Mi Maletín de Compras

# de items: 0
Total: $0.00

Registro Oficial No 695 - Sábado 20 de Febrero de 2016 Suplemento

miércoles 30 de marzo del 2016 | 17:53
Útima actualizacion: miércoles 30 de marzo del 2016 | 18:04


Administración del Señor Ec. Rafael Correa Delgado                       

Presidente Constitucional de la República del Ecuador

Sábado 20  de Febrero de 2016 - R. O. No. 695

SUPLEMENTO

SUMARIO

               

Ministerio de Industrias y Productividad:

Ejecutivo:

Acuerdo 

16 011 Expídese el Instructivo de Gestión de Convenios

               

Ministerio de Industrias y Productividad:

Resoluciones         

16 049 Expídense las disposiciones generales para que los productos importados bajo reglamentación técnica ecuatoriana puedan ser etiquetados y/o reetiquetados en destino

               

Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos: Sistema Nacional de Rehabilitación Social:

               

0003 Apruébese y expídese el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social

Instituto de Fomento al Talento Humano:

               

003-CB-IFTH-2015 Apruébense las Bases de Postulación de Becas Nacionales- Subprograma Nacional Nivel Básico y Bachillerato para Personas con Discapacidad en instituciones educativas especializadas y de educación ordinaria inclusiva

               

Consejo de la Judicatura:

Judicial y Justicia Indígena    

018-2016 Del recurso de apelación respecto a los incidentes en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia

               

Corte Constitucional:

Causas  

0034-15-IN Acción pública de inconstitucionalidad. Legitimados activos: Luis Fernando Torres Torres y otros

               

0075-15-IN Acción pública de inconstitucionalidad. Legitimados Activos: Fanny Esther Uribe López, Ángel Ramiro Vilema Freire, Mirtha Alexandra Cedeño Martínez, Jairo Alberto Gusqui López y Steven Romero García

               

Gobiernos Autónomos Descentralizados: Ordenanza Municipal:

Ordenanza            

-       Cantón Shushufindi: Que expide la tercera reforma a la Ordenanza que regula el comercio en el cantón

CONTENIDO


No. 16-011

MINISTRO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD

Considerando:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 154, numeral 1, de la Constitución de la República, a las ministras y ministros de Estado les corresponde: “Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere su gestión”;

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. 14 286, de 9 de octubre de 2014, publicado en el Registro Oficial No. 372 de 11 de noviembre de 2014, se expidió la Política que norma los convenios; acuerdos de cooperación y contratos de comodato que se deriven de convenios, y los actos relativos a la terminación y liquidación;

Que, con Acuerdo No. 15 048 el Ministerio de Industrias y Productividad, expidió el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Industrias y Productividad, que establece las atribuciones y responsabilidades de las unidades técnicas de esta Cartera de Estado; y,

Que, es necesario emitir un instructivo en donde se determine detalladamente, el procedimiento y requerimientos para la suscripción de los convenios marco y específicos, en el cual se especifique la gestión de cada una de las unidades involucradas del MIPRO, lo cual permitirá un mejor control en su generación, ejecución, liquidación y cierre de los mismos.

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales;

Acuerda:

Expedir el siguiente Instructivo de Gestión de Convenios del Ministerio de Industrias y Productividad

CAPÍTULO I

De las Clases de Convenios y Contratos

Art. 1.- El Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), puede suscribir convenios con entidades públicas, y personas naturales y jurídicas privadas nacionales o extranjeras, con o sin transferencia de recursos.

Art. 2.- Convenios con entidades públicas:

Gobierno Central (Función Ejecutiva), no habrá restricción en la transferencia de recursos que se realice entre entidades del Gobierno Central, en las que se determine el cumplimiento de propósitos comunes; para lo cual se deberán cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en el Acuerdo No. 14 286 y este Instructivo.

Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) y demás instituciones que no pertenezcan a la Función Ejecutiva, la planificación de los proyectos así como los modelos de gestión deberán sujetarse a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 502 de 11 de octubre de 2010, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 302 de 18 de octubre de 2010, que establece las Políticas Obligatorias de Ejecución de Presupuestos de Inversión, para lo cual, se requiere autorización de la transferencia de recursos por parte del Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad (MCPEC), y, aprobación del modelo de gestión del programa o proyecto.

En los convenios con GADs se debe cumplir el Compromiso Presidencial 22373 de 5 de agosto de 2014 y el Protocolo emitido por el Ministerio de Finanzas aprobado por la Presidencia de la República.

Art. 3.- Convenios con Personas Naturales o Jurídicas Privadas nacionales o extranjeras: se podrán celebrar convenios con:

Personas Naturales o Jurídicas con y sin fines de lucro, sin transferencia de recursos, los que deberán cumplir con el procedimiento común a todos los convenios.

Personas Naturales o Jurídicas sin fines de lucro, con transferencia de recursos además a los requisitos comunes a todos los convenios se observará lo que determina el Art. 89 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, y resoluciones que para el efecto dicte el Consejo Sectorial de la Producción.

Las donaciones o asignaciones no reembolsables a personas naturales o jurídicas privadas sin fines de lucro, excepto instituciones de educación superior, deben ser:

Exclusivamente para temas dentro del ámbito de las competencias del Ministerio de Industrias y Productividad, de conformidad con la ley; Responder a un proceso de planificación que permita evidenciar con claridad los objetivos, metas, productos y/o servicios públicos que están prestando a través de organismos privados;

Constar en el presupuesto institucional: y,

En los convenios debe estipularse claramente el plazo de vigencia de la donación, es decir, no deberá contemplar renovación tácita e indefinida; debiendo de manera previa al proceso de renovación evaluar los resultados obtenidos.

Art. 4.- Convenios de Cooperación Internacional: En los acuerdos de cooperación internacional las cláusulas serán acordadas por las partes, no serán contrarias a lo prescrito en la legislación nacional. El procedimiento será el siguiente:

1.-           El área técnica responsable emitirá el informe técnico cumpliendo los requisitos establecidos en el Acuerdo No. 14 286, y los artículos 7 y 8 del presente Instructivo.

2.-           El informe técnico se remitirá a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, para que dicha área, emita el informe favorable de ser del caso.

3.-           Con el informe favorable de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, el área técnica requirente remitirá los informes, al Viceministro competente para que autorice la suscripción del convenio o acuerdo internacional;

4.-           Con la autorización de suscripción, el Viceministro, solicitará a la Coordinación General Jurídica la elaboración del referido instrumento legal.

En tal sentido, deléguese a los Viceministros del MIPRO, en el ámbito de su competencia, otorgar y suscribir los convenios y acuerdos de cooperación internacional, así como, los actos relativos a la terminación y liquidación de los mismos.

5.- Una vez suscrito, el convenio internacional, se remitirá a la Secretaria General, quien enviará un ejemplar original numerado y fechado al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, para su correspondiente archivo

Art. 5.- Contrato de Comodato.- No podrán realizarse contratos de comodato o préstamo de uso con personas naturales o jurídicas de derecho privado.

Para la suscripción de contratos de comodato o préstamo de uso con personas jurídicas de derecho público se requiere:

Los bienes deberán ser de propiedad del MIPRO, y, encontrarse plenamente descritos y valorados, sujetándose a las normas especiales propias de esta clase de contrato.

Informe previo de la Dirección Administrativa, producto de la constatación física en la que se describa el estado de  los bienes debiendo cumplir en todo momento con el procedimiento que para el efecto dispone el Reglamento de Control y Utilización de Bienes del Sector Público.

Acta entrega recepción suscrita por los servidores encargados de la custodia o administración de los bienes de la Coordinación General Administrativa Financiera.

Con estos documentos, el área técnica respectiva, solicitará a la Coordinación General Jurídica la elaboración del contrato de comodato.

Art. 6.- Contrato de Donación o Transferencia Gratuita con entidades del sector público.- se requiere:

Los bienes de propiedad del MIPRO.

Informe previo de la Dirección Administrativa, que declare que el bien mueble se hubiere vuelto innecesario o inútil para la gestión del MIPRO.

Informe de la Dirección Administrativa producto de la constatación física, en el que conste el estado de los bienes. En el caso de bienes informáticos, eléctricos, maquinaria, ó vehículos, deberá constar que no es posible o conveniente la venta de los bienes muebles.

Informe de la Dirección Financiera que determine el valor del bien, que será el que conste en los registros contables del MIPRO.

Con estos documentos el área técnica respectiva, solicitará a la Coordinación General Jurídica la elaboración del acuerdo o contrato de donación respectivo.

CAPÍTULO II

Del Procedimiento y Trámite de los Convenios, y

Contratos

Art. 7.- Para solicitar la elaboración del convenio o acuerdo, el área técnica requirente deberá contar previamente con:

1.- Informe Técnico que contendrá:

Antecedentes, competencia del requirente y justificación técnica del proyecto o convenio;

Informe de riesgo de incumplimiento del Art. 12 letra a) de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; (Anexo I)

Singularización de quienes suscribirán el convenio, con señalamiento de la dirección para notificaciones;

Objeto del Convenio;

Compromisos y obligaciones del MIPRO, y de la contraparte;

Plazo del convenio;

Cronograma con plazos parciales;

Designación del administrador;

Designación del funcionario que integrará la Comisión de Seguimiento;

Garantías, multas de ser del caso

Modelo de gestión;

Recomendación para suscripción del convenio; y,

Firmas de responsabilidad.

2.- Para los convenios con transferencia de recursos además de los requisitos generales, anteriormente descritos deberán contar con:

Certificación de la Dirección Financiera de existencia y disponibilidad de fondos; e,

Informe de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

Art. 8.- Documentos Habilitantes.-

Persona natural: cédula y papeleta de votación o pasaporte de ser del caso;

Personas jurídicas: Acto de creación y nombramiento de representante legal; y,

Documento que avale que la contraparte no se encuentra en mora en el cumplimiento de obligaciones con el MIPRO; y no existan convenios de plazo vencido pendientes de terminación y liquidación (correo electrónico de la Dirección Financiera).

Art. 9.- La unidad requirente solicitará por escrito a la Coordinación General Jurídica o a las Unidades de Asesoría Jurídica de las Coordinaciones Zonales según corresponda, la elaboración del convenio, acuerdo de cooperación o contrato de comodato o donación, adjuntando el informe técnico, documentos de respaldo y habilitantes a través del gestor documental Quipux.

Art. 10.- Proyecto de Convenio.- La Coordinación General Jurídica o las Unidades de Asesoría Jurídica de las Coordinaciones Zonales según el caso, elaborarán el proyecto de convenio que contendrá como mínimo, las siguientes cláusulas:

Comparecientes

Objeto

Obligaciones

Plazo total del convenio

Cronograma con plazos parciales (como anexo)

Cláusula de Seguimiento y Administración del Convenio.

Propiedad Intelectual, Uso de la Información y de la Imagen Institucional

Responsabilidad para Terceros y Relación Laboral.

Negligencia de la Contraparte en la ejecución del convenio (convenios con transferencia de recursos).

Terminación del Convenio.

Controversias.

Documentos Habilitantes.

Documento que será remitido a la unidad requirente para su suscripción, con el respectivo informe jurídico.

Las máximas autoridades o sus delegados pueden firmar por separado o en forma conjunta el convenio. Cada parte suscribiente se quedará con un ejemplar original del convenio.

Art. 11.- El área técnica responsable, una vez que se encuentre suscrito el convenio, remitirá la totalidad de ejemplares para efectos de numeración y fechado a la Secretaria General, un ejemplar original reposará en dicha oficina, un ejemplar original para el área técnica, un ejemplar original para la contraparte, y una copia para la Coordinación General o Unidad de Asesoría Jurídica que elaboró el proyecto de convenio.

CAPÍTULO III

Del Seguimiento y Administración

Art. 12.- Constituyen instancias de seguimiento y control de los convenios, las siguientes:

1. Comisión de Seguimiento.

2. Administrador del Convenio.

3. Subsecretarios o Coordinadores Zonales.

Art. 13.- Comisión de Seguimiento: Estará integrada por un representante del Ministerio de Industrias y Productividad; y un representante de la contraparte, el mismo que será designado dentro del término de 5 días hábiles desde la suscripción del convenio. La Comisión, se reunirá cuando las circunstancias así lo ameriten, pero como mínimo cada dos meses.

El delegado del MIPRO a la Comisión de Seguimiento será designado tanto en el informe técnico como en el convenio.

A.- Funciones y Responsabilidades de la Comisión de Seguimiento.

Realizar informes motivados sobre:

Seguimiento y evaluación de la ejecución del convenio, con recomendaciones al responsable de la unidad competente del convenio para que arbitre las medidas conducentes a su buena ejecución.

Cambios al convenio, prórroga de plazo u otros que no afecten el objeto; y, terminación anticipada.

Cumplimiento del objeto del convenio y obligaciones de las partes, determinando en él, el destino de los bienes adquiridos con los recursos del Ministerio, en base a criterios de eficiencia, eficacia e impacto de ser el caso.

Emitir el informe técnico relacionado con el destino de los bienes adquiridos en virtud del convenio a prorrata de los aportes económicos del MIPRO.

Demás funciones que se establezcan en el convenio.

Los informes deberán estar debidamente suscritos por los responsables de seguimiento.

B.- Funciones y Responsabilidades del Funcionario del MIPRO que integra la Comisión de Seguimiento.

Mantener y administrar el expediente con la documentación de la fase pre-convenio y de la ejecución del mismo, que formará parte del archivo de la unidad competente del convenio, pero bajo su custodia

Ingresar los documentos de la fase pre convenio, convenio, liquidación técnica, liquidación económica, acta de finiquito, en el sistema informático del Ministerio de Industrias y Productividad.

Informar oportunamente y alertar al Administrador en caso de inconvenientes o incumplimientos en la ejecución de los convenios.

Demás funciones que se establezcan en el convenio.

En caso de desvinculación del funcionario de la Comisión de Seguimiento del MIPRO, previamente a su salida deberá entregar el expediente del convenio a su cargo al funcionario que designe el administrador del convenio, quien a su vez verificará que la información esté ingresada en el sistema informático; la unidad de RRHH deberá verificar la entrega de dicha documentación, previa a la liquidación correspondiente.

El funcionario de la Comisión de Seguimiento que incumplieren con sus funciones será responsable administrativa, civil y penalmente de su gestión, de conformidad a lo establecido en la LOSEP y su Reglamento.

Art. 14.- Administrador: El administrador del convenio será designado en el informe técnico y en el convenio Funciones y Responsabilidades del Administrador del Convenio:

Arbitrar en forma inmediata las medidas conducentes a precautelar los intereses del MIPRO, con fundamento en los informes de la Comisión de Seguimiento y del funcionario del MIPRO que integra dicha comisión;

Aprobar los cambios en el cronograma, dentro del plazo vigencia del convenio, con fundamento en el informe favorable de la Comisión de Seguimiento, para lo cual no se requerirá la suscripción de un convenio modificatorio;

Aprobar las modificaciones y ampliaciones de plazo al convenio, y solicitar la autorización del responsable de la unidad competente, con fundamento en el informe de la Comisión de Seguimiento;

Determinar en base al informe técnico motivado de la Comisión de Seguimiento, el destino de los bienes adquiridos en virtud del convenio a prorrata del aporte económico del MIPRO;

Consolidar y aprobar la liquidación técnica-económica del convenio, expresando el grado de cumplimiento de las obligaciones de la contraparte en relación al convenio, dentro de un término no mayor a quince días, indicando:

Cumplimiento del convenio.

Existencia de obligaciones pendientes.

Cierre del convenio.

Eventual imposición de multas.

Ejecución de garantías.

Sugerencia del cobro de daños y perjuicios.

Otras que conlleven a la recuperación de los recursos invertidos por el Ministerio.

Las liquidaciones técnicas-económicas deberán ser aprobados por la Comisión de Seguimiento.

Recibir las garantías presentadas por la contraparte beneficiaria y entregarlas en custodia al Dirección Financiera del MIPRO;

Informar en caso de incumplimiento del convenio a la Dirección Financiera para la ejecución de garantías;

Aplicar a la contraparte las multas que correspondan con fundamento en el reporte que realice el funcionario del Ministerio que integra la Comisión de Seguimiento; y,

Solicitar a la Dirección Financiera emitir el informe económico de validación de los justificativos, respecto de  los informes técnicos-económicos presentados por la Comisión de Seguimiento.

El Administrador que incumpliere con sus funciones será responsable administrativa, civil y penalmente respecto de su gestión, de conformidad a lo establecido en la LOSEP y su Reglamento.

Art. 15.- Corresponde a los Subsecretarios o Coordinadores Zonales:

Supervisar las actuaciones del administrador del convenio;

Adoptar las medidas oportunas a fin de precautelar los intereses del MIPRO;

Aprobar los informes del administrador para la liquidación técnica y económica de los convenios; y,

Suscribir el acta de finiquito y formulario de cierre de convenios adjunto.

Los Subsecretario o Coordinadores Zonales que incumplieren con sus funciones, serán responsables administrativa, civil y penalmente, respecto de su gestión, de conformidad a lo establecido en la LOSEP y su Reglamento.

CAPÍTULO IV

De la Terminación del Convenio

Art. 16.- Terminación del Convenio: Los convenios descritos en éste instructivo, podrán terminar por:

Cumplimiento del objeto del convenio;

Cumplimiento de obligaciones de las partes;

Cumplimiento del plazo del convenio;

Mutuo Acuerdo; y,

Unilateralmente.

Art. 17.- Procedimiento.- Para las causales de terminación previstas en el los numerales 1, 2, y 3 del artículo precedente, se seguirá el siguiente procedimiento:

Informe motivado de la Comisión de Seguimiento en el que constará la liquidación técnica-económica aprobada por el Administrador del Convenio o del Contrato.

El informe anterior, se enviará al Subsecretario o Coordinador Zonal, con los documentos habilitantes de respaldo, con firmas de responsabilidad, para su aprobación.

Para los convenios sin transferencia de recursos, se levantará el acta de terminación del convenio, emitida por  el responsable de la unidad técnica del convenio; y, el formulario de cierre del convenio elaborado por la Dirección de Seguimiento, Planes, Programas y Proyectos de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.

Para los convenios con transferencia de recursos, el informe de la liquidación técnica económica, aprobado por el administrador del convenio y autorizado por el Subsecretario o Coordinador Zonal, se remitirá a la Dirección Financiera con los justificativos para su aceptación.

Una vez aceptados los justificativos por la Dirección Financiera, se levantará el acta de terminación del convenio emitida por el responsable de la unidad técnica del convenio; y, el formulario de cierre del convenio adjunto.

Las actas de terminación a las que se refiere este artículo se emitirán en tres ejemplares originales, que se distribuirán de la siguiente forma: un original a la Secretaria General, un original al área técnica responsable y una a la contraparte; además se proporcionará una copia simple a la Dirección Financiera y otra a la Dirección de Seguimiento, Planes, Programas y Proyectos de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

Art. 18.- Procedimiento Terminación por Mutuo Acuerdo: Constituyen causales de terminación por mutuo acuerdo:

Fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con lo establecido en la Ley; y,

La voluntad de las partes de dar por terminado el convenio por convenir a los intereses institucionales.

Para el caso de fuerza mayor o caso fortuito de conformidad con lo establecido en la Ley, se seguirá el siguiente procedimiento:

La parte que se viere imposibilitada de cumplir con sus obligaciones notificará, en el término de cuarenta y ocho horas de producido el hecho a la Comisión de Seguimiento.

La Comisión de Seguimiento calificará la fuerza mayor o caso fortuito e informará motivadamente al Administrador del convenio para que decida la suspensión de actividades.

Concluido el período de suspensión autorizada por el Administrador del Convenio, en el que se ha subsanado la fuerza mayor o el caso fortuito se continuará con la ejecución del convenio.

En caso de que la suspensión se produjera por más de treinta días calendario, previo informe de la Comisión de Seguimiento y con la liquidación técnica económica aprobada por el Administrador, se procederá a la terminación de mutuo acuerdo, de la cual se dejará  constancia en una acta que por parte del MIPRO, la suscribirá el responsable de la unidad competente del convenio, a la cual se anexará como parte constitutiva la liquidación debidamente autorizada por este funcionario; y, el formulario de cierre del convenio. (Anexo II)

e)            Si en la liquidación se determinare perjuicios para el MIPRO imputables a la contraparte, éstos deberán ser aceptados por la contraparte en el acta de terminación con compromiso de pago.

B.            Por voluntad de las partes de dar por terminado el convenio por convenir a los intereses institucionales, procede cuando:

No se ha ejecutado el objeto, ni las obligaciones del convenio, ni hubiere transferencia de recursos de ningún tipo por parte del Ministerio de Industrias y Productividad, ni de la contraparte; las partes podrán dar por terminado el convenio, para lo cual se debe:

Contar con el informe técnico motivado por parte de la Comisión de Seguimiento en el que se justificará las razones por las que no se ejecutó el convenio.

Dicho informe será aprobado por el Administrador y el Subsecretario o Coordinador Zonal según corresponda, dejando constancia en una acta que suscribirá el responsable de la unidad competente del convenio; y, el formulario de cierre del convenio anexo.

En caso de transferencia de recursos por parte del MIPRO, cuyos recursos no han sido utilizados por la contraparte o se hayan sido utilizado en forma parcial, previamente a la terminación por mutuo acuerdo, se requiere:

Informe técnico motivado por parte de la Comisión de Seguimiento en el que se justificará las razones por las que no se ejecutó el convenio, que será aprobado por el Administrador y el Subsecretario o Coordinador Zonal según corresponda.

Informe de liquidación técnica económica de la Comisión de Seguimiento que la integra, liquidación que será aprobada por el Administrador.

El administrador remitirá a la Dirección Financiera los justificativos para su aceptación, una vez aceptados se levantará el acta de terminación por mutuo del convenio emitida por el responsable de la unidad técnica del convenio; y, el formulario de cierre anexo.

Las actas de terminación a las que se refiere este artículo se emitirán en tres ejemplares originales, que se distribuirán de la siguiente forma: un original a la Secretaria General, un original al área técnica responsable y una a la contraparte; una copia simple será proporcionada a la Dirección Financiera, y otra a la Dirección de Seguimiento, Planes, Programas y Proyectos de la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica

Art. 19.- Procedimiento Terminación Unilateral Anticipada: Por incumplimiento del beneficiario del convenio, o cuando las multas sobrepasen el cinco por ciento del valor del aporte del MIPRO, para lo cual se deberá contar con:

Informe motivado de la Comisión de Seguimiento o del funcionario del MIPRO.

Informe de liquidación técnico-económico consolidada y aprobada por el Administrador.

Notificación de incumplimiento al beneficiario realizada por el responsable de la unidad competente del convenio, que se realice en el tiempo estipulado en el convenio.

Procedimiento:

1.-           El beneficiario tendrá el término de diez días, para que justifique debidamente el incumplimiento o cumpla sus obligaciones en el plazo concedido.

2.-           En caso de que el beneficiario o contraparte en el término establecido en el numeral anterior no justifique su incumplimiento, el responsable de la unidad competente, mediante resolución dará por terminado el convenio unilateralmente y en forma anticipada, a dicha resolución, se anexará la liquidación técnica económica debidamente autorizada por el Administrador del convenio.

3.-           El responsable de la unidad competente del convenio, dispondrá se notifique con la Resolución en el plazo de 5 días hábiles al beneficiario o contraparte; y, en la misma Resolución dispondrá a la Dirección Financiera se oficie a la compañía aseguradora a fin de que se ejecute las garantías, otorgadas por el beneficiario.

4.-           El Administrador del Convenio en un término de 5 días, emitirá un informe motivado; y, de ser del caso solicitará a la Coordinación General Jurídica, se inicie las acciones legales correspondientes, debiendo remitir el expediente integro del convenio.

CAPÍTULO V

Responsabilidades

Art. 20.- Coordinación General Jurídica.- Dentro del proceso de Gestión de Convenios le corresponde a la Coordinación General Jurídica:

Elaborar los proyectos de convenios solicitados por las unidades técnicas del MIPRO;

Verificar la documentación adjunta a la solicitud de elaboración de los convenios;

Emitir el informe jurídico previa firma del convenio; y,

Iniciar las acciones legales según corresponda.

Una vez que se ha realizado el análisis jurídico y revisión de la documentación de respaldo, la Coordinación General Jurídica emitirá el memorando de respuesta a la Unidad requirente para efectos de suscripción.

Art. 21.- Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica.- le corresponde:

A la Coordinación General Planificación y Gestión Estratégica:

Emitir el informe técnico para los convenios con transferencia de recursos;

Emitir el informe favorable para los convenios o acuerdos de cooperación internacional; y,

El seguimiento de los convenios.

2.             A la Dirección de Seguimiento, Planes, Programas y Proyectos:

Solicitar reportes trimestrales a los responsables de las unidades competentes de los convenios, sobre el monitoreo y visualización de los procesos ocurridos en las diferentes etapas de ejecución.

Emitir alertas de proximidad de vencimiento de convenios para la toma de decisiones oportunas dentro de 15 días término.

Dar seguimiento a los compromisos y obligaciones, previstos en los convenios.

Difundir la metodología y formatos para el seguimiento de la ejecución de los convenios a la Matriz y Coordinaciones Zonales, a fin de que sean aplicadas por las comisiones de seguimiento y los administradores de los convenios.

Art. 22.- Coordinación General Administrativa Financiera:

Liquidación financiera de los convenios;

Custodia y ejecución de garantías;

Informe sobre el estado de los bienes propiedad del MIPRO;

Informes técnicos previos para los contratos de comodato, transferencias gratuitas o donación; y,

Para el caso de bienes entregados en comodato una vez terminado el comodato, mediante informe técnico de la comisión de seguimiento aprobado por el Administrador y autorizado por el Subsecretario o Coordinador Zonal, según sea el caso, dispondrá a la Dirección Administrativa, para que realice el trámite previsto en el Reglamento de Control y Utilización de Bienes del Sector Público.

Art. 23.- Unidades competentes: Son responsables de los convenios suscritos de acuerdo a su competencia los Viceministros, Subsecretarios, Coordinadores Generales y Zonales; y, les corresponde:

Supervisar las actuaciones y gestión de la Comisión de Seguimiento y del Administrador;

Aprobar, una vez que se ha cumplido con el procedimiento establecido el Acuerdo No. 14 286 las ampliaciones y modificaciones de convenio, especialmente de plazo; y,

Presentar la solicitud de ampliación de plazo a la Coordinación General Jurídica en un plazo mínimo de diez días antes del vencimiento del convenio.

CAPÍTULO VI

De la Liquidación y Cierre de Convenios

Art. 24.- De la comisión de seguimiento: el funcionario del Ministerio que integra la Comisión de Seguimiento, realizará los informes técnicos-económicos habilitantes para las liquidaciones y los presentará en un término no mayor a ocho días contados a partir de la terminación o vencimiento del convenio al Administrador para su revisión y aprobación.

El Informe Técnico de liquidación de convenios deberá contener lo siguiente:

Antecedentes y justificación técnica legal;

Informe de cumplimiento parcial o total del objeto del convenio, tanto general como específico o específicos;

Proyecto y demás instrumentos de ejecución;

Verificación y certificación del aporte de la contraparte y el cumplimiento de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, cuando corresponda;

Resumen del monto presupuestado y gastado por componentes;

Conclusiones; y,

Recomendaciones.

El Informe Económico para la liquidación deberá contener lo siguiente:

Rubros objeto de justificación económica detallados en forma cronológica, por componente y sintetizada en un cuadro resumen;

Liquidación económica con número de liquidación;

Nombre de componente;

Valor asignado a este componente;

Número de hoja donde se ubica la factura legible que justifica el gasto;

Número de factura;

Nombre del Beneficiario;

Concepto de la Factura;

Valor sin IVA;

Documentos que respalda la factura; y,

Total de la liquidación.

Información que deber cumplir con los formatos adjuntos establecidos por la Dirección Financiera (Anexo III)

3.             Cada comprobante de venta o factura contendrá los siguientes documentos de respaldo:

Contrato o pedido motivado para el gasto, de ser el caso; b) Acta de entrega-recepción de cumplimiento de contrato o del gasto; e,

Ingreso a bodega de los bienes adquiridos en caso de Institución Pública.

4.-           El expediente con los informes detallados en los numerales 1 y 2 de este artículo, debe estar numerado y acompañado de los documentos habilitantes de respaldo en formato físico y digital.

Todos los documentos que constituyen el informe financiero, deben estar numerados, a fin de ubicar fácilmente las facturas y respaldos ya sean durante la evaluación o a posteriori durante eventuales revisiones de los organismos de control.

Art. 25.- Del Administrador del Convenio: en la liquidación, corresponde al Administrador del Convenios, lo siguiente:

Aprobar la liquidación técnica-económica del convenio remitida por funcionario del MIPRO que integra la Comisión de Seguimiento por para lo cual tendrá el plazo máximo de ocho días;

Emitir el informe motivado en el que conste el grado de cumplimiento de las obligaciones de la contraparte en relación al proyecto, al convenio, y demás instrumentos de ejecución;

Una vez aprobado el informe técnico económico en el que se establece el cumplimiento del convenio con determinación de no existencia de obligaciones pendientes remitirá a la Dirección Financiera para su validación y pronunciamiento correspondiente; y,

En caso de incumplimiento dispondrá la aplicación de  multas, la ejecución de garantías, y demás acciones que conlleven a la recuperación de los recursos invertidos por el Ministerio.

Art. 26.- De la Dirección Financiera: La Dirección Financiera, una vez que ha recibido el informe técnico económico por parte del Administrador del convenio, realizará el análisis correspondiente dentro del término de ocho días pudiendo generarse las siguientes situaciones:

Aceptación Total: se da cuando los justificativos son aceptados en su totalidad, lo que se comunicará al Administrador para que proceda a la elaboración del acta de finiquito, documento con el cual se cierra formalmente el convenio.

Aceptación Parcial: se da cuando los justificativos se aceptan en forma parcial, circunstancia que se informará al Administrador para que a través de la Comisión de Seguimiento y dentro del plazo de 15 días se de a conocer a la contraparte para que presente los justificativos necesarios. En caso de que la contraparte no los presentare en el plazo establecido, la Comisión de Seguimiento informará al Administrador para que éste a su vez indique a la Dirección Financiera; y, se establezca el valor a ser reintegrado.

La Dirección Financiera indicará el monto no justificado y emitirá las instrucciones para la devolución del remanente.

El Administrador del Convenio solicitará el reintegro de los valores a la contraparte dentro de término de 30 días, en caso de no proceder con el reintegro se iniciará las acciones legales correspondientes.

Si la contraparte procede con el reintegro de los valores, la Unidad Técnica Responsable procederá a elaborar el acta de finiquito que constituirá el cierre definitivo del convenio.

3. Observaciones: en el caso que no se acepten los justificativos totalmente, se indicará lo que falta por justificar y se seguirá con el procedimiento antes indicado.

El Administrador del Convenio, en un plazo de cinco días, emitirá informe motivado; y, de ser del caso solicitará a la Coordinación General Jurídica, se inicien las acciones legales correspondientes, debiendo remitir el expediente integro del convenio.

Art. 27.- La Dirección Financiera difundirá los formatos de liquidación financiera ya establecidos y la lista de verificación de la información contenida en los informes técnicos-financieros, para los convenios de cooperación con transferencia de recursos y realizará la evaluación financiera de los convenios suscritos por el Ministerio de Industrias y Productividad.

Acta de Finiquito

Art. 28.- Acta de Finiquito.- Una vez que el convenio, se encuentra cerrado técnicamente y financieramente, el

Administrador del Convenio levantará una Acta de Finiquito de Convenio, la misma que deberá contener como mínimo la siguiente información:

Comparecientes (MIPRO-CONTRAPARTE)

Antecedentes.

Informe Técnico.

Objeto.

Destino de los Bienes

Liquidación Técnica.

Liquidación Financiera.

Firmas de las partes.

El Acta de Finiquito será remitida en copias simples a la Coordinación General de Planificación y Gestión Estratégica, y a la Dirección Financiera.

Art. 29.- Cierre de Convenio: se cierra el convenio una vez que se encuentre subido al sistema informático del Ministerio de Industrias y Productividad, toda la información relacionada con el mismo; para lo cual el área técnica responsable solicitará a la  Dirección de Seguimiento de Planes, Programas y Proyectos el cierre definitivo, analizada la información se declarará cerrado el convenio en el sistema, y se notificará al área técnica responsable.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El presente instructivo será aplicable a todos los convenios y contratos del Ministerio de Industrias y Productividad pendientes de liquidación.

SEGUNDA.- Se deja sin efecto toda disposición que se opusiere al presente Instructivo de Gestión de Convenios.

El presente Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese. Dado en Quito, Distrito Metropolitano, a 26 de enero de 2016.

f.) Miguel Eduardo Egas Peña, Ministro de Industrias y Productividad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 1 de febrero de 2016.- Firma: Ilegible.


ANEXO I

Informe de Riesgo de Incumplimiento Artículo 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado

Antecedentes:

Legalidad y veracidad

Oportuna y Conveniente a los intereses institucionales del MIPRO

Pertinencia (es pertinente la suscripción del convenio)

Conformidad (a los planes operativos e institucionales del MIPRO

Conclusión: Por lo expuesto se encuentra garantizado el control previo señalado en el Art. 12 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

ANEXO II









No. 16-049

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD

Considerando:

Que, el artículo 33 de la Carta Fundamental, dispone: “El trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado.”;

Que, el Titulo VI, de la Norma Suprema al referirse al Régimen de Desarrollo de nuestro país, dispone en el artículo 275, lo siguiente: “El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumak kawsay.”; así como en el numeral 2 del artículo 276 de la Norma Supra señala, como uno de su objetivos: “Construir un sistema económico, justo, democrático, productivo, solidario y sostenible basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo digno y estable.”;

Que, los literales d) y f) del artículo 4 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Registro Oficial No. 351 del 29 de diciembre del 2010, destaca como sus fines generar trabajo y garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y disfrutar de bienes y servicios de óptima calidad;

Que, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, establece en el literal a. del artículo 104: “Facilitación al Comercio Exterior.- Los procesos aduaneros serán rápidos, simplificados, expeditos y electrónicos, procurando el aseguramiento de la cadena logística a fin de incentivar la productividad y la competitividad nacional.”;

Que, el Sistema Ecuatoriano de la Calidad tiene entre sus objetivos el garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas, la corrección y sanción de estas prácticas; y, a promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la competitividad en la sociedad ecuatoriana;

Que, la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, publicada en el Suplemento al Registro Oficial No. 26 del 22 de febrero de 2007, en su artículo 31 dispone: “Requisito previo a la comercialización de productos.- Previamente a la comercialización de productos nacionales e importados sujetos a reglamentación técnica deberá demostrarse su cumplimiento a través de certificado de conformidad expedido por un organismo de certificación acreditado en el país o por aquellos que se hayan emitido en relación a los acuerdos vigentes de reconocimiento mutuo con el país.”;

Que, el inciso final del artículo 8 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad establece que el Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), será la institución rectora del Sistema Ecuatoriano de la Calidad;

Que, el artículo 148 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el Comercio, del Libro Quinto del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 452 del 19 de mayo de 2011, establece que dentro de los depósitos aduaneros se podrán efectuar operaciones que no conlleven al cambio de estado o clasificación arancelaria de la mercancía almacenada tales como mejoras en su embalaje o su calidad comercial; acondicionamiento para el transporte, tales como la división o el agrupamiento de bultos; calificación y la categorización de las mercancías; cambios de embalaje; reetiquetado, u otras;

Que, el inciso final de la Resolución No. SENAE-DGN- 2015-0910-RE de 29 de octubre de 2015, emitida por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, señala que no se podrá etiquetar mercancía en destino, salvo que el Ministerio de Industrias y Productividad establezca lo contrario, de acuerdo a sus propias regulaciones, en cuyo caso, se requerirá la autorización previa por parte de dicha entidad para que la Dirección Distrital competente permita esta operación, en este caso, el importador o el tercero, previa cesión de propiedad de las mercancías, podrá culminar el régimen de depósito aduanero con la nacionalización en cuyo caso deberá presentar la DAI a consumo;

Que, los Certificados de Reconocimiento INEN expedidos por el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN), son los habilitantes para la nacionalización de los productos reglamentados que exige documento previo;

Que, la información que deben contener las etiquetas de los productos que se encuentren bajo reglamentación técnica es de cumplimiento obligatorio para su comercialización, sean estos productos nacionales o importados;

Que, varios importadores de productos bajo reglamentación técnica han sufrido inconvenientes con sus proveedores, por el etiquetado según exigencias de los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos;

Que, los productos que cumplen con las condiciones y especificaciones de los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos, y que por ausencia de etiquetas o datos en las mismas han debido ser reexportados para ser etiquetados y/o reetiquetados fuera del país, debiendo el importador realizar gastos extras;

Que, el Ecuador cuenta con mano de obra calificada, capaz de etiquetar y/o reetiquetar y así subsanar su ausencia o la falta de requisitos en las mismas, por lo que no sería necesario la reexportación de las mercadería, lo cual genera altos costos a los importadores que son transferidos al consumidor final;

Que, es necesario que los productos sujetos a reglamentación técnica cumplan los requisitos establecidos en los Reglamentos  Técnicos Ecuatorianos, y que sean verificados previamente a su comercialización;

En uso de sus facultades legales y reglamentarias:

Resuelve:

EXPEDIR LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA QUE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS BAJO REGLAMENTACIÓN TÉCNICA ECUATORIANA PUEDAN SER ETIQUETADOS Y/O REETIQUETADOS EN DESTINO.

Art. 1.- Objeto.- El objeto de la presente resolución es facilitar el etiquetado y/o reetiquetado de las mercancías sujetas a reglamentación técnica que ingresan al país bajo el régimen de depósito aduanero o bajo el régimen a consumo, que carezcan de etiquetas o de uno o más de los requisitos establecidos en los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos; y que ha sido previamente comunicado por el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad de la Productividad del Ministerio de Industrias y Productividad para el trámite administrativo determinado por la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad; con la finalidad de evitar la reexportación de los productos comunicados.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- La presente Resolución será de aplicación para los productos que se encuentren bajo reglamentación técnica y que deban cumplir con los requisitos de etiquetado dispuestos en los Reglamentos Técnicos Ecuatorianos RTE INEN y siempre que exista en el país un organismo de inspección de producto.

Art. 3.- Etiquetado o reetiquetado en el Depósito Aduanero.- Los importadores, cuya mercancía ingrese a régimen de depósito aduanero que deseen acogerse a las facilidades del etiquetado y/o reetiquetado establecidas en la presente Resolución, deberán transmitir su declaración aduanera directamente al régimen de depósito aduanero y durante la permanencia de la mercancía en este régimen aduanero podrán solicitar la operación de etiquetado y/o reetiquetado a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad de la Productividad, indicando el nombre de la empresa que llevará a efecto dicha operación, a su vez la Subsecretaría mencionada notificará la autorización respectiva al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (SENAE), mediante el sistema Quipux y/o correo electrónico.

Art. 4.- Verificación del Cumplimiento al Reglamento Técnico.- No se podrá transmitir la Declaración Aduanera de Importación (DAI) a consumo, con o sin régimen precedente, si previamente no se ha obtenido el certificado de reconocimiento emitido por el Servicio Normalización Ecuatoriano (INEN).

La autoridad aduanera deberá estar presente en las inspecciones previas que solicite el importador, respecto a las mercancías a ser etiquetadas y/o reetiquetadas para el cumplimiento del Reglamento Técnico correspondiente.

Art. 5.- Etiquetado o reetiquetado para importaciones a consumo.- En el caso de que el SENAE, en el acto del aforo  físico de la DAI a consumo, con o sin régimen precedente, se observare la inexistencia del etiquetado respectivo, se notificará con esta novedad a la Subsecretaría del Sistema de la Calidad de la Productividad para que se inicie el proceso administrativo establecido en la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad y su Reglamento General de aplicación, sin perjuicio de que posteriormente el importador solicite autorización para la operación de reetiquetado e indique la empresa que llevará a efecto dicha operación.

Para el caso de la mercancía que se encuentre en régimen a consumo, sin un régimen precedente, cuya subpartida hubiese sido cambiada en el proceso de aforo por una que requiere de la presentación del certificado de reconocimiento, se podrá proceder con el reetiquetado en el depósito temporal, según lo determinado en el inciso anterior, dentro del plazo establecido en el artículo 98 del Reglamento al Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, para que en lo posterior se continúe con el proceso de despacho.

Art. 6.- Operación de Etiquetado o Reetiquetado.- La operación de etiquetado y/o reetiquetado será realizada por personas naturales o jurídicas, previa autorización de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad de la Productividad del Ministerio de Industrias y Productividad o quien haga sus veces, las mismas que deberán estar registradas en esa Subsecretaría, para lo cual se expedirá el instructivo con los requisitos que deben cumplir las empresas interesadas en realizar esta operación.

Artículo 7.- Responsabilidad.- El importador que solicite autorización para realizar las operaciones de etiquetado y/o reetiquetado antes señaladas, será responsable por los efectos que se deriven por esta operación ante los distintos organismos gubernamentales y ante los consumidores de los bienes sujetos a esta práctica.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

ÚNICA.- Podrán acogerse al presente procedimiento todas las mercancías que previo a la entrada en vigencia de la presente resolución, se encuentren en recinto aduanero.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Con el objetivo de guardar armonía y concordancia con la legislación secundaria de la calidad, la Subsecretaría del Sistema de la Calidad de la Productividad del Ministerio de Industrias y Productividad, realizará las reformas necesarias a los Reglamentos que contengan disposiciones puntuales que se contrapongan a esta Resolución, sin perjuicio de la aplicación inmediata de estas disposiciones.

SEGUNDA.- El Ministerio de Industrias y Productividad a través de la Subsecretaría del Sistema de la Calidad y Productividad, podrá ampliar el ámbito de aplicación de la presente resolución.

TERCERA.- Esta Resolución entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 3 de febrero de 2016.

f.) Eduardo Egas Peña, Ministro de Industrias y Productividad.

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD.- Certifica es fiel copia del original que reposa en Secretaría General.- Fecha: 15 de febrero de 2016.- Firma: Ilegible.

No. 003

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

EL ORGANISMO TÉCNICO DEL SISTEMA

NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL

Considerando:

Que el artículo 35 de la Norma Suprema establece que el Estado prestará especial protección a las personas privadas de la libertad en condición de doble vulnerabilidad.

Que el artículo 51 de la norma ibídem señala que las personas privadas de la libertad tienen derecho a no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria; a comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho; a declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación de libertad; a contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral en los Centros de privación de libertad; a la atención de sus necesidades educativa, laborales, productivas, culturales, alimenticias y recreativas; a recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, adolecentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con discapacidad; y a contar con medidas de protección para las niñas, niños adolecentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.

Que la Carta Magna en su artículo 201 determina que el Sistema Nacional de Rehabilitación Social tendrá como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de libertad y la garantía de sus derechos;

Que el artículo 202 ibídem señala que: “el sistema garantizará sus finalidades mediante un organismo técnico encargado de evaluar la eficacia de sus políticas, administrar los centros de privación de libertad y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema.(...).”;

Que el artículo 674 del Código Orgánico Integral determina que el Sistema garantizará el cumplimento de sus fines mediante un Organismo Técnico cuyas atribuciones son evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del sistema, administrar los centros de privación de libertar y fijar los estándares de cumplimiento de los fines del sistema.

Que el artículo 675 del Código Orgánico Integral determina que “El Directorio del Organismo Técnico se integrará por las o los ministros o sus delegados encargados de las materias de justicia, derechos humanos, salud pública, relaciones laborales, educación, inclusión económica y social, cultura, deporte y el Defensor Público. La o el Presidente de la República designará a la ministra o ministro de Estado que lo presidirá.

Que la disposición transitoria décimo primera del Código Orgánico Integral Penal dispone que el señor Presidente de la República conformará el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social;

Que el señor Presidente Constitucional de la República, mediante decreto No. 365 publicado en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 286 del 10 de julio del 2014, crea el Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, integrado por: a) El Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, quien lo presidirá; b) El Ministro de Salud Pública; c) el Ministro de Trabajo; d) El Ministro de Educación; e) El Ministro de Inclusión Económica y Social; f) El Ministro de Cultura y Patrimonio; g) El Ministro del Deporte; y, h) El Defensor del Pueblo;

Que la disposición transitoria décimo segunda del Código Orgánico Integral Penal ordena que el Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social dictará el reglamento para la implementación, aplicación y cumplimiento de las normas establecidas en el libro III del Código Orgánico Integral Penal.

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales,

Resuelve:

Articulo 1.- Aprobar y expedir el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

La presente resolución entrara en vigencia partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 22 días del mes de diciembre de 2015.

f.) Karla Benítez Izurieta, Delegada, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

f.) Juan Andrés Chuchuca, Delegado, Ministerio de Salud Pública.

f.) Peggy Ricaurte, Delegado, Ministerio de Inclusión Económica y Social.

f.) Karina Escobar Muñoz, Delegada, Ministerio de Cultura y Patrimonio.

f.) Javier Narváez, Delegado, Ministerio del Deporte.

f.) Fabiola Ochoa Crespo, Delegada, Ministerio de Trabajo.

f.) Isabel Maldonado Escobar, Delegada, Ministerio de Educación.

f.) Cristhian Bahamonde Galarza, Delegado, Defensoría del Pueblo.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS.- Certifico que la(s) foja(s) 1-3, es(son) fiel copia(s) del original del documento que reposa en los archivos de la Dirección de Secretaría General.- Fecha: 10 de febrero de 2016.- f.) Dra. Paola Carrera Izurieta, Directora de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

EL ORGANISMO TÉCNICO DEL SISTEMA

NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL

REGLAMENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL

TÍTULO PRELIMINAR

NORMAS GENERALES

Artículo 1. Principios generales.- El presente reglamento se rige por los principios que emanan de la Constitución de la República, de los instrumentos internacionales de derechos humanos y del Código Orgánico Integral Penal.

Las políticas y normas del sistema de rehabilitación social se aplicaran de manera progresiva.

Artículo 2. Objeto.- El objeto de este Reglamento es regular, normar y procedimentar el funcionamiento y desarrollo del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, así como de su Organismo Técnico responsable, conforme lo establece el Libro Tercero del Código Orgánico Integral Penal.

Artículo 3. Ámbito de aplicación.- Las disposiciones contenidas en el presente reglamento serán de aplicación obligatoria para el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en función de:

Cumplimiento de las medidas cautelares de dispositivo de vigilancia electrónica, detención y prisión preventiva, establecidas en el Código Orgánico Integral Penal;

Ejecución de apremios, de penas privativas de libertad y no privativas de libertad de conformidad con la ley;

Gestión de los centros de privación de libertad;

Procesos de rehabilitación integral y reinserción social de las personas privadas de libertad; y,

Custodia, seguridad, vigilancia y traslado de las personas privadas de libertad.

TÍTULO I

DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA

NACIONAL DE REHABILITACIÓN SOCIAL

CAPÍTULO I

ORGANISMO TÉCNICO

Artículo 4. Del Organismo Técnico.- El Organismo Técnico garantizará el cumplimiento de las finalidades del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, con sustento en los principios de eficacia, eficiencia, planificación, coordinación, trasparencia, calidad y evaluación.

Actuará conforme lo dispuesto por el Código Orgánico Integral Penal y contará con personal especializado en rehabilitación y reinserción de personas privadas de libertad.

Artículo 5. Conformación del Organismo Técnico.- El Organismo Técnico estará conformado acorde lo establezca la Presidencia de la República y los profesionales especializados que sean requeridos.

La cartera de estado encargada de justicia, derechos humanos, será la competente de la administración del sistema nacional de rehabilitación social, de los centros de privación de libertad que son parte del mismo, así como el nombramiento del personal de seguridad técnico y administrativo previa evaluación de sus condiciones técnicas, cognoscitivas y psicológicas.

Artículo 6. Atribuciones del Organismo Técnico.- El Organismo Técnico tiene las siguientes atribuciones además de las señaladas en la Constitución y en el Código Orgánico Integral Penal, que son:

Evaluar la eficacia y eficiencia de las políticas del Sistema Nacional de Rehabilitación Social;

Dirigir y administrar el funcionamiento de los Centros de Privación de Libertad, a través de la cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos, autoridad competente para tal efecto. Fijar los estándares de cumplimiento de los fines del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, en coordinación la cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos;

Regular y evaluar el funcionamiento del Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria, a través de la cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos; y,

Las demás establecidas en la Constitución y la Ley.

Artículo 7. Del Directorio del Organismo Técnico.- El Organismo Técnico se articulará por medio de su Directorio, que estará integrado por las y los titulares de las instituciones públicas que lo conforman.

Cada integrante del Directorio del Organismo Técnico podrá designar un delegado o delegada permanente.

Artículo 8. Atribuciones del Directorio del Organismo Técnico.- El Directorio, será el órgano de gobierno del Organismo Técnico y tendrá las siguientes atribuciones:

Aprobar las políticas para el Sistema Nacional de Rehabilitación Social y evaluar su eficacia y eficiencia, para garantizar el cumplimiento de los fines establecidos en el Código Integral Penal, y la prevención de todo tipo de tortura, trato cruel, inhumano y degradante;

Aprobar la normativa interinstitucional necesaria para garantizar el funcionamiento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social;

Aprobar los modelos de gestión en contextos penitenciarios propuestos por los integrantes del Organismo Técnico;

Convocar en calidad de invitados, sin voto y con la finalidad de tratar información técnica y especializada en materia de rehabilitación social, a personas o entidades públicas o privadas, a sus sesiones ordinarias; y,

Las demás establecidas en la Constitución y la Ley.

Artículo 9. De la Presidencia del Directorio del Organismo Técnico sus Atribuciones y Responsabilidades.- La presidencia del Directorio del Organismo Técnico tendrá las siguientes atribuciones:

Convocar a sesiones del Directorio del Organismo Técnico;

Presidir las sesiones de dicho Organismo;

Dar seguimiento a la labor del Organismo Técnico de Rehabilitación Social;

Coordinar al Organismo Técnico, siendo responsable de cumplir y hacer cumplir las políticas del sistema de rehabilitación social y las resoluciones emitidas por el organismo colegiado;y,

Informar al Directorio del Organismo Técnico, respecto a la administración del Sistema de Rehabilitación Social de forma anual o cuando este lo requiera.

CAPÍTULO II

DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PENITENCIARIA

Artículo 10. Centro de formación y capacitación penitenciaria.- El Centro de Formación y Capacitación Penitenciaria es una institución académica y formativa del Sistema de Rehabilitación Social, que es parte de la estructura orgánica de la cartera de estado a cargo de los temas de  justicia y derechos humanos y será dirigido y regulado por el Organismo Técnico.

Artículo 11. Objeto.- Formar y capacitar de manera continua al personal penitenciario en conocimientos teóricos y prácticos, para fortalecer la gestión y administración del sistema penitenciario, en el marco de la normativa vigente y de los derechos humanos, con el fin de fomentar la igualdad y no discriminación hacia las personas privadas de libertad, generar una cultura de paz, velar por que se respeten los enfoques de género, interculturalidad y el principio de atención prioritaria.

La cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos será el responsable de elaborar y presentar al Organismo Técnico, el reglamento de convocatoria y selección de aspirantes al sistema penitenciario, reglamento de régimen interno del centro de formación y capacitación penitenciaria y el plan de formación y capación continua de funcionarios del sistema nacional de rehabilitación social.

CAPÍTULO III

DE LOS CENTROS DE PRIVACIÓN

DE LIBERTAD

Artículo 12. De los Centros de Privación de Libertad.- Los Centros de Privación de Libertad se clasifican en:

Centros de privación provisional de libertad (CPPL), en los que permanecerán las personas privadas provisionalmente de libertad, en virtud de una medida cautelar o de apremio impuesta por una o un juez competente, o de infracciones flagrantes, quienes serán tratadas aplicando el principio de inocencia. En estos casos, las personas permanecerán en un Centro de la jurisdicción de la o el juez que conoce la causa, con las excepciones previstas en este reglamento.

Existirán CPPL y/o secciones diferenciadas para aprehensión en caso de infracción flagrante, apremio, detención con fines investigativos y prisión preventiva. Existirá además una sección para personas que manifiesten comportamiento violento.

Centros de Rehabilitación Social (CRS), en los que permanecerán las personas a quienes se les ha impuesto una pena privativa de libertad mediante una sentencia condenatoria ejecutoriada.

Existirán Centros de Rehabilitación Social (CRS) y/o secciones diferenciadas para contravenciones y para infracciones de tránsito, considerando los principios de separación y niveles de seguridad establecidos en el COIP.

En cada Centro de Rehabilitación Social existirá por lo menos un equipo para el diagnóstico, tratamiento y evaluación de las personas privadas de libertad, para garantizar la atención individualizada de las mismas.

En caso de que una persona privada de libertad manifieste comportamiento violento o que se trata de una persona de extrema peligrosidad, con el fin de precautelar la seguridad del Centro y de las otras personas privadas de libertad, se podrá disponer su internamiento en otro Centro que preste las seguridades necesarias.

Artículo 13. De la separación.- Los centros de privación provisional de libertad así como los centros de rehabilitación social contarán con secciones que garanticen la separación establecida en el Código Orgánico Integral Penal.

SECCIÓN I

DE LAS CONDICIONES DE PRIVACIÓN

DE LIBERTAD

Artículo 14. De la habitabilidad.- El régimen de privación de libertad garantizará un espacio vital digno, con infraestructura y condiciones sanitarias apropiadas para desarrollar un adecuado proceso de rehabilitación, con las limitaciones propias de un régimen de privación de libertad.

Artículo 15. De la alimentación.- Las personas privadas de libertad tendrán derecho a tres comidas diarias, con componentes nutricionales equilibrados, en buenas condiciones sanitarias y en horarios nutricionalmente adecuados, diseñadas en coordinación con la autoridad Sanitaria Nacional.

Por condiciones de salud y de objeción de conciencia existirán dietas especiales para las personas privadas de libertad.

La máxima autoridad del Centro velará por el cumplimiento de la norma, en coordinación con la Autoridad Sanitaria Nacional.

Artículo 16. De la vestimenta.- El Centro dotará de uniforme y kit de aseo a las personas privadas de libertad que ingresan al centro de rehabilitación social, conforme a las condiciones climáticas, sexo, identidad de género y organización del centro, lo cual será regulado en la normativa desarrollada para el efecto. En ningún caso, las prendas de vestir serán humillantes o degradantes.

En los centros de privación provisional de libertad se entregará solamente el kit de aseo.

Artículo 17. De la comunicación.- Se garantiza el acceso a la comunicación de las personas privadas de libertad a través de los siguientes mecanismos:

Por uso del servicio de telefonía pública fija, con las restricciones y horarios establecidos según los niveles de seguridad;

Por correspondencia, observando las restricciones y procedimientos acordes a los niveles de seguridad; y,

Por acceso a los medios de comunicación con las restricciones correspondientes a los niveles de seguridad.

El personal del Centro, supervisará y llevará un registro del tipo de comunicación que realizan las personas privadas de libertad, acorde a la norma técnica que se desarrollen para el efecto, se deberá tomar en cuenta los casos de atención prioritaria

Artículo 18. Trato humano.- Toda persona privada de libertad será tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

En particular, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.

SECCIÓN II

DEL ECONOMATO

Artículo 19. Economato.- El servicio de economato se conforma por unidades encargadas de la provisión de bienes de uso y consumo para las personas privadas de libertad, las mismas que podrán acceder a éstos con sus propios recursos económicos, mediante un sistema de compra automatizada que impide el ingreso y circulación de dinero al interior del centro de privación de libertad.

La cartera de estado encargada de los temas de justicia y derechos humanos, expedirá el instrumento que determinará los bienes de uso y consumo que puedan ser adquiridos por las personas privadas de libertad en el economato, los mismos que son adicionales a los que provee el centro de privación de libertad.

Artículo 20. Organización.- La venta de los bienes de uso y consumo que se expendan en los economatos estará a cargo de proveedores y/o prestadores de servicio, según los contratos que para el efecto se suscriban. Los productos de uso y consumo humano, que se expendan en los economatos, deberán contar con la regulación y el control de la calidad, seguridad, eficacia e inocuidad de la Autoridad Sanitaria Nacional.

El uso y cupo de este servicio será de acuerdo al nivel de seguridad, según lo establecido en la norma técnica respectiva.

Artículo 21. Depósito de dinero para el consumo en el economato.- El familiar o persona autorizada por la persona privada de libertad, podrá realizar los depósitos para el consumo en el economato en la matriz o sucursales de la entidad financiera determinada para el efecto, el cual no podrá superar el cupo autorizado.

El director del centro de privación de libertad solicitará a la entidad financiera la liquidación de las cuentas de economato, procediendo a la entrega del saldo a favor, cuando las personas privadas de libertad obtengan su boleta de excarcelación o en caso de fallecimiento, de acuerdo al instrumento que se elabore para el efecto.

En casos excepcionales, previo informe motivado del área de Trabajo Social, se gestionará la devolución del recurso asignado para el economato, al familiar o persona autorizada.

CAPÍTULO IV

DE LAS NIÑAS Y NIÑOS AL INTERIOR DE LOS

CENTROS DE REHABILITACIÓN SOCIAL

Artículo 22. De la permanencia.- Las y los niños de hasta treinta y seis (36) meses de edad podrán permanecer y pernoctar en los centros de privación de libertad junto a sus madres privadas de libertad. Se precautelará el interés superior del niño.

Artículo 23. Del cuidado.- El ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social brindará los servicios de desarrollo infantil de 0 a 12 meses en la modalidad de atención familiar y de 12 a 36 meses en los centros infantiles del buen vivir (CIBV), en coordinación con la cartera de estado encargada de los asuntos de justicia, y derechos humanos, y de acuerdo al presupuesto que para el efecto asigne el ministerio encargado de las finanzas públicas.

Se asegurará la protección, cuidado y asistencia especial a los niños y niñas que conviven en los centros de rehabilitación social, tomando en cuenta cualquier necesidad especial, para el efecto se coordinará con el ministerio encargado de los asuntos de salud pública.

Artículo 24. De la atención a niñas y niños de 0 a 12 meses.- Los centros de privación de libertad contarán con espacios lúdicos para la atención de niñas y niños de 0 a 12 meses de edad, a cargo del ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social, con la finalidad de asegurar:

Servicios de educación familiar que fortalezcan el vínculo;

Desarrollo integral de niños y niñas;

Promoción de lactancia materna, y;

Fortalecimiento de las capacidades de las madres para el cuidado de las hijas e hijos.

La atención referida se llevara a cabo aplicando los programas y proyectos del ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social conforme a su normativa técnica, institucional y demás normativa técnica.

Artículo 25. De la atención a niñas y niños de 13 a 36 meses.- El ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social promoverá el desarrollo integral de los hijos e hijas de las personas privadas de libertad en los centros de desarrollo infantil existentes más cercanos al Centro.

En caso de no existir centros de desarrollo infantil cercanos a los centros de privación de libertad, el ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social dotará, dentro o fuera de los mismos, del personal capacitado y la adecuación  de instalaciones para garantizar su desarrollo integral, de acuerdo a la asignación presupuestaria realizada por el ministerio encargado de las finanzas públicas; y, en aplicación de los programas, proyectos, normativa técnica institucional y demás normativa aplicable. La atención a este grupo infantil se desarrollará en los siguientes componentes:

Socio – educativo;

Participación familiar; y,

Prácticas de educación, promoción, alimentación y nutrición para la salud.

Artículo 26. Del proceso de salida de niñas y niños a partir de 37 meses.- El ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social desarrollará el proceso de inserción de las niñas y niños de 37 meses en adelante preferentemente en sus familias ampliadas y excepcionalmente cuando no existe un referente familiar en entidades de acogimiento institucional, procurando el mantenimiento de los vínculos familiares con su progenitor privado de libertad.

La atención referida se llevará a cabo de acuerdo a la asignación presupuestaria realizada por el ministerio encargado de las finanzas públicas; y, en aplicación de los programas, proyectos, normativa técnica institucional y demás normativa aplicable.

La inserción en el sistema educativo estará a cargo de la autoridad educativa nacional.

Los procesos de seguimiento se regularán por las normas técnicas expedidas para el efecto.

Artículo 27. De la salud y alimentación.- El ministerio encargado de los asuntos de salud pública garantizará el acceso a la salud de las y los niños que viven con sus madres privadas de libertad, implementando los programas de salud pública de promoción, prevención, rehabilitación y tratamiento, de acuerdo al modelo de gestión de salud establecido.

El ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social, garantizará las cuatro (4) raciones alimenticias diarias, en los durante la jornadas siete (7) días de la semana, a niñas niños de seis (6) a treinta y seis (36) meses privilegiando en el primer año la lactancia materna, conforme su norma técnica y presupuesto asignado.

La guía de planificación de menú alimentario y nutrición se elaborará en coordinación con el ministerio encargado de los asuntos de salud pública. En casos excepcionales y de acuerdo a informe de salud, se solicitará los bancos de leche

Artículo 28. De la atención a mujeres embarazadas.- El ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social, en coordinación con otras instituciones del Estado, brindará atención a las mujeres embarazadas privadas de libertad en los siguientes ámbitos:

Socio - educativo; y,

Prácticas de educación, promoción, alimentación y nutrición para la salud.

El ministerio encargado de los asuntos de salud pública garantizará el acceso a la salud de las mujeres embarazadas privadas de libertad, brindará atención integral en salud en la gestación, implementando los programas de salud pública de promoción, prevención y rehabilitación, de acuerdo al modelo de gestión de salud en contextos penitenciarios, en concordancia con la norma técnica de atención establecida para el efecto.

TÍTULO II

DEL INGRESO Y PERMANENCIA EN UN CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

CAPÍTULO I

DEL INGRESO A UN CENTRO DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

Artículo 29. Ingreso.- Para el ingreso de una persona a un Centro de Privación Provisional de Libertad, se exigirá una orden judicial de encarcelamiento, certificado de salud y el registro de detenidos de la Policía Nacional. Para los aprehendidos en flagrancia, no se exigirá la orden judicial de encarcelamiento pero en este caso se registrará los hechos y circunstancias que la motivaron.

Para el ingreso de una persona privada de libertad a un Centro de Rehabilitación Social se verificará que exista una sentencia ejecutoriada.

En caso que la persona privada de libertad, posea documentos y/o pertenencias, el personal de seguridad levantará un acta con el detalle de los mismos, que será suscrita por la persona privada de libertad y la o el funcionario responsable para su custodia temporal, hasta su entrega a la persona autorizada por el privado de libertad.

Artículo 30. Información Inicial.- El personal del centro de privación de libertad, al momento del ingreso, informará a la persona privada de libertad sobre sus derechos y prohibiciones durante su permanencia en el Centro, que constará en el acta firmada por el funcionario y la persona privada de libertad.

Artículo 31. Registro de datos.- El personal del centro de privación de libertad deberá registrar en el sistema de ingresos los siguientes datos:

Fecha y hora de ingreso;

Nombres, apellidos y alias;

Número de documento de ciudadanía o pasaporte;

Nacionalidad;

Estado civil;

Certificado médico otorgado por cualquiera de los establecimientos de salud de la Red Pública;

Domicilio;

Profesión u ocupación;

Instrucción;

Edad, fecha de nacimiento;

Sexo y Género;

Religión / Objeción de conciencia;

Nombres de dos personas de referencia, con números telefónicos y direcciones respectivas;

Registro de pertenencia a un grupo de atención prioritaria;

Existencia de enfermedad grave, medicamentos contraindicados, o de tratamiento diario;

Lista de máximo diez personas autorizadas para ingresar rotativamente a la visita familiar.

Nombre de la persona autorizada para la visita íntima. El listado podrá ser modificado cada seis meses;

Lista de personas no autorizadas a visitarla, la cual podrá ser modificada en cualquier momento;

Lista de abogados, privado o público, autorizados a visitarlo, la cual podrá ser modificada en cualquier momento;

Nombre de la autoridad que ordena la privación de libertad de la persona. Nombres y apellidos del personal de seguridad que registra el ingreso, con firma de responsabilidad;

Listado de documentos y pertenencias que son retenidas provisionalmente a la persona y nombre del custodio, con su respectiva acta, y;

Cualquier tipo de observación que se considere necesaria.

Cuando se trate de una persona privada de libertad que ingresa a un centro de rehabilitación social además de los datos señalados, el personal del Centro deberá, además, registrar los siguientes datos:

Delito o delitos por el que ingresa la persona privada de libertad y pena impuesta;

Registro dactiloscópico;

Registro fotográfico;

Características físicas; y,

Marcas o tatuajes.

Artículo 32. Registro corporal ordinario.- El personal de seguridad penitenciaria realizará el registro corporal de la persona privada de libertad y de sus vestimentas, sin desprendimiento de éstas, utilizando además equipos tecnológicos.

Se preservará la intimidad de la persona privada de libertad, y está prohibido manipular las zonas íntimas y/o cavidades del cuerpo. El registro corporal será realizado por personal de seguridad penitenciaria de su mismo sexo y respetando su identidad de género.

El registro se llevará a cabo en un lugar adecuado, que reúna las condiciones de salubridad y suficiente iluminación, favoreciendo el respeto e intimidad inherente al ser humano.

Artículo 33. Registro corporal especial.- Si del registro anterior, se encuentran indicios para presumir la presencia de objetos y/o sustancias prohibidas o ilícitas, se procederá con un registro especial, el cual se llevará a cabo en una unidad médica por un profesional de la salud, en los términos establecidos en la norma técnica respectiva.

Artículo 34. Evaluación médica inicial.- Esta consiste en una revisión general de la salud de la persona privada de libertad, la cual puede ser realizada en las unidades de salud ubicados en los centros de privación de la libertad, conforme al servicio establecido para cada tipo de Centro y en el caso de personas detenidas en flagrancia, la evaluación será realizada en el establecimiento de la Red de Salud Pública más cercano al lugar de la detención.

La evaluación médica incluirá posibles señales de maltrato, tortura, necesidad de medicación o tratamiento para alguna patología diagnosticada; y, toma de signos vitales, lo cual se registrará en la historia clínica. Para los casos que revistan necesidad de tratamiento y atención especializada, la unidad de salud proveerá el servicio.

De encontrarse señales de presunto maltrato o tortura reciente, el médico actuará acorde lo que establece la ley.

Artículo 35. Verificación de documentos.- El Centro, verificará la autenticidad de los documentos judiciales de internamiento.

CAPÍTULO II

DE LA PERMANENCIA EN UN CENTRO DE

PRIVACIÓN DE LIBERTAD Y TRASLADO

Artículo 36. De la permanencia de la persona privada de libertad en un centro de privación de libertad.- Las personas privadas de libertad provisionalmente y por apremio,  permanecerán en el Centro de la jurisdicción de la o el juez que conoce la causa.

Las personas privadas de libertad que deban cumplir una sentencia ejecutoriada permanecerán en uno de los centros de rehabilitación social del país.

En el caso de personas privadas de libertad por apremio, así como las personas contraventoras permanecerán en el centro de privación provisional de libertad más cercano a su medio familiar.

Artículo 37. De los traslados.- La máxima autoridad del Centro, previo informe del equipo técnico, deberá solicitar a la autoridad correspondiente de la cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos, autorización para el traslado de las personas privadas de libertad, por las causales establecidas en el Código Orgánico Integral Penal.

En caso de ingresos o traslados masivos, la dirección del Centro de origen, en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al traslado, hará conocer de este hecho a las personas designadas por la persona privada de libertad; así mismo el ministerio a cargo de la salud pública contribuirá con las medidas que cada caso amerite.

Al realizarse traslados, la máxima autoridad del Centro de origen será responsable de notificar, dentro de las siguientes 24 horas, al personal de salud de cada Centro de destino para que en el menor tiempo posible se proceda con las evaluaciones de salud de los mismos a fin de que se pueda dar atención oportuna, excepto las emergencias sanitarias que serán atendidas de manera inmediata.

Mientras se desarrolle el traslado, se deberán tomar todas las previsiones necesarias para proteger su identidad, intimidad y dignidad, evitando condiciones que afecten sus derechos humanos.

Artículo 38. Obligación de envío del expediente.- En caso de traslados, la máxima autoridad del Centro deberá remitir el expediente original al Centro de destino; se conservará copia certificada del mismo en el Centro de origen.

Así mismo, el responsable de salud del Centro de origen, enviará copia de la historia clínica de la persona privada de libertad al responsable de salud del Centro de destino, a fin de se pueda brindar atención conforme el historial médico, como parte de la cadena asistencial.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos anteriores acarreará responsabilidad administrativa de los servidores obligados.

Por excepción podrá enviarse el expediente con posterioridad, en el término máximo de 24 horas. Su incumplimiento acarreará sanción administrativa a la autoridad del Centro.

TÍTULO III

DEL RÉGIMEN OCUPACIONAL EN CENTROS DE PRIVACIÓN PROVISIONAL DE LIBERTAD

Artículo 39. Del régimen en centros de privación provisional de libertad.- Los centros de privación provisional de libertad contarán con programas, planes, proyectos y actividades educativas, culturales, recreativas, sociales, deportivas, de capacitación laboral y de salud integral, que estarán reglados en la norma técnica de gestión en contextos penitenciarios elaborados por las instituciones que integran el Organismo Técnico y aprobados por el Directorio.

Artículo 40. De las fases del régimen interno.- En los centros de privación provisional de libertad, se desarrollará un régimen con las siguientes fases:

Fase de Observación, que comprenderá orientación y diagnóstico familiar, diagnóstico integral y elaboración de un plan ocupacional considerando el tiempo de permanencia en el Centro.

Fase de Ejecución, que comprende el acompañamiento familiar especializado, ejes de intervención, ejecución del plan ocupacional y seguimiento y evaluación interdisciplinaria.

TÍTULO IV

DEL RÉGIMEN GENERAL DE REHABILITACIÓN

SOCIAL

CAPÍTULO I

DE LAS FASES

Artículo 41. Régimen de rehabilitación social.- Las normas relativas al régimen de rehabilitación social serán aplicables en la ejecución de las penas privativas de libertad, dispuestas mediante sentencia condenatoria ejecutoriada.

El régimen general de rehabilitación social estará sujeto al sistema progresivo y regresivo.

Artículo 42. Fases del régimen.- Las fases del régimen general de rehabilitación social son:

Información y diagnóstico;

Desarrollo integral personalizado;

Inclusión social; y,

Apoyo a liberados.

Las fases de información y diagnóstico y desarrollo integral personalizado se desarrollan en régimen cerrado.

La fase de inclusión social se desarrolla en los regímenes semiabierto y abierto.

La fase de apoyo a liberados se desarrolla una vez cumplida la pena impuesta mediante sentencia ejecutoriada.

CAPÍTULO II

DE LA FASE DE INFORMACIÓN Y DIAGNÓSTICO

Artículo 43. Objeto.- La fase de información y diagnóstico de la persona privada de libertad tiene por objeto recabar antecedentes y datos que sirvan para orientar la ubicación de la persona privada de libertad y la elaboración del plan individualizado de cumplimiento de la pena. Esta fase no podrá exceder los treinta días contados desde el ingreso de la persona al Centro de Rehabilitación Social. Su incumplimiento conllevará responsabilidad administrativa del equipo técnico, de acuerdo con la ley.

Artículo 44. De las etapas.- La fase de información y diagnóstico de la persona privada de libertad comprenderá las siguientes etapas:

Etapa de valoración.- Consiste en la obtención de datos psiquiátricos, psicológicos, sociales, educativos, laborales, médicos y jurídicos de la persona privada de libertad para su ubicación inicial en el Centro.

La clasificación de inicio en los niveles de seguridad de las personas privadas de libertad, se realizará sobre la base de los siguientes parámetros: delito, sentencia, connotación social y tiempo de la pena, los mismos que están establecidos en la norma técnica respectiva.

Etapa de identificación del eje inicial.- En esta etapa se determina el eje de partida del tratamiento de la persona privada de libertad.

El equipo técnico emitirá un informe al Director del Centro, que contenga los resultados del proceso de información y diagnóstico de conformidad con el mecanismo estandarizado de ubicación, determinando el nivel de seguridad y el marco en el que se desarrollará su tratamiento.

Artículo 45. Información.- El Equipo Técnico explicará a la persona privada de libertad la ubicación inicial en el nivel de seguridad y el proceso de tratamiento para el cumplimiento del plan individualizado de la pena, definiendo claramente las actividades, metodología de trabajo, estrategias de intervención y resultados esperados.

CAPÍTULO III

FASE DE DESARROLLO INTEGRAL

PERSONALIZADO

Artículo 46. Inicio.- La fase de Desarrollo Integral Personalizado inicia desde la ubicación de la persona privada de libertad en el nivel de seguridad respectivo (mínima, media o  máxima), para la ejecución de su plan individualizado de cumplimiento de la pena.

Artículo 47. Características.- La fase de Desarrollo Integral Personalizado se caracterizará por ser participativa, integral, motivadora y diferenciada, tomando en cuenta la ubicación poblacional de las personas privadas de libertad. Consiste en el desarrollo de los ejes de tratamiento y cualquiera otra actividad contemplada en el plan individualizado del cumplimiento de la pena.

Artículo 48. Finalidades de la fase de desarrollo integral personalizado.- La fase de Desarrollo Integral Personalizado tendrá las siguientes finalidades:

Ejecutar el plan individualizado de cumplimiento de la pena;

Desarrollar los ejes de tratamiento y demás actividades acordadas en el plan individualizado de cumplimiento de la pena;

Promover el desarrollo de las capacidades de la persona privada de libertad mediante procesos de acompañamiento terapéutico sostenido; y,

Acompañamiento, seguimiento y evaluación de los procesos para el desarrollo del plan individualizado de cumplimiento de la pena.

SECCIÓN I

TRATAMIENTO DE LAS PERSONAS PRIVADAS

DE LIBERTAD

Artículo 49. Definición.- El tratamiento de la persona privada de libertad, comprende un proceso terapéutico y psicosocial, que estimula la participación proactiva de la persona privada de libertad, en el marco de un sistema progresivo y regresivo que viabilice su rehabilitación y reinserción social.

Las personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas con capacidades especiales, con enfermedades catastróficas, tendrán programas específicos que atiendan a las necesidades propias de cada grupo.

Artículo 50. Conformación del equipo técnico de tratamiento.- En cada centro de privación de libertad se conformara un equipo técnico de tratamiento que estará integrado por los responsables profesionales de las áreas técnicas del plan individualizado de cumplimiento de la pena según los niveles de seguridad.

Artículo 51. Ejes del tratamiento.- El tratamiento de las personas privadas de libertad tiene los siguientes ejes: laboral, educación, cultura, deporte, salud, vinculación familiar y social y reinserción; que serán ejecutados según los niveles de seguridad. Cada uno de los ejes contará con un modelo de gestión en contextos penitenciarios que deberá ser elaborado y sustentado presupuestariamente por la cartera de Estado  correspondiente y aprobado por el Directorio del Organismo Técnico.

Artículo 52. Laboral.- La política pública laboral se ejecutará conjuntamente por las carteras de estado encargadas de los temas de trabajo, justicia y derechos humanos.

Esta área se encargara de promover el desarrollo de las personas privadas de libertad a través de formación y certificación laboral. El trabajo de la persona privada de libertad será remunerada conforme lo establece el código integral penal.

El objetivo de la gestión laboral será:

Generar oportunidades de reinserción laboral para personas privadas de libertad en igualdad de condiciones, por medio de implementación de planes, programas, sensibilización y proyectos en coordinación con las instituciones públicas y privadas, orientada a la rehabilitación, reinserción social; basado en el principio de no discriminación. Para la implementación de este efectivo los insumos a usarse serán emitidos por la cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos.

Las carteras de estado a cargo de los temas laborales y de justicia y derechos humanos elaboraran la normativa técnica necesaria para regular la relación laboral de las personas privadas de libertad.

Artículo 53. Educación.- La política pública educativa en los centros de rehabilitación social se ejecutará conjuntamente por las carteras de estado encargadas de los temas de educación, y justicia y derechos humanos.

Los niveles de educación básica y bachillerato son obligatorios para todas las personas privadas de libertad que no hayan aprobado con anterioridad esos niveles. La autoridad educativa nacional es responsable de la prestación de los servicios educativos al interior de los centros de privación de libertad.

La oferta educativa para personas privadas de la libertad se implementará de conformidad a las metodologías educativas y niveles de seguridad de los Centros que se generen o existan para grupos de personas de atención prioritaria por parte de la Autoridad Nacional Educativa, en coordinación con las unidades administrativas centrales de la cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos y las administraciones de cada uno de los Centros.

La oferta educativa se enmarcará en los siguientes objetivos:

Brindar una educación integral a las personas privadas de la libertad considerándolos así partícipes activos del proceso educativo nacional;

Fomentar la igualdad de acceso a la educación y la erradicación del analfabetismo, rigiéndose por los  principios de unidad, continuidad, secuencia, flexibilidad y permanencia;

Desarrollar la capacidad física, intelectual, creadora y crítica de las personas privadas de la libertad, respetando su identidad personal;

Propiciar el cabal conocimiento de la realidad nacional para lograr su reintegración a la sociedad, contribuyendo a su proceso de reinserción social y económica; y,

Estimular y fomentar el espíritu de investigación, la actividad creadora y responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el sentido de cooperación social.

Los centros de rehabilitación social deberán contar con condiciones adecuadas para la prestación del servicio educativo; considérese como condiciones mínimas las siguientes: aulas, pupitres, pizarras e insumos didácticos para docentes y estudiantes, mismos que deberán ser suficientes para el número de personas privadas de la libertad que vayan a participar de la oferta educativa existente.

La Administración de cada uno de los centros de Rehabilitación Social será la responsable de promover la participación y articulación para el ingreso de las personas privadas de la libertad a los programas educativos que se implemente en cada uno de los Centros.

La cartera de estado encargada de los temas de justicia y derechos humanos será la encargada de coordinar con el ente rector de educación superior, el desarrollo de la oferta de educación, así como la suscripción de convenios con establecimientos de educación superior para la implementación de programas de formación para las personas privadas de libertad.

Artículo 54. Cultura.- La política pública cultural en los centros de rehabilitación social se ejecutará conjuntamente por las carteras de estado encargadas de los temas de cultura y patrimonio, y justicia y derechos humanos.

La política pública de cultura para las personas privadas de libertad y para la gestión de los centros de privación de libertad, bajo los principios que orientan el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, se ajustará a las siguientes directrices:

Considerará al arte y la creatividad individual y colectiva, como proceso de producción de expresiones culturales y de acceso a bienes y servicios culturales por parte de las personas privadas de libertad y de quienes administran su custodia, como fundamentales en el sistema nacional de rehabilitación social;

Fomentará que la gestión de los centros de privación de libertad mantenga condiciones necesarias para que las personas privadas de libertad y los colectivos que éstas constituyan puedan formar y mantener su propia identidad cultural mediante su apoyo técnico; decidan sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y lo  expresen; organicen emprendimientos culturales, difundan sus producciones y se beneficien moral y económicamente de sus resultados; tengan acceso a bienes y servicios culturales sin otras restricciones que no sean las legalmente establecidas; y puedan desarrollar en apego a su libertad estética, sus actividades artísticas, artesanales y culturales en general en distintas disciplinas;

Fomentará el acceso de las personas privadas de libertad y de quienes tienen a su cargo su custodia a la información sobre el patrimonio cultural, memoria social, artes, creatividad, investigación y producción;

Se diseñarán planes y proyectos de capacitación y asesoría artística y cultural, cuya continuidad y diversidad permita, en plazos razonables, obtener resultados de reconocida calidad como elemento de enriquecimiento de las identidades personales de quienes se encuentran privados de la libertad y como sustento de su proceso de reinserción social, y;

Al interior del Sistema de Rehabilitación Social, se establecerá un esquema nacional de reconocimiento artístico y creativo, articulado con el sistema nacional correspondiente.

Artículo 55. Deporte. La política pública deportiva en los centros de rehabilitación social se ejecutará conjuntamente por las carteras de estado encargadas de los temas de deporte, y justicia y derechos humanos.

Cada centro de privación de libertad identificará las necesidades básicas que posean las personas privadas de libertad en materia deportiva y programará las actividades que haya desarrollado la cartera de estado encargada de los tema del deporte, educación física y recreación a través de planes, proyectos o programas a ejecutarse dentro de estos centros.

Estos programas o proyectos desarrollados por la cartera de estado encargada de los demás del deporte, educación física y recreación se sustentarán en los siguientes ejes de ejecución:

Actualización del Sistema Nacional de Información Deportiva que integre registros de las organizaciones, deportistas y eventos deportivos que se desarrollen dentro de los centros de privación de libertad;

Establecer el marco regulatorio en el área de la práctica de la cultura física, la infraestructura y la implementación deportiva, y vigilar su cumplimiento;

Generar condiciones y capacidades para el incremento de la actividad deportiva en el interior de los centros de privación de libertad;

Establecer e implementar los lineamientos técnicos para la selección de los mejores deportistas en las distintas disciplinas;

Fomentar la masificación de la educación física al interior de los centros de privación de libertad y la participación de eventos deportivos incluyendo a los hijos, hijas y familias de las personas privadas de libertad, y;

Promover en la población privada de libertad el uso del tiempo libre en la práctica del deporte y la actividad física, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, con un enfoque de interculturalidad y de inclusión de los grupos de atención prioritaria.

Cada centro de privación de libertad estará en la obligación de llevar un registro físico y digital de las condiciones física de cada uno de las personas privadas de libertad que participen en las prácticas deportivas y así mismo registrará su participación.

Artículo 56. Salud Integral.- La política pública de salud integral en los centros de rehabilitación social se ejecutará conjuntamente por las carteras de estado encargadas de los temas de salud, y justicia y derechos humanos.

El Ministerio encargado de los asuntos de salud, es el responsable de desarrollar y ejecutar los planes, programas, proyectos y actividades de promoción, prevención y tratamiento de la salud integral de las personas privadas de libertad, así como prestaciones complementarias derivadas de esta atención conforme establece el modelo de salud en contextos penitenciarios el cual está en concordancia con el Modelo de Atención Integral de Salud y en coordinación con el Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

Artículo 57. Vinculación familiar y social.- Las áreas de trabajo social de los respectivos Centros serán las encargadas de identificar las condiciones individuales, sociales y familiares de las PPL, para ello deberán conocer y registrar su estructura y entorno familiar y social e identificar las necesidades de atención específicas que se requieran. El equipo técnico de tratamiento de los centros de privación de libertad, coordinará el cumplimiento de los siguientes programas:

Espacios de terapia grupal y/o familiar;

Asesoría y remisión psico-sociales;

Información y capacitación legal;

Ejecución y seguimiento de planes, programas y proyectos a favor de los hijos, hijas y familias de las personas privadas de libertad;

Información y capacitación sobre mecanismos para la resolución de conflictos; y,

Y demás actividades y programas a cargo de las diferentes carteras de estado.

Para la atención psico-social de situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes o la vulnerabilidad de las familias de las personas privadas de libertad por situaciones de pobreza y pobreza extrema, coordinarán con el ministerio responsable de la Inclusión Social y otros del área social para proveer los servicios que sean necesarios para atender estas  condiciones de acuerdo a sus competencias y políticas institucionales.

Las entidades públicas que integran el Organismo Técnico serán responsables de ejecutar la política social en torno al contexto de privación de libertad en coordinación con el ministerio responsable de los asuntos de justicia, de acuerdo a su normativa interna y competencias.

Artículo 58. Derechos Humanos.- La Defensoría del Pueblo cooperará con la cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos y las otras carteras de Estado que conforman el Organismo Técnico para que el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas del sistema de rehabilitación social tengan un enfoque de pleno respeto a los derechos humanos.

A través del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría del Pueblo se realizarán visitas con la finalidad de vigilar las condiciones de los Centros de Rehabilitación Social, identificar posibles situaciones violatorias a los derechos fundamentales y recomendar a la Dirección del Centro; la cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos; y, el Organismo Técnico se tomen medidas para evitarlas o corregirlas.

Durante las visitas el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Defensoría actuará conforme al Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

SECCION II

EVALUACIÓN DE LA CONVIVENCIA Y

EJECUCIÓN DEL PLAN INDIVIDUALIZADO DE

CUMPLIMIENTO DE LA PENA

Artículo 59. Parámetros.- La evaluación y calificación de la convivencia y ejecución del plan individualizado de cumplimiento de la pena se harán de acuerdo a los porcentajes establecidos en la norma técnica correspondiente y a los siguientes parámetros:

Conducta.- Se evaluará la presentación personal, higiene y aseo, orden y limpieza de la celda, espacios físicos y áreas verdes del Centro, colaboración en las tareas asignadas.

Disciplina.- Se evaluará el cumplimiento de las normas reglamentarias, disposiciones, derechos y obligaciones. En caso de cometimiento de faltas disciplinarias se reducirán puntos acorde a la norma técnica respectiva.

Cumplimiento del plan individualizado de la pena.- Se evaluará la asistencia, actitud, cooperación y participación en las actividades programadas en cada una de las áreas determinadas a ejecutarse en el plan individualizado de la pena, según la norma técnica correspondiente.

4.             Relaciones interpersonales.- Se evaluará la asistencia a  terapias individuales o grupales, buenas relaciones, respeto y cooperación entre los y las compañeros de celda y nivel de seguridad, cumplimiento de los horarios y los reglamentos establecidos en el centro de rehabilitación social, comportamiento de la persona privada de libertad con visitas, servidores públicos,  personas privadas de libertad y otras personas que ingresen al Centro.

Artículo 60. Escalas de calificación.- La calificación se determinará de acuerdo a la siguiente tabla:


No.

Tipo de Convivencia

Calificación             Rango de Puntuación

1

Óptima

A             9 a 10

2

Muy Buena

B             7 a 8

3

Buena

C             5 a 6

4

Regular

D             3 a 4

5

Mala

E              1 a 2


Artículo 61. Alcance.- La calificación del plan individualizado de cumplimiento de la pena se realizará a partir del tercer mes de su ingreso al Centro.

Artículo 62. Responsables.- El personal autorizado para realizar las calificaciones estipuladas, será el equipo técnico de cada nivel de seguridad. El coordinador de cada nivel de seguridad convocará cada seis meses al equipo técnico para calificar la convivencia y ejecución del plan individualizado de cumplimiento de la pena de cada persona privada de libertad con los informes y partes disciplinarios de las áreas correspondientes.

Artículo 63. Calificación.- La calificación del cumplimiento del plan individualizado de cumplimiento de la pena se sustentará con los informes y reportes de cada una de las áreas del equipo técnico y los partes disciplinarios del equipo de seguridad y vigilancia. La ficha reposará en la carpeta de cada persona privada de libertad la cual será obligatoriamente notificada.

CAPÍTULO III

FASE DE INCLUSIÓN SOCIAL

Artículo 64. Objeto.- La fase de inclusión social tiene por objeto la inclusión progresiva de la persona privada de libertad en la sociedad, a través de los regímenes semiabierto y abierto.

La cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos, a través de la autoridad correspondiente, será el encargado de vigilar, controlar y monitorear el cumplimiento de los regímenes semiabierto y abierto, de acuerdo a la norma técnica correspondiente.

SECCION I

DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL RÉGIMEN

SEMIABIERTO Y ABIERTO

Artículo 65. Régimen Semiabierto.- Este régimen permite a la persona sentenciada desarrollar actividades fuera del centro de rehabilitación, durante el cumplimiento de la pena.

La persona deberá presentarse en el centro de rehabilitación social más cercano al lugar de su residencia, al menos una vez por semana, de acuerdo a lo que establezca la o el juez de garantías penitenciarias.

La máxima autoridad del Centro o la persona privada de libertad solicitarán al juez competente el acceso a este régimen, siempre que concurran los siguientes requisitos:

Cumplir al menos el sesenta por ciento de la pena;

Obtener una certificación en la que conste el promedio de las tres últimas evaluaciones de la calificación de convivencia y ejecución de plan individualizado de cumplimiento de la pena, de al menos 5 puntos (buena), emitido por el equipo técnico;

Obtener certificación de no haber cometido faltas graves o gravísimas, en los últimos 6 meses, emitido por el equipo técnico;

Presentar documentos que acrediten que en el medio libre tendrá una actividad productiva y/o remunerada o de beneficio social. El área de trabajo social será la responsable de la verificación y seguimiento de esta actividad;

Encontrarse en nivel de mínima seguridad; y,

Obtener certificado del equipo de trabajo social de la constatación del lugar de domicilio.

Artículo 66. Régimen Abierto.- Este régimen procura la inclusión y reinserción social del sentenciado, habilitándole a convivir en un entorno social y familiar. La persona deberá  presentarse en el Centro de Rehabilitación Social del lugar más cercano de residencia al menos una vez al mes de acuerdo lo que establezca la o el Juez de Garantías Penitenciarias.

Los requisitos para solicitar el cambio a este régimen son:

Cumplir al menos el ochenta por ciento de la pena;

Obtener el certificado de haber cumplido satisfactoriamente el régimen semiabierto, emitido por el equipo técnico;

Presentar documentos que acrediten que en el medio libre tendrá una actividad productiva y/o remunerada o de beneficio social. El área de trabajo social será la responsable de la verificación y seguimiento de esta actividad; y,

Obtener certificado del equipo de trabajo social de la constatación del lugar de domicilio.

Artículo 67. De la certificación de cumplimiento de requisitos para acceder a regímenes semiabierto y abierto.- La cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos a través de una comisión especializada, emitirá una certificación de cumplimiento de requisitos para acceder a los regímenes semiabierto y abierto, que se enviará por parte del Director del centro de rehabilitación social, a los jueces de garantías penitenciarias para su resolución mediante el trámite correspondiente.

La comisión especializada podrá solicitar a los equipos técnicos de tratamiento correspondientes, la información que considere necesaria para fundamentar la certificación de cumplimiento de requisitos.

CAPÍTULO IV

FASE DE APOYO A LIBERADOS

Artículo 68. Apoyo a liberados.- El equipo técnico de reinserción social y apoyo a liberados gestionará, coordinará y dará seguimiento a la ejecución del plan de salida de la persona liberada mediante actividades productivas, educativas, familiares, culturales, deportivas, recreativas, de capacitación, entre otras, de manera coordinada con las entidades que conforman el Organismo Técnico y otras instituciones públicas o privadas.

CAPÍTULO IV

DE LA UBICACIÓN POBLACIONAL POR NIVEL

DE SEGURIDAD

Artículo 69. De los niveles de seguridad.- Con el fin de llevar a cabo el tratamiento individualizado de la persona privada de libertad, se realizará una distribución poblacional, según los siguientes niveles de seguridad:

Mínima;

Media; y,

Máxima seguridad.

Las características de cada nivel de seguridad, además de las previstas en este reglamento se desarrollarán en normas técnicas, de conformidad con las normas del Código Orgánico Integral Penal.

Artículo 70. De las actividades.- En los niveles de seguridad mínima, media y máxima, se desarrollarán actividades educativas, laborales, culturales, deportivas, de cultura física, de salud y de vinculación familiar y social, con las limitaciones propias de cada nivel, según lo dispuesto en este reglamento y la norma técnica correspondiente.

Artículo 71. De las actividades de trabajo.- Las personas privadas de libertad podrán desarrollar actividades de trabajo de carácter artesanal, intelectual, artístico, de manufactura o productivo, de acuerdo a sus conocimientos, capacidades y habilidades, con las limitaciones propias de cada nivel de seguridad. Adicionalmente, podrán prestar servicios auxiliares al interior de los centros de privación de libertad, en actividades relacionadas con la limpieza de los espacios comunales del Centro, en la preparación de alimentos para las personas privadas de libertad y el mantenimiento de la infraestructura, patios, jardines y otras, en el nivel de seguridad en el que se encuentre ubicado la persona.

Para el caso de máxima seguridad, las actividades de trabajo se podrán desarrollar previo informe emitido por el equipo técnico de tratamiento según corresponda. En cada centro de privación de libertad.

Artículo 72.- De las visitas según los niveles de seguridad.- Las visitas en los niveles de seguridad mínima, media y máxima, se desarrollarán de acuerdo a las siguientes reglas:

Mínima seguridad: Visita íntima dos veces al mes y tres visitas familiares mensuales.

Media seguridad: Visita íntima una vez al mes y dos visitas familiares al mes.

Máxima seguridad: Visita íntima cada cuarenta días y una visita familiar al mes.

La cartera de estado encargada de los temas de justicia y derechos humanos será la encargada de determinar el cronograma de visita familiar e íntima, que serán informados oportunamente, mediante los canales más adecuados para su difusión.

Artículo 73. De la ubicación en los niveles de seguridad.- La clasificación de inicio en los niveles de seguridad, se realizará con base en los siguientes parámetros: delito, sentencia, connotación social y tiempo de la pena.

SECCIÓN PRIMERA

SISTEMA DE PROGRESIVIDAD EN LOS NIVELES

DE SEGURIDAD

Artículo 74. Sistema progresivo.- La ejecución de la pena se regirá por el sistema de progresividad, que es el conjunto de etapas que permiten analizar, desarrollar y promover el avance, como también el retroceso de la persona privada de libertad, durante el proceso de rehabilitación social.

Artículo 75. Requisitos para progresar del nivel de máxima a media seguridad.- Los requisitos para progresar del nivel de máxima a media seguridad son:

Haber cumplido al menos el treinta por ciento de la pena.

Haber obtenido una calificación mínima promedio de B (7 puntos) en el cumplimiento del plan individualizado de la pena, emitido por equipo técnico

Certificado de no haber sido sancionado por faltas graves o gravísimas, emitido por el equipo técnico de tratamiento.

No haber sido sentenciado por nuevo delito cometido durante el cumplimiento de la pena.

Artículo 76. Requisitos para progresar del nivel de media a mínima seguridad.- Los requisitos para progresar del nivel de media a mínima seguridad son:

Haber cumplido al menos el treinta por ciento de la pena;

Haber obtenido una calificación mínima promedio de B (7 puntos) en el cumplimiento del plan individualizado de la pena, emitido por el equipo técnico.

Certificado de no haber sido sancionado por faltas graves o gravísimas, emitido por el equipo técnico; y,

No haber sido sentenciado por nuevo delito cometido durante el cumplimiento de la pena.

Artículo 77.- Información.- Todas las personas privadas de libertad deben ser informadas, respecto a su avance, permanencia o retroceso en el sistema.

Artículo 78.- Regresión.- La persona privada de libertad retrocederá en los niveles de seguridad, cuando su calificación de convivencia y cumplimiento del plan individualizado de la pena en promedio, sea de C, D o E (menor a 7 puntos). En los casos en que el equipo técnico debiera realizar una nueva evaluación por haberse cometido una infracción penal o falta disciplinaria, esta será considerada a efectos de aplicar la regresión en los niveles de seguridad.

Toda persona privada de libertad que sea sentenciada por el cometimiento de una infracción penal al interior de los centros de privación de libertad, estará sujeta a regresión en los niveles de seguridad. El equipo técnico decidirá motivadamente el nivel  de seguridad reasignado.

Para el caso de las personas que se encuentran en máxima seguridad se suspenderá el servicio de economato entre uno y seis meses, previo informe del equipo técnico.

TÍTULO V

RÉGIMEN DE VISITAS

Artículo 79. De las relaciones familiares y sociales.- Las personas privadas provisionalmente de libertad podrán recibir visitas, una vez a la semana, a fin de no interrumpir las relaciones con la familia o cualquier otra persona que estime conveniente.

La persona privada de libertad que cumple una sentencia podrá ser visitada, según los niveles de seguridad.

El ingreso de menores de edad será autorizado cuando éste sea acompañado de padre, madre o tutor. Para los casos de acompañamiento de otro adulto responsable, será obligatoria la presentación de una autorización del padre, madre o tutor hacia el adulto acompañante, o bien, una declaración juramentada del adulto acompañante que señale que el menor de edad está a su cuidado.

Se llevará un control estricto de las visitas, para lo cual se verificará que la persona conste en el listado de personas autorizadas para la visita y se llevará un registro que incluirá nombres completos, número de documento de identidad, pasaporte vigente o certificado de refugiado.

Las visitas familiares e íntimas se llevaran a cabo acorde a la norma técnica correspondiente.

Artículo 80. De las visitas extraordinarias.- Bajo circunstancias excepcionales, tales como familiares con residencia en el exterior, fallecimiento de familiar o persona con vínculo cercano con enfermedad grave, la persona privada de libertad podrá recibir visitas autorizadas por la máxima autoridad del centro, previo informe del equipo técnico que deberá justificar la necesidad. La visita extraordinaria será de un máximo de tres personas y por un tiempo que no podrá exceder las dos horas.

Artículo 81. De las visitas íntimas.- La persona privada provisionalmente de libertad que cumpla una orden de privación provisional de libertad mayor a tres meses, tendrá derecho a visitas íntimas, dos veces al mes, sin importar nacionalidad, sexo, preferencia sexual o identidad de género. La persona privada de libertad que se encuentre cumpliendo una sentencia tendrá derecho a visitas íntimas, según la norma técnica correspondiente y a los niveles de seguridad, en igualdad de condiciones sin importar nacionalidad, sexo o identidad de género. El Protocolo sanitario será establecido por el ministerio encargado de los temas de salud pública.

Las personas menores de edad no podrán ingresar a las visitas íntimas.

Artículo 82. Visita de abogado particular o defensor público.- La visita de abogados particulares o defensores públicos se realizará cualquier día de la semana, en los horarios establecidos y en las áreas designadas para el efecto. Los profesionales deberán acreditar identidad y presentar carnet o documento que acredite la autorización para el ejercicio legal de la profesión.

Se verificará que las o los abogados particulares consten en el listado autorizado por la persona privada de libertad.

En casos excepcionales la máxima autoridad del Centro autorizará el ingreso de abogados particulares o defensores públicos fuera de los horarios o días establecidos.

Artículo 83. Visita de personeros diplomáticos.- La visita de personeros diplomáticos se realizará dos veces al mes, en las áreas designadas para el efecto, para lo cual deberán presentar su pasaporte diplomático o documento que acredite su condición.

En casos excepcionales la máxima autoridad del Centro autorizará el ingreso de personeros diplomáticos fuera de los horarios o días establecidos.

Artículo 84. De los horarios de las visitas.- Los días, horarios y duración de las visitas, serán regulados en la norma técnica correspondiente. Están prohibidas las visitas nocturnas.

Artículo 85. De los derechos de las visitas.- Sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador y otras disposiciones legales, las personas que visitan a las personas privadas de libertad tienen los siguientes derechos:

Recibir información clara y oportuna del procedimiento, los días y horarios de visitas;

Recibir información del listado de bienes u objetos ilícitos y prohibidos de ingresar al Centro;

A ser tratadas con respeto y dignidad; y,

Trato preferente en el caso de las mujeres embarazadas, en período de lactancia, personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes, enfermedades catastróficas o de alta complejidad y/o personas con discapacidad en especial aquellas en condición de doble o mayor vulnerabilidad.

Artículo 86. De las obligaciones de las visitas.- Las personas que visiten a las personas privadas de libertad, tendrán las siguientes obligaciones:

Acatar y cumplir la normativa legal, reglamentaria, normativa técnica y disposiciones de las autoridades, que regulan el Centro;

Registrar su ingreso;

Presentar la cédula de ciudadanía, pasaporte vigente, solicitud o visa de refugio legible y vigente;

4.             Las personas que utilicen pañales, toallas sanitarias u otros productos de similares características, deberán reemplazar por uno nuevo proporcionado por el Centro;

No encontrarse bajo los efectos del alcohol, drogas o sustancias catalogadas sujetas a fiscalización;

No ingresar objetos ilícitos y prohibidos;

Permanecer exclusivamente en las áreas destinadas para la visita;

Respetar el horario de visita establecido; y,

Respetar a las autoridades, funcionarios administrativos, de seguridad, técnicos del Centro; así como a las otras visitas y a las personas privadas de libertad.

Artículo 87. Incumplimiento de las obligaciones de las personas que visitan.- Las personas que ingresen al Centro en calidad de visitas que incumplan con las obligaciones del artículo anterior, serán retiradas del Centro y se prohibirá su ingreso a todos los centros de privación de libertad del país acorde a la norma técnica correspondiente. En caso de un presunto delito se procederá conforme a lo dispuesto en la normativa penal vigente.

TÍTULO VI

DE LA DISCIPLINA Y SEGURIDAD EN LOS

CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

CAPÍTULO I

DEL REGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 88. Régimen disciplinario.- Las faltas y el procedimiento para su juzgamiento están previstos en los artículos 721 al 726 del Código Orgánico Integral Penal.

La potestad disciplinaria en los Centros corresponde a la máxima autoridad del Centro con sujeción estricta a la Constitución, la Ley y este Reglamento.

Artículo 89. Determinación de sanciones.- La imposición de sanciones por el cometimiento de faltas disciplinarias será la siguiente:

La sanción de restricción del tiempo de la visita familiar consiste en la reducción de una visita en el mes subsiguiente al de la resolución;

La sanción de restricción de las comunicaciones externas consiste en la prohibición de envío de correspondencia escrita, durante sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la resolución;


La sanción de restricción de llamadas telefónicas consiste en la reducción de la frecuencia de llamadas telefónicas al cincuenta por ciento (50%) durante el mes subsiguiente al de la resolución; y,

La sanción de sometimiento al régimen de máxima seguridad consiste en la reubicación de la persona en el nivel de máxima seguridad, por un período de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la fecha de la resolución. La progresión al nivel de media seguridad se realizará previo informe del equipo técnico.

Las sanciones se ejecutarán a partir de la fecha en que la resolución cause ejecutoria.

Artículo 90. De las sanciones.- El cometimiento de faltas leves, dará lugar a la imposición de la sanción de restricción de comunicaciones externas. El cometimiento de una nueva falta de la misma clase en un período de 180 días consecutivos contados desde el cometimiento de la primera falta, dará lugar a la imposición de las sanciones de restricción de comunicaciones externas y restricción del tiempo de la visita familiar.

El cometimiento de faltas graves, dará lugar a la imposición de la sanción de restricción de llamadas telefónicas. El cometimiento de una nueva falta de la misma clase en un período de 180 días consecutivos contados desde el cometimiento de la primera falta, dará lugar a la imposición de las sanciones de restricción de llamadas telefónicas y restricción del tiempo de la visita familiar. Para el caso de los numerales 2, 8 y 9 del artículo 723 del Código Orgánico Integral Penal, la sanción será la de sometimiento a régimen de máxima seguridad y, en caso de cometer una nueva falta de la misma clase en un período de 180 días contados desde el cometimiento de la primera falta, la sanción será de sometimiento a régimen de máxima seguridad y restricción del tiempo de visita familiar.

El cometimiento de faltas gravísimas, dará lugar a la imposición de la sanción de restricción del tiempo de la visita familiar. El cometimiento de una nueva falta de la misma clase en un período de 180 días consecutivos contados desde el cometimiento de la primera falta, dará lugar a la imposición de las sanciones de restricción del tiempo de la visita familiar y sometimiento al régimen de máxima seguridad.

Artículo 91. Procedimiento.- El procedimiento para sancionar las faltas disciplinarias cometidas por las personas privadas de libertad, será oral y respetará los principios y garantías del debido proceso. Se dejará constancia por escrito mediante extracto de las principales actuaciones del procedimiento.

Artículo 92. Competencia.- La máxima autoridad del centro de privación de libertad es competente para resolver y sancionar la comisión de faltas disciplinarias cometidas por personas privadas de libertad.

Artículo 93. Inicio del procedimiento.- El procedimiento disciplinario iniciará con la denuncia o el parte de seguridad  sobre el presunto cometimiento de una falta disciplinaria, ante la máxima autoridad del Centro.

Una vez conocido el hecho, en un término no mayor a tres días, la máxima autoridad del Centro dictará auto inicial en el que, además, nombrará una o un secretario ad hoc, que será una o un profesional del Derecho y se convocará a la audiencia de contestación, prueba y juzgamiento.

Con el auto inicial, la o el secretario ad hoc, dentro de las siguientes veinte y cuatro horas, notificará a la o las personas privadas de libertad involucradas.

Se notificará, además, a la o el tutor de la persona privada de libertad, si lo hubiere.

Artículo 94. Audiencia.- En la audiencia, la persona privada de libertad dará contestación, presentará y sustentarán las pruebas de cargo y de descargo de las que se crean asistidas. En la audiencia deberá comparecer con un abogado defensor público o privado.

De no comparecer a la diligencia de audiencia incurrirá en rebeldía, hecho que no suspenderá la continuidad del proceso.

La o las personas privadas de libertad involucradas, la persona denunciante o el agente de seguridad que elaboró el parte, podrán aportar con elementos probatorios o solicitar la práctica de pruebas. En caso de no haberse formulado criterio respecto a los criterios expuestos, el director del Centro suspenderá la audiencia a fin de que se practiquen las pruebas necesarias, luego de lo cual se reinstalará a fin de que continúe el proceso; suspensión que no podrá exceder el termino de tres días.

De la audiencia, se dejará constancia por escrito, mediante acta sucinta que contendrá un extracto de lo actuado en la misma, la que deberá estar suscrita por la máxima autoridad del Centro, las personas involucradas si quisieran suscribirla, y el secretario ad hoc, quien certificará la práctica de la misma.

Artículo 95. Resolución.- Concluida la audiencia, la máxima autoridad resolverá de manera motivada, dejando constancia por escrito de los hechos, la falta y la sanción impuesta.

Artículo 96. Registro.- La resolución sancionatoria se adjuntará al expediente de la persona privada de libertad.

Si la resolución fuese ratificatoria de inocencia, se dispondrá el archivo del procedimiento, sin dejar constancia en el expediente de la persona privada de libertad.

Artículo 97. Impugnación.- La resolución podrá ser impugnada ante la o el juez de garantías penitenciarias, dentro del término de tres días.

Artículo 98. Infracciones penales.- En los casos en que se presuma la comisión de una infracción penal, se resguardará el lugar de los hechos y se procederá conforme lo establecido en el Código Orgánico Integral Penal.

Artículo 99. Prevención y gestión alternativa de conflictos.- Con la finalidad de evitar o prevenir faltas disciplinarias, alteraciones al orden, o gestionar la conflictividad al interior de los centros de privación de libertad, se procurará la aplicación de métodos alternativos de solución de conflictos, para lo cual existirá personal capacitado. Se someterán a estos mecanismos solamente aquellos conflictos que versen sobre asuntos de carácter transigible.

Las personas privadas de libertad podrán solicitar de manera voluntaria su aplicación, bajo el principio de confidencialidad.

CAPÍTULO II

DE LA SEGURIDAD DE LOS CENTROS

Artículo 100. Los objetos prohibidos.- Son objetos prohibidos: objetos duros y contundentes, punzantes, corto punzantes, dinero, joyas y metales preciosos, tarjetas bancarias, cheques, cigarrillos, sustancias químicas, pegantes, bienes u objetos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir, objetos de valor, equipos o dispositivos con capacidad para transmitir datos, cámaras fotográficas, filmadoras y cualquier dispositivo con capacidad de reproducir, registrar o transmitir imágenes estáticas y en movimiento y/o sonidos.

Se prohíbe el ingreso de alimentos, bienes de uso y consumo y prendas de vestir en los centros de privación de libertad, excepto en aquellos en donde no están implementados los economatos.

El ingreso de equipos o dispositivos con capacidad para transmitir datos, cámaras fotográficas, filmadoras y cualquier dispositivo con capacidad de reproducir, registrar o transmitir imágenes estáticas y en movimiento y/o sonidos, deberá ser autorizado por viceministerio de rehabilitación social de la cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos.

Artículo 101. De la retención de objetos prohibidos.- En caso de que se detecten objetos prohibidos al ingreso del Centro, el personal de seguridad levantará un acta con el detalle de los mismos, que será suscrita por la persona detenida y la o el funcionario administrativo responsable de su custodia temporal. La persona y los objetos serán puestos a disposición de la autoridad correspondiente.

Artículo 102. De la seguridad externa.- La seguridad perimetral de los centros de privación de libertad será responsabilidad de la Policía Nacional, según la norma técnica correspondiente.

Artículo 103. De la seguridad interna.- La seguridad interna de los centros de privación de libertad es responsabilidad del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria.

Los agentes de seguridad penitenciaria deberán estar uniformados y provistos al menos de un chaleco de seguridad, cinto y esposas.

La seguridad de los Centros se regirá por un modelo de tres anillos de seguridad, según la norma técnica correspondiente.

Artículo 104. Del uso progresivo de la fuerza.- El personal de seguridad penitenciaria y la Policía Nacional emplearán la fuerza y otros medios coercitivos por el tiempo y en la medida indispensable para garantizar la seguridad, el orden interno, la protección de los derechos fundamentales de la población privada de libertad, del personal y de las visitas. Se regirá por los principios de legalidad, necesidad, oportunidad, proporcionalidad, gradualidad y progresividad.

En toda circunstancia, el uso de la fuerza, de armas de fuego o de cualquier otro medio o método utilizado en casos de violencia o situaciones de emergencia, será objeto de supervisión de la autoridad competente.

El uso de la fuerza e instrumentos de coerción deberán ser evaluados por el Organismo Técnico. En caso de existir aparente extralimitación, se remitirá, además, el expediente a la Fiscalía.

Artículo 105. De la armería.- En cada centro de privación de libertad existirá una sección reservada para las armas e implementos de seguridad, que se encontrará en el perímetro exterior del mismo, de conformidad a sus niveles de seguridad, infraestructura y población. Esta sección estará a cargo de personal especializado que deberá llevar un control riguroso del número y estado de armas, municiones e implementos, recepción y entrega de los mismos y la coordinación para su mantenimiento o remplazo, de ser el caso.

Artículo 106. De los operativos de requisa.- El operativo consiste en la inspección exhaustiva de cualquier espacio físico del Centro y de las personas privadas de libertad. Deberá realizarse con estricto respeto a los derechos humanos, guardando una proporcionalidad del uso de la fuerza y durará el tiempo estrictamente necesario.

Se procederá de manera preventiva y cuando exista una presunción de la existencia de cualquier objeto o sustancia que atente contra la seguridad del Centro y de las personas que se encuentran en su interior o quebrante gravemente el régimen disciplinario.

Los operativos de requisa serán dispuestos por la o el Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, o la máxima autoridad del centro de privación de libertad.

Para esta clase de operativos se solicitará la intervención de la fuerza pública y fiscalía.

Artículo 107. Cadena de custodia.- Se levantará un acta, suscrita por el responsable del operativo, en la que constarán los objetos prohibidos e ilícitos encontrados, los cuales quedarán sujetos a cadena de custodia hasta que sean entregados a la autoridad competente.

Artículo 108. Del registro al personal del centro y de los prestadores de servicios.-

El personal del Centro, las personas que prestan servicios al interior del mismo y cualquier otra persona, deberá sujetarse a los registros y filtros de seguridad del Centro.

Para el caso del personal diplomático se ejecutará la norma técnica correspondiente.

SECCIÓN PRIMERA

DE LAS MEDIDAS Y PENAS NO PRIVATIVAS DE

LIBERTAD

Artículo 109. De las medidas y penas no privativas de libertad.- El Organismo técnico por medio de la cartera de estado a cargo de los temas de justicia y derechos humanos será la responsable de la administración, ejecución, verificación y coordinación de las medidas cautelares que no impliquen privación de libertad, y las penas no privativas de libertad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: El Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos deberá en el plazo de 120 días, contados desde la publicación en el Registro Oficial del presente Reglamento, elaborar el Orgánico Funcional de los Centros de Privación de Libertad.

SEGUNDA: Las normas técnicas serán revisados y aprobados por el Organismo Técnico en un plazo de 120 días desde la publicación del presente reglamento.

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.

MINISTERIO DE JUSTICIA, DERECHOS HUMANOS Y CULTOS.- Certifico que la(s) foja(s) 1-30, es(son) fiel copia(s) del original del documento que reposa en los archivos de la Dirección de Secretaría General.- Fecha: 10 de febrero de 2016.- f.) Dra. Paola Carrera Izurieta, Directora de Secretaría General, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos.

No. 003-CB-IFTH-2015

EL COMITÉ DE BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS

DEL INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO

HUMANO

Considerando:

Que, el artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”.

Que, el artículo 27 ibídem establece que: “La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico,  en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar [...]”.

Que, los numerales 7 y 8 del artículo 47 ibídem establecen que: “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este grupo; 8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza específicos”.

Que, el artículo 48 ibídem establece que: “El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que aseguren: 1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación [...]”.

Que, el artículo 348 ibídem establece que: “La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. El Estado financiará la educación especial [...]”.

Que, el artículo 226 ibídem, dispone: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias […] Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.

Que, el artículo 5 literal i) del de la Ley Orgánica de Educación Superior, manifiesta que: “Son derechos de las y los estudiantes obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación superior”.

Que, el artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que: “Tanto la educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y  psicomotriz [...] Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con discapacidad, se justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los casos en que después de haber realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente sea imposible la inclusión”.

Que, el artículo 27 de la Ley Orgánica de Discapacidades establece que: “El Estado procurará que las personas con discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación, formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según el caso”.

Que, el artículo 28 ibídem establece que: “La autoridad educativa nacional implementará las medidas pertinentes, para promover la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales que requieran apoyos técnicotecnológicos y humanos, tales como personal especializado, temporales o permanentes y/o adaptaciones curriculares y de accesibilidad física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un establecimiento de educación escolarizada. Para el efecto, la autoridad educativa nacional formulará, emitirá y supervisará el cumplimiento de la normativa nacional que se actualizará todos los años e incluirá lineamientos para la atención de personas con necesidades educativas especiales, con énfasis en sugerencias pedagógicas para la atención educativa a cada tipo de discapacidad. Esta normativa será de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones educativas en el Sistema Educativo Nacional”.

Que, el artículo 38 ibídem establece que : “Aquellas personas con discapacidad en cuya localidad no exista un establecimiento educativo público con servicios adecuados para atender a sus necesidades educativas especiales podrán recibir del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo, becas y créditos educativos, a fin de que asistan a una institución educativa particular o fiscomisional que sí ofrezca los servicios adecuados, de conformidad con la normativa específica que se expida para el efecto [...]”.

Que, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, señala: “Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el órgano competente para hacerlo cuando así se lo considere conveniente. Se entenderá reformado tácitamente un acto normativo en la medida en que uno expedido con posterioridad contenga disposiciones contradictorias o diferentes al anterior. La derogación o reforma de una ley deja sin efecto al acto normativo que la regulaba. Así mismo, cuando se promulga una ley que establece normas incompatibles con un acto normativo  anterior éste pierde eficacia en todo cuanto resulte en contradicción con el nuevo texto legal”.

Que, la disposición Transitoria Vigésima Cuarta del Código Orgánico Monetario y Financiero, determina que: “El Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE, creado con la Ley Sustitutiva a la Ley del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, a partir de la vigencia de este Código dejará de operar y en su lugar mediante Decreto Ejecutivo, se creará la nueva institución pública encargada de la administración de becas, seguimiento y asesoría académica, perteneciente a la Función Ejecutiva, hasta tanto el Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, IECE, seguirá actuando conforme a su ley constitutiva”.

Que, mediante Decreto Ejecutivo Nro. 555, del 19 de enero de 2015, se crea el Instituto de Fomento al Talento Humano, como un organismo de derecho público, con personería jurídica, autonomía operativa financiera y administrativa, con patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, en cuyo artículo 2 literal b), se determinan las atribuciones del Instituto de Fomento al Talento Humano, las mismas que señalan lo siguiente: “b) Administrar las becas y ayudas económicas, otorgadas por el Estado ecuatoriano, gobiernos extranjeros, organismos internacionales, instituciones educativas nacionales o extranjeras”.

Que, el literal c) del artículo 43 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas del extinto Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, actual Instituto de Fomento al Talento Humano, establece como una de las funciones del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano: “Conocer y aprobar las bases de postulación de programas de becas y ayudas económicas, con sujeción a lo que establece la Ley Sustitutiva a la Ley del IECE y la Política Pública de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para el fomento del talento humano en Educación Superior, el presente Reglamento y más decisiones del Directorio del IECE”.

Que, mediante Acuerdo Nro. 2015-022, de 24 de febrero de 2015, el Secretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Econ. René Ramírez, nombró a la Mgs. Susana Toro Orellana como Directora Ejecutiva del Instituto de Fomento al Talento Humano.

Que, mediante Resolución Nro. 023-DIR-IECE-2012, de fecha 4 de mayo de 2012, el Directorio del extinto IECE aprobó el instructivo para la ejecución del Programa de Becas “Eloy Alfaro”, dirigido a ecuatorianos prioritariamente de escasos recursos económicos o pertenecientes a grupos vulnerables que demuestren buen rendimiento académico, de conformidad con los parámetros y el puntaje mínimo establecido en la convocatoria”. mediante Resolución Nro. 013-DIR-IECE-2013, de fecha 03 de julio de 2013, el Directorio del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas reformó la denominación del Programa de “Subprograma de Becas Nacionales- Educación Básica y Bachillerato”.

Que, mediante Acta Nro. 03-SEG-2014, de 17 de enero de  2014, el Comité de Becas y Ayudas Económicas aprobó las Bases de Postulación para el otorgamiento de Becas dentro del Subprograma de Becas Nacionales para Educación Básica y Bachillerato para Personas con Discapacidad en Instituciones Educativas Especializadas que Impartan Educación General Básica y de Bachillerato, reformadas mediante Acta Nro. 29-SEG-2014 de 30 de junio de 2014 y Resoluciones del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas Nro. 22-CB-IECE-2014 de 30 de julio de 2014 y Nro. 37-CBIECE- 2014 de 30 de octubre de 2014.

Que, en atención al Oficio Nro. MINEDUC-SEEI-2015- 00219-OF de 02 de octubre de 2015, se remite el Informe Técnico sobre las bases de postulación del Programa de becas nacionales para estudiantes con NEE asociadas a la discapacidad que concluye su análisis demostrando que el costo referencial unitario por mes en educación especializada corresponde a USD $428,03 dólares de los Estados Unidos de América; y para educación ordinaria inclusiva es de USD $214,27 dólares de los Estados Unidos de América. El mismo recomienda que se mantengan los costos mensuales, por cada tipo de discapacidad, establecidos en el análisis, así como que se revise anualmente las tablas de costo referencial por estudiante respecto del costo del servicio de Transporte y Alimentación, Equipamiento y Talento Humano respectivamente.

Que, de acuerdo al literal c) del artículo 43 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas se establece como una de las funciones del Comité de Becas y Ayudas Económicas del IECE: “Conocer y aprobar las bases de postulación de programas de becas y ayudas económicas, con sujeción a lo que establece la Ley Sustitutiva a la Ley del IECE, la Política Pública de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), para el fomento del talento humano en Educación Superior, el presente Reglamento y más decisiones del Directorio del IECE”.

Que, es necesario actualizar y armonizar la normatividad del Instituto de Fomento al Talento Humano, en materia de Becas.

Que, el Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento de Talento Humano, reunido el 30 de noviembre de 2015, de manera unánime, resolvió aprobar las Bases de Postulación de Becas Nacionales - subprograma nacional nivel básico y bachillerato para personas con discapacidad en instituciones educativas especializadas y de educación ordinaria inclusiva; y,

En uso de las atribuciones conferidas en el literal c) del artículo 43 del Reglamento de Becas y Ayudas Económicas del extinto Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, el artículo 99 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, y en estricto cumplimiento de lo que dispone el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador,

Resuelve:

Artículo 1.- Aprobar las siguientes Bases de Postulación de Becas Nacionales- Subprograma Nacional Nivel Básico y  Bachillerato para Personas con Discapacidad en Instituciones Educativas Especializadas y de Educación Ordinaria inclusiva:

BASES DE POSTULACIÓN DE BECAS

NACIONALES- SUBPROGRAMA NACIONAL

NIVEL BÁSICO Y BACHILLERATO PARA

PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN

INSTITUCIONES EDUCATIVAS ESPECIALIZADAS

Y DE EDUCACIÓN ORDINARIA INCLUSIVA

A. JUSTIFICACIÓN

El Instituto de Fomento al Talento Humano en cumplimiento a los principios de no discriminación, in dubio pro hominem, igualdad de oportunidades, responsabilidad social colectiva, celeridad, eficacia, interculturalidad, participación e inclusión, accesibilidad, atención prioritaria y protección de niños, niñas y adolescentes y demás personas con discapacidad; con el fin de asegurar la prevención, detección oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la Constitución de la República; se ha visto en la necesidad de expedir los parámetros dentro de los que deberá enmarcarse el proceso para el otorgamiento de financiamiento de becas a personas con discapacidad, para que realicen sus estudios de educación básica y bachillerato.

B. OBJETIVO

Implementar el Programa de Becas Nacionales -Subprograma Nacional Nivel Básico y Bachillerato para personas con discapacidad, con la finalidad de estructurar los procedimientos, condiciones, requisitos, plazos, términos para la selección, calificación, adjudicación y desembolso del financiamiento no reembolsable que el Instituto de Fomento al Talento Humano proporcionará a los/as estudiantes, a través de becas para estudios de nivel básico y bachillerato en instituciones especializadas e instituciones de educación regular u ordinaria inclusiva de sostenimiento fiscales, fiscomisionales, municipales y particulares del país; autorizadas por el ente rector del Sistema Nacional de Educación; para garantizar el acceso, permanencia y culminación de sus estudios dentro del Sistema Nacional de Educación, a fin de que obtengan educación, formación o capacitación a través de mecanismos de inclusión y equidad social.

C. BENEFICIARIOS

Los/as beneficiarios/as del Subprograma Nacional Nivel Básico y Bachillerato serán personas con algún tipo de discapacidad reconocida por la autoridad competente, ecuatorianos/as y extranjeros/as con residencia permanente en el país o en calidad de refugiado, que hayan sido admitidos en instituciones especializadas o instituciones de educación regular u ordinaria inclusiva, quienes hayan cumplido los requisitos mínimos de elegibilidad considerados en las presentes bases de postulación para iniciar o continuar sus estudios de nivel básico y bachillerato, respectivamente.

El Instituto de Fomento al Talento Humano, no podrá financiar  dos programas de becas del mismo nivel, de tal manera que los/as becarios/as del Subprograma Nacional Nivel Básico y Bachillerato para personas con discapacidad, en caso de querer optar por otra beca dentro del mismo programa, necesariamente deberá ser en un nivel superior al diploma o título anteriormente obtenido.

D. DEFINICIONES

Adjudicatario/a: Persona natural en goce de los derechos de ciudadanía ecuatoriana o extranjero/a residente permanente en el Ecuador o en calidad de refugiado, que tenga algún tipo de discapacidad reconocida por la autoridad competente, que tras haber cumplido con los requisitos necesarios de conformidad con el ordenamiento jurídico ha superado los procesos de postulación, calificación y selección, y se le ha adjudicado una beca o ayuda económica.

Administrador/a de beca: Persona natural en goce de los derechos de ciudadanía ecuatoriana o extranjero/a residente permanente en el Ecuador o en calidad de refugiado, encargada de destinar los fondos otorgados por el Instituto de Fomento al Talento Humano, para cubrir los rubros de cobertura por concepto de beca del/de la beneficiario/a, quién podrá comparecer por sus propios derechos o por imperio de la ley para la suscripción del contrato de financiamiento. Será obligatorio tener un/a administrador/a de beca para el/la beneficiario/a mayor de edad que no sea hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones; y será opcional para el/la beneficiario/a cuyos/as representantes legales o tutores/as lo designaren para la administración de los fondos.

Bases de postulación: Es el instrumento por el cual se especifica el objeto, características, modalidades, rubros, montos y condiciones del financiamiento para cada programa de becas o ayudas económicas.

Beca: Es la subvención total o parcial otorgada a ecuatorianos/as y extranjeros/as residentes permanentes en el Ecuador o en calidad de refugiado, por las instituciones del Sistema Nacional de Educación, del Sistema Nacional de Educación Superior, el Instituto de Fomento al Talento Humano, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, países cooperantes o entidades creadas para dicho fin, para que realicen estudios de nivel básico y bachillerato en instituciones autorizadas por el ente rector del Sistema Nacional de Educación.

Becario/a: Persona natural en goce de los derechos de ciudadanía ecuatoriana o extranjero/a residente permanentes en el Ecuador o en calidad de refugiado, que en calidad de postulante ha superado los procesos de postulación, calificación, selección, y que haya sido declarado/a adjudicatario/a de la beca otorgada por el Instituto de Fomento al Talento Humano para realizar sus


estudios en el Ecuador, una vez que haya suscrito el contrato de financiamiento correspondiente.

Beneficiario/a: Es el adjudicatario/a de una beca o ayuda económica que ha suscrito el contrato de financiamiento correspondiente.

Persona con discapacidad: Toda aquella persona que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y o asociativa para ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria.

Educación Especializada: La educación especial busca indagar sobre las metodologías apropiadas para el aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales (NEE) no son exclusivas de las personas con discapacidad, así como los educadores especiales no son docentes dedicados únicamente a la educación de personas con discapacidad. Todos los estudiantes que tengas problemas con los métodos regulares de enseñanza, con o sin discapacidad, tienen una NEE que puede ser atendida con métodos de educación no convencionales.

Educación Regular u Ordinaria Inclusiva: Esta es la oferta educativa mediante la cual los estudiantes con discapacidad asisten a instituciones educativas regulares (no especiales) y comparten un mismo entorno y conjunto de experiencias con otros estudiantes (aquellos sin discapacidad o con otros tipos de discapacidad) en todo momento, dentro y fuera del aula de clases. La educación inclusiva hace el aula regular, al igual que los contenidos impartidos y las experiencias colectivas, accesibles a todo tipo de estudiantes. Para ello, transforma el aula regular, por medio de ajustes razonables necesarios para que todos y todas puedan ser estudiantes activos dentro del aula.

Postulante: Persona natural en goce de los derechos de ciudadanía de nacionalidad ecuatoriana o extranjero/a residente permanente en el Ecuador o en calidad de refugiado, que se somete al proceso de postulación, calificación, y selección, establecidos por el Instituto de Fomento al Talento Humano, previo a la adjudicación de una beca. La calidad de postulante no le otorga más derechos que los de acceder y participar en los referidos procesos para el otorgamiento de una beca y no le aseguran la adjudicación de la misma, ni genera obligación alguna por parte del Instituto de Fomento al Talento Humano.

Rubros: Son los componentes de financiamiento que se otorgan por concepto de beca con sus respectivos valores máximos, establecidos en las presentes bases de postulación.

Quintiles: Son los valores que dividen el conjunto de  casos en cinco partes iguales o quintos, de manera tal que cada quinta parte contiene exactamente el mismo número de casos. Se usa esta medida para clasificar los hogares según su ingreso; es decir, dividir los hogares en cinco grupos según el monto total de sus ingresos mensuales de menor a mayor. Esta clasificación se usa de manera implícita en muchos de los indicadores sobre desigualdad y pobreza.

E.             LISTADO DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA Y EDUCACIÓN ORDINARIA INCLUSIVA

La lista de instituciones de educación especializada y educación ordinaria inclusiva de sostenimiento fiscal, fiscomisional, municipal y particular a nivel nacional, será publicada por el Instituto de Fomento al Talento Humano, y será actualizada conforme los requerimientos realizados por el Instituto, en base a la lista de instituciones que proporcione el ente rector del Sistema Nacional de Educación.

El listado de instituciones que será publicado por el Instituto de Fomento al Talento Humano en su página web y que consta en  el Anexo 1 rige para las adjudicaciones de beca a partir de enero de 2014.

F. FINANCIAMIENTO.-

El Subprograma Nacional Nivel Básico y Bachillerato para personas con discapacidad financiará estudios de nivel básico y nivel bachillerato, por medio de una beca total o parcial para cubrir los rubros de colegiatura, equipamiento, alimentación y transporte, de acuerdo al tipo de discapacidad y al estudio socioeconómico del grupo familiar del postulante realizado por el Instituto de Fomento al Talento Humano.

El Instituto de Fomento al Talento Humano realizará este estudio en base a los costos de la educación especializada y de la educación ordinaria inclusiva determinados por el ente rector del Sistema Nacional de Educación, y a los puntos que se asignen a la postulación, según las tablas de criterios de selección (porcentaje de discapacidad y quintiles que resulten del valor correspondiente al Salario Básico Unificado (SBU) vigente previsto en la ley), para el año en 2015.

Los programas de estudios financiados son los siguientes:


TABLA 1: MONTOS DE COBERTURA Y TIEMPO DE FINANCIAMIENTO

PROGRAMA

MODALIDAD

MONTO MÁXIMO DE COBERTURA

DURACIÓN MÁXIMA

Nivel Básico en Educación Especializada

Presencial

US$ 53.960,40*

10  años

Nivel Básico en Educación Ordinaria Inclusiva

Presencial

US$ 25.712,40*

10 años

Nivel Bachillerato en Educación Especializada

Presencial

US$ 32.376,24*

6 años

Nivel Bachillerato en Educación Ordinaria Inclusiva

Presencial

US$ 15.427,44*

6 años

*Para la educación especializada este valor se obtiene del promedio mensual de costos de talento humano, equipamiento, transporte y alimentación de los seis tipos de discapacidad (US$ 449,67) con proyección a diez y seis (16) años respectivamente, como un monto máximo de cobertura para los diferentes programas de estudio.

*Para la educación ordinaria inclusiva este valor se obtiene del promedio mensual de costos de talento humano, equipamiento, transporte y alimentación de los seis tipos de discapacidad (US$ 214.27) con proyección a diez y seis (16) años respectivamente, como un monto máximo de cobertura para los diferentes programas de estudio.

El periodo de financiamiento iniciará desde la fecha de adjudicación de la beca por parte del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano.

G. RUBROS DE COBERTURA

Para el Subprograma Nacional Nivel básico y Bachillerato, la beca podrá cubrir los rubros de:

a. Colegiatura y Equipamiento: Cubre los costos de colegiatura, equipamiento y demás costos administrativos, cuyos valores dependerán de cada institución, y se cubrirá por medio de una beca total o parcial hasta el monto máximo mensual de:

Educación Especializada

US$ 343,57

Educación Ordinaria Inclusiva

US$ 108,16

El monto a financiar por concepto de este rubro, se lo establecerá según el estudio socioeconómico realizado por el Instituto de Fomento al Talento Humano. Este rubro se justificará de manera quimestral con la presentación de facturas o comprobantes de pago originales otorgadas por el centro de estudios a nombre del/de la becario/a (o del administrador de la beca de ser el caso) y el certificado de que ha asistido regularmente a clases.

b.             Transporte: Cubre el 100% de los costos de transporte hasta el monto máximo mensual de CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD $50,00). El/la becario deberá justificar de manera quimestral este rubro presentando el certificado de seguimiento académico del centro de estudios en el que se pueda comprobar que el/la beneficiario/a ha asistido regularmente a clases.

c.             Alimentación: Cubre el 100% del costo de alimentación hasta el monto máximo de mensual de CINCUENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON DIEZ CENTAVOS (USD $56,10). El/la becario deberá justificar de manera quimestral este rubro presentando el certificado de seguimiento académico del centro de estudios en el que se pueda comprobar que el/la beneficiario/a ha asistido regularmente a clases.

El financiamiento de estudios del Subprograma Nacional Nivel Básico y Bachillerato, comprenderá la cobertura de los rubros de colegiatura, equipamiento, transporte y alimentación; los cuales se otorgarán de manera quimestral según el cronograma de desembolsos aprobado por el Instituto de Fomento al Talento Humano y aceptado por el/la adjudicatario/a, a condición de que cumpla con las obligaciones dispuestas para los/as beneficiarios/as de la beca.

H. COSTOS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZADA Y EDUCACIÓN ORDINARIA INCLUSIVA

El ente rector del Sistema Nacional de Educación informará cada año los costos mensuales de la educación según el tipo de discapacidad para la educación especializada y la educación ordinaria inclusiva, y podrá hacer una revisión anual de los costos referenciales en caso de que se incrementen los valores correspondientes a los rubros de cobertura, según corresponda.

TABLA 2: COSTOS MENSUALES DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZADA DE ACUERDO AL TIPO DE DISCAPACIDAD

EDUCACIÓN ESPECIALIZADA

TIPO DE DISCAPA- CIDAD

COLEGIA- TURA

EQUIPA- MIENTO

TRANS- PORTE

ALIMENTA- CIÓN

COSTO MENSUAL

VALOR MENSUAL BECA

(Salario Básico Unificado 2015)

Visual

US$ 170,30

US$ 8,68

US$ 50,00

US$ 56,10

US$ 285,08

80.5%

Auditiva

Intelectual

US$ 313,10

US$ 16,27

US$ 435,47

123%

Motora

Autismo

US$ 470,19

US$ 26,03

US$ 602,32

170%

Multiretos

US$ 522,47

US$ 654,60

185%

PROMEDIO

US$ 326,58

US$ 16,99

US$ 50,00

US$ 56,10

US$ 449,67

127%

TABLA 3: COSTOS MENSUALES DE LA EDUCACIÓN ORDINARIA INCLUSIVA DE ACUERDO AL TIPO DE DISCAPACIDAD

EDUCACIÓN ORDINARIA INCLUSIVA

TIPO DE DISCAPA- CIDAD

COLEGIA- TURA

EQUIPA- MIENTO

TRANS- PORTE

ALIMENTA- CIÓN

COSTO MENSUAL

VALOR MENSUAL BECA

(Salario Básico Unificado 2015)

Visual

US$ 100,03

US$ 8,13

US$ 50,00

US$ 56,10

US$ 214.27

60.5%

Auditiva

Intelectual

Motora

Autismo

Multiretos

El Instituto de Fomento al Talento Humano establecerá los montos máximos de cobertura para cada programa de estudios según los costos referenciales de la educación, y los revisará cuando el ente rector del Sistema Nacional de Educación los notifique.

I. DESCRIPCIÓN, MODALIDAD Y DURACIÓN DEL SUBPROGRAMA

Las becas contempladas en el Subprograma Nacional Nivel Básico y Bachillerato para personas con discapacidad son para cursar estudios de nivel básico y bachillerato en los centros de estudios autorizados por el ente rector del Sistema Nacional de Educación, y que constan en el listado del Anexo 1.

El programa de becas financiará estudios únicamente bajo modalidad presencial, y podrán tener una duración máxima de 10 años para estudios en nivel básico y 6 años para estudios en nivel bachillerato.

J. LINEAMIENTOS ESPECÍFICOS

Se otorgarán las becas para personas con discapacidad, tanto para quienes vayan a iniciar sus estudios como para aquellos que estén cursando sus estudios, hasta la culminación de los estudios del nivel correspondiente, siempre y cuando exista disponibilidad presupuestaria.

El financiamiento para cada uno de los/as postulantes aprobados de los componentes de becas que se encuentren en estudios en curso, se realizará a partir de la fecha de adjudicación de la beca por parte del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano.

K. CONVOCATORIA

La Convocatoria estará abierta y se difundirá de manera oficial a partir de la expedición y vigencia de las presentes bases de postulación por parte del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano. La implementación de este programa y la adjudicación de becas estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria. El Instituto de Fomento al Talento Humano efectuará la mencionada convocatoria difundiéndola a través de los medios convencionales y electrónicos que estime convenientes para el efecto, además podrá contar con el apoyo del Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades y el Ministerio de Salud.

L. REQUISITOS FORMALES Y DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LA POSTULACIÓN

Los/as ciudadanos ecuatorianos/as y extranjeros/as con residencia permanente en el país o en calidad de refugiado, para participar en el proceso deberán cumplir con los siguientes requisitos:

DOCUMENTACIÓN DEL/DE LA POSTULANTE Y SUS REPRESENTANTES LEGALES O ADMINISTRADORES/AS DE LA BECA

SUBPROGRAMA NACIONAL NIVEL BÁSICO Y BACHILLERATO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

No.

DETALLE

1

Copia de la cédula de ciudadanía o identidad del/de la postulante ecuatoriano/a o extranjero/a con residencia permanente en el país o copia de la  visa 12-IV en el caso de personas en calidad de refugiado.

2

Copia del carné o certificado emitido por la autoridad competente en donde se determine el tipo de discapacidad y porcentaje de la misma (se realizará la consulta de datos en línea del Ministerio de Salud Pública cuando se encuentre habilitado el servicio de interconexión de datos).

3

Copia de la cédula de ciudadanía o identidad del (de los)/de la (de las) representantes legales de la persona menor de edad o del (de los)/de la (de las) administradores/as de la beca de personas mayores de edad, conforme las siguientes reglas:

Las personas menores de edad con discapacidad podrán acceder a su derecho de postular a una beca a través de su representante legal o administrador/a de la beca.

Las personas mayores de edad de acuerdo al tipo de discapacidad que presenten y sean incapaces de comparecer para celebrar actos y contratos y obligarse por sí mismos, deberán tener sin excepción un/a administrador/a de la beca.

Las personas mayores de edad de acuerdo al tipo de discapacidad que presenten y sean hábiles en derecho para contratar y contraer obligaciones, podrán postular sin un/a administrador/a de la beca.

4

Copia de la declaración jurada del (de los)/de la (de las) representantes legales o del (de los)/de la (de las) administradores/as de la beca, en la que deberá constar que:

La información contenida en el formulario de condición socioeconómica es verídica.

Será responsable por el buen uso y manejo de los recursos que serán otorgados por concepto de beca al beneficiario.

Destinará los recursos del Instituto de Fomento al Talento Humano única y exclusivamente para cubrir los rubros de cobertura de la beca que sea otorgada al beneficiario.

5

Certificado de admisión o de encontrarse realizando estudios en una de las instituciones de educación que constan en el Anexo 1, en donde se señale el tipo de educación e intervención terapéutica que recibirá el/la estudiante, sostenimiento de la institución, la duración de los estudios, fecha de inicio y finalización de cada ciclo de estudios (quimestres o años lectivos), título a obtener, malla curricular, sistema de calificación, costos de: colegiatura, transporte y alimentación.

6

Planilla de servicio básico del domicilio permanente del/de la postulante.

7

Certificado de ingresos del grupo familiar, según el formulario de condición socioeconómica establecido por el Instituto de Fomento al Talento Humano.

8

Foto carné física y digital actualizada del/de la postulante.


M. ETAPAS DEL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE LA BECA:

a) ETAPA DE POSTULACIÓN.- Los/as solicitantes deben postular de la siguiente manera:

1. Etapa de Aplicación:

El/la interesado/a, por sí mismo o a través de sus  representantes legales, tutores/as o administradores/as, en el Subprograma Nacional Nivel Básico y Bachillerato para personas con discapacidad, deberá postular en línea a través de la Plataforma PUSAK en el sitio web del Instituto de Fomento al Talento Humano, donde se subirán los documentos escaneados en formato PDF.

Para este proceso se deberá suministrar documentos legítimos para el otorgamiento de la beca. No obstante, el Instituto de


Fomento al Talento Humano, se reserva el derecho de verificar la veracidad de los documentos y de los datos consignados en la postulación. Si se verifica la manifiesta falsedad o alteración de la documentación suministrada por el/la interesado/a, sus representantes legales, tutores/as o administradores/as de beca, la solicitud será inmediatamente rechazada, sin perjuicio de su remisión a la Fiscalía General del Estado, de conformidad con la Ley.

En caso de que una persona no haya completado exitosamente la entrega de información para la postulación del/de la interesado/a a través de los mecanismos, y sujetándose a las condiciones y requisitos establecidos por el Instituto de Fomento al Talento Humano, quedará automáticamente excluido/a del proceso de postulación sin que pueda interponer reclamo alguno.

2. Etapa de Revisión de Requisitos:

El área responsable de becas revisará las aplicaciones para verificar que cumplan con los lineamientos específicos, requisitos formales y el objetivo de la beca. Además realizará el estudio socioeconómico del grupo familiar del/de la postulante en base a los costos de la educación especializada y la educación ordinaria inclusiva determinados por el ente rector del Sistema Nacional de Educación, y a los puntos que se asignen a la postulación, según las tablas de criterios de selección (porcentaje de discapacidad y quintiles que resulten del valor correspondiente al Salario Básico Unificado (SBU) vigente previsto en la ley). Se exigirá de manera obligatoria a todos/as los/as postulantes la presentación de la documentación de respaldo de la información consignada en el formulario de condición socio-económica establecido por el Instituto de Fomento al Talento Humano.

Se podrá conceder cinco (5) días término, a quienes realizaron su postulación, para efectuar una convalidación de errores de forma, en la documentación de soporte de los requisitos presentados; para lo cual, de ser necesario, se podrá solicitar documentación adicional sobre el programa de estudios postulado así como información referente a la situación socioeconómica del grupo familiar.

Quienes cumplan con todos los requisitos y documentos de respaldo serán considerados/as como postulantes.

b) ETAPA DE SELECCIÓN.-

Los principales criterios para la selección de las becas de este programa constan en el Literal N sobre los “Criterios de Selección” de las presentes bases.

Los/as postulantes deberán contar con la carta de admisión para iniciar estudios o el certificado de estudios en curso en una institución de educación que conste en el listado del Anexo 1, para realizar estudios de nivel básico o bachillerato.

El área responsable de becas del Instituto de Fomento al Talento Humano, revisará las aplicaciones para verificar que quienes cumplan con los requisitos sean considerados/as como  postulantes precalificados. Los/as postulantes que no hayan sido precalificados/as, tendrán un plazo máximo de cinco (5) días, posteriores a la notificación, para impugnar justificadamente los resultados ante el Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano, el cual resolverá motivadamente dentro de un plazo de quince (15) días, sobre la aceptación o negación de la impugnación.

Durante esta etapa del proceso el Comité de Becas y Ayudas Económicas podrá solicitar la presencia de un/a delegado/a del Ministerio de Educación, del Consejo Nacional de Igualdades, del Ministerio de Salud Pública u otros organismos competentes, quienes participarán únicamente con fines de apoyo técnico.

c) ETAPA DE NOTIFICACIÓN Y ADJUDICACIÓN.-

El Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano, en función de las etapas de postulación y selección, y con sujeción a la disponibilidad presupuestaria adjudicará y notificará la beca de este programa al/ a la adjudicatario/a o sus representantes legales, tutores/as o administradores/as de beca.

El Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano, notificará vía correo electrónico la resolución a cada uno de los/as adjudicatarios/ as. De igual forma, la nómina de adjudicatarios/as será publicada en la página web del Instituto de Fomento al Talento Humano.

El/la adjudicatario/a por sí mismo o a través de sus representantes legales, tutores/as o administradores/as de beca, tendrán el plazo de quince (15) días a partir de la notificación para impugnar la resolución del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano.

A partir de la notificación de adjudicación de la beca por parte del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano, El/la adjudicatario/a por sí mismo o a través de sus representantes legales, tutores/as o administradores/as de beca, tendrán plazo de sesenta (60) días para entregar sus documentos habilitantes y subscribir el contrato de financiamiento de beca, y plazo de un (1) ciclo de académico o quimestre para iniciar sus estudios. Si en el transcurso de dichos plazos el/la adjudicatario/a hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones o su representante legal, tutor/a, o administrador/a de la beca no acudieren a suscribir el contrato de financiamiento o no inicia sus estudios, la beca quedará automáticamente insubsistente y el/la adjudicatario/a no tendrá derecho a reclamo o indemnización alguna por parte del Instituto de Fomento al Talento Humano, a menos que el/la adjudicatario/a por sí mismo o a través de quién lo represente, justifique que por cuestiones de fuerza mayor o caso fortuito, no pudo comparecer a la suscripción del mismo, en cuyo caso se autorizará la firma del contrato respectivo, en un nuevo plazo fijado por el Instituto de Fomento al Talento Humano.

N. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los/as postulantes que cumplan con la información establecida en la etapa de revisión de requisitos, se someterán al estudio socioeconómico de su grupo familiar. Este estudio socioeconómico se lo realizará en base a los costos de la educación especializada y la educación ordinaria inclusiva determinados por el ente rector del Sistema Nacional de Educación, y a los puntos que se asignen a la postulación, según las tablas de criterios de selección (porcentaje de discapacidad y quintiles que resulten del valor correspondiente al Salario Básico Unificado (SBU) vigente previsto en la ley), para el año en 2015.

El porcentaje y tipo de discapacidad será el que conste en el carné o certificado emitido por la autoridad competente, el/la analista de becas realizará la consulta de datos en línea del Ministerio de Salud Pública cuando se encuentre habilitado el servicio de interconexión de datos.

El nivel de los ingresos mensuales del grupo familiar estará medido por quintiles, y se lo verificará según los documentos habilitantes adjuntos al formulario de condición socioeconómica establecido por el Instituto de Fomento al Talento Humano. En caso de contar con documentos para verificar el nivel de ingresos del grupo familiar, éstos podrán ser: roles de pagos de los últimos tres meses, copia del RUC, declaración de impuesto a la renta e IVA de los últimos seis meses y mecanizado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Mientras mayor sea el porcentaje de discapacidad, mayor será el puntaje asignado, hasta un máximo de cincuenta puntos. De otro lado, el nivel de ingresos mensuales del grupo familiar determinará su ubicación en los quintiles de pobreza. Menor es el ingreso mensual del grupo familiar mayor es la puntuación asignada, hasta un máximo de cincuenta puntos.

Los/as postulantes que califican para la adjudicación de la beca deberán alcanzar mínimo cuarenta puntos:

TABLA 4: TABLA DE CRITERIOS DE

SELECCIÓN

PORCENTAJE DE DISCAPACIDAD

ASIGNACION DE PUNTOS

Del 70 % al 100%

50

Del 50  % al 69%

40

Del 30  % al 49%

30

TABLA 5: TABLA DE CRITERIOS DE

SELECCIÓN

QUIN- TILES

INGRESOS MENSUALES en USD

ASIG- NACION DE PUNTOS

1

De $ 0 a $ 354,00

50

2

De $ 355,00 a  $ 695,00

40

3

De $ 696,00 a  $ 1.034,00

30

4

De $ 1.035,00 a  $ 1.373,00

20

5

De $ 1.374,00 a  $ 1.712,00

10

En base a los criterios de selección el/la analista de beca designado/a en el Instituto de Fomento al Talento Humano podrá elaborar el presupuesto referencial para la adjudicación de la beca, y que formará parte íntegra del contrato de financiamiento de beca.

O. REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE FINANCIAMIENTO

Previo a la suscripción del contrato de financiamiento el/ la adjudicatario/a o sus representantes legales, tutores/as o administradores/as de beca, deberán confirmar con su analista de beca que se han entregado todos los documentos mínimos exigibles de la postulación, y adicionalmente el certificado de cuenta bancaria activa con el número y tipo de cuenta nacional a nombre del/de la adjudicatario/a (o de su representante legal, tutor/a o administrador/a de beca o apoderado/a de ser el caso, según corresponda) en la cual se depositarán los valores correspondientes a la beca. No se aceptarán certificados de cuentas conjuntas.

El/la adjudicatario/a por sí mismo hábil en derecho para comparecer ante autoridad competente o a través de sus representantes legales, tutores/as o administradores/as de beca podrán otorgar un poder especial o general para nombrar un/a apoderado/a que comparezca a la suscripción del contrato de financiamiento a su nombre, en el que deberá constar obligatoriamente los siguientes mandatos que le otorga el/la Mandante al/a la Mandatario/a:

Realizar todos los trámites administrativos en el Instituto de Fomento al Talento Humano, según corresponda, para lo cual le confiere autorización amplia y suficiente que los trámites, actos y contratos requieran.

Suscribir y aceptar letras de cambio y pagarés a la orden del Instituto de Fomento al Talento Humano, según corresponda, por los montos y condiciones establecidas en el contrato de financiamiento suscrito entre el Mandante y el Instituto de Fomento al Talento Humano, así como los contratos modificatorios que modifiquen el monto total de la beca.

El/la (los/as) comparecientes conjuntamente con el/la analista  de beca designado/a aceptarán y suscribirán el presupuesto de financiamiento de beca, mismo que deberá ser aprobado por la Gerencia Regional.

El/la analista de beca generará en la plataforma PUSAK el contrato del financiamiento que será suscrito por las partes comparecientes según los documentos habilitantes que se agreguen al mismo. El contrato de financiamiento estipulará los derechos y obligaciones de las partes, y únicamente a partir de dicha suscripción, el/la adjudicatario/a de la beca se convierte en becario/a del Instituto de Fomento al Talento Humano.

En caso que el/la adjudicatario/a hábil en derecho para contratar y contraer obligaciones o a través de sus representantes legales, tutores/as o administradores/as de beca (o apoderado/a de ser el caso) no puedan comparecer a suscribir el contrato de financiamiento dentro del plazo fijado en las presentes bases de postulación, la beca quedará automáticamente insubsistente, sin tener derecho a reclamo o indemnización alguna por parte del Instituto de Fomento al Talento Humano, a menos que justifiquen que por razones de fuerza mayor o caso fortuito, no pudieron comparecer a la suscripción del mismo. Se exceptúan aquellos contratos de financiamiento no suscritos dentro del cronograma establecido por el área responsable de becas del Instituto de Fomento al Talento Humano, por cuestiones de índole administrativa no imputables al/a la adjudicatario/a o quien lo/a represente.

Toda la documentación original deberá ser presentada previa a la suscripción del contrato de financiamiento, para garantizar su legitimidad, validez y veracidad. No obstante, el Instituto de Fomento al Talento Humano por los medios a su alcance, verificará la veracidad de los documentos y de los datos consignados en la solicitud.

P. OBLIGACIONES DEL/DE LA BECARIO/A, REPRESENTANTES LEGALES, TUTORES/AS Y ADMINISTRADORES/AS DE BECA

1) Obligaciones del/de la becario/a:

Cursar los estudios en los plazos establecidos en el contrato de financiamiento.

Entregar al finalizar el ciclo de estudios o quimestre, el certificado oficial de asistencia regular a clases, expedido por el centro de estudios del/de la becario/a.

Presentar al finalizar cada ciclo de estudios, el reporte oficial de notas o de aprobación (o que indique que el/ la estudiante se encuentra habilitado/a para continuar sus estudios) del ciclo de estudios o quimestre, según el sistema de calificación del centro de estudios, por cada tipo de discapacidad.

Presentar un certificado del centro de estudios que indique que no ha existido negligencia por parte del/ de la becario/a, en el caso que no haya aprobado una materia o ciclo académico.

Entregar documentación legítima, válida y veraz durante la ejecución de la beca.

Informar al Instituto de Fomento al Talento Humano sobre cualquier alteración referente al programa de estudios.

Cumplir con las obligaciones específicas descritas en la resolución de adjudicación de la beca.

Las demás que se establecieren en el respectivo contrato de financiamiento.

2) Obligaciones de los/as representantes legales, tutores/ as y administradores/as de beca:

Destinar los fondos otorgados para el cumplimiento del objeto de la beca del/de la beneficiario/a o nombrar un/a apoderado/a para este fin.

Ser responsable por el buen uso y manejo de los fondos otorgados al/a la beneficiario/a.

Entregar documentación legítima, válida y veraz durante la ejecución de la beca del/de la beneficiario/a.

Informar al Instituto de Fomento al Talento Humano sobre cualquier alteración referente al programa de estudios del/de la beneficiario/a.

Respaldar solidariamente el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato de financiamiento.

Las demás que se establecieren en el respectivo contrato de financiamiento.

El/la o los/as representantes legales, tutores/as o administradores/as de beca del/de la adjudicatario/a son absolutamente responsables de velar por el cumplimiento de las obligaciones descritas en las presentes bases de postulación y los demás instrumentos legales que se suscribieren para el efecto de ejecución de la beca.

Q. SUSPENSIÓN DE LA BECA

El Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano mediante resolución motivada y previo informe de la Agencia Regional podrá suspender los desembolsos de la beca y demás derechos de los/as becarios/as previstos en el respectivo contrato de financiamiento por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones mencionadas en el literal anterior, o por los motivos que se detallan a continuación:

1.             Suspensión Temporal.- Podrán suspenderse temporalmente los desembolsos de las becas y demás derechos del/de la becario/a por un tiempo no superior a un (1) año, mediante resolución motivada por parte del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano, cuando el/la becario/a se


encontrare en uno de los siguientes casos:

Haber interrumpido sus estudios por un período que comprometa su desempeño y rendimiento académico, que no podrá exceder de un quimestre o ciclo de estudios, y que sea debidamente justificado por causas de fuerza mayor o caso fortuito, de conformidad con la definición del Código Civil.

Enfermedad, incapacidad mental o física que impida al/a la becario/a de manera temporal, la continuación de sus actividades educativas, debidamente justificadas, máximo por un (1) ciclo de estudios o quimestre, dependiendo del programa de estudios.

Privación de la libertad, que impida al/a la becario/a de manera temporal, la continuación de sus actividades educativas, debidamente justificadas, máximo por un (1) ciclo de estudios o quimestre.

Interrupción, por parte del centro de estudios, de las actividades académicas por más de 30 días. Durante este período el/la becario/a no percibirá la beca pero continuará con dicho beneficio, tan pronto como se reanuden las actividades académicas.

No presentar los documentos y justificativos financieros y académicos de la asistencia regular a clases, a fin de realizar el siguiente desembolso.

Una vez sucedido el hecho, el/la becario/a deberá informar al Instituto de Fomento al Talento Humano, en un plazo no mayor al requerido para el siguiente desembolso, caso contrario la beca quedará suspendida de manera definitiva.

Mediante resolución motivada del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano podrá reactivarse la beca y demás derechos del/de la becario/a, una vez que se ha superado la causa de suspensión temporal y que haya sido debidamente justificada por el/la becario/a.

2.             Suspensión Definitiva.- Podrán suspenderse definitivamente los desembolsos de las becas y demás derechos del/de la becario/a, mediante resolución motivada por parte del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano, cuando el/la becario/a se encontrare en uno de los siguientes casos:

Abandono de los estudios, entendido como inasistencia injustificada por más de (1) ciclo de estudios o quimestre, dependiendo del programa de estudios, el mismo que no haya sido subsanado, antes del inicio del nuevo periodo de estudios.

Expulsión del centro de estudios.

Comprobación de la entrega de documentos falsificados o adulterados. Fallecimiento, enfermedad o incapacidad mental o física que impida al/a la becario/a, la continuación de sus actividades académicas en forma definitiva, debidamente justificada y comprobada por los mecanismos que estime pertinente el Comité de Becas y Ayudas Económicas, las cuales impidan al/ a la becario/a continuar sus estudios.

Renuncia de manera justificada a la beca concedida, previo análisis y resolución del Comité de Becas del Instituto de Fomento al Talento Humano, el cual podrá exonerar de la prohibición de aplicar a otro programa de beca del Gobierno Nacional.

No destinar los fondos al objeto de la beca.

Cambio de centro de estudios, sin oportuna o previa comunicación al Instituto de Fomento al Talento Humano.

No haber entregado en el plazo de un año los respectivos justificativos académicos y financieros para los desembolsos de la beca.

A quienes se les haya suspendido de manera definitiva la beca por haber incurrido en las causales detalladas en los literales a), b), e), g) y h), previa resolución del Comité de Becas y Ayudas Económicas, deberán realizar la devolución de los montos financiados en el período que se produjo el hecho.

De haber incurrido en la causal descrita en los literales c) y f), previa resolución del Comité de Becas y Ayudas Económicas, el/la becario/a deberá realizar la devolución total de los montos financiados. En caso de la causal enunciada en el literal d), no existirá devolución alguna de los montos financiados.

El Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano, en ejercicio de sus atribuciones será quien determine a través de resolución, la forma del pago del valor total, incluido los intereses generados y los plazos establecidos para efectivizar la devolución.

Aquellos/as becarios/as a quienes el Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano haya resuelto la suspensión definitiva de la beca, sin derecho a recuperación, no podrán ser favorecidos/as con ningún otro tipo de beca que administre o conceda el Instituto de Fomento al Talento Humano para el mismo nivel de estudio.

Cuando el incumplimiento se atribuya a los/as representantes legales, tutores/as y administradores/as de beca por su mala administración, el Instituto de Fomento al Talento Humano solicitará la restitución de los valores desembolsados no justificados, sin perjuicio de que una tercera persona en cualquier momento se haga cargo de la administración de la beca - quién deberá declarar juradamente-, con la finalidad de que el/la beneficiario/a no interrumpa o continúe sus estudios de nivel básico o bachillerato. El Comité de Becas y Ayudas Económicas establecerá un plazo máximo que no podrá exceder de un año, para suspender temporal o definitivamente la beca hasta que se presente o se designe por imperio de la  ley, un nuevo/a administrador/a de beca, en los casos no imputables al/a la beneficiario/a.

R. DESEMBOLSOS:

El primer desembolso se realizará a partir de la suscripción del contrato de financiamiento y cubrirá los rubros de un quimestre de transporte, alimentación, colegiatura y equipamiento. El pago se lo realizará en la cuenta a nombre del/de la becario/a (o de su representante legal, tutor/a, administrador/a de beca o su apoderado/a de ser el caso), de conformidad con el certificado de cuenta bancaria activa entregado en calidad de documento habilitante.

Los desembolsos posteriores se lo realizarán de manera quimestral conforme el cronograma de desembolsos establecido en el presupuesto del/de la becario/a, previo la entrega de los justificativos académicos y financieros.

Si el/la becario/a o quien lo/a represente no acreditan el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones académicas solicitadas para mantener la beca, la continuidad del financiamiento de cualquiera de los rubros estará sujeta a la revisión del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano.

S. SEGUIMIENTO Y CONTROL:

El seguimiento y control para el cumplimento y ejecución de las presentes bases de postulación del Subprograma Nacional Nivel Básico y Bachillerato para personas con discapacidad, estará a cargo del Instituto de Fomento al Talento Humano, a través de sus agencias y regionales a nivel nacional.

T. CIERRE DEL PROCESO:

En todos los casos el cierre del proceso se llevará a cabo conforme las disposiciones establecidas en el contrato de financiamiento en concordancia con el Reglamento de Becas y Ayudas Económicas del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas.

U. BASE LEGAL:

Todo lo no contemplado en las presentes bases de postulación del Programa de Becas Nacionales – Subprograma Nacional Nivel Básico y Bachillerato para personas con discapacidad, estará sujeto al Reglamento de Becas y Ayudas Económicas del Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas, a las resoluciones del Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano, al Código Civil y demás normativa conexa vigente.

V. INFORMACIÓN ADICIONAL

Las presentes bases de postulación estarán a disposición de la ciudadanía en la página web del Instituto de Fomento al Talento Humano: http://www.fomentoacademico.gob.ec/becas_iece/

Para información adicional, las dependencias del Instituto de  Fomento al Talento Humano a nivel nacional atenderán en horario de 08H30 a 17H30, de lunes a viernes.

W. DISPOSICIÓN GENERAL

Los beneficiarios del presente programa de becas que hayan sido adjudicados entre el año 2014 hasta la promulgación de las presentes bases podrán acogerse al listado adjunto en el anexo 1 de las presentas bases.

Los beneficiarios del presente programa de becas que hayan sido adjudicados a partir del año 2014 se acogerán a las presentes reformas en su parte procedimental al igual en las normas que poseen un carácter beneficioso para los mismos.

Artículo 2.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dado y firmado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 30 de noviembre de 2015.

f.) Mayra de los Ángeles Guanín Guayasamín, Presidente delegado de la Directora Ejecutiva, Instituto de Fomento al Talento Humano.

f.) Lcda. Erika Xiomara Lara Cueva, Secretaria Delegada del Comité de Becas y Ayudas Económicas.

INSTITUTO DE FOMENTO AL TALENTO HUMANO.- RAZON: La Secretaría Genedral, con fundamento en el artículo 1 de la resolución No. 001-IFTH-DE-2015 de 18 de febrero de 2015, por medio de la cual se asume la estructura orgánica del extinto Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo y Becas IECE y reconoce la atribución contenida en el artículo 21 literal a del Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos del IECE, CERTIFICA: que las 12 fojas son fiel copia del original.

Las 12 fojas que anteceden al presente documento corresponden a la Resolución No. 003-CB-IFTH-2015, Bases de Postulación de Becas Nacionales - Subprograma Nacional Nivel Básico y Bachillerato para Personas con Discapacidad en Instituciones Educativas Especializadas y de Educación Ordinaria Inclusiva, emitida por el Comité de Becas y Ayudas Económicas del Instituto de Fomento al Talento Humano.

Documentación que permanece en custodia del Archivo de la Dirección de Secretaría General, al cual me remito de ser necesario.- Quito, 26 de Enero de 2016.- f.) Diego Urquizo, Director de Secretaría General.

No. 018-2016

EL PLENO DEL CONSEJO

DE LA JUDICATURA

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 178 de la Constitución de la República del  Ecuador dispone: “El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial”;

Que, el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”;

Que, los numerales 1 y 5 del artículo 181 de la Constitución de la República del Ecuador señala: “Serán funciones del Consejo de la Judicatura además de las que determine la ley: 1. Definir y ejecutar las políticas para el mejoramiento y modernización del sistema judicial (…); y, 5. Velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial”;

Que, el artículo 42 del título V incorporado por la Ley No. 00, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 643 de 28 de julio de 2009 al Código de la Niñez y Adolescencia, prescribe: “(…) Si cualquiera de las partes demostrare que han variado las circunstancias y hechos que sirvieron de base para la resolución que f ja la pensión alimenticia, el Juez/a, podrá revisar y modificar la resolución, previo el procedimiento establecido en este capítulo. Será competente para conocer este incidente el mismo Juez/a que fi jó la pensión alimenticia salvo los casos de cambio de domicilio del alimentado”;

Que, el artículo 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, prevé: “(…) los órganos de la Función Judicial, en el ámbito de sus competencias, deberán formular políticas administrativas que transformen la Función Judicial para brindar un servicio de calidad de acuerdo a las necesidades de las usuarias y usuarios”;

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: “La administración de justicia por la Función Judicial es un servicio público, básico y fundamental del Estado”;

Que, el artículo 20 del Código Orgánico de la Función Judicial señala: “La administración de justicia será rápida y oportuna, tanto en la tramitación y resolución de la causa, como en la ejecución de lo decidido. Por lo tanto, en todas las materias, una vez iniciado un proceso, las juezas y jueces están obligados a proseguir el trámite dentro de los términos legales, sin esperar petición de parte, salvo los casos en que la ley disponga lo contrario”;

Que, el numeral 3 del artículo 129 del Código Orgánico de la Función Judicial dispone: “A más de los deberes de toda servidora o servidor judicial, las juezas y jueces, según corresponda, tienen las siguientes facultades y deberes genéricos: 3. Resolver los asuntos sometidos a su consideración con estricta observancia de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la Función Judicial.”;

Que, el artículo 156 del Código Orgánico de la Función Judicial,  establece: “Competencia es la medida dentro de la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre las diversas cortes, tribunales y juzgados, en razón de las personas, del territorio, de la materia, y de los grados.”;

Que, el artículo 158 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: “Ninguna jueza o juez puede delegar en otro la competencia que la ley le atribuye. Sin embargo, puede deprecar, comisionar o exhortar a otro la realización de actuaciones judiciales fuera de su ámbito territorial.”;

Que, el numeral 1 del artículo 160 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone: “1. En todas las causas, la prevención se produce por sorteo en aquellos lugares donde haya pluralidad de juzgados, o por la fecha de presentación de la demanda, cuando exista un solo juzgador…”;

Que, el artículo 160.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, manifiesta: “En todo cuerpo pluripersonal de juzgamiento, sean Salas de la Corte Nacional, de las Cortes Provinciales o Tribunales que cuenten con más de tres miembros para su conformación, se determinará a las o a los juzgadores que deberán conocer la causa, mediante el sistema de sorteo determinado por el Consejo de la Judicatura.”;

Que, el tercer inciso del artículo 200 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece: “(…) En las Cortes Provinciales, Tribunales y demás órganos pluripersonales de juzgamiento, la subrogación de las o los jueces se la realizará por sorteo, de entre los otros titulares que conforman el órgano pluripersonal. En caso de no contar con suficientes miembros, se sorteará de entre los miembros no titularizados, conforme con los criterios y disposiciones dictadas por el Consejo de la Judicatura.”;

Que, el numeral 1 del artículo 208 del Código Orgánico de la Función Judicial, dispone que: “A las salas de las cortes provinciales les corresponde: 1. Conocer, en segunda instancia, los recursos de apelación y nulidad, incluso los que provengan de sentencias dictadas en procesos contravencionales y los demás que establezca la ley”;

Que, el artículo 209 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina: “El Pleno del Consejo de la Judicatura, de acuerdo con el número de Salas de una Corte Provincial, hará la distribución y precisará la competencia por razón del territorio, la materia y del grado de cada una de ellas. Si se crearen nuevas salas, el mismo Consejo hará la redistribución que corresponda.”;

Que, el artículo 234 del Código Orgánico de la Función Judicial, determina las atribuciones y deberes que tienen los jueces de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, para conocer y resolver, los asuntos que lleguen a su conocimiento;

Que, el numeral 10 del artículo 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, establece que al Pleno del Consejo de la Judicatura le corresponde: “10. Expedir, modificar, derogar e interpretar obligatoriamente el Código de Ética de la Función Judicial, el Estatuto Orgánico Administrativo de la Función Judicial, los reglamentos, manuales, instructivos o resoluciones  de régimen interno, con sujeción a la Constitución y la ley, para la organización, funcionamiento, responsabilidades, control y régimen disciplinario; particularmente para velar por la transparencia y eficiencia de la Función Judicial.”;

Que, de conformidad con lo previsto en los artículos 160 y 160.1 del Código Orgánico de la Función Judicial, la prevención para el conocimiento de causas, se produce por sorteo; a la vez, todo cuerpo pluripersonal de juzgamiento, que deba conocer una causa, su conformación se determinará mediante sorteo;

Que, el artículo 42 del título V incorporado por la Ley No. 00, publicada en el Registro Oficial, Suplemento 643 de 28 de julio de 2009 al Código de la Niñez y Adolescencia, establece como excepción a la regla general de sorteo citada, que será competente para conocer un incidente el mismo juez que fi jo la pensión alimenticia, salvo los casos de cambio de domicilio del alimentado: disposición que se refiere exclusivamente a los jueces de primer nivel;

Que, no existe ninguna excepción para la radicación de la competencia, respecto del conocimiento y resolución de los incidentes en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia en segunda instancia;

Que, en atención al principio de legalidad y por cuanto, en derecho público no cabe interpretación extensiva o analógica y se aplicará únicamente lo establecido en la ley, es necesario aclarar el procedimiento referente a la competencia en el tribunal de apelación, respecto a los incidentes en materia de familia, mujer, niñez y adolescencia, a fin de aplicar la regla general establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial;

Que, el Pleno del Consejo de la Judicatura conoció el Memorando CJ-DG-2016-392, de 4 de febrero de 2016, suscrito por el doctor Tomás Alvear Peña, Director General, quien remite el Memorando CJ-DNJ-SNA-2016-130, de 2 de febrero de 2016, suscrito por el doctor Esteban Zavala Palacios, Director Nacional de Asesoría Jurídica, que contiene el proyecto de resolución: “DEL RECURSO DE APELACIÓN RESPECTO A LOS INCIDENTES EN MATERIA DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA”; y,

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por unanimidad de los presentes,

RESUELVE:

DEL RECURSO DE APELACIÓN RESPECTO A LOS INCIDENTES EN MATERIA DE FAMILIA, MUJER,

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Artículo 1.- Los incidentes que se presenten en materia de niñez y adolescencia, dentro de una causa, serán presentados en la unidad judicial respectiva, para que sean resueltos por el mismo juez de primer nivel, de acuerdo a la oportunidad de su presentación, conforme las normas previstas en el Código de la Niñez y Adolescencia.

No obstante, si dichas resoluciones, son impugnadas vía recurso de apelación, la causa será remitida a la Sala competente de la materia de familia, mujer, niñez y adolescencia y adolescentes Infractores de las cortes provinciales respectivas; y, previo sorteo de entre los jueces que conforman la Sala se integrará el tribunal. De igual manera se designará por sorteo al juez ponente que presidirá el tribunal.

Artículo 2.- Cada vez que se presente recurso de apelación, de la resolución de un incidente nuevo en la misma causa, la competencia del tribunal se radicará mediante sorteo, conforme el artículo anterior.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- La ejecución de esta resolución estará a cargo, en el ámbito de sus competencias, de la Dirección General; Dirección Nacional de Planificación; Dirección Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC´S; Dirección Nacional de Talento Humano; Dirección Nacional de Innovación, Desarrollo y Mejora Continua del Servicio Judicial; Dirección Nacional de Gestión Procesal y la Direcciones Provinciales del Consejo de la Judicatura.

SEGUNDA.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial.

Dado y suscrito en el Distrito Metropolitano de Quito, en la sala de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, el once de febrero de dos mil dieciséis.

f.) Gustavo Jalkh Röben, Presidente.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

CERTIFICO: que el Pleno del Consejo de la Judicatura, aprobó esta resolución, el once de febrero de dos mil dieciséis.

f.) Dr. Andrés Segovia Salcedo, Secretario General.

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

SALA DE ADMISIÓN

RESUMEN CAUSA No. 0034-15-IN

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 02 de febrero del 2016, a las 13:10 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

CAUSA: Acción pública de inconstitucionalidad.

LEGITIMADOS ACTIVOS: Luis Fernando Torres Torres y otros.

CASILLA CONSTITUCIONAL: 224

CORREOS ELECTRONICOS: etc@ttclaw.ec; lftorrest@gmail.com; y, cristinareyeshid@gmail.com

LEGITIMADOS PASIVOS: presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador y procurador general del Estado.

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

Artículos 11, numerales 4 y 8; 34; 66, numerales 2, 4 y 26; 136; 137; 323; 326, numeral 2; 328; 368 y, 371 de la Constitución de la República.

PRETENSIÓN JURÍDICA:

Solicita se declare “…la inconstitucionalidad por el fondo y la forma de los artículos 15, 63, 64, 65 y 68.1 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 483 de 20 de abril de 2015…”; así como la suspensión provisional de las normas acusadas como inconstitucionales.

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 16 de febrero del 2016, a las 08:30.

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

CORTE CONSTITUCIONAL DEL ECUADOR

SALA DE ADMISIÓN RESUMEN

CAUSA No. 0075-15-IN

En cumplimiento a lo dispuesto por la Sala de Admisión, mediante auto de 02 de febrero del 2016, a las 12h06 y de conformidad con lo establecido en el artículo 80, numeral 2, literal e), de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se pone en conocimiento del público lo siguiente:

CAUSA: Acción pública de inconstitucionalidad.

LEGITIMADOS ACTIVOS: Fanny Esther Uribe López, Ángel Ramiro Vilema Freire, Mirtha Alexandra Cedeño Martínez, Jairo Alberto Gusqui López y Steven Romero García.

CASILLA CONSTITUCIONAL: 1038.

CORREO ELECTRONICO: alopez@delex.com.ec.

LEGITIMADOS PASIVOS: Presidente Constitucional de la República, Presidenta de la Asamblea Nacional y Procurador General del Estado.

NORMAS CONSTITUCIONALES PRESUNTAMENTE VULNERADAS:

Artículos 84, 134, 136, 137, 138 y 424 de la Constitución de la República.

PRETENSIÓN JURÍDICA:

Solicitan se declare la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 520 del 11 de junio de 2015, así como la suspensión provisional de la disposición acusada como inconstitucional.

De conformidad con lo dispuesto por la Sala de Admisión, publíquese este resumen de la demanda en el Registro Oficial y en el Portal Electrónico de la Corte Constitucional.

LO CERTIFICO.- Quito D.M., 16 de febrero del 2016, a las 09h30.

f.) Jaime Pozo Chamorro, Secretario General.

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÒN SHUSHUFINDI

Considerando:

Que, con fecha 15 de enero de 2013, se aprobó la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi, publicada en el Registro Oficial N° 892 del viernes 15 de febrero de 2013;

Que, con fecha 1 de agosto de 2013, el Concejo aprobó la Primera Reforma a la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi y publicada en el Suplemento del Registro Oficial Nº 66, del 26 de agosto 2013;

Que, el artículo 238 de la Constitución de la República consagra el principio de autonomía municipal en concordancia con el Art. 5 incisos 1, 3 y 4 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD);

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 264, numeral 5, faculta a los gobiernos municipales, de crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras;

Que, el Art. 283 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir…”.

Que, el Art. 53, literal l) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y,  ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas respecto de los que no exista una explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, así como la de elaboración, manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios”;

Que, el literal h) del Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, determina como una de las funciones de los Gobiernos Descentralizados Municipales la siguiente: “Promover los procesos de desarrollo económico local en su jurisdicción, poniendo una atención especial en el sector de la economía social y solidaria, para lo cual coordinará con los otros niveles de gobierno”;

Que, de conformidad con lo que dispone el literal a) del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, le corresponde al Concejo Municipal: “El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales…”;

Que, el propósito del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, es promover el desarrollo económico local, con mayor énfasis en el sector de la economía popular y solidaria y en atención a los requerimientos de los comerciantes del Mega Mercado Municipal, se revisaron los cánones de arrendamiento, tomando en cuenta los diálogos y reflexiones mantenidas en las diferentes reuniones de trabajo con los comerciantes, se procede a reformar la Ordenanza que Regula el Comercio en el Cantón Shushufindi; y,

Que el artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización establece que los concejos municipales aprobarán ordenanzas con el voto conforme de la mayoría de sus miembros.

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 264, inciso final de la Constitución de la República y el Art. 57 del COOTAD;

Expide:

LA TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA

QUE REGULA EL COMERCIO EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI

Art. 1.- Se reforma el contenido del considerando noveno por el siguiente texto: Que, el Artículo 322 del COOTAD, que trata sobre la facultad de toma de decisiones legislativas, determina que los consejos regionales y provinciales y los concejos metropolitanos y municipales probarán ordenanzas regionales, provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la mayoría de sus miembros.

Art. 2.- Suprímase los considerando, decimo, undécimo y  duodécimo de la ordenanza publicada en el registro oficial 138, del 5 de diciembre del 2013,

Art. 3.- Se reforma el literal a) del artículo 11 de la mencionada ordenanza, cámbiese por el siguiente texto:

“Para los locales comerciales situados en la planta baja; y, los giros comerciales de comidas, bebidas y cafeterías, situados en la segunda planta, el valor de tres dólares con setenta y cinco centavos (USD 3,75), más IVA, por metro cuadrado”.

Art. 4.- Se reforma el literal b) del artículo 11 de la mencionada ordenanza, cámbiese por el siguiente texto:

b)            “Para los locales comerciales de la planta alta, de ropa, bisutería, calzado, celulares, accesorios en general y juguetería, el valor de tres Dólares, (USD 3,00) más IVA, por metro cuadrado”.

Art. 5.- Se reforma el literal c) del artículo 11 de la mencionada ordenanza, cámbiese por el siguiente texto: c) “Los locales denominados “Islas” pagarán el valor de tres dólares (USD 3,00), más IVA”.

Art. 6.- Se reforma el literal d) del artículo 11 de la mencionada ordenanza, cámbiese por el siguiente texto:

“Suprímase el literal s) de la segunda ordenanza reformatoria, que regula el comercio en el cantón Shushufindi y reemplácese por el siguiente:

“Prohibiese el comercio informal que se realice en los espacios públicos de la ciudad, esto es: calles, avenidas, aceras, portales, plazas y parques facultándose a la Comisaría Municipal su control e incautación de los productos que expendan”.

Art. 7.- Se suprime el quinto inciso del artículo 2 de la segunda reforma de la ordenanza mencionada

Art. 8.- Se elimina el segundo inciso de la cuarta disposición transitoria y en su reemplazo inclúyase la siguiente.

“Todas las actividades comerciales que se realicen en el Mega mercado como en la ciudad tienen la obligación de obtener la patente anual, facultándose a la Comisaría Municipal del control de la misma, procediendo a la clausura de aquellos locales comerciales que no la tengan”.

Art. 9.- Se suprime el cuarto inciso de la cuarta disposición transitoria de la segunda reforma a la ordenanza mencionada.

La presente ordenanza entrará en vigencia luego de su sanción por parte del Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial o en la página web institucional.

Dado y firmado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad del Cantón Shushufindi, a los  siete días del mes de enero del año dos mil dieciséis. f.) Lic. Esgar Silvestre Sinchire, Alcalde.

f.) Abg. Ricardo Ramos Noroña, Secretario del Concejo.

Certificado de discusión.- Certifico: Que la presente Ordenanza que contiene la TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COMERCIO EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, fue discutida y aprobada por el Concejo Municipal del Cantón Shushufindi, en sesión extra ordinaria del 04 de enero del 2016; y, en segundo y definitivo debate en sesión ordinaria del 07 de enero del 2016.- Shushufindi.

f.) Abg. Ricardo Ramos Noroña, Secretario del Concejo.

SECRETARIO GENERAL DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 13 de enero del 2016.- De conformidad con la razón que antecede y en cumplimiento a lo dispuesto en el inciso cuarto del Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase el presente cuerpo normativo al señor Alcalde, para su sanción y promulgación.- Cúmplase

f.) Abg. Ricardo Ramos Noroña, Secretario del Concejo.

ALCALDÍA DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SHUSHUFINDI.- Shushufindi, 19 de enero de 2016.- De conformidad con las disposiciones contenidas en el Art. 322 en el inciso quinto del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal y por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo con la Constitución y Leyes de la República.- SANCIONÓ.- la TERCERA REFORMA A LA ORDENANZA QUE REGULA EL COMERCIO EN EL CANTÓN SHUSHUFINDI, que entrará en vigencia desde el día de su publicación en el Registro Oficial, y se remitirá en archivo digital a la Asamblea Nacional.- Ejecútese

f.) Lic. Esgar Silvestre Sinchire, Alcalde.

Proveyó y firmó la presente Ordenanza, el Lic. Esgar Silvestre Sinchire, Alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Shushufindi.- Shushufindi, 19 de enero de 2016.-CERTIFICO.-

f.) Abg. Ricardo Ramos Noroña, Secretario del Concejo.


Precio: $1.00
Si desea imprimir o descargar.

Precio no incluye IVA.


Visitas
9227

¡Califica este producto!

(5 Votos)

Compartir