Por: Dr. Luis A. Toscano Soria

Es deber de todo ciudadano participar en el análisis de asuntos que interesan a la sociedad en su conjunto, como el que se refiere a la declaración patrimonial. Por mi formación profesional mi exposición del tema es de carácter estrictamente jurídico y en tal condición no pretende colocarse a favor de la administración o de los contribuyentes, pues es obligación referirme a las disposiciones legales y explicar su alcance, a fin de que tal la declaración sea ubicada en su correcta dimensión.

Para situar debidamente el tema es importante referirme a principios fundamentales del derecho tributario. La potestad de imposición de la administración tributaria le permite poner en ejercicio sus facultades mediante actos administrativos encaminados en última instancia a recaudar los tributos creados por la ley en ejercicio del poder tributario originado en la soberanía o en el poder de imperio del Estado, para la obtención de recursos que posibiliten la atención de las necesidades públicas.

Al referirse a la gestión administrativa, el Código Tributario destaca que se sustenta particularmente en las funciones de determinación de las obligaciones tributarias, recaudación de las mismas y resolutoria de reclamos, peticiones o recursos de los contribuyentes.

En ejercicio de la facultad determinadora, la administración tiene por objeto eliminar o por lo menos disminuir los altos índices de evasión, particularmente del impuesto a la renta, cuyo rendimiento sumado al de los demás impuestos nacionales internos y al comercio exterior, arroja porcentajes de presión frente al Producto Interno Bruto en el Ecuador, de los más modestos en Latinoamérica, no comparables con los observados en países desarrollados, en los que el rendimiento del impuesto a la renta es de mayor o igual magnitud que el de los impuestos indirectos, como el del IVA u otros.

Desde hace varios años atrás ha sido preocupación de la administración tributaria combatir la evasión a fin de conseguir que se haga realidad la finalidad asignada a los impuestos de conseguir la redistribución del ingreso, pero en el Ecuador esta aspiración no ha pasado de ser un enunciado constante únicamente en la Constitución y en las políticas económicas y tributarias, pero nada más, porque ha sido convicción social ecuatoriana generalizada, de que solo pagan impuestos, especialmente el de la renta, las personas intelectualmente menos dotadas, buscando por ello toda clase de formas para eludirlo o evadirlo, llegando a un grado extremo el afán de su eliminación cuando los partidos políticos dominantes en la legislatura en 1998, a pesar de ser partícipes de los recursos del Estado, en reemplazo del impuesto a la renta crearon el impuesto a la circulación de capitales, cuyos funestos efectos en la economía y en la vida de los ecuatorianos aún sufrimos y recordamos.

Uno de los instrumentos que la administración ha considerado importante desde hace tiempo atrás para aproximarse a la realidad ha sido la declaración patrimonial, sobre la cual, cuando se ha hecho realidad la obligación de presentarla con la expedición de la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria, en confirmación de lo antes señalado, ha provocado apasionadas objeciones, admirablemente de estudiosos de la tributación y de políticos que han llegando incluso a proponer la rebeldía tributaria o a proponer acciones encaminadas a conseguir la declaratoria de inconstitucionalidad.

Según el Código Tributario, son deberes formales de los contribuyentes presentar las declaraciones que correspondan y exhibir a la administración, de conformidad con la ley, informes, libros y documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias, de tal modo que la presentación de la declaración patrimonial no es sino un deber formal más, similar al de la presentación de otras declaraciones o informes.

El crecimiento del patrimonio personal, constituido por bienes muebles o inmuebles, inversiones, ahorros, etc., o, en el concepto general por bienes propios adquiridos por cualquier título, posiblemente en gran número de casos sea comparable con los ingresos obtenidos en el ejercicio de actividades económicas lícitas y declarados para el pago del impuesto a la renta, pues las utilidades obtenidas en el ejercicio de actividades económicas, una vez pagados los impuestos, dan lugar a diferentes formas de inversión o de ahorro; si en cambio el crecimiento patrimonial no se justifica con lo declarado en el impuesto a la renta, permitirá a la administración determinar o presumir que ha existido ocultamiento de ingresos lícitos en la declaración o que los ingresos obtenidos y no declarados no fueron lícitos, por cuanto no es comprensible el crecimiento patrimonial importante o la obtención de riqueza si no se justifica la obtención de ingresos también importantes a título gratuito u oneroso de acuerdo con la ley.

La consecuencia tributaria de la declaración patrimonial en la forma como se encuentra vigente, no deberá ser otra que comprobar si las declaraciones de impuesto a la renta correspondieron o no a la realidad.

No es aceptable el alegato utilizado por quienes impugnan la declaración patrimonial en el sentido de que viola el derecho de las personas a la intimidad personal o familiar, porque de acuerdo con la definición del DRAE, intimidad es la zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia, condición que no tiene relación con los presupuestos económicos de ingresos y de patrimonio, ya que de aceptarse tal criterio, igual argumento podría relacionarse en el futuro con otros deberes formales sobre información que están obligados a proporcionar los contribuyentes, incluida paradójicamente hasta la propia declaración de impuesto a la renta. Esto significaría que la Constitución, bajo el argumento de proteger la intimidad, entre otros derechos de las personas, estaría protegiendo el ocultamiento de ingresos encaminado a eludir o evadir el pago del impuesto a la renta.

En el caso de personas que siguiendo los consejos de especialistas o políticos activos, decidan someterse al pago de la multa establecida en la ley por la no presentación de la declaración patrimonial, no habrá terminado con tal conducta su relación con la administración, pues de acuerdo con la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, la administración tiene la facultad de requerir información a los contribuyentes, concediéndoles el plazo de diez días para que la atiendan y en el caso de no hacerlo constituye causal de clausura de los establecimientos o negocios del contribuyente que ha resuelto no atender el requerimiento, sanción que se mantendrá hasta que se entregue la información o se justifique la razón para no hacerlo. Si por razón de la naturaleza de las actividades de la persona que ha incurrido en la causal de clausura no es posible aplicarla, podrá ser reemplazada con la sanción de suspensión de actividades económicas del contribuyente, para lo cual la administración notificará a las autoridades correspondientes, a los colegios profesionales y a otras entidades relacionadas con el ejercicio de la actividad suspendida, para que impidan su ejercicio.

No es posible descuidar, por otro lado, que las declaraciones e información de los sujetos pasivos tributarios sólo podrán ser utilizadas para los fines de la administración tributaria, es decir para la determinación y recaudación de impuestos en su justa medida y de ninguna manera para fines políticos o de extorsión que serían no solo reprochables sino que merecerían el repudio social total. Para crear la necesaria confianza en los contribuyentes, la violación a la reserva de la información deberá acarrear responsabilidades de carácter civil y principalmente penal de quienes la cometan.

El procedimiento para la declaración patrimonial debe ser sencillo, claro, transparente y de fácil aplicación.

Al igual de lo que ocurre con otras legislaciones como la Argentina que contempla el impuesto patrimonial como complementario del impuesto a la renta, es posible pensar que la declaración patrimonial para quienes están obligados a presentarla, por tener un patrimonio superior a USD 200.000, en el futuro esté encaminada a la creación de un impuesto al patrimonio, entre cuyas características podría tener una baja tarifa progresiva y tomar en cuenta como deducibles los valores pagados por bienes que forman parte del patrimonio como bienes inmuebles o vehículos, pero es preferible también pensar que si la declaración patrimonial da como resultado el incremento importante del impuesto a la renta en los próximos años, hará innecesario el cobro de un impuesto patrimonial complementario del impuesto a la renta, de ingrata aceptación en la práctica, si bien un impuesto de esta naturaleza afectaría solamente a quienes tienen bienes patrimoniales de inversión o improductivos como yates, aviones, vehículos lujosos, joyas, obras de arte, terrenos baldíos urbanos y terrenos rurales incultos, etc., que la gran mayoría de los ecuatorianos no los poseen y no se reflejan en el impuesto a la renta.

En tanto permanezca vigente la obligación de presentar la declaración patrimonial, los ecuatorianos que nos encontremos en los parámetros establecidos debemos cumplirla, a fin de que se hagan realidad los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, transparencia y suficiencia recaudatoria asignados en la Constitución de la República a los tributos. Quienes tienen como norma de conducta social el cumplimiento de la ley, seguramente no tendrán problema en presentar la declaración patrimonial, no así quienes no han cumplido la ley total o parcialmente y menos aún quienes ostentan riqueza sin actividad económica lícita que la justifique.