EL DEBIDO PROCESO Y
LA ORALIDAD EN MATERIA PENAL
Por: Dr. Galo Blacio
Aguirre
Introducción:
Nuestra Carta Magna en el Art. 424 señala: ?La
Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra del
ordenamiento jurÃdico. Las normas y los actos del poder público deberán
mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; en caso contrario
carecerán de eficacia jurÃdica??. ?El principio de supremacÃa de la
Constitución afecta la manera tradicional de concebir, interpretar y aplicar el
derecho ordinario, mediante el conocido efecto de la interpretación conforme
con la Constitución.?[1]
De ahà que todos los preceptos constitucionales son de carácter obligatorio;
uno de estos preceptos es el derecho al debido proceso.
?El
debido proceso es principio medular en el diseño del procedimiento penal?[2].
?El numeral 27 del artÃculo 23 de la Carta Magna (hoy artÃculo 76 de la
Constitución de la República del Ecuador), reconoce a las personas el derecho
al debido proceso y a una justicia sin dilaciones, como un derecho civil
fundamental por su gran trascendencia social para que las personas como seres
sociales desenvuelvan su actividad en un ambiente de seguridad y se sientan
protegidos por el Estado cuando en sus múltiples interrelaciones sociales tanto
con los demás asociados como con los órganos, dependencias e instituciones del
poder público, surjan controversias por conflicto de intereses o por cualquier
otra causa?.[3]
Definición:
El debido proceso es un principio fundamental constitucional que
comprende el derecho que tiene una persona que está siendo procesada a ciertas
garantÃas mÃnimas, que tienen la finalidad de obtener una sentencia justa luego
de haber sido oÃda ante un tribunal imparcial, competente e independiente.
Al
hablar de la oralidad, dirÃamos que el juicio oral es vital para una garantÃa
verdadera del debido proceso ya que conlleva que el acusado a través de su
defensor, sea escuchado, produzca prueba de descargo a su favor y realice todas
las argumentaciones necesarias para su defensa en una audiencia de juzgamiento
pública y oral.
Nuestro derecho procesal penal tiene su fundamento en el
Art. 168, numeral 6 de la Constitución de la República que señala que: La
sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias
se llevará a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de
concentración, contradicción y dispositivo.
La oralidad en el proceso:
La
etapa del juicio oral, desde el punto de vista constitucional, es la más importante y en la que más se
observan los principios fundamentales del debido proceso, ya que en el sistema
acusatorio oral, el verdadero control está en el juicio oral. Entonces, los
sujetos procesales deben realizar sus actuaciones siempre bajo la sombra del
juicio oral, porque aquà es donde la prueba pasará el verdadero control de
calidad.
?La
idea de que el juicio oral constituye un derecho central del debido proceso,
surge del análisis de los tratados internacionales sobre los derechos humanos,
en materia de garantÃas procesales? El juicio es considerado, por los
estándares internacionales de derechos humanos, como un marco de protección
general para todas las garantÃas del procedimiento. Sin juicio es difÃcil
concebir la existencia de un proceso penal capaz de respetar los derechos
individuales.?[4]
Como parte central
del procedimiento penal, el juicio oral se dirige a probar todos los hechos
objetivos y subjetivos relevantes, y pone al órgano jurisdiccional en
condiciones de formarse una opinión acerca de la existencia de la infracción y
la culpabilidad del procesado.
Procedimiento:
La etapa de juicio se
abre por el Juez de GarantÃas Penales a través del auto de llamamiento a juicio
debidamente fundamentado tal como lo exige la Constitución de la República.
La audiencia preparatoria
de juicio, debe desarrollarse oralmente de tal manera que se apliquen desde su
inicio hasta su fin, todos sus principios de origen constitucional y se
respeten todas las garantÃas del debido proceso, a fin de que se llegue a la
verdad de los hechos y exista la defensa óptima del acusado, y asà se dicte una
sentencia justa, que vaya acorde con el mandato contenido en la letra l) del
numeral 7 del Art. 76 de la Constitución de la República que señala lo
siguiente: Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser
motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o
principios jurÃdicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su
aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones
o fallos que no se encuentren debidamente motivados se consideraran nulos. Las
servidoras o servidores responsables serán sancionados.
En
el TÃtulo III del Código de Procedimiento Penal inicia con el Art. 250 que
dice: ?En la etapa del juicio se practicarán los actos procesales necesarios
para comprobar conforme a derecho la existencia de la infracción y la
responsabilidad del acusado para, según corresponda, condenarlo o absolverlo?.
Es
decir que para que el tribunal juzgador absuelva o condene al acusado es
necesario que se compruebe en el juicio la existencia de la infracción (Para que un acto sea considerado como
infracción es necesario que sea declarado como tal por la ley penal y que se
haya establecido la pena correspondiente con anterioridad al acto) y la
responsabilidad del acusado (La responsabilidad
es un presupuesto indispensable que debe ser probado en juicio para que sea
legÃtima la pena.
Principios del sistema acusatorio que rigen el
juicio oral:
Los principios del sistema
acusatorio y de los cuales sólo me referiré al primero son: Principio de
Oralidad, Celeridad, Contradicción, Concentración, Inmediación, Publicidad,
Dispositivo, Simplificación y de Eficacia.
Principio de oralidad.- El Art. 86 de la Constitución consagra que el
procedimiento será sencillo, rápido y eficaz. Será oral en todas sus fases e
instancias. De igual forma, el numeral 6 del Art. 168 de la Constitución
establece que la sustanciación de los procesos en todas las materias,
instancias, etapas y diligencias se llevará a cabo mediante el sistema oral, de
acuerdo con los principios de concentración, contradicción y dispositivo.
A su vez, este principio se establece también en el
tercer artÃculo innumerado, agregado luego del Art. 5 del Código de
Procedimiento Penal y señala: En todas las etapas, las actuaciones y
resoluciones judiciales que afecten los derechos de los intervinientes se
adoptarán en audiencias donde la información se produzca por las partes de
manera oral. No se excluye el uso de documentos, siempre que estos no
reemplacen a los peritos y testigos, ni afecten a las reglas del debido proceso
y del principio contradictorio.
Queda prohibida la utilización por parte de los
juzgadores de elementos de convicción producidos fuera de la audiencia o
contenidos en documentos distintos a los anotados en el inciso anterior, salvo
las excepciones establecidas en el CPP.
De igual forma, el Art. 258 del mismo cuerpo de leyes establece que
el juicio es oral; bajo esa forma deben declarar las partes, los testigos y los
peritos. Las exposiciones y alegatos de los abogados, serán igualmente orales.
Conclusiones:
La oralidad es consustancial al proceso penal, pero
prevalece en la audiencia de juicio oral. ?Ya lo dijo Chiovenda «la
experiencia derivada de la historia permite afirmar que el proceso oral es el
mejor y más conforme con la naturaleza y las exigencias de la vida moderna,
porque sin comprometer en lo más mÃnimo, antes bien, garantizando la bondad
intrÃnseca de la justicia, la proporciona más económicamente, más simplemente y
prontamente.?[5]
La oralidad permite que el juzgador reciba las
pruebas actuadas directamente, favoreciendo a que el mismo se forme un criterio
más consistente y verÃdico al no existir ninguna interferencia de por medio que
pueda alterarla.
Con lo antes dicho, vemos que el derecho
constitucional de defensa con la oralidad, cobra entonces un nuevo significado
para convertirse en una verdadera protección ciudadana.
Galo Blacio Aguirre.
Abogado y Doctor en
Jurisprudencia.
Docente de la
Universidad Técnica Particular de Loja.
Estudios de post grado en Fundamentos en Derecho PolÃtico
en la UNED (España).
[1] Bernal Cuéllar Jaime y Montealegre Lynett Eduardo. El Proceso Penal
Fundamentos Constitucionales del Sistema Acusatorio. Universidad Externado
de Colombia. Quinta Edición. 2004. p. 223.
[2] GarcÃa Valencia Jesús Ignacio. Conferencias sobre el Proceso Penal
Acusatorio. Ediciones JurÃdicas Gustavo Ibáñez Ltda. 2005. p. 226.
[3] Dr. Abarca Galeas
Luis. Lecciones de Procedimiento Penal. Tomo 4. Corporación de Estudios
y Publicaciones. p. 27.
[4] Baytelman Andrés y
Duce Mauricio. Litigación Penal y Juicio Oral. Ediar Editores Ltda. 2006. pp.
19 – 20.
[5] Mora M., Luis Paulino. El Derecho
Laboral. [En lÃnea]. Disponible en www.enj.org
[fecha de consulta]