Análisis del principio de Insignificancia

Jueves, 08 de junio de 2017

Análisis del principio de Insignificancia

 

Autor: Ab. José Sebastián Cornejo Aguiar. [1]

 

 

Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano cuando se refiere a que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, conforme lo establecido en el artículo 76, núm5, mismo que manifiesta:

?En caso de conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona infractora.?[2]

 

Nos hace alusión a que la función primordial del Estado, es velar por la aplicabilidad de la sanción menos rigurosa, para un hecho cuando así lo amerite, es decir, surge de alguna manera, la consideración del principio de insignificancia, que dentro del campo penal, se entiende que las conductas deben evaluarse mediante un análisis sistematizado en relación con el principio de lesividad, ya que si no existe lesividad al bien jurídico, ni afectación grave es ilógico, que se aplique el poder punitivo.

 

Principio de Lesividad

 

Por ello en los  casos  en  que  se  verifica  una  afectación  insignificante  del  bien jurídico se debe proceder del análisis del principio de lesividad entendido como la imposibilidad de cualquier  derecho  de  legitimar  una  intervención  punitiva  cuando  a  lo  sumo  no media  un  conflicto  jurídico, entendido  este  último  como  la  afectación  grave de  un  bien  jurídico protegido.

 

En tal razón la aplicación del principio de insignificancia no sólo se trata de exteriorizar la idea de que el derecho penal sea la última ratio, sino de la proporcionalidad entre la respuesta punitiva y la lesión al bien jurídico.

 Principio de Proporcionalidad

 

Ya que como todos sabemos el principio de proporcionalidad caracteriza la idea de justicia en el marco de un Estado de Derecho, tanto así, que en nuestro ordenamiento jurídico Ecuatoriano, dentro del Art. 76 núm. 6 de nuestra Constitución, manifiesta la existencia de la ?[?] proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales [?],?[3], en donde esta proporcionalidad deberá medirse con base en la importancia social del hecho desprendiéndose de la exigencia de una prevención general, capaz de producir sus efectos en la colectividad.[4]

 

Teniendo en cuenta que el cumplimiento del principio de proporcionalidad, establecido por nuestros legisladores, debe ser aplicado por los jueces, en el ámbito de la Administración de Justicia, distinguiendo que la pena debe ser proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada.

Y que dicha proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho, es decir la necesidad de la proporcionalidad se desprende de la exigencia de una prevención general, capaz de producir sus efectos en la colectividad.

De este modo, el Derecho Penal debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según el grado de afectación al bien jurídico.

Si partimos con esa idea de que el principio de proporcionalidad se vuelve relevante, que no existen derechos absolutos, sino que cada derecho se enfrenta a la posibilidad de ser limitado, estaríamos generando un concepto, a la par del establecido en el Art. 12 núm. 16 del Código Orgánico Integral Penal que menciona, ?las sanciones disciplinarias que se impongan a la persona privada de libertad, deberán ser proporcionales a las faltas cometidas [?].?[5]

Es decir lo que se busca con la proporcionalidad, es que el poder punitivo, debe ser aplicado solo cuando sea estrictamente necesario por haberse trasgredido bienes jurídicos protegidos, claro está haciéndolo de carácter proporcional a la actuación realizada.

Debido a que el establecimiento de penas, es necesario para garantizar una readaptación, resocialización, rehabilitación[6] siempre y cuando se lo aplique de manera proporcional al ilícito cometido, ya que la mayoría de los delincuentes necesitan diferentes tratamientos y políticas carcelarias, para lograr su reinserción en la sociedad[7], en donde surge un carácter instrumental del derecho penal y de la justicia criminal, en la que se debe analizar al delincuente previo a la comisión del acto, así como también determinar el criterio de la sociedad  que da pautas para la imposición de la sanción, poniendo límites al mundo en algunas ocasiones sin valorar preceptos o tipologías tanto criminológicas como victimológicas.

 Denotándose que por ejemplo no es racional; que por apoderarse de una cerilla para encender un cigarrillo se considere como un hurto en razón de que todos los bienes jurídicos admiten una lesión graduable, es por ello que existen actos insignificantes los cuales no ameritan sanción penal.

 

1.- El Principio de Insignificancia en la Teoría del Delito

 

El objeto de la teoría del delito, es estudiar los presupuestos jurídicos de la punibilidad, en virtud de que la teoría del delito, es un instrumento conceptual, que tiene como finalidad permitir una aplicación racional de la ley a un caso.

 

Mediante la aplicación de sanciones y penas, que van en relación a las conductas que hacen peligrar gravemente la subsistencia de la sociedad, sin embargo es preciso declarar la responsabilidad de quien los llevó a cabo, mediante la imputación de responsabilidad. [8]

 

Este es en si el significado de la teoría jurídica del delito, que mediante la imputación de responsabilidad llega a afirmar, que se ha cometido un hecho; que ese hecho es contrario al ordenamiento jurídico, y por ende alguien es culpable de ese hecho, para lo cual debe cumplir con los presupuestos establecidos en el artículo 18 del Código Orgánico Integral Penal, referido a la infracción penal, cuando manifiesta, que esta: ?Es la conducta típica, antijurídica y culpable cuya sanción se encuentra prevista en este Código.?[9]

 

Lo cual nos conlleva a pensar, a que si bien es cierta la tipicidad es una categoría dogmática, dentro del cual está el principio de legalidad, junto con el principio de materialidad, entendiéndose en el sentido de que las únicas conductas punibles serán aquellas que se encuentren previstas en la ley como delito.

Concediendo, de esta manera una garantía del ciudadano frente al poder, toda vez que únicamente podrá ser sancionado si incurre en una conducta prevista y descrita en la ley, lo cual para Hanz Welzel, cuando se refiere a la teoría de la acción final, que consiste en que la ?acción es un acontecimiento finalista y no solamente causal, la finalidad de la acción se fundamenta en que la persona puede prever las consecuencias de su plan tendiente a alcanzar determinado objetivo.?[10]

Es decir la ley debe expresar a la par una limitación a la facultad de castigar, una mayor y segura garantía de la libertad individual, ya, que la tipicidad, es la adecuación de la conducta a una figura legal; o el encuadramiento del acto a la norma jurídica.

Esto, debido, a que las acciones que interesan jurídicamente tienen que ser limitadas y típicas, ya, que si no hay concordancia entre el hecho y la descripción legal del delito, hay falta o ausencia de tipicidad; consecuentemente el acto es impune.

Injusto Penal

Por su parte los conceptos de antijuridicidad e injusto penal, poseen significados diferentes, en razón, de que el primero de ellos alude a la cualidad o característica por la que una conducta típica resulta, además contraria al ordenamiento jurídico; mientras que por injusto penal, se entiende a la acción o conducta típica y antijurídica.

En esta línea queda claro que el injusto penal, es el objeto desvalorado en dos tiempos por el derecho penal, mientras que la antijuridicidad es el segundo de esos tiempos; o sea el que cierra el juicio integral de desvaloración que se realiza respecto del elemento base o genérico del injusto penal.

Como bien señalan Zaffaroni, Alagia y Slokar: ?El injusto penal es una acción prohibida por el derecho penal, pero respecto de la cual ninguna ley penal o no penal le reconoce el carácter de ejercicio de un derecho?.[11]

En línea con los citados autores, puede afirmarse, que los permisos que eliminan o atenúan la antijuridicidad reconocen un origen o fundamento común y de jerarquía constitucional.

El mismo, que va a permitir el ejercicio del propio derecho, como ingrediente indispensable del espacio de libertad de toda persona en el contexto de un conflicto concreto.

Debido a que en un Estado Constitucional de derechos y justicia como el nuestro, en donde la Constitución reconoce a las personas un conjunto de derechos tanto individuales, como colectivos, que se derivan del reconocimiento de la persona como tal, respetando su dignidad.

Hecho que da a entender, que estos reconocimientos de derechos, conllevan espacios de libertad, en los que no corresponde la intervención punitiva del Estado y este límite también está vigente, ya que cuando la persona realiza por ejemplo una conducta típica, pero que se encuentra bajo el paraguas de un permiso, se reconduce al ejercicio del derecho, conocido como causas de justificación o permisos legalmente previstos. [12]

Entendido brevemente el objeto de la teoría del delito, es necesario hacer alusión a lo que menciona Zaffaroni, cuando hace habla sobre la afectación insignificante del bien jurídico, manifestando que:

 

?Los casos de lesiones insignificantes de bienes jurídicos fueron relevados como atípicos por Welzel, conforme a su teoría de la adecuación social de la conducta. Posteriormente, el viejo principio mínima non curat Praetor sirvió de base para el enunciado moderno del llamado principio de insignificancia o de bagatela, según el cual las afectaciones insignificantes de bienes jurídicos no constituyen lesividad relevante a los fines de la tipicidad objetiva. Se lo ha criticado como un criterio de tipicidad material derivado de la vieja antijuridicidad material y, por ende, se lo rechazo proponiendo su reemplazo por vía de una interpretación restrictiva o resolverlo de lege ferenda mediante el principio de oportunidad procesal. La primera no es suficiente y el segundo siempre exige cierto criterio, que no puede ser otro que el de este principio, toda vez que será inaceptable la oportunidad ejercida arbitrariamente. De cualquier manera, incluso quienes lo rechazan reconocen la necesidad de resolver casos en que la afectación es mínima y el poder punitivo revelaría una irracionalidad tan manifiesta como indignante.?[13]

 

Es decir el principio de insignificancia, dentro de la teoría del delito, es de trascendental importancia a fin de evitar la aplicabilidad de las penas, cuando no ameriten, hecho con el cual de ninguna manera, estoy diciendo, que no sea necesario la aplicabilidad de penas privativas de libertad, en ciertos casos, sino más bien estoy haciendo alusión, que en el caso del delito de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, cuando se trate de mínimas cantidades si no se aplica el principio de insignificancia, se podría estar criminalizando a los consumidores, y no solo a los microtraficantes.

 

Dejando en claro, que el endurecimiento de las penas, no puede ser la única solución, es por ello que nuestra misma Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 46 núm. 5 determina fomentar la ?Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo.?

 

Es por ello, que cuando la Constitución, manifiesta la prevención, de carácter necesario hace referencia en su artículo 364: ?la implementación de programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. [?]?[14]

Siendo necesario entonces, que el Estado Ecuatoriano, no debe aplicar la óptica de la prisión como solución al problema social, sino más bien buscar medidas alternativas para evitar la criminalización de posibles consumidores, y continuar a la vez con la lucha en contra de las drogas, que en si genera una consecuencia, grave a la educación, salud pública, desarrollo económico y social; relaciones internacionales; y, políticas de seguridad y justicia.

 

 



[1] Abogado por la Universidad Internacional Sek (Quito, Ecuador). Especialista en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador), Autor de los libros Mundo, Alma y Vida; Senderos de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial; Breves Nociones de la Criminología, la Penología y la Victimología en el Contexto Criminal; y Teoría General de los Recursos y Remedios Procesales en el COGEP. scor1719@hotmail.com.

[2] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).

[3] Ibid., Art. 76 núm. 6. (La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales,

administrativas o de otra naturaleza.)

[4] Bernardo Feijoo Sánchez, RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del Derecho Penal. (Montevideo - Buenos Aires: B de F, 2007).

[5] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014)., Art 12, núm. 16.

[6] Bernardo Feijoo Sánchez, RETRIBUCIÓN Y PREVENCIÓN GENERAL un estudio sobre la teoría de la pena y las funciones del Derecho Penal.

[7] Ibid.

[8] José Sebastián Cornejo Aguiar, «LA TEORÍA DEL DELITO EN EL COIP ?LA CONDUCTA?», Derecho Ecuador, 8 de diciembre de 2015, http://www.derechoecuador.com/articulos/detalle/archive/doctrinas/derechopenal/2015/12/08/la-teoria-del-delito-en-el-coip---la-conducta-.

[9] REGISTRO OFICIAL SUPLEMENTO No. 180, CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (2014).

[10] Hans Welzel, Teoría de la Acción Finalista (Buenos Aires: Astrea, 1951).

[11] Zaffaroni, Eugenio, MANUAL DE DERECHO PENAL. (Buenos Aires: Ediar, 2005).

[12] Zaffaroni, Eugenio, TRATADO DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL.

[13] Ibid.

[14] REGISTRO OFICIAL No. 449, CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR (2008).

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