juro solemnemente
Por: Robert S. Barker*
JOURNALUSA – Periódicos electrónicos
del Departamento de Estado de los Estados Unidos – Abril 2005
E N 1791, CUANDO EL TRIBUNAL SUPREMO de Estados Unidos llevaba menos de dos años de existencia, uno de sus miembros originales, John Rutledge, renunció a fin de presidir el tribunal supremo de su propio estado, Carolina del Sur. Cuatro años después, el primer presidente del Tribunal Supremo federal, John Jay, renunció para ser gobernador de su estado, Nueva York. En 1800, cuando el presidente John Adams le pidió a Jay que regresara a el Tribunal y lo nominó nuevamente como presidente del tribunal, Jay declinó, comentando que el Tribunal Supremo carecÃa de «energÃa, peso y dignidad». En efecto, durante la primera década de funcionamiento del Tribunal Supremo (1790-1800), cinco de los primeros 12 miembros que prestaron servicio en el Tribunal renunciaron, mientras que otros tres nominados (incluido Jay en 1800) declinaron ya sea su designación como miembros del Tribunal o su promoción a presidente del tribunal. Aunque una o dos de estas renuncias fueron por razones personales, la mayorÃa refleja un consenso de que, como habÃa dicho Jay, el Tribunal carecÃa de «energÃa, peso y dignidad».
Esa percepción cambió pronto a medida que comenzó a aumentar la influencia del Tribunal Supremo. La trascendente decisión del Tribunal en 1803 en Marbury v. Madison, estableciendo la «revisión judicial» (es decir, la facultad de los jueces a negarse a aplicar estatutos que ellos mismos determinen que son contrarios a la Constitución), y la notable habilidad del Tribunal desde entonces para mantener su independencia de las otras ramas del gobierno, le han dado al Tribunal Supremo de Estados Unidos gran prestigio y autoridad en la ley y en la polÃtica estadounidenses.
Selección de los magistrados
Debido a la importancia del Tribunal Supremo, el proceso por el cual se escoge a sus miembros tiene necesariamente gran significado. La Sección 1 del ArtÃculo III de la Constitución inviste al poder judicial del gobierno nacional (o «federal») de «una Tribunal Supremo, y de cortes inferiores que pueda establecer el Congreso de tanto en tanto», estipula que los miembros del Tribunal Supremo, como los otros jueces Federales, permanecerán en el cargo de por vida mientras guarden buena conducta, y garantiza que no se les reducirán los salarios durante su permanencia en el cargo. La Sección 2 del ArtÃculo II establece que el presidente de Estados Unidos » nominará y, con el consejo y consentimiento del Senado, designará a los jueces del Tribunal Supremo».
Alexander Hamilton, quien fue un miembro influyente de la Convención de 1787, que elaboró la Constitución, explicó la prudencia del proceso de designación en The Federalist, Nº 77:
Respecto a esta unión del Senado con el Presidente, en el artÃculo de las designaciones, en algunos casos se ha sugerido que servirÃa para darle al presidente una influencia indebida sobre el Senado, y en otros que tendrÃa una tendencia opuesta – lo cual es prueba fuerte de que ninguna de las sugerencias es cierta.
Desde 1789, cuando el presidente George Washington inició el proceso, los presidentes han hecho un total de 148 nominaciones al Tribunal Supremo. De éstas, seis fueron declinadas por los nominados, 12 fueron rechazadas por el Senado, nueve fueron retiradas por el presidente (por lo general debido a la oposición en el Senado) y en cinco el Senado no actuó (y consiguientemente quedaron sin efecto). Por lo tanto, históricamente, aproximadamente cuatro de cada cinco nominaciones presidenciales han tenido éxito.
¿Qué clase de personas han sido nominadas y designadas? ¿Y por qué alrededor del 20 por ciento de las nominaciones no tuvieron éxito?
Cada nominación al Tribunal Supremo involucra una interacción única de consideraciones legales, polÃticas y personales; no obstante, es posible hacer algunas generalizaciones. Primero, los nominados al Tribunal Supremo siempre han sido abogados. Aunque la Constitución no requiere esto, el sentido común demanda que quienes tengan el deber principal de interpretar y de aplicar la ley tengan ellos mismos buen conocimiento de la ley. Segundo, los nominados por lo general han sido aliados personales del presidente, miembros prominentes del partido polÃtico del presidente, o juristas que simpatizan con las posiciones del presidente sobre las cuestiones legales importantes de la época. AsÃ, por ejemplo, Roger Brooke Taney, una figura importante en la oposición del presidente Andrew Jackson a la existencia de un Banco Nacional de Estados Unidos, fue designado presidente del Tribunal Supremo por Jackson en 1836; y Abe Fortas, un estrecho colaborador del presidente Lyndon Johnson, fue designado a el Tribunal por Johnson en 1965.
Muchos designados han sido personajes polÃticos importantes por derecho propio: Salmon P.Chase, designado presidente del Tribunal Supremo por Abraham Lincoln en 1863, habÃa sido gobernador de Ohio; Charles Evans Hughes, primero designado a el Tribunal por William Howard Taft en 1910, era gobernador de Nueva York; El primer designado de Franklin D. Roosevelt a el Tribunal (en 1937) fue el senador Hugo L. Black de Alabama, y otro designado posterior, Frank Murphy, habÃa sido gobernador de Michigan.
Earl Warren era gobernador de California cuando Dwight Eisenhower lo nombró presidente del Tribunal en 1954. Un caso más notorio fue cuando el presidente Warren G. Harding nombró en 1921 al ex presidente Taft como presidente del Tribunal Supremo.
Algunas veces los presidentes han designado a miembros del partido de la oposición. De esta manera, el presidente Lincoln, un republicano, designó al prominente demócrata Stephen J. Field como miembro del Tribunal en 1863. En 1940, el presidente demócrata Franklin Roosevelt elevó al miembro del Tribunal Supremo Harlan Fiske Stone, un republicano, a la presidencia del tribunal. En 1945, el presidente demócrata Harry Truman designó al senador republicano Harold H. Burton, de Ohio, como miembro del Tribunal . En 1956, tres semanas antes de la elección presidencial, el presidente republicano Eisenhower designó al demócrata William J. Brennan. Hay más ejemplos de este «bipartidismo»; sin embargo, aunque bipartidistas, estas designaciones no obstante fueron polÃticas, pues se las hizo para conseguir apoyo popular o legislativo para el presidente.
La práctica de designar polÃticos prominentes al Tribunal Supremo ha declinado marcadamente durante el último medio siglo. Los presidentes recientes han tendido a nominar hombres y mujeres que ya eran jueces en ejercicio. De los nueve miembros actuales en el Tribunal , seis de ellos (John Paul Stevens, Antonin Scalia, Anthony M. Kennedy, Clarence Thomas, Ruth Bader Ginsburg y Stephen G. Breyer) eran jueces federales de apelaciones en el momento de su designación, y otros dos (Sandra Day O’Connor y David H. Souter) eran jueces estatales de apelaciones. En la actualidad la prominencia polÃtica de un nominado o nominada es menos importante que su compatibilidad filosófica con el presidente.
Confirmación del Senado
La Constitución no establece un criterio para la aprobación o rechazo de nominados por el Senado; por lo tanto, cada senador o senadora puede aplicar sus propias normas. El primer nominado al Tribunal Supremo que fue rechazado por el Senado fue John Rutledge en 1795. Rutledge, uno de los miembros originales del Tribunal , habÃa renunciado en 1791. Cuatro años después, cuando el presidente Washington lo nominó como presidente del Tribunal muchos senadores se opusieron a Rutledge debido a su ruidosa crÃtica en 1794 de un controversial tratado entre Estados Unidos y Gran Bretaña. Otras nominaciones fracasaron por una variedad de razones: Alexander Wolcott fue rechazado en 1811 debido a una combinación de oposición partidista y de dudas bipartidistas sobre su capacidad. En 1844 y 1845, el presidente John Tyler hizo seis intentos de llenar vacantes en el Tribunal , cinco de los cuales no tuvieron éxito. Tyler, un demócrata que habÃa sido elegido vicepresidente en la boleta del partido Whig (predecesor de los republicanos) sucedió en la presidencia a William Henry Harrison cuando éste murió, pero carecÃa de una base polÃtica suficientemente fuerte en ninguno de los dos partidos para asegurar una acción favorable en el Senado.
Varios nominados, como Ebenezer Hoar en 1870 y Wheeler H. Peckham en 1894, fueron rechazados debido a que su oposición a demandas de influencia polÃtica habÃa molestado a senadores poderosos. En 1930 el Senado rechazó la nominación de John J. Parker por el presidente Herbert Hoover en medio de acusaciones de que el nominado estaba en contra de los sindicatos. En 1969 y 1970 el Senado rechazó a dos de los nominados del presidente Richard Nixon por crÃticas a la calidad personal y posiciones filosóficas de los nominados. Todas las partes coinciden en que la derrota de Robert H. Bork en 1987, nominado por el presidente Ronald Reagan, se debió a consideraciones de filosofÃa judicial. En suma, los nominados rechazados lo fueron por una amplia variedad de razones partidistas, personales y filosóficas.
La Constitución no especifica el tamaño del Tribunal Supremo; el número de miembros siempre ha sido determinado por estatuto federal. El Congreso originalmente fijó el número de jueces del Tribunal en seis. Desde entonces en distintos momentos ha habido tantos como 10 miembros o tan pocos como cinco. Por lo general el tamaño del Tribunal ha tenido como base consideraciones de eficiencia judicial, pero en una ocasión notable el motivo fue polÃtico. En 1866 el Congreso estipuló que se redujera el número de miembros del Tribunal , por atrición, de 10 a siete, para impedir que el presidente Andrew Johnson hiciera designaciones a el Tribunal Supremo. En 1869, después que Johnson dejó el cargo, el número de miembros fue elevado a nueve y asà ha permanecido desde entonces.
Indepedencia judicial
Mientras los conflictos mencionados ilustran los aspectos polÃticos de las designaciones del Tribunal Supremo, otros dos fenómenos demuestran realidades más profundas y más importantes: la primera es que cualesquiera sean las circunstancias de su designación, los miembros del Tribunal Supremo, una vez en el cargo, han mostrado constantemente independencia respecto a las ramas polÃticas del gobierno, incluso independencia de los mismos presidentes que los designaron. Por ejemplo, en 1902, el presidente Theodore Roosevelt designó a Oliver Wendell Holmes (h) al Tribunal . Menos de dos años después, en un caso contra monopolios de importancia considerable para el programa de Roosevelt, Holmes votó contra el presidente. En 1952, cuando la confiscación de las principales plantas siderúrgicas del paÃs por el presidente Truman fue desafiada con argumentos constitucionales, el Tribunal Supremo falló contra el presidente por votación de 6 a 3. De los cuatro jueces que habÃan sido designados por el propio Truman, dos votaron contra él. Earl Warren, designado presidente del Tribunal Supremo por el presidente Eisenhower, votó contra las posiciones de Eisenhower con tanta frecuencia que el presidente, tras dejar el cargo.
Comentó que su designación de Warren habÃa sido «el peor error tonto que cometà como presidente». En 1974, en el caso Estados Unidos v. Nixon-que se referÃa a la negativa del presidente Nixon de entregar grabaciones de la Casa Blanca reclamadas judicialmente, argumentando razones de privilegio ejecutivo-tres de los cuatro jueces que habÃan sido designados por Nixon votaron contra él, mientras que el cuarto se recusó.
El segundo fenómeno de importancia primordial-relacionada estrechamente con el primero-es que el pueblo estadounidense espera y demanda que el Tribunal Supremo sea independiente de las ramas polÃticas del gobierno. En 1805, la mayorÃa jeffersoniana en la Cámara de Representantes, con la intención de someter al poder judicial (que a la sazón estaba dominado por jueces de persuasión federalista), presentó cargos para el juicio polÃtico del miembro del Tribunal Supremo Samuel Chase. De acuerdo con la Constitución, la cuestión fue sometida entonces a juicio ante el Senado, donde los jeffersonianos tenÃan mayorÃa de 25 a 9, más de las dos terceras partes requeridas para destituir al funcionario impugnado. Sin embargo, suficientes jeffersonianos votaron por Chase y éste fue absuelto. Ningún otro miembro del Tribunal Supremo ha sido sometido a juicio polÃtico, y la controversia del caso Chase perdura como prueba de que la independencia judicial es más importante que la ventaja partidista.
Un ejemplo aún más notable ocurrió en la década de 1930. Entre 1933 y 1936 el Tribunal Supremo declaró inconstitucionales muchas leyes promulgadas como parte del programa Nuevo Trato del presidente Franklin D. Roosevelt para revivir la economÃa estadounidense durante el perÃodo de la Gran Depresión. En 1936 Roosevelt fue reelegido abrumadoramente y sus partidarios ganaron grandes mayorÃas en ambas cámaras del Congreso. Poco después de su reelección, Roosevelt anunció su intención de tratar con los problemas del Tribunal Supremo proponiendo legislación que le permitirÃa designar hasta seis miembros adicionales. La mayor parte de la reacción popular y en el Congreso fue hostil al plan del presidente, y no se lo adoptó. Aunque el pueblo y sus representantes estaban a favor de las polÃticas económicas de Roosevelt, consideraron que la independencia del Tribunal Supremo era más importante que los desacuerdos polÃticos del momento.<.P>
En la actualidad hay nuevamente controversia sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, el debate es sobre si esta o aquella decisión es fiel a la Constitución. Tal debate es saludable y, en efecto, necesario en una sociedad libre y democrática. Pero virtualmente no hay desacuerdo sobre la deseabilidad de la independencia del poder judicial respecto a las otras ramas del gobierno; en esto, como sobre la sabidurÃa del método para escoger a los miembros del Tribunal Supremo, las lecciones de la historia son claras y positivas.
Quizás la garantÃa última tanto de la independencia judicial como de la fidelidad judicial sea la adherencia simultánea del pueblo a la democracia y al imperio de la ley. Hace más de un siglo, el jurista e historiador británico James Bryce, en su estudio clásico del gobierno estadounidense, The American Commonwealth, concluyó su discusión del poder judicial con estas palabras: «Tarde o temprano llegamos a la gente; de su prudencia y de su moderación dependerá finalmente la estabilidad del sistema de gobierno más sagaz que se haya imaginado».
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Robert S. Baker es profesor distinguido de la Facultad de Derecho de la Universidad Duquesne en Pittsburgh, Pensilvania. Durante 12 años se ha desempeñado como presidente de la Comisión de Derecho Internacional del Colegio Interamericano de Abogados; como catedrático Fullbright enseñó derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y es autor de La Constitución de Estados Unidos y su Dinámica Actual (que se publicará en 2005).