo con los índices en relación a años anteriores.

Reflejar las medidas concretas tomadas para el manejo racional y eficiente de los recursos energéticos.

Reflejar datos de los consumos de combustible por proceso y por producto, en función de la eficiencia energética.

7.1.3.2.3.- Calidad del aire

Reflejar resultados de monitoreos de la calidad del aire o de emisiones de fuentes fijas de combustión existentes en la organización (anexar informe de laboratorio).

Reflejar cumplimiento de los valores de emisión máxima permitida, según lo establecido en legislación vigente.

Evidenciar el mantenimiento preventivo a las fuentes fijas significativas de emisión de gases de combustión.

7.1.3.2.4.- Descargas líquidas

Monitoreo de los efluentes de acuerdo a la frecuencia establecida por la autoridad ambiental y el PMA.

Caracterización de los efluentes realizados por un laboratorio acreditado, aplicando métodos normalizados de análisis.

Reflejar el registro del caudal de efluentes y cargas contaminantes a partir de mediciones periódicas.

Describir el diagrama de flujo del sistema de tratamiento, así como el estado técnico-constructivo y funcionamiento de sus componentes.

Describir la disposición final de los efluentes.

Describir el manejo de los lodos y residuos sólidos generados por el tratamiento (caracterización).


7.1.3.2.5.- Desechos sólidos

Reflejar tipos y cantidades totales generadas en el año en unidades de peso o volumen.

Reflejar las cantidades y naturaleza de los desechos recuperables y no recuperables y su manejo, con especial énfasis en la recolección y disposición final. (considerando gestores ambientales calificados).

Describir manejo de los desechos sólidos y condiciones higiénico-sanitarias en las áreas donde se realiza su almacenamiento temporal.

7.1.3.2.6.- Productos químicos, combustibles, lubricantes

Describir tipos, cantidades existentes o producidas, aplicación y requisitos de usos y prácticas de manejo, incluyendo el cumplimiento de los requisitos y normas de almacenamiento considerando incompatibilidades de productos, sistemas de apilamiento, estacionamiento y transporte.

Existencia de procedimientos operativos y disponibilidad de materiales para enfrentar derrames accidentales de aceites, lubricantes y productos químicos. Acciones de remediación del área afectada (prevista o realizada).

Disponibilidad de las hojas de datos de seguridad en idioma castellano de los productos químicos utilizados.

Disponibilidad de equipos de protección personal para la manipulación de los productos químicos existentes.

Conocimiento de los operarios acerca de los riesgos y peligros a los que están expuestos.

Programas de primeros auxilios y respuesta a emergencias.

Capacitación permanente.

7.1.3.2.7.- Desechos peligrosos

Tipos y cantidades existentes o producidas, así como procedimientos y prácticas de manejo (recolección, almacenamiento, transporte, tratamiento, disposición final).

Gestión de envases vacíos contaminados.

Existencias de productos químicos caducados. Procedimientos para la gestión de los mismos en caso de existir.

Ocurrencia de derrames, escapes o disposición no planificada de estos desechos en los últimos tres años.

Existencia de procedimientos operativos y disponibilidad de materiales y tecnologías para enfrentar contingencias. Acciones de remediación del área afectada (prevista o realizada).

Disponibilidad de equipos de protección personal para su manejo. Conocimiento de los operarios acerca de los riesgos y peligros a los que están expuestos.

Cumplimiento de la normativa específica del tema.

8.- Introducción de innovación tecnológica

Inclusión de los problemas ambientales en los planes estratégicos de la organización. Determinar los principales problemas que tienen incidencia ambiental, contenidos en los planes estratégicos, a fin de dar solución a través de la innovación tecnológica.

Reflejar soluciones generadas por los trabajadores a problemas de la organización que tienen incidencia ambiental.


9.- Educación, información y capacitación ambiental

Reflejar la existencia de programas de educación ambiental. Relacionar las actividades de capacitación de los recursos humanos.

Evidenciar el programa de capacitación ambiental del año en curso, con todas sus actividades, así como las fechas y responsables de las mismas.

10.- Formato de evaluación para el sector productivo

Anexo I.- Ítems de evaluación para el sector productivo, y que la Autoridad Ambiental podrá modificar permanentemente.


11.- Formato de evaluación para el Sector Servicios

Anexo II.- Ítems de evaluación para el sector de servicios, y que la Autoridad Ambiental podrá modificar permanentemente.


12.- Formato de inscripción

Anexo III.- Contiene el formato de inscripción tanto para el sector productivo como para el de servicios, en el que se debe explicar ampliamente los casos de Producción más Limpia implementados en la empresa.


13.- Actores Involucrados

13.1.- Gremios y corporaciones

Promover y divulgar en forma voluntaria la Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde”.

Informar permanentemente de los avances del proceso de Certificación al Ministerio del Ambiente.

Brindar información proporcionada por el Ministerio del Ambiente, sobre el proceso para la obtención de la Certificación.


13.2.-    Dirección Nacional de Prevención de la Contaminación Ambiental

Es responsabilidad de la Dirección:

Documentar el procedimiento para otorgar la Certificación al proceso productivo o de servicio, en base a casos de P+ L, el impacto ambiental y económico sobre la empresa y su repercusión directa o indirecta a su entorno.

Velar para que el procedimiento se lo ejecute bajo los principios establecidos en este documento.

Controlar que el otorgamiento de la Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde” cuente con el respaldo legal, así como con el cumplimiento del procedimiento de evaluación establecido para las empresas de producción y de servicios que soliciten someterse a este mecanismo.

Asegurarse del cumplimiento de los procedimientos establecidos en la evaluación, mediante el informe de conformidad; emitidos por Organismos de Certificación de Productos acreditados por el OAE o designados por el MIPRO.

Ratificar ante la Autoridad máxima de la Subsecretaría de Calidad Ambiental, el informe de verificación enviado por el Organismo de Certificación.

Difundir a nivel nacional el procedimiento de evaluación para la obtención de la Certificación con “Punto Verde” y los requerimientos para el registro de los organismos de certificación acreditados o designados, y el registro de empresas de producción y servicios certificadas, tal como demuestran las siguientes tablas:

 


REGISTRO  DE  ORGANISMOS  DE  CERTIFICACIÓN  “Punto  Verde”
Nombre    Estatus    Dirección, teléfono, ciudad, mail    Representante legal    Técnico
contacto    Alcance de
acreditación

REGISTRO  DE  EMPRESAS  CERTIFICADAS  “Punto  Verde”
Nombre    Representante legal    Técnico contacto    Tipo de empresa    Alcance de la
certificación    Vigencia de
certificación

 

Solicitar a los organismos de certificación y a las empresas certificadas o en proceso de certificación, la información técnica necesaria en el contexto del procedimiento de evaluación.

Autorizar a los técnicos de la unidad competente, visitas de control en caso de requerir el verificar un permanente cumplimiento de lo establecido en el procedimiento de evaluación; tanto a organismos de certificación, como a las empresas certificadas.


13.3.- Responsables de la Unidad Competente.

Tendrán las siguientes responsabilidades:

Revisión de la documentación presentada por las empresas postulantes, siguiendo los criterios de evaluación establecidos en el reglamento de la Certificación.

Hacer una pre-evaluación de la información proporcionada por los participantes para determinar si cumplen los requisitos mínimos como aspirantes a la Certificación.

Elaborar informe y notificar a las empresas seleccionadas, adjuntando el listado de organismos certificadores o designados por el MIPRO, para que se acuerde la visita de evaluación.

Ser parte de la visita de evaluación in situ con el Organismo de Certificación con el fin de controlar el proceso o mecanismo establecido.

Registrar el informe de evaluación por empresa visitada, aprobar y remitir las consultas que puedan surgir tanto del Ministerio como de las empresas postulantes sobre la evaluación al organismo certificador o designado.

Informar del proceso al Subsecretario de Calidad Ambiental y recomendar la Certificación de la empresa postulante, en función de la información enviada por el organismo de certificación.

Estructurar un registro de las empresas acreedoras a la Certificación Ecuatoriana Ambiental “Punto Verde”, los indicadores y datos por los cuales se otorgó la Certificación.


14.- Organización del proceso de Certificación


14.1.- Difusión y convocatoria

La Autoridad Nacional Ambiental, podrá evaluar la conveniencia de hacer más de un acto local de lanzamiento. Para el desarrollo de esta etapa se establece un período mínimo de 8 semanas, desde que se abre la convocatoria, se inicia su difusión por los medios, y se cierra el periodo de recepción de solicitudes.

14.2.-    Recepción de documentación de las empresas postulantes

La empresa postulante hace entrega de la carta de interés y el formulario de inscripción, junto con el formato de evaluación, que debe ser elaborado por la empresa siguiendo los pasos establecidos. Toda la documentación deberá ser entregada en forma oficial y dirigida a la Autoridad Nacional Ambiental, con copia a la subsecretaría de Calidad Ambiental.


14.3.- Evaluación preliminar

Los técnicos de la Unidad Competente elaboran los expedientes para su evaluación preliminar y en base a estos resultados se define cuáles empresas serán evaluadas in situ. Las empresas que no cumplan los requisitos mínimos (evaluación preliminar) serán notificadas a través de cartas enviadas por la Subsecretaría de Calidad Ambiental.


14.4.- Evaluación in situ

Los organismos de certificación o designación como responsables de este proceso, conjuntamente con los técnicos del Ministerio, organizarán las visitas que se efectuará a las empresas previamente seleccionadas. Con el fin de que se verifiquen los datos a través de inspección, revisión documental y entrevistas. La verificación a realizar tomará como base los criterios de evaluación (formatos) que se establecen en el presente mecanismo, según su categoría.


Se establecerá un cronograma de visitas de evaluación, el mismo que será informado al Director de Prevención Nacional de la Contaminación.

Una vez concluidas las visitas de evaluación, los organismos de certificación o las que fueren designadas, remitirán mediante informes (uno por empresa), los resultados a la Subsecretaría de Calidad Ambiental, con oficio dirigido a la empresa informando el caso de Producción más Limpia seleccionado, en caso de haber pasado la evaluación positivamente.


14.5.- Costo de la evaluación.


SEGMENTO    
COSTO DIA/AUDITOR    No. DE DIAS DE
TRABAJO
PEQUEÑOS
De 10 a 49
personas    
Entre $ 400 y $ 450    
2
MEDIANAS
De 50 a 199
personas    
Entre $ 500 y $ 600    
3 a 4
GRANDES
Más de 200
personas    
Entre $ 500 y $ 600    
4-6
Fuente Premio Hace Bien -Hace Mejor (MCPEC)

14.6.- Otorgamiento de la Certificación

La Dirección de Comunicación, deberá contactar con las empresas ganadoras, para el acto de entrega de la Certificación a las empresas acreedoras.


14.7.- Vigencia de la Certificación

La vigencia de la Certificación en las diferentes categorías, es de dos años, con la posibilidad de validar nuevamente, mediante el siguiente procedimiento:

Se presentará una solicitud ante la Autoridad Nacional Ambiental con tres meses de antelación a la fecha de vencimiento de la Certificación, acompañada de una actualización de la información presentada inicialmente (Anexos I, II y III), donde se destaquen los avances obtenidos y la continuidad del proceso de mejoramiento continuo.

La Unidad Competente, evaluará las solicitudes de las empresas y solicitará la verificación in situ, por parte del Organismo Certificador o designado, quien emitirá el dictamen correspondiente.

Si el dictamen es favorable, se ratifica la Certificación.

En caso de no solicitar la re-evaluación de la Certificación en el término establecido, este caducará, perdiendo su validez automáticamente.

La caducidad de la Certificación implica que la empresa no podrá seguir haciendo uso del logo “Punto Verde” y procederá a retirarlo de todo empaque o publicidad.


15.- Logo de la Certificación Ecuatoriano Ambiental con “Punto Verde”


15.1.- Alcance del uso del logo “Punto Verde”

El uso del logo “Punto Verde” será concesionado por la Dirección de Comunicación una vez que la empresa acreedora de la Certificación manifieste por medio escrito el interés de utilizar el logo en publicidad.

La Dirección de Comunicación deberá analizar el alcance solicitado y concesionarlo bajo las especificaciones técnicas estipuladas y aprobar el proyecto publicitario junto con la leyenda que acompañará el logo.

La empresa acreedora a la Certificación Ecuatoriano Ambiental deberá utilizar el logo “Punto Verde” acompañado por un enunciado explicativo del caso por el cual fue merecedor de la Certificación Ecuatoriano Ambiental.

 

ANEXO I

EMPRESAS DE PRODUCCIÓN MATRIZ DE EVALUACIÓN
RECONOCIMIENTO ECUATORIANO AMBIENTAL A EMPRESAS QUE REDUCEN CONTAMINACIÓN
CON TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Nº    CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN    OBSERVACIONES    Puntaje
1. Cumplimiento de la normativa vigente

1.1    La empresa dispone de la Licencia o Ficha Ambiental (Se trata de un cumplimiento
obligatorio)        
1.2    Reporta la calidad de los efluentes acorde a la normativa vigente        
1.3    Reporta semestralmente la calidad de las emisiones        
1.4    Posee permiso actualizado del B.C. de Bomberos        
1.5    Posee registro de generador de desechos peligrosos        
1.7    Dispone de los planos hidrosanitarios actualizados        
1.8    Cuenta con los correspondientes permisos municipales de funcionamiento        
1.9    Posee el correspondiente Certificado de Uso de Suelo        
1.10    Posee Comité de Seguridad        

1.11    Cuenta con el Reglamento actualizado de Seguridad y Salud Ocupacional registrado
en el Ministerio de Trabajo        
1.12    La empresa se mantiene informada sobre la legislación ambiental vigente        

1.13    Mantiene un enfoque preventivo para minimizar los posibles impactos ambientales
negativos        
1.14    Asigna oportunamente el presupuesto establecido en el PMA        
1.15    Ha identificado los riesgos de la empresa: físicos, químicos, etc.        
1.16    Mantiene vigente y actualizado el Plan de Contingencias        

1.17    Se  realiza  al  menos  un  simulacro  anual  sobre  temas  de  accidentes  químicos,
incendios, manejo de desechos peligrosos, manejo de extintores o evacuación        
2. Uso eficiente de las materias primas, insumos y materiales auxiliares

2.1    Se controla y documenta el tipo, cantidad y costo de la materia prima utilizada en los
procesos        
2.2    Se realiza el balance de materia y la eficiencia del uso de la materia prima        

2.3    Se han adoptado las medidas necesarias para evitar la pérdida de materias primas e
insumos        

2.4    Se han implementado medidas para optimizar la planificación de la producción y
reducir los costos        

2.5    Se ha minimizado el re proceso y la generación de productos no conformes o fuera
de especificaciones        

2.6    Las materias primas e insumos son almacenados en lugares seguros y cuentan con
sistema contra incendio        
2.7    Los productos químicos son almacenados acorde a la Norma INEN 2:266        
2.8    Restringe el uso de materias primas altamente nocivas        

2.9    El personal que manipula los productos químicos peligrosos ha recibido capacitación
sobre su correcto manejo        

2.10    Las materias primas e insumos se encuentran correctamente rotuladas y poseen la
categoría de peligrosidad        
2.11    Se dispone de las correspondientes MSDS en español        
2.12    La bodega de materiales dispone de un kit completo de emergencia de derrames        

2.13    Los combustibles líquidos y gaseosos son almacenados acorde a la Norma INEN
2:266        
2.14    Los gases comprimidos son almacenados acorde a la Norma INEN 2:266        
2.15    En los sistemas de refrigeración no se utilizan gases CFC        

2.16    El   personal   que   manipula   productos   químicos   peligrosos   dispone   de   los
correspondientes equipos de protección personal        
2.17    El almacenamiento de los productos se lo realiza bajo el criterio de compatibilidad        
3. Manejo de los residuos sólidos
3.1    Conoce el ciclo de vida de sus productos        
3.2    Mantiene el registro de la generación de los residuos reciclables        
3.3    Mantiene un índice de generación de residuos sólidos        

Nº    CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN    OBSERVACIONES    Puntaje
3.4    Ha identificado cuanto, porque y donde se generan los residuos sólidos        

3.5    Se ha determinado la composición de los residuos sólidos que se generan en la
empresa        
3.6    Los residuos sólidos son segregados correctamente        

3.7    Conoce el costo mensual que implica la evacuación de los desechos sólidos no
peligrosos        

3.8    El almacenamiento temporal de los desechos sólidos peligrosos se lo realiza acorde a
la normativa ambiental vigente        

3.9    El almacenamiento temporal de los desechos peligrosos se los realiza acorde a la
normativa ambiental vigente        

3.10    Se  ha  realizado  la  identificación  de  los  desechos  peligrosos  y  las  cantidades
generadas        
3.11    Se mantiene el registro de entrada, salida de los desechos peligrosos        

3.12    Los  desechos  peligrosos  son  entregados  únicamente  a  gestores  calificados  y
transportados por empresas/personas autorizadas        

3.13    La   entrega   de   los   desechos   peligrosos   se   lo   realiza   mediante   cadena   de
custodia/Manifiesto Único de Entrega        

3.14    Se han adoptado medidas para minimizar la generación de desechos sólidos durante
todas las fases de producción        

3.15    Se mantienen programas estructurados para minimizar la generación de desechos
peligrosos        
3.16    Se mantienen programas estructurados de reciclaje de residuos sólidos        
3.17    Se mantienen programas estructurados para reutilizar de desechos sólidos        

3.18    El  personal  ha  sido  capacitado  en  el  correcto  manejo  de  los  desechos  sólidos
peligrosos        

3.19    Se dispone de un Plan de Contingencias para el caso de accidentes con desechos
peligrosos        
3.20    Periódicamente se reporta a la AAA la disposición de los desechos peligrosos        
3.22    Los envases de los desechos peligrosos se encuentran rotulados correctamente        
3.23    La empresa ha implementado programas de responsabilidad social        
4. Manejo del agua
-    Mantiene el control mensual del consumo de agua        
4.2    Ha implementado indicadores de consumo de agua        

4.3    En  el  caso  de  extraer  agua  subterránea, posee  la  correspondiente concesión de
derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas        
4.4    Ha determinado el consumo porcentual de agua por secciones/áreas de trabajo        
4.5    Se han implementado buenas prácticas operativas para reducir el consumo de agua        
4.6    Se han implementado programas estructurados para reciclar/reutilizar el agua        
4.7    Se mantienen segregados los efluentes de aguas domésticas, industriales y pluviales        

4.8    Se  realiza  el  monitoreo  de  las  descargas  de  aguas  residuales  acorde  a  las
disposiciones de las AAA        

4.9    Los  parámetros de  control de  las  descargas de  aguas  residuales industriales no
superan los límites máximos permitidos en la normativa ambiental vigente        

4.10    Se ha implementado programas estructurados de reducción de la carga orgánica en
los efluentes (DQO/mes)        
4.11    Mantiene el registro mensual del volumen de efluentes generados por la empresa        
4.12    El personal participa activamente en el programa de ahorro de agua        

4.13    Se incentiva al personal a que aporten ideas creativas para el programa de ahorro de
agua        

4.14    Los lodos de las plantas de tratamiento de aguas residuales son dispuestos acorde a la
normativa ambiental vigente        
5. Eficiencia energética
5.1    Mantiene el control mensual del consumo de energía        
5.2    Mantiene indicadores de consumo de energía        

5.3    Ha implementado programas estructurados de eficiencia energética, mantenimiento o
buenas prácticas operacionales        

5.4    Se aplican programas de mantenimiento preventivo a los equipos (caldero, hornos,
generadores, sistemas de refrigeración, etc.)        

Nº    CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN    OBSERVACIONES    Puntaje

5.5    Periódicamente se evalúa la eficiencia de la combustión de las fuentes significativas de
emisiones de gases        

5.6    Se mantiene el registro de la calidad de los gases de combustión de las fuentes
significativas        
5.7    El factor de potencia del consumo de energía eléctrica es > 0,9        
5.8    Ha instalado planchas traslúcidas para aprovechar la luz solar del día        
5,9    Se tiene registradas las emisiones de gases de efecto invernadero en sus procesos        
6    Tiene proyectos registrados ante la Junta Ejecutiva MDL de la CMNUCC        
6. Información y capacitación

6.1    Mantiene un sistema ágil de información sobre el desarrollo de programa
de P+L -
buenas prácticas y los éxitos alcanzados        

6.2    Mantiene un programa de capacitación del personal sobre la estrategia
de P+L -
buenas prácticas ambientales        

6.3    En  los  programas  de  capacitación  del  personal  se  incluye  temas
sobre  gestión
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional        

6.4    La capacitación se imparte a todos los estamentos del personal, de acuerdo a sus funciones y responsabilidades        

6.5    El    equipo    de   P+L-    buenas    prácticas    ambientales,   ha
 recibido   capacitación especializada en el último año        
6.6    Se mantiene registros de las capacitaciones impartidas        
6.7    Ha impartido capacitación sobre la elaboración de índices ambientales        
7. Innovaciones
7.1    Se han realizado mejoras a los equipos o a la planta        
7.2    Se ha mejorado las condiciones de operación de la planta        
7.3    Se han automatizado los procesos de producción        
7.4    Se ha mejorado la eficiencia a los procesos        
7.5    Se ha instalado tecnología de punta o moderna        
NOTA: La calificación es sobre 100% cada uno o sobre 1
Si el ítem no es adecuado a la actividad poner NA (no aplica)

Firma del Responsable

ANEXO II

MATRIZ DE EVALUACIÓN CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL A EMPRESAS DE
SERVICIOS QUE REDUCEN CONTAMINACIÓN CON TECNOLOGÍAS LIMPIAS

Nº    CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN    OBSERVACIONES    Puntaje
1. Cumplimiento de la normativa vigente
1    La empresa dispone de la licencia o ficha ambiental (Se trata de un cumplimiento
obligatorio)        
2    Reporta la calidad de los efluentes acorde a la normativa vigente        
1.3    Reporta semestralmente la calidad de las emisiones        
4    Posee permiso actualizado del B.C. de Bomberos        
5    Posee Registro de Generador de desechos peligrosos        
6    Dispone de los planos hidrosanitarios actualizados        
7    Cuenta con los correspondientes permisos municipales de funcionamiento        
8    Posee el correspondiente Certificado de Uso de Suelo        
9    Posee Comité de Seguridad        
10    Cuenta con el Reglamento actualizado de Seguridad y Salud Ocupacional registrado
en el Ministerio de Trabajo        
11    Mantiene un enfoque preventivo para minimizar los posibles impactos ambientales
negativos        
12    Asigna oportunamente el presupuesto establecido en el PMA        
13    Ha identificado los riesgos de la empresa: físicos, químicos, etc.        
14    Mantiene vigente y actualizado el Plan de Contingencias        
15    Se realiza al menos un simulacro anual sobre temas de accidentes químicos,
incendios, manejo de desechos peligrosos, manejo de extintores o evacuación        

Nº    CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN    OBSERVACIONES    Puntaje
2. Uso eficiente de las materias primas, insumos y materiales auxiliares
2.1    Mantiene periódicamente datos sobre el número de usuarios del servicio        
2.2    Mantiene información en número, volumen, peso sobre los insumos utilizados        
2.3    Mantiene Información en volumen y peso de insumos y materiales auxiliares en
relación a la limpieza y mantenimiento        
2.4    Se mantiene información sobre el número y tipo de artículos        
2.5    Mantiene información en número, volumen, peso sobre los artículos de exhibición        
2.6    Se ha definido cuales artículos son necesarios y cuales innecesarios        
2.7    Se mantiene un sistema que facilite la búsqueda de artículos en exhibidores        
2.8    Se mantiene un sistema que facilite la búsqueda de artículos en almacenaje        
2.9    Se mantiene distribuido los productos de tal manera que no se degraden en calidad        
2.10    Se ha identificado cantidad y peso de material para reciclar        
2.11    Se mantiene un sistema permanente de aseo e inspección de insumos, artículos        
2.12    Se cuenta con información de la Cantidad de materiales impresos para publicidad        
2.13    Se cuenta con información de los residuos generados por etapas, operaciones o
procesos        
2.14    Se cuenta con información de residuos de embalaje        
2.15    El manejo de materiales y las prácticas de inventarios incluyen programas para
reducir las pérdidas de materiales por mal manejo, expiración de vida útil y otros        
3. Indicadores en función de agua, energía
3.1    Usuarios del servicio        
3.2    Aire acondicionado o ventilación        
3.3    Agua caliente        
3.4    Refrigeración        
3.5    Equipos eléctricos        
3.6    Se tiene registradas las emisiones de gases de efecto invernadero en sus procesos        
3,7    Tiene proyectos registrados ante la Junta Ejecutiva MDL de la CMNUCC.        
3.8    Servicio de Limpieza de exteriores        
3.9    Servicio de limpieza de interiores        
3.10    Limpieza de productos – insumos        
3.11    Servicios de alimentación        
3.12    Transporte de Materias primas – auxiliares        
3.13    Transporte de artículos        
3.14    Desechos producidos por operación        
3.15    Desechos producidos por embalaje        
3.16    Servicio de lavandería        
3.17    Volumen total de agua usada        
3.18    Cantidad de detergentes        
3.19    Cantidad de sanitizantes        
4. Manejo del agua
4.1    Mantiene el control mensual del consumo de agua        
4.2    En el caso de extraer agua subterránea, posee la correspondiente concesión de
derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas        
4.3    Ha determinado el consumo porcentual de agua por secciones de limpieza,
lavandería y proceso de alimentos        
4.4    Se han implementado buenas prácticas operativas para reducir el consumo de agua        
4.5    Se han implementado programas de reciclaje de agua        
4.6    Se mantienen segregados los efluentes de aguas domésticas, industriales y pluviales        
4.7    Se realiza el monitoreo de las descargas de aguas residuales acorde a las
disposiciones de las AAA        
4.8    Reutiliza el agua de las piscinas para riego u otra labor        
4.9    Utiliza grifería o duchas temporizadas        
4.10    Utiliza inodoros con descargas mínimas        
4.11    Minimiza el periodo de cambio de agua en piscinas        
5. Manejo de alimentos
5.1    Utiliza ollas de presión        
5.2    Mantiene las ollas y los sartenes tapados        
5.3    Utiliza la menor dimensión de olla        

Nº    CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN    OBSERVACIONES    Puntaje
5.4    La lavadora de platos utiliza ciclos de ahorro de energía, utiliza opción de secado sin calor        
5.5    Utiliza los equipos para lavado con carga completa        
5.6    Utiliza electrodomésticos con eficiencia energética        
5.7    Cuenta con sistema de manipulación de alimentos que reduzca la generación de
residuos        
6. Equipos de oficina
6.1    Existe la cultura de apagar los equipos electrónicos        
6.2    Se desconectan los equipos eléctricos que no se usan, se desconecta la copiadora
cuando no se usa        
6.3    Se centraliza el fotocopiado e impresión        
6.4    Se usa lámparas con luz focalizada en los escritorios        
7. Eficiencia energética
7.1    Mantiene el control mensual del consumo de energía        
7.2    Mantiene indicadores de consumo de energía        
7.3    Ahorro en iluminación        
7.4    Aprovecha la luz natural        
7.5    Reemplazo las luces incandescentes por tubos fluorescentes        
7.6    Lleva control sobre el uso de aire acondicionado        
7.7    Calentamiento  de  agua  con  gas  o  resistencia,  tanques  de  alta  eficiencia  con
aislamiento        
7.8    Utiliza paneles solares        
7.9    Utiliza tanques de recuperación de calor        
7.10    Ha instalado planchas traslúcidas para aprovechar la luz solar del día        
7.11    Revisa el estado de los aislamientos de las tuberías de agua caliente        
8.  Manejo de desechos
8.1    Lleva un inventario de los productos que usa dentro del local        
8.2    Recicla externamente materiales que no se utiliza        
8.3    Se tiene en el local recipientes destinados e identificados, para recolectar y clasificar
de forma efectiva al interior        
8.4    Se tiene en el local recipientes destinados e identificados, para recolectar y clasificar
de forma efectiva al exterior        
8.5    Realiza Reciclaje de vidrio        
8.6    Realiza Reciclaje de papel        
8.7    Recicla de plástico        
8.8    Recicla de metales        
8.9    Utiliza el material orgánico para hacer abono        
8.10    Posee un sistema de reducción del uso de plásticos        
8.11    Almacena y dispone de forma adecuada los aceites usados y/o desechos peligrosos        
8.12    Dispone de tratamiento de aguas antes de su disposición final        
8.13    Mantiene vínculo con el proveedor para que se encargue de los residuos reciclables
generados de su producto.        
8.14    Posee un Biodigestor u otro sistema para aprovechar los residuos orgánicos        
8.15    Las baterías , pilas son dispuestas de manera controlada        
8.16    Luego de realizar una obra civil los escombros se reutilizan        
8.17    Busca productos biodegradables        
8.18    Se dispone de un Plan de Contingencias para el caso de accidentes con desechos
peligrosos        
8.19    Periódicamente se reporta a la AAA la disposición de los desechos peligrosos        
8.20    Los envases de los desechos peligrosos se encuentran rotulados correctamente        
8.21    Los residuos generados da a gestores calificados        
9. Información y capacitación
9.1    Mantiene un sistema ágil de información sobre el desarrollo del programa de P+L,
BP y los éxitos alcanzados        
9.2    Mantiene un programa de capacitación del personal sobre la estrategia de P+L        
9.3    En  los  programas  de  capacitación  del  personal  se  incluye  temas  sobre  gestión
ambiental, seguridad industrial y salud ocupacional        

Nº    CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN    OBSERVACIONES    Puntaje
9.4    La capacitación se imparte a todos los estamentos del personal, de acuerdo a
sus funciones y responsabilidades        
9.5    El equipo de P+L ha recibido capacitación especializada en el último año        
9.6    Se mantiene registros de las capacitaciones impartidas        
9.7    Ha impartido capacitación sobre la elaboración de índices ambientales        
9.8    Se cuenta con programas de incentivos al personal que aporta en la reducción del
residuo y emisiones        
9.9    Se   mantiene  un   programa  continuo  de   información  sobre   buenas  prácticas
ambientales al personal y a los usuarios del servicio        
10. Innovaciones
10.1    Se han realizado mejoras a los equipos o a la planta        
10.2    Se ha mejorado la eficiencia a los procesos        
10.3    Se ha instalado tecnología de punta o moderna        
10.4    Estimula a sus usuarios cuando actúan en función de la reducción en la generación de
residuos en el local o en sus hogares        
10.5    Se solicita a los proveedores la reducción del embalaje sin que implique daño o
contaminación de los productos.        
10.6    Se ha desarrollado políticas, planes de compras verdes - artículos y productos que no
causen impacto negativo al ambiente        
NOTA: La calificación es sobre 100% cada uno o sobre 1
Si el ítem no es adecuado a la actividad poner NA (no aplica)

ANEXO III

FORMATO DE INSCRIPCIÓN
CERTIFICACIÓN ECUATORIANA AMBIENTAL

Firma del responsable

?    INFORMACIÓN  GENERAL
Razón social de la empresa    
Representante legal    
RUC    
Ciudad, provincia    
Dirección    
Teléfono, fax, e-mail    
Clasificación (PyME, grande
empresa)    
Número total de empleados    
Categoría en la que participa    
CIIU    
Principales productos/servicios    
Cámara a la que está afiliada    
Años de funcionamiento    
Misión de la empresa    
Visión de la empresa    
Valores de la empresa    
Certificaciones y premios obtenidos    
Ventas anuales(USD/año)    
Motivaciones implementación de P+L    


?    PROYECTOS  DE  P+L IMPLEMENTADOS
Proyectos implementados    Inversión USD    Fecha    
Proyecto 1.            
Proyecto 2.            
Proyecto 3.            
Equipo de trabajo
Criterios utilizados para la selección de las alternativas de mejoramiento:
1.
2.
3.
4.
?    RESULTADOS  ALCANZADOS
Parámetro    Antes de P+L    Después de P+L    Reducción, %    
Producción                
Consumo de agua
(m3/año)                
Consumo de energía
eléctrica, (Kwh/año)                
Generación de
desechos
(especificar)                
Otro                
Otro                
Identificación de los indicadores ambientales    Antes de
P+L    Después de
P+L    Porcentaje de reducción    
Indicador 1                
Indicador 2                
Indicador 3                
                
Beneficios e inversiones    Inversión, USD    Recuperación de la inversión    TIR,
%    Beneficio económico, USD    
Proyecto 1                    
Proyecto 2                    
Proyecto 3                    
TOTAL, año                    
Beneficios ambientales    Valores
Reducción del consumo de materia prima, productos auxiliares, insumos    
Reducción de residuos sólidos-total    
Reducción de desechos peligrosos    
Reducción del consumo de agua    
Reducción de la generación de
efluentes    
Reducción de la carga orgánica en
efluentes    
Reducción del consumo de energía
eléctrica    
Reciclado interno    
Reciclado externo    
Reducción de reprocesos    

?    IMPACTOS  DE  LA  IMPLEMENTACIÓN DE  LOS PROYECTOS  DE P+L
Impactos tangibles sobre el personal de la empresa
Impacto sobre la colectividad
Impactos sobre nuevos mercados
Impacto sobre el mejoramiento de la imagen
Barreras encontradas
Lecciones
aprendidas        
?    MEJORAMIENTO  CONTÍNUO
Nuevas opciones de P+L a implementar    
Impacto previstos de las nuevas
opciones    


 

SENTENCIA

CAUSA No. 062-2011-TCE

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Quito, Distrito Metropolitano, 15 de junio de 2011, a las 15h00.- VISTOS.- Ingresa el día jueves 28 de abril de 2011, a las 15h21, la denuncia con dos fojas de anexo, presentada por el señor Jorge Elías Escala Zambrano, Asambleísta Nacional del MPD, en contra de la señora Ministra de Educación, Dra. Gloria Vidal, el señor Director Provincial de Educación de El Oro, Ing. Marco Montalvo Viteri y la señora Profesora Cecilia Encalada, Profesora de Comercio del Colegio Ochoa León; a la causa se le asigna el No. 062-2011-TCE. Efectuado el sorteo correspondiente, establecido en la ley de la materia, la presente causa, ingresa a mi despacho en el mismo día, mes y año, a las 16h28.

I. COMPETENCIA Y JURISDICCIÓN

1.1 La Constitución de la República del Ecuador, confiere en el artículo 221 numeral 2 al Tribunal Contencioso Electoral, la atribución de “Sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales, disposición que concuerda con lo señalado en el artículo 70 numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia; así como con lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 70 del mismo Código, que entre las funciones de este Tribunal señala el “Juzgar a las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicas que cometan infracciones, previstas en esta Ley”. 1.2 El artículo 72 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, determina que las causas contencioso electorales sometidas al juzgamiento del Tribunal seguirán “los principios de transparencia, publicidad, inmediación, simplificación, oralidad, uniformidad, eficacia, celeridad y economía procesal, y en ellas se observarán las garantías del debido proceso”. En el mismo artículo, en su inciso segundo y tercero, se dispone que “Para la resolución de la acción de queja, para el juzgamiento y sanción de las infracciones electorales, así como para resolver los temas internos de las organizaciones políticas sometidos a su competencia, existirán dos instancias en el Tribunal Contencioso Electoral. En caso de dos instancias, la primera será tramitada por una jueza o un juez por sorteo por cada proceso, la segunda y definitiva que corresponde al Pleno del Tribunal”. Respecto a los deberes y atribuciones de las juezas y jueces de este Tribunal, en el numeral 1 del artículo 73 del mismo Código, se establece que deberán “Despachar las causas sometidas a su conocimiento en los plazos establecidos, sustanciar y dictar sentencia en las causa que por sorteo les corresponda resolver”. 1.3 Los artículos 249 a 259 del Código de la Democracia, establecen el procedimiento y garantías durante la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento. 1.4 El Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412 de 24 de marzo de 2011, señala los requisitos, admisibilidad y procedimiento a seguir por parte de las juezas y jueces de este Tribunal, para el juzgamiento de las infracciones electorales, en los artículos 82 a 88.

II. ANTECEDENTES

Asegurada la jurisdicción y competencia de esta Juzgadora, se revisa el expediente y se consideran en lo principal los siguientes documentos y diligencias:

a) Denuncia presentada por el señor Jorge Elías Escala Zambrano, por sus propios derechos y en su calidad de Asambleísta Nacional del Movimiento Popular Democrático, MPD. (fs. 1 a 4).

b) Auto de admisión a trámite, dictado el día 02 de mayo de 2011, a las 08h35, por la Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral. (fs. 5- 5 vlta).

c) Razones de citación a los presuntos infractores: señora Gloria Vidal, Ministra de Educación, señora María Cecilia Encalada Valarezo y al Ing. Marco Montalvo Viter. (fs. 8 a 11).

d) Escrito y anexos, ingresado el día lunes 09 de mayo de 2011, a las 16h17, presentado por el Ing. Roosevelt Marco Montalvo Viteri, Director Provincial de Educación de El Oro, (fs. 16 a 19).

e) Escrito presentado el día jueves 05 de mayo de 2011, a las 15h10 por la señora Gloria Piedad Vidal Illingworth, Ministra de Educación, través de sus abogados defensores; y escrito suscrito por la señora Gloria Piedad Vidal Illingworth, en su calidad de Ministra de Educación ingresado a este despacho el día lunes 09 de mayo de 2011, a las 16h14. Adjunta anexo en copias certificadas. (fs. 20 a 25).

f) Auto dictado el día 10 de mayo de 2011, a las 10h10 por la Dra. Nelly Cevallos Borja, Jueza Suplente del Tribunal Contencioso Electoral, a través del cual se fija para el día martes 31 de mayo de 2011, a las 10h00, la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, dentro de la presente causa y razones de notificación de la referida providencia. (fs. 26 a 27 vlta).

g) Escrito de la señora María Cecilia Encalada Valarezo suscrito conjuntamente con la defensora pública, Dra. Marcela Borja Román, ingresado el día miércoles 11 de mayo de 2011, a las 15h30. (fs. 37-38).

h) Oficio 0462-RISTJOL de fecha 11 de mayo de 2011, suscrito por la Dra. Mayi Quezada Solano, Rectora (E) del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León, ingresado en este despacho el día jueves 12 de mayo de 2011, a las 09h01, con cincuenta y un fojas útiles. (fs. 39 a 60). i) Auto de 13 de mayo de 2011, a las 10h08 dictado por la Dra. Nelly Cevallos Borja, Jueza Suplente del Tribunal Contencioso Electoral y razones de notificación. (fs. 61 a 62).

j) Escrito de la señora Gloria Vidal Illingworth, presentado el día martes 17 de mayo de 2011, a las 12h13. (fs. 65).

k) Auto dictado el día 25 de mayo de 2011, a las 08h30 por la Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral (fs. 66).

l) Acta de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, realizada el día martes 31 de mayo de 2011, a las 10h05 en la Sala de Audiencias de este Tribunal; y DVD que contiene la grabación magnetofónica de la referida audiencia (fs. 132 a136 y 141);

ll) Autos dictados los días 2 de junio de 2011, a las 12h10; 9 de junio de 2011, las 08h30 y 13 de junio de 2011, a las 09h05. (fs. 142, 147, 149).

III. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTACIÓN
JURÍDICA

3.1 Dentro de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, fijada mediante providencia de fecha de 10 de mayo de 2011, a las 10h10, y conforme se verifica de la grabación magnetofónica que se adjuntó al presente expediente, comparecieron: el señor Ab. Angel Plutarco Orna Peñafiel, Abogado del denunciante señor Jorge Elías Escala Zambrano, Asambleísta Nacional del MPD; Dr. Jorge Alpino Acosta Cisneros, Abogado defensor de la señora Ministra de Educación, Gloria Piedad Vidal Illingworth; Ab. Luis Alfredo Enríquez Ureña, Abogado defensor del señor Ing. Roosevelt Marco Montalvo Viteri; en persona compareció la señora Profesora Lcda. María Cecilia Encalada Valarezo con su abogada Dra. Marcela Borja Román, profesional de la Defensoría Pública. Una vez que se declaró instalada la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se procedió a dar lectura de las normas constitucionales y legales que confieren competencia al Tribunal Contencioso Electoral y de la juzgadora para conocer y resolver la presunta infracción electoral, así como la denuncia formulada y las providencias dictadas respecto a la admisión y fijación del día y hora para la realización de la audiencia dentro de la presente causa.

En sus intervenciones, en lo principal los comparecientes alegaron: a) Intervención del abogado del denunciante, quien manifestó i. Que como elementos probatorios presenta como prueba de su parte copias de tres fotografías y así como copia de la la edición del periódico HOY de 27 de abril de 2011, con los cuales se demuestra que se ha utilizado un bien público de manera abusiva y atentario, como es la Institución Educativa “Dr. José Ochoa León”, del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, en un acto de campaña proselitista por el SI de la Consulta Popular y Referéndum del 07 de mayo de 2011. ii. Que se ha utilizado la imagen de menores de edad, contraviniendo artículos expresos del Código de la Niñez y Adolescencia, artículos 51 y 52; así como la resolución 002 del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia del 2008, en donde se encuentra la normativa de prohibición de la utilización de niños y adolescentes, en los artículos 1 y 2. iii. Que se cometieron atropellos y abusos contra los estudiantes, por lo que se contravino el artículo 132 literal e) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. iv. Que presenta como prueba un audio muy corto, en donde la docente Cecilia Encalada, reconoce que efectivamente con su influencia sobre los menores de dieciocho años, ha realizado proselitismo político por el SI, así como ha utilizado las instalaciones de su trabajo, para inclusive recoger firmas de apoyo de los estudiantes para la campaña. v. Que se encuentran frente a violaciones de normas expresas, como son el artículo 115 de la Constitución, donde se prohibe el uso de recursos públicos y la publicidad gubernamental, así como el artículo 203 del Código de la Democracia, prohibe que las Instituciones del Estado realicen propaganda, por tanto los denunciados han incurrido en la infracción sancionada en el artículo 276 numeral 2, del mismo Código. Su pretensión es que se sancione a la Ministra de Educación y el Director Provincial de Educación de El Oro, al ser las máximas autoridades, son responsables, porque no se puede obviar las cosas que hacen sus subalternos, por tanto, solicita la destitución del cargo y la multa de diez remuneraciones básicas unificadas, para las personas establecidas en la denuncia como presuntos infractores. Agrega documentos y un CD.

b) Intervención del abogado de la presunta infractora señora Gloria Piedad Vidal Illingworth, Ministra de Educación, quien expresó: i. Que el señor Jorge Elías Escala Zambrano, comparece por sus propios derechos y arguyendo ser Asambleísta Nacional por el Movimiento Popular Democrático, pero no apareja su nombramiento, por lo que comparece sin personería jurídica, por lo que pide que se tome en cuenta el particular. ii. Que se han presentado tres fotografías de unos chicos dentro de unas aulas, que no se trata de una manifestación político partidista, como usalmente ocurre en el quehacer electoral. iii. Que la otra fotografía, se refiere al Diario El Correo, que aquí se ha exhibido, en donde una de las denunciadas, presente en la audiencia, asume su responsabilidad, y dice que ha actuado por motu propio, porque si y ante sí, porque ella es una firme militante del Movimiento Alianza País. Que no se ha mencionado ni en la grabación que se ha expuesto ni en periódico El Correo, que haya recibido instrucciones de las autoridades del plantel, ni de la Ministra de Educación ni del Director Provincial de Educación. iv. Que en cuanto al audio exhibido y las fotografías, las impugna, al señalar, que ningún juez ha autorizado que se recabe dicha grabación del medio de comunicación respectivo y que se la transcriba, es decir existe una situación del fruto del árbol envenenado, esto es que tiene un origen ilícito y por tanto no debería ser apreciada. v. Que se dice en la denuncia, cuanto en la intervención que se ha hecho, que ha habido utilización de recursos del Estado, sin embargo no ha exibido o aparejado en la denuncia, un examen especial en donde el único Juez de Cuentas, el Contralor, haya determinado una indebida utilización de dichos recursos públicos, Que no cree que si una profesora ha repartido una propaganda, esto desgaste el aula o las bancas. vi. Que fue el periódico Hoy, el que utilizó imágenes de menores de edad sin autorización de sus padres, dentro de un contexto de presunta infracción electoral, esa si es una falta en contra de los menores, se reprodujo sus imágenes sin tapar sus caras, por lo solicita que en el momento de resolver, se remita lo actuado a las autoridades correspondientes. vii. Que la Constitución y La Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece para los legisladores solo dos facultades que son: legislar y fiscalizar. El señor Asambleísta ya inició un proceso de fiscalización. viii. Durante su intervención, añade documentos como prueba de su parte, para que se agreguen al expediente y procede a la lectura de la parte pertinente de los mismos, en los que se comprueba que las autoridades de la educación ecuatoriana, sí se preocuparon y actuaron sobre este asunto, y por tanto solicita desechar la denuncia.

c) Intervención del abogado del presunto infractor Ing. Roosevelt Marco Montalvo Viteri, Director Provincial de Educación de El Oro, quien manifiesta: i. Que de autos consta que no ha justificado el señor Profesor Jorge Elías Escala Zambrano, su calidad de Asambleísta del Movimiento Popular Democrático, por lo que se pide se tome en cuenta este hecho particular. ii. Que en la denuncia de marras que se leyó al inicio de la diligencia, se escuchó no se pide contar con el señor Procurador General del Estado, y que la entidad denunciada o sus autoridades, pertenecen a una institución pública educativa, a la Direccción Provincial de Educación de El Oro, que se está incumpliendo la ley, el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado. iii. Que se ha exhibido pruebas que violan la Constitución, por lo que no tienen validez alguna y carecerán de eficacia probatoria, al no contar con la autorización de la autoridad competente. iv. Que la señora Ministra de Educación ni el Director Provincial de Educación de El Oro, no han violado el Código de la Democracia, ni la Ley de Educación Intercultural ni el Código de la Niñez y la Adolescencia. v. Que se refuta la denuncia, que han presentado documentación que justifica que la señora Ministra y el señor Director han actuado para frenar este tipo de actos, considera por tanto como falsa y tendenciosa la afirmación del denunciante, que no se ha comprobado alguna autorización de la Ministra de Educación ni del Director Provincial de Educación. Que “al contrario se ha advertido que no se puede realizar este tipo de actos, que prohíbe la ley de educación intercultural, el Director Provincial de Educación antes de la publicación de los hechos, les comunica que están totalmente prohibidos estos hechos”. vi. Que lo denunciado por el Asambleístas constituye un hecho aislado, al margen de que las pruebas obtenidas están violando la Constitución y la Ley, “ya que las autoridades jamás conocieron de este hecho, sin embargo la docente realizó este hecho, aquí lo puntual del Director es que actuó y juzgó como correspondía el hecho”. vii. Que considera una actitud extraña, la actuación del Diario Hoy, porque “lo normal sería que acuda a la Dirección de Educación, sin embargo esperó un tiempo y publica el 27 de abril en el diario hoy, y con fecha 25 de abril el Asambleísta Escala le pide información y explicaciones a la Ministra de Educación. Que esperaron que se den los hechos para ganar notoriedad”. viii. Que su defendido, el Director Provincial de Educación de El Oro, “actuó de manera inmediata, para lo cual elaboró comunicaciones y realizó incluso actuaciones, al acudir inmediatamente al Centro de educación Ochoa León para que se investigue, y se analice en la comisión de defensa, sin embargo la Ley de Educación Intercultural no tiene un reglamento, no se podía hacer un sumario administrativo al amparo de la antigua ley, sin embargo en defensa de sus derechos se inició una investigación garantizando sus derechos, se la sancionó la señora Encalada con el 10% de su sueldo por el mes de mayo de 2011”. Señala que con las pruebas aportadas demuestra que no se violó el Código de la Niñez y Adolescencia, por haberse desvirtuado los hechos pide que se rechace la denuncia por improcedente y se disponga el archivo. Agrega documentos en su intervención.

d) Intervención de la defensora pública, abogada de la señora Profesora María Cecilia Encalada Valarezo, quien en lo principal manifiesta: i. Que rechaza enfáticamente, la denuncia presentada por el Asambleísta Jorge Escala, porque no tiene fundamento jurídico para hacerla. ii. Que quiere hacer notar al Tribunal, que su defendida, ha sido ya juzgada en la instancia administrativa, con la cual fue notificada el día 4 de mayo, esta fue apelada y luego confirmada con fecha 24 de mayo de 2011, por la Dirección Provincial de Educación de El Oro, por lo que no se está respetando el principio constitucional del non bis in idem. iii. Que la prueba presentada, por el Asambleísta Escala, a través de su abogado patrocinador, fue indebidamente actuada, se la hizo de hecho, al no haber sido ordenada por ningún juez, que “lastimosamente la rectoría del Colegio y este Tribunal están haciendo eco de esta prueba”. iv. Que la señora Valarezo es miembro activo del buró de Alianza País, ella es Coordinadora de Brigadas del Movimiento País, estaba autorizada para actuar en el proceso de consulta popular 2011, así como tiene el cargo de concejal urbana del cantón Machala, suplente, ella no lo está negando. v. Que su defendida, ha trabajado veinte y ocho años, que no ha tenido ninguna sanción anteriormente. vi. Que las fotografías fueron bajadas de su archivo personal del Facebook, no fueron publicadas ni en el partido ni a favor de nadie. vii. Que señala que “todo el mundo en Machala sabe que es miembro de Alianza País”, que todas las personas se le acercan pidiendo propaganda. viii. Que rechazan la acusación de haber utilizado las instalaciones del Colegio y los recursos públicos, para hacer proselitimo político, no aparece ni el nombre del Colegio. ix. Que su defendida “es muy apreciada en su institución, ha obtenido diplomas de honor, hay una animadversión para causarle daño, solicita que se archive el proceso”. x. Que no ha habido ningún bien jurídico tutelado vulnerado afectado. Añade documentos.

e) Réplica del abogado del denunciante, quien expresa: i. Que la denuncia, presentada por el Profesor Jorge Elías Escala, se basa en el artículo 280 del Código de la Democracia, que identifica su condición de Asambleísta, pero que esto no le quita su derecho y condición de ciudadano, para presentar la denuncia, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución sobre la acción ciudadana. Es de conocimiento público que el señor Escala es Asambleísta Nacional del Movimiento Popular Democrático. ii. Qué deberíamos tomar en cuenta, qué se entiende por uso y valor de bienes públicos, que no solo se debería entender como el desgaste de estos bienes. iii. Que respecto a que no se han violentado los derechos, se debe considerar el interés superior de los niños establecido en la Constitución, así como el hecho de que en periodo electoral, la máxima autoridad son los órganos de la Función Electoral, esto es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, por tal motivo, plantearon y pidieron que se sancione a los infractores por ser la autoridad competente.

f) En su segunda intervención, el abogado de la presunta infractora, señora Gloria Piedad Vidal Illingworth, Ministra de Educación, manifiesta: i. Que “efectivamente el artículo 280 y el artículo 63 hablan de la denuncia y de la acción ciudadana como ciudadano de la república, incluyendo el daño moral, y la injuria, aquí se invoca la acción de legislador aduciendo la inmunidad legislativa para no tener que ser sancionado por las injurias que profese - ese es el procedimiento, es claro que en el Ecuador estamos acostumbrados a hacer shows mediáticos, para hacer publicidad electoral de una postura de carácter político esa es la habilidad- nos estamos olvidado del axioma jurídico que dice que lo que no consta en el proceso no consta en el universo- respecto de la calidad de legislador de Jorge Elías Escala” ii. Que el “valor de uso sea mobiliario o inmobiliario recibe un desmedro, sea un desgaste debido, o indebido, debido cuando se lo utiliza con fines en este caso educativos, e indebido como los que fueron utilizados”. Que existe una resolución de la Corte Suprema de Justicia, en donde se manifiesta que no se puede realizar un examen de cuentas sin la necesaria intervención del Contralor. iii. Que otras son las autoridades que velan por el interés superior del niño, los niños no debieron ser utilizados por la prensa, se utilizó imágenes sustraídas de un archivo digital personal que no estaba destinado a la publicación en medios de comunicación. iv. Que impugna la denuncia, con los respectivos efectos de ley.

g) Segunda intevención del abogado del presunto infractor, señor Ing. Roosevelt Marco Montalvo Viteri, Director Provincial de Educación de El Oro, quien manifiesta: i. Que refuta la intervención del denunciante, pues no consta en autos la calidad de asambleísta del Profesor Jorge Escala, aquí se lo presenta como Asambleísta, omitiendo un requisito indispensable de legitimar la calidad de legislador con la consecuencia de nulidad de lo actuado. ii. Que la calidad de legislador no puede ser subsanada por este tribunal, iii. Que por mandato del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado debe intervenir el Procurador General del Estado; iv. Que el señor Director Provincial de Educación, actuó de manera inmediata, en aplicación del artículo 64 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural se investigó, juzgó y sancionó, que se encuentran “frente a un hecho juzgado, las pruebas han sido presentadas al margen de la ley violando la Constitución”.

h) Segunda intevención de la defensora pública a nombre de la señora María Cecilia Encalada Valarezo, que expresa: i. Que recalca que no existe un bien jurídico vulnerado, insiste en que ya se sancionó el presente caso en vía administrativa y que nadie pude ser juzgado dos veces por la misma causa. ii. Que se mancilla la honra de una persona.

En la audiencia se receptó el testimonio de los señores Aguilar Jaramillo Rodolfo Vicente y el señor Chasin Chila Leopoldo Germán, testigos del señor Ing. Roosevelt Marco Montalvo Viteri, Director Provincial de Educación de El Oro, los cuales respondieron al interrogatorio formulado por el señor abogado defensor del presunto infractor, en lo principal los testigos, señalaron que el señor Director Provincial de Educación de El Oro, actuó de inmediato frente a los hechos irregulares sobre el caso de proselistimo político en el Colegio Ochoa León. También contestaron a las preguntas del abogado del denunciante, señor Jorge Elías Escala Zambrano.

3.2 De la constatación de los hechos con el derecho, en virtud del análisis de las intervenciones y pruebas presentadas en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, así como la documentación que obra del expediente, se colige:

3.2.1 En el acápite segundo de la denuncia que contiene la relación de la infracción cometida, expresamente se señala que: “Durante los primeros días de abril de 2011, en el Colegio Ochoa León, del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, se utilizó las instalaciones de dicha institución educativa en un acto de campaña proselitista por el SI, develando la imagen de sus estudiantes con propaganda del partido del gobierno, en la que consta la foto del Presidente de la República con el mensaje SI MIL VECES SI A LA PATRIA. (…) El gobierno y sus funcionarios del Ministerio de Educación, con autorización de su Ministra Dra. Gloria Vidal, en flagrante violación de la Constitución y la Ley Orgánica Electoral Código de la Democracia utilizan instituciones educativas y la imagen de estudiantes menores de 18 para realizar su proselitismo político, por el SI en la Consulta Popular conforme se demuestra de las fotografías que adjunto. Estos funcionarios públicos, aprovechándose de su cargo, ejercieron ilegal y arbitrariamente actividades electorales, utilizando a menores de edad, acciones que se encuentran también prohibidas por la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Código de la Niñez y Adolescencia. (….) Estos hechos que son de conocimiento público en la provincia de El Oro, ratifican la acción abusiva de funcionarios de gobierno, que se encuentran realizando una ilegal e inmoral campaña por el SI, al referendo y consulta popular que se llevará a cabo el 7 de mayo de 2011.” Como presuntos infractores señaló a la Ministra de Educación, Dra. Gloria Vidal, al Director Provincial de Educación de El Oro, Ing. Marco Montalvo Viteri y a la señora Cecilia Encalada, Profesora de Comercio del Colegio Ochoa León. Expresa que el daño radica en el “...uso de recursos del Estado (instituciones educativas) para promocionar la campaña por el Sí, y la utilización de adolescentes menores de 18 años del colegio Ochoa León, del Cantón Pasaje, Provincia de El Oro, acto a través del cual se demuestra el abuso de los recursos públicos, y de la posición privilegiada de funcionarios del Ministerio de Educación para el cometimiento de infracciones prevista en la Ley Orgánica Electoral. Como pruebas adjunta copias en las cuales según el denunciante constan las imágenes de los adolescentes del colegio Ochoa León, utilizadas en el proselitismo político por el SI. Solicita la adopción de medidas cautelares y la suspensión de las publicidad electoral.”

3.2.2 En cuanto a la solicitud del denunciante para que se adopten medidas cautelares, esta Jueza considera que no procedía esta solicitud, ante hechos que ya habían ocurrido.

3.2.3 Respecto a los alegatos sobre la vulneración de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado y de nulidad, por la no intervención del Procurador General del Estado, en la sustanciación de la presente causa, esta Jueza de primera instancia, considera: Que la disposición señalada en el artículo 3 literales b y c) de la citada Ley, que trata sobre las atribuciones del Procurador del Estado, esto es: “b) Representar al Estado y a los organismos y entidades del sector público que carezcan de personería jurídica, en defensa del patrimonio nacional y del interés público y “c) Supervisar los juicios que involucren a las entidades del sector público que tengan personería jurídica o a las personas jurídicas de derecho privado que cuenten con recursos públicos, sin perjuicio de promoverlos o de intervenir como parte en ellos, en defensa del patrimonio nacional y del interés público”; así como lo señalado respecto al ejercicio del patrocinio del Estado, en el artículo 5 literal b) de la misma Ley, que señala: “b) Intervenir como parte procesal en los juicios penales, controversias y procedimientos administrativos de impugnación o reclamo, que se sometan a la resolución de la Función Judicial, tribunales arbitrales y otros órganos jurisdiccionales, en los que intervengan los organismos y entidades del sector público, que carezcan de personería jurídica”; y lo dispuesto respecto a las citaciones y notificaciones establecidos en el artículo 6 del mismo cuerpo legal, que dice: “Toda demanda o actuación para iniciar un proceso judicial, procedimiento alternativo de solución de conflictos y procedimiento administrativo de impugnación o reclamo contra organismos y entidades del sector público, deberá citarse o notificarse obligatoriamente al Procurador General del Estado. De la misma manera se procederá en los casos en los que la ley exige contar con dicho funcionario. La omisión de este requisito, acarreará la nulidad del proceso o procedimiento. Se citará al Procurador General del Estado en aquellas acciones o procedimientos en los que deba intervenir directamente, y se le notificará en todos los demás de acuerdo con lo previsto en esta ley”, no se aplican, para el Juzgamiento de Infracciones Electorales, en donde le corresponde a este Tribunal el juzgar a través de sus jueces a “...las personas, autoridades, funcionarios o servidores públicos que cometan infracciones previstas en esta Ley” (Art. 70 numeral 13 del Código de Democracia).

3.2.4 En cuanto a la falta de presentación del documento en el que se certifique la calidad de Asambleísta Nacional del Movimiento Popular Democrático del señor Jorge Elías Escala Zambrano, documento que no fue incorporado en la denuncia ni en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, sino que se presentó con posterioridad a la realización de la audiencia, como se observa a fojas 145 del expediente señalo que: El artículo 280 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, dispone que “Se concede acción ciudadana a los electores y electoras para denunciar el cometimiento de las infracciones a las que se refieren los artículos de esta Ley.”; en tanto que el artículo 27 del Código Orgánico de la Función Judicial, consagra el principio de la verdad procesal, según el cual “No se exigirá prueba de los hechos públicos y notorios, debiendo la jueza o juez declararlos en el proceso cuando los tome en cuenta para fundamental su resolución”. Por lo expuesto, considerando que el señor Jorge Elías Escala Zambrano, es adicionalmente a su función de Asambleísta Nacional por el Movimiento Popular Democrático, un ciudadano, por tanto un elector, fue correcta la admisión a trámite de esta denuncia, y en tal virtud, deviene en improcedente, este argumento señalado por la defensa de los presuntos infractores.

3.2.5 El artículo 115 inciso segundo de la Constitución señala: “Se prohíbe el uso de los recursos y la infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los niveles gobierno, para la campaña electoral”. El Código de la Democracia, establece en el numeral 2 del artículo 276 que constituyen infracciones de las autoridades o de los servidores públicos, las siguientes: “(...) Usar bienes o recursos públicos con fines electorales”. Infracción que es sancionada con la destitución del cargo y una multa de hasta diez remuneraciones básicas unificadas. En tanto que el artículo 203 inciso primero expresa: “Durante el período de campaña electoral, conforme la norma constitucional y legal, está prohibido que las instituciones del Estado, en todos los niveles de gobierno, realicen propaganda, publicidad y utilicen sus bienes y recursos para estos fines....”.

3.2.6 El artículo 253 del Código de la Democracia, expresa que: “En la Audiencia de Prueba y Juzgamiento se presentarán todas las pruebas con que cuenten las partes. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados a comparecer ante las juezas u jueces y responder al interrogatorio respectivo”. El Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, determina en el artículo 32 que “El recurrente o accionante deberá probar los hechos que ha señalado afirmativamente en el proceso. El accionado, de ser el caso, no está obligado a producir prueba, a menos que su contestación contenga una afirmación implícita o explícita”. En tanto que el artículo 35 del mismo reglamento, dispone que “La prueba deberá ser apreciada en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y deberá observar los principios de constitucionalidad, legalidad, proporcionalidad, celeridad, pertinencia, oportunidad, publicidad y otros aplicables en derecho electoral”; el artículo 119, expresa que “Cualquier vacío en las disposiciones de este reglamento se suplirá con los principios constitucionales y demás normas contenidas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, que sean aplicables al caso. Se entenderá también a las normas electorales, principios constitucionales, procesales y electorales, así como los precedentes jurisprudenciales dictados por el Tribunal Contencioso Electoral”. Por su parte, el Código de Procedimiento Civil dispone en el artículo 117 que “Solo la prueba debidamente actuada, esto es aquella que se ha pedido, presentado y practicado de acuerdo con la ley, hace fe en juicio”. Al respecto he considerado lo siguiente:

a) En la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, el abogado del denunciante, presentó un audio contenido en un CD, en donde manifestó que el audio que se estaba escuchando, correspondía a una entrevista realizada a la presunta infractora Profesora María Cecilia Encalada Valarezo. El artículo 76 numeral 4 de la Constitución señala que: “Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria”. El Código de Procedimiento Civil, norma adjetiva supletoria, señalan respecto a los tipos de pruebas en el inciso segundo del artículo 121 que: “Se admitirá también como medios de prueba las grabaciones magnetofónicas, las radiografías, las fotografías, las cintas cinematográficas, los documentos obtenidos por medios técnicos, electrónicos, informáticos, telemáticos o de nueva tecnología; así como también los exámenes morfológicos, sanguíneos o de otra naturaleza técnica o científica. La parte que los presente deberá suministrar al juzgado en el día y hora señalados por el juez los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos o figuras. Estos medios de prueba serán apreciados con libre criterio judicial según las circunstancias en que hayan sido producidos. Se considerarán como copias las reproducciones del original, debidamente certificadas que se hicieren por cualquier sistema.” En la jurisprudencia del Tribunal Contencioso Electoral, se ha señalado respecto a la valoración de un disco compacto que: “para que un CD pueda ser considerado como prueba, debe relacionarse con otros medios de prueba que lo corroboren”. (Sentencia No. 419-2009). Con lo expuesto, considero que al no haberse acompañado en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento constancia del origen o procedencia de dicho audio, se rechaza este elemento probatorio.

b) Las fotocopias simples de las fotografías, presentadas en la denuncia, así como en el alegato del abogado del señor Jorge Elías Escala, Asambleísta Nacional del MPD y que fueron proyectadas en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, no hacen fe en juicio. El recorte de periódico también fue presentado en fotocopias simples, pero a él también se refirieron los presuntos infractores y lo acompañaron en copias debidamente certificadas, por lo que se lo valora.

c) Se presentó prueba testimonial, comparecieron dos testigos, en la audiencia, la cual se la valora en conjunto con las otras pruebas rendidas en dicha diligencia.

d) En cuanto a la utilización de imágenes de adolescentes y los responsables de dicho acto, cabe señalar que no le corresponde a esta Jueza el pronunciarse sobre este tema, siendo la Administración de Justicia especializada de la niñez y la adolescencia, así como los organismos del sistema nacional descentralizado de protección de la niñez y la adolescencia, a los que les corresponderá el iniciar las investigaciones que sean del caso para determinar los responsables, así como su impulso.

3.3 Respecto a las actuaciones de la Ministra de Educación, del Director Provincial de Educación de El Oro, y de la señora Profesora María Cecilia Encalada Valarezo, ante el caso de proselitismo político, se considera lo siguiente:

La Constitución de la República del Ecuador, establece la garantía de la presunción de inocencia en el artículo 76 numeral 2, que dice: “Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada”. En tanto que el numeral 6 del mismo artículo, expresa que: “La Ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”.

En la prueba aportada dentro de la audiencia, se destacan los siguientes documentos:

a) Oficio No. 0185 AN-MPD-JEZ de fecha 25 de abril del 2011, mediante el cual el señor Prof. Jorge Escala Zambrano, Asambleísta Nacional por el MPD, se dirige a la Doctora Gloria Vidal, Ministra de Educación de la República del Ecuador, solicitándole información sobre lo acontecido en el Colegio Ochoa León, del cantón Pasaje, Provincia de El Oro, en aplicación de lo establecido en el Art. 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. (fjs. 87-89).

b) El señor Ing, Roosevelt Marco Montalvo Viteri, Director de Educación de El Oro, procedió a disponer mediante Of. Nº 365-DEO-AJ suscrito el 27 de abril de 2011, en la ciudad de Machala, que la señora Dra. Mayi Quezana Solano, Rectora (E) del Instituto Superior Tecnológico “Dr. JOSÉ OCHOA LEÓN” adopte medidas de carácter urgente, para que se “(…) investigue y juzgue los hechos presuntamente irregulares cometidos por la Lcda. Cecilia Encalada Valarezo, docente, y con la facultad sancionadora contenida en el Art. 64 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aplique la Ley conforme proceda en derecho. (…) asimismo, respetar el debido proceso y el derecho constitucional a la defensa que le asiste a la docente (...) una vez más, queda terminantemente prohibido realizar proselitismo político en las dependencias del Plantel, responsabilizando a las autoridades por la acción u omisión de irregularidades...”; en el mismo día se observa que las señoras y señores Dra. Mayi Quezada Solano, Rectora (E), Lcda. Rosa María Minucha Gálvez, Vicerrectora (E); y Lcdo. Juan Cuenca Chuchuca, Vocal del Consejo Directivo del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”, a través del oficio 0410-RISTJOL, de fecha 27 de abril de 2011, se dirigen al Ing. Marco Montalvo Viteri, comunicándole que “...revisado el diario HOY, observamos con sorpresa que alumnos y alumnas del plantel se encuentran haciendo propaganda política por el SI sin conocimiento ni consentimiento de este Rectorado.” y adicionalmente le manifiestan que se han dispuesto “la investigación pertinente IFSOFACTO al Lic. Pablo Leonardo Cando Tacuri, Inspector General con funciones prorrogadas y cuyo informe me permito adjuntar””. En el citado informe contenido en el oficio No. 50 INGISTJOL, de fecha 27 de abril del 2011, el Lic. Pablo Cando Tacuri, Inspector General informa que. “...En el diálogo sostenido con los alumnos y alumnas, se pudo establecer lo siguiente: 1.- Que, la Licenciada Cecilia Encalada Valarezo, profesora de Optativa, les había proporcionado propaganda electoral a cada uno de ellos en horas de clase, pidiéndoles que guarden y no hagan conocer a los profesores. 2.- Que, la Licenciada Cecilia Encalada Valarezo, les proporcionó material para que se pueda juntar firmas, con la respectiva cédula de identidad, para apoyar el SI en la Consulta del 7 de mayo del presente año. 3.- Que, la Licenciada Cecilia Encalada Valarezo, procedió a tomar fotografías de diferente ángulo, pidiéndonos que levantemos la propaganda. (…) Posteriormente fui llamado al Departamento del Rectorado, en donde se contaba con la presencia del Señor Ingeniero Marco Montalvo Viteri, Director Provincial de Educación de la Provincia, quien manifestó la gravedad del dato de prensa, cuyo conocimiento inclusive estaba en el despacho de la Señora Ministra de Educación, por lo que solicitó mantener un diálogo con los señores estudiantes del curso y paralelo, acudiendo con las principales autoridades de la Institución y profesores del plantel (…) les formuló dos preguntas: 1.- ¿Quién fue el maestro que les proporcionó el material que aparece en la fotografía del diario Hoy? Los alumnos y alumnas contestaron: La Licenciada Cecilia Encalada. 2.- ¿Fueron convocados para la entrega del material? Los estudiantes respondieron NO...”(fs. 82 a 86).

A través del oficio 416-RISTJOL de 28 de abril del 2011, la Dra. Mayi Quezada Solano, Rectora del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”, comunica a la licenciada Cecilia Encalada Valarezo, Profesora del Plantel, que en atención a la disposición del señor Director Provincial de Educación de El Oro, procederá a investigar y juzgar los hechos presuntamente irregulares cometidos por la profesora y sancionarlos conforme al artículo 64 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. “Con la finalidad de que hiciera uso de su derecho a la defensa, le convoca a una audiencia a realizarse el día 2 de mayo del 2011 a las 16h00 en el Rectorado del Plantel, diligencia en la que podrá presentar todas las pruebas de descargo que le asistan”. (fs. 90). La Dra. Mayi Quezada Solano, Rectora (E) del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”, mediante oficio 417-RISTJOL, de 29 de abril de 2011, dirigido al ingeniero Marco Montalvo Viteri, Director Provincial de Educación de El Oro, le solicita “...que disponga la presencia de un abogado del departamento de Asesoría Jurídica para que asista a la Lcda. Cecilia Encalada Valarezo en la AUDIENCIA para el DIA LUNES 2 DE MAYO DE 2011 A LAS 16H00 en el Rectorado del Plantel...”. Consta en el documento el recibido en la Unidad de Correspondencia y Archivo de la Dirección Provincial de Educación de El Oro, de fecha 29 de abril de 2011. (fs. 91).

A fojas 92 consta la copia certificada de la página ocho, del Diario El Correo de fecha jueves 28 de abril de 2011, en cuyo titular se señala: “Director Provincial de Educación afirma que es montaje. Hicieron compaña por el SÍ dentro del colegio Ochoa León”. A fojas 93 del expediente la copia certificada de la página cuatro del mismo diario, en cuyo titular consta: También maestra del plantel, Concejal alterna de PAIS hizo proselitismo en colegio Ochoa León”.

Consta a fojas 95 del expediente, copia certificada del Acta de Audiencia Administrativa, realizada el dos de mayo del dos mil once, a las 16h00, con la presencia de la Lcda. María Cecilia Encalada Valarezo, Dra. Mayi Quezada Solano, Ab. Dr. Nixon Guzmán Samaniego y Ab. Carlos Barrezueta Aguilar, Asesor Jurídico de la DPEO.

A fojas 96 del expediente, se observa la Resolución 002- 2011, adoptada el cuatro de mayo del dos mil once, a las 11h00, según la cual, en la consideración TERCERA se expresa: “La docente, en la audiencia a través de su abogado defensor lejos de consignar elementos y pruebas de descargo frente al hecho ocurrido sobre el Proselitismo Político, dentro de la institución, manifestó que es falso que ella haya estado realizando actividades políticas a favor de una tendencia del proceso electoral a realizarse el 7 de mayo del 2011, además que ella nunca ha enviado documentos o fotografías a los señores del diario HOY de la ciudad de Quito, por lo cual solicita el archivo del expediente. Sin embargo mediante publicación del Diario CORREO de fecha 30 de abril del 2011, en entrevista realizada a la docente, aseveró convencida de su actuación en el interior de la institución. Con lo expuesto, la encausada ha cometido la falta establecida en la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 132, literal e). En la parte resolutiva, se dispuso imponer a la Lcda. María Cecilia Encalada Valarezo, Profesora de Optativa del Plantel, la sanción prevista en el Art. 64 literal c) de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, esto es “la sanción pecuniaria administrativa equivalente al diez por ciento de la remuneración unificada de la docente, para lo cual se deberá descontar del rol de pagos una vez ejecutoriada la presente resolución”. Esta decisión fue comunicada para los fines de Ley, a la Dirección Provincial de Educación de El Oro, así como se dispuso la elaboración de una acción de personal. El documento fue enviado con copia a diversas autoridades entre ellos a la Dra. Gloria Vidal Illingworth (Ministra de Educación), al ingeniero Marco Montalvo Viteri (Director Provincial de Educación de El Oro). (fs. 96-97).

A fojas 98 a 100, se observa la copia certificada del escrito de apelación interpuesto para ante la Comisión Provincial de Defensa Profesional por la señora licenciada María Cecilia Encalada Valarezo, profesora titular del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León, así como la Resolución No. 109-2011 adoptada por la Comisión Provincial de Defensa Profesional de El Oro en sesión ordinaria realizada el día 18 de mayo de 2011, a través de la cual dicho organismo resuelve confirmar “la resolución subida en grado”, al amparo de lo dispuesto en el Art. 3 del Acuerdo No. 167-11 de fecha 15 de abril del 2011. Esta resolución se comunica el día 24 de mayo del 2011 y fue suscrita por el Ing. Marco Montalvo Viteri.

Respecto a la aplicación de la sanción administrativa a la señora Profesora María Cecilia Encalada Valarezo, obra del expediente los siguientes documentos que fueron incorporados en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento: A fojas 101 a 104, el oficio 521-RISTJOL, de 24 de mayo de 2011, suscrito por la Dra. Mayi Quezada, Rectora (E) del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León, dirigido al señor Edison Noblecilla Ortiz, Servidor Público 1, Encargado de Colecturía del Plantel, mediante el cual se le dispone que proceda al descuento respectivo a la señora Lcda. María Cecilia Encalada Valarezo; así como el memorandum dirigido al Tlgo. Edison Noblecilla Ortiz, Colector del Plantel suscrito por la señora Rectora (E) del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León, en el cual “le adjunta copia certificada del oficio No. 489-DEO-AJ, de fecha Machala, 2011-05-24, suscrito por la Dirección de Educación disposiciones que deben ser cumplidas de inmediato. Esperando se ejecute lo pedido por el Señor Director de educación (sic) lo más pronto posible.” En cumplimiento de estas disposiciones, el señor Tlgo. Edison Noblecilla Ortiz, procedió al descuento respectivo en el rol de pago de mayo de 2011 de la Profesora Lcda. María Cecilia Encalada Valarezo. (fjs. 103 a 104).

Con relación al proceso administrativo iniciado en contra de la señora profesora María Cecilia Encalada Valarezo, consta a fojas 112, el certificado de la Comisión Provincial de Defensa Profesional de El Oro, suscrita por el Abg. Carlos Javier Barrezueta Aguilar, Secretario de dicha comisión, según la cual informa que “Al tener conocimiento de los hechos cometidos por la Lcda. Ma. Cecilia Encalada Valarezo, docente del Instituto Tecnológico Superior “Dr. José Ochoa León”, esto es con respecto a la publicación en el Diario HOY de la ciudad de Quito, en la cual se respalda a la opción SI de la próxima Consulta Popular y Referéndum convocados para el próximo 7 de mayo del 2011, este Organismo considera que no es procedente investigar estos hechos por parte de la Comisión Provincial de Defensa Profesional de El Oro, ya que no existe Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que norme los hechos presuntamente irregulares, se dispone que la Rectora del Plantel, al amparo de lo dispuesto en el Art. 64 de la Ley Orgánica de Educación Intecultural, investigue y juzgue los hechos”.

Obra en el expediente otras certificaciones respecto al presunto proselitismo político, consta a fojas 105, el oficio 448-RISTJOL de 5 de mayo de 2011, suscrito por la Dra. Mayi Quezada Solano, Rectora (E) del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León, dirigido al ingeniero Marco Montalvo Viteri, Director Provincial de Educación de El Oro, en el cual le remite originales de las certificaciones suscritas por el rectorado y el Secretario General del plantel, referentes al presunto proselitismo político, así como las copias certificadas de las circulares institucionales desde el rectorado prohibiendo la realización de actividades políticas dentro del plantel. A fojas 106, el certificado de 5 de mayo de 2011, suscrito por la Dra. Mayi Quezada Solano, Rectora (E) del Instituto Superior Tecnológico Dr. José Ochoa León, en el cual en atención al Of. 393-DEO-AJ de mayo 5 del 2011 del Director Provincial de Educación de El Oro, expresa que “EN NINGUN MOMENTO, NI DE MANERA VERBAL NI ESCRITA, HE DISPUESTO NI HE AUTORIZADO LA OCUPACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PLANTEL PARA QUE REALICEN PROSELISTIMO POLÍTICO RESPALDANDO LA OPCION SI de la próxima consulta popular y referéndum convocados para el próximo 7 de mayo del 2011. Es más, ni siquiera tuve conocimiento de lo acontecido hasta que apareció publicado en la prensa nacional...” A fojas 107, consta el certificado de 5 de mayo de 2011, suscrito por el Lcdo. Rodolfo Aguilar Jaramillo, Servidor Público General del Plantel, según el cual certifica que “REVISADOS LOS ARCHIVOS DE INGRESO DE CORRESPONDENCIA de esta institución, en mi calidad de Secretario General del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León” de la ciudad de Pasaje, EN NINGÚN MOMENTO, NI DE MANERA VERBAL NI ESCRITA SE HA RECIBIDO DISPOSICIÓN OFICIAL ALGUNA, NI AUTORIZACIÓN DE OCUPAR LAS INSTALACIONES DE ESTE PLANTEL PARA QUE REALICEN PROSELITISMO POLÍTICO RESPALDANDO LA OPCIÓN SI de la próxima consulta popular y referéndum convocados para el próximo 7 de mayo del 2011, NI POR PARTE DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN, NI DEL SEÑOR DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE EL ORO, NI DE LA SEÑORA RECTORA, NI DE AUTORIDAD ALGUNA”; A fojas 108 a 109, la notificación de 5 de mayo de 2011, del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”, a través de la cual se comunica a los señores docentes que “(...) MEDIANTE OF. CIR. 006SASGE EMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE APOYO Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA, SE DEBE IMPLEMENTAR MEDIDAS PERTINENTES Y OPORTUNAS PARA EVITAR LA UTILIZACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA INSTITUCION PARA REALIZAR PROSELITISMO POLITICO; POR CUANTO ESTARIAN INCURRIENDO EN LAS PROHIBICIONES CONSTANTES EN LOS LITERALES e) y k) DEL ART. 132 DE LA LEY ORGANICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGUE...” Comunican la señora Rectora (E) Quezada Solano Jannet Mayi del Cisne Dra. Chasin Chila Leopoldo German Lic; Minuche Galvez Rosa Maria Lic, Vicerrectora-E; Cando Tacuri Pablo Leonardo Lic, Inspector General; y Maldonado Ullauri Enma Zoraida, Subinspectora. Suscriben al pie el personal docente de Educación Básica; y a fojas 110 a 111 la notificación en el mismo sentido, en la cual suscriben al pie el personal docente: bachillerato. A fojas 113, se observa el Of. Cir. No. 367-DEO-AJ, suscrito en la ciudad de Machala el 28 de abril de 2011, por el Ing. Marco Montalvo Viteri, Director Provincial de Educación de El Oro, en el el cual comunica a los señores Coordinadores de la UTE'S, que “...En días anteriores, se publicó una nota periodística en la cual se respalda a la opción SI de la próxima Consulta Popular y Referéndum convocados para el próximo 7 de mayo del 2011, lo cual violenta flagrantemente la precipitada norma legal, y además, motiva el reclamo de la ciudadanía en general. Con la finalidad de evitar conflictos administrativos y judiciales, dispongo a los señores supervisores provinciales de educación, se sirvan instruir en los establecimientos educativos bajo su responsabilidad, el cumplimiento taxativo de lo dispuesto en el Art. 132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Ante cualquier irregularidad, sírvanse actuar de manera inmediata e informar documentadamente a este Despacho”. A fojas 114 a 120 de los autos consta el Oficio Circ. No. 097-DEO.SG suscrito por el Ing. Marco Montalvo Viteri, Director Provincial de Educación de El Oro, de fecha 21 de abril de 2011, dirigido al Rector del Colegio “Mario Minuche Murillo”; Rector del Instituto “El Oro”; Rector del Colegio “Jambelí”; Rector del Colegio Técnico “Pasaje”; Rectora del Colegio “Carmen Mora de Encalada”; Rectora del Colegio “República del Ecuador”; Rectora del Colegio “República del Perú”; : “con la finalidad de evitar todo tipo de inconvenientes, DISPONGO de manera expresa que bajo ningún respecto se puede permitir el uso de las instalaciones educativas para fines político-partidistas, debiendo usted hacer participe del particular a la planta docente del Colegio de su regencia. No está por demás recordar, que el o la docente que incumpla con la presente disposición lo constituye en responsable directo de la falta administrativa, por tanto, ante cualquier irregularidad debe actuar de manera inmediata e informar a este Despacho Provincial”. (lo subrayado y la negrilla me pertenecen). Memorando No. 0455-DM-2011 de 30 de mayo de 2011, que consta a fojas 121 de los autos, suscrito por el señor Eduardo Meneses Gómez, Coordinador General de la Secretaría General del Ministerio de Educación, dirigido al Doctor Carlos Cisneros Pazmiño, Coordinador General de Asesoría Jurídica, en el cual se expresa: “En atención a su pedido, mediante el cual solicita se certifique si la señora Gloria Vidal Illingworth, en su calidad de Ministra de Educación, emitió alguna autorización para que se utilicen las instalaciones de los establecimientos educativos o la imagen de sus estudiantes y/o docentes con fines electorales en relación a la Consulta Popular 2011, cuya convocatoria fue aprobada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de viernes 4 de marzo del 2011, con Resolución PLE-CNE-1-4-3-2011, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 399 de 9 de los mismos mes y año, por medio de la presente y una vez revisados los archivos de esta Cartera de Estado, CERTIFICO que la señora Ministra no ha emitido disposición o autorización alguna en este sentido”. En tres fojas simples, consta a fojas 122 a 124, el oficio No. 1366 DM-2011 de 11 de mayo de 2011, dirigido al Profesor Jorge Escala, Asambleísta Nacional, por la señora Ministra de Educación, Gloria Vidal Illingworth, dando contestación a su oficio No. 0185-AN-MPD-JEZ de 25 de abril de 2011. Este documento al ser presentado en copia simple no se lo considera por carecer de valor probatorio.

La señora María Cecilia Encalada Valarezo, a través de su abogada presentó como pruebas los siguientes documentos: a) A fojas 125 y 128, la comunicación de 28 de septiembre del 2007, del Arq. Galo Borja Pérez en la cual se testimonia, que la señora María Cecilia Encalada Valarezo, se mantiene trabajando en forma activa y perenne con la campaña en calidad de coordinadora de brigadistas y coordinadora en el proceso electoral para Asambleístas para la provincia de El Oro y copia simple de la credencial conferida por la Junta Provincial Electoral de El Oro, a la señora Concejala Urbana Suplente del cantón Machala, María Cecilia Encalada Valarezo, al ser presentados en fotocopias no se los considera con valor probatorio; b) Original de la comunicación S/N de 17 de marzo de 2011, dirigida al Arq. Galo Borja Pérez, Coordinador Provincial de Movimiento País de El Oro y otros, suscrita por el Frente de Profesionales de la Provincia de El Oro, Movimiento País, suscrita por la Lcda. Cecilia Encalada Valarezo, Coordinadora; Abg. Bolívar Farías, Subcoordinador: Lcdo. Lenín Carrión B., Coordinador de Acción Política y Lcdo. Felix Reyes, comisión de disciplina, en la cual solicitan ser considerados para “las reuniones y trabajo político, para el proceso de la CONSULTA POPULAR que se realizará el día 07 de mayo del presente año” (fs. 126 y 131); c) Copia certificada de la comunicación S/N de fecha 10 de marzo de 2011, dirigida al señor Abg. Edgar Ordoñez, suscrita en Machala por los señores Abg. Bolívar Farías, Sub- Coordinador 1, Abg. Borys Torres, Sub-Coordinador 2, Sr. Bolívar Lapo, Secretario Ad-Hoc, en el cual se comunica que se resolvió “elegir a la compañera Lcda. Cecilia Encalada Valarezo como Coordinadora del Frente de Profesionales de Movimiento Alianza País Lista 35 de El Oro” (fs. 127); d) Comunicación S/N de fecha 26 de abril de 2011, dirigida al Ing. Edgar Córdova Encalada, suscrita por el señor Telg. Marco Castro, Gerente de Campaña y la Lic. Cecilia Encalada V., Coordinadora de Logística.

3.4 Esta Jueza considera que no se ha comprobado de manera directa, principal y unívoca, la responsabilidad de la señora Ministra de Educación, Gloria Piedad Vidal Illingwort, en la infracción tipificada el artículo 276 numeral 2 del Código de la Democracia, al no existir ninguna prueba que acredite que esa autoridad hubiere ordenado o dispuesto a la señora profesora María Cecilia Encalada Valarezo, la entrega y utilización de propaganda, o la realización de un acto proselitista o el uso de la infraestructura del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”, para estos fines; o hubiere dispuesto a través del señor Director Provincial de Educación de El Oro, Ing. Roosevelt Marco Montalvo Viteri, la realización de actos políticos en esa institución educativa en el proceso de consulta y referéndum del 7 de mayo de 2011.

3.5 En relación a la responsabilidad del señor Director Provincial de Educación, Ing. Roosevelt Marco Viteri Montalvo, esta Jueza considera: a) Que no se ha comprobado que el señor Roosevelt Marco Montalvo Viteri, hubiere infringido el artículo 276 numeral 2 del Código de la Democracia, pues no consta prueba fehaciente que demuestre que hubiere autorizado a la señora Profesora María Cecilia Encalada Valarezo, la entrega de material o el uso de las aulas del Instituto Superior Tecnológico “Dr. José Ochoa León”, del cantón Pasaje, en la Provincia de El Oro, para actividades proselitistas. b) De la documentación aportada en la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, se constata que el señor Director Provincial de Educación de El Oro, mas bien dispone la investigación a través de la máxima autoridad del plantel respecto a los hechos presuntamente irregulares cometidos por la Lcda. María Cecilia Encalada Valarezo, por lo cual en el ámbito de su competencia, ha actuado conforme lo determina la ley de la materia.

3.6 En cuanto a la responsabilidad de la señora Lcda. María Cecilia Encalada Valarezo, consta de autos que: a) La señora María Cecilia Encalada Valarezo, es profesora en el Instituto Superior Tecnológico José Ochoa León y el hecho se cometió en una de las aulas de la institución. b) A través de su defensora, expresó en la Audiencia Oral de Prueba y entregó documentación en la que se constata y acredita su pertenencia al Movimiento Alianza País en la Provincia de El Oro. c) Que impugnó en la vía administrativa la sanción de la que fue objeto al considerarla injusta. d) Que las fotografías que aparecen en los medios de comunicación, fueron obtenidos sin su autorización de la red social Facebook. e) La señora María Cecilia Encalada Valarezo fue sancionada por haber incurrido en la prohibición establecida en el artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 417 de 31 de marzo de 2011, que dispone: “Prohíbase a los y las representantes legales, directivos, docentes, padres y madres de familia, de las instituciones educativas correspondientes, lo siguiente: (…) e) Permitir el uso de las instalaciones educativas para fines político-partidistas”. Por lo tanto, en atención a las pruebas presentadas y que han sido valoradas por esta juzgadora, me permiten determinar que la señora Profesora María Cecilia Encalada Valarezo, es responsable del cometimiento de la infracción tipificada en el artículo 276 numeral 2 de La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que fue denunciada por el señor Asambleísta del Movimiento Popular Democrático, Jorge Elías Escala Zambrano; sin embargo deberá considerarse en el presente fallo, el principio “NON BIS IN IDEM”, consagrado en la Constitución de la República, en el artículo 76 numeral 7 literal i): “Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia...”.

IV. DECISIÓN

Por todo lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, se dicta la siguiente sentencia:

Que la señora Gloria Piedad Vidal Illingworth, Ministra de Educación, no ha incurrido en la infracción tipificada y sancionada en el artículo 276 numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

Que el señor Ingeniero Roosevelt Marco Montalvo Viteri, Director Provincial de Educación de El Oro, no ha incurrido en la infracción tipificada en el artículo 276 numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia.

Que a la señora Profesora María Cecilia Encalada Valarezo, se la encuentra responsable de la infracción tipificada y sancionada en el artículo 276 numeral 2 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. En vista de que la Constitución de la República, en el artículo 76 numeral 7, literal i), garantiza el principio del NON BIS IN IDEM, se deja sin efecto la sanción de destitución y la multa.

Ofíciese con copia certificada de la presente sentencia, una vez ejecutoriada, al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CNNA, para los fines pertinentes.

Una vez ejecutoriada la presente sentencia, se dispone el archivo de la presente causa.

Actúe el Ab. Paúl Mena Zapata, en su calidad de Secretario Relator Ad-hoc.

CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Contencioso Electoral. Certifico que la presente sentencia fue dictada el día miércoles 15 de junio de 2011, por la señora Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza del Tribunal Cont

ncioso Electoral. f.) Ab. Paúl Mena Zapata, Secretario Relator ad-hoc.

RAZÓN: Siento como tal que las nueve fojas que anteceden son copias certificadas de la Sentencia de fecha quince de junio del año dos mil once, a las quince horas, dicta dentro de la causa 062-2011-TCE. Sentencia que se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la ley.- Certifico D. M., 24 de octubre del 2011.

f.) Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General (E).

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL- DRA.
TANIA ARIAS MANZANO, JUEZA PRESIDENTA

CAUSA No. 063-2011-TCE: Quito, Distrito Metropolitano, 8 de junio de 2011. Las 11h00.- VISTOS: Se reinstala la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, conforme se lo ha dispuesto en providencia de 3 de junio de 2011, a las 16H00 a fin de dar lectura a la presente sentencia:

a) ANTECEDENTES

Con fecha 28 de abril de 2011, a las 15h19 ingresa por Secretaría General del Tribunal Contencioso Electoral, la denuncia presentada por la señorita Natasha Sashenka Rojas Pilaquinga por sus propios y personales derechos, documento que corre a fojas 5 a 7 del expediente. En lo sustancial la denunciante afirma que el Colectivo de Organizaciones y Movimientos Sociales por el Sí y el Buen Vivir, legalmente representado por el señor Raúl Ocaña, ha procedido a la " ...utilización la imagen (sic) de niños y niñas para proselitismo político, acto a través del cual se demuestra el abuso de los recursos públicos y la violación a los derechos a la dignidad, la honra e imagen de los niños y niñas ecuatorianos/as”, solicitando que se adopten las medidas cautelares necesarias para evitar que se sigan conculcando los derechos de la niñez.

A la denuncia se adjunta una copia simple a color de una fotografía en la que aparece una valla publicitaria de la empresa Induvallas con la imagen de un televisor, del cual sale una mano portando un arma de fuego que apunta a un niño, a una niña y a un perro. La leyenda inserta en la valla es la siguiente: "sexo violencia, discriminación llegó la hora de la responsabilidad de los medios, vota sí” (fjs. 1).

En virtud del sorteo realizado, correspondió al despacho de la Jueza Presidenta el conocimiento, tramitación y resolución de la presente causa.

Con fecha 2 de mayo de 2011, este despacho considerando que el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador establece como obligación primordial del Estado, la sociedad y la familia, promover el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, lo cual únicamente se puede lograr con el pleno ejercicio de los derechos comunes a todo ser humano y los específicos de este sector social; y que la utilización de la imagen de niños y niñas, con fines electorales está prohibida por el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia, con el objeto de precautelar el pleno respeto a los derechos a la identidad e imagen de niñas, niños y adolescentes; dispuso, como medida cautelar, que el Consejo Nacional Electoral, a nivel nacional, proceda, de manera inmediata a cubrir la imagen de niñas, niños o adolescentes, que aparezcan en vallas publicitarias con contenido electoral.

Con fecha martes, 3 de mayo de 2011, el licenciado Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral presentó un escrito en el que adjunta el oficio No. 109-CNE-DPE-RAP-2011 (fjs. 28), que contiene el informe realizado por el señor Ramiro Arroyo Ponce, Director de Promoción Electoral del Consejo Nacional Electoral (fjs. 24-26), en el cual sostiene que: "las contrataciones de prensa escrita, radio, televisión y vallas viales que corresponden a Promoción Electoral se las realiza de manera directa entre los sujetos políticos calificados para la Promoción Electoral 2011 y los Proveedores de promoción Electoral debidamente calificados. Dichas contrataciones, en cuanto al contenido moral no está sujetas (sic) a una revisión previa por parte del Consejo Nacional Electoral...”.

A fojas 37 y 38 consta la copia certificada del oficio No. 0383-SEN-CNNA, de fecha 4 de mayo de 2011, suscrito por la doctora Sara Oviedo Fierro, Secretaria Ejecutiva Nacional del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, quien, en referencia a los hechos materia de la presente causa, solicita "se sirva realizar las acciones necesarias con el fin de evitar que la propaganda electoral, tanto en el presenta caso como en todos aquellos que sean presentados ante su autoridad, vulneren los derechos de la niñez y adolescencia”.

A fojas 84, consta el oficio suscrito por el señor Wagner Oña González representante legal de Induvallas, de 25 de abril de 2011, dirigido al Consejo Nacional Electoral, con atención al licenciado Omar Simon Campaña, Presidente del organismo, relativo al informe solicitado por el señor Ramiro Arroyo, Director de Promoción Electoral del Consejo Nacional Electoral, que guarda relación con el cumplimiento de la medida cautelar adoptada por esta judicatura. El informe sostiene que, procedió a retirar las vallas ubicadas en los siguientes sitios: "vía Aloag a 800 metros al norte de la Y"; cantón Daule, vía Perimetral; Vía a la Costa Guayaquil - Salinas; avenida Principal Terminal Terrestre Latacunga; Vía la Costa, Salida Entrada Loja; y, Vía Puerto - Aeropuerto Manta.

Mediante providencia de 17 de mayo de 2011, debidamente notificada el mismo día, mes y año, se procede a acumular a la presente, la causa signada con el número 078-TCE, que se refería a una presunta denuncia presentada por la doctora Sara Oviedo Fierro, ante el Consejo Nacional Electoral y remitida al Tribunal Contencioso Electoral, mediante oficio No. 002219, de 6 de mayo de 2011, suscrito por el doctor Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral; por identificarse identidad objetiva y subjetiva entre las dos denuncias, unido a que éste despacho previno en el conocimiento de la causa. En la misma providencia de 17 de mayo se fijó la realización de la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento para el día jueves 27 de mayo de 2011, en el auditorio ubicado en las instalaciones del Tribunal Contencioso Electoral.


El jueves 27 de mayo de 2011, a partir de las nueve horas treinta minutos, tuvo lugar la Audiencia Oral de Prueba y Juzgamiento, en la que comparecieron: por una parte, el señor Víctor Ocaña García, acompañado de su abogado defensor, el doctor Ernesto Valle Minuche; y por la otra parte, la accionante Natasha Rojas, quien no presentó sus documentos de identidad esto es cédula de ciudadanía y el certificado de votación, la denunciante tampoco compareció acompañada de su abogado o abogada. No obstante considerando que el rol principal de este órgano de justicia electoral consiste en garantizar la plena observancia de los derechos de protección, se procedió a efectuar la audiencia oral de prueba y juzgamiento. Una vez que se dio lectura a las normas constitucionales y legales que confieren competencia al Tribunal Contencioso Electoral para el juzgamiento de las infracciones, en esta materia; de las normas referidas al debido proceso y de las normas procedimentales aplicables a la causa, se concedió la palabra a la denunciante; quien en lo esencial manifestó que: a) al no contar con la presencia de su abogado, no se encontraba en igualdad de condiciones para defender sus intereses; y, b) se ratifica en el contenido de su denuncia.


Seguidamente, se concedió la palabra al presunto infractor, quien por medio de su abogado defensor, en lo principal, argumentó: a) que no existe violación a los derechos de niños y niñas ya que la propaganda, sobre la que versa la presente causa, guarda estricta relación con una de las preguntas de la consulta popular del pasado 7 de mayo; b) que su representada busca defender los derechos de la niñez ante programación nociva, violenta y sin control. Por tanto, la publicidad tenía como objeto concientizar a la ciudadanía sobre la pregunta No. 9 del referendo; c) que el Tribunal Contencioso Electoral no es competente para resolver sobre la presunta violación de los derechos de la niñez, ya que la competencia para ello, corresponde a los organismos del sistema descentralizado de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes; y, en consecuencia, solicita se disponga el archivo de la causa.

En ejercicio de su derecho a la réplica, la denunciante sostiene que: a) es obligación de esta judicatura hacer respetar los derechos de la niñez; b) que las vallas fueron solventadas con recursos públicos; y en consecuencia, solicita se proceda a imponer la sanción correspondiente, por la utilización de la imagen de niñas y niños, con fines electorales.

Por encontrarse en la sala y por así solicitarlo, se permitió la intervención del doctor Carlos Pérez, Director de Asesoría Jurídica del Consejo Nacional Electoral, quien expuso su preocupación por la violación de los derechos de la niñez; sin embargo, rechazó las afirmaciones por las cuales se dice que las vallas, materia del presente litigio, han sido colocadas con recursos públicos. Por otra parte, sostuvo que el Consejo Nacional Electoral ha dado cumplimiento a lo ordenado por esta judicatura, en cuanto a la adopción de medidas cautelares, indicando que las vallas no son propiedad del Estado y que este control no corresponde al Tribunal Contencioso Electoral.

Una vez que se constató que la doctora Sara Oviedo Fierro, no se encontraba en la sala, se procedió a reducir todo lo expuesto a escrito, y a receptar la firma de los intervinientes en el acta que obra en fojas 151.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Por mandato del numeral primero e inciso final del artículo 217 de la Constitución de la República del Ecuador, el Tribunal Contencioso Electoral es el órgano de la Función Electoral que administra justicia en materia de derechos de participación política que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía. Con fundamento en el artículo 221, numeral 2 e inciso final de la Constitución, en concordancia con el artículo 70, numeral 5 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas del Ecuador, Código de la Democracia, este Tribunal es el órgano competente para conocer y sancionar, de ser el caso, el incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general, por vulneraciones de normas electorales.

El artículo 72 del Código de la Democracia, así como las disposiciones pertinentes del Capítulo Segundo, del Título Cuarto del mismo cuerpo legal, contienen el procedimiento aplicable a las infracciones electorales; corresponde a esta Jueza por tanto, conocer, tramitar y resolver, en primera instancia, la presente denuncia.


2.    VALIDEZ Y ADMISIBILIDAD

En la sustanciación de la presente causa no se observa omisión o violación de solemnidad alguna; se la ha tramitado de conformidad a las normas constitucionales y legales pertinentes y a las disposiciones procesales y reglamentarias de la jurisdicción contencioso electoral, por lo que no adolece de nulidad y se declara su validez.

Del expediente consta que la denuncia fue interpuesta por una ciudadana con legitimación activa dentro del ámbito del derecho electoral, de conformidad con el artículo 280 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, por lo que cumple con este requisito de procedibilidad.

Consta que la denuncia fue presentada en, y ante el Tribunal Contencioso Electoral el día veintiocho de abril de 2011 por una presunta vulneración a la ley ocurrida durante el periodo de campaña electoral, relativa al Referéndum y Consulta Popular del día 7 de mayo de 2011; es decir, considerando el artículo 304 del Código de la Democracia, no ha operado la prescripción y por tanto, reúne el requisito de oportunidad.

3.    RELACIÓN DE LOS HECHOS CON EL DERECHO

3.1.    Legitimación para la realización de propaganda electoral

El artículo 61, numeral 2 de la Constitución de la República, reconoce a las ecuatorianas y ecuatorianos el derecho a participar en asuntos de interés público, derecho que puede ser ejercido de manera individual o colectiva.

El artículo 305 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, establece que "el Estado reconoce y garantiza a las personas el derecho a asociarse en organizaciones políticas, de forma libre y voluntaria para participar en todos los asuntos de interés público

En este sentido, para que una asociación de personas puedan actuar directamente en la campaña electoral, con el fin de promover una postura dentro de estos procesos electorales, es indispensable que esté debidamente registrada en el Consejo Nacional Electoral.

El Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución PLE-CNE-1-4-3-2011, de fecha 8 de marzo del 2011, convocó a las personas domiciliadas en el país, aptas para sufragar, e inscritos en el Registro Electoral de las circunscripciones electorales del país y del exterior, para que se pronuncien sobre las preguntas de la Consulta Popular y Referéndum 2011.

El Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución PLE-CNE-2-4-3-2011, de fecha 8 de marzo de 2011, convocó a las organizaciones sociales y políticas de carácter nacional, interesadas en participar en la campaña electoral de consulta popular y referéndum, a inscribirse, cumpliendo los requisitos determinados.

Mediante Resolución PLE-CNE-33-2-4-2011, el Consejo Nacional Electoral, registró al señor Raúl Ocaña como Procurador Común del "Colectivo de Organizaciones y Movimientos Sociales Por el Sí y el Buen Vivir", para que participe en la campaña electoral del Referéndum y Consulta popular, adquiriendo con este registro, los derechos y obligaciones establecidos para los sujetos políticos en el proceso electoral.

3.2.    Competencia de Tribunal Contencioso Electoral, en materia de infracciones

De acuerdo con el inciso segundo del artículo 1 del Código de Procedimiento Civil, la competencia de aquellos órganos dotados de potestad jurisdiccional, está dada en razón del territorio, de la materia, de las personas y de los grados.

En cuanto a la materia, el artículo 221, numeral 2 confiere competencia al Tribunal Contencioso Electoral para "sancionar por incumplimiento de las normas sobre financiamiento, propaganda, gasto electoral y en general por vulneraciones de normas electorales”.

La accionante sostiene que el accionado ha vulnerado el numeral 2, del artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia, cuyo tenor literal expresa: "Se prohíbe:... 2 La utilización de niños, niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso”.

Por otra parte, el propio Código de la Niñez y Adolescencia establece que, entre las funciones de las Juntas cantonales de protección de derechos está la de "conocer, de oficio o a petición de parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de niños, niñas y adolescentes, dentro de la jurisdicción del respectivo cantón...”.

De lo expuesto, se desprende que, la norma que establece la prohibición de utilizar a niños, niñas y adolescentes, en eventos con fines políticos, no constituye una norma electoral; y por tal, este órgano jurisdiccional no es competente, en razón de la materia, para conocer y resolver sobre este tema.

En atención al principio de legalidad, en materia de atribuciones y competencias, expuesto en el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, "las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal, ejercerán solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la Constitución y la ley...”.

El mencionado principio de legalidad tiene como fin impedir la sobreposición de competencias y permite identificar al organismo responsable de cumplir con un mandato expreso. Por lo dicho, la presunta violación a las normas contenidas en el Código de la Niñez y Adolescencia es de competencia exclusiva de los órganos que integran el Sistema Descentralizado de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sin perjuicio de ello, y atendiendo a la obligación establecida en el artículo 17 del Código de la Niñez y Adolescencia, según el cual: "toda persona, incluidas las autoridades judiciales y administrativas, que por cualquier medio tenga conocimiento de la violación de un derecho del niño, niña o adolescente, está obligada a denunciar ante la autoridad competente...”; esta judicatura considera que es necesario poner los hechos denunciados en conocimiento de la autoridad competente para que, de acuerdo a su marco de acción, adopte las medidas que estén a su alcance para defender el respeto irrestricto a los derechos de la niñez y adolescencia y en definitiva, contribuir al desarrollo integral de este grupo humano de atención prioritaria.

3.3.    Competencias y obligaciones del Consejo Nacional Electoral, en materia de control de la propaganda electoral

De acuerdo con el artículo 219 de la Constitución de la República, al Consejo Nacional Electoral le corresponde "controlar la propaganda y el gasto electoral..."; en concordancia, el artículo 115 del mismo cuerpo normativo establece que: “el Estado, a través de los medios de comunicación, garantizará de forma equitativa e igualitaria la promoción electoral que propicie el debate y la difusión de propuestas programáticas de todas las candidaturas. Los sujetos políticos no podrán contratar publicidad en los medios de comunicación y vallas publicitarias”.

En cuanto al tipo de publicidad electoral, de las normas constitucionales se desprenden, dos conclusiones: a) El Consejo Nacional Electoral está en la obligación de garantizar la equidad en la distribución de los recursos estatales, destinados a realizar propaganda electoral; y, b) La norma constitucional establece una finalidad para que esta propaganda sea utilizada de manera legítima. En ese sentido, no podemos dejar de recordar al Consejo Nacional Electoral su obligación de controlar el contenido, a fin que la propaganda electoral cumpla con los fines constitucionalmente establecidos.

En tal virtud, los espacios publicitarios atinentes a la difusión de propuestas y posturas políticas, deben cumplir con los requisitos de forma y de fondo. En cuanto a la forma, los recursos estatales destinados para la promoción electoral serán equitativos, en razón al monto y espacios que se confiere a los participantes; así como, a los espacios que los diferentes sujetos políticos pueden acceder. En virtud del fondo, la propaganda electoral, para ser considerada legítima tiene que centrarse exclusivamente en difundir ideas, propuestas o argumentos relativos a los motivos específicos del proceso electoral, promoverá el debate ampliado y, al igual que cualquier actuación pública o privada, no puede incurrir en violaciones a los derechos fundamentales, a la Constitución y a las demás normas jurídicas pertinentes.

El Código de la Democracia, efectivamente, no desarrolla de modo específico los parámetros y mecanismos del control de contenidos por parte del Consejo Nacional Electoral, pero señala el mandato de reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia, que en el presente caso, es el control de los contenidos de la propaganda electoral, siendo los parámetros, los constitucionales y legales.

No se puede dejar de mencionar que la legislación ecuatoriana prevé el financiamiento público de la campaña electoral como ya se dijo, como una medida para garantizar la igualdad en la contienda electoral referida a los gastos por lo que, tales recursos públicos deben ser empleados en la promoción electoral conforme a lo que establece la Constitución de la República, mas no en aspectos contrarios a ella.

Es importante considerar que el sistema democrático y el sistema político en particular, requieren de todas las acciones que aporten a darles mayor legitimidad. De su parte, las electoras y electores, que son un componente fundamental en los procesos electorales, requieren que la campaña electoral verse sobre la difusión de propuestas programáticas y que propicie el debate, haciendo abstracción de posibles elementos que impliquen vulneración de derechos, violencia, discriminación, racismo, sexismo intolerancia política o religiosa, utilización de niñas, niños o adolescentes o cualquier otra que afecte la dignidad de las personas, y que contravengan los preceptos de la Constitución de la República, como es el caso de la regulación sobre los derechos de la naturaleza o sobre los símbolos patrios o bienes públicos, sin que esto constituya una limitación a la libertad de opinión y de expresión.

De ahí que, el Consejo Nacional Electoral, por tener bajo su competencia el control de la propaganda electoral, está en la obligación de garantizar que la publicidad electoral, que realice cualquier sujeto político, se adecue a estas exigencias.

Bajo este esquema, y advirtiéndose la posible vulneración de los derechos a la dignidad, reputación e imagen de niños, niñas y adolescentes, esta jueza ordenó la adopción de medidas cautelares, que fueron cumplidas por el Consejo Nacional Electoral, medidas en las que esta judicatura se ratifica, sin no dejar de señalar que para futuras ocasiones, el Consejo Nacional Electoral, de oficio o a petición de parte deberá tomar las medidas efectivas, proporcionales y necesarias para evitar la vulneración de derechos fundamentales, por medio de la difusión de la propaganda electoral. Esto implica la realización de un control ex ante y ex post de los contenidos difundidos durante la campaña electoral.

3.4.    Análisis normativo y subsunción de la conducta denunciada

El artículo 331 del Código de la Democracia señala de manera expresa, la protección a la dignidad, que coincide con la protección constitucional del derecho a la libertad y dignidad de niñas, niños y adolescentes contenida en el artículo 45 de la Constitución de la República que concuerda con la disposición del artículo 51 del Código de la Niñez y Adolescencia que también reconoce los derechos a la libertad personal, a la dignidad, reputación e imagen de niñas, niños y adolescentes.

Siendo la dignidad de las personas la esencia de los derechos fundamentales, tanto la normativa internacional como nacional en el nivel constitucional y legal, establecen disposiciones precisas para su protección, en particular, la de las niñas, niños y adolescentes.

Los cambios en la normativa internacional y nacional han avanzado en la concepción y tratamiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, modificación sustancial que supera la de "objetos" de derechos, otorgándoles una posición jurídica diferente que debe manifestarse en la práctica, en todos los ámbitos sea social, cultural, económico, político y otros. Los avances jurídicos se han evidenciado en el establecimiento con rango constitucional, de varios principios desarrollados también en la doctrina de la protección integral, tales como el de Interés Superior del Niño y de la Niña y el de Prioridad Absoluta.

En este contexto han existido avances importantes en el reconocimiento de derechos, así como, la determinación de garantías para su respeto y exigibilidad, derechos entre los que se encuentra, el antes referido a la dignidad e imagen, para cuya protección, de modo particular, se ha establecido la prohibición de utilizar niñas, niños y adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso.

Uno de los elementos sustanciales dentro de la doctrina de la protección integral, es el reconocimiento de la ciudadanía de las niñas, niños y adolescentes, que gozan de los mismos derechos que las demás personas, debiendo incluirse los específicos de su edad; ciudadanía que está reconocida en el artículo 6 de la Constitución de la República del Ecuador. Otro avance legislativo constitucional se incluyó en la ampliación del derecho al voto, con el carácter de facultativo, para las personas entre dieciséis y dieciocho años de edad, conforme lo establece el artículo 62 de la Constitución de la República, avance que guarda armonía con el principio del ejercicio progresivo de derechos.

Salvo el reconocimiento de este derecho al voto facultativo, otros siguen reservados para las personas mayores de dieciocho años de edad, pero adicionalmente, se implantan medidas tendientes a precautelar una posible instrumentalización de las niñas, niños y adolescentes para fines políticos, tal es la prohibición que trae de manera expresa el artículo 52 letra b) del Código de la Niñez y Adolescencia y la prohibición general del artículo 331 del Código de la Democracia.

El artículo 331, numerales 1, 3 y 7 del Código de la Democracia prescribe: "son obligaciones de las organizaciones políticas:... 1) Adecuar su conducta a los mandatos constitucionales, a la ley, al acta constitutiva, a la declaración de principios ideológicos, a su programa de gobierno, a su estatuto o a su régimen orgánico según corresponda, y a su normativa interna... 3) Abstenerse de recurrir a cualquier acto que tenga por objeto restringir los derechos, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno... 7) Abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que discrimine o afecte a la dignidad de las personas o utilicen símbolos, expresiones o alusiones de carácter religioso en su propaganda”.

La colocación de propaganda electoral, que utilice la imagen de niños, niñas y adolescentes, a criterio de esta jueza, vulnera los derechos constitucionales de respeto a la libertad, dignidad, y a la atención y protección contra toda forma de violencia, maltrato y explotación a este grupo humano; así como, el artículo 52 del Código de la Niñez y Adolescencia. Es decir, la difusión de este tipo de publicidad electoral transgrede la constitución y la ley, y por tal razón, perturba el goce de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Para este tipo de vulneraciones que corresponden al ámbito electoral el Tribunal Contencioso Electoral de acuerdo a la Constitución y al Código de la Democracia, es competente para conocerlas y resolverlas.

En tal virtud, esta jueza electoral concluye que los actos denunciados se subsumen en los presupuestos fácticos previstos en los numerales 1, 3 y 7 del artículo 331 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador.

No obstante, el inciso final del propio artículo 331 expone: "Cualquier afiliado o adherente, podrá interponer las denuncias por violaciones a este artículo ante el Tribunal Contencioso Electoral una vez agotadas las instancias internas. El Tribunal Contencioso Electoral verificará a través de cualquier medio, el incumplimiento de estas obligaciones y notificará con la petición a la organización política, a fin de que subsane su incumplimiento, en el plazo que para el efecto establezca el Tribunal. En caso de no hacerlo, será causal para la suspensión de la organización política por el tiempo que determine el Tribunal e incluso su eliminación en caso de reincidencia en el incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones.”.

De la estructura de la norma, se establece que, para que opere la sanción legalmente contemplada es indispensable que el responsable sea reincidente, en el incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 331 del Código de la Democracia. De autos, no aparece que el Colectivo de Organizaciones y Movimientos Sociales por el Sí y el Buen Vivir o el señor Raúl Ocaña García hayan sido sancionados con anterioridad, por el incumplimiento de las prescripciones señaladas, siendo improcedente imponer la sanción contemplada en el inciso final de esta norma; toda vez que, de acuerdo con el artículo 76 de la Constitución de la República, "nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como sanción penal, administrativa o de otra naturaleza, ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley...”.

De lo citado se desprende que, las organizaciones políticas, como cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado están sometidas al ordenamiento jurídico, en su conjunto, y no solo a las normas específicas que regulan su actividad. En tal virtud, las organizaciones políticas están en la obligación de responder ante los órganos competentes por una eventual vulneración de derechos, en este caso, de la niñez y adolescencia.

Si bien el Código de la Democracia establece obligaciones a las organizaciones políticas, no prevé una sanción ante su incumplimiento. El no prever consecuencias coercitivas por conductas contrarias a la normativa vigente de acuerdo con el principio de legalidad, impide activar los mecanismos de tutela efectiva, atribuibles al Estado, para garantizar derechos fundamentales; y en consecuencia, produce la ineficacia de la norma; por lo que a esta autoridad le corresponde poner en conocimiento del legislador lo que considera una inconsistencia normativa que debe ser revisada y subsanada.

III. DECISIÓN

Por las consideraciones expuestas, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA:

Se declara parcialmente con lugar, la denuncia presentada por la señorita Natasha Sashenka Rojas Pilaquinga.

Se llama severamente la atención a la Alianza Colectivo de Organizaciones y Movimientos Sociales Por el Sí y el Buen Vivir, en la persona de su procurador común Víctor Raúl Ocaña García, por no observar las obligaciones establecidas en los numerales 1, 3 y 7 del artículo 331 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Se le previene que en caso de reincidir en su comportamiento, será sancionado de conformidad con lo previsto en el último inciso del Art. 331 del Código de la Democracia.

Se recuerda al Consejo Nacional Electoral la obligación constitucional y legal de controlar la propaganda electoral, no solo en cuanto a la distribución equitativa de los recursos públicos destinados a este tipo de promoción, sino también, en cuanto a garantizar que estos contenidos cumplan con los objetivo previstos en la Constitución y que no vulneren derechos fundamentales. Para lo cual, el Consejo Nacional Electoral, en futuros procesos electorales deberá tomar las medidas necesarias para realizar un efectivo control previo y posterior sobre el contenido de la propaganda electoral.

Ejecutoriada la sentencia, remítase copia certificada de ésta, al arquitecto Fernando Cordero, Presidente de la Asamblea Nacional, para su conocimiento.

Remítase copia íntegra, debidamente certificada de todo lo actuado a la Junta Cantonal de Protección de niños, niñas y adolescentes de los cantones: Guayaquil, Mejía, Daule, Salinas, Latacunga, Loja y Manta a fin de que, en el ámbito de sus competencias, procedan de conformidad con la ley.

Ejecutoriada la presente sentencia, notifíquese con copia certificada al Consejo Nacional Electoral.

Actúe en la presente causa el Abogado Diego Zambrano Álvarez, en su calidad de Secretario Relator del despacho, encargado.

Cúmplase y Notifíquese.

f.) Dra. Tania Arias Manzano, Jueza Presidenta.


Certifico.

f.) Ab. Diego Zambrano Álvarez, Secretario Relator (E).

RAZÓN: Siento como tal que las seis fojas que anteceden son compulsas certificadas de la Sentencia de fecha ocho de junio del año dos mil once, a las once horas, dictada dentro de la causa No. 063-2011-TCE. Sentencia que se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la ley. Certifico.- Quito, D. M., 24 de octubre del 2011.

f.) Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General (E).

SENTENCIA

CAUSA No. 308-2011

PLENO DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL: DRA. TANIA ARIAS MANZANO, JUEZA PRESIDENTA; DRA. ALEXANDRA CANTOS MOLINA, JUEZA; DRA. AMANDA PAEZ MORENO, JUEZA SUPLENTE; DR. ARTURO DONOSO CASTELLÓN, JUEZ; AB. DOUGLAS QUINTERO TENORIO, JUEZ.

TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL.- Quito, Distrito Metropolitano, 31 de mayo de 2011.- Las 13H45.- VISTOS: Agréguese al expediente el oficio No 002404 de 25 de mayo de 2011, suscrito por el doctor Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral; y, la copia certificada de la resolución PLE-CNE-2-3-5-2011 de 3 de mayo de 2011, con la razón de notificación al señor ingeniero Marco Antonio Barreto Bone que acompaña.

I. ANTECEDENTES

El día jueves 12 de mayo de 2011, a las 15h08, ingresa por Secretaría General de este Tribunal un escrito en 4 fojas, suscrito por el ingeniero agropecuario Marco Antonio Barreto Bone, al que adjunta en 17 fojas copias simples de la documentación relacionada al proceso de revocatoria de mandato del señor Humberto Antonio García Farina, Alcalde del cantón San Vicente de la provincia de Manabí; previo a proveer lo que correspondía en derecho, mediante providencia de fecha 17 de mayo de 2011, a las 16h10, este Tribunal dispuso que el Consejo Nacional Electoral, remita copias certificadas del expediente íntegro de la revocatoria de mandato del señor Humberto Antonio García Farina. Dentro del plazo establecido, el Consejo Nacional Electoral, mediante oficio No. 002362 de 19 mayo de 2011, suscrito por el Dr. Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, adjunta en 58 fojas las copias certificadas solicitadas. Constituido el expediente que contiene el recurso ordinario de apelación interpuesto para ante este Tribunal Contencioso Electoral por el proponente de la revocatoria de mandato, señor Marco Antonio Barreto Bone, quien en su escrito de interposición del recurso contencioso electoral, impugna la Resolución PLE-CNE-2- 3-5-2011, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de martes 3 de mayo de 2011, se resuelve negar " ... el pedido formulado por el ingeniero Marco Antonio Barreto Bone, para el proceso de revocatoria de mandato del señor HUMBERTO GARCÍA, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, por cuanto se pudo comprobar que de las DOS MIL CUATROCIENTAS CUARENTA firmas presentadas, MIL CUATROCIENTAS TRES firmas son válidas, y el número necesario para el proceso de revocatoria de mandato del Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, es de MIL QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE, que constituye el 10% del registro electoral del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, correspondiente al padrón electoral del año 2009, que es de QUINCE MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y UN ... ".

Mediante providencia de fecha 24 de mayo de 2011, a las 13h30, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto y dispuso que a través de Secretaría General de este Tribunal se corra traslado con copia certificada del presente recurso al señor Humberto Antonio García Farina, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, para que en el plazo de tres días, de considerarlo pertinente, se pronuncie sobre el particular, indicándose que con o sin el pronunciamiento del referido ciudadano, el Pleno del Tribunal resolverá lo que en derecho corresponda. Sin que de autos conste pronunciamiento alguno de parte del señor Alcalde del cantón San Vicente.

El expediente, consta de 93 fojas, del que se consideran los siguientes documentos:

1.- Recurso ordinario de apelación presentado por el señor ingeniero agropecuario Marco Antonio Barreto Bone, proponente de la revocatoria del mandato del señor Humberto Antonio García Farina, Alcalde del cantón San Vicente, provincia de Manabí, en contra de la Resolución PLE-CNE-2-3-5-2011, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de martes 3 de mayo de 2011. (de fojas 18 a 21).

2.- A fojas 35, consta el oficio No. 029-D-GGI-CNEM de 20 de enero de 2011, suscrito por el Ab. Giordano Gorozabel Intriago, Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, dirigida al licenciado Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral, solicitando que de acuerdo al procedimiento, se dé el trámite correspondiente a la petición formulada por el señor Marco Antonio Barreta Bone por haber cumplido con los requerimientos del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato.

3.- A fojas 36, consta el oficio sin número, de 20 de enero de 2011, suscrito por el ingeniero agropecuario Marco Antonio Barreto Bone y dirigido al abogado Giordano Gorazabel Intriago, Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí, solicitando formularios para la recolección de firmas para la revocatoria de mandato del señor Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, Ing. Humberto Antonio García Farina.

4.- A fojas 39, obra de autos el informe No. 173-DOPCNE- 2011 de 26 de enero 2011, suscrito por el licenciado Julio Yépez Franco, Director de Organizaciones Políticas, que en su parte fundamental manifiesta: " ... PROCECE la entrega de formato de formularios de Revocatoria de Mandato del ciudadano: HUMBERTO GARCÍA, Alcalde del cantón San Vicente, Provincia de Manabí; (...) a partir de la recepción del referido formato, tienen el plazo de ciento ochenta días para la recolección de los respaldos de firmas (...)"; el referido informe es notificado al proponente de la revocatoria del mandato, ingeniero Marco Antonio Barreto Bone, el 4 de febrero de 2011.

5.- A fojas 43, consta el Oficio No. 052-D-JBM-CNEM de 19 de abril de 2011, suscrito por Ab. Julio Bermúdez Montaño, Director de la Delegación Provincial Electoral de Manabí y dirigido al licenciado Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral y adjunta los documentos para la verificación de firmas de la revocatoria de mandato.

6.- A fojas 58, consta memorando No. 001223 de 19 de abril de 2011, suscrito por el doctor Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Concejo Nacional Electoral dirigido al licenciado Julio Yépez Franco, Director de Organizaciones Políticas, por el que remite los formularios y más documentación de la revocatoria de mandado de Humberto García, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, para que realice la verificación correspondiente.

7.- De fojas 61 a 67, constan los oficios 217-RM-DOPCNE- 2011 y 218-RM-DOP-CNE-2011, de 21 de abril de 2011, suscritos por el licenciado Julio Yépez Franco, Director de Organizaciones Políticas del CNE dirigido a los señor Marco Barreto Bone y Humberto García, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí por el que se les hace saber que el día jueves 28 de abril del 2011, a partir de las 09h00, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, en la Dirección de Organizaciones Políticas, ubicada en la Av. 6 de Diciembre No. 36-06 y Bosmediano, se dará inicio a los procesos de verificación y validación de firmas y les solicita que acrediten 4 delegados.

8.- De fojas 68 a 69 vuelta, obra de autos el informe No. 437-DOP-CNE-2011, de 29 de abril de 2011, dirigido al sociólogo Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral y suscrito por el licenciado Julio Yépez Franco, Director de Organizaciones Políticas del CNE., que en las conclusiones manifiesta: "4.8. De conformidad con el Art. 199, inciso primero, del Código de la Democracia, el número de firmas requerido para la Revocatoria de Mandato para Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, es de 1.587, del total de firmas presentadas 1.403 firmas son válidas. En tal virtud, el peticionario NO CUMPLE con el número mínimo requerido de respaldos para la Revocatoria de Mandato de: HUMBERTO GARCIA, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí."

9.- A fojas 71, consta el resumen final de firmas ingresadas y verificadas con el padrón, elaborado por el Sistema Integrado de Organizaciones Políticas, respecto de la revocatoria al mandado del señor Humberto García, Alcalde del cantón San Vicente-Manabí, de jueves 28 de abril de 2011, en el que se obtienen los siguientes registros: total de registros ingresados 2440, total de registros en blanco 252, total de cédulas anuladas 7, total de cédulas no sufragantes 187, total de cédulas repetidasmismas OP 53, total de cédulas no empradronadas 33, total de cédulas con nombres diferentes 105, total de cédulas empadronadas 1803, total de cédulas de otras provincias 27, total de cédulas de otros cantones 91, total de cédulas de otras parroquias 0, total de cédulas correctas para verificación de firmas 1685.

10.- A fojas 72, consta el resumen final de firmas verificadas, elaborado por el Sistema Integrado de Organizaciones Políticas, respecto de la revocatoria al mandato del señor Humberto García, Alcalde del cantón San Vicente, provincia de Manabí, de jueves 28 de abril de 2011, en el que se obtienen los siguientes registros: total de cédulas correctas para verificación de firmas 1.685, firmas similares (verif. automático) 524, total de firmas para verificación visual 1.161; en la verificación visual: firmas similares 879, firmas no similares 282, total de firmas similares 1.403.

11.- De fojas 74 a 81, constan los oficios Nos: 0002180, 0002179, 0002178 y 0002177, de fecha 4 de mayo de 2011, suscritos por el doctor Eduardo Armendáriz Villalva, Secretario General del Consejo Nacional Electoral, dirigidos a los señores Marco Antonio Barreto Bone; Humberto García, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí; Corina Espinoza Lucas, Presidenta de la Junta Provincial Electoral de Manabí; Julio César Bermúdez Montaña, Director de la Delegación de la provincia de Manabí del C.N.E., respectivamente, en el que se comunica la Resolución PLE-CNE-2-3-5-2011, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria de martes 3 de mayo de 2011, que en su parte resolutiva manifiesta: " ... acoger el informe No. 437- DOP-CNE-2011 de 29 de abril de 2011, del Director de Organizaciones Políticas, y por no haber dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 105 de la Constitución de la República y Art. 199 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Pleno del Consejo Nacional Electoral niega el pedido formulado por el ingeniero Marco Antonio Barreto Bone, para el proceso de revocatoria de mandato del señor HUMBERTO GARCÍA, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, por cuanto se pudo comprobar que de las DOS MIL CUATROCIENTAS CUARENTA firmas presentadas, MIL CUATROCIENTAS TRES firmas son válidas, y el número necesario para el proceso de revocatoria de mandato del Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, es de MIL QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE, que constituye el 10% del registro electoral del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, correspondiente al padrón electoral del año 2009, que es de QUINCE MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y UN registros.”.

II. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL

2.1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.-

El Tribunal Contencioso Electoral, es el órgano jurisdiccional de la Función Electoral, encargado de administrar justicia como instancia final en materia electoral, con el objeto de garantizar los derechos políticos que se expresan a través del sufragio, así como los referentes a la organización política de la ciudadanía, de conformidad con lo previsto en los artículos 217 y 221 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con los artículos 18, 61, 70, 72 y 268 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. El artículo 269 del Código de la Democracia, enumera los casos en los cuales se podrá plantear el recurso ordinario de apelación y su numeral 12 señala: "Cualquier otro acto o resolución que emane del Consejo Nacional Electoral o de las juntas provinciales electorales que genere perjuicio a los sujetos políticos o a quienes tienen legitimación activa para proponer los recursos contencioso electorales, y que no tengan un procedimiento previsto en esta Ley". Por lo expuesto y de conformidad con los artículos 70 numerales 2 y 5; 72, inciso segundo; 268 numeral 1 e inciso final; 269 numeral 12, de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, es competente para conocer, tramitar y resolver la presente causa.

El inciso primero del artículo 244 del Código de la Democracia, dispone que: "Se consideran sujetos políticos y pueden proponer los recursos contemplados en los artículos precedentes, los partidos políticos, movimientos políticos, alianzas, y candidatos. Los partidos políticos y alianzas políticas a través de sus representantes nacionales o provinciales; en el caso de los movimientos políticos a través de sus apoderados o representantes legales provinciales, cantonales o parroquiales, según el espacio geográfico en el que participen; los candidatos a través de los representantes de las organizaciones políticas que presentan sus candidaturas". El inciso segundo señala que: "Las personas en goce de los derechos políticos y de participación, con capacidad de elegir, y las personas jurídicas, podrán proponer los recursos previstos en esta Ley exclusivamente cuando sus derechos subjetivos hayan sido vulnerados". El inciso tercero establece que "En el caso de consultas populares y referéndum, podrán proponer los recursos quienes hayan solicitado el ejercicio de la democracia directa; en el caso de revocatorias del mandato, los que han concurrido en nombre de los ciudadanos en goce de sus derechos políticos para pedir la revocatoria, así como la servidora o servidor público de elección popular a quien se solicite revocar el mandato (...)".

El trámite que se ha dado para la sustanciación de la presente causa es el previsto en los artículos 70, numeral 2; 72 inciso segundo; 268, numeral 1; y, 269 numeral 12 e inciso final del Código de la Democracia; y, artículos 10, 13 y 50 del Reglamento de Trámites Contencioso Electorales del Tribunal Contencioso Electoral, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 412, de jueves 24 de marzo de 2011, correspondiendo al Pleno del Tribunal Contencioso Electoral conocer, tramitar y resolver en única instancia el recurso ordinario de apelación interpuesto.

Asegurada la jurisdicción y competencia, el Tribunal Contencioso Electoral entra a revisar el expediente. Se observa que el recurso ordinario de apelación, fue interpuesto por el señor ingeniero agropecuario Marco Antonio Barreto Bone, por sus propios derechos en calidad de proponente de la revocatoria del mandato del señor Humberto Antonio García Farina, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, por lo tanto está facultado para interponer el presente recurso, conforme lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 244 del Código de la Democracia.

En la sustanciación del presente recurso, se han observado las solemnidades esenciales que le son propias, por lo que se declara su validez.

2.2. ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA

2.2.1.    De la competencia, procedimiento y resolución en sede administrativa electoral.-

2.2.1.1.    De la competencia del Consejo Nacional Electoral.-

Conforme lo establece la Constitución Política del Ecuador, el Consejo Nacional Electoral es el organismo facultado para convocar a referéndum, consulta popular o revocatoria de mandato; atribuciones que se encuentran previstas en el Art. 106, inciso primero, en relación con el Art. 219 numeral uno de la Constitución de la República; en el artículo 200 en relación con los artículos 25 numerales 1 y 2, 84 y 85 del Código de la Democracia.

En virtud de la atribución conferida por la Constitución y la ley el Consejo Nacional Electoral, dictó el Reglamento para la Consulta Popular, Iniciativa Popular Normativa y Revocatoria del Mandato, publicado en el Registro Oficial No. 254 de martes 10 de Agosto del 2010, el Reglamento para el Control del Financiamiento, Gasto y Publicidad de Campañas Electorales de Consulta Popular, Referéndum y Revocatoria de Mandato, publicado en el Registro Oficial N° 311 de viernes 29 de octubre de 2010, reformado mediante Resolución PLE-CNE-6-9-11-2010, publicado en el Registro Oficial No. 327 de 24 de noviembre de 2010, reglamentación que fue derogada por haberse dictado el Reglamento para Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato, publicado en el Registro Oficial N° 371 de 26 de enero de 2011; el Reglamento de Verificación de Firmas, publicado en el Registro Oficial N° 289 de 29 de septiembre de 2010, del cual fueron derogados sus artículos 6, 7, 8 y 9, por el mencionado reglamento; y, el Instructivo para la Presentación, Ingreso y Validación de Documentación de Respaldo para Consultas Populares, Referéndum, Iniciativa Popular Normativa o Revocatoria del Mandato, publicado en el Registro Oficial N° 289 de 29 de septiembre de 2010.

2.2.1.1.- Del Procedimiento y Resolución en Sede Administrativa Electoral.-

Revisado el expediente, se observa que tanto el Consejo Nacional Electoral como la Delegación Provincial de Manabí del CNE, en razón de la solicitud presentada por el ciudadano Marco Antonio Barreto Bone, el 20 de enero de 2011, para que se le proporcione los formularios para recolección de firmas de respaldo para la revocatoria de mandato del señor ingeniero Humberto Antonio García Farina, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí (fojas 36), petición que se ajusta a las disposiciones Constitucionales establecidas en los artículos 61 numeral 6 y 105 y en los artículos 199 y 200 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, mediante el informe No. 173-DOP-CNE-2011 de 26 de enero 2011, suscrito por el licenciado Julio Yépez Franco, Director de Organizaciones Políticas, que en su parte fundamental dispuso: "...PROCECE la entrega de formato de formularios de Revocatoria de Mandato del ciudadano: HUMBERTO GARCÍA, Alcalde del cantón San Vicente, Provincia de Manabí; (...) a partir de la recepción del referido formato, tienen el plazo de ciento ochenta días para la recolección de los respaldos de firmas (...)"; el referido informe se notificó al proponente de la revocatoria del mandato, ingeniero Marco Antonio Barreto Bone, el 4 de febrero de 2011.

Con fecha 18 de abril de 2011, mediante oficio sin número, el proponente de la revocatoria de mandato, entrega trescientos cinco (305) formularios con las firmas de adhesión a la revocatoria del mandato en la Delegación Provincial Electoral de Manabí (foja 45); y, como consecuencia de esto, a través de los oficios 217-RMDOP- CNE-2011 y 218- RM-DOPCNE-2011 de 21 de abril de 2011, suscrito por el licenciado Julio Yépez Franco, Director de Organizaciones Políticas del CNE dirigido a los señor Marco Barreta Bone y Humberto García, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, se les notificó que el proceso de verificación y validación de firmas, sería el día jueves 28 de abril del 2011, a partir de las 09h00, en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, en la Dirección de Organizaciones Políticas, para lo que se les solicitó acrediten Delegados de conformidad con el inciso final del artículo 22 del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de la Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del Mandato, que ha sido atendido favorablemente por las partes (fojas 61 a 67).

Del Acta de Instalación del Proceso de Verificación de Firmas, realizada en lugar, fecha y hora señalados, se desprende que al momento de la instalación al proceso no se encontraba presente ningún delegado por parte de la autoridad contra quien se propone la revocatoria del mandato, quienes se incorporaron al proceso con 30 minutos posteriores; el proceso de verificación de firmas se desarrolló en presencia de las partes sin que presente observaciones. Consta del Acta de esta diligencia que de un total de 1.685 cédulas correctas para verificación de firmar, son válidas 1.403, resultado que es ratificado mediante Informe No. 437-DOPCNE-2011, de 29 de abril de 2011, dirigido al sociólogo Omar Simon Campaña, Presidente del Consejo Nacional Electoral y suscrito por el licenciado Julio Yépez Franco, Director de Organizaciones Políticas del CNE., que concluye: "4.8. De conformidad con el Art. 199, inciso primero, del Código de la Democracia, el número de firmas requerido para la Revocatoria de Mandato para Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, es de 1.587, del total de firmas presentadas 1.403 firmas son válidas. En tal virtud, el peticionario NO CUMPLE con el número mínimo requerido de respaldos para la Revocatoria de Mandato de: HUMBERTO GARCIA, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí."

A través de Resolución PLE-CNE-2-3-5-2011, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria de martes 3 de mayo de 2011, se resuelve "...acoger el informe No. 437-DOP-CNE-2011 de 29 de abril de 2011, del Director de Organizaciones Políticas, y por no haber dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 105 de la Constitución de la República y Art. 199 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Pleno del Consejo Nacional Electoral niega el pedido formulado por el ingeniero Marco Antonio Barreto Bone, para el proceso de revocatoria de mandato del señor HUMBERTO GARCÍA, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, por cuanto se pudo comprobar que de las DOS MIL CUATROCIENTAS CUARENTA firmas presentadas, MIL CUATROCIENTAS TRES firmas son válidas, y el número necesario para el proceso de revocatoria de mandato del Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, es de MIL QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE, que constituye el 10% del registro electoral del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, correspondiente al padrón electoral del año 2009, que es de QUINCE MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y UN registros.", resolución que conforme obra de autos fue debidamente notificada.

Del análisis efectuado, se desprende que el Consejo Nacional Electoral, así como la Delegación Provincial Electoral de Manabí del CNE, durante el proceso de Revocatoria de Mandato, han ceñido su procedimiento a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias, siendo debidamente motivadas y respetándose el debido proceso en sede administrativa.

III.- DEL RECURSO ORDINARIO DE APELACIÓN.- CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL.

El señor Marco Antonio Barreto Bone, proponente de la revocatoria de mandato, el 12 de mayo de 2011, presenta un escrito que contiene el recurso ordinario de apelación (fojas 18 a 21) ante el Tribunal Contencioso Electoral. Mediante providencia de fecha 24 de mayo de 2011, a las 13h30, Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, admite a trámite el presente recurso y en lo principal dispuso que a través de Secretaria General de este Tribunal se corra traslado con la copia certificada del presente recurso al señor Humberto Antonio García Farina, Alcalde del cantón San Vicente, provincia de Manabí, para que en el plazo de tres días de creerlo pertinente se pronuncie al respecto, indicándose además que con o sin el pronunciamiento del referido ciudadano, el Pleno de este Tribunal resolverá lo que en derecho corresponda, sin que de autos conste pronunciamiento alguno de parte del señor Humberto García.

En el recurso ordinario de apelación presentado por el señor Marco Antonio Barreto Bone, impugna la Resolución PLE-CNE-2-3-5-2011 adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de martes 3 de mayo de 2011; el accionante manifiesta: "...Con fecha 4 de febrero de 2011, el Consejo Nacional Electoral, mediante oficio No. 033-S-JBM-CNEM, suscrito por el Ab. Julio Bermúdez Montaño, (...) Secretario del CNEM, procede a entregarme el formulario para la recolección de firmas y 1 CD (...), comenzaron a correr el plazo de Ciento Ochenta (180) días, (...). Con fecha 18 de abril de 2011, esto es, a los 73 días de haber recibido los formularios, procedí a entregar los formularios con un total de 2184 firmas de respaldo (...). El 28 de abril del 2011, se instaló el proceso de verificación de firmas, (...) dicha acta no recoge ninguna de nuestras observaciones (...) simplemente da fe de la hora de instalación y de la hora de cierre; (...) El informe presentado al Pleno del CNE, con el No. 437-DOP-CNE- 2011 por parte del director de Organizaciones Políticas (…) en ningún momento, me fue entregado para presentar mis observaciones o cuestionamientos; (...)"; señala como pretensión: "l. Se declare la nulidad de la resolución impugnada y se disponga al CNE, una nueva verificación con la participación de un perito distinto al que hiciera la verificación anterior. 2. El reconocimiento como válidas, de las firmas de las personas que aún no constando en el Registro electoral del proceso que concedió el mandato a la autoridad a la que he iniciado este proceso de revocatoria de mandato, por disposición constitucional, tiene dodo (sic.) el derecho a la participación de este proceso de democracia directa. 3. En caso de y no validarse todas las firmas presentadas, por estar todavía dentro del plazo concedido por la Ley para la recolección de firmas de respaldo, se nos autorice a completar dicho proceso.".

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 269, inciso segundo de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el plazo para interponer el presente recurso ordinario de apelación es de tres días; en la especie, el recurrente Marco Antonio Barreta Bone, ha presentado el recurso el 12 de mayo de 2011, habiendo sido notificado con el oficio No. 0002180 que contiene la Resolución PLE-CNE-2-3-5-2011, el 9 de mayo de 2011, a la 15h45, conforme consta de la razón sentada que obra a fojas 93 de los autos, siendo en consecuencia, oportuna su interposición.

Siendo así, corresponde a este Tribunal, analizar y pronunciarse sobre lo que es materia de su pretensión:

En su escrito, el recurrente apela de la Resolución PLECNE- 2-3-5-2011, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral en sesión ordinaria de martes 3 de mayo de 2011, que resuelve acoger el informe No. 437- DOP-CNE-2011 de 29 de abril de 2011, del Director de Organizaciones Políticas, que en su parte medular manifiesta: "... NO CUMPLE con el número mínimo requerido de respaldos para la Revocatoria de Mandato de HUMBERTO GARCÍA, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí.”.

Este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

a) La Constitución de la República del Ecuador, en el Capítulo de Derechos de Participación, artículo 61 establece que las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los derechos de participación, entre los que se encuentra el numeral 6 que dice: "Revocar el mandato que hayan conferido a las autoridades de elección popular.”.

La Constitución del Ecuador en el artículo 105: “Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular”, inciso tercero: “La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso de la Presidenta o Presidente de la República se requerirá el respaldo de un número no inferior al quince por ciento de inscritos en el registro electoral.”.

b) La Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, en el artículo 25 numerales 2 y 9 entre las funciones del Consejo Nacional Electoral reconoce las de organizar los procesos de revocatoria de mandato, así como las de reglamentar la normativa legal sobre los asuntos de su competencia. En la disposición contenida en el artículo 199 reitera el contenido de la norma constitucional relativa a la revocatoria del mandato en los dos siguientes hace referencia al procedimiento.

c) El Reglamento para el ejercicio de la democracia directa a través de la iniciativa popular normativa, consultas populares, referéndum y revocatoria de mandato, en su artículo 1 establece el ámbito y finalidad; contiene los requisitos y procedimientos para la verificación de firmas de respaldo de las propuestas que emanen de la ciudadanía, con lo cual en el marco de la facultad reglamentaria atribuida legalmente al Consejo Nacional Electoral; constituye la normativa específica aplicable, precisamente, con los requisitos y procedimiento relacionados a la verificación de firmas de respaldo en los procesos de revocatoria de mandato.

Este Reglamento dispone en el artículo 17, que el Consejo Nacional Electoral verificada la autenticidad de las firmas a través de un procedimiento informático y visual e incorpora disposiciones que contribuyen a la transparencia del proceso de verificación, mediante la notificación que hará a los interesados sobre el inicio de los procesos de verificación y validación de firmas, mediante la acreditación de delegados, según lo dispone el artículo 22 del antes mencionado cuerpo normativo.

El procedimiento de verificación de firmas que se realiza en este acto, se encuentra detallado particularmente en el Capítulo IV, Sección Primera, del Reglamento para el Ejercicio de la Democracia Directa a través de Iniciativa Popular Normativa, Consultas Populares, Referéndum y Revocatoria del mandato, publicado en el Registro Oficial No. 371 de miércoles 26 de enero de 2011.

Este es el marco jurídico específico que rige en la institución de la democracia directa y por la cual, la revocatoria de mandato se reconoce como un derecho que gozan las ciudadanas y ciudadanos, en el cual se señalan los requisitos y procedimientos para la verificación de firmas de respaldo, las mismas que, presentadas en el porcentaje y forma establecida en las normas, se configura como una condición necesaria para viabilizar la convocatoria a un proceso de revocatoria de mandato. El porcentaje de firmas mínimo que conlleve a un proceso de revocatoria, es el resultado no menor al diez por ciento de las personas inscritas en el registro electoral correspondiente, porcentaje reiterado en la ley electoral.

Una vez presentadas las carpetas que con los formularios de firmas de respaldo y el correspondiente proceso de verificación y validación de firmas, el Consejo Nacional Electoral adoptó la Resolución PLE-CNE-2-3-5-2011, en sesión ordinaria de martes 3 de mayo de 2011, que señala: “...acoger el informe No. 437-DOP-CNE-2011 de 29 de abril de 2011, del Director de Organizaciones Políticas, y por no haber dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 105 de la Constitución de la República y Art. 199 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, el Pleno del Consejo Nacional Electoral niega el pedido formulado por el ingeniero Marco Antonio Barreto Bone, para el proceso de revocatoria de mandato del señor HUMBERTO GARCÍA, Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, por cuanto se pudo comprobar que de las DOS MIL CUATROCIENTAS CUARENTA firmas presentadas, MIL CUATROCIENTAS TRES firmas son válidas, y el número necesario para el proceso de revocatoria de mandato del Alcalde del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, es de MIL QUINIENTAS OCHENTA Y SIETE, que constituye el 10% del registro electoral del cantón San Vicente, de la provincia de Manabí, correspondiente al padrón electoral del año 2009, que es de QUINCE MIL OCHOCIENTAS SESENTA Y UN registros.”. El recurrente impugna la resolución y solicita se declare la nulidad. Al respecto, este Tribunal invoca la presunción de legitimidad y validez de los actos y decisiones adoptadas en ejercicio de la potestad administrativa, del cual gozan los organizamos electorales y considera que la declaratoria de nulidad en el marco del Derecho Electoral, a través del uso de acciones y recursos electorales con la pretensión de que se declare la nulidad por la vía jurisdiccional, se encuentra sujeto a mayores formalidades y condiciones, los que constituyen una carga procesal y probatoria que recae sobre el recurrente, en donde la nulidad debe alegarse de forma clara y expresa, estableciendo meritoriamente qué tipo de nulidad se alega, cuáles son las causales legales que dan sustento a tal petición, qué hechos concretos justifican la nulidad y de qué manera estos afectan al acto, cuya nulidad se solicita. En fin, deben acompañarse los elementos probatorios que verifiquen de forma clara y precisa la alegación del recurrente y no siendo así, el juzgador se encuentra en la obligación de desechar la petición.

El recurrente plantea como pretensión que se reconozca la validez de las firmas de las personas que aún no constando en el registro electoral del proceso que concedió el mandato a la autoridad a la que se ha inició el proceso de revocatoria de mandato, por disposición constitucional, por cuanto estos ciudadanas, ciudadanos tienen el derecho a la participación de este proceso de democracia directa. Al respecto, se considera que el informe técnico No. 437- DOP-CNE-2011, señala que no cumple con el requisito constitucional de reunir al menos el 10% de firmas de respaldo para proceder a la convocatoria de revocatoria de mandato, en este caso, de Alcalde del cantón San Vicente, provincia de Manabí. Lo referido constituye un requisito de jerarquía constitucional, reiterado en la disposición legal del Código de la Democracia, no puede por tanto ser obviado, pues si bien los derechos de participación están reconocidos en la Carta Constitucional, pero para su ejercicio se tiene que cumplir con el requisito diez por ciento de personas inscritas en el registro electoral correspondiente, por lo que se niega la pretensión de reconocimiento como válidas de firmas de personas que no constan en el registro electoral.

IV.- DECISIÓN.

Por lo expuesto, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, dicta la siguiente sentencia:

1.- Desestimar por improcedente el recurso ordinario de apelación interpuesto por el señor ingeniero Marco Antonio Barreto Bone, proponente de la revocatoria del mandato del señor Humberto Antonio García Farina, Alcalde del cantón San Vicente, provincia de Manabí y ratificar la Resolución PLE-CNE-2-3-5-2011, adoptada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, en sesión ordinaria de martes 3 de mayo de 2011.

2.- Ejecutoriada la presente sentencia, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 264 de la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, notifíquese con copia certificada, al Consejo Nacional Electoral, para los fines legales consiguientes.

3.- Continúe actuando en la presente causa el Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General (e) del Tribunal Contencioso Electoral.

4.- CÚMPLASE Y NOTIFÍQUESE.

f) Dra. Tania Arias Manzano, Jueza Presidenta TCE.

f.) Dra. Alexandra Cantos Molina, Jueza TCE;

f.) Dr. Arturo Donoso Castellón, Juez TCE.

f.) Ab. Douglas Quintero Tenorio, Juez TCE.

f.) Dra. Amanda Páez Moreno, Jueza (S) TCE.

Certifico.

f.) Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General (E).


RAZÓN: siento como tal que las seis fojas que anteceden son compulsas certificadas de la Sentencia de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil once, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, dictada dentro de la causa No. 308-2011-TCE. Sentencia que se encuentra ejecutoriada por el Ministerio de la ley.- Certifico.- Quito, D. M., 24 de octubre del 2011.

f.) Ab. Fabián Haro Aspiazu, Secretario General (E).

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
DEL CANTÓN MIRA

Considerando:

Que, el Art. 253 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “Cada cantón tendrá un Concejo Cantonal, que estará integrado por la alcaldesa o alcalde y las concejalas o concejales elegidos por votación popular, entre quienes se elegirá una vicealcaldesa o vicealcalde. La Alcaldesa o Alcalde será su máxima autoridad administrativa y lo presidirá con voto dirimente”;

Que, el Art. 229 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Serán servidores o servidoras públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público”;

Que, el Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera”;

Que, el Art. 56 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala: “El Concejo Municipal es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal. Estará integrado por el Alcalde o Alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales y concejalas elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral”;

Que, el Art. 318 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala: “Lo consejos regionales y los consejos metropolitanos y municipales sesionarán ordinariamente cada ocho días”;

Que, el Art. 358 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala “Los miembros de los órganos legislativos de los gobiernos regionales, metropolitanos, municipales y parroquiales rurales son autoridades de elección popular que se regirán por la ley y sus propias normativas, percibirán la remuneración mensual que se fije en acto normativo o resolución, según corresponda al nivel de gobierno. En ningún caso la remuneración será superior al cincuenta por ciento (50%) de la remuneración del ejecutivo del respectivo nivel de gobierno y se deberá considerar irrestrictamente la disponibilidad de los recursos”;

Que, el Art. 22 de la Ley Orgánica del Servidor Público - LONSP, señala: “Son deberes de las y los servidores públicos”. Literal c) “Cumplir de manera obligatoria con su jornada de trabajo legalmente establecida, de conformidad con las disposiciones de esta Ley”;

Que, el Art. 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LONSP, señala: “Las jornadas de trabajo para las entidades, instituciones, organismos y personas jurídicas señaladas en el Art. 3 de esta Ley podrán tener las siguientes modalidades: a) Jornada Ordinaria: Es aquella que se que se cumple por ocho horas diarias efectivas y continuas, de lunes a viernes y durante los cinco días de cada semana, con cuarenta horas semanales, con periodos de descanso desde treinta minutos hasta dos horas diarias para el almuerzo, que no estarán incluidos en la jornada de trabajo; y, b) Jornada Especial: Es aquella que por la misión que cumple la institución o sus servidores, no puede sujetarse a la jornada única y requiere de jornadas, horarios o turnos especiales; debiendo ser fijada para cada caso, observando el principio de continuidad, equidad y optimización del servicio, acorde a la norma que para el efecto emita el Ministerio de Relaciones Laborales”; y,

En uso de las facultades conferidas por el Art. 264 de la Constitución Política de la República del Ecuador, y, el Art. 57 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD,

Expide:

La “ORDENANZA QUE FIJA EL PAGO DE REMUNERACIONES DE LOS SEÑORES CONCEJALES Y CONCEJALAS DEL CANTÓN MIRA”.


CAPÍTULO I

“DE LAS FUNCIONES, OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS SEÑORES
CONCEJALES Y CONCEJALAS”

Art. 1.- Son miembros del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira, los señores concejales y concejalas electos por votación popular debidamente reconocidos por las autoridades electorales (Junta Provincial Electoral del Carchi).

Art. 2.- Los señores concejales y concejalas que conforman el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira, ejercerán las funciones, competencias, atribuciones determinadas por la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD, Ley Orgánica de Servicio Público - LONSEP y demás leyes pertinentes.

Art. 3.- Los miembros del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira, sesionarán ordinariamente cada ocho días de conformidad al Art. 318 del COOTAD.

Art. 4.- Las resoluciones estarán fundamentadas y motivadas en normas constitucionales y legales, teniendo  siempre como norma los principios de generalidad, publicidad, igualdad, equidad de acuerdo a como lo expresa la ley.

Art. 5.- La asistencia obligatoria de los señores concejales será: A sesiones ordinarias, extraordinarias, conmemorativas sean estas cantonales o parroquiales y delegaciones oficiales.

Art. 6.- La asistencia será obligatoria debiendo el Ejecutivo instalar las sesiones con la mayoría simple para tratar el orden del día convocado.

Art. 7.- Los señores concejales y concejalas tendrán participación directa y obligatoria en actos culturales, sociales, deportivos, educativos, etc. programados por el Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira.

Art. 8.- Los señores concejales y concejalas deberán asumir con responsabilidad las delegaciones encargadas por el Ejecutivo Cantonal dentro y fuera del cantón, quienes justificarán su presencia y participación con la presentación del informe por escrito y exposición respectiva en el seno del Concejo.

Art. 9.- El Ejecutivo delegará de manera específica a los presidentes de cada comisión para su representatividad en las invitaciones o delegaciones que existiere, quienes justificarán su presencia y participación con la presentación de un informe por escrito y ante el seno del Concejo; y, en caso de no darse cumplimiento a lo manifestado en este artículo, no podrá cobrar viáticos o subsistencias.


CAPÍTULO II

DE LAS REMUNERACIONES MENSUALES
DE LOS SEÑORES CONCEJALES
Y CONCEJALAS

Art. 10.- Los señores concejales y concejalas con fundamento en el Art. 358 del COOTAD percibirán una remuneración mensual equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) de la remuneración mensual unificada del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira, más décima tercera y cuarta remuneración, porcentaje patronal de aporte al Seguro Social Obligatorio, fondos de reserva y más beneficios de ley que se encuentren vigentes y los que a lo posterior dicte el Ministerio de Relaciones Laborales.

Art. 11.- Las remuneraciones y beneficios de ley se incorporarán en el Presupuesto General del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira. Su cancelación se realizará mediante transferencia interbancaria a una cuenta que para el efecto señale el Concejal o Concejala beneficiario (roles de pago) en la fecha señalada como pago de los empleados y trabajadores del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira.

CAPÍTULO III

DE LA JORNADA DE TRABAJO DE LOS SEÑORES CONCEJALES Y CONCEJALAS

Art. 12.- La jornada de trabajo de los señores concejales y concejalas, será considerada como lo determina en el literal b) del Art. 25 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LONSEP.


Art. 13.- La asistencia a las sesiones ordinarias legalmente convocadas por el Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira, serán de acuerdo como lo señala el Art. 318 del COOTAD.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

PRIMERA: La remuneración mensual unificada de los señores concejales y concejalas de Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira, se cancelará de conformidad con esta ordenanza a partir del 1 de enero del año 2011.


La presente ordenanza entrará en vigencia desde su aprobación en segundo debate por el Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira, a los veinte y cuatro días del mes de enero del año 2011.


f.) Sr. Fausto Ruiz Quinteros, Alcalde.

f.) Lic. María Fernanda Angulo, Secretaria General


CERTIFICO: Que la “Ordenanza que fija el pago de remuneraciones de los señores concejales y concejalas del cantón Mira” fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Mira, en sesiones ordinarias del 17 y 24 de enero del año 2011.

Mira, 24 de enero del 2011.

f.) Lic. María Fernanda Angulo, Secretaria General.


GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE MIRA.- Mira, 31 de enero del 2011.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 inc. 4to. del Código Orgánico de Organización Territorial. Autonomía y Descentralización - COOTAD, sancionó la: “Ordenanza que fija el pago de remuneraciones de los señores concejales y concejalas del cantón Mira”, por hallarse aprobada en marco de la Constitución de la República y de la ley.- Ejecútese y publíquese.


f.) Fausto Ruiz Quinteros, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira.


CERTIFICO: Proveyó y firmó la “Ordenanza que fija el pago de remuneraciones de los señores concejales y concejalas de Mira” que antecede el señor Fausto Ruiz Quinteros, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado de Mira, a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil once.


f.) Lic. María Fernanda Angulo, Secretaria General.


Mira, 31 enero del 2011.

 

 

 

 

Precio: $1.00
Si desea imprimir o descargar.

Precio no incluye IVA.


Visitas
2045

¡Califica este producto!

(0 Votos)

Compartir