JUSTICIA PARA TODOS
Ecuador debe reclamar por daños en la frontera
Por: Fundación Hacia la Seguridad
Imperio de la Ley
E L DENOMINADO » PLAN POATRIOTA » de Colombia, la deuda del Estado con el IESS y el pretendido uso del FEIREP para el incremento de salarios públicos fueron los temas debatidos desde la óptica jurÃdica por Ramiro Rivera, primer vicepresidente del Congreso Nacional; Bruno Frixone, vocal del directorio del IESS y el doctor Edgar Terán, presidente de la Fundación Hacia la Seguridad-Imperio de la Ley, durante el programa televisivo Justicia para Todos, transmitido por TC Televisión.
En primer término, se abordó el tema colombiano, que de acuerdo con la opinión de Ramiro Rivera, se queda sin espacio para una salida polÃtica y más bien se podrÃa dirimir por la salida militar. El Plan Patriota se orienta a liquidar y sofocar los grupos insurreccionales y en este sentido es obvio que este tema va a tener consecuencias para el Ecuador.
Una irresponsabilidad con Ecuador
De acuerdo a la visión de los tres panelistas, el problema colombiano afectó al Ecuador desde el momento en que el ex presidente Andrés Pastrana, permitió que varios departamentos, entre ellos el Putumayo que limita en la frontera norte del Ecuador y en la sur de Colombia con el Ecuador, obtengan soberanÃa total de los insurrectos.
El diputado Rivera opinó que es un caso inédito en América Latina que un gobierno haya hecho un renunciamiento al ejercicio de su soberanÃa en un fragmento de su territorio. «Eso no pasó en Bolivia, no pasó en Venezuela, ni el Perú, ni en ningún otro paÃs en el que habÃa movimientos insurreccionales». Para Rivera, el caso colombiano es sui generis, porque se trata de un grupo insurreccional ‘casado’ con el narcotráfico. «No se trata de un grupo que quiera hacer la revolución sino que se financia y se nutre del negocio más cruel que tiene la humanidad», aseguró.
Para Edgar Terán, Ecuador tiene una base de derecho para reclamar por los daños causados, pues la entrega irresponsable que hizo el gobierno de Pastrana de una parte del territorio colombiano y la resignación de la soberanÃa colombiana y de la presencia militar colombiana en el Caguán, en el departamento de Putumayo, en las lindes con Ecuador, ha afectado al paÃs.
«Ese fue para mà un evidente acto de amenaza, un evidente daño que se produjo al Ecuador como resultado de una acción unilateral o bilateral con Estados Unidos», dijo el jurista. Recordó Terán que uno de los padrinos de este acto de entrega del territorio colombiano fue el jefe del departamento de narcóticos del departamento de estado americano, quien asistió como huésped de honor al acto de entrega de este territorio a las FARC.
Este acto afecta el derecho internacional, pues existe una tipificación dentro de lo que se llama el Jus Cojens, es decir, los principios de derecho universal que están vigentes en todos los paÃses del mundo. Esto es que existe responsabilidad de los gobiernos por los actos que realizan en perjuicio de otro Estado, aun si no son actos violatorios del derecho internacional. De acuerdo con la explicación de Terán, no se necesita violar una norma, para adquirir esa responsabilidad. Basta la consecuencia objetiva del eventual daño. En este caso, Ecuador está sufriendo daños por lo que la polÃtica exterior del Ecuador y el manejo diplomático tiene que estar enderezado a negociaciones bilaterales con Colombia y Estados Unidos para lograr que los otros paÃses asuman la defensa, los gastos y la posibilidad de precaver posibles daños a Ecuador o que Ecuador consiga eventuales indemnizaciones.
Ramiro Rivera coincidió con este análisis jurÃdico e indicó que en la medida de que Estados Unidos le ha dado a Ecuador una ayuda mÃnima, comparada con la que le ha dado a Colombia, Ecuador sà podrÃa reivindicar en algún momento una suerte de indemnizaciones. «Estamos desplazando soldados en la frontera, puede haber sangre de soldados en determinado momento, tenemos los problemas de la violencia, debemos solventar un sinnúmero de costos por un problema que no lo hemos generado», dijo.
De otro lado Rivera comentó que si bien el conflicto colombiano es un problema de los colombianos, soberanamente le corresponde a ese gobierno tomar una decisión, debe haber una coordinación entre las fuerzas públicas de ambos paÃses. «Para que en el Ecuador haya el menor impacto posible, nuestras Fuerzas Armadas deberÃan pedirle a sus Fuerzas Armadas amigas de Colombia, que el inicio de la operación sea exactamente en la frontera, es decir, de la frontera sur hacia adentro. Que la intervención no sea desde dentro de Colombia para arrinconar a los guerrilleros hacia el Ecuador», comentó.
Rivera también pidió que nuestras Fuerzas Armadas, la CancillerÃa y el gobierno le digan a la ciudadanÃa con claridad en qué consiste este problema y cuáles son los riesgos, pues los problemas no pueden ser reservados a los cÃrculos elitarios, los problemas tienen que ser socializados y compartidos con toda la comunidad.
Las manos del Estado, fuera del IESS
Bruno Frixone, vocal del Directorio del IESS, comentó que durante 78 años la seguridad social ha sido botÃn polÃtico de los gobiernos: «Ha sido caja grande de cada gobierno y se hicieron inversiones y adquisiciones de todo tipo».
Además comentó que en 25 años de acumulación de deuda del Estado al IESS, al 31 de diciembre de 2003, la cifra calculada y acordada por el Ministerio de Finanzas y el IESS, es de 11.263 billones de sucres. Se trata de una cifra increÃble y descomunal. A pesar de que hay un acuerdo sobre esta cifra en sucres, el problema viene cuando se produce la dolarización, porque el Ministerio de EconomÃa pretende dividir esa cantidad para 25 mil y asà pagar solamente 540 millones de dólares. Pero los funcionarios del IESS consideran que la deuda tiene que ser calculada al valor cambiario de cada año, esos subtotales se suman para llegar a un monto de 2.362 millones de dólares 796 mil 165.
La comisión de lo Laboral y Social del Congreso Nacional ha sido intermediaria entre estas dos posiciones. En este contexto el IESS ha planteado una alternativa, basado en que la Constitución dice que el Estado tiene un plazo de 10 años para pagar esa deuda. Los representantes del IESS aceptan recibir 562 millones de dólares, es decir que se paguen como 54 millones anuales, pero como abono a la deuda, en 10 años.
Pero además buscan que se cubra el déficit actuarial, que es más 4 mil millones de dólares, en 30 años plazo. De acuerdo con Frixone, de esa manera se garantizarÃa el futuro del financiamiento y la obligación básica que tiene el IESS para pagar jubilaciones y atender salud.
De acuerdo con Frixone, el cálculo actuarial, se lo hace tomando en cuenta lo que corresponde pagar a la persona que aporta, en función de su aporte de jubilación después de 30 años.
Sobre este tema, Ramiro Rivera comentó que la Constitución logró conminarle al IESS a una reingenierÃa institucional total. Gracias a ello en la actualidad existe un consejo directivo donde predomina el interés del que aporta. Sin embargo, señaló que aún queda por cumplir el desafÃo de llevar al IESS a ser un instituto técnico: lograr mayores niveles de eficacia y disminuir el número de empleados en el sector administrativo.
Además comentó que hay que tener mucho cuidado con el tema de la iliquidez, pues el gobierno podrÃa intentar utilizar el ahorro previsional que ha logrado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social: «ustedes deben defenderlo a muerte, ya no podemos permitir que haya jubilados que, sean mendigos, rogando que les den una miserable cantidad para sobrevivir, sabiendo que es el derecho de ellos de vivir y morir cuando les toque morir con dignidad», aseguró.
Por su parte, Bruno Frixone denunció que se está presionando al IESS para que compre más del 50% de bonos del Estado que es lo que prevén las normas que habÃa establecido el propio ministro Pozo cuando fue presidente de la comisión de inversiones del IESS. «Ahora se quiera que se compre el 80% en inversiones, es decir 1.600 millones de dólares al final del año en bonos del estado el IESS. Eso para mi es un atentado. Se crearÃa nuevamente otra estafa nacional al trabajador y al empleador», dijo Frixone.
En cuanto a la deuda del Estado Frixone se mostró interesado en una alternativa planteada por Terán que propone que el Estado entregue activos para respaldar la deuda.
FEIREP no puede usarse en gasto corriente
Edgar Terán planteó que el FEIREP contiene recursos que no se pueden gastar a discreción del Estado sino que son reservados para ciertos fines. Este fondo se genera por el ingreso que el Estado recibe del petróleo crudo que se transporta por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP). El petróleo que se transporta por ese oleoducto privado es el que, según un reglamento dictado, no excede 23 grados API, y los fondos asà generados pueden destinarse en:
Р70% para recomprar deuda p̼blica interna y externa
– 20% para preparase a emergencia de baja del precio del petróleo (no de la producción) y para catástrofes naturales, y
– 10% para educación y salud
De acuerdo con Terán el artÃculo 17 de la ley dice expresamente «no se puede emplear para financiar gasto corriente» es decir pago de sueldos y otros factores del gasto ordinario.
Sobre el tema, el diputado Rivera indicó que a su parecer se cometió un gran error en la ley al decir el 70% del diferencial del precio del petróleo al presupuestado y al que tiene vigencia se destinará a la recompra de la deuda. Esto provocó inmediatamente que los papeles en el mercado secundario que estaban a 20, 30 y 40 por ciento subieron al ciento por ciento. «Y lo más irracional es que ahora estamos pagando más del ciento por ciento, la locura de las locuras», dijo.
Rivera comentó que el anuncio de incremento salarial va a terminar en una gran frustración para el pueblo. «Se va a generar mayor ira, mayor incredulidad en la voz del presidente y mayor convulsión social. El presidente no puede utilizar un solo centavo de este fondo», dijo.