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Registro Oficial No 37 - Martes 16 de Julio de 2013 Segundo Suplemento

lunes 01 de enero del 2001 | 00:00
Útima actualizacion: lunes 29 de julio del 2013 | 13:09


Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Martes 16 de Julio de  2013 - R. O. No. 37

SEGUNDO SUPLEMENTO

SUMARIO

Asamblea Nacional: El Pleno:

Legislativo:

Leyes     

-       Expídese la Ley Orgánica Reformatoria a la Leyde Minería, a la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador y ala Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanzas Municipales:

Ordenanzas         

-       Cantón Nangaritza: Para la protección de fuentes y zonas de recarga de agua, ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural

               

013-2013 Cantón Rumiñahui: Que expide la Primera Ordenanza reformatoria a la Ordenanza para el otorgamiento del permiso de funcionamiento para establecimientos y locales comerciales que operen dentro de la jurisdicción del cantón

CONTENIDO


REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

Of. No. SAN-2013-0875

Quito, 12 de julio de 2013

Ingeniero

Hugo Del Pozo Barrezueta

Director del Registro Oficial

En su despacho

De mis consideraciones:

La Asamblea Nacional, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó el Proyecto de LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y A LA LEY ORGÁNICA DE REGÍMEN TRIBUTARIO INTERNO.

En sesión del 9 de julio del 2013, el Pleno de la Asamblea Nacional conoció y se pronunció sobre la objeción parcial  presentada por el señor Presidente Constitucional de la República.

Por lo expuesto; y, tal como lo dispone el artículo 138 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 64 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, acompaño el texto de la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, para que se sirva publicarlo en el Registro Oficial.

Atentamente,

f.) Dra. LIBIA RIVAS ORDÓÑEZ, Secretaria General.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

CERTIFICACIÓN

Me permito CERTIFICAR que la Asamblea Nacional discutió y aprobó la LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE MINERÍA, A LA LEY REFORMATORIA PARA LA EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y A LA LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, en primer debate el 31 de mayo de 2013, en segundo debate el 10 y 13 de junio de 2013 y se pronunció sobre la objeción parcial del Presidente Constitucional de la República el 9 de julio de 2013.

Quito, 12 de julio de 2013

f.) Dra. LIBIA RIVAS O., Secretaria General.

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

EL PLENO

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 11 del artículo 261 de la Carta Fundamental prescribe que el Estado Central tendrá competencias exclusivas sobre los recursos energéticos, minerales e hidrocarburíferos;

Que, la Constitución de la República del Ecuador establece en el artículo 408, que “Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables y en general, los productos del subsuelo, yacimientos minerales y de hidrocarburos, sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico”;

Que, los recursos naturales no renovables se consideran un sector estratégico, tal como lo establece el artículo 313 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre los cuales el  estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar dicho sector, bajo los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia; así como también, delegar de manera excepcional a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución de la República del Ecuador;

Que, el nuevo marco regulatorio para la actividad minera inició con la Ley de Minería, promulgada en el Suplemento del Registro Oficial No. 517 de 29 de enero de 2009;

Que, al amparo de las normas y principios del debido proceso, recogido como derecho de protección constitucional en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador, es necesario garantizar este derecho en los procesos de caducidad de las concesiones mineras establecidos en la Ley de Minería;

Que, el Estado debe impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley;

Que, el marco jurídico minero actual y la práctica administrativa señalan que aquel es insuficiente y no responde adecuadamente a los intereses nacionales, por lo que es necesario reformar diversas disposiciones legales;

Que, por cuanto los recursos naturales son de propiedad del Estado, éste debe percibir beneficios adecuados, lo cual debe ser regulado mediante la legislación minera nacional; y,

Que, mediante Registro Oficial No. 242, del 29 de diciembre de 2007, se promulgó la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador.

En ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 6 del artículo 120 de la Constitución de la República, expide la siguiente:

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY DE

MINERÍA, A LA LEY REFORMATORIA PARA LA

EQUIDAD TRIBUTARIA EN EL ECUADOR Y A LA

LEY ORGÁNICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO

INTERNO

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 11 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Artículo 11.- Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero.- La Agencia de Regulación y Control Minero tendrá un Directorio conformado por tres miembros que no tendrán relación de dependencia con esta entidad. Estará integrado por:

a) El Ministro Sectorial o su delegado permanente, quien lo presidirá y tendrá voto dirimente;

b) El Secretario Nacional de Planificación o su delegado; y,

c) Un delegado del Presidente de la República.

El Directorio nombrará un Director Ejecutivo y establecerá, mediante resolución, la estructura administrativa y financiera de la Agencia de Regulación y Control Minero.

El Director Ejecutivo se encargará de dar cumplimiento a las resoluciones del Directorio; ejercerá la representación legal de la Agencia y tendrá las facultades y atribuciones que le asigne el órgano directivo.”

Art. 2.- Sustitúyase el Art. 16 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Art. 16.- Dominio del Estado sobre minas y yacimientos.- Son de propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, los minerales y sustancias cuya naturaleza sea distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas del mar territorial. El dominio del Estado sobre el subsuelo se ejercerá con independencia del derecho de propiedad sobre los terrenos superficiales que cubren las minas y yacimientos.

La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos mineros se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, a los principios del desarrollo sustentable y sostenible, de la protección y conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social, debiendo respetar el patrimonio natural y cultural de las zonas explotadas. Su exploración y explotación racional se realizará en función de los intereses nacionales, por personas naturales o jurídicas, empresas públicas, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras, otorgándoles derechos mineros, de conformidad con esta ley.

La exploración y explotación de los recursos mineros estará basada en una estrategia de sostenibilidad ambiental pública que priorizará la fiscalización, contraloría, regulación y prevención de la contaminación y remediación ambiental, así como el fomento de la participación social y la veeduría ciudadana.”

Art. 3.- Sustitúyase el artículo 26 de la Ley Minería por el siguiente:

“Art. 26.- Actos administrativos previos.- Para ejecutar las actividades mineras se requieren, de manera obligatoria, actos administrativos motivados y favorables otorgados previamente por las siguientes instituciones dentro del ámbito de sus respectivas competencias:

a) Del Ministerio del Ambiente, la respectiva licencia ambiental debidamente otorgada; y,

b) De la Autoridad Única del Agua, respecto de la eventual afectación a cuerpos de agua superficial y/o subterránea y del cumplimiento al orden de prelación sobre el derecho al acceso al agua.

Adicionalmente, el concesionario minero presentará al  Ministerio Sectorial una declaración juramentada realizada ante notario en la que exprese conocer que las actividades mineras no afectan: caminos, infraestructura pública, puertos habilitados, playas de mar y fondos marinos; redes de telecomunicaciones; instalaciones militares; infraestructura petrolera; instalaciones aeronáuticas; redes o infraestructura eléctricas; o vestigios arqueológicos o de patrimonio natural y cultural.

La falsedad comprobada en la declaración de la referencia anterior será sancionada de conformidad con las penas aplicables al delito de perjurio.

Si la máxima autoridad del sector minero de oficio o a petición de parte advirtiere que las actividades del solicitante pudieren afectar a los referidos bienes o patrimonio, solicitará la respectiva autorización a la entidad competente, la que deberá emitir su pronunciamiento en el término de treinta días. De no hacerlo en ese lapso, se entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades mineras, y el funcionario responsable será destituido. Respecto de la emisión de los informes de tales actos administrativos se estará a la aplicación de las normas del procedimiento jurídico administrativo de la Función Ejecutiva.

Los Gobiernos Municipales y Metropolitanos, en el ejercicio de sus competencias, mediante ordenanza, deberán regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos.”

Art. 4.- A continuación del inciso 1ro. del Art. 29 de la Ley de Minería incorpórese el siguiente:

“Se exceptúan de los procesos de subasta o de remate público, mencionados en el inciso anterior, el otorgamiento de concesiones mineras, que conforme el artículo 31 de esta Ley, efectúe el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial, respecto de áreas de las que dispusiere, mediante delegación a empresas estatales extranjeras o sus subsidiarias, compañías de economía mixta o a consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria, para lo cual el Estado deberá observar el principio de transparencia en la adjudicación, aplicando las normas constitucionales y criterios previamente establecidos en la ley, sus reglamentos y los acuerdos precedentes a su otorgamiento.”

Art. 5.- Sustitúyase el inciso cuarto del Artículo 34 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Se establece una patente anual de conservación para las actividades simultáneas de exploración – explotación que se realicen bajo el régimen especial de pequeña minería equivalente al 2% de la remuneración mensual unificada, por hectárea minera.”

Art. 6.- En el último inciso del artículo 36 de la Ley de Minería después de la frase “evaluación económica” agregar la palabra “integral”. Y al final incorporar la frase “Que incorporará los minerales principales, secundarios y otros que tengan valor económico.”

Art. 7.- Al final del Artículo 40 de la Ley de Minería incorpórese el siguiente inciso:

“La celebración de contratos de prestación de servicios entre el Estado por intermedio del Ministerio Sectorial y empresas estatales extranjeras, o consorcios en las que éstas tengan participación mayoritaria, podrá efectuarse en forma directa, sobre la base de los acuerdos previos a los que hubieren llegado las partes.”

Art. 8.- Añádase el siguiente inciso al Artículo 41 de la Ley de Minería:

“El Estado podrá acordar con los concesionarios mineros el pago de rentas y regalías generados por el aprovechamiento de minerales metálicos, con el producto refinado de su explotación en sujeción a lo dispuesto en la presente ley.”

Art. 9.- Incorpórese al final del Artículo 45 de la Ley de Minería lo siguiente:

“Los titulares de plantas de beneficio, que procesen minerales de otras concesiones mineras, y que, generen relaves que contengan productos minerales, deberán pagar una regalía correspondiente al 3% sobre la enajenación a cualquier título, de los productos minerales obtenidos de los relaves cuando sean recuperados.”

Art. 10.- Sustitúyase el artículo 49 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Art. 49.- Derecho de libre comercialización.- Los titulares de concesiones mineras pueden comercializar libremente su producción dentro o fuera del país. No obstante, en el caso del oro proveniente de la minería artesanal legalmente autorizada, el Banco Central del Ecuador efectuará su comercialización en forma directa o por intermedio de las instituciones financieras debidamente autorizadas por el Banco Central.”

Art. 11.- Sustitúyase el Artículo 57 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Art. 57.- Sanciones a la actividad minera ilegal.- La actividad minera ilegal ejercida por personas naturales o jurídicas, o grupos de personas, nacionales o extranjeras, sin contar con los títulos, autorizaciones, permisos o licencias, será sancionada conforme las prescripciones de este artículo, sin perjuicio de las aplicables en los ámbitos ambiental, tributario o penal, a las que hubiere lugar.

Los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y comercialización clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización, según el caso, que ejecute la Agencia de Regulación y Control Minero contando con la colaboración de la Policía Nacional y subsidiariamente de las Fuerzas Armadas. Quienes se reputen autores de dichas actividades o propietarios de tales bienes,  serán sancionados por la mencionada Agencia, con multa de doscientas a quinientas remuneraciones básicas unificadas dependiendo de la gravedad de la infracción, sin perjuicio del pago de un valor equivalente al total de los minerales extraídos ilegalmente, así como de la obligación de restauración de los ecosistemas e indemnización a las personas y comunidades afectadas.

Las multas a las que se refiere la presente Ley, serán pagadas a la Agencia de Regulación y Control Minero, en el término de cinco días contados a partir de la fecha en que la Resolución cause estado. Si el infractor sancionado administrativamente no cumpliere con la obligación de pago, dicha Agencia, efectuará el cobro en ejercicio de la jurisdicción coactiva atribuida en la presente Ley.

Las multas recaudadas por la Agencia de Regulación y Control Minero, serán destinadas al cumplimiento de los fines inherentes a su competencia.

Las afectaciones al ambiente y el daño al ecosistema y biodiversidad producidos a consecuencia de la explotación ilícita o invasiones, serán consideradas como agravantes al momento de dictar las resoluciones respecto del amparo administrativo.

Los procedimientos que hagan efectivas estas medidas, constarán en el Reglamento General de esta Ley.”

Art. 12.- A continuación del Artículo 57 de la Ley de Minería, hágase constar el siguiente artículo innumerado:

“Art. ... Sanciones a titulares que permitan actividades mineras ilegales en sus áreas.- Sin perjuicio de la revocatoria de la delegación efectuada por el Estado, mediante la declaratoria de caducidad de la concesión, autorización, permiso o licencia, se aplicarán las mismas multas previstas en el artículo anterior a los titulares de derechos mineros otorgados por el Estado Ecuatoriano, que permitan el cometimiento de actividades mineras ilegales, por parte de terceros no autorizados legalmente para así hacerlo o que carezcan de la respectiva licencia ambiental para sus labores mineras en sus respectivas áreas o lugares de operación.”

Art. 13.- En los artículos 62, 71, 72, 94 y 95 de la Ley de Minería, sustitúyase la expresión “el Ministerio Sectorial” por la expresión “la Agencia de Regulación y Control Minero.”

Art. 14.- Sustitúyase el art. 78 de la Ley Minería por el siguiente:

“Los titulares de derechos mineros, previamente a la iniciación de las actividades, deberán elaborar y presentar estudios o documentos ambientales, para prevenir, mitigar, controlar y reparar los impactos ambientales y sociales derivados de sus actividades; estudios o documentos que deberán ser aprobados por la Autoridad Ambiental competente, con el otorgamiento de la respectiva Licencia Ambiental. El Reglamento Ambiental para Actividades Mineras, que dictará el ministerio del ramo,  establecerá los requisitos y procedimientos para la aplicación de este artículo.

Para el procedimiento de presentación y calificación de los estudios ambientales, planes de manejo ambiental y otorgamiento de licencias ambientales, los límites permisibles y parámetros técnicos exigibles serán aquellos establecidos en la normativa ambiental minera aplicable.

Las actividades mineras previo a la obtención de la respectiva autorización administrativa ambiental, requieren de la presentación de garantías económicas determinadas en la normativa minero ambiental aplicable.

Los titulares de derechos mineros están obligados a presentar, al año de haberse emitido la Licencia Ambiental, una auditoría ambiental de cumplimiento que permita a la entidad de control monitorear, vigilar y verificar el cumplimiento de los planes de manejo ambiental y normativa ambiental aplicable. Posterior a esto, las Auditorías Ambientales de Cumplimiento serán presentadas cada dos años, sin perjuicio de ello, las garantías ambientales deberán mantenerse vigentes cada año.

En el régimen de minería artesanal, se requerirá la aprobación de fichas ambientales, en tanto que, bajo el régimen de pequeña minería, la licencia ambiental deberá otorgarse para operaciones de exploración/explotación simultáneas debiendo contarse para el efecto con estudios ambientales específicos y simplificados.

En los regímenes de mediana y gran minería, para el período de exploración inicial, se requerirá la aprobación de fichas ambientales, para la exploración avanzada una declaratoria ambiental, en tanto que, para la etapa de explotación y las fases subsecuentes requerirán de estudios ambientales, mismos que deberán ser modificados o actualizados en dependencia de los resultados. Sobre la base de estos instrumentos, se otorgarán las correspondientes licencias ambientales.

Una vez que los titulares de derechos mineros, cumplan de manera satisfactoria con los requisitos establecidos en la normativa aplicable, la aprobación de los documentos, estudios o licencias ambientales, deberán otorgarse en el plazo máximo de seis meses contados a partir de su presentación. De no hacerlo en ese plazo, se entenderá que no existe oposición ni impedimento para el inicio de las actividades mineras. El funcionario cuya omisión permitió el silencio administrativo positivo será destituido.”

Art. 15.- Sustitúyase el último inciso del Art. 79 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Dependiendo del grado de incumplimiento de esta disposición, podrá disponerse la suspensión temporal o definitiva de las actividades mineras, a cuyo efecto se seguirá el procedimiento establecido en esta Ley y su reglamento general.”

Art. 16.- Sustitúyase el artículo 85 de la Ley de Minería por el siguiente: “Art. 85.- Cierre de Operaciones Mineras.- Los titulares de concesiones mineras y plantas de beneficio, fundición y refinación deberán incluir en sus Estudios de Impacto Ambiental para las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación, la planificación del cierre de sus actividades, incorporada en el Plan de Manejo Ambiental y con su respectiva garantía; planificación que debe comenzar en la etapa de prefactibilidad del proyecto y continuar durante toda la vida útil, hasta el cierre y abandono definitivo.

El plan de cierre de operaciones mineras, será revisado y actualizado periódicamente en los Programas y Presupuestos Ambientales anuales y en las Auditorías Ambientales de Cumplimiento, con información de las inversiones o estimaciones de los costos de cierre, actividades para el cierre o abandono parcial o total de operaciones y para la rehabilitación del área afectada por las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación.

Asimismo, dentro del plazo de dos años previos a la finalización prevista del proyecto, para las actividades mineras de explotación, beneficio, fundición o refinación, el concesionario minero deberá presentar ante la Autoridad Ambiental Nacional, para su aprobación, el Plan de Cierre de Operaciones Definitivo que incluya la recuperación del sector o área, un plan de verificación de su cumplimiento, los impactos sociales y su plan de compensación y las garantías actualizadas indicadas en la normativa ambiental aplicable; así como, un plan de incorporación a nuevas formas de desarrollo sustentable.”

Art. 17.- A continuación del Art. 86 de la Ley de Minería, agréguese el siguiente artículo innumerado:

“Art. … Prohibición del uso del mercurio en operaciones mineras.- Sin perjuicio de la aplicación de la normativa minero ambiental, se prohíbe el uso del mercurio en el país en actividades mineras, de acuerdo a los mecanismos que la autoridad ambiental nacional establezca para el efecto, en conjunto con las instituciones con potestad legal sobre la materia.

La inobservancia a esta prohibición será sancionada con la revocatoria del derecho minero, sin perjuicio de las sanciones de orden penal a las que hubiere lugar.”

Art. 18.- Sustitúyase el Artículo 93 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Art. 93.- Regalías a la explotación de minerales.- Los beneficios económicos para el Estado estarán sujetos a lo establecido en el artículo 408 de la Constitución de la República; es decir, que el Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos en un monto no menor a los del concesionario que los explota.

Para este efecto el concesionario minero deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje sobre la venta del mineral principal y los minerales secundarios, no menor al 5% sobre las ventas y, para el caso del oro, cobre y plata, no mayor al 8%, adicional al pago correspondiente del impuesto a la renta; del  porcentaje de utilidades atribuidas al Estado conforme esta ley; del impuesto sobre los ingresos extraordinarios; y, del impuesto al valor agregado determinado en la normativa tributaria vigente.

La evasión del pago de regalías, será causal de caducidad, sin perjuicio de los efectos civiles y penales a que diere lugar.

El 60% de la regalía será destinado para proyectos de inversión social prioritariamente para cubrir necesidades básicas insatisfechas y desarrollo territorial o productivo, a través del Gobierno Nacional o de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Las inversiones que realicen los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán ser canalizadas a través del Banco del Estado para que se efectúen los desembolsos.

Cuando el caso amerite, el 50% de este porcentaje correspondería a las instancias de gobierno de las comunidades indígenas y/o circunscripciones territoriales. Estos recursos serán distribuidos priorizando las necesidades de las comunidades que se encuentran en áreas de influencia afectadas directamente por la actividad minera.

Los titulares de derechos mineros de pequeña minería, pagarán por concepto de regalías, el 3% de las ventas del mineral principal y los minerales secundarios, tomando como referencia los estándares del mercado internacional.

El porcentaje de regalía para la explotación de minerales no metálicos y materiales de construcción se calculará con base a los costos de producción.

El total de las regalías provenientes de materiales áridos y pétreos serán destinadas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos en donde se generen.

El Reglamento de esta ley y el Contrato de Explotación Minera establecerán los parámetros para la aplicación del pago de regalías, así como también los requisitos para su distribución.

En el Reglamento General de esta Ley, constarán las disposiciones necesarias para la aplicación del artículo 408 de la Constitución de la República del Ecuador.”

Art. 19.- Sustitúyase el artículo 108 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Art. 108.- Caducidad de derechos mineros.- El Ministerio Sectorial en ejercicio de su jurisdicción y competencia podrá declarar la caducidad de los derechos mineros, en el caso de que sus titulares hayan incurrido en las causales de caducidad establecidas en los artículos 69, 79, 81, 93 y 125, y en el presente Capítulo, y más disposiciones de esta Ley.

En todo procedimiento de declaración de caducidad se asegurará el derecho al debido proceso que incluye las garantías básicas consagradas en el artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador. El proceso de declaración de caducidad podrá iniciarse de oficio por el  Ministerio Sectorial, por denuncia de un tercero debidamente fundamentada e investigada por el Ministerio Sectorial o a petición de otros Ministerios que tengan relación con la actividad minera. El procedimiento administrativo se sujetará a las disposiciones de esta Ley y a las de su Reglamento General.

El informe técnico sobre los fundamentos de hecho que podrá servir de sustento para la declaración de caducidad, será realizado por la Agencia de Regulación y Control Minero.

El Ministerio Sectorial correrá traslado al titular con el informe técnico de la Agencia de Regulación y Control Minero, a efecto de que en el término de 45 días, acredite el cumplimiento de sus obligaciones o presente sus descargos y las pruebas que sustenten su defensa.

Si el Ministerio Sectorial no encontrare fundamento para continuar con el proceso de caducidad o si la causal hubiere sido desvirtuada por el concesionario en dicho término, lo declarará concluido y dispondrá el archivo del expediente. Caso contrario, de existir obligaciones pendientes de cumplimientos, mediante resolución administrativa debidamente motivada, ordenará que el concesionario subsane el incumplimiento en el término de 60 días. El Ministerio Sectorial podrá solicitar el pronunciamiento motivado de otras entidades estatales dentro del proceso de declaratoria de caducidad.

Si el concesionario no subsanare el incumplimiento dentro del plazo establecido, el Ministerio Sectorial declarará mediante resolución motivada la caducidad de los derechos mineros.

Sólo para la declaratoria de caducidad por la causal prevista en el artículo 117 de esta Ley, será necesario contar previamente con una sentencia judicial ejecutoriada.

El concesionario podrá interponer las acciones y recursos administrativos y jurisdiccionales previstos en la normativa ecuatoriana.

Iniciado un procedimiento administrativo de declaratoria de caducidad, el concesionario minero no podrá renunciar a la concesión minera.”

Art. 20.- Sustitúyase el art. 109 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Art. 109.- Efectos de la caducidad.- La caducidad extingue los derechos mineros conferidos por el Estado, mediante concesiones, autorizaciones, permisos o licencias a los que se refiere la presente Ley. La declaratoria de caducidad de la concesión minera en firme producirá los siguientes efectos:

La revocatoria de la delegación excepcional conferida por el Estado para el ejercicio de las actividades mineras y la restitución del área materia de la concesión al mismo, sin derecho a pago ni compensación de ninguna naturaleza al ex titular minero, junto con todos los bienes accesorios y afectos a la misma, incluyendo los destinados por el concesionario a las actividades mineras en todas sus  fases. La Agencia de Regulación y Control Minero tendrá la facultad de disponer de manera motivada al concesionario la remoción, a costo del mismo, de los bienes que a su juicio no sean aptos para la actividad minera. Sin perjuicio de lo dicho, el Estado ejercerá su facultad interventora en dichas concesiones mineras, permisos, licencias y demás derechos mineros, de conformidad con la presente ley y su reglamento general, mientras dure el proceso de caducidad.

La terminación del contrato de explotación minera sobre la concesión caducada, cuando existiere un contrato suscrito.

No obstante los efectos señalados en los literales precedentes, en caso de declaratoria de caducidad, subsistirá la responsabilidad del ex titular, por daños ambientales que implica además la obligación de restauración de los ecosistemas e indemnización a las personas y comunidades, si hubiere lugar a ello.”

Art. 21.- Sustitúyase el artículo 122 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Art. 122.- Derecho de Propiedad sobre bienes mineros.- Salvo lo previsto en el artículo 109 de esta Ley en lo referente a la caducidad de concesiones, por la extinción de los derechos mineros el ex titular no pierde su derecho de propiedad sobre edificaciones, maquinarias, instalaciones y demás elementos de trabajo, los que podrán ser retirados a su propio costo, con la autorización del Ministerio Sectorial.

Art. 22.- A continuación del artículo 127 agréguense el siguiente artículo innumerado.

“Art. … Transferencia de acciones o participaciones.- La transferencia directa o indirecta de las acciones o participaciones o cualquier otro derecho de naturaleza análoga en el capital social de los concesionarios mineros, y que en conjunto representen más del 10% de las mismas con derechos a voto, deberá inscribirse en el Registro Minero. Para tal efecto, los representantes legales de las compañías concesionarias, dentro del término de 30 días posteriores a la inscripción de las transferencias en los correspondientes libros sociales, comunicarán al Ministerio Sectorial las transferencias que hubieren realizado los accionistas o socios, que representen más del 10% de las acciones o participaciones con derecho a voto, a cuyo efecto deberán consignar los datos constantes en el formulario que elaborará dicho Ministerio y pagar el derecho de registro correspondiente al uno por ciento (1%) del valor de la transacción.

También estarán sujetas al mencionado registro y al pago del respectivo derecho las transacciones por las cuales se transfieran indirectamente el porcentaje de derechos señalados en inciso anterior sobre una concesión minera en bolsas de valores en el Ecuador o en el extranjero.

En caso de duda sobre el valor de la transacción, el concesionario presentará al Ministerio Sectorial los documentos relacionados con el respectivo negocio jurídico a fin de que éste  determine el monto del derecho de registro. Si la transacción involucra proyectos mineros en varias jurisdicciones, el Ministerio Sectorial sólo tomará en consideración aquellos proyectos y actividades mineras existentes en el Ecuador.”

Art. 23.- A continuación del Título VIII, incorpórese uno innumerado con el siguiente tenor.

“TITULO…

DE LA MEDIANA Y GRAN MINERÍA - CAPÍTULO I – De la mediana minería

Art. … De la mediana minería - Se considera mediana minería aquella que, en razón del tamaño de los yacimientos dependiendo del tipo de sustancias minerales metálicas y no metálicas, se ha llegado a cuantificar reservas que permitan efectuar la explotación de las mismas por sobre el volumen de procesamiento establecido para el régimen especial de pequeña minería y hasta el volumen establecido en los artículos siguientes.

Podrán optar por la modalidad de mediana minería, quienes habiendo iniciado sus operaciones bajo el régimen de pequeña minería, en la evolución de sus labores simultáneas de exploración y explotación hubieren llegado a la cuantificación de recursos y reservas mineras que permitan el incremento de la producción.

No obstante lo señalado en el inciso anterior, el Ministerio Sectorial, con el informe técnico y económico de la Agencia de Regulación y Control Minero, adoptará las acciones administrativas que fueren necesarias respecto de la modificación del régimen de pequeña minería por el de Mediana Minería precautelando los intereses del Estado y propiciando el desarrollo de este sector.

A las características y condiciones, mencionadas en el primer inciso de este artículo, les son inherentes las que correspondan al monto de inversiones, volumen de explotación, capacidad instalada de beneficio o procesamiento, y condiciones tecnológicas, de acuerdo con las normas del Reglamento de esta Ley.

Los titulares de concesiones en este régimen, estarán exceptuados de la celebración de los contratos de explotación a los que se refiere el artículo 41 de la Ley de Minería, pero sí obligados a presentar al Ministerio Sectorial, los manifiestos de producción, en iguales términos que los establecidos en esta Ley.

La inversión nacional o extranjera que se efectúe en actividades de mediana minería, se sujetará a las disposiciones del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

El pago de la patente anual de conservación para la modalidad de mediana minería, se efectuará con sujeción a lo establecido en el artículo 34 de la presente Ley, exceptuándose su inciso final, aplicable al régimen especial de pequeña minería.

Artículo ... Participación estatal.- El concesionario minero en la  modalidad de mediana minería deberá pagar una regalía equivalente a un porcentaje del cuatro (4) por ciento sobre la venta del mineral principal y de los minerales secundarios, adicional al pago correspondiente al impuesto a la renta e impuesto al valor agregado.

En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad minera, éstos recibirán el 5% del porcentaje de utilidades y el 10% restante será pagado al Estado, que lo destinará, única y exclusivamente, a proyectos de desarrollo local.

Artículo ... Volúmenes de producción.- Los volúmenes de producción en la modalidad de mediana minería, estarán sujetos a los siguientes rangos:

a) Para minerales metálicos: De 301 hasta 1000 toneladas por día en minería subterránea; de 1001 hasta 2000 toneladas por día en minería a cielo abierto; y, desde 1501 hasta 3000 metros cúbicos por día en minería aluvial;

b) Para minerales no metálicos: Desde 1001 hasta 3000 toneladas por día; y,

c) Para materiales de construcción: Desde 801 hasta 2000 metros cúbicos para minería en terrazas aluviales; y, desde 501 hasta 1000 toneladas métricas en minería a cielo abierto en roca dura (cantera).

Artículo … Minería en gran escala.- Se considera minería a gran escala, aquella que supere los volúmenes máximos establecidos para la modalidad de mediana minería.”

Art. 24.- Sustitúyase el Art. 134 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Art. 134.- Minería artesanal.- Para fines de aplicación de la presente Ley y en concordancia con las normas de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, la denominación de "minería artesanal" comprende y se aplica a las unidades económicas populares, los emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos que realicen labores en áreas libres.

Las actividades en minería artesanal se caracterizan por la utilización de maquinarias y equipos con capacidades limitadas de carga y producción de conformidad con el instructivo aprobado por el directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero destinados a la obtención de minerales, cuya comercialización en general permita cubrir las necesidades de la comunidad, de las personas o grupo familiar que las realiza, únicamente, dentro de la circunscripción territorial respecto de la cual se hubiere otorgado el correspondiente permiso.

Por su naturaleza, las actividades de minería artesanal, no están sujetas al pago de regalías ni de patentes, pero si sujetas al régimen tributario, para garantizar los ingresos que corresponden al Estado.

El Ministerio Sectorial podrá otorgar permisos por un plazo de hasta 10 años para realizar labores de minería artesanal,  renovables por períodos iguales siempre que exista petición escrita antes de su vencimiento y que tenga informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Ministerio del Ambiente. Los permisos de la minería artesanal no podrán afectar los derechos de un concesionario minero con un título vigente; no obstante lo anterior, los concesionarios mineros podrán autorizar la realización de trabajos de minería artesanal en el área de su concesión, mediante la celebración de contratos de operación regulados por el Ministerio Sectorial.

En el evento de que en ejercicio de la potestad del Estado para regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, el Ministerio Sectorial, estimare conveniente y necesario el otorgamiento de los permisos mencionados en el inciso anterior en áreas concesionadas, con excepción de las sujetas al régimen especial de pequeña minería, los conferirá, previo informe favorable de la Agencia de Regulación y Control Minero. En estos casos, el cumplimiento de las obligaciones de carácter ambiental, de seguridad minera, laboral, social, tributaria y más que se contemplen en el Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal, será de exclusiva responsabilidad de sus beneficiarios, sin que puedan imputarse las mismas, ni los efectos de su incumplimiento, a los titulares de concesiones mineras.

Los permisos que se otorguen para labores subterráneas de minería artesanal, no podrán exceder de 4 hectáreas mineras, ni de 6 hectáreas para labores a cielo abierto. Se prohíbe en forma expresa el otorgamiento de más de un permiso a una misma persona, para actividades en minería artesanal, así como también, la realización de labores en forma directa o por interpuestas personas ajenas a las localidades en las que se realicen tales labores.

Los trámites de carácter administrativo que deban realizarse en el Ministerio Sectorial y sus entidades adscritas, para el otorgamiento, administración, extinción y registro; en todo caso deberán ser simplificados y sin costo alguno para el peticionario. De igual modo y para fines de orden notarial los permisos que se confieran para minería artesanal se tendrán como de cuantía indeterminada.

Para fines de control y adecuado manejo ambiental los permisos de minería artesanal otorgados para la explotación de minerales metálicos, con excepción de la explotación de depósitos aluviales, estará limitada a labores de extracción. Su procesamiento deberá efectuarse en plantas que cuenten con la debida autorización para su instalación y operación, además con la licencia ambiental que el caso requiere.”

Art. 25.- A continuación del Art. 134, de la Ley de Minería. incorpórese los siguientes artículos innumerados.

“Art. … Capacidad de producción y procesamiento.- En consideración a la diferente naturaleza y concentración de los minerales y en función de la distribución de la mineralización, así como de los métodos de explotación y/o procesamiento técnicamente seleccionados para su aprovechamiento racional, se establecen las siguientes capacidades de producción bajo el régimen de minería artesanal de material mineralizado:

Para minerales metálicos: Hasta 10 toneladas por día en minería subterránea y 120 metros cúbicos por día en minería de aluviales;

Para minerales no metálicos: Hasta 50 toneladas por día;

Para materiales de construcción: Hasta 100 metros cúbicos por día para minería de aluviales o materiales no consolidados; y, 50 toneladas métricas por día en minería a cielo abierto en rocas duras.

Artículo ... Ejercicio de la potestad estatal.- En ejercicio de la potestad estatal de administrar, regular, controlar y gestionar el sector estratégico minero, el Ministerio Sectorial, con el informe técnico y económico de la Agencia de Regulación y Control Minero, adoptará las acciones administrativas que fueren necesarias respecto del otorgamiento, conservación y extinción de los derechos otorgados bajo el régimen de la minería artesanal, incluyéndose en estas las de modificar el régimen de permisos y optar por la modalidad de concesión prevista para la pequeña minería, precautelando los intereses del Estado y propiciando el desarrollo de este sector. En este caso podrá efectuarse la acumulación de áreas mineras otorgadas bajo la modalidad de permisos para minería artesanal, sin perjuicio de que el Ministerio Sectorial, en aplicación de las normas de los artículos 313 y 316 de la Constitución de la República del Ecuador, de oficio, pueda redefinir las áreas materia del otorgamiento de concesiones, confiriendo títulos de concesiones en reemplazo de los permisos para minería artesanal.

En ejercicio de esta misma potestad, procede también la acumulación de áreas mineras para el caso de pequeña, mediana y minería a gran escala, dentro del límite de la dimensión de las concesiones establecidas en esta ley.”

Art. 26.- Sustitúyase el Art. 138 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Art. 138.- Pequeña minería.- Se considera pequeña minería aquella que, en razón de las características y condiciones geológico mineras de los yacimientos de substancias minerales metálicas, no metálicas y materiales de construcción, así como de sus parámetros técnicos y económicos, se hace viable su explotación racional en forma directa, sin perjuicio de que le precedan labores de exploración, o de que se realicen simultáneamente las labores de exploración y explotación.

A las características y condiciones geológico-mineras de los yacimientos, mencionados en el inciso anterior, aptos para el desarrollo de labores en pequeña minería, y diferentes a actividades mineras en mayor escala, les son inherentes las que correspondan al área de las concesiones, al monto de inversiones, volumen de explotación, capacidad instalada de beneficio o procesamiento, y condiciones tecnológicas, de acuerdo con las normas del Reglamento del Régimen Especial de Pequeña Minería y Minería Artesanal.”

Art. 27.- A continuación del artículo 138 de la Ley de Minería incorpórese los siguientes artículos innumerados: “Art. ...  Capacidad de producción bajo el régimen de pequeña minería.- En dependencia del grado de concentración de los minerales en los yacimientos y en función de la forma como se encuentre distribuida la mineralización, así como de los métodos de explotación y/o procesamiento técnicamente seleccionados para su aprovechamiento racional, se establecen las siguientes rangos de producción para cada operador:

a) Para minerales metálicos: hasta 300 toneladas por día en minería subterránea; hasta 1000 toneladas por día en minería a cielo abierto; y, hasta 1500 metros cúbicos por día en minería aluvial;

b) Para minerales no metálicos: hasta 1000 toneladas por día; y,

c) Para materiales de construcción: hasta 800 metros cúbicos para minería en terrazas aluviales; y, 500 toneladas métricas por día en minería a cielo abierto en roca dura (cantera).

Dentro de este régimen, en cada área minera podrá realizarse una o más operaciones mineras, por parte de su titular o de sus operadores legalmente facultados para así hacerlo, en tanto las características o condiciones técnicas de explotación de los yacimientos así lo justifiquen.

Artículo ... Manifiestos e informes de producción.- Los titulares de concesiones en pequeña minería, estarán exceptuados de la celebración de los contratos de explotación a los que se refiere el artículo 41 de la Ley de Minería, pero sí obligados a presentar al Ministerio Sectorial, manifiestos e informes de producción, mediante declaración juramentada realizada ante Notario en los que se indicará el número de hectáreas mineras en exploración y en explotación, respectivamente. Los informes anuales de producción debidamente auditados se presentarán hasta el 31 de marzo de cada año al Ministerio Sectorial, de conformidad con las guías técnicas elaboradas para el efecto por la Agencia de Regulación y Control Minero.

La falsedad comprobada en la declaración de la referencia anterior será sancionada de conformidad con las penas aplicables al delito de perjurio. La falta de presentación de los manifiestos de producción o de sus actualizaciones, será sancionada con la suspensión temporal de las actividades hasta que se cumpla con la presentación de dichos manifiestos. La demora en la presentación de los indicados documentos no podrá exceder al plazo de noventa días, vencido el cual se producirá la suspensión definitiva de actividades.

Los manifiestos de producción y más declaraciones de los titulares de derechos mineros, efectuados mediante declaración juramentada realizada ante notario, deberán constar en el texto de las solicitudes, peticiones y más documentos de trámite o procesales.

Para todos los efectos, incluidos los de orden fiscal y tributario, la Agencia de Regulación y Control Minero, establecerá las cantidades de extracción, procesamiento y exportación de minerales así como de sus contenidos o ley. El Reglamento a  esta Ley definirá los parámetros generales, técnicos y estadísticos para el ejercicio de esta atribución.”

Art. 28.- Sustitúyase el artículo 149 de la Ley de Minería por el siguiente:

“Art. 149.- Compras de oro.- Las compras de oro efectuadas por el Banco Central del Ecuador en forma directa o por intermedio de las instituciones financieras autorizadas por el propio Banco, estarán gravadas con impuesto al valor agregado tarifa cero.”

Art. 29.- Al final del Artículo 150 de la Ley de Minería agréguese el siguiente inciso:

“Todo procedimiento para otorgamiento, administración y extinción de derechos mineros, deberá contar con el informe técnico previo de la Agencia de Regulación y Control Minero, que deberá ser emitido en un término no mayor a treinta (30) días, contado desde la fecha en que se reciba la petición o requerimiento. En caso de no emitirse en el término referido, el Ministerio Sectorial adoptará la resolución motivada que el caso requiera.”

Art. 30.- Sustitúyase el artículo 165 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador por el siguiente:

“Art. 165.- Concepto de Ingresos Extraordinarios.- Para efectos de este impuesto, se consideran ingresos extraordinarios a aquellos percibidos por las empresas contratantes y generados en ventas a precios superiores al precio base pactado o al previsto en los respectivos contratos. Serán considerados ingresos extraordinarios únicamente aquellos percibidos después del mes en el que las inversiones pre operacionales de preparación y desarrollo en el área del contrato o concesión minera, realizadas exclusivamente antes del inicio de la producción, declarado por el organismo competente hayan sido completamente recuperadas desde una perspectiva financiera. Mediante resolución de carácter general en el ámbito de sus competencias, el Servicio de Rentas Internas establecerá los procedimientos, condiciones y requisitos para el cálculo de los ingresos extraordinarios recibidos.”

Art. 31.- Al final del artículo 168 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria en el Ecuador, agréguese el siguiente inciso:

“El impuesto correspondiente a los meses del año fiscal en el que se hubiere recuperado totalmente la inversión, se declarará y pagará dentro del mes de mayo del año inmediato siguiente, de acuerdo al noveno dígito del RUC, conforme a la resolución de carácter general que para el efecto emita el Servicio de Rentas Internas.”

“Art. 32.- A continuación del numeral 15 del artículo. 55 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario interno, agréguese el siguiente:

“16.- El oro cuando sea adquirido por el Banco Central del Ecuador en forma directa o por intermedio de las instituciones financieras autorizadas por el propio Banco.”

Art. 33.- Sustitúyase la Disposición General Tercera de la Ley Minería por la siguiente:

“El Estado es el titular de las regalías, patentes, utilidades laborales atribuibles al Estado en el porcentaje que le corresponda de acuerdo con esta Ley y del ajuste que sea necesario para cumplir con el artículo 408 de la Constitución, mismos que serán recaudados a través del Servicio de Rentas Internas, que para estos fines está investido de todas las facultades y atribuciones que le otorga la normativa tributaria vigente y esta Ley.”

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los titulares de concesiones mineras, en el evento de acogerse a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Minería y optar por la instalación de las plantas mencionadas, deberán incluir en sus estudios ambientales y planes de manejo ambiental lo referente a la instalación y operación de dichas plantas de beneficio.

SEGUNDA.- El Estado Ecuatoriano podrá delegar la participación en el sector estratégico minero a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria, de manera excepcional, en observancia de las disposiciones que se contienen en el inciso segundo del artículo 316 de la Constitución de la República del Ecuador; mediante el otorgamiento de derechos en la forma contemplada en la presente ley, quedando prohibida cualquier otra modalidad no prevista o reconocida en las mismas y en sus reglamentos. Igual Prohibición se establece para la inscripción de títulos mineros en el Registro Minero, a cargo de la Agencia de Regulación y Control Minero, que careciendo de origen en la delegación excepcional, bajo la modalidad concesional administrativa, no se encontraren inscritos en dicho Registro Minero.

TERCERA.- A fin de precautelar los intereses del Estado, en todos aquellos casos en los que fuere evidente la existencia de oro en los lechos de los ríos, lagos, lagunas, playas de mar y canteras y se hubieren otorgado títulos de concesiones respecto de minerales no metálicos o materiales de construcción, el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, con el informe de la Agencia de Regulación y Control Minero y del Instituto Nacional de Investigación Geológico, Minero, Metalúrgico, de oficio, procederá a ordenar la reforma del título de la concesión, o cambio del objeto de modalidad concesional que permita el aprovechamiento de los recursos.

CUARTA.- Las pérdidas sufridas en una concesión minera no podrán ser compensadas o consolidadas con las ganancias obtenidas de otras concesiones mineras otorgadas a un mismo titular. De igual manera, dichas pérdidas o ganancias tampoco podrán ser compensadas con las obtenidas en la realización de otras actividades económicas distintas de la minería efectuadas por dicho titular.

QUINTA.- La suspensión de actividades mineras establecidas en la presente Ley y sus reglamentos, será ordenada  exclusivamente, por el Ministerio Sectorial, mediante resolución motivada. No obstante lo antes mencionado, las suspensiones fundamentadas en materia ambiental como medida preventiva y/o correctiva, respecto de actividades mineras legales o ilegales, deberán ser ejecutadas por parte de la Autoridad Ambiental Nacional conforme lo establecido en el Art. 396 de la Constitución de la República del Ecuador.

SEXTA.- Los procesos de calificación o de registro bajo el régimen especial de pequeña minería y minería artesanal están supeditados a la preexistencia de la titularidad minera.

SÉPTIMA.- No se reconocerá derechos mineros a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan como socios, accionistas o partícipes directa o indirectamente a empresas domiciliadas, constituidas o ubicadas en un paraíso fiscal.

OCTAVA.- El Estado a través del Ministerio Sectorial, el Instituto Nacional de Investigaciones Geológicas, Mineras y Metalúrgicas y el Ministerio del Ambiente, desarrollará programas de capacitación y asistencia técnica dirigidos a los mineros artesanales y pequeños mineros, los mismos que serán periódicos.

De igual manera, el Estado a través de la banca pública procurará crear productos financieros para la adquisición de tecnología moderna y amigable con el medio ambiente.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Las normas aplicables en materia minera respecto de los procedimientos y procesos de otorgamiento, conservación y extinción de derechos mineros, así como también, los atinentes a internaciones, amparos administrativos, oposiciones, invasiones, servidumbres, caducidades, nulidades, actos cautelares, suspensiones temporales o clausuras de actividades, multas, incrementos de volúmenes de producción, revocatoria de permisos, procesos de formalización, cambios de modalidad concesional, de jurisdicción y competencia administrativa, del Ministerio Sectorial y de la Agencia de Regulación y Control Minero, se harán constar en el Reglamento General de esta Ley y en la normativa que establezca la Agencia.

SEGUNDA.- En el plazo de seis meses a partir de la vigencia de la presente Ley, el Directorio del Banco Central del Ecuador, expedirá las regulaciones de su competencia, necesarias para la comercialización del oro, especialmente las requeridas para ofrecer a los titulares mineros las facilidades logísticas y operativas que requiere dicha comercialización.

TERCERA.- Para la erradicación del uso de mercurio en las actividades mineras, las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras y los titulares de derechos mineros, a partir de la vigencia de la presente ley y durante el plazo de dos años, deberán aplicar métodos alternativos que permitan eliminar dicha sustancia de manera progresiva en los procesos de recuperación del mineral.


CUARTA.- En el evento de que las personas determinadas en la Disposición General Séptima de esta ley se encontraren comprendidas al momento en las condiciones señaladas en aquella, deberán cambiar su domicilio en el plazo de un año, a partir de la vigencia de la presente Ley, quedando exoneradas de las tasas de transferencia de acuerdo con la normativa tributaria vigente.

QUINTA.- Las actividades mineras que se desarrollen en áreas respecto de los cuales sus titulares hubieren efectuado labores con ajuste a las disposiciones de los artículos 37 y 38 de la Ley de Minería y que de igual forma hubieren evidenciado ante el Ministerio Sectorial su interés por negociar y celebrar contratos de explotación minera conforme los artículos 39 y 41 de dicha Ley, no podrán acogerse al régimen especial de pequeña minería o de mediana minería.

SEXTA.- Para el caso de las personas que realicen labores de minería artesanal, identificadas en el Censo Minero del año 2010 y que hasta la fecha de promulgación de esta ley no hayan sido regularizadas, el Ministerio Sectorial en un plazo máximo de 180 días culminará su legalización conforme a las normas de la Ley de Minería y la presente reforma.

SÉPTIMA: El Ministerio Sectorial, mediante el cumplimiento de las facultades que se le otorgan en esta ley, evitará que en el régimen de concesiones se produzcan situaciones de monopolio o concentración. Al efecto, en el Reglamento General a esta ley, se establecerán las normas que eviten monopolios o concentraciones.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los nueve días del mes de julio de dos mil trece.

f.) GABRIELA RIVADENEIRA BURBANO, Presidenta.

f.) DRA. LIBIA RIVAS O., Secretaria General.

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN NANGARITZA

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en sus Artículos: 3 numeral 7; 14; y 66 numeral 27, dispone como un deber primordial del Estado proteger el patrimonio natural y cultural del país; reconociendo el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, libre de contaminación y en armonía con la naturaleza; declarando de interés público la preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país,  la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el Art. 71 establece que la naturaleza o Pacha Mama (donde se reproduce y realiza la vida), tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Complementariamente, la misma Constitución indica en el Art. 72 que la naturaleza tiene derecho a la restauración, siendo ésta, independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados, y finalmente dispone en su Art. 73 que el Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales;

Que, según lo establecido en el Artículo 225 de la norma suprema del Ecuador, las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado, pertenecen al sector público o estatal. Además, de acuerdo al Art. 238 inciso segundo del mismo Cuerpo Constitucional, constituyen gobiernos autónomos descentralizados, entre otros, los Concejos Municipales, y en el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades legislativas, conforme lo disponen el Art. 240 y el último inciso del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, expedirán Ordenanzas cantonales en concordancia con lo señalado en los artículos 7, 55, 56, 57 y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

Que, según lo previsto en el Art. 264 numerales 1, 2, 8 y 10 de la Constitución de la República del Ecuador son competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales formular los planes de ordenamiento territorial cantonal; regular y ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; preservar, mantener y difundir el patrimonio natural; y, delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de riberas y lechos de ríos, lagos y lagunas; Complementariamente, esta misma norma suprema, en sus Artículos 409 y 411, indica que es de interés público y prioridad nacional la conservación del suelo, en especial su capa fértil; y, que el Estado garantizará la conservación, recuperación y manejo integral de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico y que para tal propósito se regulará toda actividad que pueda afectar la calidad y cantidad de agua, y el equilibrio de los ecosistemas, especialmente en las fuentes y zonas de recarga de agua.

Que, en el Artículo 376 de la Carta Magna, indica que para hacer efectivo el derecho al hábitat y a la conservación del ambiente, las Municipalidades podrán expropiar, reservar y controlar áreas para el desarrollo futuro, de acuerdo con la ley y lo establecido en los Artículos 446 y 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

Que, el Artículo 406 de la Constitución de la República del Ecuador, establece que el Estado regulará la conservación,  manejo y uso sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles entre otros: los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos y húmedos;

Que, el Artículo 71 inciso tercero de la Constitución de la República del Ecuador, preceptúa que el Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza; en plena concordancia con el Artículo 54 de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre; literal f) del Artículo 520 del COOTAD, que establecen la exoneración o exención del pago del impuesto a la propiedad rural o rústica, esto es de las tierras forestales cubiertas de bosque. Complementariamente, el literal h) del Artículo 180 de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, establece la exoneración del impuesto a las tierras rurales, para los propietarios o poseedores de inmuebles, en territorios que se encuentren en áreas protegidas de régimen cantonal, bosques privados y tierras comunitarias, entre otros;

Que, el COOTAD, incorpora en el marco jurídico elementos para el ordenamiento territorial, priorizando la preservación ambiental para las futuras generaciones; sentando como base para la planificación del territorio la iniciativa municipal a la que se deberán inscribir y articular los otros niveles de gobierno; y además, posibilitando que a través de legislación local se normen instrumentos de planificación complementarios.

Que, el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se integrará por los subsistemas estatal, autónomo descentralizado (gobiernos seccionales), comunitario y privado, según lo dispone el Artículo 405 de la Constitución de la República del Ecuador, en directa relación con lo señalado por las Políticas de Estado del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas;

Que, es una competencia de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, prestar el servicio público de agua potable según lo previsto en el numeral 4 del Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con lo señalado en los Artículos 55 y 137 del COOTAD; y además, crear y regular mediante Ordenanza tasas según lo previsto en el numeral 5 del Art. 264 de la Carta Magna en directa relación con lo señalado en los Artículos 566 y 568 del COOTAD;

Que, según lo dispone el inciso segundo del Art. 395 del COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados y especialmente los municipios, tienen plena competencia para establecer sanciones administrativas mediante acto normativo, para su juzgamiento y para hacer cumplir la resolución dictada en ejercicio de la potestad sancionadora, en el marco de sus competencias y respetando las garantías del debido proceso preceptuadas en la Carta Magna.

Que, debido al mal manejo y uso inadecuado del suelo y bosques, el cantón Nangaritza ha perdido gran parte de su biodiversidad y ha aumentado su vulnerabilidad ante los fenómenos naturales de sequías e inundaciones.

Que, es necesario dictar una Ordenanza orientada a proteger los bosques, fuentes y zonas de recarga de agua y más espacios hídricos, otras áreas prioritarias para la conservación de los recursos naturales del cantón Nangaritza, para asegurar la integridad de los ecosistemas, prestación de servicios ambientales y la protección de su riqueza biológica;

Que, la disposición transitoria vigésimo segunda del COOTAD señala que todos los órganos normativos de los gobiernos autónomos descentralizados deberán actualizar las normas vigentes en cada circunscripción territorial; y,

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades previstas en el Artículo 240 de la Constitución de la República del Ecuador y Artículos 7, 55, 56, 57 y 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;

Expide:

LA ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES Y ZONAS DE RECARGA DE AGUA, ECOSISTEMAS FRÁGILES Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO NATURAL DEL CANTÓN NANGARITZA.

TÍTULO I

DEL AMBITO DE APLICACIÓN, RECURSOS,

RESERVAS Y ZONIFICACIÓN TERRITORIAL

CAPÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1. La presente Ordenanza está orientada a la protección de los bosques en estado natural, espacios hídricos, ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias de conservación, relacionadas con los recursos naturales del cantón Nangaritza.

Esta Ordenanza se aplicará en toda la jurisdicción cantonal.

El proceso de aplicación implicará un ordenamiento territorial en el que se establecerá la zonificación de los sitios específicos con enfoque ambiental, según la aptitud del suelo, cobertura vegetal e importancia hídrica, priorizando el interés colectivo sobre el individual. Las actividades que se promueven, se financiarán a través del presupuesto municipal con los recursos destinados a protección ambiental y de los recursos complementarios que se puedan gestionar. Las áreas consideradas prioritarias, que pueden comprender en forma parcial o total uno o más bienes inmuebles, deberán declararse como "RESERVA" e inscribirse en la Unidad de Gestión Ambiental del GAD del cantón Nangaritza, en el Reglamento Forestal del Ministerio del Ambiente y cumplir con todas las disposiciones constantes en el presente cuerpo normativo.

CAPÍTULO II

RECURSOS A PROTEGER

Art. 2. La Ordenanza tiene como objeto proteger los siguientes recursos naturales: agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje, y otros que se encuentren en espacios hídricos, bosques nativos en cualquier estado de conservación, ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias para la conservación.

Art. 3. Para garantizar la protección de los recursos naturales, el GAD del cantón Nangaritza a través de la Unidad de Gestión Ambiental y en coordinación con otros departamentos que sean necesarios, ejecutará las disposiciones de esta Ordenanza, sin perjuicio de aplicar otros mecanismos de protección, en coordinación con instituciones públicas y privadas.

CAPÍTULO III

ZONIFICACIÓN TERRITORIAL ESPECÍFICA

Art. 4. Para los fines de aplicación de la presente Ordenanza, se considera como Zonificación Territorial Específica al instrumento de planificación complementario que permite implementar procesos de identificación, priorización y establecimiento de zonas de uso y ocupación del suelo con fines de preservación ambiental, prevaleciendo el interés general sobre el particular, enfocándose en sitios o lugares específicos del territorio cantonal, que permitan implementar las políticas públicas de conservación.

Art. 5. Esta herramienta se orienta a complementar, el plan de ordenamiento territorial, considerando de manera concreta lugares y aspectos ambientales, especialmente aquellos relacionados con el recurso hídrico y el patrimonio natural.

La información generada por la zonificación territorial específica, servirá de insumo para la actualización de los planes de ordenamiento territorial en los diferentes niveles de gobierno.

Art. 6. La Zonificación que se realice en los sitios de interés municipal, en las fuentes y zonas de recarga de agua u otros sitios de importancia hídrica, en reservas, ecosistemas frágiles u otras áreas prioritarias para la conservación, considerará al menos, sin descartar otros, los siguientes criterios:

Aptitud del suelo;

Cobertura vegetal;

Importancia hídrica;

Interés colectivo;

Servicios ambientales e importancia para la conservación de la biodiversidad; y,

Amenazas a la integridad ecológica.

Art. 7. Se consideran Áreas Prioritarias para la Conservación, las siguientes:

Sitios o áreas, de cualquier tamaño, en donde mediante estudios se determine su importancia biológica y natural;

Áreas naturales de interés cultural y/o recreacional, como: cerros, lagunas, ríos, cascadas; incluyendo zonas con vestigios arqueológicos, entre otros;

Áreas que por su situación y cobertura vegetal, intervengan en el ciclo del agua, especialmente para la preservación de cuencas hidrográficas, recarga de acuíferos y abastecimiento de agua;

Ecosistemas frágiles;

Hábitat de flora y fauna silvestre;

Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBAs por sus siglas en Inglés), o sitios de la Alianza Zero Extinción (AZE);

Cejas de montaña, sitios cercanos a fuentes, manantiales, depósitos y corrientes de agua;

Áreas de suelo y/o vegetación degradados, que deberán obligatoriamente rehabilitarse;

Sitios declarados por el Estado en calidad de Bosques Protectores;

Sectores que por sus características naturales, constituyan factor de defensa de obras de infraestructura de interés público; y,

Áreas de importancia agropecuaria, utilizadas bajo el sistema Agro-silvo-pastoril.

Los sitios de la comunidad Shuar donde desarrollan actividades de subsistencia, caza, pesca y recolección de frutos;

Los sitios tradicionales y sagrados donde desarrollan rituales ancestrales de las comunidades originarias.

Art. 8. La Zonificación, indispensable para regular el uso y ocupación del suelo, comprenderá como mínimo tres áreas:

Zona Intangible o de Protección Permanente.- Esta zona comprende áreas que aún mantienen su cobertura vegetal natural poco alterada por los impactos humanos, o que por sus características topográficas y análisis de riesgos, no deben ser utilizadas para ninguna actividad productiva, extractiva, de construcción de infraestructura, etc., incluye ecosistemas o áreas prioritarias para la conservación y/o que mediante justificación técnica, se las considere que deben constar en este tipo de zona.

OBJETIVOS:

Preservar los ecosistemas naturales, biodiversidad, recursos genéticos y la producción hídrica;

Conservar áreas recuperadas o de manejo especial;

Mantener áreas donde puedan realizarse, en un ambiente poco alterado o inalterado de los ecosistemas del bosque, actividades ecológicas, investigación y monitoreo medio ambiental;

Proteger a largo plazo estos recursos de las alteraciones causadas por las actividades humanas; y,

Protección de obras de interés público y privado contra factores de inestabilidad geológica y erosión.

Las únicas actividades que se podrán realizar en esta zona, previa solicitud del interesado y la consiguiente autorización del GAD del cantón Nangaritza, emitida mediante resolución del Concejo Municipal por escrito y debidamente fundamentada en consideraciones técnicas y legales, son las siguientes:

Prevención de incendios forestales;

Protección de la flora silvestre y recuperación natural de áreas degradadas;

Ejecución de obras públicas consideradas prioritarias para el abastecimiento del servicio de agua potable para el consumo de la población, siempre que no atenten a la integridad de los recursos naturales y/o funcionamiento de los ecosistemas.

Estudios científicos;

Control y vigilancia;

Programas de reforestación con especies nativas, y

Programas de Educación Ambiental e interpretación ambiental.

b)            Zona para Recuperación de la Cobertura Vegetal y Regeneración del Ecosistema Natural.- Por lo general comprende aquellos sitios que presentan alteración en su cobertura vegetal, suelo u otros recursos naturales; pero que, por su ubicación o conectividad con otras áreas, deben ser rehabilitados procurando su integridad ecológica, con la posibilidad de que se integren a la zona intangible una vez recuperadas sus condiciones naturales.

OBJETIVOS:

Mejorar la conectividad entre espacios naturales, procurando la formación de corredores biológicos;

Recuperar las condiciones naturales en áreas deforestadas, campos de pastoreo, bosques intervenidos, páramos alterados  por introducción de especies exóticas, y otras que han sido afectadas por actividades humanas;

Proteger las áreas de rivera para evitar la contaminación del agua;

Reemplazar pastizales por otros que sean menos impactantes y que brinden cobertura forestal contínua (café de sombra, guaba, leguminosas, etc.);

Protección del suelo y de los recursos hídricos mediante actividades de regeneración natural y repoblación vegetal, utilizando especies nativas; y,

Recuperación de su capacidad de proveer servicios ambientales, en especial los referentes a la protección de la calidad y cantidad de agua, fertilidad del suelo y prevención de la erosión.

Las principales actividades que se podrán realizar en esta zona, son las siguientes:

Aprovechamiento sostenible de productos forestales no maderables;

Cultivos en sistemas agro-silvo-pastoriles;

Recuperación de cobertura forestal mediante establecimiento de huertos (café de sombra, guaba, cítricos, guineo, especies maderables, etc.);

Prevención de incendios forestales;

Protección de la flora silvestre y recuperación natural de áreas degradadas;

Estudios científicos;

Control y vigilancia;

Programas de reforestación con especies nativas;

Turismo de bajo impacto; y,

Educación Ambiental.

c) Zona para Actividades Agrícolas, Turísticas, Recreacionales y Otros Usos Sostenibles.- Por sus características, comprende sitios no considerados sensibles o de fragilidad ambiental, por lo que en esta zona es posible desarrollar una amplia gama de actividades, procurando en todo momento no agotar los recursos naturales, prevenir y evitar la contaminación de las fuentes de agua, suelo, aire y de esta forma garantizar su uso actual y futuro.

OBJETIVOS:

Aprovechar el entorno natural para actividades productivas agropecuarias sustentables y turismo;

Desarrollar visitas, caminatas, encuentros campestres, y otras formas de aprovechar los espacios naturales, con fines de recreación; Impulsar la educación ambiental en espacios abiertos o en directa relación con los recursos naturales; y,

Implementar nuevos modelos de manejo del territorio y educación en permanente contacto y armonía con la naturaleza.

Art. 9. Procedimiento para la Zonificación:

Mediante una Comisión Especial, que estará integrada por un delegado de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Nangaritza, un delegado del Gobierno Autónomo Parroquial correspondiente a la jurisdicción, un delegado de los propietarios o habitantes de las áreas a zonificar, un funcionario público o privado con experticia en ordenamiento territorial con enfoque ambiental, y, un delegado de las ONG’s ambientalistas; se seleccionarán y elaborarán los expedientes de las diferentes áreas que serán sometidas a un proceso de zonificación. Los propietarios privados pueden solicitar directamente al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal el apoyo para la zonificación de sus propiedades;

La zonificación responderá a un proceso flexible, por lo que en el transcurso del tiempo y al presentarse transformaciones en las áreas de interés, deberá ser revisada por la misma Comisión Especial, sea por iniciativa de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD del cantón Nangaritza o por petición de particulares y si es preciso, adaptada mediante modificaciones que respondan a las condiciones variables de las áreas zonificadas;

La Comisión Especial, estará coordinada por el representante de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal; y,

Los costos que demande el proceso de zonificación, serán asumidos por el GAD del cantón Nangaritza.

Art. 10. Los expedientes de las áreas o sitios que serán considerados en el procedimiento de zonificación, serán el resultado de un estudio básico que deberá contener al menos, lo siguiente:

Nombre del sitio o del predio, ubicación geográfica y política;

Propiedad y tenencia de la tierra;

Delimitación de las áreas de interés, acompañada de referencias claramente identificables por accidentes naturales, coordenadas geográficas y un mapa del área con cabida y límites definidos;

Descripción de la cobertura vegetal y otros recursos naturales;

Inventario de fuentes hídricas;

Posibles amenazas a la integridad del área en estudio;

Servicios ambientales que aporta y/o podría aportar el predio o sector; y,

h)            Uso actual y potencial del suelo, según su aptitud.

Art. 11. Una vez elaborados los expedientes de las áreas de estudio o interés, se las zonificará conforme a las categorías que se indican en el Art. 8 de esta Ordenanza.

Art. 12. Las áreas zonificadas, pueden comprender parcial o totalmente, uno o más bienes inmuebles.

En caso de encontrarse criterios, según la zonificación, para definir a una o más áreas (que pueden comprender uno o más predios) como prioritarias para la conservación, conforme lo señala el Art. 7 de esta Ordenanza, se impulsará la declaratoria de los sitios en calidad de “RESERVA”.

CAPÍTULO IV

RESERVAS

Art. 13. Concepto de Reserva.- Para efectos de esta Ordenanza, se entiende por “Reserva”, a un gravamen o limitación al goce del dominio, al que se somete uno o más bienes inmuebles (predios), sean públicos o privados, con fines de protección o rehabilitación de áreas prioritarias para la conservación, según su aptitud del suelo, cobertura vegetal, importancia hídrica y otros criterios ambientales, con el propósito de garantizar la permanencia e integridad de los recursos naturales.

Art. 14. Para que se proceda a la declaratoria de “RESERVA” de un bien inmueble o predio, será necesario que el Concejo Municipal, mediante Resolución, emita su decisión favorable.

Art. 15. Generalmente, la declaratoria de “RESERVA” se realizará sobre áreas, predios o bienes inmuebles públicos, comunitarios y privados, según la zonificación previamente establecida; sin embargo, excepcionalmente, podrán declararse áreas de “RESERVA” en casos considerados emergentes o especiales por su prioridad de conservación, como acción preliminar, y luego proceder a la zonificación considerando los criterios indicados en el Art. 6 de esta Ordenanza. Para tal propósito la Unidad de Gestión Ambiental del GAD del cantón Nangaritza presentará un informe al Cabildo, en el que singularizará las potenciales áreas a ser declaradas como “RESERVAS”.

Para la declaratoria se dará preferencia a los bienes inmuebles o predios que se encuentren en áreas prioritarias para la conservación. De justificarse técnicamente, otros sitios, no considerados prioritarios, también podrán declararse como reservas.

Art. 16. La declaratoria de “RESERVA” de un predio o bien inmueble, limita el uso de los recursos naturales que existan en el bien raíz, por parte del propietario, el mismo que deberá seguir lineamientos técnicos e implementar acciones recomendadas por la Unidad de Gestión Ambiental de  Nangaritza, que permitan su conservación en estado natural o su recuperación ecológica. Esta declaratoria pese a las limitaciones que establece sobre el uso del bien inmueble, permite que el propietario mantenga su dominio y desarrolle las actividades admitidas según la zonificación.

Art. 17. Destino de Bienes Inmuebles.- Cuando se trate de bienes inmuebles o predios de propiedad del GAD del cantón Nangaritza, o adquiridos a cualquier título y que hayan sido declarados como “RESERVA”, deberán utilizarse exclusivamente conforme señalan los fines que persigue esta Ordenanza y definidos en el Artículo siguiente.

Art. 18. Fines.- Los fines a los que se destinarán los bienes inmuebles bajo el dominio del GAD del cantón Nangaritza y que han sido declarados como “RESERVA”, son exclusivamente los siguientes:

Protección y conservación de hábitats y ecosistemas naturales;

Protección de fuentes y zonas de recarga de agua y provisión de agua para consumo humano;

Recreación y educación ambiental;

Regeneración y/o rehabilitación de áreas naturales; e,

Investigación científica.

Art. 19. Administración de Reservas.- El Manejo o administración de las áreas de propiedad municipal, declaradas como “RESERVA”, será ejercitado en forma directa por la Unidad de Gestión Ambiental del GAD del cantón Nangaritza; o de ser necesario, establecerá un manejo compartido, mediante convenios con instituciones del sector público o privado.

Las áreas de propiedad privada y comunal, declaradas en calidad de “RESERVA” por el Concejo Municipal, serán administradas por sus respectivos propietarios; pero, deberán aplicar las recomendaciones técnicas que la Unidad de Gestión Ambiental determine para su manejo, según la zonificación establecida.

Art. 20. Procedimiento para la Declaratoria.- La iniciativa para la declaratoria de las áreas de interés en calidad de “RESERVA”, podrá realizarse generalmente de oficio, es decir por impulso del GAD de Nangaritza; sin embargo, en forma particular existe la libre disposición para que a petición de las personas interesadas, entre las que podrían considerarse a los vecinos o pobladores de un área de interés, entidades públicas y privadas, o al propietario de un bien inmueble, se inicie el trámite para la correspondiente declaratoria de “RESERVA”.

Art. 21. Requisitos.- La información básica que se requiere para impulsar el trámite de la declaratoria de las áreas de interés en calidad de “RESERVA”, será la misma que se indica en el Art. 10 de esta ordenanza. Sin embargo, de tratarse de iniciativa de particulares para la mencionada declaratoria, se deberá acompañar al expediente además lo siguiente:

Solicitud dirigida al Alcalde del GAD del cantón Nangaritza, en la cual se manifieste el ánimo de que el inmueble sea declarado como “RESERVA”;

Adjuntar copias de los documentos personales del propietario del predio o bien inmueble, cuando se trate de su iniciativa;

Título de propiedad o certificado con historial de dominio emitido por el Registrador de la Propiedad del cantón Nangaritza, que demuestre el dominio del interesado cuando sea el propietario; o cualquier otro documento público que acredite la posesión o derecho sobre el inmueble a ser declarado como reserva; y,

De ser posible, otra documentación que aporte con información relevante sobre el bien inmueble o el área en donde se encuentra el mismo (estudios biológicos previos, información técnica disponible).

Art. 22. Receptada la solicitud para la declaratoria, el Alcalde pondrá en conocimiento de la Unidad de Gestión Ambiental del GAD de Nangaritza el expediente, para que en coordinación con otros Departamentos Municipales, se emita el informe correspondiente.

Art. 23. Inspecciones.- Con el objeto de obtener información de campo relacionadas con el inmueble o inmuebles a declararse como “RESERVA”, el funcionario de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, realizarán una inspección al sitio en donde se encuentre el bien inmueble o predio de interés. En caso de encontrar problemas en cuanto a tenencia de tierra se refiere o de otro tipo no superables, se suspenderá el trámite de declaratoria hasta que existan soluciones por parte de los interesados.

De no haber inconvenientes, se continuará con el trámite previsto en los artículos 24 y 25 de esta Ordenanza.

Art. 24. Informes.- El pronunciamiento o informe de La Unidad de Gestión Ambiental del GAD Municipal de Nangaritza, se lo realizará en el término de veinte días. En caso de ser desfavorable a la petición, se indicará las razones que motivaron tal decisión. De no haber inconvenientes, La Unidad de Gestión Ambiental del GAD del cantón Nangaritza remitirá el informe favorable al Alcalde o Alcaldesa, para que disponga al Departamento Jurídico, la elaboración del proyecto del acuerdo para la declaratoria del bien inmueble a considerarse como “RESERVA”.

Art. 25. Acuerdo y Declaratoria.- El Departamento Jurídico, en el plazo improrrogable de 20 días, remitirá al Alcalde, el Informe Jurídico para la declaratoria de “RESERVA”, para que a su vez, lo ponga en conocimiento del Concejo Municipal de Nangaritza y proceda a resolver la declaratoria del área o áreas respectivas.

Art. 26. Inscripción.- Una vez declarado uno o más bienes inmuebles o predios en calidad de “RESERVA”, el GAD del cantón Nangaritza, a través del Alcalde, dispondrá la inscripción  de tal declaratoria sobre los inmuebles, en:

Registro de la Propiedad del Cantón Nangaritza;

Registro Forestal del Distrito Regional del Ministerio del Ambiente; y,

Registro especial que llevará el GAD Municipal de Nangaritza, con fines estadísticos.

TÍTULO II

DE LOS INCENTIVOS

CAPÍTULO I

EXONERACIÓN DE IMPUESTOS

Art. 27. Los bienes inmuebles declarados en calidad de “RESERVA”, y que están cubiertos de bosque, y en donde se desarrollen planes de reforestación con especies nativas de la zona, deberán exonerarse del pago por concepto del impuesto predial rústico y a las tierras rurales, de conformidad a lo establecido en el COOTAD, en concordancia con la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de áreas Naturales y Vida Silvestre; y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador.

Para la exoneración del impuesto a las tierras rurales al que se refiere la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador, el GAD del cantón Nangaritza emitirá un certificado indicando que el bien inmueble o predio cubierto de bosque, ha sido declarado como reserva. Este documento le servirá para justificar su exoneración del impuesto correspondiente y que le corresponde al Fisco.

Art. 28. Registro Especial.- Con el fin de que el GAD del cantón Nangaritza disponga de un catastro con las áreas declaradas como “RESERVA” y de los bienes inmuebles exonerados del pago del impuesto predial rústico, se conformará un registro especial, en donde se realizará la inscripción correspondiente.

Art. 29. El registro mencionado en el artículo anterior estará a cargo de los Departamentos de Gestión Ambiental y Avalúos y Catastros, y deberá llevar al menos los siguientes datos:

Ubicación geográfica y política del bosque o área de “RESERVA”, incluyendo un croquis o mapa detallado;

Datos del propietario;

Extensión del bien inmueble;

Avalúo catastral municipal del predio o bien inmueble;

Tipo y estado de la cobertura vegetal natural;

Copia del título de propiedad y registros de inscripción, de ser el caso; y, Mapa base del área declarada en formato shp y/o dwg para manejo digital.

Art. 30. Procedimiento.- Por iniciativa de la persona interesada o de oficio, el GAD Municipal de Nangaritza, a través del Alcalde, dispondrá la exoneración total o parcial, del pago de impuesto predial rústico, esto es del bien inmueble declarado en calidad de “RESERVA”. Si es por iniciativa particular, el interesado deberá dirigir una comunicación al Alcalde o Alcaldesa, adjuntando la documentación que justifique su petición, relacionada con la exoneración correspondiente.

La exoneración del pago del impuesto predial rústico o rural, se considerará desde el año inmediato posterior, al año en que se declaró el inmueble como “RESERVA”.

CAPÍTULO II

INAFECTABILIDAD

Art. 31. Inmuebles no Afectables por Procesos de Reforma Agraria.- Las tierras de propiedad privada cubiertas de bosque o donde se desarrollen planes de forestación o reforestación con especies nativas, declarados como “RESERVA” e inscritos en el Registro Forestal de la Regional del Medio Ambiente, no podrán ser afectados por procesos que involucren reformas sobre la tenencia o distribución de la tierra y transformaciones agrarias impulsadas por el Estado Ecuatoriano, en consideración a lo establecido en el Art. 56 de la Codificación de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.

Art. 32. Función Ambiental.- Los predios o inmuebles que serán declarados inafectables, deberán cumplir con la función ambiental y social de la propiedad, entendiéndose como tal para la aplicación de esta Ordenanza, una o varias de las siguientes condiciones:

Protección de recursos naturales;

Prestación de servicios ambientales;

Refugios de flora y fauna silvestre;

Permanecer con cubierta vegetal en estado natural;

Desarrollo de planes o programas de repoblación con especies nativas;

Implementar actividades de investigación y/o educación ambiental;

Contar con un reconocimiento oficial de su calidad de RESERVA, área protegida o bosque protector;

Otras actividades orientadas a la conservación del entorno ambiental; y,

Abastecimiento de agua y otros servicios ambientales.

Art. 33. Los bienes inmuebles mencionados en los artículos precedentes, deberán contar con la declaratoria de “RESERVA” e inscribirse en el Registro Forestal del Distrito Regional a cargo del Ministerio del Ambiente.

Art. 34. Declaración.- Para la declaratoria de bienes inmuebles “inafectables” por procesos de Reforma Agraria, el Alcalde del GAD del cantón Nangaritza, en base a un informe favorable emitido por la Unidad de Gestión Ambiental Municipal, solicitará al Ministerio del Ambiente, a través de la dependencia administrativa correspondiente, se proceda a tal declaratoria conforme lo establece la Codificación a la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.

Art. 35. Certificación.- Una vez realizada la declaratoria del bien o bienes inmuebles “inafectables” por procesos de Reforma Agraria, se extenderá un certificado al interesado, en caso de solicitarlo.

CAPÍTULO III

RÉGIMEN FORESTAL

Art. 36. Los bienes inmuebles declarados como reserva e inscritos en el Registro Forestal se entenderán sujetos al régimen forestal y les será aplicable lo dispuesto en los Artículos 54 y 55 del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULAS), Libro III, del Régimen Forestal; esto es, que en el caso de que estos inmuebles sean invadidos, las autoridades correspondientes darán atención prioritaria y preferencial a estas denuncias, incluyendo la intervención de la fuerza pública en caso de ser requerida, según lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Agrario, en concordancia con su reglamento general, y la Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario.

Art. 37. Para hacer efectivo este incentivo, se coordinará con el Ministerio del Ambiente y otras autoridades competentes.

CAPÍTULO IV

ASISTENCIA TÉCNICA

Art. 38. El GAD del cantón Nangaritza, en coordinación con instituciones públicas y privadas, brindará a los propietarios y pobladores de las áreas declaradas en calidad de “RESERVA”, los siguientes aportes:

Asistencia para el proceso de zonificación del predio o bien inmueble;

Apoyo en la implementación y mejoramiento de actividades productivas sostenibles;

Gestión de recursos para implementar actividades en cada predio o predios, según lo establecido en la respectiva zonificación; y,

Apoyo para la inscripción en el registro forestal, registro de exoneración de impuestos y certificado de inafectabilidad.

TÍTULO III

FINANCIAMIENTO Y UTILIZACIÓN DE

RECURSOS

CAPÍTULO I

FINANCIAMIENTO

Art. 39. Fuentes de Financiamiento.- Para hacer posible, en forma exclusiva, la expropiación, manejo, vigilancia, recuperación de cobertura vegetal natural, compensación por servicios ambientales, conservación y protección de recursos naturales de las áreas zonificadas y de los bienes inmuebles declarados como RESERVA, el GAD del cantón Nangaritza, cobrará, en forma mensual, por concepto de Tasa Ambiental, el monto que resulte de la aplicación de la siguiente tabla de valores dentro de las planillas que por suministro de agua potable emita:

TASAS AMBIENTALES POR CADA METRO CÚBICO DE CONSUMO

RESIDENCIAL

COMERCIAL

PÚBLICO

TERCERA EDAD

0.05

0.07

0.03

0.03

Estos recursos ingresarán al presupuesto del GAD del cantón Nangaritza y de manera obligatoria y en su totalidad, serán destinados al programa de protección ambiental que estará a cargo de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal.

Art. 40. A más de los recursos obtenidos de conformidad al Artículo anterior, se mantendrán otras fuentes de financiamiento como:

Recursos económicos destinados por el GAD del cantón Nangaritza, a inversión social y de manera específica a protección ambiental, de conformidad al Artículo 219 del COOTAD, valores que no podrán ser menores al cincuenta (50) por ciento del total recaudado por concepto de tasa ambiental del año anterior;

De contribuciones, legados y donaciones; y,

Otras fuentes.

Art. 41. El GAD del cantón Nangaritza, depositará los recursos económicos a los que se refiere el Art. 39 de este cuerpo normativo, en una subcuenta especial del Banco Central, denominada “Subcuenta de Protección Ambiental.”

Desde esta subcuenta, se transferirán todos los meses, los aportes que corresponde hacer al GAD del cantón Nangaritza al Fideicomiso Mercantil de Administración “Fondo Regional del Agua -FORAGUA”, de conformidad a lo que se establezca en el Convenio de Adhesión al Fideicomiso Fondo Regional del Agua (FORAGUA), que deberá celebrarse mediante escritura pública.

El Alcalde o Alcaldesa a través de este instrumento jurídico, es autorizado (a) por el Concejo Municipal, para suscribir el  mencionado convenio de conformidad a lo previsto en el numeral n) del Art. 60 del COOTAD.

CAPÍTULO II

UTILIZACIÓN DE RECURSOS

Art. 42. Uso de los Recursos Económicos.- Los recursos obtenidos a través de las fuentes de financiamiento señaladas en los artículos anteriores y especialmente a los valores provenientes de la Tasa Ambiental a la que hace referencia el Art. 39 de este instrumento jurídico, sólo podrán ser utilizados, en las siguientes y exclusivas actividades ligadas al programa de protección ambiental:

Protección de bienes inmuebles con ecosistemas frágiles, áreas prioritarias para la conservación de recursos naturales, preservación de la biodiversidad, sitios ligados a fuentes y zonas de recarga de agua y otras áreas de interés;

Procedimientos relacionados con la declaratoria de utilidad pública o interés social con fines de expropiación de los bienes inmuebles que se encuentren en áreas identificadas como prioritarias para la conservación, según lo dispuesto en el Art. 7 de esta Ordenanza. Criterios fundamentales que se deberá considerar para priorizar las áreas que se expropiarán, que constituyan la existencia de amenazas a la integridad de los recursos naturales y la deficiente colaboración o negativa del propietario a cumplir con las recomendaciones técnicas y disposiciones normativas de protección ambiental;

Acciones relacionadas con los procesos de ordenamiento territorial, zonificación y declaración de las áreas de reserva;

Actividades para el manejo de las áreas declaradas como reserva;

Reforestación y recuperación de cobertura vegetal natural, utilizando procedimientos que aceleren la regeneración natural de las áreas degradadas o intervenidas;

Compensación por servicios ambientales, que necesariamente para ejecutarse, deberá responder a estudios técnicos;

Protección y conservación, que incluyen una serie de diligencias que brindarán seguridad a los recursos naturales que se encuentran en los predios o bienes inmuebles declarados como “RESERVA”, para garantizar su integridad;

Educación ambiental;

Control y vigilancia, que involucra contratación de guardabosques, señalización de las reservas, y todos aquellos elementos que garanticen cumplir con estas actividades; y, Reemplazo de pastizales por cultivos de menor impacto ambiental y que brinden cobertura forestal continua.

Art. 43. Se prohíbe a toda autoridad, funcionario, empleado o trabajador municipal, o a las empresas públicas municipales, que se llegaren a constituir, sin excepción alguna, destinar los recursos o valores provenientes de la Tasa Ambiental señalados en el Art. 39 del Título III de esta Ordenanza, a fines o actividades distintas de las singularizadas en el artículo inmediato anterior y que no sean parte del Programa de Protección Ambiental.

TÍTULO V

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES

Art. 44. De manera general, se considera infracción todo incumplimiento por acción u omisión a las disposiciones normativas establecidas en la presente Ordenanza.

Art. 45. De manera particular, se considera como infracción a la presente Ordenanza todo daño provocado al ambiente, es decir, la pérdida, detrimento o menoscabo significativo de las condiciones preexistentes en el ambiente o uno de sus componentes (agua, suelo, aire, flora, fauna, paisaje), resultado de actividades realizadas por el ser humano, que afecten al funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos; actividades cuyos usos del suelo o territorio, afecten negativamente a los derechos de la naturaleza; usos de riveras y lechos de ríos, lagos y lagunas que no se enmarquen en los principios ambientales; actividades que amenacen o causen daño a la soberanía alimentaria; y, actividades que contaminen las fuentes y zonas de recarga de agua y otros espacios hídricos.

Art. 46. La potestad sancionadora y los procedimientos administrativos sancionadores, se rigen por los principios de legalidad, proporcionalidad, tipicidad, responsabilidad, irretroactividad y prescripción (debiéndose considerar que las acciones legales para perseguir y sancionar por daños ambientales son imprescriptibles). Además, se observará en lo que sea aplicable, los principios ambientales previstos en la Constitución de la República del Ecuador.

Art. 47. Al aplicar las sanciones administrativas, se considerará la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción a imponerse, debiéndose observar los siguientes criterios:

La trascendencia social (incluye el aspecto ambiental) y el perjuicio o daño causado por la infracción;

El grado de intencionalidad;

La reiteración o reincidencia en la comisión de las infracciones; y,

La cuantía del eventual beneficio obtenido por el infractor.

Art. 48. Sólo las personas naturales y/o jurídicas, que resulten responsables de los hechos constitutivos de infracciones

administrativas, deberán ser sancionadas, sean personas particulares o dueños de los predios

La responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño ambiental, además de las sanciones correspondientes, implicará también la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas y comunidades afectadas.

Art. 49. El que cause o provoque daños al agua, suelo, aire, flora, fauna u otros recursos naturales existentes en los bienes inmuebles declarados como reserva, en áreas con usos incompatibles (considerados de uso desordenado), ecosistemas frágiles o áreas prioritarias de conservación o que se encuentren dentro de la zonificación establecida, se sujetará a las sanciones correspondientes según la gravedad de la infracción y el avalúo de los daños que consistirán en:

Sanciones pecuniarias:

De cuantía fija que oscilarán entre el diez por ciento de un salario básico unificado hasta cien salarios básicos unificados; o,

De cuantía proporcional, fijadas en una proporción variable entre una a cinco veces el monto de criterio de referencia.

Este criterio de referencia podrá consistir, entre otros, en el beneficio económico obtenido por el infractor, el valor de los terrenos, construcciones, garantías otorgadas, u otros criterios similares.

Otras sanciones, dependiendo de los casos:

Derrocamiento, desmontaje, retiro (a costa del infractor) del objeto materia de la infracción administrativa;

Clausura temporal o definitiva;

Cancelación irreversible de licencias, permisos o autorizaciones;

Decomiso de los bienes materia de la infracción;

Suspensión provisional o definitiva de la actividad materia de la infracción; y,

Desalojo del infractor del bien inmueble materia de la infracción; y, reparación del daño causado a costa del transgresor.

Art. 50. Las sanciones que se impongan al infractor por parte de la autoridad respectiva, se aplicarán sin perjuicio que el responsable deba reparar los daños ocasionados al ambiente o a las áreas afectadas. En caso de no cumplirse con esta obligación, el Comisario Municipal y el funcionario responsable de la Unidad de Gestión Ambiental, quedará facultado para disponer los trabajos respectivos de reparación ambiental y  mediante vía coactiva contra el infractor, cobrar el pago de los gastos incurridos en dichos trabajos. En caso de existir garantía económica o de otro tipo, se la hará efectiva en forma inmediata. Estas sanciones, se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

Art. 51. En los casos señalados como infracciones en esta ordenanza, se deberá aplicar una sanción principal y otra accesoria (dependiendo de la gravedad y de la naturaleza de la infracción) y que podrán consistir en las sanciones señaladas en el Art. 49. En aplicación de los principios ambientales de prevención y precaución, se podrá paralizar las actividades que no se ajusten a lo dispuesto por esta ordenanza.

Art. 52. El GAD del cantón Nangaritza, cuando determine técnicamente, que por parte del propietario o poseedor de un bien inmueble declarado como “RESERVA”, se ha inobservado o incumplido la correspondiente zonificación acordada y establecida; a través de la Unidad de Gestión Ambiental Municipal procederá a notificar por escrito al propietario o poseedor para que cumpla con el uso de la tierra de acuerdo a la zonificación establecida. De reiterarse el incumplimiento, el GAD de Nangaritza procederá a suspender los incentivos que esta Ordenanza determina, entre otros la exoneración del pago al impuesto predial rústico y adicionalmente impondrá las sanciones previstas en el Artículo anterior. De continuar con las infracciones a lo previsto en la zonificación del bien o bienes inmuebles, el GAD de Nangaritza a través de su máxima autoridad deberá declararlos de utilidad pública con fines de expropiación.

Art. 53. El GAD del cantón Nangaritza, en su jurisdicción, y a través de Comisaría Municipal, es competente para conocer, juzgar y aplicar las sanciones administrativas establecidas en esta Ordenanza.

Art. 54. Cuando la Comisaría Municipal, por cualquier medio, tenga conocimiento de que se ha cometido una infracción establecida en este cuerpo normativo, iniciará el procedimiento sancionador a través de auto motivado que señale en forma singularizada el hecho acusado, la persona o personas presuntamente responsables del hecho, la disposición normativa que tipifica la infracción y la sanción que correspondería imponer en caso de comprobarse la responsabilidad.

En el mismo auto, se dispondrá la obtención de informes, documentos y las diligencias necesarias que sean pertinentes, a fin de esclarecer el hecho materia de la posible infracción.

Con el auto de inicio del expediente, se notificará al presunto responsable o infractor, concediéndole el término de cinco días para que conteste los cargos o hechos imputados en su contra. Producida la contestación o en rebeldía, se abrirá la causa a prueba por el plazo de diez días (debe observarse, que la carga de la prueba sobre la inexistencia de daño ambiental potencial o real, recaerá sobre el gestor de la actividad o el demandado); vencido este plazo, se dictará la resolución pertinente y motivada, en el término de tres días.

Art. 55. Para garantizar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse, la Comisaría Municipal, deberá adoptar medidas provisionales, de conformidad a lo previsto en el COOTAD.

Art. 56. Se concede acción pública, para denunciar ante las autoridades correspondientes del GAD del cantón Nangaritza, la afectación a los derechos de la naturaleza, la vulneración de los principios ambientales, el irrespeto a la soberanía alimentaria, la amenaza o daño al patrimonio natural, y la transgresión de las disposiciones jurídicas, consideradas como infracciones en la presente Ordenanza.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Créase el programa de “Protección Ambiental”, administrado por la Unidad de Gestión Ambiental del GAD de Nangaritza.

SEGUNDA.- Con el propósito de que la población en general esté debidamente informada, y comprenda los fines que persigue esta Ordenanza, se realizará una campaña de difusión educativa.

TERCERA.- Se establece un período de ciento ochenta días, contados desde la aprobación de la presente Ordenanza y publicada en el Registro Oficial, y de la notificación correspondiente, para que los propietarios o tenedores de predios localizados en las áreas declaradas como “Reservas” del cantón Nangaritza, regulen sus actividades, conforme a lo dispuesto en la presente Ordenanza y los instructivos o políticas que determine el GAD del cantón Nangaritza y que deban implementarse según la zonificación.

CUARTA.- Por tratarse de casos excepcionales o especiales, en cuanto se refiere a la prioridad de conservación, se procede a declarar, en calidad de reserva, la zona de recarga de agua ubicada en las quebradas Don Morocho y Don Klever fuente abastecedora de agua de la parroquia urbana Guaysimi, el área natural del Destacamento viejo de Miazi, el área de conservación “Los Tepuyes” (Barrio Las Orquídeas), el área de conservación ubicada entre las quebradas Maycu y Miazi; y, la laguna de las Brisas. Posterior a tal declaratoria, se realizará el ordenamiento territorial y la correspondiente zonificación.

QUINTA.- Los sitios ubicados en; la microcuenca de la quebrada Tsarunts fuente abastecedora de agua para la comunidad de Santa Elena; la microcuenca de la quebrada Pantaña fuente abastecedora de agua del barrio Pantaña; las microcuencas que abastecen de agua a los barrios San Ramón, Santa Rosa, San Juan, Los Geranios y Las Orquídeas, y de las comunidades de Shaime, Miazi, Selva Alegre y Yawi; la microcuenca de la quebrada que abastece de agua a la parroquia Zurmi; la microcuenca de la quebrada que abastece de agua a la parroquia Nuevo Paraiso. Se procederán a declarar como Reserva previa la consulta prelegislativa de conformidad a lo previsto en el artículo 325 del COOTAD.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Las limitaciones sobre el uso del suelo y de los recursos naturales comprendidos en los bienes inmuebles declarados como "Reserva" serán inscritas en el Registro de la Propiedad del Cantón Nangaritza, para los fines legales consiguientes.

SEGUNDA.- Se deroga toda norma emitida por el Concejo Municipal de Nangaritza que contradiga o se oponga a las disposiciones de la presente Ordenanza.

TERCERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su aprobación por parte del Concejo Municipal, y su publicación en el Registro Oficial.

Es dada y firmada en el Salón de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Nangaritza, a los diez días del mes de junio del dos mil trece.

f.) Lic. Olivia Salinas J., Vicealcaldesa del Concejo Cantonal.

f.) Lic. Maricela Torres, Secretaria del Concejo.

La infrascrita Secretaria del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Nangaritza, CERTIFICA: que LA ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES Y ZONAS DE RECARGA DE AGUA, ECOSISTEMAS FRÁGILES Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO NATURAL DEL CANTÓN NANGARITZA fue discutida y aprobada en las sesiones ordinarias del dieciocho de mayo y diez de junio de dos mil trece, en primer y segundo debate, respectivamente; siendo aprobado su texto en la última fecha.

f.) Lic. Maricela Torres Pineda, Secretaria del Concejo.

Guayzimi, a los diez días del mes de junio del dos mil trece. Al tenor de lo dispuesto en el Artículo 322, del COOTAD, remito tres ejemplares al señor Alcalde del Cantón Nangaritza de LA ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES Y ZONAS DE RECARGA DE AGUA, ECOSISTEMAS FRÁGILES Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO NATURAL DEL CANTÓN NANGARITZA, a fin de que la sancione y promulgue de conformidad con la Ley.

f.) Lic. Maricela Torres, Secretaria del Concejo.

En la ciudad de Guayzimi, a los diez días del mes de junio del dos mil trece, habiendo recibido tres ejemplares de LA ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES Y ZONAS DE RECARGA DE AGUA, ECOSISTEMAS FRÁGILES Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO NATURAL DEL CANTÓN NANGARITZA, al tenor del Artículo 322 del COOTAD, SANCIONO, expresamente su texto y dispongo sea promulgado.

f.) Lcdo. José Modesto Vega Narváez, Alcalde de Nangaritza.

Guayzimi, 10 de junio de 2013.

SECRETARIA DEL CONCEJO.- Proveyó y firmó LA ORDENANZA PARA LA PROTECCIÓN DE FUENTES Y ZONAS DE RECARGA DE AGUA, ECOSISTEMAS FRÁGILES Y OTRAS ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y EL PATRIMONIO NATURAL DEL CANTÓN NANGARITZA, el 10 de junio del dos mil trece.

f.) Lic. Maricela Torres Pineda, Secretaria del Concejo.

No. 013-2013

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI

Considerando:

Que, el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 2 establece como competencia municipal la de ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el Cantón;

Que, el artículo 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su literal p) dispone como función de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales el regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales ubicados en la circunscripción territorial cantonal con el objeto de precautelar los derechos de la colectividad;

Que, el artículo 55 del referido Cuerpo Legal, en su literal b) contempla como competencia exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados Municipales, la de ejercer el control sobre el uso y la ocupación del suelo en el cantón;

Que, el artículo 57 de la norma legal invocada, en su literal a) dispone como atribuciones de los Concejos Municipales, el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de Ordenanzas Cantonales, Acuerdos y Resoluciones;

En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador y literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización

Expide:

LA PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA

A LA ORDENANZA PARA EL

OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE

FUNCIONAMIENTO PARA

ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES

COMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE

LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN

RUMIÑAHUI

Art. 1.- En el Art. 9 tercer inciso en el que consta la TABLA 1: INFORMES REQUERIDOS POR CADA DIRECCIÓN MUNICIPAL EN FUNCIÓN DE LA CATEGORIZACIÓN DE ACTIVIDADES, en la celda que trata del Tipo de actividad, en la categoría II, después de las palabras “centros de diversión” agréguese lo siguiente: “de cualquier clase incluidos bares, karaokes, billares, cantinas, discotecas, locales de recepción y eventos”.

Art. 2.- En el artículo 16 que trata de la revocatoria del permiso municipal de funcionamiento, elimínese la palabra “pertinente”.

Art. 3.- En el artículo 17, que trata de las infracciones, agréguese los siguientes numerales: “7. Dedicar un local o establecimiento comercial a una actividad económica que implique forma o formas no permitidas de uso de suelo, o incompatibles con el mismo. 8. Incumplir las disposiciones o condiciones que permitieron la obtención del permiso municipal de funcionamiento”.

Art. 4.- Sustitúyase el artículo 18 que trata de las sanciones por el siguiente: “Art. 18.- Sanciones.- Las infracciones citadas en el artículo anterior serán sancionadas por el Comisario Municipal, previo el informe de inspección correspondiente, siguiendo el procedimiento administrativo sancionador prescrito en el artículo 401 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización de la siguiente manera:

Por no contar con el Permiso de Funcionamiento, se impondrá una multa de 1 remuneración básica unificada mensual (1 RBUM) y, clausura temporal del local o establecimiento hasta por 30 días.

Por no portar el original del Permiso de Funcionamiento, se impondrá una multa de cincuenta por ciento de la remuneración básica unificada mensual (50% DE RBUM).

Por no haber renovado el permiso de funcionamiento, se impondrá una multa del ciento cincuenta por ciento de la remuneración básica unificada mensual (150% DE RBUM) y, clausura temporal del local o establecimiento hasta por 30 días.

Por efectuar una actividad no permitida o incompatible a la autorizada en el permiso de funcionamiento, se impondrá una multa de 2 remuneraciones básicas unificadas mensuales (2 RBUM) y, clausura temporal del local o establecimiento hasta por 30 días.

Por impedir u obstaculizar las inspecciones de control correspondientes y proporcionar información falsa, se impondrá una multa del cincuenta por ciento de la remuneración básica unificada mensual (50% de RBUM).

Por dedicar un local o establecimiento comercial a una actividad económica que implique forma o formas no  permitidas de uso de suelo, o incompatibles con el mismo, se impondrá una multa de una remuneración básica unificada mensual (1 RBUM) y, clausura definitiva del local o establecimiento en donde se realiza la actividad.

Al propietario/a del inmueble que arriende un local o establecimiento comercial para una actividad económica que implique forma o formas no permitidas de uso de suelo, o incompatibles con el mismo, se impondrá una multa de una remuneración básica unificada mensual (1 RBUM).

Por incumplir las disposiciones o condiciones que permitieron la obtención del Permiso de Funcionamiento, se impondrá una multa del veinte y cinco por ciento a una remuneración básica unificada mensual (25% a 1 RBUM) y, según la gravedad de la infracción, clausura temporal del local o establecimiento hasta por 30 días; o, clausura definitiva del mismo.

Art. 5.- A continuación del Art. 18.- añádase los siguientes artículos:

“Art. 19.- Prohibición especial.- Por ningún concepto se permitirá el ingreso y la atención a menores de edad en centros y establecimientos de diversión tales como bares, karaokes, billares, cantinas, discotecas y similares. El incumplimiento a esta disposición en cualquier forma será sancionada con una multa de 3 remuneraciones básicas unificadas mensuales (3 RBUM) y, clausura definitiva del local o establecimiento en donde se verificó la infracción.”

“Art. 20.- En caso de reincidencia comprobada se aplicará el doble de la sanción económica impuesta con anterioridad y según la gravedad de la infracción clausura temporal del local o establecimiento hasta por 60 días; o, clausura definitiva del mismo”.

“Art. 21.- El propietario/a del local o establecimiento en el que se hubieren violentado los sellos de clausura impuestos por la autoridad municipal será responsable de este hecho y juzgado con arreglo a lo dispuesto en la norma penal pertinente. Sin perjuicio de lo antes indicado, la autoridad municipal impondrá nuevamente cuantos sellos sean necesarios a fin de que el local permanezca clausurado.”

“Art. 22.- Será de exclusiva responsabilidad del propietario/a del local o establecimiento, la integridad física del cliente por la venta excesiva de bebidas alcohólicas”.

DISPOSICIÓN FINAL

VIGENCIA.- La presente Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza para el otorgamiento del Permiso de Funcionamiento para establecimientos y locales comerciales que operen dentro de la Jurisdicción del Cantón Rumiñahui, entrará en vigencia desde la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.

Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo

Descentralizado Municipal de Rumiñahui, a los diez días del mes de julio del año dos mil trece.

f.) Ing. Héctor Jácome Mantilla, Alcalde.

f.) Dra. María Eugenia Chávez García, Secretaria General.

TRÁMITE DE DISCUSIÓN Y APROBACIÓN

POR PARTE DEL CONCEJO MUNICIPAL

Sangolquí, 10 de julio del 2013.- La infrascrita Secretaria General del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, certifica que la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, fue discutida en primero y segundo debates en Sesiones Ordinarias del 03 de julio del 2013 y 10 de julio del 2013.- LO CERTIFICO.

f.) Dra. María Eugenia Chávez García, Secretaria General, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

PROCESO DE SANCIÓN

SECRETARÍA GENERAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 10 de julio del 2013.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en inciso cuarto del Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al señor Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE LA  JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI, para la sanción respectiva.

f.) Dra. María Eugenia Chávez García, Secretaria General, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

SANCIÓN

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE RUMIÑAHUI.- Sangolquí, 11 de julio del 2013.- De conformidad con la disposición contenida en el cuarto inciso del artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y estando de acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, SANCIONO la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Además, dispongo la promulgación y publicación, de acuerdo al artículo 324 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

f.) Ing. Héctor Jácome Mantilla, Alcalde, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

Proveyó y firmó el señor ingeniero Héctor Jácome Mantilla, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui, la PRIMERA ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA PARA EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS Y LOCALES COMERCIALES QUE OPEREN DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN RUMIÑAHUI. Sangolquí, 11 de julio del 2013.- LO CERTIFICO.-

f.) Dra. María Eugenia Chávez García, Secretaria General, Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Rumiñahui.

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