Mi Maletín de Compras

# de items: 0
Total: $0.00

Registro Oficial No 807- Miércoles 10 de Octubre de 2012

lunes 15 de octubre del 2012 | 19:31
Útima actualizacion: martes 23 de octubre del 2012 | 18:13


Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Miércoles 10 de Octubre de 2012 - R. O. No. 807

 

SUMARIO

              

Ministerio de Recursos Naturales no Renovables:

Ejecutivo

Acuerdos              

 

400 Refórmase el Estatuto de la Asociación Ancestral de Mineros “El Dorado”, domiciliada en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas              

401 Inscríbese en los registros institucionales a la Asociación de Ingenieros de Minas del Ecuador-AIME              

402 Apruébase el Estatuto de la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, domiciliada en el cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas              

Ministerio de Relaciones Laborales:              

MRL-0167 Nómbrase al Dr. Fernando Patricio Grijalva Suárez, Juez de Coactivas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra              

Ministerio de Salud Pública:              

00001709 Extiéndese el término perentorio establecido en el Acuerdo Ministerial No. 000001072 por 15 días más              

00001836 Expídese el Instructivo general para el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas              

00001894 Dispónese la subrogación de funciones del Despacho Ministerial al Dr. Miguel Malo Serrano, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud              

00001895 Acéptase la renuncia de la Econ. Ruth Lucio Romero y desígnase a la Dra. Patricia Fernanda Granja Hernández, delegada alterna presida el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano              

00001898 Extiéndese el término establecido para la expedición del Reglamento sustitutivo al Reglamento para el control y vigilancia de la publicidad y promoción de alimentos procesados y su instructivo general de aplicación en 15 días              

00001906 Delégase a la Dra. Verónica Espinosa Serrano, presida la reunión del Directorio de la Empresa Pública de Fármacos “ENFARMA EP”                             

Acuerdos              

00001965 Apruébase el estatuto constitutivo y concédese personalidad jurídica a la FUNDACIÓN HOMBRO A HOMBRO, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha              

00001966 Adhiérese a la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, de 2008; proclamando la observancia de sus principios y propuestas, garantizando la vigilancia en la práctica de los procedimientos de donación y trasplante que se realicen en el territorio nacional              

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:              

-       Cantón Caluma: Que regula la enajenaciónde excedentes o diferencia de áreas de terreno rural, producto de errores de medición, cuyas escrituras difieren con la realidad física verificada de campo

              

-       Cantón Naranjal: Para la aplicación y cobro de la tasa por servicio de agua potable en el sector rural de la jurisdicción del cantón

              

-       Cantón Piñas: Que crea y regula el Consejo de Seguridad Ciudadana

- Ordenanzas Provinciales:            

-       Provincia de Bolívar: Que define la denominación de Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Bolívar              

-       Provincia del Carchi: Que crea la contribución especial por los servicios de mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales              

-       Provincia del Carchi: Especial para el cobro del 0.001% adicional al impuesto de alcabalas              

-       Provincia de Imbabura: Para el cobro de las contribuciones especiales de mejoras por obras de ejecución y mantenimiento vial              

-       Provincia de Tungurahua: De creación de la Empresa Pública Provincial Radio Cultural “IDENTIDAD” EP

CONTENIDO

No. 400

 

EL MINISTRO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

 

Considerando:

 

Que el artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno;

 

 

Que el Código Civil en su Título XXX del Libro I concede a las personas naturales y jurídicas el derecho de constituir corporaciones y fundaciones, de la misma forma que reconoce la facultad de la autoridad que otorgó personalidad jurídica para disolverlas a pesar de la voluntad de sus miembros;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3054, publicado en el Registro Oficial No. 660 de 11 de septiembre de 2002, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 1678, publicado en el Registro Oficial No. 581 de 30 de abril del 2009, se expidió el Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución, y Registro de Socios y Directivas, de las organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales;

 

Que con comunicación s/n de fecha 3 de marzo de 2012, presentada a esta Cartera de Estado el 19 de bril de 2012 (SAD No. 2947); el señor José Narcilo Delgado Cuajiboy, Presidente de la Asociación Ancestral de Mineros “El Dorado”, solicita se apruebe las reformas al Estatuto de la mencionada Asociación;

 

Que de acuerdo con los Arts. 1 y 3 del Estatuto de la Asociación Ancestral de Mineros “El Dorado”, se constituyó como una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, regulada por las disposiciones del título XXX, del Libro I del Código Civil, el referido Estatuto y los reglamentos internos  que expidieren, domiciliada en la Parroquia Alto Tambo, Cantón San Lorenzo, de la Provincia de Esmeraldas;

 

Que las reformas al Estatuto de la Asociación Ancestral de Mineros “El Dorado” aprobadas por los socios de la Asociación, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 12 del Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución, y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales, y son necesarias para enmarcar los referidos Estatutos al Ordenamiento Jurídico Nacional;

 

Que los socios de la Asociación Ancestral de Mineros “El Dorado”, han discutido y aprobado internamente el Estatuto en la Asamblea General llevada a cabo el 12 de marzo de 2012, según consta de la respectiva certificación otorgada por el Secretario del Directorio de la citada Asociación; y,

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; y del artículo 8 del Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones Previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales;

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Reformar el Estatuto de la Asociación Ancestral de Mineros “El Dorado”, entidad sin fines de lucro, regulada por las disposiciones del Título XXX del Libro I del Código Civil; el Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil; en las Leyes Especiales; su Estatuto y los reglamentos internos que se expidieren.

 

Art. 2.- La Asociación Ancestral de Mineros “El Dorado”, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones constantes en el Reglamento para Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución, y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales, su Estatuto y sus Reglamentos.

 

Art. 3.- La Asociación Ancestral de Mineros “El Dorado”, no ejercerá otro tipo de actividades que las contenidas en el Estatuto que se aprueba mediante el presente Acuerdo, mismo que bajo ningún concepto constituye una autorización para que la Asociación explore, explote y/o comercialice recursos naturales mineros o hidrocarburíferos.

 

Art. 4.- Para que la Asociación explore, explote y/o comercialice recursos naturales mineros o hidrocarburíferos, deberá someterse a lo que al respecto manda la Ley de la materia y obtener las autorizaciones administrativas correspondientes.

 

Art. 5.- Se dispone el registro del presente Acuerdo Ministerial en la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.

 

Art. 6.- Notifíquese el presente Acuerdo de Reforma de Estatutos a la Asociación Ancestral de Mineros “El Dorado”.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE.-

 

Dado en Quito, DM, a 24 de septiembre del 2012.

 

f.) Wilson Pástor M., Ministro de Recursos Naturales no Renovables.

 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, a 24 de septiembre del 2012.- f.) Aníbal Rosero V., Gestión y Custodia de Documentación.

 

No. 401

 

EL MINISTRO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

 

Considerando:

 

Que el artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno;

 

Que el Código Civil en su Título XXX del Libro I concede a las personas naturales y jurídicas el derecho de constituir corporaciones y fundaciones, de la misma forma que reconoce la facultad de la autoridad que otorgó personalidad jurídica para disolverlas a pesar de la voluntad de sus miembros;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3054, publicado en el Registro Oficial No. 660 de 11 de septiembre de 2002, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 1678, publicado en el Registro Oficial No. 581 de 30 de abril del 2009, se expidió el Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución, y Registro de Socios y Directivas, de las organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 5497 del 13 de octubre de 1989, el Ministerio de Educación y Cultura aprobó los Estatutos de la ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR –AIME; y le otorgó personalidad jurídica;

 

Que con Acuerdo Interministerial No. 004 de 23 de marzo de 2009, los Ministros y Ministras que integran el Consejo Sectorial de Política Social expiden el “Instructivo para estandarizar los trámites y procedimientos para la aplicación del Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificación, Liquidación y Disolución, y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales”; en el que se dispuso que “Cada Ministerio en  general establecerá un sistema de control estadístico y aleatorio consistente con la naturaleza y número de organizaciones a su cargo”;

 

Que mediante Oficio AIME No. 013-12 de 9 de abril de 2012, ingresado a esta Cartera de Estado el 10 de abril de 2012, el Presidente de la ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR –AIME-, solicita se inscriba en los registros institucionales y se aprueben las reformas del Estatuto de la mencionada Asociación;

 

Que en Asambleas Generales Extraordinarias del 17 de diciembre de 2008 y 28 de agosto de 2009, los socios en Asambleas Extraordinarias de la ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR –AIMEaprobaron las reformas del Estatuto de esta Entidad, según consta de la respectiva certificación otorgada por el Presidente de la citada Asociación, cumpliendo con lo establecido en los artículos 7 y 12 del Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución y Registro de Socios y Directivas, de las organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales; y,

 

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; y, los artículos 3 y 7 del Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones Previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales;

 

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Inscribir en los registros institucionales a la ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR –AIME.

 

Art. 2.- Aprobar el Estatuto de la ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR –AIME-, y reconocer la personalidad jurídica de la mencionada Asociación, entidad sin fines de lucro, regulada por las disposiciones del Título XXX del Libro I del Código Civil; el Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil; en las Leyes Especiales; su Estatuto y los reglamentos internos que se expidieren.

 

Art. 3.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales, la ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR –AIME, dentro del plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, remitirá a la Coordinación General Jurídica de este Ministerio la nómina de la directiva definitiva, para su respectivo registro e inscripción. Y deberá: - Registrar a la directiva de la ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR -

 

AIME-, luego de cada elección, en la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables,  caso contrario no serán oponibles a terceros las actuaciones de la directiva que no se encontrare registrada en dicha dependencia. - Registrar en la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, la inclusión o exclusión de miembros. Una vez otorgada la personalidad jurídica mediante el presente Acuerdo Ministerial, la ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR –AIME-, deberá obtener el Registro Único para las Organizaciones de la Sociedad Civil.

 

Art. 4.- La ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR –AIME-, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones constantes en el Reglamento para Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución, y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales, su Estatuto y sus Reglamentos.

 

Art. 5.- La ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR –AIME-, no ejercerá otro tipo de actividades que las contenidas en el Estatuto que se aprueba mediante el presente Acuerdo, mismo que bajo ningún concepto constituye una autorización para que la Asociación explore, explote y/o comercialice recursos naturales mineros o hidrocarburíferos.

 

Art. 6.- Para que la Asociación explore, explote y/o comercialice recursos naturales mineros o hidrocarburíferos, deberá someterse a lo que al respecto manda la Ley de la materia y obtener las autorizaciones administrativas correspondientes.

 

Art. 7.- Se dispone el registro del presente Acuerdo Ministerial en la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables.

 

 

Art. 8.- Notifíquese el presente Acuerdo de Aprobación de Estatutos e inscripción en el Registro Institucional, a la ASOCIACION DE INGENIEROS DE MINAS DEL ECUADOR –AIME-.

 

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición.

 

 

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE:

 

Dado en Quito, a 24 de septiembre del 2012.

 

 

f.) Wilson Pástor M., Ministro de Recursos Naturales no Renovables.

 

 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, a 24 de septiembre del 2012.- f.) Aníbal Rosero V., Gestión y Custodia de Documentación.

 

No. 402

 

EL MINISTRO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

 

Considerando:

 

Que el artículo 96 de la Constitución de la República del Ecuador reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno;

 

Que el Código Civil en su Título XXX del Libro I concede a las personas naturales y jurídicas el derecho de constituir corporaciones y fundaciones, de la misma forma que reconoce la facultad de la autoridad que otorgó personalidad jurídica para disolverlas a pesar de la voluntad de sus miembros;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3054, publicado en el Registro Oficial No. 660 de 11 de septiembre de 2002, reformado mediante Decreto Ejecutivo No. 1678, publicado en el Registro Oficial No. 581 de 30 de abril del 2009, se expidió el Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución, y Registro de Socios y Directivas, de las organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales;

 

Que con comunicación s/n presentada a esta Cartera de Estado el 17 de agosto del año 2012, el señor Manuel Vicente Vergara Hoyos, Presidente Provisional de la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, solicita se apruebe el Estatuto y se otorgue personalidad jurídica a la mencionada Asociación;

 

Que de conformidad con los Arts. 1, 2 y 3 del Estatuto de la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, se constituye como una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, regulada por las disposiciones del Título XXX, del Libro I del Código Civil, el referido Estatuto, Reglamento para la aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución, y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales; y los Reglamentos Internos que expidieren, domiciliada en la Parroquia San Lorenzo, Cantón San Lorenzo, de la Provincia de Esmeraldas;

 

Que el Estatuto de la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, cumple con los requisitos establecidos en los artículos 6 y 7 del Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución, y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales;

 

Que los socios de la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, han discutido y aprobado internamente el Estatuto en la Asamblea General llevada a cabo el 16 de julio de 2012, según consta de la respectiva certificación otorgada por el Secretario del Directorio Provisional de la citada Asociación; y,

 

Que la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, adjunta para la aprobación del Estatuto un certificado de depósito para Integración de Capital de fecha 31 de julio de 2012, otorgado por el Banco Bolivariano C.A., en el que manifiesta que se ha aperturado una cuenta con un patrimonio de CUATROCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $ 400,00).

 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador; y, los artículos 3 y 7 del Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones Previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales;

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Aprobar el Estatuto de la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, y otorgar personalidad jurídica a la mencionada Asociación, entidad sin fines de lucro, regulada por las disposiciones del Título XXX del Libro I del Código Civil; el Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil; en las Leyes Especiales; su Estatuto y los reglamentos internos que se expidieren.

 

Art. 2.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales, la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, dentro del plazo máximo de quince (15) días contados a partir de la notificación del presente Acuerdo, remitirá a la Coordinación General Jurídica de este Ministerio la nómina de la directiva definitiva, para su respectivo registro e inscripción.

 

Y deberá:

 

Registrar a la directiva de la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, luego de cada elección, en la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, caso contrario no serán oponibles a terceros las actuaciones de la directiva que no se encontrare registrada en dicha dependencia.

 

Registrar en la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, la inclusión o exclusión de miembros.

 

Una vez otorgada la personalidad jurídica mediante el presente Acuerdo Ministerial, la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, deberá obtener el Registro Único para las Organizaciones de la Sociedad Civil.

 

Art. 3.- La Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, deberá cumplir con todas y cada una de las obligaciones constantes en el Reglamento para Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidación y Disolución,  y Registro de Socios y Directivas, de las Organizaciones previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales, su Estatuto y sus Reglamentos.

 

Art. 4.- La Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”, no ejercerá otro tipo de actividades que las contenidas en el Estatuto que se aprueba mediante el presente Acuerdo, mismo que bajo ningún concepto constituye una autorización para que la Asociación explore, explote y/o comercialice recursos naturales mineros o hidrocarburíferos.

 

Art. 5.- Para que la Asociación explore, explote y/o comercialice recursos naturales mineros o hidrocarburíferos, deberá someterse a lo que al respecto manda la Ley de la materia y obtener las autorizaciones administrativas correspondientes.

 

Art. 6.- Se dispone el registro del presente Acuerdo Ministerial en la Coordinación General Jurídica del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, fecha a partir de la cual se inicia la existencia legal de la Asociación.

 

Art. 7.- Notifíquese el presente Acuerdo de Aprobación de Estatutos y otorgamiento de personalidad jurídica, a la Asociación de Pequeños Mineros Artesanales “Vergara”.

 

El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de su expedición.

 

COMUNÍQUESE Y PUBLIQUESE:

 

Dado en Quito, a 24 de septiembre del 2012.

 

f.) Wilson Pástor M., Ministro de Recursos Naturales no Renovables.

 

MINISTERIO DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES.- Es fiel copia del original.- Lo certifico.- Quito, a 24 de septiembre del 2012.- f.) Aníbal Rosero V., Gestión y Custodia de Documentación.

 

No. MRL 0167

 

Dr. Francisco Vacas Dávila

MINISTRO DE RELACIONES LABORALES

 

Considerando:

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 10 del 13 de agosto del 2009, se fusionó la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público- SENRES y el Ministerio de Trabajo y Empleo, creándose el Ministerio de Relaciones Laborales.

 

Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 1151 de fecha 23 de abril de 2012, el Señor Presidente Constitucional de la República, nombró al Doctor José Francisco Vacas Dávila, como Ministro de Relaciones Laborales;

 

Que, el artículo 630 del Código de Trabajo en su inciso segundo concede al Ministerio de Trabajo y Empleo, hoy


 

Ministerio de Relaciones Laborales, la jurisdicción coactiva, que la ejercerá para la recaudación de multas que impongan los Directores Regionales de Trabajo y los Inspectores de Trabajo de todo el país;

 

Que, el artículo 1 del Reglamento para el Ejercicio de la Jurisdicción Coactiva por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, expedido mediante Acuerdo Ministerial No. 00071 de fecha 25 de junio del 2010, determina que el Ministro de Relaciones Laborales ejerce la jurisdicción coactiva a nivel nacional, quien delega esta facultad al correspondiente Juez de Coactivas, que será seleccionado por la mencionada autoridad, previo informe favorable de la unidad de recursos humanos, procedimiento que será aplicado en las distintas direcciones regionales de trabajo;

 

Que, mediante informe interno No. 544-MRL-D.A.T.H- 2012 de fecha 10 de Septiembre de 2012, la Psicóloga María Fernanda León Stopper, Directora de Administración de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Laborales, emite informe favorable para la contratación del Doctor Fernando Patricio Grijalva Suárez, en calidad de Servidor Público 7 para que ejerza el cargo de Juez de Coactivas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra.

 

Que, en uso de las atribuciones que le confieren los artículos: 154, numeral 1 de la Constitución de la República; 539, inciso primero del Código de Trabajo y 17 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Nombrar al Doctor Fernando Patricio Grijalva Suárez como Juez de Coactivas de la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Ibarra, quien ejercerá las atribuciones y facultades establecidas para el Juez de Coactivas en el Reglamento para el ejercicio de la Jurisdicción Coactiva por parte del Ministerio de Relaciones Laborales, emitido mediante Acuerdo Ministerial No. 00071 de fecha 25 de junio del 2010.

 

Art. 2.- El Juez de Coactivas, responderá personalmente por los actos realizados en ejercicio de sus funciones y observará para este efecto las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias.

 

 

Artículo final.- El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de su suscripción sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Desígnese a la Secretaría General para el registro del presente Acuerdo.

 

 

Comuníquese y publíquese.-

 

 

Dado en Quito, a los 24 de septiembre del 2012.

 

 

f.) Dr. Francisco Vacas Dávila, Ministro de Relaciones Laborales.

 

No. 00001709

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador manda: “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.”;

 

Que la Constitución de la República del Ecuador ordena “Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características.

 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor.”;

 

Que la Constitución de la República del Ecuador ordena: “Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”;

 

Que la Ley Orgánica de Salud dispone que: “Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (…) 21. Regular y controlar toda forma de publicidad y promoción que atente contra la salud e induzcan comportamientos que la afecten negativamente.”;

 

Que la Ley Orgánica de Salud dispone que: “Art. 143.- La publicidad y promoción de los productos sujetos a registro sanitario deberá ajustarse a su verdadera naturaleza, composición, calidad u origen, de modo tal que se evite toda concepción errónea de sus cualidades o beneficios, lo cual será controlado por la autoridad sanitaria nacional. Se prohíbe la publicidad por cualquier medio de medicamentos sujetos a venta bajo prescripción.”;

Que la Ley Orgánica de Régimen de Soberanía Alimentaria en el Art. 28 inciso tercero establece que: “las leyes que regulan el

régimen de salud, la educación, la defensa del consumidor y el sistema de la calidad, establecerán los mecanismos necesarios para promover, determinar y certificar la calidad y el contenido nutricional de los alimentos, así como también para restringir la promoción de alimentos de baja calidad, a través de los medios de comunicación.”;

 

Que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en lo pertinente dispone que: “Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, que induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.”;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 0000040 de 17 de enero de 2011, publicado en el Registro Oficial Nro. 388 de 18 de febrero de 2011, se expide el Reglamento para la Autorización y Control de la Publicidad y Promoción de Alimentos Procesados;

 

Que con Acuerdo Ministerial Nro. 259 de 22 de marzo de 2011, publicado en el Registro Oficial Nro. 427 de 14 de abril de 2011, se reforma el Acuerdo Ministerial Nro. 0000040 antes citado, disponiéndose la elaboración de un Instructivo General de Aplicación al Reglamento para la Autorización y Control de la Publicidad y Promoción de Alimentos Procesados en el término de cuarenta y cinco días, contados a partir del 22 de marzo de 2011;

 

Que a través de la Resolución Nro. 0000097 de 1 de junio de 2011, publicada en el Registro Oficial Nro. 484 de 5 de julio de 2011, se reforma la Segunda Disposición Transitoria del Acuerdo Ministerial Nro. 00000259 de 22 de marzo de 2011, extendiéndose el plazo para la elaboración del mencionado Instructivo en sesenta días, contados a partir del 1 de junio de 2011;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial Nro. 000001072 de 1 de junio de 2012, publicado en Registro Oficial Nro. 742 de fecha 10 de julio de 2012, se amplía el término para expedir el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el Control y Vigilancia de la Publicidad y Promoción de Alimentos Procesados y su Instructivo General de Aplicación, en sesenta días contados a partir del 01 de junio de 2012;

 

Que es indispensable contar con normativa eficaz para controlar la publicidad que se transmite a los consumidores de productos alimenticios; y,

 

Que al no haberse expedido el Instructivo General de Aplicación al Reglamento para la Autorización y Control de la Publicidad y Promoción de Alimentos dentro de los términos establecidos y siendo este instrumento normativo indispensable para cumplir con los objetivos del Reglamento, es necesario ampliar el tiempo perentorio para la elaboración del mencionado Instructivo.

 

En ejercicio de las atribuciones legales concedidas por los artículos 151 y 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

 

Art. 1.- Extender el término perentorio establecido en el Acuerdo Ministerial No. 000001072, para expedir el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el Control y Vigilancia de la Publicidad y Promoción de Alimentos Procesados y su Instructivo General de Aplicación por 15 días más, los mismos que serán contados a partir de la presente fecha.

 

Finalizado dicho término se exigirá el cumplimiento obligatorio de las disposiciones contenidas en el Reglamento para Control y Vigilancia de la Publicidad y Promoción de Alimentos Procesados y el Instructivo de Aplicación que, en cumplimiento de este Acuerdo Ministerial, se emitan.

 

Art. 2.- Reformar el Acuerdo Ministerial No. 0000040 de 17 de enero de 2011, publicado en el Registro Oficial Nro. 388 de 18 de febrero de 2011, en los siguientes aspectos:

 

Art. 3.- En el artículo 1, elimínese la frase “…la autorización…”.

 

Art. 4.- Deróguese el artículo 9

 

Art. 5.- En el artículo 20, elimínese la frase “…previamente a su autorización.”

 

Art. 6.- En el artículo 22, elimínese la frase “…y a las condiciones bajo las cuales se otorgó la respectiva autorización.”

 

Art. 7.- En el artículo 26 sustitúyase la frase "...No se autorizará la publicidad de bebidas alcohólicas cuando:..." por la frase "En la publicidad de bebidas alcohólicas se prohíbe que:..."

 

Art. 8.- Deróguese el Capítulo IV, del Título II, artículos 28 al 31.

 

Art. 9.- Deróguese el Capítulo II, del Título III, artículos 39 al 41.

 

Art. 10.- Deróguese el artículo 44.

 

Art. 11.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese a la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública y a la Subsecretaria Nacional de Prevención, Promoción de la Salud e Igualdad.

 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 27 de agosto del 2012.

 

 

f.) Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública.

 

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección de Secretaría General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 27 de septiembre del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.


 

No. 00001836

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador manda “Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustente el buen vivir…”;

 

Que el artículo. 50 de la misma Constitución de la Republica ordena: “El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente.”;

 

Que la Norma Suprema en el artículo. 361 establece que: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”;

 

Que la Carta Magna en el artículo. 11. dispone que “El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio…”;

 

Que la Ley Orgánica de Salud dispone: “Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de rectoría en salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y vigilancia del cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena vigencia serán obligatorias.”;

 

Que la Ley ibídem manda: “Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública:

 

Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los principios y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como aplicar, controlar y vigilar su cumplimiento;

 

Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud…”;

 

 

Que en el Registro Oficial No. 625 publicado el 24 de enero de 2012, se público la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica, Ley 67, para incluir el tratamiento de las Enfermedades Raras o Huérfanas y Catastróficas; y,

 

Que la Disposición Transitoria Primera de la citada Ley establece “El Ministerio de Salud Pública, dictará los acuerdos, resoluciones y demás normas técnicas para la efectiva aplicación de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica  de Salud para Incluir el Tratamiento de las Enfermedades Raras o Huérfanas y Catastróficas.”

 

En ejercicio de las atribuciones legales concedidas en los  artículos 151 y 154 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

EXPEDIR EL INSTRUCTIVO GENERAL PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ENFERMEDADES RARAS O HUÉRFANAS Y CATASTRÓFICAS

 

TITULO I

 

Capítulo I

 

Del Ámbito y Definiciones

 

Art. 1.- Ámbito.- El presente Instructivo tiene como objetivo normar la aplicación de la Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de Salud, para incluir el tratamiento de las enfermedades Raras o Huérfanas y Catastróficas, bajo los principios de bioética, costo efectividad, disponibilidad, sostenibilidad, accesibilidad, calidad y calidez. El mismo que será aplicado para todas las entidades del Sistema Nacional de Salud, Red Pública y complementaria.

 

Art.2.- De las Definiciones.- Para los fines del presente reglamento se considerarán:

 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS:

 

Son aquellas patologías de curso crónico que suponen un alto riesgo para la vida de la persona, cuyo tratamiento es de alto costo económico e impacto social y que por ser de carácter prolongado o permanente pueda ser susceptible de programación. Generalmente cuentan con escasa o nula cobertura por parte de las aseguradoras.

 

ENFERMEDADES RARAS O HUERFANAS:

 

Son aquellas que se consideran potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y alta complejidad constituyen un conjunto amplio y variado de trastornos que se caracterizan por ser crónicos y discapacitantes. Sus recursos terapéuticos son limitados y de alto costo, algunos se encuentran en etapa experimental,

 

BAJA PREVALENCIA:

 

Se considera de baja prevalencia a las enfermedades raras cuando se presentan en una por cada 10.000 personas. Y ultra raras cuando la prevalencia es menor a una por cada 50.000 personas.

 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA LAS ENFERMEDADES RARAS O DE BAJA PREVALENCIA:

 

Son enfermedades generalmente de origen genético;

 

De curso crónico, progresivo, degenerativo con una elevada morbi-mortalidad y alto grado de discapacidad física, mental, conductual y sensorial, que puede comprometer la autonomía de los pacientes;

 

De gran complejidad, diagnóstica, pronóstica y terapéutica; y

 

Que requieren de un tratamiento permanente, seguimiento e intervención multidisciplinaria.

 

Capítulo II

 

De la Aplicación de los Derechos

 

Art. 3.- Del Trato Preferencial.- Todas las Unidades Médicas que forman parte del Sistema Nacional de Salud tienen la obligación de dar un trato oportuno, prioritario y multidisciplinario a las personas que padezcan enfermedades catastróficas y raras.

 

Art. 4.- De las Obligaciones de los Profesionales de la Salud de informar a los pacientes.- Los profesionales de la salud tendrán la obligación de informar oportuna y verazmente a los pacientes sobre los siguientes puntos:

 

Las opciones terapéuticas disponibles y su utilidad;

 

El alcance de la cobertura financiera;

 

La duración, complejidad de las patologías; y

 

El contenido de la Reforma a la Ley Orgánica de Salud, para incluir el tratamiento de las enfermedades raras o huérfanas y catastróficas y de este instructivo.

 

Capítulo III

 

De la Autoridad Sanitaria Nacional

 

Art. 5.- De la Política.- La Autoridad Sanitaria Nacional emitirá la Política Nacional referente a las enfermedades catastróficas y raras, la misma que será socializada y evaluada cada dos años, o modificada por las reformas de la Estructura de la Función Ejecutiva en general y las del Ministerio de Salud Pública en particular.

 

La Autoridad Sanitaria Nacional a través de la Subsecretaria Nacional de Gobernanza de la Salud Pública o quien haga sus veces, será la encargada de regular, direccionar, organizar en el sistema nacional de salud, la implementación de la política y ejecución de normas, negociación de convenios, y coordinación de acciones que permitan efectivizar y viabilizar las políticas de salud de estas patologías, progresivamente a corto, mediano y largo plazo.

 

Art. 6.- De la Implementación de Servicios.- La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Subsecretaria Nacional de

 

Provisión de Servicios de Salud o quien haga sus veces, implementará y ejecutará progresivamente servicios de atención médica especializada para estas patologías, de acuerdo a las guías de práctica clínica emitidas por el Ministerio de Salud Pública.

 

Capítulo IV

 

Financiamiento, Promoción y Publicidad

 

Art. 7.- Del Financiamiento.- El presupuesto para manejo de enfermedades catastróficas y raras, contará con recursos suficientes y oportunos, provenientes de:

 

Asignación Regular del Presupuesto General del Estado, a través del Ministerio de Finanzas.

 

Donaciones de bienes, asistencia y/o cooperación de instituciones y organismos nacionales o internacionales. Las donaciones serán aceptadas de acuerdo a la normativa institucional que regule al Ministerio de Salud Pública, para este procedimiento se contará con el apoyo de la Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales de dicha Cartera de Estado.

 

Otras fuentes de financiamiento establecidas en la Ley.

 

Art. 8.- De las Campañas de Educación e Información.- La Subsecretaria Nacional de Provisión de Servicios de Salud o quien haga sus veces en coordinación con la Dirección Nacional de Comunicación Imagen y Prensa del Ministerio de Salud Pública, será responsable de la planificación, coordinación y vigilancia de las actividades vinculadas a la difusión, información, campañas y propaganda relacionadas con estas patologías.

 

Los organismos no gubernamentales de la sociedad civil y, sociedades científicas, participarán activamente bajo la coordinación de la Autoridad Sanitaria Nacional en la divulgación y promoción del conocimiento de estas enfermedades.

 

Capítulo V

 

Educación y Capacitación de los Profesionales de la

Salud.

 

Art. 9.- De las Universidades.- La Autoridad Sanitaria Nacional, a través de la Dirección Nacional de Normatización del Talento Humano o quien haga sus veces, establecerá las necesidades de formación de profesionales de la salud y promoverá las acciones destinadas a su formación a nivel de pregrado, y posgrado en el tema de enfermedades catastróficas y raras en coordinación con la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

 

Art. 10.- De la Capacitación a los profesionales de la salud.- El Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Normatización del Talento Humano en Salud o quien haga sus veces, será el responsable de coordinar con las unidades  médicas y los profesionales de la salud la elaboración de planes de capacitación y educación continua sobre las enfermedades catastróficas y raras.

 

Capítulo VI

 

Relaciones Interinstitucionales e Internacionales

 

Art. 11.- De las Relaciones Internacionales.- El Ministerio de Salud Pública a través de la Subsecretaria Nacional de Gobernanza de la Salud Pública, y la Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales, celebrará convenios de cooperación internacional con unidades médicas, organizaciones y organismos internacionales, que demuestren su interés solidario en actividades relacionadas a estas patologías, con el objetivo de lograr transferencia tecnológica, asesoría técnica, intercambio de información científica, difusión, promoción, capacitación y otros aspectos relacionados.

 

Art. 12.- De las Relaciones Interinstitucionales.- El Ministerio de Salud Pública se encargará de establecer en coordinación con los Ministerios del Sector Social y otras Secretarías Nacionales, la ejecución de programas de atención y protección social a las familias que tengan entre sus miembros a pacientes que sufren enfermedades catastróficas y raras, mediante la aplicación de políticas de inclusión y cohesión social, igualdad y protección integral.

 

TITULO II

 

Capítulo I

 

Investigación Científica

 

Art.13.- De la Investigación Científica.- La Autoridad Sanitaria Nacional a través de la Dirección de Inteligencia de la Salud o quien haga sus veces, en coordinación con la Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología normará, regulará y controlará la investigación relacionada con las enfermedades catastróficas y raras, sólo podrá llevarse a cabo en los centros y unidades debidamente autorizados para el desarrollo de esta actividad.

 

Los proyectos de investigación serán autorizados de acuerdo a la normativa legal vigente, y se establecerán los criterios de priorización en la asignación de los recursos para las investigaciones

 

Capítulo II

 

De la Medicación

 

Art 14.- De la Adquisición de la Medicación.- La adquisición de medicamentos se regirá de acuerdo al Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos, aquellos medicamentos que no estén contemplados en el Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos y los denominados huérfanos serán requeridos por los Comités de Farmacoterapia de cada Unidad Operativa, los cuales informarán de la necesidad de su adquisición a la Dirección Nacional de Medicamentos e Insumos Estratégicos o quien  haga sus veces, para las gestiones necesarias a fin de instrumentar su adquisición, de conformidad a la normativa legal dictada para el efecto.

 

Capítulo III

 

Asesoría y Participación

 

Art. 15.- De los Comités Técnicos.- Para la valoración diagnóstica y tratamiento de los pacientes se contará con el apoyo de Comités Técnicos Éticos Interinstitucionales conformados por la Autoridad Sanitaria Nacional y que serán los encargados de brindar asesoramiento técnico sobre los temas de su especialidad, a la luz de los avances y progresos técnicos y científicos; así como la inclusión de nuevas patologías.

 

Capítulo IV

 

De los Cuidados Paliativos y Cobertura

 

Art.16.- De la Rehabilitación y los Cuidados Paliativos.- La Autoridad Sanitaria Nacional a través de la Dirección Nacional de Discapacidades Rehabilitación y Cuidados Especiales en Salud o quien haga sus veces en coordinación con la Subsecretaria de Gobernanza de la Salud Pública, establecerá y promocionará el acceso a Esquemas de Rehabilitación y Cuidados Paliativos como parte del tratamiento integral que beneficie a los pacientes con enfermedades catastróficas y raras o de baja prevalencia.

 

Art. 17.- De la Cobertura de Salud y la Medicina Prepagada.- La Autoridad Sanitaria Nacional a través de la Dirección Nacional de Articulación y Manejo del Sistema Nacional de Salud y Red Pública o quien haga sus veces controlará y regulará la oferta de cobertura de las compañías de seguros de salud y medicina prepagada, para este tipo de patologías.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- De conformidad a lo dispuesto por la Ley de Seguridad Social, cada subsistema de salud cubrirá y financiara la atención de estas patologías. Cuando la capacidad operativa y resolutiva de los servicios de salud de la Red Pública Integral de Salud sea limitadas; se acudirá a la Red Complementaria.

 

SEGUNDA.- Para la emisión de las Guías de Práctica Clínica para la atención y manejo de las patologías consideradas catastróficas y raras, el Ministerio de Salud Pública a través de la Dirección Nacional de Normatización o quien haga sus veces, establecerá los lineamientos necesarios para su elaboración y aplicación.

 

DISPOSICION TRANSITORIA

 

PRIMERA.- El listado de enfermedades Raras y Catastróficas será emitido oficialmente por la Autoridad Sanitaria Nacional cada 2 años, de conformidad con lo establecido en la Disposición Transitoria Primera de la Reforma a la Ley Orgánica de Salud, Ley 67 para incluir el tratamiento de las  enfermedades Raras y Catastróficas, para la emisión de la citada lista se observará los criterios de inclusión dictadas para el efecto, y el reporte de estas patologías desde las unidades de salud, de manera periódica. La lista promulgada servirá para los beneficiarios de los programas sociales establecidos por el Estado.

 

De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese a la Subsecretaria Nacional de Gobernanza de la Salud Pública de esta Cartera de Estado.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 07 de septiembre del 2012.

 

f.) Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública.

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección de Secretaría General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 25 de septiembre del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

 

No. 00001894

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador manda: “Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión. …”;

 

Que el Art. 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada permite que, cuando la conveniencia institucional lo requiera los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones y oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones;

 

Que el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: “Art. 17. DE LOS MINISTROS.- Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.”;

 

Que este Portafolio ha sido invitado a participar en la 28 Conferencia Sanitaria Panamericana de la Organización Panamericana de la Salud – OPS, y a la 64 Sesión del Comité Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud – OMS, mismas que tendrán lugar en la sede de la OPS en Washington, Estados Unidos, desde el 17 al 21 de septiembre del presente año; y,

 

Que la infrascrita Ministra de Salud Pública, participará en la Comitiva que asistirá a los eventos citados anteriormente. En  ejercicio de las atribuciones legales concedidas por los artículos 151 y 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Disponer la subrogación de funciones del Despacho Ministerial al Dr. Miguel Malo Serrano, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, desde el día 15 hasta el día 19 de septiembre de 2012; y, a la Dra. Nilda Villacrés, Viceministra de Atención Integral en Salud, el día 20 de los mismos mes y año.

 

Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese al Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 14 de septiembre del 2012.

 

f.) Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública.

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección de Secretaría General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 25 de septiembre del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

 

No. 00001895

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que el Art. 154, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador dispone que a las ministras y ministros de Estado les corresponde ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión; esto en concordancia con lo dispuesto en el reformado Art. 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Que el Art. 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, establece que, cuando la conveniencia institucional lo requiera los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones y oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones;

 

Que el Art. 3 de la Codificación de la Ley de Producción, Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de uso Humano, manda: “Los precios de los medicamentos al consumidor serán establecidos por el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano. Para el efecto, créase el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano, adscrito al Ministerio de Salud Pública, con sede en la ciudad de Quito, y jurisdicción en todo el territorio nacional, que estará integrado por los siguientes miembros:

 

a.- El Ministro de Salud Pública, quien lo presidirá o su delegado permanente;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 0000232 expedido el 23 de febrero de 2012, se designó a la Econ. Ruth Lucio Romero para que actúe, en calidad de delegada alterna del Dr. Francisco Vallejo Flores, delegado permanente de la Ministra, ante el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano; y,

 

Que la Econ. Ruth Lucio Romero, con fecha 20 de junio de 2012, ha presentado su renuncia a las funciones antes citadas, razón por la que es necesario designar a un nuevo funcionario en calidad de delegado alterno.

 

En ejercicio de las atribuciones legales concedidas por los artículos 151 y 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

ART. 1.- Aceptar la renuncia presentada por la Econ. Ruth Lucio Romero y designar a la Dra. Patricia Fernanda Granja Hernández para que, en calidad de delegada alterna, presida el Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano, en caso de ausencia del delegado permanente Dr. Francisco Vallejo Flores.

 

ART. 2.- De la ejecución del presente Acuerdo Ministerial que entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial, encárguese al Secretario del Consejo Nacional de Fijación y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 14 de septiembre del 2012.

 

f.) Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública.

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección de Secretaría General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 25 de septiembre del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

 

No. 00001898

 

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA,

SUBROGANTE

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 361 ordena: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”;

 

Que la Ley Orgánica de Salud dispone que: “Art. 6.- Es  responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (…) 21. Regular y controlar toda forma de publicidad y promoción que atente contra la salud e induzcan comportamientos que la afecten negativamente.”;

 

Que el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva dispone: “Art. 17. DE LOS MINISTROS.- Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales.”;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 00001709 expedido el 27 de agosto de 2012, se extendió en 15 días más el término perentorio establecido en el Acuerdo Ministerial No. 000001072 de 1 de junio de 2012, para expedir el Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el Control y Vigilancia de la Publicidad y Promoción de Alimentos Procesados y su Instructivo general de aplicación;

 

Que con Acuerdo Ministerial No. 00001894 expedido el 14 de septiembre de 2012, se dispone la subrogación de funciones del Despacho Ministerial al Dr. Miguel Malo Serrano, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, desde el 15 hasta el 19 de los citados mes y año; y,

 

Que en razón de que el proyecto de Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el Control y Vigilancia de la Publicidad y Promoción de Alimentos Procesados y su Instructivo General de Aplicación se encuentra en proceso de socialización, se considera necesario una nueva ampliación del término para su expedición.

 

En ejercicio de las atribuciones legales concedidas por los artículos 151 y 154, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Art. 1.- Extender el término establecido para la expedición del Reglamento Sustitutivo al Reglamento para el Control y Vigilancia de la Publicidad y Promoción de Alimentos Procesados y su Instructivo General de Aplicación en 15 días, contados a partir de la suscripción del presente instrumento.

 

Art. 2.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese al Viceministerio de Gobernanza y Vigilancia de la Salud.

 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 17 de septiembre del 2012.

 

f.) Dr. Miguel Malo Serrano, Ministro de Salud Pública, subrogante.

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección de Secretaría General al que me remito en caso  necesario.- Lo certifico.- Quito, a 25 de septiembre del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

 

No. 00001906

 

EL MINISTRO DE SALUD PÚBLICA,

SUBROGANTE

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la República del Ecuador manda: “Art. 154.- A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión.”;

 

Que el Art. 35 de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, dispone que, cuando la conveniencia institucional lo requiera los máximos personeros de las instituciones del Estado dictarán acuerdos, resoluciones y oficios que sean necesarios para delegar sus atribuciones;

 

Que el Art. 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva ordena: “DE LOS MINISTROS.- Los Ministros de Estado son competentes para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad de autorización alguna del Presidente de la República, salvo los casos expresamente señalados en leyes especiales;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial 00001188 expedido el 13 de junio de 2012, el Doctor Miguel Malo Serrano, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, fue designado como delegado de la Máxima Autoridad, para que conforme el Directorio de la Empresa Pública de Fármacos “ENFARMA EP” y presida el mismo;

 

Que con Acuerdo Ministerial No. 00001894 expedido el 14 de septiembre de 2012, se dispone la subrogación de funciones del Despacho Ministerial al Dr. Miguel Malo Serrano, Viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud, desde el 15 hasta el 19 de los citados mes y año; y,

 

Que el Dr. Miguel Malo Serrano, por encontrarse fuera del país, desempeñando funciones inherentes al cargo que ejerce, no podrá asistir a la reunión del Directorio de la Empresa Pública de Fármacos “ENFARMA EP”, misma que se realizará el día jueves 20 de septiembre de 2012, razón por la que es necesario designar para esta reunión a un delegado;

 

En ejercicio de las atribuciones otorgadas por el artículo 154, de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

ART. 1.- Delegar a la Dra. Verónica Espinosa Serrano para  que, por esta única ocasión, asista como Delegada de la Máxima Autoridad, y en consecuencia presida la reunión del Directorio de la Empresa Pública de Fármacos “ENFARMA EP”, a realizarse el día jueves 20 de septiembre de 2012.

 

ART. 2.- La Delegada deberá actuar en los términos del presente Acuerdo Ministerial y las disposiciones legales y reglamentarias que rigen sobre la materia, caso contrario responderá administrativa, civil y penalmente de modo directo y exclusivo, por los actos u omisiones verificados en el ejercicio de la delegación, ante los organismos de control.

 

ART. 3.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 19 de septiembre del 2012.

 

f.) Dr. Miguel Malo Serrano, Ministro de Salud Pública, subrogante

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección de Secretaría General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 25 de septiembre del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

 

No. 00001965

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que la Constitución de la Republica del Ecuador reconoce todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía, y el derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria;

 

Que la Codificación del Código Civil, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 46 de 24 de junio de 2005, dispone que no son personas jurídicas las fundaciones o corporaciones, que no se hayan establecido en virtud de una ley o que no hayan sido aprobadas por el Presidente de la República;

 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 339 de 28 noviembre de 1998, publicado en el Registro Oficial No. 77 de los mismos mes y año, el Presidente de la República delegó a cada Ministro de Estado la facultad para que, de acuerdo a la materia que le compete, apruebe los estatutos y las reformas a los mismos, de las organizaciones que se constituyen al amparo de lo dispuesto en el Título XXX del Libro I del Código Civil;

 

Que con Decreto Ejecutivo No. 982 de 25 de marzo de 2008, publicado en el Registro Oficial No. 311 de 8 de abril del mismo año, se expiden las Reformas al Reglamento para la Aprobación de Estatutos, Reformas y Codificaciones, Liquidaciones y Disoluciones, y Registros de Socios y Directivas, de las Organizaciones Previstas en el Código Civil y en las Leyes Especiales, cuerpo normativo que dispone los

requisitos necesarios para obtener personalidad jurídica;

 

Que mediante Acuerdo Ministerial No. 1447, publicado en el Registro Oficial No. 239 de 22 de julio de 1999 se expide el Reglamento para la Aprobación, Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Disolución de las Corporaciones, Fundaciones y Otras Sociedades y Asociaciones Médicas, Científicas o que se relacionan con las áreas atinentes al Ministerio de Salud Pública;

 

Que la FUNDACIÓN HOMBRO A HOMBRO, con domicilio en la ciudad de Quito provincia de Pichincha, a través de la Directiva Provisional y por resolución de la Asamblea General, ha presentado la documentación reglamentaria pertinente, con el objeto de obtener Personalidad Jurídica y aprobación de su Estatuto;

 

Que a través de los memorandos: No. SNS-12-0169-11 de 14 de febrero de 2011, de la Dirección de Normatización del Sistema Nacional de Salud; PCYT No. 141-2011 de 11 de marzo de 2011, del Proceso de Ciencia y Tecnología y MSP-SNPSS-2012-0345 de 14 de mayo de 2012, de la Subsecretaria Nacional de Provisión de Servicios de Salud, las citadas unidades administrativas emiten criterio técnico, respecto del proyecto de estatutos de la FUNDACIÓN HOMBRO A HOMBRO. A su vez la Coordinación General de Asesoría Jurídica, mediante Oficio No. SAJ-10-2012-002643 de 22 de mayo de 2012, formuló observaciones dentro del campo de su competencia; y,

 

Que de la revisión y análisis del estatuto efectuado por la Dirección Nacional de Consultoría Legal de este Portafolio, se desprende que el proyecto de Estatuto de la FUNDACIÓN HOMBRO A HOMBRO, cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento correspondiente y con las observaciones realizadas.

 

En ejercicio de las atribuciones que le confieren los artículos 151 y 154, de la Constitución de la República del Ecuador y por el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva

 

Acuerda:

 

Art.1.- Aprobar el Estatuto Constitutivo y conceder Personalidad Jurídica a la FUNDACIÓN HOMBRO A HOMBRO, con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha.

 

Art.2.- La FUNDACIÓN HOMBRO A HOMBRO, pondrá en conocimiento del Ministerio de Salud Pública la nómina de la directiva definitiva, en un plazo máximo de quince días posteriores a la fecha de elección, para el registro respectivo.

 

Art.3.- La FUNDACIÓN HOMBRO A HOMBRO, presentará a la Coordinación General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública, el informe anual de actividades, de conformidad con el Art. 11 del Reglamento para la Aprobación, Monitoreo, Seguimiento, Evaluación y Disolución de las Corporaciones, Fundaciones y otras Sociedades y Asociaciones Médicas, Científicas o que se relacionan con las áreas atinentes al

 

Ministerio de Salud Pública.

 

Art.4.- La solución de conflictos que se presenten, al interior de la Fundación y de ésta con otras, se resolverán de conformidad con las disposiciones estatutarias; y, en caso de persistir, se someterán a las disposiciones de la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro Oficial No. 145 de 4 de septiembre de 1997, o a la justicia ordinaria.

 

Art.5.- El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 24 de septiembre del 2012.

 

f.) Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública.

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección de Secretaría General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 25 de septiembre del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

 

Nº 00001966

 

LA MINISTRA DE SALUD PÚBLICA

 

Considerando:

 

Que de conformidad con lo previsto en el artículo 151 de la Constitución de la República del Ecuador, los Ministros de Estado representan al Presidente de la República, en los asuntos inherentes al Ministerio a su cargo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva;

 

Que el artículo 154 de la Constitución manda: “A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en el ley, les corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

 

Que el artículo 361 de la Constitución manda: “El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector.”;

 

Que la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO, celebrada el 19 de octubre del 2005, establece como uno de sus principales objetivos proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros instrumentos en el ámbito de la bioética; al tiempo que determina que toda intervención médica preventiva, diagnóstica y terapéutica solamente habrá de llevarse a cabo previo consentimiento libre e informado de la persona interesada, basado en información adecuada;

 

Que la Ley Orgánica de Salud, en su artículo 4, señala: “La Autoridad Sanitaria Nacional es el Ministerio de Salud Pública, entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de Rectoría en la Salud (…)”;

 

Que la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, publicada en el Registro Oficial No. 398, de 4 de marzo de 2011, en su artículo 1, señala como su objeto promover la actividad trasplantológica en el país, así como consolidar el Sistema Nacional Integrado de Donación y Trasplantes que fortalezca el sistema público y actúe bajo la rectoría del Estado, a través de la Autoridad Sanitaria Nacional, garantizando el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución de la República y en estricta observancia con las disposiciones constantes en los tratados e instrumentos internacionales vigentes sobre el genoma humano, los datos genéticos y la bioética;

 

Que la Ley Orgánica de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, en su artículo 4, establece como sus principios, además de aquellos garantizados en la Constitución, y en los tratados internacionales vigentes sobre la materia, los siguientes: Altruismo, voluntariedad, gratuidad, solidaridad, transparencia, interculturalidad y bioética;

 

Que la norma ibídem, en su artículo 14, prohíbe expresamente que se perciba compensación económica o de otra índole por la donación de órganos, tejidos y/o células humanos a favor de la o el donante u otra persona

 

Que la Ley Orgánica de Donación y Trasplantes, cita, en su artículo 33, como requisitos de la donación en vida, entre otros, que no existan indicios de prácticas ilegales de turismo para trasplante o tráfico de órganos, que el donante se encuentre en goce de plenas facultades mentales, y que tanto el donante como el receptor hayan sido previamente informados de las posibles consecuencias de su decisión y otorguen su consentimiento escrito y notariado, en forma libre, consciente y voluntaria, debiendo dicho consentimiento ser anexado a las respectivas historias clínicas; además, establece en sus artículos 73, 75 y 79, respectivamente, sanciones por la comercialización de órganos, tejidos, células y/o componentes anatómicos; por la realización de turismo para trasplantes; y, por el irrespeto a la Lista de Espera Única Nacional (asignación de órganos);

 

Que la ley citada define como tráfico de órganos y turismo de trasplantes, respectivamente, a “(…) la extracción u obtención, transporte, transferencia, encubrimiento y/o recepción de componentes anatómicos de personas vivas o fallecidas con la finalidad de obtener o extraer sus órganos, tejidos o células, con fines de trasplante; mediante una amenaza, uso de la fuerza u otras formas de coacción, plagio, fraude, abuso de poder, o la entrega y recepción de pagos o beneficios.”, y al “(…) traslado de órganos, donantes, receptores del trasplante fuera de sus fronteras jurisdiccionales originales, dirigido a realizar un trasplante en el Ecuador, sin contar con la categoría de inmigrante en el país.”;

 

Que la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el  turismo de trasplantes, es el resultado de la cumbre llevada a cabo entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2008, en la capital Turca, cuyo objeto consta señalado en su preámbulo, que dice “(…) Para tratar los urgentes y cada vez mayores problemas de la venta de órganos, el turismo de trasplantes y el tráfico de los donantes de órganos ante la escasez mundial de órganos (…)”, siendo pionera en definir los conceptos de “tráfico de órganos”, “comercialización de trasplantes”, “viaje para trasplantes” y “turismo de trasplantes”;

 

Que la Declaración de Estambul fue promovida por la Sociedad Internacional de Trasplantes conjuntamente con la Sociedad Internacional de Nefrología, constando entre sus participantes médicos, científicos, eticistas y ciertos delegados oficiales de Estados participantes; sin que exista definición de Estados parte o miembros, de procedimiento de ratificación o adhesión ni designación de depositario del instrumento;

 

Que el “Grupo Custodio de la Declaración de Estambul”, ratificando que la Declaración no es un documento legal, exhorta tanto a Estados como a organizaciones públicas y privadas a adherirse a sus principios y propuestas, en virtud de lo cual se han adherido ciento dos (102) entidades públicas y privadas a nivel mundial; y,

 

Que los principios éticos contenidos en la Declaración de Estambul encuentran su concordancia en la legislación nacional vigente en materia de donación y trasplantes, en especial en cuanto al tráfico de órganos y al turismo de trasplantes.

 

En ejercicio de las atribuciones concedidas por los artículos 151 y 154, de la Constitución de la República del Ecuador y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,

 

Acuerda:

 

Art. 1. Adherirse a la Declaración de Estambul sobre el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, de 2008; proclamando la observancia de sus principios y propuestas, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, garantizando la vigilancia en la práctica de los procedimientos de donación y trasplante que se realicen en el territorio nacional.

 

Art. 2 De la comunicación al Grupo Custodio de la Declaración de Estambul, y de la ejecución del presente Acuerdo, encárguese al Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células.

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito a, 25 de septiembre del 2012.

 

 

f.) Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública.

 

 

Es fiel copia del documento que consta en el archivo de la Dirección de Secretaría General al que me remito en caso necesario.- Lo certifico.- Quito, a 25 de septiembre del 2012.- f.) Ilegible, Secretaría General, Ministerio de Salud Pública.

 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE CALUMA

 

Considerando:

 

Que, la Constitución de la República aprobada el 8 de octubre del 2008, en el Capítulo Cuarto, Régimen de competencias, establece en el Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: y en los numerales: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), vigente desde el día martes 19 de octubre del 2010 establece en su Artículo 1.- Ámbito.- Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial.

 

Que, el COOTAD, en el Capítulo II, Fraccionamiento de Suelos y Reestructuración de Lotes, Sección Segunda: Lotes o Fajas Distritales o Cantonales, en el Artículo 481 dice: Compraventa de fajas o lotes.- Para efectos de su enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales o metropolitanos se considerarán como lotes, o como fajas, o como excedentes o diferencias provenientes de errores de medición; luego en el inciso quinto expresa textualmente lo siguiente: Por excedentes o diferencias se entenderán todas aquéllas superficies de terreno que excedan del área original que conste en el respectivo título y que se determinen al efectuar una medición municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o de medidas. Estos excedentes o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio de mercado.

 

Que, el COOTAD, en el Capítulo III, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, Sección Primera, Naturaleza, Sede y Funciones, establece en el Artículo 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: definiendo en los literales: a).- Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y  parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; b).-Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón.

 

Que, el COOTAD, en la Sección Segunda, del Concejo Municipal, en su artículo 57, Atribuciones del Concejo Municipal.- Al Concejo Municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares.

 

Que, el COOTAD, en la Sección Segunda, del Concejo Municipal, en su artículo 58.- Atribuciones de los concejales o concejalas.- Los concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones: a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y deliberaciones del concejo municipal; b) Presentar proyectos de ordenanzas cantonales, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal;

 

Que, el COOTAD, en Sección Tercera del Alcalde o Alcaldesa en el Artículo 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: en los literales d) Presentar proyectos de ordenanzas al concejo municipal en el ámbito de competencias del gobierno autónomo descentralizado municipal.

 

Que, el COOTAD, en el Capítulo IV, del Ejercicio de las competencias Constitucionales, en el Artículo 139.- Ejercicio de la competencia de formar y administrar catastros inmobiliarios.- La formación y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos y parámetros metodológicos que establezca la ley.

 

Que, el COOTAD, en el Capítulo VII, Presupuesto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Sección Primera, De la Estructura del Presupuesto, Parágrafo Segundo, Ingresos No Tributarios, Artículo 226.- Clasificación.- Los ingresos no tributarios se clasificarán en los siguientes capítulos: Capítulo I.- Rentas patrimoniales, que comprenderán los siguientes grupos: a).- Ingresos provenientes del dominio predial (tierras y edificios).

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Caluma, en los actuales momentos cuenta con un catastro inmobiliario rural actualizado, georeferenciado y ortofotografía en escala 1: 5.000

 

Que, es responsabilidad del Gobierno Autónomo  Descentralizado Municipal de Caluma, como parte de su gestión sobre el espacio territorial, planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón y sus áreas urbana y rural; y, definir normas generales sobre la generación, uso y mantenimiento de la información gráfica del territorio.

 

Que, de conformidad con el artículo 605 del Código Civil ecuatoriano, son bienes del Estado todas las tierras que, estando dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño.

 

Que, es deber del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma, velar porque se mantenga actualizada la información de cabidas (superficies) de terreno de cada uno de los bienes inmuebles existentes en las áreas urbana y rural del cantón Caluma, en beneficio de los intereses institucionales y de la comunidad.

 

Que, es indispensable dar una solución a los propietarios de bienes inmuebles rurales cuyas superficies que constan en escrituras difieren de la realidad física actual, por errores que arrastran desde los inicios de los procesos de medición, fraccionamiento o lotización predial.

 

Que, es necesario dictar normas que permitan realizar las aclaraciones de cabidas de predios en las áreas rurales del cantón Caluma. En uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización vigente.

 

Expide:

 

LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA ENAJENACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIA DE ÁREAS DE TERRENO RURAL EN EL CANTON CALUMA, PRODUCTO DE ERRORES DE MEDICIÓN, CUYAS ESCRITURAS DIFIEREN CON LA REALIDAD FÍSICA VERIFICADA DE CAMPO

 

Capítulo I

 

DE LAS CAUSAS QUE MOTIVAN LAS

DIFERENCIAS DE SUPERFICIES DE TERRENO

RURAL

 

Artículo 1.- Por “excedentes o diferencias” se entenderán todos aquellos inmuebles cuyas superficies de terreno excedan en la realidad física verificada en campo, con relación al dato de superficie que consta en la escritura pública inscrita en el Registro de la Propiedad.

 

 

Artículo 2.- Las diferencias de superficies de terreno podrían propiciarse por las siguientes causas:

 

Error en la medición de las dimensiones del lote o solar y error en el cálculo de la superficie del terreno;

 

Utilización de sistemas de medida inusuales en el medio en determinado momento histórico, que al convertirlas a la  unidad del sistema métrico decimal ocasionan un error en el cálculo de la superficie de terreno;

 

Inexistencia e imprecisión de datos referidos a dimensiones lineales de linderos y áreas (cabida) en la escritura;

 

Error desde su origen en el replanteo y en la posesión física, cabida y medidas que actualmente tiene el lote de terreno;

 

Por existir error desde la aprobación del plano de parcelación y lotización que difiere con la realidad trazada y existente en el campo, en el cual cada propietario usuario y titular posee, que no afecta a ningún otro titular vecino.

 

Por estar en posesión de áreas de municipales;

 

Por expropiaciones no legalizadas y escrituradas; y,

 

Por levantamientos topográficos, planímetros, realizados anteriormente que han sido inexactos.

 

Capítulo II

 

DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS

ADMINISTRATIVOS

 

Artículo 3.- Se aplicará la presente Ordenanza en los casos de los inmuebles cuyas diferencias de áreas de terreno rebasen o sean superiores al área de terreno establecida en escritura, (se debe manifestar que el “cuerpo cierto” que en algunas escrituras se menciona, se refiere a la existencia únicamente del cuerpo de terreno, más el cuerpo cierto no se refiere a medidas ni cuantificaciones de superficies o cabidas), con relación al área de terreno medida en campo, y sustentada en el levantamiento planimétrico y/o topográfico debidamente Georreferenciado correspondiente.

 

Si las diferencias de áreas de terreno arrojan un dato de superficie menor al que consta en la escritura, la Jefatura de Avalúos y Catastros elaborará el informe técnico con las nuevas medidas y linderos, en base a la presentación del levantamiento topográfico georreferenciado elaborado por:

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma o por otra Institución estatal, con la cual mantenga algún tipo de convenio.

 

Por un profesional de la Ingeniería civil, Arquitectura o Ingeniería geográfica, debidamente suscrito y abalizado por el propietario, quienes se responsabilizan directamente por la información física, espacial y geométrica que presentan.

 

Estos levantamientos deben incluir: los límites de los predios vecinos y nombres de los colindantes, plano que deberá estar protocolizado, y con la respectiva declaración en la cual el propietario exprese que no afecta derechos de terceros, que no

existe litigio de linderos y que deslinda de cualquier responsabilidad por el registro catastral a la municipalidad y a sus empleados.

 

En cualquiera de los dos casos antes citados, para la definición de los límites de los linderos, pueden existir elementos físicos permanentes en el predio como: cerramientos de piedra, de ladrillo y/o bloque, columnas de hormigón, etc., o elementos semipermanentes como: cercas vivas o cercas de alambre de púas construidas con madera o pilaretes prefabricados de hormigón, mojones de hormigón, mojones o estacado de madera u otros tipos de material, que definan y delimiten el bien inmueble; el titular catastral (propietario) en su petición deberá declarar que no afecta derechos de terceros, que no existe litigio de linderos y que deslinda de cualquier responsabilidad por el catastro de dichos trámites y procesos a la municipalidad.

 

Con el propósito de que el Jefe de Avalúos y Catastros pueda emitir su informe, previamente debe verificar y medir en campo los linderos prediales, los cuales deben estar completamente limpios de malezas o vegetación (actividad de limpieza de linderos que realizará el propietario y/o titular catastral).

 

Artículo 4.- Los requisitos básicos para la revisión y legalización de áreas de terreno excedente y no concordante con las escrituras, mediante la petición del interesado, son:

 

Solicitud con la declaración antes citada, realizada por el propietario y dirigida a la Jefatura de Avalúos y catastros.

 

Carta de pago del impuesto predial actualizada.

 

Copia de la cédula de identidad o ciudadanía y papeleta de votación, o pasaporte para el caso de extranjeros.

 

Copia de la escritura pública inscrita.

 

Certificado actualizado del Registro de la Propiedad.

 

Cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma descubra los excedentes o diferencias de áreas de terreno por errores de medición, realizará de oficio, el informe técnico para la subsanación de errores, por medio de la Jefatura de Avalúos y catastros, siguiendo el trámite previsto en la presente ordenanza, siempre que se verifique la existencia de los elementos físicos señalados en el artículo anterior o la presencia de sistemas viales plenamente definidos.

 

Artículo 5.- Cuando exista diferencia de área de terreno en un inmueble, entre lo establecido en la escritura y lo existente en la realidad, previa verificación en el campo, con sustento en el plano de levantamiento planimétrico e informe técnico de la Jefatura de Avalúos y Catastros, se seguirá el procedimiento que establece la ley para el caso de venta de lotes y adjudicación de fajas de terreno municipales, sin que sea necesario contrato de arrendamiento previo.

 

 

Para el efecto, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma, incorporará antes dichas áreas  excedentes al patrimonio municipal a través de la declaratoria de bien mostrenco por parte del Concejo Municipal.

 

Artículo 6.- Antes de la suscripción de la escritura aclaratoria y por lo tanto de venta y legalización de excedentes de terreno, la Jefatura de Avalúos y Catastros determinará: a).- El área excedente, b).- El valor del terreno sea por metro cuadrado o por hectárea, de acuerdo con las ordenanzas de valoración de la tierra rural, o del suelo urbano en sus casos, definiendo exactamente el sector de valor en el cual se ubica el predio motivo del análisis, c).- El valor total de la diferencia de terreno (área excedente) a pagar que se hallará en función de las Ordenanzas de valoración vigentes tanto para el área rural como para el área urbana; y, elevará el informe a la Comisión respectiva, que a su vez conocerá y solicitará el informe legal correspondiente.

 

Artículo 7.- Con los informes, la Comisión encargada de la materia emitirá el informe pertinente para conocimiento y resolución del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma.

 

Artículo 8.- Aprobada por el Concejo Municipal la compraventa del excedente de terreno, el Procurador Síndico Municipal elaborará la minuta respectiva realizando la rectificación y aclaración, con todos los antecedentes y haciendo constar como documentos habilitantes, todos los informes y el plano de levantamiento planimétrico del predio.

 

Realizada la minuta, el Procurador Sindico Municipal, reportará a la Dirección Financiera, para la emisión del título de crédito respectivo por el valor del terreno.

 

Luego de pagado el título, se procederá a la celebración e inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad, y finalmente se realizará la actualización del catastro.

 

Artículo 9.- Si el predio tiene un área inferior a la establecida en las escrituras, la Jefatura de Avalúos y Catastros determinará el área que se ha disminuido mediante un informe técnico con el respectivo plano, para conocimiento de la Comisión respectiva, que a su vez conocerá y solicitará el informe legal correspondiente, informes que constituyen el sustento técnico como administrativo con los cuales la Comisión respectiva emitirá el informe pertinente para conocimiento del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma.

 

Artículo 10.- Aprobado el informe de la comisión por parte del Concejo Municipal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma, el Procurador Síndico Municipal procederá a elaborar la minuta respectiva, realizando la rectificación y aclaración con todos los antecedentes y haciendo constar como documentos habilitantes, todos los informes y el plano del levantamiento planimétrico del predio.

 

Realizada la minuta, el Procurador Síndico Municipal, reportará a la Dirección Financiera para la emisión del título de crédito respectivo por el valor de la tasa por servicios y trámites administrativos que en este caso será equivalente al 50% de la  remuneración básica unificada. Luego de pagado el título, se procederá a la celebración e inscripción de la escritura en el Registro de la Propiedad, y finalmente se realizará la actualización de catastro.

 

Artículo 11.- El Registrador de la Propiedad no inscribirá escrituras públicas de transferencia de dominio que mantengan diferencias de los datos de superficie de los predios con la realidad verificada en campo sean de incremento o decremento; pues debe proceder de acuerdo a lo dispuesto en esta Ordenanza y en las Leyes pertinentes.

 

Artículo 12.- Para los predios que han sido adjudicados por: el IERAC (Instituto de Reforma Agraria y Colonización) antes, el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) antes, por la Subsecretaría de Tierras (actualmente), y/o adjudicados mediante remate en pública subasta por Instituciones del Estado, tales como son por ejemplo: el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), el Banco Nacional de Fomento (BNF), por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), etc., el propietario deberá iniciar el trámite respectivo ante la autoridad que le adjudicó el bien para que ésta determine el área real del terreno y área complementaria a adjudicar. La institución estatal, de considerar procedente, enajenará el área adicional y deberá recibir el pago del valor como precio por dicho excedente de área que difiera con relación al originalmente adjudicado, de acuerdo con sus normas y Leyes vigentes.

 

Para la actualización del catastro, la Jefatura de Avalúos y Catastros solicitará la escritura rectificada e inscrita en el Registro de la Propiedad, en la cual deberá constar el plano del predio motivo y objeto de la rectificación debidamente protocolizado y como documento habilitante.

 

Artículo 13.- Para los predios que tengan una diferencia de área de terreno que difiera en menos de la superficie establecida en escrituras con lo que realmente existe en campo, el administrado deberá presentar el levantamiento georreferenciado obtenido directamente del sistema de información geográfico Catastral Municipal, que es producto del relevamiento y campaña de barrido predial, en el que se indique y consten graficados los linderos y los límites de los predios vecinos debidamente dimensionados (acotados) y, los nombres de los colindantes, el plano debe estar protocolizado y además debe adjuntar:

 

La solicitud del titular catastral o propietario del predio en el que exprese que adjunta el plano georreferenciado, y manifieste además que libera de total responsabilidad al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma, y a sus empleados respecto de los datos consignados en el referido documento, pues el barrido predial levanta la información en campo realizando el recorrido y medición de los predios con el propietario de cada bien inmueble, por lo tanto el propietario al haber indicado sus linderos en campo, asume su total responsabilidad y libera de total responsabilidad al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma y sus funcionarios, respecto de los datos e información consignada en los documentos,


 

asumiendo el propietario o titular catastral, la respectiva responsabilidad civil y penal que se pudiera derivar.

 

Con el referido requisito, la Jefatura de Avalúos y Catastros elaborará el informe y remitirá a la Comisión de Planificación y Obras Públicas para su conocimiento e informe correspondiente, previo a la resolución del Concejo Municipal. El valor a cobrar por parte de la Municipalidad será el 50% de la remuneración básica unificada, correspondiente a la tasa por servicios y trámites administrativos.

 

Artículo 14.- Si el propietario o titular catastral, durante el trabajo de campo indica linderos falsos, que traten de alterar medidas y cabidas de los bienes inmuebles de su propiedad, o cuando existen predios que tienen conflicto con sus linderantes, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma por medio de sus unidades técnicas, debido a la existencia de conflictos con los vecinos colindantes y/o linderantes, deberán informar de la existencia del conflicto, razón por la cual en estos casos no se puede acoger a los procedimientos establecidos en la presente ordenanza.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- DEROGATORIA: Quedan sin efecto las disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan a la presente Ordenanza Municipal.

 

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación en segundo y definitivo debate y la sanción correspondiente del señor Alcalde, sin perjuicio de que sea publicada en el Registro Oficial, en la Gaceta Oficial del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma o en la página web de la Institución.

 

Dada y firmada en la sala de sesiones del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma, a los nueve días del mes de julio del año dos mil doce

 

 f.) Ing. León Garófalo Chávez, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma.

 

f.) Dr. Edwin Núñez Ribadeneira, Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma.

 

CERTIFICADO DE DISCUSIÓN: El infrascrito Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma, certifica que la ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA ENAJENACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIA DE ÁREAS DE TERRENO RURAL EN EL CANTON CALUMA, PRODUCTO DE ERRORES DE MEDICIÓN, CUYAS ESCRITURAS DIFIEREN CON LA REALIDAD FÍSICA VERIFICADA DE CAMPO, fue discutida y aprobada en dos debates en sesiones ordinarias de 22 de mayo y 09 de julio de 2012, respectivamente.- LO CERTIFICO.- Caluma, 10 de julio de 2012

 

 

f.) Dr. Edwin José Núñez Ribadeneira, Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma.  

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CALUMA.- A los once días del mes de julio de 2012, a las nueve horas.-VISTOS: De conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se remite original y tres copias, ante el señor Alcalde, para su sanción y promulgación.- Cúmplase.

 

f.) Dr. Edwin José Núñez Ribadeneira, Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma.

 

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE CALUMA.- A los dieciséis días del mes de julio del año dos mil doce, a las nueve horas treinta minutos. VISTOS.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 inciso tercero del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución y leyes de la República.- SANCIONO la ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA ENAJENACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIA DE ÁREAS DE TERRENO RURAL EN EL CANTON CALUMA, PRODUCTO DE ERRORES DE MEDICIÓN, CUYAS ESCRITURAS DIFIEREN CON LA REALIDAD FÍSICA VERIFICADA DE CAMPO para que entre en vigencia, fecha desde la cual regirán las disposiciones que ésta contiene.

 

f.) Ing. León Arturo Garófalo Chávez, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma.

 

CERTIFICACIÓN: Proveyó y firmó el Ing. León Arturo Garófalo Chávez, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma, la ORDENANZA MUNICIPAL QUE REGULA LA ENAJENACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIA DE ÁREAS DE TERRENO RURAL EN EL CANTON CALUMA, PRODUCTO DE ERRORES DE MEDICIÓN, CUYAS ESCRITURAS DIFIEREN CON LA REALIDAD FÍSICA VERIFICADA DE CAMPO, el dieciséis de julio del año dos mil doce.- LO CERTIFICO.-

 

f.) Dr. Edwin José Núñez Ribadeneira, Secretario General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Caluma.

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL

DEL CANTÓN NARANJAL

 

Considerando:

 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 54 en concordancia con el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador determina las funciones y competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y en dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal correspondiente con criterios de calidad, eficacia, eficiencia, observando los principios de calidad, eficacia y eficiencia , observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad,  subsidiaridad, participación y equidad;

 

Que, el artículo 57 literal d) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que es atribución del concejo municipal regular mediante ordenanza la aplicación de tributos y tasas previstos en la ley a su favor;

 

Que, es función del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, adoptar acciones que conduzcan a la optimización y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a favor de la comunidad; siendo obligatorio preocuparse por todo lo que significa mejoramiento de los servicios básicos, entre los cuales está la de proveer de Agua Potable a las poblaciones del cantón para su bienestar, reglamentar su administración, uso y recaudación de las tasas por concepto del servicio de agua potable de igual manera determinar los derechos y obligaciones de los usuarios con la finalidad de asegurar el abastecimiento y la distribución de agua de calidad adecuada y en cantidad suficiente para el consumo público y el de los particulares, velando por la regularidad y continuidad del servicio para garantizar la seguridad, comodidad y salubridad de los usuarios, tratando de cumplir además con las disposiciones legales que para el efecto se establecen en el Código de la Salud en lo concerniente con el abastecimiento y uso del Agua Potable;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 238 y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en su artículo 6, consagran la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados;

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264 numeral 4 en concordancia los artículos 55 literal d) y 137 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establecen entre las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados municipal, la de: “Prestar los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley”

 

Que, el Art.12 de la Constitución de la República del Ecuador en concordancia con el Art. 96 de la Ley Orgánica de Salud, y el Art. 137 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que determinan que el agua es un derecho humano fundamental e irrenunciable y constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida; siendo obligación del Estado, por medio de las municipalidades, siendo competencia exclusiva de ésta el proveer a la población de agua potable de calidad, apta para el consumo humano.

 

Que, en uso de las atribuciones que le concede el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización en sus Artículos 7 y 57 literal a) en concordancia con el Articulo 240 de la Constitución de la República del Ecuador en que le atribuye al Concejo Municipal la facultad legislativa seccional;

 

EXPIDE LA SIGUIENTE:

 

ORDENANZA PARA LA APLICACIÓN Y COBRO

DE LA TASA POR SERVICIO DE AGUA POTABLE

EN EL SECTOR RURAL DE LA JURISDICCION

DEL CANTON NARANJAL

 

CAPÍTULO I

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

 

Art. 1.- El servicio del agua potable, es el proceso de captar agua cruda ya sea desde las fuentes de agua que están sobre la superficie o subterránea para luego de cumplir el proceso de potabilización transportarla desde la planta de tratamiento y/o reservorios hacia cada uno de los usuarios que legalmente hayan obtenido el permiso para instalarse a la red municipal de distribución.

 

La presente ordenanza se aplicará en todos los servicios de agua potable de propiedad municipal, o en sistema de agua potable, administrados por juntas administradoras que suscriban convenios de asistencia técnica, financiera y/o comercial con el GAD Municipal del cantón Naranjal.

 

Art. 2.- Según la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley Orgánica de Salud, que es obligación del Estado, por medio de los gobiernos autónomos descentralizado municipales proveer a la población del servicio de agua potable con eficiencia y que éste debe ser de calidad y apta para el consumo humano. El agua potable es indispensable para el consumo doméstico para cuyo efecto la toma se realizará mediante conexiones individuales de acuerdo a su uso; y, su concesión es prioridad y obligación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, la misma que procurará la continuidad del servicio reservándose el derecho a realizar suspensiones o cortes del servicio para realizar mejoras en el servicio o reparaciones en el sistema de agua potable con previo aviso a la comunidad.

 

CAPÍTULO II

 

DEL USO DEL AGUA POTABLE

 

Art. 3.- Se declara de prioridad nacional y de uso público, esencial para la vida el agua potable de toda la jurisdicción del cantón Naranjal, procurando su aprovechamiento con sujeción a las prescripciones que se determinan en la presente Ordenanza, a lo dispuesto en la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y la Ley Orgánica de Salud en lo concerniente al servicio de agua potable.

 

 

Art. 4.- El uso del agua puede ser Residencial, Comercial, Industrial, Público, Eventual y para construcciones la que se realizará por medio, de conexiones domiciliarías en la forma, condiciones, normas y requisitos que se determinan en la presente ordenanza.

 

CAPÍTULO III

 

MANERA DE OBTENER EL SERVICIO

 

Art. 5.- A excepción de la solicitud para servicio eventual y para construcciones, la persona natural o jurídica que deseare obtener el servicio de agua potable para el inmueble de su propiedad, presentará por escrito la respectiva solicitud, en el formulario de solicitud de agua potable ante el departamento de agua potable, comunicando la necesidad del servicio y detallando los siguientes datos:

 

Nombre del propietario del inmueble, con su respectivo número de cédula de identidad o registro único de contribuyente, según el caso;

 

Dirección correcta con indicación de calle, número de casa, o propiedad, incluyendo un croquis si fuere necesario para ubicar el predio;

 

Descripción del uso que se va a dar al servicio, según el cual se ubicará la respectiva categoría;

 

Certificado que justifique la propiedad o la calidad que tiene sobre el predio cuyo servicio de agua se solicita;

 

Copia del pago de impuesto predial del inmueble donde se realiza la instalación o,

 

Certificado de no adeudar al Municipio emitido por la tesorería municipal

 

Para el caso de edificios mayores a dos plantas se presentaran, además, los planos sanitarios aprobados por el Departamento de Agua Potable, respecto de los planos sanitarios.

 

Art. 6.- Para la obtención del servicio eventual el solicitante adjuntará a la solicitud los siguientes documentos:

 

Nombre del propietario del inmueble, con su respectivo número de cédula de identidad o registro único de contribuyente, según el caso;

 

Dirección correcta con indicación de calle, número de casa, o propiedad, incluyendo un croquis si fuere necesario para ubicar el predio;

 

Certificado de no adeudar al Municipio del solicitante y del dueño del predio.

 

Contrato de arrendamiento del predio particular y/o público.

 

Art. 7.- Para la obtención del servicio para construcciones el solicitante adjuntará a la petición los siguientes documentos:

 

Nombre del propietario del inmueble, con su respectivo número de cédula de identidad o registro único de contribuyente, según el caso;

 

Dirección correcta con indicación de calle, número de casa, o propiedad, incluyendo un croquis si fuere necesario para ubicar el predio;

 

Certificado de no adeudar al Municipio del solicitante y del dueño del predio.

 

Permiso de construcción concedido por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal.

 

Art. 8.- Recibida la solicitud, el jefe del Departamento de Agua Potable o proveedor del servicio ordenará la inspección respectiva, continuándose para ello bajo su responsabilidad con el trámite pertinente, el termino máximo de 3 días resolverá de acuerdo a la oferta técnica existente y de la reglamentación pertinente y la presente Ordenanza o en su defecto, si por razones técnicas o de cualquier otro orden no sea factible la dotación del servicio, se comunicará por escrito al interesado.

 

Art. 9.- Si la solicitud fuera aceptada, el Departamento de Agua Potable o proveedor del servicio emitirá la liquidación por concepto de derecho de instalación, materiales, servicios administrativos, uso de maquinaria y mano de obra, pudiendo pagarse el 50% del valor del servicio al momento de emitir el permiso y el otro 50% en cuotas mensuales a cobrarse en las planillas a emitirse por el consumo registrado.

 

Cancelada los valores pertinentes el solicitante firmará el contrato respectivo para el otorgamiento del servicio de agua potable donde se determine las condiciones, obligaciones, modificaciones, derechos y obligaciones de las partes y a partir de ese momento el peticionante será usuario del sistema.

 

Art. 10.- Concedido el servicio de agua potable, se deberá incorporar al usuario al correspondiente catastro de abonados; en el mismo que constarán entre los detalles más relevantes: nombres, apellidos, número de cédula, categoría, dirección, número de medidor, código catastral.

 

Art. 11.- Obtenido el permiso en el plazo no mayor de 5 días el Departamento de Agua Potable o proveedor del servicio, procederá a instalar la acometida domiciliaria y liquidará el valor invertido en la construcción de la acometida para lo cual constará como documento habilitante el formulario suscrito por el usuario, donde se detallará cada uno de los rubros realizados.

 

Si la acometida domiciliaria ha sido construida con materiales deficientes que produce constantes daños y perdidas de agua potable que no se pueda imputar al usuario, este tiene la obligación de adquirir los materiales determinados por la jefatura de agua potable o proveedor del servicio en el plazo máximo de 48 horas, de no hacerlo el usuario, el GAD Municipal por medio del departamento de agua potable procederá a cambiar los materiales de la acometida domiciliaria y a la emisión de la factura en el próximo mes en la planilla de agua potable para la recuperación de los valores invertidos en dicha instalación.

 

Art. 12.- El Departamento de Agua Potable o proveedor del  servicio, determinará luego de establecer la demanda factible el diámetro de las instalaciones y materiales de las conexiones de acuerdo con cada uno de los inmuebles en los que se vaya a dar el servicio y determinará la categoría del usuario.

 

Art. 13.- Suspensión del servicio.- Se procederá a la suspensión del servicio de agua potable en los siguientes casos:

 

Por petición del usuario,

 

Cuando el servicio indique el peligro de que el agua potable sea contaminada por sustancias nocivas para la salud, previo informe del Inspector de Municipal. En este caso la reparación y adecuación de las instalaciones la realizará el personal técnico nombrado por el Departamento de Agua Potable a costa del usuario.

 

Cuando el Departamento de Agua Potable o proveedor del servicio estime conveniente hacer reparaciones o mejoras de servicio, en cuyo caso el proveedor no será responsable de la suspensión hecha con previo aviso, cuando la urgencia de las circunstancias lo requiera ocasione cualquier daño o perjuicio.

 

Por mora en el pago del servicio, por más de dos meses.

 

El servicio de agua potable se suspenderá a petición del usuario solo si el predio esta deshabitado.

 

Art. 14.- El usuario o un representante legalmente1 autorizado, podrá solicitar la suspensión del servicio en forma temporal o definitiva por escrito en el formulario “solicitud de servicios de agua potable” para lo cual deberá adjuntar el certificado de que no adeuda valor alguno al GAD Municipal.

 

La suspensión temporal significa que el usuario cancelará mensualmente el valor mínimo de mantenimiento del sistema y tendrá derecho a la reinstalación previo el pago de derecho de reinstalación.

 

La suspensión definitiva significa que el usuario da terminado el contrato suscrito con la municipalidad y se dejará de emitir planillas y para su reinstalación deberá cumplir como acometida nueva.

 

Art. 15.- Cuando el inmueble del solicitante tenga como frente a dos o más calles, el Departamento de Agua Potable previa inspección, determinará el frente o el sitio por el cual sé deberá realizar la conexión con sujeción a las normas existentes para el efecto.

 

 

CAPÍTULO IV

 

CLASIFICACIÓN DE LOS USUARIOS

 

Art. 16.- Los Usuarios del servicio de agua potable serán clasificados de acuerdo al uso que den al agua potable, se establecen la siguiente categorías.

 

CATEGORÍA RESIDENCIAL.- Se entiende el abastecimiento de agua potable a los domicilios e inmuebles utilizados para viviendas.

 

 

CATEGORÍA COMERCIAL.- Por servicio comercial se entiende el abastecimiento de agua potable a inmuebles o locales que estén destinados a fines comerciales tales como: Inmuebles de arriendos (más de 2) con medidor general, oficinas, bares, restaurantes, panaderías, salones de bebidas alcohólicas, clubes sociales, hoteles, supermercados, frigoríficos, dispensarios médicos, almacenes, ferreterías, mecánicas, farmacias, clínicas, iglesias, establecimientos educacionales particulares, estaciones de servicios, (sin lavados de carro), salones de belleza, peluquerías, sala de billares, talleres fotográficos y más inmuebles o locales que por su función guarden relación con esta categoría.

 

La clasificación o reclasificación de esta categoría se aplicará previa inspección e informe del Departamento de agua potable.

 

El consumo que supere los 200 m3 será cancelado como categoría industrial

 

 

CATEGORÍA INDUSTRIAL.- Esta categoría se refiere al abastecimiento de agua que se hace a toda clase de edificios o locales destinados a actividades comerciales, bancarias, exportadoras, industriales, moteles, prostíbulos, centros de recreación, prefabricados de hormigón, fabricas de gaseosas o refrescos, queserías, camales y de manera general cualquier actividad que utilicen el agua como materia prima.

 

 

CATEGORÍA OFICIAL O PÚBLICA.- En esta categoría se incluyen a las dependencias públicas como: establecimientos educacionales gratuitos y fiscales, centros de salud públicos, quienes pagaran tarifas residenciales. Por ser tarifas preferenciales de detectarse que las instalaciones poseen fuga de agua se otorgara un plazo de 24 horas para su arreglo, de no proceder se multará con un valor equivalente al 20% del salario básico unificado.

 

 

CATEGORIA DE PERSONAS SUJETAS A REBAJA.- A esta categoría pertenecen las instituciones o personas naturales que por la Constitución, Ley o Decretos ejecutivos, y Ordenanzas determinen la rebaja en el pago de los servicios públicos, pero será obligación de la institución el establecimiento de un micro medidor para establecer el volumen de consumo; en caso de que sus instalaciones o piezas sanitarias tengan fuga de agua, serán notificados para que en un plazo no mayor a 8 días se proceda a su arreglo o reparación, en caso de no hacerlo como sanción al incumplimiento de las políticas de ahorro del agua potable, se facturará la diferencia del consumo entre el registrado ese mes y el promedio de los 6 meses anteriores.

 

CAPÍTULO V

 

DE LAS INSTALACIONES

 

Art. 17.- Que es competencia exclusiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, la de prestar los servicios públicos de agua potable por tanto es función exclusiva la provisión e instalación del servicio de agua potable así como la construcción de nuevos sistemas, su operación, mantenimiento y/o ampliación de los sistemas existentes; sin perjuicio de que estas obras puedan ser ejecutadas por terceras personas previo el cumplimiento de las disposiciones legales pertinentes.

 

Art. 18.- Exclusivamente el Departamento de Agua Potable o proveedor del servicio, por medio del personal técnico que designare, efectuará las instalaciones necesarias desde la tubería matriz hasta la instalación del medidor domiciliario, reservándose el derecho de determinar el material a emplearse en cada uno de los casos de acuerdo con las normas establecidas. En el interior de los domicilios los propietarios podrán hacer cambios o prolongaciones de acuerdo con sus necesidades previo el visto bueno del respectivo proveedor.

 

Previo al otorgamiento del servicio de agua potable, se requerirá la presentación de planos y diseños hidrosanitarios aprobados por el GAD Municipal, los cuales se sujetarán a la normativa correspondiente. Cumplido esto se procederá a la suscripción del contrato de servicio.

 

Art. 19.- El Departamento de Agua Potable, efectuará las instalaciones necesarias en los sectores de viviendas nuevas, construidos por particulares o instituciones públicas ajenas al GAD Municipal que estén localizadas dentro del límite de oferta del servicio.

 

Art. 20.- Acometida: Es la conexión desde la tubería matriz hasta el medidor inclusive, pudiendo ser de las siguientes clases:

 

INSTALACIONES INDIVIDUALES: Serán aquellas instalaciones destinadas a proveer de agua en una forma normal a domicilios, comercios, industrias, servicios públicos, etc.

 

INSTALACIONES MULTIPLES: Son las destinadas a proveer los servicios a edificios multifamiliares, de propiedad horizontal y de uso compartido. En los casos de edificios de propiedad horizontal para vivienda, deberá instalarse un medidor por cada local independiente, y adicionalmente otro de control general a la entrada del edificio.

 

INSTALACIONES ESPECIALES: Son aquellas que debido al tipo de instalación o equipos a utilizarse o por el uso que vaya a darse al agua, difieran del tipo normal de instalación de la ciudad.

 

Art. 21.- Valor del Derecho de acometida.- El solicitante del servicio de agua potable cancelará el siguiente valor por  derecho de conexión o reconexión de la acometida, tomando como variable la categoría y el diámetro a instalar.

 

CATEGORIA

DIAMETRO

VALOR

 

RESIDENCIAL

1/2 PULG

$ 25,00

3/4 PULG

$ 40,00

1 PULG

$ 100,00

 

COMERCIAL

1/2 PULG

$ 50.00

3/4 PULG

$ 75.00

1 PULG

$ 200.00

 

 

INDUSTRIAL

1/2 PULG

1,0 S.B.U.

3/4 PULG

2,5 S.B.U.

1 PULG

5,0 S.B.U.

MAYOR 1 PULG

8,0 S.B.U

 

S.U.B. SALARIO BASICO UNIFICADO

 

En el caso de edificaciones de instalaciones múltiples el pago del valor de derecho de acometida será por unidad de vivienda o local comercial.

 

Art. 22.- En los casos que sea necesario prolongar la tubería matriz a nuevos sectores para otorgar el servicio de uno o más consumidores, el GAD Municipal vigilará a través de la unidad de agua potable, que las dimensiones de la tubería a extender sean determinadas con sujeción a los requisitos técnicos, de tal manera que garanticen el buen servicio sin afectar el desarrollo de otros sectores.

 

Si los beneficiarios han aportado económicamente y con trabajo para realizar la extensión de una o más redes para acceder el servicio, tiene la obligación de hacer participar a todos los vecinos potencialmente factibles de ser servidos para que obtengan los mismos derechos y obligaciones.

 

Inmediatamente luego de terminados estos trabajos con convenios o no o con cualquier porcentaje de participación de los beneficiarios, las redes pasaran a ser propiedad del GAD Municipal sin tener derecho, los beneficiarios, de reclamos posteriores. Las nuevas acometidas, inclusive si se realizan dentro de las redes extendidas, pagarán los derechos vigentes a la fecha de solicitud.

 

 

Art. 23.- En el caso de que se vaya a realizar el trámite de aprobación de una urbanización o lotización en lo que respecta a los diseños de agua potable deberán ser aprobados por el Departamento de Agua Potable, siendo requisito indispensable para continuar con el trámite respectivo un informe favorable de dicha unidad, en caso contrario se suspenderán los trámites.

 

 

Art. 24.- Para realizar los trabajos de tendidos de redes de agua potable en la urbanizaciones, los dueños deberán pedir la autorización respectiva al GAD Municipal, quien fiscalizará que el tendido de redes y demás accesorios esté acordes con los diseños, y normas constructivas; para lo cual por fiscalización, cancelará un valor proporcional del 4% del presupuesto elaborado por el Departamento de Agua Potable.

 

Recibidos los trabajos por parte del Departamento de Agua Potable, todas las redes pasarán a ser propiedad del GAD Municipal del cantón Naranjal.

 

CAPÍTULO VI

 

ESTRUCTURA TARIFARIA

 

Art. 25.- Pliego Tarifario para la aplicación de los sistemas de Agua Potable en el sector rural del cantón Naranjal.- Que, la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publica en su disposición general cuarta y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en su Art.566 autoriza y determina que las municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las tasas retributivas de servicios públicos, mediante la cual se establece que toda inversión que realicen los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales deberán procurar por los medios que ellos determinen mediante normativa el retorno de la inversión de la obra que se ejecute, para cuyo efecto se ha considerado el siguiente pliego tarifario por la ejecución de obras que tienda a la dotación y mejoramiento del servicio público de agua potable en el sector Rural de nuestra jurisdicción cantonal

 

CATEGORÍA RESIDENCIAL

 

MARGEN DE

CONSUMO (m3)

BASE

ADICIONAL POR m3

MÍNIMO

MÁXIMO

TARIFA BÁSICA

30

4,00

0

31

60

4,00

0,15

61

90

8,50

0,16

CONSUMOS MAYORES A 90 m3 PAGAN TARIFA COMERCIAL

 

CATEGORÍA COMERCIAL

 

MARGEN DE

CONSUMO (m3)

BASE

ADICIONAL POR m3

MÍNIMO

MÁXIMO

TARIFA BÁSICA

30

6,00

0

31

60

6,00

0,16

61

90

10,80

0,18

91

200

16.20

0,19

CONSUMOS MAYORES A 200 m3 PAGAN TARIFA INDUSTRIAL

 

 

CATEGORÍA INDUSTRIAL

 

MARGEN DE

CONSUMO (m3)

BASE

ADICIONAL POR m3

MÍNIMO

MÁXIMO

TARIFA BÁSICA

30

10,00

0

31

60

10,00

0,20

 

61

90

16,00

0,23

91

200

22,90

0,25

200

 

50,40

0,27

 

 

Art. 26.- Determinación del costo de producción del metro cubico de agua potable.- estructura tarifaria.- La estructura tarifaria estará determinada por los costos medios administrativos, operación y mantenimiento, inversión y de compensación ambiental.

 

 

Los costos medios administrativos o cargo fijo es el valor unitario por suscriptor o usuario, que refleja los costos económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio, independientemente del nivel de uso, estarán determinados por la sumatoria de los costos correspondientes a la administración del sistema de agua potable: mano de obra, equipos, materiales de oficina, etc.

 

Los costos de operación y mantenimiento estarán determinados por: mano de obra, insumos, energía, materiales equipamiento para operación y mantenimiento de la infraestructura.

 

Los costos de Inversión están determinados por las siguientes variables: Obras a ejecutar para reposición de infraestructura existente y obras del Plan de Inversiones para ampliar Cobertura, teniendo en cuenta la demanda.

 

Los costos de compensación ambiental estarán determinados por las políticas y programas a ser financiados para compensar a la naturaleza el impacto del uso del agua.

 

CAPITULO VII

 

DE LA MEDICIÓN

 

Art. 27.- Para la medición del servicio de agua se utilizarán Medidores de Caudal que serán proporcionados por el GAD Municipal, en caso de que los usuarios dispongan de medidores de caudal estos deberán ser contrastados en el banco de pruebas que para el efecto contará el Municipio.

 

Art. 28.- Toda conexión de agua potable, será realizada con el respectivo medidor de consumo, siendo obligación del propietario del inmueble y/o usuario del sistema de agua potable del mantenimiento y cuidado del medidor así como de sus instalaciones domiciliarias que en ningún caso presentarán fugas de Agua. Por tanto será de su responsabilidad el consumo registrado por el medidor, a excepción de que presente deficiencias que amerite su cambio,

 

Art. 29.- Costo del agua sin micro medidor.- Si el usuario tuvo medidor y por diferentes causas dejara de funcionar, el usuario pagará el consumo promedio de los últimos seis meses mientras se reponga el medidor. Si el usuario nunca tuvo medidor pagará la tarifa básica.

 

Art. 30.- Los medidores se instalarán en el lugar más accesible para su lectura, desde la vereda o borde de la calle o de  pasadizos y corredores en instalaciones múltiples. Queda prohibida la reubicación del medidor por parte del propietario del inmueble siendo únicamente el GAD Municipal la autorizada para realizar dichos cambios, los gastos de reubicación y reinstalación correrán por cuenta del usuario, siempre y cuando sea que el usuario lo solicita.

 

Art. 31.- Previa a su instalación, todo medidor llevará un sello de seguridad inviolable que podrá ser removido únicamente por personal autorizado del proveedor; por ningún concepto el usuario o cualquier otra persona podrán manipular, deteriorar, alterar o violar este sello.

 

Art. 32.- El GAD Municipal tiene exclusividad para el control y mantenimiento de los medidores. Si el propietario observare un mal funcionamiento del medidor o presumiere alguna falsa indicación de consumo podrá solicitar al Departamento de Agua Potable, la inspección para corregir el defecto. Los medidores podrán también ser revisados por el GAD Municipal cuando lo justifique un análisis técnico, lo que será notificado al usuario.

 

Art. 33.- De ser necesario el retiro del medidor, ya sea para someterlo a revisión o reparación, el proveedor lo desinstalará en el término de 24 horas de haberlo solicitado o dispuesto, según sea el caso.

 

De comprobarse que el mal funcionamiento del medidor se debe a la manipulación por parte del usuario, su reposición y gastos de instalación serán pagados por el usuario, sin perjuicio de las sanciones de que haya a lugar.

 

Art. 34.- Cuando el consumidor considere que existe facturación excesiva en la planilla de un período, podrá cancelar únicamente un valor equivalente al promedio del consumo mensual de los seis meses inmediatamente anteriores.

 

Para poder ejercer este derecho, el consumidor debe presentar hasta dentro de los diez días posteriores al vencimiento de la factura o planilla, las correspondientes al periodo de seis meses inmediatos anteriores a la objetada. De no contar con los documentos anotados, el consumidor deberá solicitar las respectivas copias a la empresa prestadora del servicio, en cuyo caso, el plazo anotado comenzará a correr desde la fecha en que se entreguen las copias.

 

La empresa proveedora del servicio dispondrá de un plazo de treinta días a partir del reclamo del usuario para acreditar que el consumo facturado fue efectivamente realizado, en cuyo caso tendrá derecho a reclamar el pago de la diferencia más los intereses legales correspondientes.

 

Si el pago efectuado por el consumidor en ejercicio del derecho contemplado en el inciso primero del presente artículo excede del valor real de consumo, la empresa otorgará un crédito idéntico a dicho exceso a favor del consumidor, el mismo que deberá hacerse efectivo en la planilla inmediata posterior.

 

Mientras se desarrolle el trámite previsto en los incisos precedentes, la empresa proveedora estará obligada a seguir  prestando el servicio sin interrupción alguna.

 

Las empresas proveedoras de servicios públicos domiciliarios están en la obligación de otorgar un trato recíproco a los consumidores, aplicando en lo referente a reintegros y devoluciones, los mismos criterios que se utilicen para los recargos por mora en el pago del servicio.

 

Art. 35.- Los propietarios de los inmuebles, facilitarán el acceso del personal del departamento de agua potable, para realizar la lectura de los medidores y control del sistema interior de agua potable.

 

CAPITULO VIII

 

DEL REGISTRO DEL CONSUMO

 

Art. 36.- Será obligación del Departamento de agua potable llevar un estadístico del consumo de los usuarios que permita determinar variaciones en los consumos mensuales con el propósito de realizar acciones correctivas oportunas, en caso de ser necesario.

 

De detectarse variaciones notorias en el historial de consumo se comunicará al usuario para que proceda a revisar sus instalaciones domiciliarias y/o se presente al Departamento de agua potable a justificar el exceso de consumo.

 

Art. 37.- La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace desde que se inicie la prestación del servicio, con periodicidad mensual.

 

Art. 38.- El Departamento de agua potable emitirá los primeros días de cada mes los avisos de pago en donde deberá constar además de los datos de identificación del usuario el volumen de consumo y el valor a cancelar.

 

Art. 39.- Cuando se produzcan desperfectos en la conexión domiciliaria desde la tubería de la red hacia el medidor o en este último, el propietario está obligado a solicitar inmediatamente al Departamento de Agua Potable la reparación respectiva.

 

Art. 40.- Cuando el Departamento de agua potable detectare errores en la toma de lecturas por revisión propia o por reclamo del usuario, tiene la obligación de la corrección inmediata informando a la dirección financiera las razones del error detectado y de ser causado por circunstancias imputables al lector o al que ingresa la lectura al sistema será causa para sanción de acuerdo a la Ley Orgánica del Servicio Público.

 

 

Art. 41.- El reclamo administrativo por las lecturas tomadas o de consumos generados por éstas, podrán solicitar su revisión por parte del usuario o su representante; solo 10 días después de la información otorgada en el aviso; siendo de conocimiento general del cliente que la emisión de planillas se lo realizará el primer día laborable del mes siguiente del consumo registrado. Por tanto, al no existir persona que reciba el aviso, el mismo será introducido hacia el interior de la vivienda, debiendo el  lector dejar constancia de lo actuado en el Departamento de Agua Potable.

 

Art. 42.- Si por fuerza mayor no se pudiera tomar lecturas de los medidores de uno, varios o de todos los usuarios, el departamento de agua potable por intermedio del sistema informático emitirá la planilla con el promedio del último trimestre y en el próximo mes liquidará a partir del consumo acumulado.

 

CAPITULO IX

 

FORMA Y VALORES DE PAGO

 

Art. 43.- Los pagos de consumo de agua potable, se realizarán dentro de los 30 días subsiguientes a la emisión de los títulos de crédito, cumplido este periodo se aplicarán los intereses determinados en la ley correspondiente en caso de mora en el pago del servicio.

 

Art. 44.- El Propietario actual del inmueble será el único responsable ante el Municipio por el pago del consumo de agua potable que señale el medidor.

 

En el caso de compraventa de inmuebles en donde el comprador no ha exigido al vendedor el certificado municipal de no adeudar tributos o servicios municipales, él será responsable de la deuda que exista en el momento de la adquisición del bien.

 

Art. 45.- Exoneraciones.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal en cumplimiento de la Constitución de la Republica del Ecuador y de las leyes procederá a la exoneración tal como se determinan en ellas:

 

TERCERA EDAD.- En el mes de enero de cada año las personas mayores a 65 años con la presentación de la cédula se harán beneficiarios de la rebaja establecida en la ordenanza de la materia y en Ley de la Tercera Edad, solo del predio en el cual habitan.

 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES.- De acuerdo a resolución del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal tomada el 10 de febrero del 2011.

 

En ningún caso habrá exoneración total del cobro de la tasa por el servicio de agua potable.

 

En caso de instituciones que estén exoneradas parcialmente del pago de la tasa de agua potable se instalara el medidor para cuantificar su consumo a costa de la institución y para el control de pérdidas; si la institución notificada de que existen fugas en sus instalaciones, no reparado los daños en un plazo de 48 horas, será multada con el valor del 50% del salario básico unificado, de ser reincidente su multa se incrementara por igual valor cuantas veces incurra.

 

Art. 46.- El referido pago se lo hará obligatoriamente en la tesorería del proveedor dentro de los quince días posteriores a  la notificación con la respectiva planilla, debiendo exigirse en cada pago el comprobante respectivo.

 

CAPÍTULO X

 

INFRACCIONES, PROHIBICIONES Y SANCIONES

 

Art. 47.- Interferencia en instalación de medidores e inspecciones.- Quien se opusiere o impidiere la instalación de un medidor, la toma de lecturas y las inspecciones de conexiones de agua potable, será sancionado con una multa equivalente al cinco por ciento (5%), salario básico unificado.

 

En el caso de reincidencia en estos tipos de infracciones se aplicará, en cada caso el ciento por ciento de recargo de la sanción anterior.

 

Art. 48.- Interferencia en la toma de lecturas y del consumo.- En caso de que el usuario realizara o permitiera que se manipule el medidor para variar las mediciones de los consumos o interfiriera en la toma de lecturas, que impida determinar el valor real del consumo mensual, serán sancionados con una multa equivalente al veinte y cinco por ciento (25%) del salario básico unificado, en el caso de reincidencia la multa será del cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado.

 

Adicionalmente se liquidará por consumo del mes de la lectura no tomada, El promedio semestral del volumen anterior.

 

El Departamento de agua potable reemplazará el medidor y sus accesorios a costa del usuario, y el valor será facturado en la próxima planilla a emitirse

 

Art. 49.- Conexiones clandestinas.- Es prohibido efectuar conexiones de agua potable sin la correspondiente autorización y sin haber hecho el trámite respectivo con el proveedor del servicio. En caso de comprobarse el cometimiento de esta infracción, sin perjuicio de disponer la desconexión inmediata del servicio, se procederá a sancionar al infractor de acuerdo al siguiente procedimiento:

 

Con la multa equivalente a: Para la categoría residencial, el 50% de un salario básico unificado del trabajador en general. Para la categoría comercial, 1 salario básico unificado del trabajador en general. Para la categoría industrial, 3 salarios básicos unificados del trabajador en general.

 

El pago correspondiente a un año se servicio de agua potable con tarifa básica según la respectiva categoría.

 

Se legalizará la conexión con la creación de la cuenta y se cargarán los valores por los derechos que correspondan a una instalación nueva.

 

 

Art. 50.- Derivaciones clandestinas.- Quien fuere beneficiado por una conexión clandestina realizada antes del medidor instalado derivado de una legalmente realizada, tendrá una  multa correspondiente al 50% del valor impuesto en el artículo anterior.

 

Quién permita realizar derivaciones clandestinas de conexiones de agua potable y alcantarillado será sancionado con una multa equivalente al cincuenta por ciento (50%) del salario básico unificado del trabajador en general.

 

Art. 51.- Reconexión ilegal.- Quién hubiere realizado una reconexión clandestina del servicio de agua potable cuando el departamento de agua potable lo hubiere cortado, será sancionado con una multa equivalente a:

 

Para la categoría residencial, el 50% de un salario básico unificado del trabajador en general.

 

Para la categoría comercial, 1 salario básico unificado del trabajador en general. Para la categoría industrial, 3 salarios básicos unificados del trabajador en general.

 

En caso de reincidencia la multa será equivalente al doble de la multa indicada en el inciso anterior, pudiendo llegar al retiro temporal del servicio y al juicio de coactiva.

 

Art. 52.- La mora en el pago de servicio de agua potable por más de dos meses, previa notificación se suspenderá el servicio al abonado y que la tesorería del proveedor recurra de inmediato al cobro por vía coactiva, aplicando como interés de mora la máxima tasa legal, que rige en el momento de hacerse efectivo su cobro.

 

Art. 53.- Prohíbase la conexión de la tubería de agua potable, con cualquier otra tubería o depósito de diferente abasto que altere o que pueda alterar la potabilidad del agua.

 

La persona o personas que abrieren boquetes o canales o realizaren perforaciones en la misma o en los tanques, o trataren de perjudicar en cualquier otra forma el sistema, estarán obligados a pagar el valor de las reparaciones y una multa de un salario básico unificado.

 

Art. 54.- Cuando esté suspendido el servicio prohíbase a los propietarios o personas que no están autorizados por el Departamento de Agua Potable manejar las llaves de los medidores, guías de las cañerías, sobre todo, válvulas de acceso a sus conexiones. Los que infringieren esta disposición serán sancionados con una multa de cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norte América

 

Art. 55.- El abonado no tendrá derecho a transferir la propiedad del medidor, exceptuándose el caso de la enajenación del inmueble, en que el nuevo propietario será pecuniariamente responsable de los valores adeudados por el propietario anterior.

 

Art. 56.- El agua potable que suministra el proveedor no podrá ser destinada para uso en riegos de cultivos de cualquier clase, establos, para lavada de vehículos con mangueras o para el uso de cualquier otra actividad que la presente ordenanza no lo autoriza ni lo permite. La infracción por esta causa será  sancionada con una multa de cien dólares de los Estados Unidos de Norte América. La reincidencia será sancionada con recargo del 25% de la sanción anterior, cada vez que se repita

 

Art. 57.- Todo daño ocasionado en la red de agua potable será cobrado al usuario con una multa de cien dólares de los Estados Unidos de Norte América, más, el pago de los daños que hubiere ocasionado, mediante la respectiva acción ordinaria de coactiva, la cual será ejecutada por el proveedor, sin perjuicio de las acciones legales establecidas en el Código Penal, a no ser que el daño sea por caso fortuito o fuerza mayor previa calificación y justificación del mismo.

 

Art. 58.- Sólo en caso fortuito o fuerza mayor o cuando hubiere la autorización correspondiente por parte del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Naranjal y el hecho lo amerita, podrá el personal del Cuerpo de Bomberos o cualquier otra institución hacer uso de válvulas, hidrantes y conexos; pero en circunstancias normales, ninguna persona particular podrá hacer uso de ellas; si lo hiciere además del pago de daños y perjuicios a quien hubiere lugar, incurrirá en la sanción con una multa de cien dólares de los Estados Unidos de Norte América.

 

Art. 59.- La reconexión del servicio suspendido por mora tendrá un costo de $ 20.00

 

CAPITULO XI

 

DE LA ADMINISTRACIÓN

 

Art. 60.- La administración, operación, mantenimiento y extensiones del sistema de agua potable, estarán a cargo del Departamento de Agua Potable, quien establecerá las normas correspondientes para su funcionamiento.

 

Art. 61.- El manejo de los fondos de agua potable, su recaudación y contabilización estará a cargo de la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, en donde se llevará una cuenta separada del movimiento de caja, correspondiente al servicio de agua potable de cada sector rural.

 

Anualmente se realizará el balance respectivo, cualquier saldo favorable que se obtenga será destinado para la formación de una reserva que permita la financiación de cualquier obra de ampliación o mejoramiento del sistema y no se podrá bajo ningún concepto disponer de estos fondos en propósitos diferentes, a menos que se trate de operaciones financieras garantizadas, cuyas utilidades se acrediten a las disposiciones del mismo servicio.

 

 

Art. 62.- Los materiales y equipos pertenecientes al Departamento de Agua Potable, no podrán ser usados ni transferidos a otros servicios que no sean exclusivamente para el cual fueron adquiridos por el departamento municipal de agua potable y estarán bajo control del bodeguero general quien será el responsable de su cuidado y protección, y sujeto a un inventario actualizado de todos sus bienes que lo llevará el departamento respectivo.

 

Art. 63.- El Departamento de Agua Potable, será responsable en legal y debida forma por la dotación del servicio de agua potable en cada recinto que administrare el servicio, debiendo presentar un informe mensual al Sr. Alcalde sobre las actividades ejecutadas y cumplidas tanto en administración como en operación, mantenimiento y ejecución de nuevas obras. Especial atención se dará en el informe al registro de consumos, comparando los totales leídos en los medidores con el indicado por el totalizador de la ciudad.

 

Art. 64.- La Dirección Financiera, someterá a consideración del concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal el balance de cuenta de agua potable en forma anual, a fin de tomar las medidas necesarias y realizar los ajustes convenientes en las tarifas.

 

Art. 65.- Deróguese cualquier ordenanza, Reglamento acuerdo o resolución que se haya dictado con anterioridad a la presente quedando sin efecto las mismas.

 

Art. 66.- La presente Ordenanza entrará en vigencia de manera inmediata a partir de su publicación en cualquiera de las formas previstas en el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

 

Dada en la sala de sesiones del I. Concejo Cantonal de Naranjal, a los doce días del mes de julio del año dos mil doce.

 

f.) Ing. Marcos Chica Cárdenas, Alcalde del cantón Naranjal.

 

f.) Lic. José Lenin Torres Alvarado, Secretario General del Concejo.

 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NARANJAL.-

 

En legal forma certifica que, la ordenanza que antecede fue discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del Concejo Municipal de Naranjal, realizadas los días 14 de junio y 05 de julio culminada el 12 de julio del 2012, respectivamente.

 

Naranjal, 17 de julio del 2012

 

f.) Lic. José Lenin Torres Alvarado, Secretario General del Concejo MM.

 

ALCALDÍA DEL CANTÓN NARANJAL.-

 

Naranjal, 18 de julio del 2012, a las 9h45.-

 

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 inciso 5, del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto, la presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución y leyes de la República.- Sanciono la presente ordenanza para que entre en vigencia, disponiéndose su promulgación y publicación en la gaceta oficial municipal y en el dominio web de esta institución municipal, conforme lo establece el Art. 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  Descentralización, sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial.

 

f.) Ing. Marcos Chica Cárdenas, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Naranjal.

 

SECRETARÍA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE NARANJAL.-

 

Proveyó y firmo el decreto que antecede, el Ing. Marcos Chica Cárdenas, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Naranjal, a los dieciocho días del mes de julio del año dos mil doce, a las 09H45.

 

f.) Lic. Lenin Torres Alvarado, Secretario General del Concejo MM.

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE PIÑAS

 

CONCEJO MUNICIPAL

 

Considerando:

 

Que, es deber primordial del Estado y sus instituciones asegurar la vigencia de los derechos humanos, las libertades fundamentales de los ciudadanos y la seguridad social;

 

Que, al tenor del artículo 3 numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador es deber primordial del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción;

 

Que, el Art. 85, inciso segundo de la Constitución de la República, establece que en la formulación, ejecución, evaluación, y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades;

 

Que, el Art. 95 de la Constitución consagra el derecho de participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público y prevé que las ciudadanas y los ciudadanos, en forma individual o colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos...”;

 

Que, el tercer inciso del artículo 163 de la Constitución de la República, establece que para el desarrollo de sus tareas la Policía Nacional coordinará sus funciones con los diferentes Niveles de Gobierno Autónomo Descentralizado;

 

Que, el Art. 393 de la Constitución de la República establece que el Estado garantizará la “Seguridad Humana” a través de políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos; y, que la planificación y aplicación de estas políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de Gobierno;

 

Que, el Art. 54 literal n) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), establece como una de las funciones del GAD, de crear y coordinar los Consejos de Seguridad Ciudadana Municipal, con la participación de la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;

 

Que, el Art. 60 literal q) del COOTAD, establece como una de las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, “coordinar con la Policía Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, la formulación y ejecución de políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana;

 

Que, el Art. 3 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, establece que es deber del Estado promover y garantizar la seguridad de todos los habitantes, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos del Ecuador y de estructura del Estado, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado, responsable de la seguridad pública y del Estado con el fin de coadyuvar al bienestar colectivo, al desarrollo integral, al ejercicio pleno de los derechos humanos y de los derechos y garantías constitucionales;

 

Que, el Art. 4 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, en sus literales d) y f), determinan los siguientes principios, en su orden: “Proporcionalidad”, que las acciones de seguridad y asignación de recursos serán proporcionales a las necesidades de prevención y protección; y, a la magnitud y trascendencia de los factores que atenten contra la seguridad de los habitantes del Estado; y, “Responsabilidad” que las entidades públicas tienen la obligación de facilitar coordinadamente los medios humanos, materiales, y tecnológicos para el cumplimiento de los fines de la presente ley. La responsabilidad operativa corresponde a la entidad en cuyo ámbito y competencia radique su misión, funciones y naturaleza legalmente asignadas;

 

Que, el Art. 10 literal l) de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, determina que es función del Ministerio de Coordinación de Seguridad o quien haga sus veces, coordinar con los Gobiernos Autónomos Descentralizados y la Sociedad Civil para lograr una articulación integral de la defensa nacional, el orden público y la seguridad ciudadana, en los términos establecidos en la presente ley;

 

Que, el Art. 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado en su literal c) determina que la prevención y protección de la convivencia ciudadana, corresponden a todas las entidades del Estado y que el Ministerio del Interior coordinará sus acciones con los Gobiernos Autónomos en el ámbito de sus competencias;

 

Que, el Art. 23 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, define a la seguridad ciudadana, como una política de Estado, destinada a fortalecer y modernizar los mecanismos necesarios para garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, la disminución de los  niveles de delincuencia, la protección de víctimas y el mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes del Ecuador. Con el fin de lograr la solidaridad y la reconstitución del tejido social, se orientará a la creación de adecuadas condiciones de prevención y control de la delincuencia; del crimen organizado; del secuestro, de la trata de personas; del contrabando, del coyoterismo, del narcotráfico, del tráfico de armas; tráfico de órganos y cualquier otro tipo de delitos; de la violencia social; y la violación a los derechos humanos.

 

Se privilegiarán medidas preventivas y de servicio a la ciudadanía, registro y acceso a la información, la ejecución de programas ciudadanos de prevención del delito y de erradicación de violencia de cualquier tipo, mejora de las relaciones entre la Policía y la comunidad, la provisión y la medición de la calidad en cada uno de los servicios, mecanismos de vigilancia, auxilio y respuesta, equipamiento tecnológico que permita a las instituciones vigilar, controlar e investigar los eventos que se producen y que amenazan a la ciudadanía;

 

Que, el Art. 45 respecto a “Participación Ciudadana” de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, dispone que la ciudadanía podrá ejercer su derecho de participar en el sistema de seguridad pública, de conformidad con lo prescrito en la Constitución, las normas legales de participación ciudadana y control social, de modo individual u organizado, en los procesos de definición de las políticas públicas y acciones de planificación, evaluación y control para los fines de la presente ley; exceptuando la participación en la aplicación del uso de la fuerza, que es de responsabilidad del Estado, a cargo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional;

 

Que, el Art. 3 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, propicia que la sociedad emprenda con iniciativas a incidir en las gestiones que atañen al interés común para así procurar la vigencia de sus derechos y el ejercicio de la soberanía popular;

 

Que, el Art. 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señala que la Participación ciudadanía en todos los asuntos de interés público, es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria;

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Piñas, ha coordinado la cooperación con las instituciones representativas del mismo, a fin de procurar su colaboración en el campo de la seguridad;

 

Que, es deber de las instituciones del Estado coordinar sus acciones para la consecución del bien común y particularmente generar condiciones de seguridad para la convivencia armónica de los ciudadanos/as;

 

Que, es tarea de todos los ciudadanos e instituciones públicas o privadas, coadyuvar a la lucha, prevención y erradicación de toda forma de violencia;

 

Que, en estricto cumplimiento a las Normas Constitucionales y legales antes descritas, respecto al legítimo derecho de las  ciudadanas y ciudadanos de participar conjuntamente con sus autoridades en la toma de decisiones del sector público y en  este mismo sentido, con la finalidad de precautelar los intereses, tranquilidad y bienestar de vecinos del cantón Piñas, se ha considerado valiosos criterios en la elaboración del presente instrumento jurídico de las organizaciones y actores sociales del cantón; y,

 

En uso de las facultades constitucionales y legales, expide la siguiente:

 

ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL

CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL

CANTÓN PIÑAS

 

CAPÍTULO I

 

NATURALEZA Y PRINCIPIOS

 

Art. 1.- Créase el Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Piñas, como un organismo especializado cuya función principal es la de planificar, estudiar, coordinar e integrar a los diferentes actores políticos, públicos y privados del cantón, para trabajar en materia de seguridad ciudadana; Prevenir controlar y evaluar, para generar y recomendar las políticas públicas locales de seguridad y las acciones que debe desarrollar cada una de las Instituciones, en el marco del respeto a sus facultades y funciones establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y demás leyes pertinentes.

 

Art. 2.- Son principios del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Piñas, a más de los determinados en la Ley de Seguridad Ciudadana y del Estado, los siguientes:

 

Solidaridad.- Apoya con su gestión, la acción de los demás actores que contribuyen al logro de la seguridad;

 

Realismo.- Ajusta sus expectativas y ofertas a lo razonablemente alcanzable;

 

Oportunidad.- Ejecuta las acciones cuando se requieren, según la disponibilidad de recursos para llevarlas a cabo;

 

Regularidad.- La participación debe ser constante y no mientras se solucionan los problemas de convivencia y seguridad;

 

Carácter propositivo.- Presentar alternativas a las acciones que por cualquier razón no puedan ejecutarse;

 

Carácter Argumental.- Las decisiones deben sustentarse en propuestas basadas en la realidad de los hechos y debidamente consensuadas, más que constituirse en una fuerza amenazante u hostil.

 

Transparencia.- Dar a conocer sus necesidades e intereses al respecto, así como sus posibilidades de aporte, para que puedan reflejarse con equidad en las decisiones que se tomen en materia de convivencia y seguridad;

 

Pertinencia.- La calidad de la participación depende, entre otros, del conocimiento que se tenga del tema de seguridad;

 

Eficiencia.- La participación en materia de la política de convivencia y seguridad debe producir resultados economizando recursos;

 

Integracional.- Las soluciones a los problemas de la seguridad ciudadana; deberán tener un enfoque integral de prevención;

 

Participación Ciudadana.- Responsable, concertada, democrática, acuerdo a las capacidades, de los distintos sujetos partícipes de las acciones de Seguridad; y,

 

Prevención.- Es decir que tratará de adelantarse a la ocurrencia de incidentes delincuenciales, cuando se pudiere.

 

Integridad.- Operará de forma coherente con valores morales como institucionales para no tomar decisiones que puedan comprometer tanto al consejo como a ellos.

 

 

CAPÍTULO II

 

DE LAS ATRIBUCIONES Y MEDIOS

 

Art. 3.- Serán atribuciones del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Piñas, las siguientes:

 

Elaborar el diagnóstico de seguridad ciudadana del cantón;

 

Elaborar y proponer el plan de seguridad ciudadana y prevención participativa de la población del cantón;

 

Ejecutar planes, proyectos, programas y campañas de seguridad y prevención participativa;

 

Concertar, organizar, planificar, controlar y evaluar los planes integrales de seguridad ciudadana en el cantón;

 

Desarrollar el sistema de seguridad ciudadana, aplicando estrategias de carácter preventivo en el cantón, aplicando los principios determinados en la Ley de Seguridad Pública y del Estado y la presente ordenanza;

 

Formular, ejecutar, evaluar y controlar la Política Pública de seguridad;

 

Aplicar las estrategias en materia de seguridad ciudadana, así como la suscripción de convenios que respalden las acciones a ejecutarse entre las entidades que conforman el Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón;

 

Proponer los reglamentos necesarios para su funcionamiento; y,

 

Fomentar la participación ciudadana local, en la formación  de un voluntariado para vigilancia y alerta a la Policía Nacional.

 

Art. 4.- El Consejo de Seguridad Ciudadana, para la implementación del plan de seguridad y prevención participativa, adoptará las siguientes medidas:

 

Ejecutar y vigilar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana local;

 

Generar espacios de confianza interinstitucional y coordinar los planes, proyectos, programas y campañas de seguridad con todos los actores involucrados en materia de seguridad;

 

Solicitar sanción a los funcionarios que por acción u omisión retarden u obstaculicen la ejecución de los planes, proyectos, programas y campañas de seguridad ciudadana;

 

Gestión de recursos en los ámbitos: local, nacional e internacional necesarios para garantizar la consecución de los objetivos y acciones planteados en los planes de seguridad ciudadana cantonal;

 

Buscar la capacitación permanente de los recursos humanos locales para garantizar la profesionalización de quienes desarrollan acciones en el ámbito de la seguridad ciudadana y la prevención de la violencia;

 

Desarrollar sistemas de información situacional para el monitoreo y evaluación de acciones y de comunicación con la ciudadanía;

 

Desarrollar campañas permanentes de capacitación para la prevención de la violencia en todas sus manifestaciones a fin de garantizar la eficaz participación de la ciudadanía en las políticas de seguridad;

 

Evaluar permanentemente los procesos y retroalimentación de las experiencias aplicadas en el ámbito de seguridad ciudadana; y,

 

Ser parte integrante en la formulación del presupuesto participativo municipal, para lograr que parte del mismo se destine al campo de la seguridad ciudadana y que estos fondos guarden concordancia con la capacidad económica del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal.

 

CAPÍTULO III

 

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y

FUNCIONAMIENTO

 

Art. 5.- El Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Piñas, se constituye con los siguientes organismos:

 

Asamblea General de Autoridades y Actores Sociales;

 

Comité Directivo; y,

 

Dirección Ejecutiva.

 

Art. 6.- La Asamblea General de Autoridades, es la máxima instancia de decisión en materia de seguridad y estará constituida por los siguientes miembros:

 

El Alcalde o Alcaldesa, quien la presidirá;

 

El Jefe o Jefa Político(a); como vicepresidente;

 

El Comisario o Comisaria Nacional de Policía;

 

El Jefe o Jefa del Comando Sectorial de Policía;

 

El representante de la Comisión de Tránsito del Ecuador;

 

Concejales del cantón;

 

Un representante por cada uno de los medios de comunicación del Cantón;

 

Los y las Presidentes(as) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales y/o Recintos y ciudadelas del cantón;

 

Vocales de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales;

 

El o la Presidente(a) cantonal de las Brigadas Barriales;

 

El Supervisor o Supervisora de Educación del cantón o su delegado;

 

El Director o Directora del Área de Salud No. 8;

 

El Jefe o Jefa del Cuerpo de Bomberos;

 

El o la representante del Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia;

 

El Párroco;

 

Los o las líderes barriales y comunitarios del cantón;

 

Un representante de las organizaciones: juveniles, de mujeres, artesanos, trabajadores, campesinas, agrícolas, ganaderas, etc.;

 

Presidente o Presidenta de la Cámara de Comercio;

 

Jueces del cantón;

 

Fiscal del cantón;

 

Un representante de los transportistas del cantón;

 

El Presidente o Presidenta de Liga Deportiva Cantonal;

 

Un representante de las demás organizaciones de la localidad;

 

El Secretario General del Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas;

 

Un representante de cada una de las cooperativas de trasporte del cantón;

 

El representante de CNEL en el cantón; y,

 

aa)          Un representante las fuerzas Armadas.

 

bb)          El Director o Directora Centro de atención Ambulatoria de Piñas con cirugía del día

 

Art. 7.- Los miembros de la Asamblea General de Autoridades, en el caso de no poder asistir a las reuniones convocadas, delegarán por escrito a la persona que actuará en su representación. La nominación y representación en el comité es institucional y no personal.

 

Art. 8.- La Asamblea General de Autoridades sesionará de forma ordinaria dos veces al año y extraordinaria cuando la situación así lo amerite o por decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes. Las sesiones se realizarán previa convocatoria del Presidente de la Asamblea, realizada por lo menos con 48 horas de anticipación, mediante cualquier medio de comunicación, sean estas directas, por la presa, televisión o página web a nivel cantonal.

 

Art. 9.- El quórum para las sesiones de la Asamblea será la mayoría absoluta, es decir la mitad más uno. En caso de que no contarse con el quórum necesario, se esperará un lapso de treinta minutos; en caso de persistir la inasistencia, la sesión se instalará con los miembros presentes, las decisiones así adoptadas serán válidas, de cumplimiento y acatamiento obligatorio para todo el Consejo de Seguridad Ciudadana.

 

Art. 10.- Las decisiones de la Asamblea se adoptarán mediante votación ordinaria y con la mayoría absoluta de los asistentes.

 

Art. 11.- El o la Presidente(a) tendrán voto en las decisiones que adopte la Asamblea; en caso de empate su voto será dirimente.

 

Art. 12.- Son atribuciones de la Asamblea General las siguientes:

 

Conocer, discutir y aprobar las políticas locales, diagnósticos, planes, proyectos y programas en el campo de seguridad ciudadana; y,

 

Coordinar con los Consejos de Seguridad Ciudadana Provincial, facultándole al Presidente del Consejo Directivo, la gestión de la seguridad ciudadana;

 

 

Art. 13.- CONFORMAN EL COMITÉ DIRECTIVO:

 

El Alcalde o Alcaldesa, quien lo presidirá;

 

El Jefe o Jefa Político, como vicepresidente;

 

El Comisario o Comisaria Nacional de Policía;

 

El Jefe o Jefa del Comando Sectorial de Policía;

 

El representante de la Comisión de Tránsito del Ecuador;

 

Un/a delegado/a por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales y/o Recintos y ciudadelas;

 

El o la Presidente(a) cantonal de las Brigadas Barriales;

 

Jueces y Fiscal del Cantón;

 

Jefe o Jefa del Cuerpo de Bomberos;

 

El Representante del Sector Educativo;

 

El Director o Directora del Área de Salud No. 8;

 

El Secretario General del Sindicato de Choferes Profesionales de Piñas;

 

El Representante de CNEL en el cantón; y,

 

Un representante las Fuerzas Armadas.

 

El Director o Directora Centro de atención Ambulatoria de Piñas con cirugía del día

 

Art. 14.- El Comité Directivo sesionará obligatoriamente en forma ordinaria tres (3) veces por año y extraordinariamente en cualquier tiempo, previa convocatoria de su Presidente(a) o a solicitud de las dos terceras partes de sus miembros. La convocatoria se efectuará por lo menos con 48 horas de anticipación.

 

Art. 15.- El quórum para las reuniones del Comité Directivo, será el de la mitad más uno del número de sus integrantes y para las resoluciones la mitad más uno del número de los asistentes. Cada miembro en el caso de no poder asistir a las reuniones nominará por escrito a su delegado, la nominación y representación en el Comité Directivo es institucional y no personal.

 

Art. 16.- Los miembros del Comité Directivo de Seguridad tendrán derecho a voz y voto en todas las sesiones. En caso de empate el voto de su Presidente(a) tendrá la calidad de dirimente.

 

De no existir el quórum correspondiente a la hora de la convocatoria, el Comité se reunirá una hora después con el número de miembros presentes, particularidad que se dejará constancia en la convocatoria de las sesiones ordinarias o extraordinarias.

 

 

Art. 17.- Serán funciones del Comité Directivo, las siguientes:

 

Desarrollar el sistema de seguridad ciudadana, aplicando

 

estrategias de carácter preventivo, los principios determinados en la Ley y la presente Ordenanza;

 

Proponer ordenanzas para la aplicación de las estrategias en materia de seguridad ciudadana, así como la suscripción de convenios que respalden las acciones a ejecutarse entre las entidades que conforman el sistema de seguridad ciudadana en el Cantón Piñas;

 

Proponer los reglamentos necesarios para su funcionamiento;

 

Fomentar la participación ciudadana local, en la formación de un voluntariado para vigilancia y alerta a la Policía Nacional;

 

Las demás establecidas en la ley y la presente ordenanza.

 

Art. 18.- Las funciones del Presidente de la Asamblea General de Autoridades y del Comité Directivo, serán las siguientes:

 

Convocar y presidir con voz y voto dirimente las sesiones de la Asamblea y Comité, para lo cual deberá proponer el orden del día de manera previa;

 

Representar a la institución en las reuniones interinstitucionales, siendo responsable de lograr la armonía y colaboración de los diferentes miembros del consejo;

 

Coordinar con el Director Ejecutivo y las instancias que conforman el Consejo, las acciones a desarrollarse y colaborar en la elaboración de las propuestas y planes de seguridad ciudadana local;

 

Suscribir conjuntamente con el Director Ejecutivo, las actas de las sesiones del Consejo; y,

 

Implementar el sistema parlamentario en las sesiones del Consejo.

 

Art. 19.- El Director Ejecutivo será un funcionario de la Municipalidad, designado para tal efecto por el Alcalde y/o Presidente del Concejo de Seguridad Ciudadana del cantón, debiendo tener los medios y recursos necesarios para laborar en forma permanente.

 

Art. 20.- El Director Ejecutivo será de preferencia un profesional de carrera y/o persona con título de tercer nivel, en cualquiera de las siguientes profesiones: Derecho, Psicología, Sociología, Ingeniería Comercial o rama afín; o en su defecto, un ex oficial de las Fuerzas Armadas con título de tercer nivel en profesiones de Ingeniería en Seguridad y/o Master en Ciencias de Seguridad.

 

Art. 21.- El Director Ejecutivo será responsable por la gestión de seguridad ciudadana en todos sus procesos, en tanto que la responsabilidad de la seguridad ciudadana en la jurisdicción cantonal recaerá sobre los integrantes del Comité Directivo del Concejo de Seguridad Ciudadana del cantón Piñas.

 

Art. 22.- Son funciones del Director Ejecutivo:

 

Actualizar anualmente el diagnóstico de seguridad ciudadana del cantón;

 

Coordinar permanentemente las acciones con las instituciones de respuesta a emergencias como: protección de incendios, auxilio, evacuación médica, vigilancia y respuesta de la Policía Nacional;

 

Elaborar el plan operativo anual de prevención del delito y desastres para el cantón;

 

Elaborar y presentar trimestralmente al Comité Directivo los informes de actividades pertinentes;

 

Dirigir y coordinar la aplicación del plan de prevención aprobado por el Comité Directivo y velar por la ejecución de los programas y proyectos preventivos;

 

Formular el presupuesto anual para el desarrollo del plan operativo de prevención del delito;

 

Realizar seguimiento, monitoreo y evaluación de los proyectos de prevención en el cantón;

 

Desarrollar las acciones necesarias para apoyar el financiamiento del consejo y los planes y proyectos aprobados;

 

Coordinar con la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y demás elementos, las directivas, planes y programas de prevención;

 

Notificar a los miembros del Consejo de Seguridad Ciudadana, las convocatorias a las reuniones de la Asamblea y Comité;

 

Ejercer la secretaría de la Asamblea General de Autoridades y Comité Directivo;

 

Tramitar las decisiones del Consejo de Seguridad Ciudadana y traducir las mismas en políticas públicas de prevención delincuencial y de desastres;

 

Elaborar y suscribir conjuntamente con el Presidente las actas y resoluciones que se adopten en el Consejo;

 

Dar fe de las actuaciones del Consejo;

 

Acatar las decisiones del Comité Directivo; y,

 

Otras que el Consejo de Seguridad Ciudadana disponga.

 

CAPÍTULO IV

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO

 

Art. 23.- El Comité Directivo presentará los proyectos de reglamentos o procedimientos administrativos y financieros al  Concejo Municipal para su aprobación, de acuerdo a los planes de prevención diseñados para el cantón.

 

Art. 24.- Los recursos del Consejo de Seguridad Ciudadana se constituyen por:

 

Los aportes con los que contribuya cada uno de los órganos y entidades que conforman el Consejo de Seguridad Ciudadana;

 

Los que provengan de las asignaciones del Gobierno Central señaladas para el efecto, al margen del presupuesto establecido por el Estado a la Policía Nacional;

 

Los que se gestionen de proyectos nacionales o internacionales de apoyo a los programas de desarrollo social y planes de prevención delincuencial; y,

 

Los recursos provenientes de aportes, donaciones de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras a cualquier título, certificadas como lícitas, que serán aceptadas por el Comité Directivo con beneficio de inventario.

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, para el funcionamiento del Consejo de Seguridad Ciudadana, determinará y aprobará a través del Concejo Municipal una tasa por concepto de Seguridad Ciudadana, siempre y cuando el Comité Directivo cumpla con lo determinado en el Art. 23 de la presente ordenanza.

 

Art. 25.- Los valores recaudados en la aplicación de esta ordenanza se manejarán en una cuenta especial y se destinarán el 100% al cumplimiento de las atribuciones y funciones específicas del Consejo de Seguridad Ciudadana.

 

Art. 26.- El presupuesto anual del Consejo de Seguridad Ciudadana será elaborado por el Director Ejecutivo con el soporte del Departamento Financiero del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas y aprobado por el Comité Directivo, hasta el 10 de septiembre del año inmediato anterior al de su vigencia.

 

Art. 27.- El patrimonio del Consejo de Seguridad Ciudadana no se destinará a otros fines que a los de sus obligaciones y funciones específicas. Los bienes adquiridos de conformidad con la presente ordenanza son bienes municipales.

 

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- En todo lo no previsto en la presente ordenanza se aplicará las disposiciones establecidas para el efecto en el Código Orgánico de Organización territorial, Autonomía y Descentralización y demás leyes conexas.

 

SEGUNDA.- Todo proyecto, programa, campaña y gestión en general se efectuará por medio del Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Piñas.

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

 

PRIMERA.- En el plazo máximo de doce meses contados a partir de la vigencia de la presente ordenanza, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, determinará y aprobará la tasa por concepto de Seguridad Ciudadana para el funcionamiento del Concejo de Seguridad Ciudadana.

 

DISPOSICIÓN FINAL

 

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial y página web de la institución.

 

Es dada y firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Piñas, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil doce.

 

f.) Joseph Wilton Cueva González, Alcalde del GADMPiñas.

 

f.) Vicente Espinoza Sánchez, Secretario General.

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS.-

 

CERTIFICA:

 

Que la presente “ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN PIÑAS” fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal de Piñas, en sesiones ordinarias del once y dieciocho de junio de dos mil doce, en primero y segundo debate, respectivamente.

 

Piñas, a 18 de junio de 2012

 

f.) Vicente Espinoza Sánchez, Secretario General.

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DE PIÑAS

 

ALCALDÍA

 

De conformidad con lo prescrito en los artículos 322 y 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, SANCIONO la presente “ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN PIÑAS” y ordeno la promulgación a través de su publicación en el Registro Oficial y página web de la Institución.

 

Piñas, a 18 de junio de 2012

 

f.) Joseph Wilton Cueva González, Alcalde del GADM Piñas.

 

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PIÑAS.-

 

Sancionó y ordenó la promulgación a través de su publicación en el Registro Oficial y Página Web de la Institución, la presente “ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE  SEGURIDAD CIUDADANA DEL CANTÓN PIÑAS”, el señor Joseph Wilton Cueva González, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Piñas, a los dieciocho días del mes de junio de dos mil doce.- LO CERTIFICO.-

 

Piñas, a 18 de junio de 2012

 

f.) Vicente Espinoza Sánchez, Secretario General.

 

GOBIERNO PROVINCIA

DE BOLÍVAR

 

Considerando

 

Que la Constitución de la República del Ecuador Vigente en el Art. 238, dice: que los Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interritorial, integración y participación ciudadana; y, en su inciso segundo, establece que constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales, los concejos municipales, los consejos metropolitanos, los consejos provinciales y los consejos regionales;

 

Que el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su Art. 40 establece que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integradas por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva, previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. La Sede del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial será la capital de la Provincia prevista en la respectiva ley fundacional.

 

Que el Consejo Provincial, es el órgano de legislación y fiscalización del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial, consecuentemente tiene atribuciones normativas como expedir ordenanzas, acuerdos y resoluciones conforme lo dispone los Artículos 43 y 47 letra a) del código antes mencionado; y,

 

En uso de las disposiciones legales mencionadas y acorde a la nueva normativa:

 

Expide:

 

LA ORDENANZA QUE DEFINE LA DENOMINACIÓN DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLÍVAR.

 

Artículo 1.- A partir de la promulgación de la presente ordenanza, el Consejo Provincial de Bolívar se denominará “GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLIVAR”

 

Artículo 2.- El Prefecto Provincial es la primera autoridad de la función ejecutiva del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar y el Consejo Provincial es el órgano de legislación y fiscalización presidido por el Prefecto.

 

Artículo 3.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar representa a la Provincia y tendrá las atribuciones previstas en la Constitución, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y demás leyes conexas.

 

Articulo 4.- Todas las comunicaciones que se dirijan o emanen del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar, a partir de la vigencia de la presente ordenanza se deberá realizar con su nuevo nombre que es: “El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia Bolívar”.

 

DISPOSICIÓN GENERAL.- Una vez aprobada la presente ordenanza todas las dependencias provinciales en un plazo máximo de sesenta días deberán realizar todos los trámites para el cambio de denominación, publicaciones, registros bancarios, registros legales, etc.

 

La presente ordenanza a mas de ser publicada en el Registro Oficial, deberá ser publicada en la Gaceta Oficial de la entidad y en el sitio WEB de la institución acorde con el Art. 324 de la COOTAD, y deberá ser difundida por los medios de comunicación social, debiendo ponerse en conocimiento a todas las instituciones públicas y privadas de su jurisdicción, su nueva denominación o razón social para su fortalecimiento provincial.

 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincial de Bolívar, a los seis días del mes de junio del dos mil once.

 

f.) Arq. Carlos Chaves De Mora, Prefecto Provincial

 

f.) María Luisa Pazmiño, Secretaria General.

 

CERTIFICO.- Certifico que la presente ORDENANZA QUE DEFINE LA DENOMINACIÓN DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLÍVAR, fue analizada, discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del Gobierno Provincial de Bolívar, celebradas el 31 de mayo del 2011 y 06 de junio del 2011.

 

f.) María Luisa Pazmiño, Secretaria General.

 

PREFECTURA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLÍVAR.- Guaranda 8 de junio del 2011, a las 10H00.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente ordenanza está de acuerdo con la Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La presente ordenanza con la que el Órgano Legislativo del Gobierno Autónomo Descentralizado De La Provincia Bolívar dicta LA ORDENANZA QUE DEFINE LA DENOMINACIÓN DE GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLÍVAR, para que entre en vigencia desde su publicación.

 

f.) Arq. Carlos Chaves De Mora, Prefecto Provincial.

 

Proveyó y firmo la presente ordenanza el Arq. Carlos Marcelo Chaves de Mora Prefecto Provincial de Bolívar el 8 de junio del 2011.

 

f.) María Luisa Pazmiño, Secretaria General.

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA BOLÍVAR.- CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia de su original.- Guaranda, 8 de mayo del 2012.

 

f.) Abg. Anita Arregui Vásconez, Secretaria General, Enc.

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO

DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

 

Considerando:

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, de conformidad con lo que establecen los artículos 238 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 2 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se establece la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos descentralizados;

 

Que, el numeral 2 del artículo 263 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 42 literal b) del COOTAD determina como competencia exclusiva de los gobiernos, provinciales, la planificación y el mantenimiento del sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;

 

Que, de acuerdo con el artículo 314 de la Carta Magna, la vialidad constituye un servicio público cuya prestación corresponde al Estado;

 

Que, al artículo 47 literal f) del COOTAD, faculta al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, a crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones por los servicios que preste y obras que ejecute;

 

Que, el artículo 50 literal e), establece la facultad privativa del Prefecto de presentar proyectos de ordenanza tributarias;

 

Que, el artículo 184 del COOTAD, permite a los Gobierno Autónomos Descentralizados Provinciales, establecer una contribución especial por mejoramiento vial, sobre la base de la matriculación vehicular, cuyos recursos serán invertidos en la competencia de vialidad de la respectiva circunscripción territorial;

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, mediante un préstamo concedido por el Banco del Estado, ha logrado incrementar su equipo caminero y de movilización interna, para la apertura, mejoramiento y mantenimiento de caminos en sectores rurales de la provincia; Que, el mejoramiento y mantenimiento de los caminos, se ha logrado a través de una importante inversión económica;

 

Que, es necesario contar con recursos propios que permitan la  consecuencia de sus fines y logros provinciales; y,

 

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el literal a) y b) del artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

 

Expide:

 

LA ORDENANZA QUE CREA LA CONTRIBUCION

ESPECIAL POR LOS SERVICIOS DE

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS RURALES EN LA PROVINCIA DEL CARCHI

 

Art. 1.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de la contribución especial por los servicios de mejoramiento y mantenimiento de las vías intercantonales e interparroquiales de la provincia del Carchi, es el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.

 

Art. 2.- Sujetos Pasivos.- Los sujetos pasivos de la contribución especial por los servicios de mejoramiento y mantenimiento de las vías intercantonales e interparroquiales de la provincia del Carchi, son todos los propietarios de los vehículos que sean matriculados anualmente en la provincia del Carchi.

 

Art. 3.- Hecho Generador.- El hecho generador de la contribución especial que se crea por medio de esta ordenanza, es el uso de las vías rurales mejoradas y de las que se mejorará en la provincia del Carchi, por parte de los vehículos que sean matriculados cada año en esta provincia.

 

Art. 4.- Monto de la Tasa.- La contribución especial por los servicios de mejoramiento y mantenimiento de vías rurales de la provincia del Carchi, se la establece dentro de los siguientes parámetros:

 

Cinco dólares (USD 5,00) de los Estados Unidos de América anuales, para vehículos considerados como motocicletas.

 

Doce dólares (USD 12,00) de los Estados Unidos de América anuales, para vehículos livianos entre cero a tres toneladas de peso; y,

 

Dieciséis dólares (USD 16,00) de los Estados Unidos de América anuales, para los vehículos de más de tres toneladas de peso.

 

Esta tasa se cancelará anualmente con el pago de la matrícula vehicular.

 

Art. 5.- El Servicio de Rentas Internas - SRI y la Dirección Provincial de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Carchi, entregarán en medio magnético la base de los datos de los vehículos que estén registrados en la provincia del Carchi, conteniendo la siguiente información: apellidos y nombres de los propietarios, número de cédula de ciudadanía, lugar de residencia, dirección, teléfono, número de placa emitió por la Agencia Nacional de Tránsito,  avaluó y tipo de vehículo.

 

Art. 6.- La información indicada en el artículo precedente será entregada por los organismos públicos arriba mencionados, al Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Carchi, máximo hasta fines del mes de enero de cada año.

 

Art. 7.- La Dirección de Gestión Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Carchi, suscribirá los convenios con las entidades financieras para efectos del cobro.

 

Art. 8.- Dirección Provincial de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Carchi, expedirá y entregará la respectiva especie única de matrícula al propietario del vehículo, previo pago de la tasa por el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales de la provincia del Carchi.

 

Art. 9.- El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi podrá desarrollar proyectos de servicios de sus competencias con la participación pecuniaria o aportación de trabajo de las comunidades organizadas conforme lo faculta el art) 183 del COOTAD

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- Para los efectos de la presente ordenanza, compréndase por vialidad: el mantenimiento, apertura, regulación de caminos, senderos o calles de segundo orden. En sí, un conjunto de acciones dirigidas para el efecto de prestar el servicio público de vialidad dentro de una circunscripción territorial de acuerdo con la Constitución, las leyes y mas normas jurídicas vigentes en la República del Ecuador.

 

SEGUNDA.- Se faculta a la máxima autoridad provincial, para que expida el correspondiente reglamento para la plena ejecución de la presente ordenanza.

 

TERCERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir su publicación en el Registro Oficial.

 

CUARTA.- La presente ordenanza prevalecerá sobre cualquier otra norma que se le oponga.

 

Dada en la sala de sesiones del de la ciudad de Tulcán a los diez días del mes de julio del dos mil doce.

 

f.) Gral. René Yandún Pozo, Prefecto del Carchi.

 

f.) Abg. Verónica Almeida, Secretaria General.

 

SECRETARIA GENERAL Y DE CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.- CERTIFICO: Que la presente Ordenanza que crea la contribución especial por los servicios de mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en la provincia del Carchi, fue discutida y aprobada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, en primer debate en sesión ordinaria del 28 de marzo del 2012; y, en segunda y definitiva discusión, en 10 de julio del 2012. En tal virtud se la  remite al señor Prefecto para su sanción y puesta en vigencia.

 

f.) Abg. Verónica Almeida, Secretaria General.

 

PREFECTURA DEL CARCHI.- A los 16 días del mes de Julio del 2012, las 10h00, recibida la ORDENANZA QUE CREA LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR LOS SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, una vez revisada la misma, expresamente sanciono la presente Ordenanza, para puesta en vigencia y promulgación, en la Provincia del Carchi, en la fecha y hora señalada.

 

f.) Gral. René Yandún Pozo, Prefecto del Carchi.

 

SECRETARIA GENERAL Y DE CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.- CERTIFICO.- Sanciono y firmó la ORDENANZA QUE CREA LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL POR LOS SERVICIOS DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, el Sr. Gral. René Yandún Pozo, Prefecto del Carchi, a los 16 días del mes de Julio del 2012.

 

f.) Abg. Verónica Almeida, Secretaria General.

 

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretaría General.-

 

f.) Abg. Verónica Almeida, Secretaria General.

 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO

DESCENTRALIZADO DE LA

PROVINCIA DEL CARCHI

 

Considerando:

 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, de conformidad con lo que establecen los artículos 238 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 2 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se establece la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos descentralizados;

 

Que, el artículo 47 literal f) del COOTAD, faculta al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, a crear, modificar o extinguir tasas y/o contribuciones por los servicios que preste y obras que ejecute;

 

Que, el artículo 50 literal e), establece la facultad privativa del Prefecto de presentar proyectos de ordenanza tributarias; Que, el artículo 180 del COOTAD, dispone que los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales serán beneficiarios de una milésima por ciento adicional al impuesto a las alcabalas;

 

 

Que, es necesario contar con recursos propios que permitan la consecuencia de sus fines y logros provinciales; y,

 

En ejercicio de las atribuciones contempladas en el literal a) y b) del artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

 

Expide:

 

LA ORDENANZA ESPECIAL PARA EL COBRO

DEL 0.001% ADICIONAL AL IMPUESTO DE

ALCABALAS

 

Art. 1.- Objeto.- Son objeto del Impuesto de las alcabalas los siguientes actos y contratos:

 

El traspaso de dominio a título oneroso de bienes raíces;

 

La constitución o traspaso del fideicomiso, usufructo, uso y habitación relativos a dichos bienes;

 

Las donaciones que se hicieren a favor de quienes no fueren legitimados; y,

 

En las adjudicaciones que se hicieren teniendo como objeto las participaciones entre coherederos o legatarios, socios, y, en general, entre copropietarios, se considerarán sujetas a este impuesto en la parte en que las adjudicaciones exceden de la cuota a la que cada condómino tiene derecho.

 

Art. 2.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de este impuesto es el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, por actos o contratos respecto del dominio de los bienes que se hallen ubicados dentro de la jurisdicción provincial.

 

Art. 3.- Sujeto Pasivo.- El sujeto pasivo de esta obligación tributaria son los beneficiarios de los actos o contratos indicados en el Artículo 1 de la presente ordenanza.

 

Art. 4.- Hecho Generador.- El hecho generador del impuesto que se crea por medio de esta ordenanza son los actos o contratos respecto del dominio de los bienes que se hallen ubicados dentro de la jurisdicción provincial.

 

Art. 5.- Forma de Cobro.- Una vez que las unidades de recaudación de las municipalidades de la Provincia del Carchi emitan el comprobante de pago por impuesto a las alcabalas, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, recuperará el 0,001% adicional del valor registrado por las municipalidades en los comprobantes de cobro, previo la suscripción de los convenios con la municipalidades.

 

Art. 6.- Obligaciones de Notarios y Registradores.- Los Notarios antes de celebrar una escritura de las que comportan impuestos de alcabalas según lo determinado en el Artículo 1 de la presente Ordenanza no podrán extender las predichas escrituras, ni los Registradores de la Propiedad registrarlas, sin que se les presente los recibos de pago de las contribuciones de Alcabala, principal y adicionales.

 

Art. 7.- Exenciones.- Quedan exentos del pago de impuesto de alcabala todos los sujetos determinados por las  municipalidades de la Provincia.

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

PRIMERA.- La presente ordenanza entrara en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

 

SEGUNDA.- La presente ordenanza prevalecerá sobre cualquier otra norma que se le oponga.

 

Dada en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, de la ciudad de Tulcán a los 10 días del mes de Julio del 2012.

 

f.) Gral. René Yandún Pozo, Prefecto del Carchi.

 

f.) Abg. Verónica Almeida, Secretaria General.

 

SECRETARIA GENERAL Y DE CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.- CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA ESPECIAL PARA EL COBRO DEL 0.001% ADICIONAL AL IMPUESTO DE ALCABALAS, fue discutida y aprobada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi, en primer debate en sesión ordinaria del 28 de marzo del 2012; y, en segunda y definitiva discusión, en 10 de julio del 2012. En tal virtud se la remite al señor Prefecto para su sanción y puesta en vigencia.

 

f.) Abg. Verónica Almeida, Secretaria General.

 

PREFECTURA DEL CARCHI.- A los 16 días del mes de Julio del 2012, las 10h00, recibida la ORDENANZA ESPECIAL PARA EL COBRO DEL 0.001% ADICIONAL AL IMPUESTO DE ALCABALAS, una vez revisada la misma, expresamente sanciono la presente Ordenanza, para puesta en vigencia y promulgación, en la Provincia del Carchi, en la fecha y hora señalada .

 

f.) Gral. René Yandún Pozo, Prefecto del Carchi.

 

SECRETARIA GENERAL Y DE CONSEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI.- CERTIFICO.- Sanciono y firmó la ORDENANZA ESPECIAL PARA EL COBRO DEL 0.001% ADICIONAL AL IMPUESTO DE ALCABALAS, el Sr. Gral. René Yandún Pozo, Prefecto del Carchi, a los 16 días del mes de Julio del 2012.

 

f.) Abg. Verónica Almeida, Secretaria General.

 

CERTIFICO.- Que la presente es fiel copia del original que reposa en el Archivo de Secretaría General.-

 

f.) Abg. Verónica Almeida, Secretaria General.

 

EL GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA

 

Considerando

 

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República del

 

Ecuador reconoce autonomía política, administrativa y financiera a favor de los gobiernos autónomos descentralizados, los que rigen los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana;

 

Que, mediante Registro Oficial 338 de 10 de diciembre de 2010 se publicó la Ordenanza Especial que Crea la Tasa por los Servicios de Mejoramiento y Mantenimiento de las Vías Rurales en la Provincia de Imbabura;

 

Que, el numeral 2 del artículo 263 de la Constitución de la República del Ecuador, la planificación y el mantenimiento del sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas;

 

Que, de acuerdo con el artículo 314 de la Carta Magna, la vialidad constituye un servicio público cuya prestación corresponde al Estado;

 

Que, el literal f) del artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentración, señala que el consejo provincial, tiene como potestad la Creación, modificación o extinción tasas y/o contribuciones especiales por los servicios que preste y obras que ejecute;

 

Que, el artículo 181 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentración, señala que los gobiernos autónomos descentralizados provinciales podrán crear, modificar o suprimir mediante normas provinciales, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas por los servicios que son de su responsabilidad y por las obras que se ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción territorial;

 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el último inciso del Art. 263 de la Constitución de la República del Ecuador y el literal a) del artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, expide la siguiente:

 

Expide:

 

ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS

CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS

POR OBRAS DE EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO

VIAL EN LA PROVINCIAL DE IMBABURA

 

Art. 1. Sujeto Activo.- El sujeto activo de la tasa por los servicios de mejoramiento y mantenimiento de las vías intercantonal e interparroquial de la provincia de Imbabura, es el Gobierno Provincial.

 

Art. 2. Sujetos Pasivos.- Los sujetos pasivos de la tasa por servicios de mejoramiento y mantenimiento de las vías intercantonales e interparroquiales de la provincia de Imbabura, son todos los propietarios de los vehículos que sean matriculados anualmente en la provincia de Imbabura.

 

Art. 3. Hecho Generador.- El hecho generador de la tasa que se crea por medio de esta ordenanza, es el uso de las vías  rurales en la provincia de Imbabura, por parte de los propietarios de los vehículos matriculados cada año en esta provincia.

 

Art. 4. Monto de la Tasa.- La tasa por el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales de la provincia de Imbabura, se la establece dentro de los siguientes parámetros.

 

Cinco dólares (USD. 5,00) de los Estados Unidos de América anuales, para los vehículos considerados como motocicletas.

 

Doce dólares (USD. 12,00) de los Estados Unidos de América anuales, para vehículos livianos entre cero y tres toneladas de peso.

 

Dieciséis dólares (USD. 16,00) de los Estados Unidos de América anuales, para los vehículos de más de tres toneladas.

 

Esta tasa se cancelará anualmente junto con el pago de la matrícula vehicular.

 

Art. 5. El Servicio de Rentas Internas.- SRI y la Agencia Provincial de Tránsito, entregarán en medio magnético, la base de los datos de los vehículos que estén registrados en la provincia de Imbabura, conteniendo la siguiente información; apellidos y nombres de los propietarios, número de cédula de ciudadanía, lugar de residencia, dirección, teléfono, número de placa, avalúo y tipo del vehículo.

 

Art. 6. La información indicada en el artículo precedente será entregada por los organismos públicos arriba mencionados, al Gobierno Provincial de Imbabura, máximo hasta fines del mes de enero de cada año.

 

Art. 7. La Dirección de Gestión Financiera del Gobierno Provincial de Imbabura, emitirá las especies respectivas, hasta el último día hábil del mes de diciembre de cada año.

 

Art. 8. La Dirección Provincial de la Agencia Nacional, expedirá y entregará la respectiva especie única de matrícula al propietario del vehículo, previa presentación del pago de la tasa por el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales de la provincia de Imbabura, extendido por el Gobierno Provincial de Imbabura.

 

 

DISPOSICIONES GENERALES:

 

PRIMERA.- La presente ordenanza prevalecerá sobre otra norma que se le oponga y entrará en vigencia a partir de su promulgación en el Registro Oficial, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Oficial.

 

SEGUNDA.- Se dispone la codificación de la “ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS POR OBRAS DE EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LA PROVINCIAL DE IMBABURA”, con la finalidad de tener un solo cuerpo legal.

 

TERCERA.- En los montos de las tasa por el mejoramiento y mantenimiento de vías rurales en la provincia de Imbabura, señaladas en el artículo 4 de la presente Ordenanza, las personas adultas mayores; y, los discapacitados tendrán una exoneración del 50%.

 

Para tal rebaja, bastará presentar la cédula de identidad o de identidad y ciudadanía, o el carné de jubilado y pensionista del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para el caso de las personas adultas mayores; en el caso de las personas con discapacidad deberá presentar el carné o registro del Consejo Nacional de Discapacidades.

 

El Gobierno Provincial deberá solicitará la copia simple de dicho documento para poder verificar la exoneración del Sujeto Pasivo.

 

Para poder realizar esta exoneración el Gobierno Provincial de Imbabura, emitirá las especies valoradas diferenciadas

 

Dada y firmada en la sala de sesiones del Consejo Provincial de Imbabura a los veintinueve días del mes de junio de dos mil doce.

 

f.) Ing. Diego García Pozo, Prefecto Provincial de Imbabura.

 

f.) Lic. Luis Guerra Guzmán, Secretario de Consejo.

 

CERTIFICO: Que la presente "ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS POR OBRAS DE EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LA PROVINCIAL DE IMBABURA”, fue discutida y aprobada en las sesiones extraordinaria de 20 de junio de 2012 y ordinaria de 29 de junio de 2012, en primer y segundo debate, respectivamente.

 

Ibarra, 02 de julio de 2012.

 

f.) Lic. Luis Guerra Guzmán, Secretario de Consejo.

 

RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se envió al señor Prefecto Provincial de Imbabura, ingeniero Diego García Pozo, para su respectiva sanción la "ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS POR OBRAS DE EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LA PROVINCIAL DE IMBABURA”.

 

Ibarra, 02 de julio de 2012.

 

f.) Lic. Luis Guerra Guzmán, Secretario de Consejo.

 

De conformidad con la razón sentada por el Secretario General del Gobierno Provincial de Imbabura, y no encontrando objeción alguna, en uso de las atribuciones que me confiere el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, sanciono la " ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS POR OBRAS DE EJECUCIÓN Y  MANTENIMIENTO VIAL EN LA PROVINCIAL DE IMBABURA”. En consecuencia, ordeno su promulgación a través del Registro Oficial, página web institucional, y Gaceta Oficial.

 

Ibarra, 03 de julio de 2012.

 

f.) Ing. Diego García Pozo, Prefecto Provincial de Imbabura.

 

RAZON: Sancionó y ordenó la promulgación a través del Registro Oficial, página web institucional, y en la Gaceta Oficial, de la presente "ORDENANZA PARA EL COBRO DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES DE MEJORAS POR OBRAS DE EJECUCIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL EN LA PROVINCIAL DE IMBABURA”, el ingeniero Diego García Pozo, Prefecto Provincial de Imbabura. Lo Certifico.-

 

Ibarra, 04 de julio de 2012.

 

f.) Lic. Luis Guerra Guzmán, Secretario de Consejo.

 

EL CONSEJO PROVINCIAL

DE TUNGURAHUA

 

Considerando:

 

Que, el artículo 16 de la Constitución de la República regula el derecho a la Comunicación e Información determinando que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a, numeral 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos; numeral 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación; numeral 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas; numeral 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la comunicación.

 

Que, el artículo 17 de la Constitución de la República establece que el Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo; 2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.

 

Que, el artículo 18 de la Constitución de la República determina que todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural,  sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad ulterior; 2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas.

 

Que, el artículo 19 de la Constitución de la República manda que la ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente.

 

Que, el artículo 384 de la Constitución de la República establece que el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión, y fortalecerá la participación ciudadana.

 

Que el sistema se conformará por las instituciones y actores de carácter público, las políticas y la normativa; y los actores privados, ciudadanos y comunitarios que se integren voluntariamente a él. El Estado formulará la política pública de comunicación, con respeto irrestricto de la libertad de expresión y de los derechos de la comunicación consagrados en la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley definirá su organización, funcionamiento y las formas de participación ciudadana.

 

Que, el artículo 315 de la Constitución de la República dispone que el Estado constituya empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, prestación de servicios públicos, aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos o para el desarrollo de otras actividades económicas.

 

Que, la Corte Constitucional emitió la sentencia interpretativa No. 0006-09-SIC-CC de 1 de octubre de 2009, en la que señala que el espectro radioeléctrico es un sector estratégico de conformidad con los artículos 408 y 313 de la Constitución de la República y, que no puede ser utilizado y aprovechado por empresas ajenas al sector público.

 

Que, el inciso segundo del artículo 315 de la Constitución de la República, manda que las empresas públicas estarán bajo la regulación y control específico de los organismos pertinentes, que de acuerdo con la Ley Orgánica de Empresas Públicas: “funcionarán como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y ambientales”.

 

 

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas publicada en el Suplemento del Registro Oficial 48 de 16 de octubre del 2009, en el artículo 1 determina: “Las disposiciones de la presente ley regulan la constitución, organización, funcionamiento, fusión, escisión y liquidación de las empresas públicas que no pertenezcan al sector financiero y que actúen en el ámbito internacional, nacional, regional, provincial o local; y, establecen los mecanismos de control económico, administrativo, financiero y de gestión que se ejercerán sobre ellas, de acuerdo a lo dispuesto en la Constitución de la República”.

 

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas en el artículo 4 define a las empresas públicas como “entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado.”

 

Que, el artículo 5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas dispone que la creación de empresas públicas, entre otras formas, se hará: “2. Por acto normativo legalmente expedido por los gobiernos autónomos descentralizados”.

 

Que, el artículo 41 letra a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización determina como función del gobierno autónomo descentralizado provincial “Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas provinciales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales…”

 

Que, el artículo 465 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán prioridad en la concesión de frecuencias en su territorio a fin de poder disponer de medios de comunicación educativos y de participación ciudadana.

 

Que, el artículo 47 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece las atribuciones del consejo provincial “a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado provincial, mediante la expedición de ordenanzas provinciales, acuerdos y resoluciones;… h) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras públicas provinciales, según las disposiciones de la Constitución y la ley.”

 

En uso de las atribuciones que le confieren la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y más normativa vigente, el Consejo Provincial de Tungurahua

 

 

Expide:

 

LA ORDENANZA DE CREACION DE LA EMPRESA

PÚBLICA PROVINCIAL RADIO CULTURAL

“IDENTIDAD” EP

 

TÍTULO I

 

DE LA CONSTITUCIÓN, DOMICILIO,

 

DENOMINACIÓN, OBJETO Y FINALIDAD,

ÁMBITO, PRINCIPIOS

 

Artículo 1.- Constitución y domicilio.- Créase la EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL RADIO CULTURAL “IDENTIDAD” EP, constitúyese con domicilio en la ciudad de Ambato, cantón Ambato, provincia de Tungurahua, como persona jurídica de derecho público, autonomía presupuestaria, económica, administrativa, de gestión, financiera, operativa y patrimonial, como operadora de medios de comunicación provincial.

 

Artículo 2.- Denominación.- Se denominará EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL RADIO CULTURAL “IDENTIDAD” EP y se la identificará como EPP- RCI.

 

Artículo 3.- Objeto de la empresa.- La empresa tendrá como objeto la revalorización cultural y fortalecimiento de la identidad de la provincia y del país, a partir de la difusión de programas apropiados con este fin, además de la prestación de los siguientes servicios: instalar operar y mantener el servicio de radiodifusión pública, podrá realizar la creación, producción, posproducción de programas con el carácter social y cultural que encuadra su objeto principal, según las leyes vigentes en esta materia. Para cumplir su objeto, la EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL RADIO CULTURAL “IDENTIDAD” EP podrá realizar todo tipo de acuerdos, convenios, contratos, asumiendo cualquier forma asociativa o de alianza empresarial, de conformidad con la ley.

 

La EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL RADIO CULTURAL “IDENTIDAD” EP tendrá también como objeto todas aquellas actividades que le permitan la Constitución, los Convenios Internacionales, Leyes y Reglamentos de la República del Ecuador referentes a la comunicación social.

 

La finalidad de la EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL RADIO CULTURAL “IDENTIDAD” EP será la de brindar a la ciudadanía contenidos radiofónicos que informen, orienten, eduquen y estimulen el aprendizaje personal y en comunidad, sobre temas sociales, culturales, artísticos, científicos, fomentando y fortaleciendo los valores familiares, sociales, interculturales, y de ejercicio de ciudadanía cultural, como una empresa de comunicación pública eficiente, competitiva, moderna e incluyente, sin fines de lucro, ni carácter político partidista.

 

Artículo 4.- Ámbito.- El ámbito de acción de la empresa será regional.

 

 

Artículo 5.- Principios.- En la definición de sus políticas la empresa se orienta a través de los principios de: a) Igualdad, accesibilidad, universalidad y generalidad; b) Equidad; c) Solidaridad; d) Obligatoriedad, Regularidad, continuidad y calidad; e) Responsabilidad, eficiencia, eficacia y efectividad; f) Sostenibilidad y sustentabilidad; g) Participación; h) Uniformidad, y seguridad; i) racionalidad y rentabilidad social, preservando el medio ambiente, promoviendo el desarrollo sustentable e integral de las actividades económicas de acuerdo con la Constitución.

 

TÍTULO II

 

DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

 

Artículo 6.- Niveles.- Para el cumplimiento de su objeto la EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL RADIO CULTURAL “IDENTIDAD” EP contará con el correspondiente Reglamento Orgánico Estructural que será aprobado por el Directorio, considerando los siguientes niveles jerárquicos: _ Nivel Directivo: Conformado por el Directorio. _ Nivel Ejecutivo: Conformado por la Gerencia General, integrada por las áreas administrativa y financiera. Cada nivel tendrá a su cargo las unidades administrativas necesarias para desarrollar los procesos que se requieran para el cumplimiento de los fines de la empresa.

 

CAPÍTULO I

 

DEL NIVEL DIRECTIVO

 

SECCION I

 

DEL DIRECTORIO

 

Artículo 7.- Conformación.- El Directorio estará conformado por: _ El Prefecto Provincial o su delegado, quien lo presidirá. _ El Director de Desarrollo Humano y Cultura del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua o su delegado. _ La Directora Administrativa del Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua o su delegado. _ Un delegado del Parlamento Gente del Gobierno Provincial de Tungurahua de Participación Ciudadana. _ El Presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” Núcleo de Tungurahua. El Gerente General actuará como Secretario del Directorio con derecho a voz pero sin voto. Cada miembro titular tendrá un suplente, que en este caso será cada delegado, quien actuará en ausencia del principal. Los miembros del Directorio durarán en sus funciones 2 años o mientras mantengan su representación. Actuarán con voz y voto. Sesionará cuando menos una vez al mes ordinariamente, y extraordinariamente a petición del Presidente, Gerente General o de dos o más de sus miembros. La Convocatoria se la realizará por escrito en la que constará el orden del día, con 48 horas de anticipación al día de la sesión en el caso de sesionar ordinariamente; y en el caso de sesiones extraordinarias con 24 horas de anticipación.

 

Artículo 8.- De las atribuciones y funciones del Directorio.- Son atribuciones y funciones del Directorio: a) Definir las políticas y metas de la empresa en concordancia con las establecidas por el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y su plan estratégico, en el área que le corresponda y evaluar su cumplimiento; b) Aprobar los programas de inversión que requiera la empresa para el cumplimiento de sus fines; c) Aprobar la desinversión de la empresa pública en sus filiales o subsidiarias; d) Aprobar las políticas aplicables a los planes estratégicos, objetivos de gestión, presupuesto anual, estructura organizacional y responsabilidad social corporativa; e) Aprobar el presupuesto anual para funcionamiento de la empresa, así como las reformas que sean necesarias, el cual deberá ser conocido por Consejo Provincial y evaluar su  ejecución; f) Aprobar el Plan Estratégico de la empresa, elaborado y presentado por la Gerencia General, y evaluar su ejecución; g) Aprobar y modificar el Orgánico Funcional de la Empresa sobre la base del proyecto presentado por el Gerente General; h) Aprobar y modificar el Reglamento de Funcionamiento del Directorio y demás reglamentos requeridos para el funcionamiento de la empresa, según lo establece la ley; i) Autorizar la contratación de los créditos o líneas de crédito, así como las inversiones que se consideren necesarias para el cumplimiento de los fines y objetivos empresariales; j) Autorizar la enajenación de bienes de la empresa de conformidad con la normativa aplicable desde el monto que establezca el directorio; k) Conocer y resolver sobre el Informe Anual de la o el Gerente General, así como los Estados Financieros de la empresa pública cortados al 31 de diciembre de cada año; l) Resolver y aprobar la fusión, escisión o liquidación de la empresa pública; m) Nombrar a la o al Gerente General, de una terna propuesta por la Presidenta o Presidente del Directorio, y sustituirlo; n) Aprobar la creación de filiales o subsidiarias, nombrar a sus administradoras o administradores con base a una terna presentada por la o el Gerente General, y sustituirlos; ñ) Disponer el ejercicio de las acciones legales, según el caso, en contra de ex administradores de la Empresa Pública; o) Aprobar los planes operativos anuales a ejecutarse, así como su financiamiento, los mismos que serán evaluados semestralmente; p) Aprobar los convenios que previamente revisados por el Gerente sean necesarios que este suscriba para el cumplimiento de los fines de la empresa; q) Conocer el Plan Anual de Contratación de la empresa; r) Resolver sobre las alianzas estratégicas que pudieran darse; s) Proponer para conocimiento y aprobación del Consejo Provincial los proyectos de ordenanzas que se consideren necesarias para la actividad de la empresa; t) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente, Auditor Interno o comisiones especiales; u) Conceder licencia al Gerente por un período superior a 60 días; y, v) Las demás que le asignen las leyes vigentes relacionadas al funcionamiento de la empresa y la reglamentación interna de la misma.

 

 

SECCIÓN II

 

DE LA PRESIDENCIA

 

Artículo 9.- Deberes y atribuciones de la Presidencia.- Son deberes y atribuciones del/a Presidente/a: a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta Ordenanza, reglamentos de la empresa, y más normas jurídicas y administrativas que rigen a las empresas públicas provinciales; b) Convocar y presidir las sesiones del Directorio; c) Suscribir conjuntamente con el Gerente- Secretario actas, resoluciones y acuerdos; d) Conceder licencia al Gerente por un plazo no mayor a 60 días; y, e) Coordinar las acciones de la empresa, con las del H. Gobierno Provincial de Tungurahua.

 

 

CAPÍTULO II

 

 

DEL NIVEL EJECUTIVO

 

SECCION III

 

DE LA GERENCIA

 

Artículo 10.- Atribuciones del Gerente General.- El Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la empresa, será designado por el Directorio de fuera de su seno por un período similar al que ejerza el Prefecto Provincial y será en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa. Deberá dedicarse de forma exclusiva y a tiempo completo a las labores inherentes a su cargo.

 

Ejercerá las siguientes atribuciones y deberes: a) Cumplir y hacer cumplir la ley, la ordenanza y demás disposiciones legales incluidas las resoluciones emitidas por el Directorio, que se relacionen con el funcionamiento de la empresa; b) Responsabilizarse de la gestión técnica, operativa y administrativa de la empresa, para lo cual debe administrarla con eficiencia, eficacia y efectividad, siendo su obligación informar trimestralmente o a solicitud del Directorio los resultados de su gestión, de la aplicación de las políticas y de los resultados de los planes, proyectos y presupuestos, en ejecución o ya ejecutados; c) Presentar al Directorio hasta el 31 de marzo de cada año el balance del estado financiero de la empresa, para su aprobación y para conocimiento del Consejo Provincial; d) Presentar al Directorio para su aprobación, los planes operativos anuales: de negocios, de inversiones, de gasto, y de contrataciones, para conocimiento y aprobación del Directorio; e) Preparar los proyectos de normativa a aplicarse en la empresa para ponerlos a consideración del Directorio para su aprobación; f) Autorizar gastos e inversiones hasta las cuantías determinadas por el Directorio; g) Presentar al Directorio para su aprobación, las reformas presupuestarias que sean necesarias para el funcionamiento de la empresa; h) Designar al Gerente General subrogante de entre los directores de la empresa; i) Resolver sobre los modelos asociativos a aplicarse para mejorar e implementar tecnologías en el funcionamiento de la empresa y someterlos a consideración del Directorio para su aprobación; j) Nombrar, contratar y reemplazar al talento humano, de acuerdo a lo que establece la ley; k) Adoptar e implementar procesos de negocios que permitan el cumplimiento de los objetivos de la empresa; l) Tener a su cargo la Secretaría del Directorio; m) Designar a los directores departamentales y jefes de sección, de acuerdo a la normativa vigente; n) Proponer al Directorio cambios de la estructura administrativa en caso de ser necesario; o) Ejercer la jurisdicción coactiva en forma directa o a través de su delegado; p) Presentar el Presupuesto anual al Consejo Provincial para su conocimiento; q) Presentar al Directorio las memorias anuales de la empresa pública; r) Suscribir las alianzas estratégicas aprobadas por el Directorio; s) Iniciar, continuar, desistir y transigir en procesos judiciales y en los procedimientos alternativos para la solución de conflictos, de conformidad con la ley y los montos establecidos por el Directorio; t) Resolver sobre la creación de agencias y unidades de negocio; u) Designar y remover a los administradores de las agencias y unidades de negocios, de conformidad con la normativa aplicable; v) Otorgar poderes especiales para el cumplimiento de las atribuciones de los administradores de agencias o  unidades de negocios, observando para el efecto las disposiciones de la reglamentación interna; w) Adoptar e implementar las decisiones comerciales que permitan la venta de productos o servicios para atender las necesidades de los usuarios en general y del mercado, para lo cual podrá establecer condiciones comerciales específicas y estrategias de negocio competitivas; x) Establecer el mecanismo para incluir la participación ciudadana en el control y cumplimiento de los programas y proyectos; y) Las demás que le asignen las leyes vigentes relacionadas al funcionamiento de la empresa y la reglamentación interna de la misma.

 

Artículo 11.- Requisitos.- Para ser Gerente General se requiere: a) Certificar su reconocimiento profesional en el área de comunicación y radiodifusión en concordancia con la finalidad de la empresa; b) Demostrar conocimientos y experiencia al menos de 3 años, en actividades afines a la actividad de la empresa y en cumplimiento de disposiciones de ley; y, c) Otros que establezca el Directorio, según marco legal vigente.

 

El Gerente General no podrá recibir ingresos de otra institución del Estado, con excepción de las establecidas en la Constitución de la República y leyes pertinentes.

 

Artículo 12.- Gerente General subrogante.- El Gerente General subrogante será nombrado por el Gerente General de entre los servidores públicos de libre nombramiento y remoción de la empresa, y le corresponde reemplazar al Gerente General en caso de ausencia o impedimento temporal del titular cumpliendo los deberes y atribuciones previstas para el titular mientras dure el reemplazo; en caso de ausencia definitiva del titular, el Directorio procederá a la designación del nuevo Gerente General, por el tiempo necesario para cumplir el período para el cual fue designado el Gerente General.

 

 

CAPÍTULO III

 

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

 

SECCION IV

 

Artículo 13.- Unidades administrativas.- Para el desarrollo de los procesos de la empresa, el Gerente General designará a los responsables de las unidades administrativas con que contará la empresa, quienes serán de libre nombramiento y remoción de ser el caso; deberán cumplir los requisitos establecidos en la ley para el ejercicio de una función pública y los requisitos que fueren establecidos por el Directorio y el Gerente General.

 

 

CAPÍTULO IV

 

DEL CONTROL

 

Las actividades de la empresa estarán sometidas al control y supervisión del Consejo Provincial de Tungurahua y, a los órganos de control establecidos en la Constitución de la República del Ecuador.

 

SECCION V

 

AUDITORÍA INTERNA

 

Artículo 14.- Auditor Interno.- Será nombrado por el Contralor General del Estado, conforme lo determina la Ley Orgánica de la Controlaría General del Estado.

 

CAPÍTULO V

 

DE LOS BIENES Y PATRIMONIO

 

Artículo 15.- Patrimonio.- El patrimonio de la empresa pública estará conformado por:

 

Todos los equipos radiofónicos que se detallan en el proyecto socio económico de la presente empresa, que serán adquiridos por el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, dentro de los seis primeros meses de constituida esta empresa pública.

 

Los bienes que a futuro adquiera a titulo oneroso o gratuito.

 

Los estudios técnicos en referencia a la comunicación que posee la Dirección Desarrollo Humano y Cultura y que mediante acta pasarán a la empresa.

 

Las acciones y participaciones, producto de inversiones o de asociaciones estratégicas.

 

Los fondos provenientes de préstamos reembolsables y no reembolsables nacionales o internacionales.

 

El H. Gobierno Provincial de Tungurahua efectuará las asignaciones presupuestarias que se requieran para el funcionamiento y gestión de la EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL RADIO CULTURAL “IDENTIDAD” EP, de acuerdo al requerimiento que efectúe el Directorio de la empresa, previo el análisis del informe y estudio técnico-financiero, que será conocido y aprobado por el Consejo Provincial, desde su constitución, luego de lo cual se efectuará un balance para establecer las políticas a seguir.

 

 

CAPÍTULO VI

 

DEL TALENTO HUMANO

 

Artículo 16.- El Talento Humano será administrado por el Gerente General o por la persona a quien éste delegue expresamente, observando las leyes, reglamentos y más disposiciones aplicables y principalmente: a) La evaluación del desempeño del trabajo; b) Cumplimiento del horario de trabajo; c) Capacitación del personal de trabajadores y administrativos; d) Definición de políticas de motivación e incentivos en función del desempeño; e) Definición de escalas salariales de acuerdo con la ley; f) Definición de estructuras ocupacionales; g) Confidencialidad en la información; y, h) Transparencia y responsabilidad en el manejo de los recursos de la empresa.

 

CAPÍTULO VII

 

DE LA ACCIÓN COACTIVA

 

Artículo 17.- De la jurisdicción coactiva.- El Gerente General de la empresa presentará al Directorio para su conocimiento y aprobación, un proyecto de reglamento para el ejercicio de la jurisdicción coactiva. En caso que la empresa no cuente con el personal para realizar el cobro por esta vía, el Gerente General contratará los servicios profesionales de abogados externos, quienes percibirán honorarios por la gestión y resultados obtenidos de acuerdo a la ley.

 

 

CAPÍTULO VIII

 

DE LAS CONTRATACIONES

 

Artículo 18.- Las contrataciones de bienes, obras y servicios, incluidos los de consultoría, que se realicen se sujetarán a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General y demás disposiciones administrativas aplicables.

 

 

Artículo 19.- En los casos en que las empresas públicas hubieren suscrito contratos o convenios tales como: alianzas estratégicas, asociación, consorcios u otros de naturaleza similar, será el convenio asociativo o contrato el que establezca los procedimientos de contratación y su normativa aplicable.

 

 

CAPÍTULO IX

 

DEL REGIMEN TRIBUTARIO

 

Artículo 20.- Para la empresa pública se aplicará el Régimen Tributario correspondiente al de entidades y organismos del sector público, incluido el de exoneraciones, previsto en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario Interno y demás leyes de naturaleza tributaria.

 

 

DIPOSICIÓN GENERAL

 

 

PRIMERA.- La EMPRESA PUBLICA PROVINCIAL RADIO CULTURAL “IDENTIDAD” EP propenderá a la integración de toda la colectividad tungurahuense en el marco de una programación radial cuya información defina los servicios culturales de fortalecimiento de nuestra identidad para desarrollarse adecuadamente en el ejercicio del buen vivir señalado en la Constitución de la República.

 

 

Propenderá a mantener una programación en la que se contemplen, dentro de los objetivos de la empresa, espacios radiofónicos para los cantones y parroquias de la Provincia, tendientes a fortalecer los aspectos productivos y culturales de sus sectores.

 

DIPOSICIONES TRANSITORIAS

 

PRIMERA.- En el plazo máximo de 180 días a partir de la promulgación de esta ordenanza, el Gerente General  presentará al Directorio los proyectos de reglamentos, resoluciones y otras normas, que se requieran para el funcionamiento de la empresa; mientras tanto, el Gerente General se encuentra autorizado para, mediante resolución dictar las disposiciones correspondientes y observará los procesos establecidos por el H. Gobierno Provincial de Tungurahua hasta la presente fecha.

 

SEGUNDA.- En el plazo máximo de 180 días de promulgada la presente ordenanza, la Dirección Financiera colaborará con la naciente empresa para la apertura de cuentas, y elaboración de cédulas presupuestarias; asignará un fondo inicial, que será conocido y autorizado por el Consejo Provincial, que permita el funcionamiento de la empresa.

 

TERCERA.- El H. Gobierno Provincial de Tungurahua, deberá transferir los recursos para inversión y capital que se estime necesario para el cumplimiento del objeto y fines de la empresa, previo conocimiento y autorización del Consejo Provincial de Tungurahua.

 

DISPOSICIONES FINALES

 

PRIMERA.- En todo lo no previsto expresamente en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas.

 

SEGUNDA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

 

TERCERA.- Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en ordenanzas y reglamentos que se opusieren a la presente ordenanza.

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Consejo Provincial de Tungurahua en la ciudad de Ambato a los 26 días del mes de julio de 2012.

 

f.) Ing. Fernando Naranjo Lalama, Prefecto Provincial de Tungurahua.

 

f.) Andrés Pachano Arias, Secretario General.

 

 

CERTIFICO.- Que la presente Ordenanza Provincial de Creación de la Empresa Pública Provincial Radio Cultural “Identidad” EP, fue discutida y aprobada en sesiones ordinarias del Consejo Provincial de Tungurahua efectuadas en los días 25 de junio y 26 de julio de 2012, en primer y segundo debate respectivamente.

 

 

Ambato, 27 de julio de 2012

 

f.) Andrés Pachano Arias, Secretario General.

 

PREFECTURA PROVINCIAL DE TUNGIURAHUA.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y en base a la certificación conferida por el Secretario General del H. Gobierno Provincial de Tungurahua, sanciono favorablemente  la ordenanza Provincial de Creación de la Empresa Pública Provincial Radio Cultural “Identidad” EP que antecede. De conformidad a lo dispuesto en el artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, publíquese la presente ordenanza provincial.

 

Ambato, 27 de julio de 2012

 

f.) Ing. Fernando Naranjo Lalama, Prefecto Provincial de Tungurahua.

 

 

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA.- Es fiel copia del documento que reposa en el archivo de Secretaría General.- Certifico.- f.) Andrés Pachano Arias, Secretario General.

Precio: $1.00
Si desea imprimir o descargar.

Precio no incluye IVA.


Visitas
1516

¡Califica este producto!

(0 Votos)

Compartir