Por: Fundación Hacia La Seguridad
Imperio de la Ley

E L MANEJO DE LA POLÍTICA PETROLERA y la existencia de tres documentos que revelan el irrespeto a la ley con el que han procedido las autoridades del Ministerio de Energía, fueron analizados en el programa Justicia para Todos del domingo pasado.

Carta de la compañía china SINOPEC

El jurista indicó que existe una carta del 31 de octubre que el coordinador de proyectos de la compañía estatal china SINOPEC le dirige al ministro de Energía, en una forma muy coloquial, de confianza, en la cual los directivos de SINOPEC demuestran su interés de intervenir en Ecuador: «Hace unas tres semanas, el señor presidente de China, le llamó la atención al presidente de SINOPEC, pidiéndole información sobre los avances de inversión que la empresa está preparando en Ecuador, demostrando el serio interés y el compromiso de China de efectuar inversiones petroleras en Ecuador. Por ende, para SINOPEC esto tiene un significado más político que económico», dice la carta.

Terán también comentó que en la carta la compañía sugiere amigablemente al ministro lo que debe hacer: «Haciendo un análisis profundo de los avances de la licitación que está llevando el Ministerio de Energía y Minas, así también del entorno económico, político y social que se vive en el país, se le sugiere adoptar varias modalidades contractuales para mejorar la optimización del sector hidrocarburífero, que se ha licitado». De acuerdo con Terán, la carta decía claramente que las empresas chinas quieren ignorar la licitación en marcha.

La carta también establece en qué condiciones sería esta cooperación. «Petroecuador sería operador y SINOPEC, encargada de la operación y del financiamiento en el área de Sacha. Además la empresa china prevé que esta inversión puede alcanzar 300 millones de dólares con una tasa de interés anual del 8%». «Los chinos prestarían el dinero, al 8% tasa de interés sumamente alta, en comparación con cualquier mercado, y la ganancia sería de 12% anual», comentó Terán.

Además se indica que en unos cinco años el Estado habrá terminado de pagar este crédito, «sin producir problemas con el FMI, ya que esto no se trata de un endeudamiento nuevo». Terán criticó esta aseveración pues indicó que efectivamente China ofrece prestar dinero para que el Estado haga una inversión de propiedad de Petroecuador, «eso es un préstamo mercantil, puro y simple», comentó.

También criticó Terán que la empresa china, en su carta, sugiera, incluso cómo debería celebrar, el presidente de la República su primer aniversario: «Se podrá suscribir el contrato respectivo en corto tiempo una vez que el presidente de la República dé el visto bueno. Aprovechando que SINOPEC ya se encuentra dispuesta, tanto en recursos como en equipos y personal en el país, se aspira a arrancar la actividad de inversión al cumplir el primer aniversario de Gobierno del señor presidente Lucio Gutiérrez. Esto será el mayor respaldo que se le brindará al Gobierno ecuatoriano».

Respuesta a la carta

En respuesta a esta carta, el ministro se dirige, el 10 de noviembre, al presidente de la República, y le dice: «Usted señor presidente ofreció a Petroecuador una nueva oportunidad para que demuestre su eficiencia como empresa operadora de las áreas estatales. Sin embargo, el mejoramiento de la producción exige altas inversiones que el Estado no ha contemplado en su pro forma».

A continuación en la carta se señala, algo que es importante resaltar. «No está contemplada en la Ley de Hidrocarburos la posibilidad de celebrar contratos petroleros en forma directa con las empresas estatales. Pero considerando que conviene que su gobierno, señor Presidente, proporcione las condiciones favorables para el fortalecimiento de Petroecuador, acelerando las acciones necesarias para la mejor utilización del área Sacha, me permito pedir señor presidente emita la autorización a fin de que el Comité Especial de Licitación inicie un estudio para licitar un contrato de asociación con plazo menor al de las bases de la licitación en curso».

En este sentido, el ministro propone que se ‘perfore’ la licitación «y con el financiamiento necesario, lo cual significará el mejor aporte de su gobierno al fortalecimiento de Petroecuador ya que la empresa estatal seguirá siendo la operadora y propietaria del área recibiendo todo el beneficio de la inversión».

Terán dijo que este tipo de frases demuestran cómo un ministro de Estado le pide al presidente, le aconseja al señor presidente, romper la ley, porque eso conviene al fortalecimiento de Petroecuador. Para Terán, el fortalecimiento de nadie justifica el quebranto de la ley. Y el fortalecimiento de Petroecuador menos, ya que es la empresa que ha sustraído el patrimonio nacional y lo ha malbaratado.

Un tercer documento

Sobre estos documentos, el Banco Central del Ecuador se pronunció, de acuerdo a un tercer documento que exhibió Edgar Terán en su programa. El BCE, en la ayuda memoria dice que «la propuesta de SINOPEC de celebrar un contrato de asociación no se compadece con los contratos de exploración y explotación que prevé el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, porque la empresa no correría ningún riesgo, lo único que haría es prestar dinero y vender servicios».

«La comunicación enviada por usted ministro admite que no hay en la ley de Hidrocarburos una modalidad que permita la contratación directa con una empresa estatal». Culmina el memorando diciendo al ministro: «la oferta de la empresa estatal china no es compatible con el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, debido a que no es un contrato de riesgo, ni de asociación, sino una propuesta de crédito».

Esto que dice el BCE es exacto jurídicamente, explicó Terán. Esto es un crédito y una venta de servicios, pero no de los servicios de exploración y explotación, sino de servicios misceláneos corrientes y dice el contrato de servicios específicos, no es aplicable a las actividades de exploración y explotación sino de determinados trabajos».

Para Terán, es muy grave que se festine el patrimonio nacional de esta manera. Además, el jurista comentó con preocupación que en un diario de la ciudad de Quito el 15 de diciembre, el ministro declaraba, según el periodista: «algo que ya está pasado de moda a criterio de Arboleda son precisamente las licitaciones».

VARIOS TEMAS

¿Quién juzga a Hussein?

Es necesario comentar el apresamiento y la actitud vejatoria que ha habido frente a este ser humano vencido. Este ha sido el final del destino político de este dictador sanguinario y feroz, es una lección histórica que muchos hombres que ejercen poder debieran tomar en cuenta todos los días.

Un hombre que hizo tanto daño a su pueblo, a la humanidad, a la cultura musulmana. Tuvo instintos de asesino y los practicó, y sin embargo, estos son los contrastes que tiene la vida, este individuo es ahora prisionero de guerra según las convenciones internacionales. Y debe ser respetado en su integridad personal como todo prisionero de guerra. En el momento de su desventura y vergüenza, la ley internacional lo protege. EEUU y todas las potencias que están involucradas en el conflicto deben respetar esa dignidad.

Sobre quién le debe juzgar, hay planteamientos diversos. Razones más que amplias para sostener que un tribunal iraquí le juzgue. El delito más ostensible que este individuo ha cometido es el de genocidio y lo ha cometido no solo en el territorio de Irak, pero sí predominantemente en este territorio.

Hubo genocidio con los kurdos, un pueblo asentados al norte de Irak. No solo con ellos, también en la guerra de Irán, usó armas químicas lo cual es un delito castigado por la ley internacional. De manera que los iraquíes tendrían pleno derecho a juzgarle.

La ONU ha planteado que pudiera ser una Corte Internacional, y ahí hay dos opciones, la Corte Penal Internacional, opción que se descarta porque EEUU no es suscriptor de la Convención, y la Corte de la Haya donde se designan tribunales especiales como el que le está juzgando a Milosevic.

Feriados

La ley no faculta al presidente de la República a ordenar cuándo se trabaja o cuándo se descansa. La ley es la que ordena. El presidente no tiene la facultad ni siquiera para ordenar la paralización de servicios de los empleados públicos, menos para los privados. Ha habido protestas, por ejemplo de la Federación de Industriales, por la disposición de que haya feriados con puente en Navidad y Año Nuevo. No solo por ilegal sino por injusto este decreto nunca debió haberse emitido.

Reforma a la Ley de Servidores Públicos

El Ejecutivo envió al Congreso por la vía Urgente la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público.

De acuerdo con Edgar Terán, la ley que se aprobó en el Congreso hace pocas semanas es una Ley completa de Servicio Civil y Carrera Administrativa, larga y difícil. «Mientras más largo es el texto de una ley, más oportunidades hay de equivocaciones y en este caso, de romper el sistema». En este caso, el Congreso tomó el proyecto del Ejecutivo, le hicieron los honorables legisladores algunas las reformas y de pronto perdió organicidad.

El artículo 1 de la nueva ley reforma el artículo 5 de la ley aprobada. Y el artículo 5 es aquel sirve para decir cuáles son los empleados sometidos al servicio civil, a esta ley, y cuáles no son. La reforma reitera que sí están bajo las normas del servicio civil y carrera administrativa todos los educadores, los funcionarios de la Función Legislativa y Judicial, lo cual es positivo. Sin embargo, aquí falta todavía la Fuerza Pública. En cambio el proyecto hace una excepción odiosa, injusta con los empleados de Aduanas y el Servicio de Rentas Internas, por lo que no están sometidos al límite máximo de sueldos, límite máximo que está dado por el sueldo del presidente. «Ojalá el Congreso no admita esta parte», dijo el jurista.

El dirigente de los servidores públicos, Miguel García, ha indicado que el total de los servidores públicos es de 371.000. De esos, 16,9% son empleados de la burocracia dorada. Esto no se remedia en la reforma. Del 16,9%, un 1,6% gana más que el presidente de la República, es decir aproximadamente unos 5.000 empleados públicos que ganan más que el presidente de la República.

De otro lado, en el actual texto sobre el nepotismo se prohibía que en la misma entidad trabajen dos parientes y que si estaban ya trabajando tenía que terminarse su relación laboral necesariamente. Pero decía la ley siempre que el nombramiento haya sido ilegal. El texto que proponen como reforma, tampoco es satisfactorio, porque deja muy amplia la tolerancia.

Primero no debería referirse solo al órgano directo donde están trabajando los parientes, sino a todos los nombramientos en cuya esfera que tiene capacidad de presión o decisión el funcionario respectivo. Luego habría que decir tajantemente, si están empleados tiene que irse uno, en el nuevo proyecto sí dice eso y no se les puede nombrar hasta tal grado de consaguinidad y de afinidad.