LA REFORMA POLÍTICA
La Constitución y la consulta popular
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Por: Dr. Marco Navas Alvear
Profesor de la PUCE
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E L MODELO INSTITUCIONAL que la democracia recuperada hace 26 años trajo al país tocó fondo en los últimos meses del gobierno Gutiérrez. Este mismo personaje, elegido gracias a la fragmentación presente en todas las tendencias políticas y a la desesperación de la ciudadanía por un cambio, fue el encargado de arrasar con lo poco que quedaba de institucionalidad.

Sin embargo, lo ocurrido hasta abril puede describirse como la agudización del deterioro en el funcionamiento de las instituciones de la política: el gobierno, los partidos, el sistema electoral y una profundización en la incapacidad del Estado por instrumentar sus políticas y procurar que las normas jurídicas que produce sean efectivamente aplicadas. De manera que Gutiérrez fue quizá uno de los más burdos episodios del proceso, pero el deterioro se arrastra desde antes.

La presencia en los últimos años de grupos de poder y sus representantes en todos los últimos gobiernos, especialmente desde 1992 hasta la fecha, quienes han actuado (con creciente descaro) en buena parte en contra del interés general y privilegiando sus negocios, ha sido uno de los factores (causal y síntoma a la vez) del deterioro.

Todo ello es apreciado por una ciudadanía profundamente decepcionada de su democracia que todos los días advierte como el Estado fracasa en su función de regular los distintos conflictos sociales. Todos anhelamos que esto cambie, pero cada vez somos más escépticos.

El anhelo de Reforma

Desde abril hasta el momento presente se ha mantenido fuerte un anhelo de cambio, simbolizado en el levantamiento de varios sectores que desembocó con la cesación del cargo del coronel Gutiérrez. Los sucesos de abril podríamos decir que si bien no llevaban articulado detrás un proyecto político concreto tuvieron dos expresiones claras: el malestar transformado en ira popular y reacción frente al autoritarismo y, el anhelo de cambio y renovación del modelo democrático.
En ese contexto, el gobierno de Alfredo Palacio asumió el poder con la gran responsabilidad de articular estos anhelos de cambio en el sistema político. Sin embargo, de allí poco se ha avanzado en concretar este anhelo, a no ser por un sui géneris proceso de consulta para que diversos sectores hagan propuestas y las hagan llegar al gobierno. Proceso exento de debate y más inclinado a una suerte de parafernalia tecnológica y al intento gubernamental de crear la ilusión de que estamos incluidos.

Ahora mismo, las propuestas recibidas están en manos de un conjunto de tecnócratas nacionales y extranjeros que las están convirtiendo en un conjunto de preguntas a ser sometidas a consulta popular el mes de noviembre.
El Ministro de gobierno actual ha tomado la iniciativa de negociar con el Congreso y concertar una propuesta para la consulta, lo cual resulta teóricamente coherente porque en las democracias representativas ese es el mecanismo adecuado. El problema probablemente en nuestro caso tenga que ver con la deficiente capacidad de representación que este momento tiene el Parlamento lo que se refleja en los sondeos de opinión sobre la confianza que los ecuatorianos le tenemos a esta institución. Ello ha llevado a muchos sectores a plantear la necesidad de una Asamblea Constituyente en un intento de recomponer la representación deficiente del actual Congreso.

El argumento de que no es posible convocar a una Asamblea Constituyente, porque la Constitución actual no lo prevé (y es lógico que no la haya previsto) es también aceptable desde un punto de vista de la Teoría del Estado y el derecho Constitucional. A pesar de ello, probablemente esta Asamblea podría constituir un espacio que en la realidad llegue a tener una verdadera legitimidad. El requisito para esto (y para mejorar el sistema de representación) es un nuevo estatuto electoral.

Lo cierto es que es necesario reflexionar más profundamente en estos temas. Quedan dudas sobre si la Consulta Popular será esta un medio eficaz para comenzar a atacar los verdaderos problemas del Ecuador o si a la larga será nada más otra forma de distraerse de lo verdaderamente importante. En el trasfondo de la crisis institucional podemos encontrar una cultura política tradicional, patriarcal y clientelar que privilegia la dominación de pequeños grupos de poder y profundiza la inequidad social.

Esto es lo que hay que atacar y ante tal cosa la Consulta puede ser un medio pero no una panacea. Lo principal tiene que ver con la voluntad de cambio de parte de los involucrados.

Los verdaderos problemas y el peso de la reforma

Hasta ahora, el debate sobre la reforma a la política ha sido más bien pobre. Se han escrito muchos artículos, se han realizado programas de opinión y noticias a cerca de temas menos trascendentes como la unicameralidad o bicameralidad o la elección por distritos, como ratificando la apuesta que los ecuatorianos hacemos a que el cambio de ciertas reglas por si solo va a cambiar la realidad. Este debate ha sido fragmentado y no llega a concentrarse en los verdaderos problemas y reformas institucionales que podrían cambiar algo.

Aparentemente, la manera en que el Ejecutivo y todos los partidos, especialmente quienes son aliados del gobierno, estarían conduciendo el proceso de reforma, tendería a cambiar lo mínimo, a formular cambios formales y mantener el estado de cosas. En este panorama no podemos dejar de anotar que es posible que entre los partidos existan algunos que genuinamente quieran ir un poco más allá, acaso porque algunos de sus dirigentes se han dado cuenta que se trata de una cuestión de supervivencia de ellos mismos, pero también del Ecuador. En el mismo sentido debemos destacar como positiva la actitud de la Izquierda Democrática de formalizar su apoyo al gobierno y romper así un mito muy asentado en nuestra tradicional cultura política.

No estamos afirmando que no resulta necesario avanzar en la reforma y allí priorizar temas relevantes sobre temas formales. Pero, hay que avanzar con beneficio de inventario: estando claros sobre el para qué de la misma y sobre los intereses de los diversos grupos y sectores en este proceso.

Líneas de la reforma

Aquí algunos temas a priorizar que ayudarían en algo a atacar los problemas centrales:

Fortalecer la representatividad de las funciones del Estado. Uno de los mecanismos para ello tiene que ver con trabajar en reforzar para que realmente sean efectivos mecanismos como la revocatoria del mandato. Se debe trabajar además, en el tema del equilibrio e independencia entre estas. Preguntar sobre la legitimación de la futura corte podría además, ser un tema importante con miras a que de una vez por todas se pueda forjar una justicia independiente.
Profundizar un modelo de autonomías que ya la actual Constitución comienza a consagrar, que permita una democratización de los espacios locales tan degradados por la presencia de caciques y redes clientelares. Es decir un modelo que tienda a democratizar las relaciones sociales y la forma en que las autoridades locales ejercen el poder y rinden cuentas.

Acentuar un régimen de derechos ciudadanos, particularmente de derechos políticos, como los de fiscalizar y de revocar el mandato.

Establecer además, una mayor correspondencia entre las normas sobre derechos económicos sociales y culturales y que el diseño institucional de la economía del país responda a estos derechos.

Las ideas expuestas parten de la premisa de que la Constitución que tenemos es buena en muchas cosas y hay que trabajar por acentuar estas. No es responsable en ese sentido manejar aquel discurso de reinventar todo.

Es necesario un debate serio y sincero sobre muchos temas, con voluntad de aprender a dialogar entre diversos y forjar la capacidad de formular una visión de futuro que sea la base de una agenda de país.

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